Jorge Zepeda Patterson
El Universal
20 de abril de 2008
Ciertamente no es Hitler o Mussolini, pero es sorprendente la capacidad que tiene López Obrador para provocar ronchas a muchos ciudadanos, particularmente entre los sectores conservadores. Una y otra vez reaccionan de tal manera que terminan por vigorizar la figura pública de El Peje.
El spot de televisión transmitido en horario triple A en que se le compara a Victoriano Huerta, Pinochet y similar calaña por haber ordenado tomar el salón de sesiones de la Cámara, es tan desproporcionado y abusivo que ha resultado contraproducente. Para El Peje ha sido oro molido, pues confirma la noción de que existe una suerte de conspiración de odio en su contra. De verdugo del Congreso ha pasado a ser víctima de la derecha todopoderosa.
No coincido con varias decisiones de López Obrador y me parece que su estilo de liderazgo deja mucho que desear. Pero estoy convencido de que AMLO y las causas que representa son absolutamente indispensables para la salud de la República. Cada vez que el tabasqueño habla en contra de las instituciones y convoca a la movilización, una legión de analistas y comentaristas se queja de su irresponsabilidad y primitivismo político. Como si se tratase de una anomalía trasnochada en una sociedad democrática. “Hay problemas pero estos deben resolverse mediante el diálogo”, se dice; “los bloqueos y tomas de instituciones no caben en una sociedad con Estado de Derecho”, se afirma, con la convicción que sólo podría tener un alemán o un sueco.
El problema es que no vivimos en un Estado de Derecho, ni los problemas se resuelven con el diálogo, salvo que usted pertenezca al 20 por ciento de la población de mayores ingresos. Todos los días miles de mexicanos humildes son víctimas de tribunales y autoridades que operan a favor del poderoso o del que ofrece más. Háblenle del Estado de Derecho a Lydia Cacho, a las víctimas de Ulises Ruiz en Oaxaca, a los campesinos que suplican a un funcionario que ya vendió su caso. Más que un Estado de Derecho lo que padecemos es “el derecho al Estado” del que gozan algunos sectores privilegiados. ¿Cómo podemos hablar de “someterse al imperio de la ley” cuando los que se enriquecieron con el Fobaproa, el mayor robo en la historia de la Nación, lo hicieron legalmente?
La reforma energética ofrece el mejor ejemplo. Si López Obrador y sus contingentes no hubieran irrumpido con sus sudores y malas maneras (cito a un crítico) la reforma habría sido acordada entre futuros beneficiarios, funcionarios federales y legisladores priistas. Fueron los gritos y sombrerazos, las denuncias fundadas e infundadas de El Peje, lo que obligó a definir esta reforma en un espacio verdaderamente público.
No se si al final de todo esto tendremos una buena reforma, pero estoy convencido de que será mejor de la que podría haberse firmado tras bambalinas. En todo caso habrá de ser más representativa del sentimiento de la comunidad en su conjunto y mucho menos cupular de la que tenían cocinada. ¿Qué no trata de eso la democracia ? Desde luego, los métodos de AMLO no son democráticos, pero son comprensibles si consideramos que los acuerdos “democráticos” son los que tienen que pasar y ser resueltos por Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa a partir de los intereses muy poco democráticos que ellos representan.
Insisto en que los mexicanos tenemos todo el derecho de desconfiar de la apertura al capital privado, habida cuenta de la cantidad de abusos que han generado privatizaciones y concesiones en el pasado. Eso no significa que debamos satanizarlas per se. Podrían ser la única solución para el quebranto energético que se avecina. Pero el Estado mexicano hasta ahora ha sido incapaz de impedir los excesos y abusos de los grupos privilegiados cada vez que ha abierto al mercado ámbitos de la esfera pública. No es posible encarar la apertura de Pemex sin antes agotar la discusión de las maneras en que habremos de asegurarnos de que no se multipliquen los Carlos Slim o Roberto Hernández, o peor aún, los Bribiescas. Que tome 50 días o 100 ventilar estos asuntos es irrelevante si consideramos lo mucho que está en juego.
Es desagradable ver a los perredistas convertir la tribuna máxima en un tianguis. Pero, bien mirado, es un costo menor si ello obligó a examinar con atención el futuro del petróleo, nada más y nada menos que el mayor patrimonio de este país.
Hay un linchamiento mediático de López Obrador que muchos están “comprando”. Algunos se preguntan qué hacer con esta piedra en el zapato que constituye su movimiento. Yo diría que pese a su retórica y su populismo, López Obrador es imprescindible. No empareja el marcador pero impide la goliza. Lo peor que podemos hacer es pretender que la inconformidad social no existe. ¿Nos parecen de mal gusto sus expresiones? ¿Y de que gusto son las inequidades e injusticias que padece la mitad más pobre del país? ¿Qué creíamos, que iban a votar cada seis años y sentarse a esperar a que llegue un empleo, un abogado honesto o un programa de gobierno?
López Obrador no representa a los verdaderos pobres del país, se dice con frecuencia. Quizá. Pero canaliza la irritación que entre muchos mexicanos genera esa pobreza. Su desconfianza hacia la apertura al capital privado es la desconfianza de muchos. Antes de lincharlo y repudiar sus métodos habría que escuchar lo que nos está tratando de decir esa república olvidada que intenta hacerse presente.
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domingo, abril 27, 2008
miércoles, enero 16, 2008
Veintisiete años de la economía en 3 indicadores
Hugo Cervantes
Rebelión
15 de enero de 2008
De 1980 a 2006
1. El PODER ADQUISITIVO del salario mínimo oficial (SMO) ha disminuido. El aumento del salario de los trabajadores es el mismo que se le hace al SMO. El SMO es una cantida insuficiente para que el trabajador pueda vivir dignamente, es necesario que sea 3 veces mayor, como mínimo. Si en 1980, con el SMO se compraban 10 despensas alimentarias, en el 2006 solo se podían comprar 3. Esto es reducir el ingreso de los trabajadores asalariados un 70% (Estos valores son en términos reales). Al desencadenarse la inflación se tató de contener con el control de los salarios. Cada año ha sido mayor la inflación que el aumento a los salarios, haciendo que el poder adquisitivo del salario disminuyera hasta la situación actual. Otro descenso del salario se esta presentando con el aumento de precios a la gasolina y al maíz. El control de la inflación mediante el control de los salarios es una sugerencia del FMI (Fondo Monetario Internacional).
La reducción del salario real se traduce en una reducción del consumo (demanda), lo cual hace que disminuya la producción (oferta), y por lo tanto el cierre de empresas y el consecuente desempleo de los trabajadores. Entonces aparece una gran cantidad de trabajadores que ofrecen sus servicios a bajos salarios para poder conseguir un puesto, ante tanta competencia, por el gran desempleo. Esta situación beneficia a las empresas exportadoras, ya que pueden vender productos a un precio bajo.
2. El PIB (producto intreno bruto a precios constantes) o producción total anual del país por habitante, que en el año de 1980 fue de 136 dólares, mientras que en el año 2006 fue de 47 dólares. Es decir, en 1980 se producían 100 despensas por habitante y en el 2006 se produjeron 34 despensas por habitante. Esto significa que ha disminuido la producción (contracción de la oferta). Cabe observar lo parejo que ha sido la disminución del PIB y del SMO.
3. De la BALANZA DE PAGOS del país, que se refiere a las entradas y salidas de dinero por diferentes conceptos, tenemos: El saldo de la cuenta corriente (los renglones mas importantes son las exportaciones, las importaciones y las transferencias de capital como son las remesas y el gasto en servicios turísticos) es negativo, o sea, la salida de dinero es mayor que la entrada. En promedio, anualmente ha salido dinero de más en 9,229 millones de dólares.
El crecimiento de las exportaciones se hace mas difícil ante un competidor como China que tiene mano de obra mas barata que la de México y otorga mejores condiciones para las maquiladoras que México. Por otro lado las importaciones de China, legales como ilegales (contrabando), han crecido y desplazado a productores nacionales, provocando quiebras y desempleo.
La compensación del saldo negativo de la cuenta corriente se hace con el dinero de la cuenta de capital: préstamos del extranjero; inversión extranjera (directa) en los sectores económicos mas rentables (automóviles, centros comerciales, centros turísticos, industria farmaceutica, banca, seguros, etcétera); inversión (de cartera) en la bolsa de valores (principalmente en cetes y otros bonos de deuda interna). Las cifras nos indican que con el saldo de la cuenta de capital se cubre el déficit o saldo negativo de la cuenta corriente.
En la cuenta de capital la deuda externa se ha ido reducido y en cambio ha crecido la inversión directa (actualmente ansiosos de invertir en Pemex y CFE, pero no permiten que se invierta dinero de los fondos de pensiones ahí) y en lo que respecta a la inversión de cartera ha crecido según las necesidades de pagos de intereses y/o de capital del servicio de la deuda externa.
La inversión de cartera también se utiliza para que aparezcan grandes reservas en divisas y dar la impresión de una falsa solidez financiera, como sucedió en los años de 1993 y 1994 con los tesobonos vendidos a fondos de pensiones de Estados Unidos de Norteamérica (EUA) . Falló ello, al no haber suficiente dinero para liquidar los tesobonos cuando vencieron y ademas para poder cumplir con el servicio de la deuda. Entonces EUA avaló préstamos para México, para poder hacer los pagos. A continuación, para atraer dinero del extranjero elevaron las tasas de interés de los cetes, pero esto creó una espiral inflacionaria en el país cuyo resultado fué que muchos deudores de la banca que tenían créditos hipotecarios y de automóviles no pudieran pagar los altos intereses y todo este problema lo enviaron al Fobaproa. El gobierno federal entonces se hace cargo de la deuda de la cartera vencida de los bancos. Pero, los pagos de la deuda se hace con los impuestos de los contribuyente, castigando de esta manera al contribuyente, así como, al acreditado que no pudo pagar los intereses y pierde su mueble o su inmueble que estaba en garantía. Todo lo anterior en defensa de los banqueros.
RESUMEN: A) Los trabajadores reciben actualmente solo una tercera parte de lo que se les pagaba hace 27 años. B) La producción por habitante se ha reducido hasta una tercera parte de lo que se hacía hace 27 años. C) Se está hipotectando el país para pagar la aventura del libre comercio.
CONCLUSIONES: La perversa tendencia económica se auna a la política y a la social, mostrando signos de deterioro, e incrementandose los factores críticos, que pueden desbordarse y desembocar en una nueva crisis como las de 1810 y 1910. Ya que no se observan acciones con muestras claras de estar procurando un cambio de rumbo para salir de la gran crisis que se aproxima.
RECOMENDACIONES:
I.- A las instituciones: crear una cultura de participación para el bienestar. Cancelar la libre importación, protegiendo la producción nacional y detener el inmenso contrabando. Incrementar el salario real, para recuperar la oferta y la demanda nacionales. Reconstruir instituciones como Conasupo, el Seguro Social, Banobras y Nafin que han probaron cumplir con sus objetivos. Entre los grandes servicios de estas instituciones tenemos: Conasupo, servir para contener a los agitistas en el campo y a los avorazados comerciantes, en un caso proporcionando un precio de garantía para los productores del campo y en el otro caso ofreciendo productos de consumo a buen precio. Limpiar y fortalecer las empresas como Pemex (limpiar de funcionarios, lideres y políticos que lo han usado como fuente de recursos para sus propósitos descuidando la conservación y el crecimiento y buen desarrollo de la empresa y actualmente como platillo en venta para los inversionistas extranjeros). Apoyar un verdadero federalismo. El control del gobierno federal a través de los impuestos y de las partidas federales (participaciones) que se distribuyen a los estados y municipios generan una dependencia del gobierno federal. Declararse en moratoria, haciendo ver los beneficios de los prestamistas; sus riesgos; y los costos del país, todo lo anterior en el tiempo, para que consideren el terrible escenario del país de continuar con la actual política económica y social. Lo anterior, entre lo mas importante.
