Más tráfico de influencias de Fox

Al final de una entrevista cuya transcripción ofrecemos aquí, Andrés Manuel López Obrador le comentó a Carmen Aristegui que Vicente Fox había facilitado oportunidades de lucro a la compañía de autobuses Estrella Blanca. Queriendo obtener más información sobre los queveres que tiene Estrella Blanca con Fox, encontramos el siguiente reportaje en la revista Contralínea.

La buena estrella de Vicentillo
Ana Lilia Pérez
Contralínea
1a quincena de junio de 2006
En las crónicas de sociales que dieron cuenta de su boda, en octubre de 2002, se ve a Vicente Fox de la Concha, llamado Vicentillo por su padre, el presidente de la República, rodeado de un reducido grupo de amigos de Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún; entre ellos Lino Korrodi y empresarios del Bajío como Salvador Sánchez Alcántara y su hijo Arturo Sánchez de la Peña, accionistas mayoritarios de Grupo Estrella Blanca, la empresa de autotransporte más grande de México.
Por aquellos días Alcántara se regodeaba de su amistad con la familia presidencial y ese era el principal “argumento” que usaba incluso ante los socios minoritarios, quienes unos meses después demandaron al empresario por fraude de 500 millones de pesos ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, integrada en la averiguación previa AZC4/T3/812/03-06, que aún se ventila en tribunales.
Las primeras apariciones públicas de Roberto Alcántara con la familia presidencial fueron en mayo de 2002, cuando donó 50 autobuses chatarra a Vamos México para que fuesen convertidos en camiones-aula. Luego vino la boda de Vicentillo, a la que los Alcántara asistieron como invitados de honor. Para diciembre de ese año la empresa entregó otros 40 camiones en un acto presidido por Marta Sahagún y el titular de la SEP, Reyez Tamez. Semanas después Salvador Sánchez invitó a Fox a la junta del Consejo de Administración de su empresa y el presidente le sugirió que le diera trabajo a su recién casado hijo Vicentillo.
Una empresa con estrella
De ser una empresa en riesgo de quiebra, demandada en agosto de 2003 por fraude, Estrella Blanca se convirtió en un emporio del transporte con un repunte inesperado, primero, por colocar su deuda por mil 500 millones de pesos en el IPAB, y luego por comprar las líneas de transporte en el Bajío y el Noroeste del país.
Pero sin duda la mayor ganancia que persiguen los dueños del Grupo Estrella Blanca antes de que concluya el sexenio, es reestructurar su abultada deuda en el IPAB, cuyo monto se niega a revelar el Instituto porque es una deuda “privada” que no puede ser ventilada, según dice.
Los negocios del Grupo Estrella Blanca mejoraron desde mediados del sexenio al punto que el año pasado presentó una propuesta, junto con la empresa española CAF, para construir el tren suburbano, una obra que costaría 600 millones de dólares. Como contratista del gobierno federal, los convenios asignados a Estrella Blanca por transporte de pasajeros y carga ascendían a 851 mil 747 pesos, asignados por Conaculta, Educal y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Para 2004, Vicentillo, quien apenas había concluido la preparatoria abierta, se integraba como “asesor” de la empresa. Simultáneamente, Estrella Blanca recibía una veintena de contratos, la mayoría por adjudicación directa del gobierno federal por 300 millones de pesos. Casi inmediatamente Vicentillo era nombrado vicepresidente del Grupo Estrella Blanca. Los primeros compromisos de la empresa los firmó precisamente
con la Presidencia de la República, en donde desplazó a Transportes The Bimb's S.A. de C.V., y Logistic and Cargo Services S.A. de C.V., que hasta ese momento se encargaban del servicio de mensajería y paquetería de Los Pinos. Estrella Blanca se integró en esta tarea a través de la división Servicio de Carga Estrella Blanca, S.A. de C.V. En enero de 2004, la Presidencia adjudicó el contrato AD- 049-04 por 840 mil 321 pesos para un servicio de carga, monto registrado ante Compranet, pero pagó 2 millones 216 mil 370 pesos. De acuerdo con información de la Presidencia, esa diferencia constituye una violación al Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. En enero de 2006 adjudicó un contrato para mensajería, registrado en Comprante por 34 mil 700 pesos, que fue pagado en 40 mil pesos (AD.027-06). Un mes después le adjudicó otro contrato por 695 mil pesos por servicio de carga.