II.- A los individuos, los gremios y los asociados: Respetar las leyes cumpliendolas y hacerlas respetar; crear talleres de difusión del contenido de las leyes, su interpretación y aplicación; prestar apoyo a las causas de los trabajadores y a las víctimas de desastres; colaborar en su agrupación o asociación, a partir del principio de "ayuda mutua y esfuerzo propio"; fortalecer una cultura de preferencia por lo propio sobre lo extranjero; crear talleres de capacitación técnica productiva y administrativa; constituir asociaciones o cooperativas de consumo y producción. Elaborar la demanda de satisfactores para que productores y comerciantes ofrezcan precios. Los grupos de cooperativistas productores hagan lo mismo con la compra de materias primas. Crear bolsas de trabajo; crear cajas de ahorro; crear talleres de capacitación para tramitar asuntos en defensa de derechos: laborales, fiscales, financieros; sobre asuntos penales y asuntos civiles; crear servicios de apoyo de guarderías, pension para ancianos, comedores comunitarios , servicios médicos; grupos promotores del deporte, de la diversión y de festejos. Participar en la limpieza de las calles; participar en acciones para el uso racional del agua; vigilancia ciudadana; formación de equipos deportivos; clubes de lectura; clubes de discusión de problemas, para la acción.
III.- Con el objeto de contar con un vocero a favor del pueblo, del ciudadano, que sea difícil de descalificar por los poderosos: integrar un consejo ciudadano compuesto por personas de reconocida autoridad moral (Carmen Aristegui, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Pablo González Casanova, el jefe con el bastón de mando de los pueblos indios, José Gutierrez Vivó, Lidya Cacho, Gabriel Zaid, Carlos Fuentes, etc.), apoyados gratuitamente por profesionistas, líderes de opinión, peritos de todas las especialidades (abogados, ingenieros, médicos, contadores, economistas, psicólogos, pedagogos, etc). Para hacer el seguimiento puntual de los problemas del país y abusos de los poderes institucionales y fácticos, ya que un ombudsman es muy vulnerable y cuenta con grandes limitaciones de recursos humanos y materiales. Ademas, conviene que organizadamente se aumente el número de ciudadanos que apoyen este proyecto activamente.
Fuentes: Banxico, Nafin, FMI, Conapo.
Rebelión
15 de enero de 2008
De 1980 a 2006
1. El PODER ADQUISITIVO del salario mínimo oficial (SMO) ha disminuido. El aumento del salario de los trabajadores es el mismo que se le hace al SMO. El SMO es una cantida insuficiente para que el trabajador pueda vivir dignamente, es necesario que sea 3 veces mayor, como mínimo. Si en 1980, con el SMO se compraban 10 despensas alimentarias, en el 2006 solo se podían comprar 3. Esto es reducir el ingreso de los trabajadores asalariados un 70% (Estos valores son en términos reales). Al desencadenarse la inflación se tató de contener con el control de los salarios. Cada año ha sido mayor la inflación que el aumento a los salarios, haciendo que el poder adquisitivo del salario disminuyera hasta la situación actual. Otro descenso del salario se esta presentando con el aumento de precios a la gasolina y al maíz. El control de la inflación mediante el control de los salarios es una sugerencia del FMI (Fondo Monetario Internacional).
La reducción del salario real se traduce en una reducción del consumo (demanda), lo cual hace que disminuya la producción (oferta), y por lo tanto el cierre de empresas y el consecuente desempleo de los trabajadores. Entonces aparece una gran cantidad de trabajadores que ofrecen sus servicios a bajos salarios para poder conseguir un puesto, ante tanta competencia, por el gran desempleo. Esta situación beneficia a las empresas exportadoras, ya que pueden vender productos a un precio bajo.
2. El PIB (producto intreno bruto a precios constantes) o producción total anual del país por habitante, que en el año de 1980 fue de 136 dólares, mientras que en el año 2006 fue de 47 dólares. Es decir, en 1980 se producían 100 despensas por habitante y en el 2006 se produjeron 34 despensas por habitante. Esto significa que ha disminuido la producción (contracción de la oferta). Cabe observar lo parejo que ha sido la disminución del PIB y del SMO.
3. De la BALANZA DE PAGOS del país, que se refiere a las entradas y salidas de dinero por diferentes conceptos, tenemos: El saldo de la cuenta corriente (los renglones mas importantes son las exportaciones, las importaciones y las transferencias de capital como son las remesas y el gasto en servicios turísticos) es negativo, o sea, la salida de dinero es mayor que la entrada. En promedio, anualmente ha salido dinero de más en 9,229 millones de dólares.
El crecimiento de las exportaciones se hace mas difícil ante un competidor como China que tiene mano de obra mas barata que la de México y otorga mejores condiciones para las maquiladoras que México. Por otro lado las importaciones de China, legales como ilegales (contrabando), han crecido y desplazado a productores nacionales, provocando quiebras y desempleo.
La compensación del saldo negativo de la cuenta corriente se hace con el dinero de la cuenta de capital: préstamos del extranjero; inversión extranjera (directa) en los sectores económicos mas rentables (automóviles, centros comerciales, centros turísticos, industria farmaceutica, banca, seguros, etcétera); inversión (de cartera) en la bolsa de valores (principalmente en cetes y otros bonos de deuda interna). Las cifras nos indican que con el saldo de la cuenta de capital se cubre el déficit o saldo negativo de la cuenta corriente.
En la cuenta de capital la deuda externa se ha ido reducido y en cambio ha crecido la inversión directa (actualmente ansiosos de invertir en Pemex y CFE, pero no permiten que se invierta dinero de los fondos de pensiones ahí) y en lo que respecta a la inversión de cartera ha crecido según las necesidades de pagos de intereses y/o de capital del servicio de la deuda externa.
La inversión de cartera también se utiliza para que aparezcan grandes reservas en divisas y dar la impresión de una falsa solidez financiera, como sucedió en los años de 1993 y 1994 con los tesobonos vendidos a fondos de pensiones de Estados Unidos de Norteamérica (EUA) . Falló ello, al no haber suficiente dinero para liquidar los tesobonos cuando vencieron y ademas para poder cumplir con el servicio de la deuda. Entonces EUA avaló préstamos para México, para poder hacer los pagos. A continuación, para atraer dinero del extranjero elevaron las tasas de interés de los cetes, pero esto creó una espiral inflacionaria en el país cuyo resultado fué que muchos deudores de la banca que tenían créditos hipotecarios y de automóviles no pudieran pagar los altos intereses y todo este problema lo enviaron al Fobaproa. El gobierno federal entonces se hace cargo de la deuda de la cartera vencida de los bancos. Pero, los pagos de la deuda se hace con los impuestos de los contribuyente, castigando de esta manera al contribuyente, así como, al acreditado que no pudo pagar los intereses y pierde su mueble o su inmueble que estaba en garantía. Todo lo anterior en defensa de los banqueros.
RESUMEN: A) Los trabajadores reciben actualmente solo una tercera parte de lo que se les pagaba hace 27 años. B) La producción por habitante se ha reducido hasta una tercera parte de lo que se hacía hace 27 años. C) Se está hipotectando el país para pagar la aventura del libre comercio.
CONCLUSIONES: La perversa tendencia económica se auna a la política y a la social, mostrando signos de deterioro, e incrementandose los factores críticos, que pueden desbordarse y desembocar en una nueva crisis como las de 1810 y 1910. Ya que no se observan acciones con muestras claras de estar procurando un cambio de rumbo para salir de la gran crisis que se aproxima.
RECOMENDACIONES:
I.- A las instituciones: crear una cultura de participación para el bienestar. Cancelar la libre importación, protegiendo la producción nacional y detener el inmenso contrabando. Incrementar el salario real, para recuperar la oferta y la demanda nacionales. Reconstruir instituciones como Conasupo, el Seguro Social, Banobras y Nafin que han probaron cumplir con sus objetivos. Entre los grandes servicios de estas instituciones tenemos: Conasupo, servir para contener a los agitistas en el campo y a los avorazados comerciantes, en un caso proporcionando un precio de garantía para los productores del campo y en el otro caso ofreciendo productos de consumo a buen precio. Limpiar y fortalecer las empresas como Pemex (limpiar de funcionarios, lideres y políticos que lo han usado como fuente de recursos para sus propósitos descuidando la conservación y el crecimiento y buen desarrollo de la empresa y actualmente como platillo en venta para los inversionistas extranjeros). Apoyar un verdadero federalismo. El control del gobierno federal a través de los impuestos y de las partidas federales (participaciones) que se distribuyen a los estados y municipios generan una dependencia del gobierno federal. Declararse en moratoria, haciendo ver los beneficios de los prestamistas; sus riesgos; y los costos del país, todo lo anterior en el tiempo, para que consideren el terrible escenario del país de continuar con la actual política económica y social. Lo anterior, entre lo mas importante.
II.- A los individuos, los gremios y los asociados: Respetar las leyes cumpliendolas y hacerlas respetar; crear talleres de difusión del contenido de las leyes, su interpretación y aplicación; prestar apoyo a las causas de los trabajadores y a las víctimas de desastres; colaborar en su agrupación o asociación, a partir del principio de "ayuda mutua y esfuerzo propio"; fortalecer una cultura de preferencia por lo propio sobre lo extranjero; crear talleres de capacitación técnica productiva y administrativa; constituir asociaciones o cooperativas de consumo y producción. Elaborar la demanda de satisfactores para que productores y comerciantes ofrezcan precios. Los grupos de cooperativistas productores hagan lo mismo con la compra de materias primas. Crear bolsas de trabajo; crear cajas de ahorro; crear talleres de capacitación para tramitar asuntos en defensa de derechos: laborales, fiscales, financieros; sobre asuntos penales y asuntos civiles; crear servicios de apoyo de guarderías, pension para ancianos, comedores comunitarios , servicios médicos; grupos promotores del deporte, de la diversión y de festejos. Participar en la limpieza de las calles; participar en acciones para el uso racional del agua; vigilancia ciudadana; formación de equipos deportivos; clubes de lectura; clubes de discusión de problemas, para la acción.
III.- Con el objeto de contar con un vocero a favor del pueblo, del ciudadano, que sea difícil de descalificar por los poderosos: integrar un consejo ciudadano compuesto por personas de reconocida autoridad moral (Carmen Aristegui, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Pablo González Casanova, el jefe con el bastón de mando de los pueblos indios, José Gutierrez Vivó, Lidya Cacho, Gabriel Zaid, Carlos Fuentes, etc.), apoyados gratuitamente por profesionistas, líderes de opinión, peritos de todas las especialidades (abogados, ingenieros, médicos, contadores, economistas, psicólogos, pedagogos, etc). Para hacer el seguimiento puntual de los problemas del país y abusos de los poderes institucionales y fácticos, ya que un ombudsman es muy vulnerable y cuenta con grandes limitaciones de recursos humanos y materiales. Ademas, conviene que organizadamente se aumente el número de ciudadanos que apoyen este proyecto activamente.
Fuentes: Banxico, Nafin, FMI, Conapo.
lunes, octubre 22, 2007
Aeroméxico, rematada
León Bendesky
La Jornada
22 de octubre de 2007La privatización de las líneas aéreas que quedaron entre los activos del IPAB, es decir, de la nación, luego de la crisis financiera de fines de 1994 acabó de manera atropellada. Ese rasgo parece ser típico de las operaciones para vender los activos nacionales en ese organismo en más de una década, tras su creación para sustituir al fallido Fobaproa.
La Jornada
22 de octubre de 2007La privatización de las líneas aéreas que quedaron entre los activos del IPAB, es decir, de la nación, luego de la crisis financiera de fines de 1994 acabó de manera atropellada. Ese rasgo parece ser típico de las operaciones para vender los activos nacionales en ese organismo en más de una década, tras su creación para sustituir al fallido Fobaproa.
No ha podido el IPAB ni tampoco el gobierno federal hacer la transacción de Aeroméxico, sin generar discusión y suspicacias. La sospecha sobre las operaciones de privatización era la norma cuando se hacían en la opacidad del viejo régimen político controlado por el PRI, regido por la discrecionalidad del ejercicio del poder y la ausencia prácticamente completa de rendición de cuentas.
La sospecha en el quehacer público no ha desaparecido en el contexto de la transición democrática y de los gobiernos del PAN, cuando se supone que parte del cambio es actuar a la luz pública y con transparencia. Este último es un término muy socorrido entre los políticos y funcionarios de la alta burocracia, pero su sentido práctico no puede sustentarse en las declaraciones que hagan, por firmes y solemnes que parezcan. Únicamente pueden sostenerse en los hechos y ahí aún son muchas las limitaciones. Pero sólo con hechos puede generarse la confianza, que es un bien todavía muy escaso en esta sociedad.
Habrá muchos aspectos técnicos involucrados en la venta de los activos de todo tipo que pasaron a ser propiedad estatal con aquella crisis. Para ello hay leyes y reglas, aunque la operación del IPAB está supeditada a los criterios e influencia de la Secretaría de Hacienda, que es la que finalmente determina lo que ahí se hace. Vaya, el IPAB está hecho a modo para que las cosas salgan como se quiere. La historia del instituto y de las transacciones que se han hecho está ahí para revisarla.
El de Aeroméxico es el caso más reciente de esas transacciones de compra-venta a 13 años de distancia de la crisis. Pero de nueva cuenta se exhibe la debilidad de la institucionalidad democrática que se quiere instaurar en México. Adviértase el calificativo de democrático, necesario para distinguirlo del anterior orden institucional de tipo autoritario, como se pretende en el marco de la transición política.
Se trata de la venta de un bien nacional y por lo tanto de recursos públicos: activos y pasivos que pasan por el fisco. Los términos de la operación indican que la situación financiera de la empresa era bastante mala, pues había acumulado grandes pérdidas. Pero quienes la administraron estos años y su principal dueño (el gobierno federal a nombre de la sociedad) no dieron cuenta de las cuentas de Aeroméxico.
La transacción se ha hecho en el terreno de la bolsa de valores como si fuese un negocio privado, una simple operación financiera. No se sabe a las claras cuál es la política estatal de gestión de los bienes nacionales, si es que existe; no hay un recuento de la tasa de recuperación del valor de los activos, o sea, cuánto ha ganado o perdido el gobierno administrando los distintos tipos de bienes públicos. ¿Cómo evaluar a los responsables del IPAB?, entre los que hay funcionarios gubernamentales y vocales supuestamente independientes. En esto sigue habiendo opacidad, lo que da lugar a la sempiterna sospecha.
Es notorio, asimismo, que en el manejo de esta privatización estuvo ausente la cabeza del sector dentro del gobierno, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que sólo validó la venta una vez realizada y afirmó que con ella mejorará el servicio, por supuesto sin decir cómo es que eso ocurrirá.
Nadie sabe si en esa dependencia hay algún criterio para orientar a la industria aeronáutica y redefinir la estructura de esta actividad clave para la competitividad de la economía. No parece que la haya. No fue clara tampoco la participación y los criterios aplicados en este caso por la Comisión de Competencia, que da repetidas muestras de falta de la misma. Puede afirmarse a la luz de los hechos que no hay una política para la aviación en México.
En el gobierno persiste una postura gerencial ligada muy de cerca a los intereses privados, lo que confiere una noción particular a las funciones del Estado y los criterios de la política pública. Esto tiene costos inmediatos y que se extienden en el tiempo, pues redefinen constantemente los patrones de la producción, del crecimiento y de la distribución del ingreso y de la riqueza. En ese contexto es cada vez más difícil cambiar el modo en que funciona la economía mexicana y superar su estancamiento crónico.
La venta de Aeroméxico bajo la forma de subasta fue apresurada, al final hubo falta de claridad, parecía que todo debía hacerse rapidito para que resultara como se había planeado. ¿Por qué se filtró la supuesta molestia del gobernador del Banco de México por el curso de la subasta? ¿Será casual que se adjudicara la empresa el consorcio liderado por Banamex y otros inversionistas?
No se trata de alcanzar la unanimidad en los criterios de la gestión pública, ésta no es la granja de los animales orwelliana. Sólo reconozcamos lo que tenemos enfrente. También aceptemos aquello de lo que carecemos: un sistema eficiente de pesos y contrapesos en asuntos públicos.
lunes, octubre 15, 2007
La millonaria pensión de Agustín Carstens
Nancy Flores
Contralínea
Octubre 2a quincena de 2007
En la nómina de pensionados privilegiados del Banco de México, sobresale Agustín Carstens, quien desde 1999 –fecha en que se separó de dicha entidad pública– cobra el salario de un secretario de Estado: 151 mil 500 pesos al mes, que suman casi 2 millones de pesos al año. Según la SHCP, su pago por “pensión vitalicia” fue suspendido desde que asumió la coordinación económica del equipo de Felipe Calderón y se reactivará cuando el Chicago boy deje la Secretaría de Hacienda.
Duro crítico de los pasivos generados por el sistema de pensiones e impulsor de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Agustín Guillermo Carstens Carstens, titular de la Secretaría de Hacienda, mantiene el privilegio de esta seguridad social: el Banco de México (Banxico), encabezado por el priísta Guillermo Ortiz, le paga 1 millón 818 mil pesos anuales por pensión vitalicia.
Según sus datos biográficos, Carstens colaboró 15 años en el banco central, en donde el máximo cargo que desempeñó fue el de jefe de la oficina del gobernador. Además de la pensión vitalicia, al inicio de su carrera laboral el Chicago boy obtuvo dos becas –pagadas con recursos de dicha institución financiera– para estudiar la maestría y el doctorado en la Universidad de Chicago.
Ahora, la pensión vitalicia asciende a 151 mil 500 pesos mensuales, lo que equivale a su salario neto como secretario de Estado, revela el exdiputado Miguel Alonso Raya y confirma la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su área de comunicación social.
De acuerdo con información oficial, el titular de Hacienda ha cobrado estos recursos públicos en 93 ocasiones: de 1999, cuando se retiró del Banxico, al 15 de octubre de 2006, fecha en que asumió la coordinación del área económica del equipo de transición de Felipe Calderón.
La oficina de comunicación social de Hacienda, que negó en definitiva la entrevista con Agustín Carstens, aclara que el Chicago boy suspendió temporalmente este cobro, por tanto volverá a percibir los casi 2 millones de pesos anuales cuando deje la Secretaría.
También reconoce que, de diciembre de 2000 a agosto de 2003, el erario le pagó doble sueldo: además de la pensión, el salario que percibía en calidad de subsecretario de Hacienda, función desde la cual impulsó dar el carpetazo a las investigaciones del Fobaproa-IPAB, generalizar el IVA en todos los bienes y servicios y profundizar la persecución fiscal.
El exdiputado Alonso Raya –quien en la pasada legislatura denunció la pensión prematura que supuestamente se asignó el aún gobernador del banco central, Guillermo Ortiz, y exigió la transparencia en este capítulo– advierte que los dobles salarios pagados con recursos públicos son ilegales.
Además, el perredista califica como injustos estos pagos, pues –explica– los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, que sí aportan de uno a tres salarios mínimos para su jubilación, no van a tener siquiera una pensión mínima garantizada. Por el contrario, acusa, las Afores han hecho el negocio de su vida: de 1997 a la fecha, han ganado 101 mil millones de pesos.
Contradicciones
Señalado a principios de año por negociar con Elba Esther Gordillo, cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la aprobación a la reforma del ISSSTE, el Chicago boy aún cobra la pensión, según Alonso Raya.
Al respecto, Hacienda asegura que “el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, no recibe pago alguno por concepto de la pensión vitalicia a la que tiene derecho, después de haber laborado más de 20 años en el Banco de México y haber cumplido con la edad requerida, toda vez que solicitó la suspensión de los pagos correspondientes desde que fue designado coordinador económico del equipo de transición del entonces presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa”.
No obstante, su historia laboral revela que en términos reales el secretario sólo laboró 15 años en la institución financiera: de 1982 a 1999, con un periodo de excepción entre 1983 y 1985, cuando fue becado por el propio Banxico para estudiar la maestría y el doctorado en Economía, en la Universidad de Chicago.
La primera responsabilidad que ejecutó en el banco central fue la de interno, justo después de graduarse, en 1982, como licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tres años más tarde, ya con grado de doctor, fue nombrado tesorero general.
Con posterioridad, ocupó la Dirección General de Investigación Económica. El máximo escalafón lo obtuvo en 1994 y se trató de la Jefatura de Gabinete de la oficina del gobernador Miguel Mancera Aguayo, mismo que desempeñó hasta fines de 1998.
De acuerdo con los datos biográficos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 1999 y tras su separación del Banxico, Carstens asumió la Dirección Ejecutiva de dicho organismo internacional, en representación de Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.
A inicios del gobierno de Vicente Fox, fue nombrado subsecretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que dejó el 1 de agosto de 2003, para encabezar la Subdirección Gerente del FMI.
Dilapidación de recursos
El dispendio en Banxico respecto de los salarios y pensiones no se ciñe al caso de Agustín Carstens. El gobernador Guillermo Ortiz Martínez y los subgobernadores Roberto del Cueto Legaspi, Everardo Elizondo Almaguer, Guillermo Güémez García y José Julián Sidaoui Dib ganan 173 mil 438 pesos al mes, que suman 2 millones 81 mil pesos anuales, indican sus informes de transparencia. El monto incluye compensaciones por antigüedad, prima vacacional y gratificación.
Los sueldos de altos funcionarios del Banxico superan al del presidente Felipe Calderón, que asciende a 151 mil 969 pesos mensuales, y al del propio secretario de Hacienda, cuya remuneración neta es de 151 mil 473 pesos, monto similar al de su pensión vitalicia.
Otros beneficiados con dicha seguridad social son los expresidentes Ernesto Zedillo y Miguel de la Madrid, indica Alonso Raya. En la lista añade a José Francisco Gil Díaz, Jesús Silva Herzog Flores y Francisco Suárez Dávila.
En el caso de De la Madrid, su secretaria Delia González dice que la millonaria pensión que supuestamente recibe en calidad de expresidente “es un cuento”. Agrega que su jefe no recibe recursos del Banco de México, institución que lo contrató como consultor de gestión financiera en 1960, y cuatro años más tarde lo becó para que cursara una maestría en Administración Pública, en la Universidad de Harvard.
La efímera trayectoria en la institución financiera concluyó a su regreso, en 1965, cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz lo nombró subdirector general de Crédito en la Secretaría de Hacienda. Como jefe de Estado (1982-1988), De la Madrid fue señalado como responsable de la severa crisis económica mexicana. Su sexenio concluyó con la “caída” del sistema electoral que llevó a Carlos Salinas a la Presidencia.
Sobre la supuesta pensión que recibe el exsubsecretario de Hacienda y exgerente de Asuntos Internacionales del Banxico, Suárez Dávila, su equipo de colaboradores indica que “definitivamente no recibe esa pensión vitalicia”.
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el gasto programable incluye una partida de 226 mil 946 millones de pesos para pensiones, cifra que revela un incremento de 6.6 por ciento respecto a 2007, ejercicio en el que ascendió a 212 mil 747 millones de pesos.
Además, indica que el gobierno pagará 101 mil 418 millones de pesos para aportaciones al ISSSTE y subsidios y transferencias a entidades de control directo. Los apoyos presupuestarios, detalla, se invertirán en el pago de pensiones, compensaciones y otras prestaciones del personal de las fuerzas armadas, y las pensiones de trato especial del sistema de retiro de los burócratas.
En la exposición de motivos, dicho proyecto –elaborado por el equipo de Agustín Carstens– señala que el gobierno realizará más acciones para consolidar la reestructuración y mejoramiento de los sistemas de seguridad social y de pensiones actuales, así como su saneamiento financiero.