Entre las dependencias que otorgaron contratos a Estrella Blanca durante la chamba de Vicentillo como “asesor” de la empresa, están la Secretaría de Relaciones Exteriores, el IMSS, Instituto Nacional de Migración, Agroasemex, Condusef, Pronósticos, Fideicomiso de Riesgo Compartido, Ferronales, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SAT, Pemex Petroquímica, Telecom, y Conagua,
la mayoría sin licitación pública. En esta práctica incurrió también el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., que entre sus convenios modificatorios de 2003 amplió un contrato de 800 mil pesos a 2 millones 40 mil pesos (convenio 010/03) sobre un contrato que supuestamente data de inicios de 2003, que
tampoco está registrado en Compranet. En 2004 Banobras adjudicó dos contratos, uno por 886 mil 745 pesos y otro por 177 mil 349 pesos, aunque sin reportarlos.
Evasora de impuestos
Todos estos contratos suman alrededor de 300 millones de pesos, pero sólo han sido auditados los que otorgó la Secretaría de Gobernación por medio del Instituto Nacional de Migración, cuatro adjudicaciones directas por 230 millones de pesos, lo cual infringe la Ley Federal de Obra Pública, que indica que por el monto implicado debieron ser licitados públicamente. Algunos contratos fueron incluidos por la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) en su revisión a la Cuenta Pública 2004, la cual detectó adjudicaciones irregulares, incumplimientos, falta de comprobación fiscal y evasión de impuestos por parte de Estrella Blanca. El manejo de los contratos se hizo de forma discrecional. Migración tampoco justificó si Estrella Blanca cumplió con los contratos, porque no los supervisó, aunque es un servicio de alto riesgo el traslado de indocumentados hacia la frontera sur de México para su expulsión.
El manejo discrecional de los contratos se dio cuando el Instituto Nacional de Migración estaba bajo el mando de Magdalena Carral, colocada en el cargo por su amistad con Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación. En aquellos días el traslado de indocumentados desde el centro del país lo hacían empresas como Pullman de Chiapas, pero a partir de 2003 el INM otorgó los convenios a Estrella Blanca mediante una adjudicación por 42 millones de pesos para dar el servicio de mayo de 2003 a diciembre de ese año.
En septiembre de ese año Magdalena Carral fue notificada por la Segob de que a partir de octubre de 2003 “los Estados Unidos de América suspenderán el apoyo de camiones para la repatriación de centroamericanos”. Y aunque contaba con tiempo para licitar el servicio, el INM “indebidamente”, sin tener autorización de la Secretaría de Hacienda, comprometió recursos correspondientes al 2004 para dar a Estrella Blanca contratos por más de 230 millones de pesos. Migración justificó que se trataba de ampliaciones al contrato de 2003.
La ASF señala que los contratos otorgados a Estrella Blanca no se presentaron para su dictaminación al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, aunque cada compromiso se otorgó por un tiempo definido, una tras otra las cantidades fueron aumentadas sin que se hicieran los respectivos convenios modificatorios a cada contrato.
El INM formalizó los adeudos con Estrella Blanca mediante “actas de reconocimiento de adeudo” para acreditar el ejercicio de los servicios “sin contar con el documento justificante del gasto”, y reconoció el débito con la empresa antes de que se firmaran los contratos. La ASF detectó que para no pagar impuestos sobre los montos recibidos, la empresa expidió facturas que no incluyen el IVA, con la justificación de que se trataba de transporte público terrestre. Sin embargo, detalla la ASF, de acuerdo con lo señalado por el Departamento de Consultas sobre Exenciones y Deducciones de la SHCP, el servicio que da a Migración no tiene carácter de servicio público, por lo que debía declarar el 15 por ciento de los montos recibidos.
Ante la evasión de impuestos, la ASF determinó que el SAT auditara a la empresa para verificar “el cumplimiento de las obligaciones fiscales”. Otra medida fue solicitar a los órganos internos de control en Migración abrir indagatorias y, en su caso, fincar responsabilidades contra los funcionarios que pagaron adeudos a Estrella Blanca sin contar con los documentos que justificaran la deuda y fincar responsabilidades por comprometer recursos sobre servicios no autorizados por Hacienda. Durante 2004, el último año de Santiago Creel, Gobernación recibió un presupuesto de mil 168 millones de pesos para el Capítulo 4000 “Subsidios y Transferencias”, de este monto, el INM ejerció el 65 por ciento de los recursos (775 millones de pesos).