Tres días después de suspender el pago de su pensión vitalicia, el 18 de octubre del año pasado, Agustín Carstens declaró a la prensa nacional: “Si uno toma en cuenta la deuda, los pasivos contingentes que tiene el gobierno a través del sistema de pensiones, pues sí es una deuda que hay que tomar muy en serio. Preocupa para el largo plazo y por lo mismo tenemos todavía tiempo de enfrentarla, pero hay que empezar a hacerlo ya”.
Banxico viola Ley de Transparencia
Al margen de la Ley de Transparencia, el Banco de México declara confidencial toda la información relacionada con las pensiones vitalicias que entrega a sus exfuncionarios, entre los que destacan Agustín Carstens, Ernesto Zedillo, Miguel de la Madrid y Francisco Gil Díaz.
Para el perredista Miguel Alonso Raya, el Banxico se maneja con mucha discrecionalidad en esta materia. Agrega que las autoridades de la institución financiera se amparan en el secreto fiduciario para evadir la rendición de cuentas. Con este pretexto, dice, el banco central omitió cumplir todos los requerimientos de información que le hizo la Cámara de Diputados en 2005.
En efecto, “los recursos de la Reserva para Pensiones del Personal y del Fondo de Auxilio para Empleados y Funcionarios, debiendo vigilar que las inversiones se encuentren debidamente efectuadas”, se manejan a través de un fideicomiso, revela la única referencia a su sistema de pensiones, contenida en el artículo 26 del Reglamento Interior del Banco de México.
El capítulo de remuneraciones del informe de transparencia sólo dice que el personal de los rangos II, III, IV y los integrantes de la Junta de Gobierno (gobernador y subgobernadores) tienen derecho a “pensiones económicas en especie”.
La opacidad va más allá: la Gerencia de Normatividad del Banco confirma la reserva total de la información sobre pensiones, impuesta por el Comité de Información contra las solicitudes de información hechas por Contralínea.
Esta clasificación –según la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Marván Laborde, y el investigador John Mill Ackerman, especialista en derecho a la información– vulnera la Ley de Transparencia.
“Las pensiones de los funcionarios en retiro se han considerado, a través de varias resoluciones del IFAI, como prestaciones equivalentes a salarios y, por tanto, se debe informar de ellas con la misma claridad y precisión que si se tratase de un sueldo”, explica Marván.
Agrega que “una pensión de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal se recibe si, y sólo si, uno fue un empleado público. Debe entregarse conforme a derecho y existen aspectos fundamentales de rendición de cuentas a la sociedad en materia de gasto público”.
Para John Mill Ackerman, el problema es que los organismos autónomos, entre éstos el Banco de México, son juez y parte: ellos mismos clasifican la información y atienden los recursos de inconformidad y revisión interpuestos por los peticionarios.
Doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mill Ackerman dice que la información de las pensiones no es dato personal. Sin embargo, indica que, tras el último fallo, la única vía que le queda al recurrente es el amparo.
Según el Banxico, “la información concerniente al detalle de las remuneraciones y prestaciones individuales se consideran como datos personales, de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia, en virtud de que se trata de información clasificada como datos personales, los cuales requieren del consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley, cuya difusión, distribución o comercialización se encuentra censurada por la Ley”.
No obstante, el artículo 7, fracción IV, de dicha Ley refiere que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público la remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, mientras que en su fracción IX, establece que es pública “la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución”.
Se entiende, por tanto, que la información relacionada con la pensión vitalicia –otorgada con recursos públicos asignados a esa institución financiera–, a favor de Carstens, Zedillo, Gil Díaz o de cualquier otra persona que hubiera prestado sus servicios al banco central es pública y que no procede la reserva.
Los datos personales susceptibles de ser reservados –indica la Ley de Transparencia– son: “La información concerniente a una persona física identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad”.
De acuerdo con Marván Laborde, “las pensiones con nombres de los pensionados, montos y actualizaciones deberían considerarse como una obligación de transparencia equivalente a sueldos y salarios”.
Para la comisionada del IFAI, la falta de transparencia en este capítulo se puede deber a que no está especificado en las obligaciones del artículo 7. Por ello, dice, “ha habido algunas dependencias y entidades, u otros sujetos obligados, que han intentado la reserva en esta materia”.
Señala que “otros sujetos obligados, para quienes no somos autoridad, pueden discrepar de los criterios del Pleno en la materia. Por eso, considero fundamental que la reforma de la Ley incluya clara e indubitablemente, este aspecto”.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con los funcionarios del Banco de México. Hasta el cierre de esta edición, el área de atención a prensa dijo no tener respuesta.
Dispendio en prestaciones
En el primer equipo del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, hay dos choferes –Graciano Guadarrama y Miguel Ramírez–, cuyo salario es sufragado con recursos públicos. Su vehículo, al igual que el de los cuatro subgobernadores, se adquiere y mantiene con recursos del erario.
Según las finanzas del Banxico, el presupuesto aprobado en el ejercicio 2007 para financiar el capítulo de “recursos humanos” asciende a mil 265 millones de pesos, de los cuales, al segundo trimestre de este año, se han ejercido 690 millones de pesos.
Además de los salarios, que van de 173 mil 438 pesos a 4 mil 713 pesos mensuales, los funcionarios del banco central son beneficiarios de distintas “ayudas”, todas solventadas con dinero de la Hacienda Pública, como “renta de casa”, “impresión de tesis profesional”, “recompensa selectiva anual por desempeño destacado”.
Información del Banco de México revela que los servidores públicos y pensionados, así como sus familiares, tienen derecho a servicios privados de “asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, incluida la dental”. Aclara que “éstas se otorgan en sustitución de las que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social con fundamento en el convenio suscrito de subrogación de servicios”.
En materia de pensiones, el personal del Banxico tiene derecho a “aportaciones mensuales para la constitución de un fondo individual de pensiones por jubilación, incapacidad permanente total, invalidez y muerte”. Además, se autorizan “pagos por defunción” y “gastos funerarios del servidor público o pensionado”.
Respecto de la “ayuda para renta”, la información oficial detalla que “se podrá conceder temporalmente cuando el Banco solicite a un servidor público desempeñar funciones en lugar diferente al de su residencia”.
Otras prestaciones adicionales son los “préstamos a corto, medio y largo plazo (este último para adquisición de casa-habitación) o, en sustitución de los mismos, préstamos especiales para el ahorro, cuyo importe se invierte en el propio Banco.
Los funcionarios también cuentan con “ayuda para despensa” y, en diciembre, “con mercancías acordes con las fiestas de la época (canasta navideña). A criterio del Banco, dicha prestación podrá otorgarse en numerario o en vales de despensa”.
Sobre la “recompensa selectiva anual por desempeño destacado”, aclara que, en ningún caso, ésta puede provocar una remuneración anual superior a la de los miembros de la Junta de Gobierno.
El Banxico también paga una prima por la contratación de un seguro de vida para los trabajadores que están expuestos al riesgo de perder la vida, con motivo de las funciones y actividades propias de sus puestos, y el “sistema de fomento al ahorro”.
Dentro de las ayudas en especie, Banxico ofrece capacitación y adiestramiento para promover el desarrollo y la especialización de las funciones, integrada por cursos internos, becas y becas-crédito”.
Los servidores públicos también son beneficiados con servicio de comedor y defensa y asistencia legal en procedimientos y procesos entablados en su contra, como consecuencia del desempeño de sus funciones y actividades.
Para beneficiar a los gobernadores y subgobernadores que, previamente a su designación no hayan sido sus trabajadores, tendrán un seguro de vida, incapacidad permanente total o invalidez, equivalente a 36 meses de su sueldo, así como a la constitución de un fondo de salud para sufragar gastos médicos.
Otras distinciones incluyen, además de los miembros de la Junta de Gobierno, a los funcionarios de los rangos III y IV, a quienes se les otorga el “servicio de conducción de automóvil y el otorgamiento de préstamos especiales a medio plazo y para constitución de depósitos en el propio Banco”.
Remuneración neta mensual*
(en pesos, para el ejercicio 2007)
Puestos de apoyo técnico-- Mínimo: 6,439.64 Máximo52,788.65
Puestos dedicados a labores de banca central-- Mínimo6,596.13 Máximo55,804.33
Especialistas en banca central-- Mínimo37,609.20 Máximo97,768.23
Rango I de funcionario-- Mínimo29,888.60 Máximo95,967.91
Rango II de funcionario-- Mínimo53,246.64 Máximo114,553.27
Rango III de funcionario-- Mínimo106,606.37 Máximo 134,610.90
Rango IV de funcionario-- Mínimo116,999.47 Máximo139,292.02
Junta de Gobierno-- Mínimo158,392.42 Máximo 173,438.20
Contralínea
Octubre 2a quincena de 2007
En la nómina de pensionados privilegiados del Banco de México, sobresale Agustín Carstens, quien desde 1999 –fecha en que se separó de dicha entidad pública– cobra el salario de un secretario de Estado: 151 mil 500 pesos al mes, que suman casi 2 millones de pesos al año. Según la SHCP, su pago por “pensión vitalicia” fue suspendido desde que asumió la coordinación económica del equipo de Felipe Calderón y se reactivará cuando el Chicago boy deje la Secretaría de Hacienda.
Duro crítico de los pasivos generados por el sistema de pensiones e impulsor de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Agustín Guillermo Carstens Carstens, titular de la Secretaría de Hacienda, mantiene el privilegio de esta seguridad social: el Banco de México (Banxico), encabezado por el priísta Guillermo Ortiz, le paga 1 millón 818 mil pesos anuales por pensión vitalicia.
Según sus datos biográficos, Carstens colaboró 15 años en el banco central, en donde el máximo cargo que desempeñó fue el de jefe de la oficina del gobernador. Además de la pensión vitalicia, al inicio de su carrera laboral el Chicago boy obtuvo dos becas –pagadas con recursos de dicha institución financiera– para estudiar la maestría y el doctorado en la Universidad de Chicago.
Ahora, la pensión vitalicia asciende a 151 mil 500 pesos mensuales, lo que equivale a su salario neto como secretario de Estado, revela el exdiputado Miguel Alonso Raya y confirma la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su área de comunicación social.
De acuerdo con información oficial, el titular de Hacienda ha cobrado estos recursos públicos en 93 ocasiones: de 1999, cuando se retiró del Banxico, al 15 de octubre de 2006, fecha en que asumió la coordinación del área económica del equipo de transición de Felipe Calderón.
La oficina de comunicación social de Hacienda, que negó en definitiva la entrevista con Agustín Carstens, aclara que el Chicago boy suspendió temporalmente este cobro, por tanto volverá a percibir los casi 2 millones de pesos anuales cuando deje la Secretaría.
También reconoce que, de diciembre de 2000 a agosto de 2003, el erario le pagó doble sueldo: además de la pensión, el salario que percibía en calidad de subsecretario de Hacienda, función desde la cual impulsó dar el carpetazo a las investigaciones del Fobaproa-IPAB, generalizar el IVA en todos los bienes y servicios y profundizar la persecución fiscal.
El exdiputado Alonso Raya –quien en la pasada legislatura denunció la pensión prematura que supuestamente se asignó el aún gobernador del banco central, Guillermo Ortiz, y exigió la transparencia en este capítulo– advierte que los dobles salarios pagados con recursos públicos son ilegales.
Además, el perredista califica como injustos estos pagos, pues –explica– los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, que sí aportan de uno a tres salarios mínimos para su jubilación, no van a tener siquiera una pensión mínima garantizada. Por el contrario, acusa, las Afores han hecho el negocio de su vida: de 1997 a la fecha, han ganado 101 mil millones de pesos.
Contradicciones
Señalado a principios de año por negociar con Elba Esther Gordillo, cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la aprobación a la reforma del ISSSTE, el Chicago boy aún cobra la pensión, según Alonso Raya.
Al respecto, Hacienda asegura que “el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, no recibe pago alguno por concepto de la pensión vitalicia a la que tiene derecho, después de haber laborado más de 20 años en el Banco de México y haber cumplido con la edad requerida, toda vez que solicitó la suspensión de los pagos correspondientes desde que fue designado coordinador económico del equipo de transición del entonces presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa”.
No obstante, su historia laboral revela que en términos reales el secretario sólo laboró 15 años en la institución financiera: de 1982 a 1999, con un periodo de excepción entre 1983 y 1985, cuando fue becado por el propio Banxico para estudiar la maestría y el doctorado en Economía, en la Universidad de Chicago.
La primera responsabilidad que ejecutó en el banco central fue la de interno, justo después de graduarse, en 1982, como licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tres años más tarde, ya con grado de doctor, fue nombrado tesorero general.
Con posterioridad, ocupó la Dirección General de Investigación Económica. El máximo escalafón lo obtuvo en 1994 y se trató de la Jefatura de Gabinete de la oficina del gobernador Miguel Mancera Aguayo, mismo que desempeñó hasta fines de 1998.
De acuerdo con los datos biográficos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 1999 y tras su separación del Banxico, Carstens asumió la Dirección Ejecutiva de dicho organismo internacional, en representación de Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.
A inicios del gobierno de Vicente Fox, fue nombrado subsecretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que dejó el 1 de agosto de 2003, para encabezar la Subdirección Gerente del FMI.
Dilapidación de recursos
El dispendio en Banxico respecto de los salarios y pensiones no se ciñe al caso de Agustín Carstens. El gobernador Guillermo Ortiz Martínez y los subgobernadores Roberto del Cueto Legaspi, Everardo Elizondo Almaguer, Guillermo Güémez García y José Julián Sidaoui Dib ganan 173 mil 438 pesos al mes, que suman 2 millones 81 mil pesos anuales, indican sus informes de transparencia. El monto incluye compensaciones por antigüedad, prima vacacional y gratificación.
Los sueldos de altos funcionarios del Banxico superan al del presidente Felipe Calderón, que asciende a 151 mil 969 pesos mensuales, y al del propio secretario de Hacienda, cuya remuneración neta es de 151 mil 473 pesos, monto similar al de su pensión vitalicia.
Otros beneficiados con dicha seguridad social son los expresidentes Ernesto Zedillo y Miguel de la Madrid, indica Alonso Raya. En la lista añade a José Francisco Gil Díaz, Jesús Silva Herzog Flores y Francisco Suárez Dávila.
En el caso de De la Madrid, su secretaria Delia González dice que la millonaria pensión que supuestamente recibe en calidad de expresidente “es un cuento”. Agrega que su jefe no recibe recursos del Banco de México, institución que lo contrató como consultor de gestión financiera en 1960, y cuatro años más tarde lo becó para que cursara una maestría en Administración Pública, en la Universidad de Harvard.
La efímera trayectoria en la institución financiera concluyó a su regreso, en 1965, cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz lo nombró subdirector general de Crédito en la Secretaría de Hacienda. Como jefe de Estado (1982-1988), De la Madrid fue señalado como responsable de la severa crisis económica mexicana. Su sexenio concluyó con la “caída” del sistema electoral que llevó a Carlos Salinas a la Presidencia.
Sobre la supuesta pensión que recibe el exsubsecretario de Hacienda y exgerente de Asuntos Internacionales del Banxico, Suárez Dávila, su equipo de colaboradores indica que “definitivamente no recibe esa pensión vitalicia”.
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el gasto programable incluye una partida de 226 mil 946 millones de pesos para pensiones, cifra que revela un incremento de 6.6 por ciento respecto a 2007, ejercicio en el que ascendió a 212 mil 747 millones de pesos.
Además, indica que el gobierno pagará 101 mil 418 millones de pesos para aportaciones al ISSSTE y subsidios y transferencias a entidades de control directo. Los apoyos presupuestarios, detalla, se invertirán en el pago de pensiones, compensaciones y otras prestaciones del personal de las fuerzas armadas, y las pensiones de trato especial del sistema de retiro de los burócratas.
En la exposición de motivos, dicho proyecto –elaborado por el equipo de Agustín Carstens– señala que el gobierno realizará más acciones para consolidar la reestructuración y mejoramiento de los sistemas de seguridad social y de pensiones actuales, así como su saneamiento financiero.
Tres días después de suspender el pago de su pensión vitalicia, el 18 de octubre del año pasado, Agustín Carstens declaró a la prensa nacional: “Si uno toma en cuenta la deuda, los pasivos contingentes que tiene el gobierno a través del sistema de pensiones, pues sí es una deuda que hay que tomar muy en serio. Preocupa para el largo plazo y por lo mismo tenemos todavía tiempo de enfrentarla, pero hay que empezar a hacerlo ya”.
Banxico viola Ley de Transparencia
Al margen de la Ley de Transparencia, el Banco de México declara confidencial toda la información relacionada con las pensiones vitalicias que entrega a sus exfuncionarios, entre los que destacan Agustín Carstens, Ernesto Zedillo, Miguel de la Madrid y Francisco Gil Díaz.
Para el perredista Miguel Alonso Raya, el Banxico se maneja con mucha discrecionalidad en esta materia. Agrega que las autoridades de la institución financiera se amparan en el secreto fiduciario para evadir la rendición de cuentas. Con este pretexto, dice, el banco central omitió cumplir todos los requerimientos de información que le hizo la Cámara de Diputados en 2005.
En efecto, “los recursos de la Reserva para Pensiones del Personal y del Fondo de Auxilio para Empleados y Funcionarios, debiendo vigilar que las inversiones se encuentren debidamente efectuadas”, se manejan a través de un fideicomiso, revela la única referencia a su sistema de pensiones, contenida en el artículo 26 del Reglamento Interior del Banco de México.
El capítulo de remuneraciones del informe de transparencia sólo dice que el personal de los rangos II, III, IV y los integrantes de la Junta de Gobierno (gobernador y subgobernadores) tienen derecho a “pensiones económicas en especie”.
La opacidad va más allá: la Gerencia de Normatividad del Banco confirma la reserva total de la información sobre pensiones, impuesta por el Comité de Información contra las solicitudes de información hechas por Contralínea.
Esta clasificación –según la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Marván Laborde, y el investigador John Mill Ackerman, especialista en derecho a la información– vulnera la Ley de Transparencia.
“Las pensiones de los funcionarios en retiro se han considerado, a través de varias resoluciones del IFAI, como prestaciones equivalentes a salarios y, por tanto, se debe informar de ellas con la misma claridad y precisión que si se tratase de un sueldo”, explica Marván.
Agrega que “una pensión de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal se recibe si, y sólo si, uno fue un empleado público. Debe entregarse conforme a derecho y existen aspectos fundamentales de rendición de cuentas a la sociedad en materia de gasto público”.
Para John Mill Ackerman, el problema es que los organismos autónomos, entre éstos el Banco de México, son juez y parte: ellos mismos clasifican la información y atienden los recursos de inconformidad y revisión interpuestos por los peticionarios.
Doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mill Ackerman dice que la información de las pensiones no es dato personal. Sin embargo, indica que, tras el último fallo, la única vía que le queda al recurrente es el amparo.
Según el Banxico, “la información concerniente al detalle de las remuneraciones y prestaciones individuales se consideran como datos personales, de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia, en virtud de que se trata de información clasificada como datos personales, los cuales requieren del consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley, cuya difusión, distribución o comercialización se encuentra censurada por la Ley”.
No obstante, el artículo 7, fracción IV, de dicha Ley refiere que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público la remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, mientras que en su fracción IX, establece que es pública “la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución”.
Se entiende, por tanto, que la información relacionada con la pensión vitalicia –otorgada con recursos públicos asignados a esa institución financiera–, a favor de Carstens, Zedillo, Gil Díaz o de cualquier otra persona que hubiera prestado sus servicios al banco central es pública y que no procede la reserva.
Los datos personales susceptibles de ser reservados –indica la Ley de Transparencia– son: “La información concerniente a una persona física identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad”.
De acuerdo con Marván Laborde, “las pensiones con nombres de los pensionados, montos y actualizaciones deberían considerarse como una obligación de transparencia equivalente a sueldos y salarios”.
Para la comisionada del IFAI, la falta de transparencia en este capítulo se puede deber a que no está especificado en las obligaciones del artículo 7. Por ello, dice, “ha habido algunas dependencias y entidades, u otros sujetos obligados, que han intentado la reserva en esta materia”.
Señala que “otros sujetos obligados, para quienes no somos autoridad, pueden discrepar de los criterios del Pleno en la materia. Por eso, considero fundamental que la reforma de la Ley incluya clara e indubitablemente, este aspecto”.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con los funcionarios del Banco de México. Hasta el cierre de esta edición, el área de atención a prensa dijo no tener respuesta.
Dispendio en prestaciones
En el primer equipo del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, hay dos choferes –Graciano Guadarrama y Miguel Ramírez–, cuyo salario es sufragado con recursos públicos. Su vehículo, al igual que el de los cuatro subgobernadores, se adquiere y mantiene con recursos del erario.
Según las finanzas del Banxico, el presupuesto aprobado en el ejercicio 2007 para financiar el capítulo de “recursos humanos” asciende a mil 265 millones de pesos, de los cuales, al segundo trimestre de este año, se han ejercido 690 millones de pesos.
Además de los salarios, que van de 173 mil 438 pesos a 4 mil 713 pesos mensuales, los funcionarios del banco central son beneficiarios de distintas “ayudas”, todas solventadas con dinero de la Hacienda Pública, como “renta de casa”, “impresión de tesis profesional”, “recompensa selectiva anual por desempeño destacado”.
Información del Banco de México revela que los servidores públicos y pensionados, así como sus familiares, tienen derecho a servicios privados de “asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, incluida la dental”. Aclara que “éstas se otorgan en sustitución de las que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social con fundamento en el convenio suscrito de subrogación de servicios”.
En materia de pensiones, el personal del Banxico tiene derecho a “aportaciones mensuales para la constitución de un fondo individual de pensiones por jubilación, incapacidad permanente total, invalidez y muerte”. Además, se autorizan “pagos por defunción” y “gastos funerarios del servidor público o pensionado”.
Respecto de la “ayuda para renta”, la información oficial detalla que “se podrá conceder temporalmente cuando el Banco solicite a un servidor público desempeñar funciones en lugar diferente al de su residencia”.
Otras prestaciones adicionales son los “préstamos a corto, medio y largo plazo (este último para adquisición de casa-habitación) o, en sustitución de los mismos, préstamos especiales para el ahorro, cuyo importe se invierte en el propio Banco.
Los funcionarios también cuentan con “ayuda para despensa” y, en diciembre, “con mercancías acordes con las fiestas de la época (canasta navideña). A criterio del Banco, dicha prestación podrá otorgarse en numerario o en vales de despensa”.
Sobre la “recompensa selectiva anual por desempeño destacado”, aclara que, en ningún caso, ésta puede provocar una remuneración anual superior a la de los miembros de la Junta de Gobierno.
El Banxico también paga una prima por la contratación de un seguro de vida para los trabajadores que están expuestos al riesgo de perder la vida, con motivo de las funciones y actividades propias de sus puestos, y el “sistema de fomento al ahorro”.
Dentro de las ayudas en especie, Banxico ofrece capacitación y adiestramiento para promover el desarrollo y la especialización de las funciones, integrada por cursos internos, becas y becas-crédito”.
Los servidores públicos también son beneficiados con servicio de comedor y defensa y asistencia legal en procedimientos y procesos entablados en su contra, como consecuencia del desempeño de sus funciones y actividades.
Para beneficiar a los gobernadores y subgobernadores que, previamente a su designación no hayan sido sus trabajadores, tendrán un seguro de vida, incapacidad permanente total o invalidez, equivalente a 36 meses de su sueldo, así como a la constitución de un fondo de salud para sufragar gastos médicos.