De esta cantidad la ASF determinó irregularidades en la justificación de 473 millones de pesos, entre los que se encuentran los contratos que el INM otorgó a Estrella Blanca. A unos meses de que la ASF concluyera la revisión a la Cuenta Pública 2004, el presidente Fox removió del INM a Magdalena Carral y la llevó al frente del Consejo de Promoción Turística en sustitución de Francisco Ortiz Ortiz, quien renunció al cargo para sumarse a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa.
Sobre los contratos adjudicados a Estrella Blanca, se solicitó una entrevista con el actual Comisionado del INM, Hipólito Treviño Lacea, pero no hubo respuesta.
Manipulación al IPAB
Por el manejo discrecional de las operaciones de funcionarios del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para beneficiar a los hijos de Marta Sahagún con información privilegiada para la compra de cartera vencida, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que examina el presunto tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún investigará también a la empresa Estrella Blanca y sus relaciones con la familia presidencial. El Grupo Estrella Blanca ha tenido reuniones con representantes del IPAB para tratar que el instituto que preside Mario Beauregard borre la deuda que la empresa heredó del Fobaproa al IPAB, revelan fuentes del Instituto.
La medida se toma luego de que la empresa vio frustrada su negociación para obtener un crédito del banco Alemán West LB por 200 millones de dólares, parte de esa cantidad se abonaría a la deuda con el IPAB. Raúl Cervantes, director jurídico del CEN del PRI y abogado de Estrella Blanca, negocia otra reestructura de la deuda.
Mario Di Costanzo, asesor de la Comisión Especial que indaga las operaciones de los hermanos Bribiesca en el IPAB, señala que la investigación de los movimientos de Estrella Blanca en el IPAB podrían llegar hasta Vicente Fox y su hijo Vicentillo, y que el presidente podría estar manipulando la cartera del instituto para que se reestructure la deuda de la transportista antes de que concluya el sexenio.
Las operaciones que hasta el momento ha hecho Estrella Blanca en el IPAB son calificadas por el analista como “ilegales”, faltas de transparencia y promovidas por el propio Fox y su esposa Marta, por ser Alcántara su principal benefactor en Vamos México, y quien promueve en los boletos de viaje y en videos a bordo de sus autobuses la imagen de la primera dama y su labor altruista. Di Costanzo califica de “increíble” que Estrella Blanca sea una empresa en expansión, con alianzas recientes con compañías españolas, y que siga manteniendo una deuda en el IPAB “y que además en estos momentos esté buscando una nueva reestructura, que implicaría que ni siquiera pagaría esta deuda que ya le fue reestructurada y que nos está costando a todos los mexicanos”.
Para Di Costanzo el hecho de que el IPAB se niegue a transparentar sus operaciones se debe a una “manipulación” del propio Fox, quien de esta manera estaría blindando los negocios que han beneficiado a su familia y a los empresarios que la han apoyado. Indudablemente, refiere Di Costanzo, fue la relación de Salvador Alcántara, primero como benefactor de Vamos México y luego por admitir como colaborador a Vicente Fox de la Concha, lo que incide ahora en que la empresa esté en negociaciones con el IPAB para la reestructuración de su deuda.
Mario Di Costanzo explica que la Ley de Responsabilidades obliga a la Comisión Especial que investiga a los hijos de Marta Sahagún a hacer extensivas sus indagatorias contra Estrella Blanca, por sus relaciones con la familia presidencial y por sus movimientos en el IPAB, así que, adelanta, en unas semanas comenzarán las indagatorias en las que “si Vicentillo saliera beneficiado, involucraría a los hijos del presidente y al propio presidente”. Ante la posible reestructuración de la deuda que actualmente gestiona Grupo Estrella Blanca, el vocero del IPAB, Rodrigo Brand, no desmiente la versión, pero señala que esta decisión la habrá de tomar el Comité de Acreedores del Instituto. A nombre del IPAB, la decisión le correspondería a Pablo García Pimentel, director de Bienes Corporativos y tendría que ser ratificada por Mario Beauregard. Con ambos funcionarios se solicitó una entrevista que fue negada, igual ocurrió con el Grupo Estrella Blanca.
En 2003, un grupo de socios minoritarios —de los mil 300 que tiene la empresa — presentó una denuncia penal que involucra al presidente del Consejo de Administración de Grupo Estrella Blanca, Salvador Sánchez Alcántara, y a su hijo Arturo Sánchez de la Peña, por el delito de fraude ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, averiguación previa AZC4/T3/812/03-06.