Otras distinciones incluyen, además de los miembros de la Junta de Gobierno, a los funcionarios de los rangos III y IV, a quienes se les otorga el “servicio de conducción de automóvil y el otorgamiento de préstamos especiales a medio plazo y para constitución de depósitos en el propio Banco”.
Remuneración neta mensual*
(en pesos, para el ejercicio 2007)
Puestos de apoyo administrativo-- Mínimo: 4,713.69 Máximo: 27,563.72
Puestos de apoyo técnico-- Mínimo: 6,439.64 Máximo52,788.65
Puestos dedicados a labores de banca central-- Mínimo6,596.13 Máximo55,804.33
Especialistas en banca central-- Mínimo37,609.20 Máximo97,768.23
Rango I de funcionario-- Mínimo29,888.60 Máximo95,967.91
Rango II de funcionario-- Mínimo53,246.64 Máximo114,553.27
Rango III de funcionario-- Mínimo106,606.37 Máximo 134,610.90
Rango IV de funcionario-- Mínimo116,999.47 Máximo139,292.02
Junta de Gobierno-- Mínimo158,392.42 Máximo 173,438.20
jueves, junio 21, 2007
Los intereses de HSBC
Omar G. Nieves Cosio
Periódico Express
20 de junio de 2007
En la media noche de este lunes pasado, “Honestidad Valiente A.C.” denunció a través del programa “La verdad sea dicha” la cancelación de la cuenta bancaria que habían abierto en HSBC, para que los simpatizantes del movimiento de resistencia civil pacífica aportaran sus cooperaciones para la causa que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, dicha cancelación no fue promovida por la asociación civil, sino por el propio banco, al considerar que “así convenía a sus intereses”.
No tiene nada de sorprendente que un banco extranjero, y con “intereses” ciertamente capitalistas, le cierre las puertas a un movimiento político nacional que pretende terminar con la especulación y la voracidad agiotista que caracteriza a las instituciones bancarias de nuestro país. Lo que sí resulta repugnante, es que un banco como HSBC –perteneciente al sector privado– se valga de la función social que presta, para servir a “los intereses” del gobierno neoliberal, y que además, sigua cobrando los pagarés del Fobaproa.
Con tal de gratificar el apoyo que Felipe Calderón le hizo a la banca mexicana en 1998 mediante el rescate bancario que todos los mexicanos aún seguimos pagando –12 mil 815 pesos cada uno–, HSBC ha sido capaz de renunciar a una de las funciones por las que fue creado: “captar el ahorro”. Claro que el banco británico no abandonará por completo este importante servicio, pero ahora solo custodiará y administrará el dinero de los más ricos.
Pero seguramente que esta discriminación política tendrá consecuencias adversas para dicho banco. Para empezar, muchos cuentahabientes ya han manifestado su intención de retirar su dinero; y otros aseguran que jamás se les ocurrirá pedir algún tipo de préstamo o financiamiento económico en esta institución bancaria.
Por otra parte, los simpatizantes del Movimiento de Resistencia Civil pacífica ya han estado evaluando la posibilidad de formar e instituir un nuevo banco que sirva a los intereses del pueblo, y que tenga presencia en toda la república mexicana; porque, señalan, “ni modo que abramos una cuenta en el banco de Roberto Hernández –Banamex–”, ó, “ni modo que Ricardo Salinas nos administre el dinero en el Banco Azteca”; “ni siquiera Banorte (que se dice es el único banco mexicano) tiene la autoridad moral para recibir nuestro dinero, porque también fue rescatado con el Fobaproa, y luego compró la cartera vencida de deudores que había acumulado, a un precio mucho menor con el que la entregó al gobierno”.
Sin duda, ahora los “intereses que convienen” a HSBC es servir al gobierno federal; después, poder servir a alguien.
Periódico Express
20 de junio de 2007
En la media noche de este lunes pasado, “Honestidad Valiente A.C.” denunció a través del programa “La verdad sea dicha” la cancelación de la cuenta bancaria que habían abierto en HSBC, para que los simpatizantes del movimiento de resistencia civil pacífica aportaran sus cooperaciones para la causa que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, dicha cancelación no fue promovida por la asociación civil, sino por el propio banco, al considerar que “así convenía a sus intereses”.
No tiene nada de sorprendente que un banco extranjero, y con “intereses” ciertamente capitalistas, le cierre las puertas a un movimiento político nacional que pretende terminar con la especulación y la voracidad agiotista que caracteriza a las instituciones bancarias de nuestro país. Lo que sí resulta repugnante, es que un banco como HSBC –perteneciente al sector privado– se valga de la función social que presta, para servir a “los intereses” del gobierno neoliberal, y que además, sigua cobrando los pagarés del Fobaproa.
Con tal de gratificar el apoyo que Felipe Calderón le hizo a la banca mexicana en 1998 mediante el rescate bancario que todos los mexicanos aún seguimos pagando –12 mil 815 pesos cada uno–, HSBC ha sido capaz de renunciar a una de las funciones por las que fue creado: “captar el ahorro”. Claro que el banco británico no abandonará por completo este importante servicio, pero ahora solo custodiará y administrará el dinero de los más ricos.
Pero seguramente que esta discriminación política tendrá consecuencias adversas para dicho banco. Para empezar, muchos cuentahabientes ya han manifestado su intención de retirar su dinero; y otros aseguran que jamás se les ocurrirá pedir algún tipo de préstamo o financiamiento económico en esta institución bancaria.
Por otra parte, los simpatizantes del Movimiento de Resistencia Civil pacífica ya han estado evaluando la posibilidad de formar e instituir un nuevo banco que sirva a los intereses del pueblo, y que tenga presencia en toda la república mexicana; porque, señalan, “ni modo que abramos una cuenta en el banco de Roberto Hernández –Banamex–”, ó, “ni modo que Ricardo Salinas nos administre el dinero en el Banco Azteca”; “ni siquiera Banorte (que se dice es el único banco mexicano) tiene la autoridad moral para recibir nuestro dinero, porque también fue rescatado con el Fobaproa, y luego compró la cartera vencida de deudores que había acumulado, a un precio mucho menor con el que la entregó al gobierno”.
Sin duda, ahora los “intereses que convienen” a HSBC es servir al gobierno federal; después, poder servir a alguien.
jueves, junio 14, 2007
La Ley del ISSSTE es un regalo a las Afores
Zósimo Camacho
Contralínea
1a quincena de junio de 2007
Los grupos financieros -mayoritariamente de capital trasnacional- que controlan el mercado de capitales en México verán acrecentar sus activos en más de 58 mil millones de pesos cuando, en tres años, comiencen a captar los ahorros de los afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El fondo del Pensionissste cuenta actualmente con más de 58 mil 500 millones de pesos. Las cuentas individuales de los trabajadores podrán ser “recibidas” por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) en 2010, cuando se cumplan tres años de aprobada la reforma que finiquitó el sistema solidario de cuentas.
Los fondos de los trabajadores del apartado B, quienes laboran para las instituciones del Estado mexicano, se sumarán a los 718 mil 146 millones –según cifras de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados– que ya administran las Afores y que provienen de los ahorros de los trabajadores del apartado A, aquellos que trabajan para las empresas privadas. A 10 años de la reforma a la Ley del IMSS, las Administradoras mantienen uno de los cobros por manejo de cuentas más altos del mundo y, al mismo tiempo, otorgan exiguos rendimientos (Fortuna 49).
“En este momento la Ley plantea que lo que los trabajadores han ahorrado en el SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) se pase de manera automática al Pensionissste; pero también contempla que a los tres años de entrada en vigor, los trabajadores podrán cambiarse a cualquiera de las Afores que exista en el mercado”, dice la secretaria de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Rosario Ortiz.
La legisladora agrega que “entonces pasará lo que ya ocurrió con los del IMSS. Las Afores van a lanzar una campaña mediática muy fuerte para ganarse a los trabajadores que están en el Pensionissste. Y como los trabajadores conocemos muy poco acerca del manejo financiero, terminarán otorgando sus ahorros a los grandes grupos empresariales. Esto ya ocurrió anteriormente; hicieron un gasto impresionante en publicidad, pero obtuvieron la administración de los ahorros”.
Los beneficiados
En el actual sistema de pensiones mexicano existen 21 Afores propiedad de igual número de grupos financieros. A pesar de que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha calificado de un “triunfo” la existencia de más de 20 opciones en el mercado de las administradoras de fondos, sólo seis acaparan el 62.5 por ciento del total de las cuentas: Banamex, Bancomer, Inbursa, GNP, Banorte y Principal.
De acuerdo con cifras de la Consar, al mes de marzo de 2007, la Afore Banamex es la que más número de cuentas de trabajadores administra: 5 millones 711 mil 610, lo que representa el 15.1 por ciento del total.
Banamex fue comprado en 2001 al “amigo de Fox” Roberto Hernández por la estadunidense Citigroup Inc., el conglomerado financiero más importante del mundo. La transacción, por 12 mil 500 millones de dólares, se realizó mediante la Bolsa Mexicana de Valores con el objetivo de evitar el pago de impuestos. Banamex fue el banco más favorecido por el Fobaproa. Al momento de la compra, los pagarés del rescate bancario representaban 58 por ciento del valor total del banco.
Aunque la institución bancaria dejó de ser “mexicana”, los dueños estadounidenses conservaron casi sin cambios al grupo directivo de la institución. Al frente se encuentra Manuel Medina Mora, hermano del actual procurador General de la República Eduardo Medina Mora, quien encabezó de 2000 a 2005 el organismo de inteligencia y contrainteligencia civil mexicana, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
La Afore Bancomer administra los ahorros de 4 millones 335 mil 130 trabajadores, el 11.5 por ciento del total de los asalariados en México. La compra total del banco, por parte del grupo financiero español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, se concretó en febrero de 2004 con objeciones del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y el “total respaldo” del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien incluso celebró ante estudiantes de la universidad de Columbia: “México tendrá en breve el primer banco totalmente español en su territorio”.
Hasta 2001 el accionista mayoritario del banco era el gobierno mexicano, quien en junio de ese año inició la venta de sus acciones. La supervisión de la transacción fue considerada “deficiente” por la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de la revisión de la Cuenta Pública 2002.
Incluso, las acusaciones de haber utilizado dinero de procedencia ilícita para la compra de Bancomer le valieron a BBVA la apertura de investigaciones en Estados Unidos y España que concluyeron con el enjuiciamiento de 22 directivos, entre ellos su ex presidente Emilio Ybarra, por el desvío de casi 20 millones de euros a cuentas secretas en Suiza y otros países europeos. En México prevaleció el “respaldo” de Gil Díaz.
Bancomer fue otro de los principales beneficiarios del Fobaproa y actualmente genera el 70 por ciento del total de las utilidades que BBVA obtiene de América Latina y el 28 a nivel global. El directivo designado para encabezar BBVA Bancomer es Ignacio Deschamps González.
Afore Inbursa administra el 9.5 por ciento del total de las cuentas de los trabajadores mexicanos, es decir, 3 millones 597 mil 951. El banco es el brazo financiero del emporio del magnate mexicano y segundo hombre más rico del mundo Carlos Slim Helú, cuyo patrimonio supera los 53 mil 100 millones de dólares, es decir, alrededor del 6.3 por ciento del producto interno de México.
Slim construyó su fortuna sobre la antigua paraestatal Telmex, la cual, ahora en sus manos, mantiene el monopolio del servicio telefónico en el país. Además de Inbursa y Telmex, Slim es dueño, entre otras empresas, de América Móvil y la constructora Ideal.
La Afore Profuturo del Grupo Nacional Provincial posee las cuentas de ahorros de 3 millones 389 mil 462 trabajadores, el 9 por ciento del total. El dueño de este grupo financiero es el segundo hombre más rico del país –con alrededor de 3 mil millones de dólares–, Alberto Bailleres, quien también posee El Palacio de Hierro y la minera Peñoles.