El elemento principal que ha frenado la indagatoria, dicen los denunciantes, es el poder económico y político que la familia Alcántara logró por sus buenas relaciones con los Fox.
El abogado de los quejosos, Hugo Becerra, denuncia el trato “preferencial” que la Procuraduría capitalina ha dado a Salvador Sánchez Alcántara y a su hijo Arturo por el poder económico, pero sobre todo por el poder político que ostentan al hacer gala de sus relaciones con la familia que vive en Los Pinos.
“El Ministerio Público, sin que se investigara o citara a declarar a los inculpados, dio carpetazo al asunto. Es inusual la manera como se conduce la Procuraduría. El subprocurador Renato Sales determinó que se debía investigar el asunto, y que el MP no tenía porqué dar carpetazo. Cuando se regresó el asunto, otra vez el MP dio carpetazo por encima de las órdenes del subprocurador.
Luego se envió nuevamente a la Subprocuraduría y otra vez Sales declaró que era procedente, así la empresa ha logrado frenar la denuncia”.
La denuncia refiere que a partir de 1997 y hasta la fecha Sánchez Alcántara, en su carácter de presidente del Consejo de Administración, les niega el acceso a los estados de cuenta y reportes financieros de la empresa que les aclaren por qué los socios minoritarios reciben cada día menos regalías, mientras en los últimos años se ha expandido en forma acelerada.
Entre los demandantes están Manuel de Jesús Vallejo, Miguel Silva de Anda, Ramón Navarro Serrano, Benjamín Silva Cruz y José de Jesús González, contra quienes los Alcántara hacen gala de sus altas influencias para frenar la denuncia.
Durante la entrega de un requerimiento para que los Sánchez expusieran ante sus Accionistas las finanzas de la empresa, Arturo Sánchez de la Peña descendió, recuerdan, de un automóvil custodiado por guardaespaldas y elementos del Estado Mayor Presidencial. Junto a él caminaba Vicentillo, a quien Sánchez de la Peña presentó como parte de la empresa. “Era como decir mira con quien ando para que sepas con quién te metes”.
¿Era una amenaza?, se pregunta al abogado Hugo Becerra. -Pues no propiamente, pero se ufanan en publicitar, en ostentar la relación tan cercana que tienen con la familia del presidente, específicamente con su esposa.
¿Incidió en la denuncia que ustedes presentaron?
-Mis clientes no se asustaron porque estuviera allí el hijo del presidente, pero es entendible que cuando publicitan, cuando ostentan su relación con el presidente y su familia lo hacen con objeto de intimidar a quienes no están de acuerdo con el manejo de los dineros que no son de ellos, que son de la empresa y de los accionistas.
¿Tráfico de influencias?
-En este asunto en la Procuraduría las cosas se manejan de distinta manera y no conforme a derecho. No se necesita ser experto para saberlo. La forma en que trata a mis contrarios como inculpados es distinta a la que se trata a cualquier otro inculpado que no se apellide de esta forma y que no tenga dinero y el poder político que tienen estos señores...
El abogado estima que la demanda a la familia Sánchez asciende a unos mil millones de pesos, considerando el valor de las acciones, de los autobuses y el monto retenido de los flujos generados.
Por estos días la Procuraduría de Justicia del DF podría ordenar una auditoría a la empresa dentro del desahogo de pruebas, con lo que el abogado Hugo Becerra confía en que salgan a relucir las cuentas que Salvador Sánchez Alcántara niega a sus socios.
Acerca de la reestructuración del pasivo en el IPAB, Hubo Becerra asegura que aunque el monto se reestructure e incluso si se elimina el adeudo, “de ninguna manera beneficia a mis clientes, porque ellos no deben nada, los autobuses que ellos compraron están totalmente pagados”, el único beneficiado sería Salvador Sánchez Alcántara.
A las denuncias por monopolio y fraude contra Estrella Blanca se suman indagatorias que involucran a la empresa por decomisos de droga incautada en sus instalaciones. En 2003 la AFI confiscó 8.5 kilogramos de cristal y 9.2 kilogramos de cocaína en un autobús de Autobuses Interestatales de México, propiedad de Estrella Blanca, y detuvieron a los choferes Javier Martínez y Damián Pulido. En noviembre pasado, la AFI también decomisó un cargamento de 300 kilogramos de marihuana en la bodega central del servicio de paquetería de Poniente 140, número 859, colonia Industrial Vallejo.
El Grupo Estrella Blanca, a través de su filial Autobuses Interestatales de Oriente, mantiene un juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no pagar tenencias.