Además, cuenta con la casa de bolsa Valmex y es el “apoyo financiero y guía” de la junta de gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
La Afore de Banorte Generali administra el 8.7 por ciento del total de los fondos de ahorro de los trabajadores, es decir, 3 millones 288 mil 188. Esta administradora fue conformada por el grupo Financiero Banorte, de Roberto González Barrera, y la italiana Assicurazzioni Generali.
Además del grupo financiero, González Barrera es dueño de Maseca. De 1988 a 1991 otorgó préstamos “a la palabra” a Raúl Salinas –hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari–, con quien rompió por adeudos pendientes cuando estuvo en prisión.
Principal Afore, del estadounidense Principal Financial Group, administra 3 millones 290 mil 479 de cuentas de ahorro individuales, alrededor de 8.75 por ciento del total.
Otras Afores que administran más de un millón de cuentas de ahorro de los trabajadores son Santander, del grupo financiero español Santander, con 3 millones 25 mil 319; Siglo XXI, la cual perteneció esporádicamente al propio IMSS y ahora se encuentra en manos del grupo financiero IXE, de Enrique Castillo Sánchez Mejorada, y que actualmente suma alrededor de 2 millones 600 mil cuentas; el británico-hongkonés HSBC, con un millón 767 mil 486 fondos de ahorro; Azteca, de Salinas Pliego, dueño también de Televisión Azteca y Elektra, entre otras empresas, con un millón 254 mil 547 cuentas, y Actinver, de Héctor Madero, con un millón 229 mil 964.
La “quiebra” del ISSSTE
De acuerdo con los impulsores de la reforma, el cambio a la Ley era “necesario e inminente” porque el ISSSTE estaba “quebrado” y no podía hacer frente a los pasivos de pensiones.
“El ISSSTE ya estaba prácticamente en quiebra técnica, pues el déficit en el fondo de pensiones era de 50 mil millones de pesos”, señala Samuel Aguilar Solís, secretario de la Comisión de Seguridad Social.
“A esto se agrega –dice el legislador por el Partido Revolucionario Institucional– que se redujeron los trabajadores en activo y aumentaron los jubilados, no se incrementaron las cuotas obrero patronales y creció la esperanza en el nivel de vida.”
–¿En qué se gastaron los ahorros de los trabajadores?
–En la creación de una gran infraestructura, que es la que existe, y aun cuando se diga que es ineficiente, pues ahí está, y en eso se gastó el ahorro de los trabajadores.
–¿Fue legal el destino que se le dio al dinero?
–Sí, porque la Ley no establecía la individualización de los fondos. Antes, todo estaba en un cajón y lo que subsistía era un pragmatismo total: si había recursos y había una necesidad, se respondía a esa necesidad urgente tomando el dinero de donde había.
Aguilar Solís considera que ni siquiera se puede acusar de “irresponsables” a los anteriores directores del Instituto.
Sin embargo, para la legisladora Rosario Ortiz, la reforma a la Ley del ISSSTE, aprobada el 23 de marzo pasado, tiene como destinatarios los conglomerados financieros “que son los grandes consentidos en el país desde hace cuatro sexenios”.
Los fondos de pensiones de los trabajadores del ISSSTE “finalmente irán a parar a los grandes grupos financieros. Las Afores, propiedad de bancos, en su mayoría trasnacionales, son las principales beneficiarias de la reforma a la Ley de ISSSTE”, concluye la legisladora Rosario Ortiz.
domingo, abril 01, 2007
¿Cuáles son las propuestas del Gobierno Legítimo?
Es importante que la mayor cantidad posible de personas sepa cuáles son las propuestas del Gobierno Legítimo que encabeza el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, por lo cual invito a los visitantes de este blog a estudiar los siguientes textos y a divulgarlos por cualquier medio de que dispongan.
No aumenta ni crea nuevos impuestos la Reforma Fiscal propuesta por el Gobierno Legítimo; promueve, en cambio, eliminar regímenes que permiten eludir impuestos: Di Costanzo
Sitio oficial de internet del Gobierno Legítimo de México
México, Distrito Federal, lunes 26 de marzo de 2007
Conferencia de prensa que ofrecieron los secretarios de la Hacienda Pública, Mario Alberto Di Costanzo Armenta; de Relaciones Políticas, José Agustín Ortiz Pinchetti, y el asesor del Gobierno Legítimo de México, Rogelio Ramírez De La O, para dar a conocer la iniciativa de Reforma Fiscal del Gobierno Legítimo de México
JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI: Buenas tardes señores, les agradecemos su presencia. Vamos a hacer la presentación de una iniciativa muy importante de Reforma Fiscal, que será presentada en las próximas horas, entre mañana y pasado, en la Cámara de Diputados del Congreso federal.
Es una iniciativa muy importante, está vinculada con las declaraciones que hizo ayer el presidente Legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a iniciar nosotros el trámite para que esto pueda presentarse oportunamente en la Cámara de Diputados y les presento al secretario de la Hacienda Pública, Mario di Costanzo que les hará una presentación verbal de la iniciativa, la cual íntegramente se les entregará a ustedes hoy mismo. Gracias.
MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA: Muy buenos días, tal y como lo señaló ayer nuestro Presidente Legítimo el día de hoy estamos presentando ante la opinión pública y ante los medios la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Esto como una propuesta es la posición del Gobierno Legítimo en materia de Reforma Fiscal.
Básicamente la iniciativa busca la derogación del Régimen de Consolidación Fiscal que es un régimen contemplado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por medio del cual los grandes grupos financieros utilizando esta facilidad administrativa han eludido, desde hace mucho tiempo, una cantidad importante de recursos.
El Régimen de Consolidación Fiscal permite que estos grupos consoliden las utilidades y las pérdidas de las empresas de sus grupos y esto les permite reducir una cantidad muy importante de impuestos.
El día de ayer, nuestro Presidente Legítimo estaba dando algunos datos de lo que se deja de recaudar por la existencia de este régimen.
Es importante mencionar que esta práctica, pues ha generado prácticamente un mercado secundario de empresas en quiebra que son utilizadas para eludir impuestos.
De acuerdo a nuestras estimaciones el fisco mexicano deja de recaudar entre 90 y 100 mil millones de pesos anuales por esta práctica.
El segundo punto de la iniciativa que hoy presentamos es relativo a la derogación de la posibilidad de que las empresas utilicen el régimen de depreciación acelerada o la depreciación acelerada, sobre todo en terrenos y en activos.
Esto es otra práctica que se ha utilizado también por muchas empresas, por ejemplo para depreciar inmuebles, lo cual se nos hace absurdo, ya que estos inmuebles pues van ganando precio año con año y estas empresas, pues al utilizar el esquema de depreciación acelerada, ni estimula la inversión y también permite una elusión muy importante de impuestos.
Esto hemos calculado que aproximadamente produce una elusión de entre 45 y 50 mil millones de pesos anuales.
Finalmente, la iniciativa también busca grabar las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, pero operaciones en donde se detectan que son prácticamente o se han prediseñado para eludir impuestos.
Por ejemplo, todo mundo recuerda la operación de Banamex, en donde prácticamente fue una oferta pactada, fue una oferta cruzada de acciones y se utilizó a la Bolsa Mexicana de Valores únicamente para aprovechar las facilidades fiscales de no pagar impuestos.
De esta manera, podríamos resumir que la iniciativa busca la derogación y la modificación de estos regímenes. Sí quiero enfatizar que no necesariamente se están gravando todas las operaciones en bolsa, sino de aquellas que provienen de empresas que tienen baja bursatilidad en el mercado.
Con estas modificaciones estimamos que el fisco mexicano podría recaudar entre 180, 200 mil millones de pesos anuales, que acompañados con el programa de reducción importante del gasto de austeridad republicana, también en el cual ha enfatizado nuestro Presidente Legítimo, le permitiría contar al fisco con aproximadamente 300 mil millones de pesos.
Por eso es que es importante y queremos recalcar que la posición del Gobierno Legítimo es que con estas modificaciones no sería necesario tocar la estructura del IVA, ni mucho menos la aplicación del IVA en alimentos y medicinas o el cambio de tasa cero a exentos para obtener recursos.
Creemos que el Régimen Fiscal mexicano permite estas modificaciones, porque si nosotros vemos los grandes agregados, es decir, si nosotros revisamos el origen de la recaudación, nos damos cuenta de que a pesar de que las empresas contribuyen con la mayor parte del ingreso nacional, es decir, entre 55 y 60 por ciento del ingreso nacional, su contribución al pago de impuestos como porcentaje del PIB es muy similar a la que tienen los asalariados, es decir, los causantes cautivos que contribuyen apenas con entre el 20 y 25 por ciento del ingreso nacional.
Entonces esta desproporcionalidad que hay en la contribución del Impuesto Sobre la Renta se pone de manifiesto al encontrarnos que las empresas recurren a estos regimenes fiscales, pues para la elusión de impuestos.
Nos damos cuenta que por ejemplo los pagos de impuestos de estas empresas, como porcentaje de sus ventas totales, pues son prácticamente insignificantes o por ejemplo con respecto a sus utilidades como es el caso del grupo Bimbo, grupo Alfa.
Yo creo que Rogelio Ramírez de la O les pude dar algunos ejemplos muy concretos de los que hemos detectado en estas prácticas que utilizando, como lo dije anteriormente, estos tres regimenes, pues permiten una elusión y una sangría del fisco muy importante.
Finalmente quiero señalar que esta práctica, pues se vuelve incluso como un elemento que va en contra de la competitividad de las empresas, porque no todas las empresas que existen en el país, tienen la facilidad de recurrir a esta práctica, es decir, solamente los grandes grupos económicos, las famosas holdings son las que utilizan o recurren a estos esquemas y esto pone en desventaja a las pequeñas y medianas empresas que al final del día tienen que contribuir con su 28 por ciento.
Creemos que es una iniciativa muy sólida que es fácilmente verificable con los datos que emite la propia Secretaría de Hacienda y esto seria sólo una parte de lo que nosotros estamos concibiendo como la parte integral de la reforma.
Porque esto habría que añadir, como lo dije anteriormente, pues una eficiencia recaudatoria, no es posible que en este momento el SAT tenga aproximadamente 170 mil millones de pesos de créditos fiscales y recuperables o que tenga 200 mil millones de créditos fiscales controvertidos y que pues únicamente gane cuatro de diez juicios en los que participan.
Adicionalmente, y lo reiteramos esta iniciativa tendría o está complementando un Programa de Austeridad Republicana que ya ha planteado desde los mismos lineamientos del Presupuesto de Egresos para 2007 nuestro Presidente Legítimo y que sería complementar ya toda un esquema de reformas tanto presupuestarias, como fiscales, para que el Estado contará con los recursos necesarios para realizar las inversiones y hacerle frente a las obligaciones que le marca la Constitución.
Creemos que con esto se puede destinar mayor inversión al sector educativo, mayor inversión a PEMEX, mayor inversión a las escuelas, es decir, esto complementaría las posibilidades del Estado mexicano para regresar y para poner una política económica que nos permitiera retornar a la senda del crecimiento.
JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI: Señores si ustedes quieren hacer algunas preguntas, el doctor Di Costanzo y el doctor Rogelio Ramírez de la O, asesor del Gobierno Legítimo con mucho gusto les darán respuesta.
P: ¿Estos 300 mil millones de pesos que contempla esta propuesta, sumando el plan de austeridad, en porcentaje a cuánto equivale, se duplica…?
MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA: Si estamos estimando que con la aplicación de IVA a alimentos y medicinas, el gobierno de Calderón estaba esperando recaudar entre 100 y 125 mil millones de pesos, se puede decir que nuestra propuesta prácticamente duplica la capacidad del Estado o duplica el margen de éste sobre las finanzas públicas.
P: ¿Si se tomaran estas medidas, las empresas tendrían el argumento del despido de trabajadores o de la posible quiebra, habría margen para ello?
MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA: Nuestros análisis revelan que no ha habido una relación directa entre la inversión de esas empresas con la existencia de estos regímenes. Si bien es cierto que es un argumento que siempre se ha utilizado, que es la creación de empleo, las estadísticas señalan que no hay una relación directa.
La mejor prueba es que por ejemplo si tu revisas el crecimiento de estos grupos o de estas personas que salieron en la lista de los millonarios más importantes de la revista Forbes, te das cuenta que sus riquezas, que sus empresas crecieron aproximadamente 48 por ciento, en una economía que apenas creció 4 por ciento y que ha tenido un desempleo constante. Si esto fuese cierto, no tendríamos las cifras alarmantes de desempleo, que se han incluso incrementado en el último año y en el último mes.
Simplemente el dato de la semana pasada, creo que la tasa de desempleo es aproximadamente 4.02 por ciento, cifra superior a la de febrero del año pasado y, por otro lado, estos millonarios prácticamente duplicaron o más bien crecieron en 50 por ciento sus fortunas.
Si tu comparas esto con la recaudación obtenida por parte de las empresas, pues no ha ninguna coherencia, ninguna relación.
ROGELIO RAMÍREZ DE LA O.: Vale la pena enfatizarles que se trata de un proyecto en donde hay que escoger: si ustedes quieren gravar el consumo o quieren gravar el ingreso. Esa es la disyuntiva.
Entonces, si gravan el consumo, tienen que irse por el IVA en medicinas y alimentos y si gravan el ingreso, tienen que irse en donde está el ingreso.
Entonces, la propuesta que se está presentando es una iniciativa que toma una línea definitiva, donde se intenta gravar es en donde más hay. Gravar el consumo, pensamos es muy delicado, porque ya la gente no tiene, entonces gravarles con el IVA en medicinas y alimentos es todavía quitarles más, aunque se pretenda dar un aumento en los programas sociales, a los estratos sociales más bajos de ingresos.
De todas maneras, aún cuando se pudiera compensar a las familias más pobres, de todas maneras nadie va a compensar a la clase media. Lo que queremos tener es una propuesta propia, que sea muy definitiva en qué es lo que persigue y que tenga su diferencia con respecto a las otras propuestas que existen ahorita, como la que se mencionó y que se está manejando, la de IVA en medicinas y alimentos.
Creemos que lo viable es gravar el ingreso, que el ingreso está concentrado precisamente en los grandes contribuyentes, ni siquiera se trata de todas las empresas, ni siquiera son todas las empresas las que utilizan estos mecanismos, sino que se trata de los grandes contribuyentes, donde creemos que hay holgura suficiente para contribuir adecuadamente.
P: ¿En esta iniciativa hay alguna compensación para los empresarios…?
MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA: Bueno, yo no veo por qué tenga que haber una fuga de capitales, porque a un empresario se le pida que contribuya simplemente con lo que siempre ha tenido que contribuir. Es decir, no estamos hablando de incrementar tasas impositivas, no estamos hablando de poner impuestos nuevos, simplemente estamos hablando de eliminar regímenes fiscales que han sido utilizados para eludir impuestos.
Esto, lejos de ir en contra de la competitividad de las empresas, está favoreciendo a que haya una mejor competencia entre ellas, puesto que todas van a tener que contribuir o todas contribuirían de la misma manera; es decir, pagando su 18 por ciento.
Por ejemplo Grupo Alfa que en el 2006, este régimen le permitió eludir aproximadamente mil millones de pesos en impuestos. Esto no es posible que sea realizado por una pequeña y mediana empresa o por la tienda de la esquina o por el pequeño negocio, que contribuye con su 28 por ciento.
Aquí no se le está pidiendo a Grupo Alfa que contribuya con más de lo que la ley establece. Entonces, lejos de fomentar una fuga de capitales, simplemente va a fijar mejores reglas de competencia entre las empresas y no es una práctica que sea única en México.
El régimen de consolidación fiscal ha sido eliminado, no existe en muchos otros países. Entonces, no estamos haciendo nada que sea fuera de lo común.
P: ¿Ya que esto afectaría a las grandes empresas principalmente, se tiene un aproximado de cuántas serían afectadas?
MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA: Yo no las llamaría empresas afectadas. El pago de impuestos es una obligación de los ciudadanos y de las empresas que generan riqueza o que laboran en un país. Entonces yo no le llamaría afectación.
Estas disposiciones alcanzarían a un importante grupo, nosotros hemos visto por algunas publicaciones, por ejemplo de los 500 grupos más importantes del país, estaríamos hablando de esas empresas y de algunas otras más, que a lo mejor no son tan grandes, pero sí llevan a cabo estas prácticas.
Aquí lo que se trata es combatir la elusión fiscal y de mejorar la fiscalización, para que esto permita que se reduzca también la evasión fiscal.
P: ¿Usted dice que son 500 empresas, pero a cuánto asciende lo que no pagan en impuestos, un estimado?
MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA: Nosotros pensamos y lo dice la iniciativa o lo comenté anteriormente, que este régimen permite que el fisco deje de recaudar al año entre 90 y 100 mil millones de pesos.
P: ¿La propuesta incluye medidas para ampliar la base de contribuyentes, que es uno de los talones de Aquiles?
MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA: Nuestra medida lo que hace fundamentalmente es combatir o más bien gravar al ingreso, gravar el ingreso de las empresas, que es donde hemos visto que es donde está la fuente de recaudación.
Lo que sucede es que si esas empresas no pagan ni siquiera la tasa que debieran de pagar, por eso viene la sangría económica de las finanzas públicas.
Ahora bien, sabemos que hay un camino por delante por andar, pero también sabemos que estas tres medidas son de suma importancia para mejorar la recaudación del Estado y para mejorar incluso la competencia entre las mismas empresas.
Muchas gracias.
El reporte de la ASF confirma la validez de la propuesta fiscal de AMLO: Di Costanzo
Israel Rodríguez J.
La Jornada
31 de marzo de 2007
La corrupción en el SAT demuestra que el IVA en alimentos y medicinas no es la solución
La poca recuperación de créditos, por el trato preferencial, dice el funcionario del "gobierno legítimo"
Mario di Costanzo, secretario de la hacienda pública en el "gobierno legítimo" encabezado por Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la existencia de los regímenes fiscales especiales es el talón de Aquiles del sistema tributario en México.
Al efectuar un amplio análisis de los resultados reportados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia de impuestos -dijo-, se fortalece la propuesta de reforma fiscal del "gobierno legítimo" y se manifiesta la negligencia y corrupción en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que la iniciativa de imponer IVA en alimentos y medicinas no es la solución.
Para corroborar lo anterior, Di Costanzo señaló que la ASF concluye que el SAT no llevó a cabo las acciones de combate a la evasión, no elaboró un programa para la operación del servicio fiscal de carrera, y en los procesos de planeación y registro carece de los indicadores asociados a sus metas anuales, que corresponden a las actividades sustantivas que realiza ese órgano desconcentrado, lo que no permite evaluar su desempeño.
Más aún, el informe señala que de 2001 a 2005, el saldo de los créditos fiscales pasó de 27.9 a 35.1 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal, al ascender a casi 496 mil millones de pesos.
En tanto, los préstamos controvertidos, es decir, aquellos que se encuentran en algún litigio, representaron 40.3 por ciento de la cartera de los créditos fiscales totales, al ascender a casi 200 mil millones de pesos, seguidos por los irrecuperables, que se ubicaron en 135 mil millones.
"El propio auditor superior, Arturo González de Aragón, señala que la recuperación de créditos fiscales obtenida durante 2005 fue de sólo 8 mil 522 millones de pesos, lo que representó apenas 1.7 por ciento de la cartera total".
Destacó que en dichos préstamos existe evidencia de corrupción y negligencia de las autoridades hacendarias, ya que se encontró que 298 deudores acumularon 20 mil 717 de esos créditos, esto es, un promedio de 70 cada uno.
También se detectaron 15 contribuyentes con más de 100 cada uno y, de ellos, seis registraron más de 300; en particular, uno acumuló mil 453.
Por tanto -advirtió el funcionario del "gobierno legítimo"-, no existe límite para la determinación de créditos fiscales, y ciertos contribuyentes se han dedicado a omitir obligaciones por largo tiempo, sin que hasta la fecha se haya hecho nada al respecto. "Tres bancos concentraron 780 de éstos, que significan un monto de 28 mil 663 millones de pesos, y además, dichas instituciones fueron rescatadas por el Fobaproa, entre ellos HSBC, BBVA Bancomer y Banamex".
Gana el gobierno sólo 4 de cada 10 juicios
Adicionalmente, el informe de la ASF confirma que el SAT gana sólo cuatro de cada 10 juicios en que participa, por lo que buena parte de los recursos que involucran los créditos fiscales controvertidos se perderán en detrimento del fisco y del Estado.
Di Costanzo Armenta indicó que el otro grave problema del sistema tributario mexicano, y que es revelado por el auditor superior, es el mismo que refuerza de manera contundente la propuesta fiscal del "gobierno legítimo", ya que concluye: "la existencia de tratamientos preferenciales, regímenes especiales y omisiones e imprecisiones en la legislación tributaria propicia la generación de elevados créditos fiscales y explica en alguna medida el bajo coeficiente de recuperación de dichos préstamos por el SAT. Esta situación incide de manera significativa en la baja eficiencia recaudatoria del país".
Di Costanzo recordó que la propuesta del "gobierno legítimo" en la materia busca la desaparición de regímenes especiales, como la consolidación fiscal, eliminando los tratamientos preferenciales que se dan a la adquisición de activos por las empresas, precisamente para evitar que utilicen esa práctica para eludir impuestos. También se propone que las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores paguen gravámenes, ya que en la actualidad están exentas.
La propuesta del "gobierno legítimo" -explicó- permitiría al Estado mexicano contar con un margen adicional de 300 mil millones de pesos (100 mil millones de reducción de gasto y 200 mil millones de ingresos adicionales), lo que permitiría reducir la carga fiscal de Petróleos Mexicanos y expandir la industria petrolera sin necesidad de inversión privada, así como incrementar el gasto en infraestructura social y educativa.
No aumenta ni crea nuevos impuestos la Reforma Fiscal propuesta por el Gobierno Legítimo; promueve, en cambio, eliminar regímenes que permiten eludir impuestos: Di Costanzo
Sitio oficial de internet del Gobierno Legítimo de México
México, Distrito Federal, lunes 26 de marzo de 2007
Conferencia de prensa que ofrecieron los secretarios de la Hacienda Pública, Mario Alberto Di Costanzo Armenta; de Relaciones Políticas, José Agustín Ortiz Pinchetti, y el asesor del Gobierno Legítimo de México, Rogelio Ramírez De La O, para dar a conocer la iniciativa de Reforma Fiscal del Gobierno Legítimo de México
JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI: Buenas tardes señores, les agradecemos su presencia. Vamos a hacer la presentación de una iniciativa muy importante de Reforma Fiscal, que será presentada en las próximas horas, entre mañana y pasado, en la Cámara de Diputados del Congreso federal.
Es una iniciativa muy importante, está vinculada con las declaraciones que hizo ayer el presidente Legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a iniciar nosotros el trámite para que esto pueda presentarse oportunamente en la Cámara de Diputados y les presento al secretario de la Hacienda Pública, Mario di Costanzo que les hará una presentación verbal de la iniciativa, la cual íntegramente se les entregará a ustedes hoy mismo. Gracias.
MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA: Muy buenos días, tal y como lo señaló ayer nuestro Presidente Legítimo el día de hoy estamos presentando ante la opinión pública y ante los medios la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Esto como una propuesta es la posición del Gobierno Legítimo en materia de Reforma Fiscal.
Básicamente la iniciativa busca la derogación del Régimen de Consolidación Fiscal que es un régimen contemplado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por medio del cual los grandes grupos financieros utilizando esta facilidad administrativa han eludido, desde hace mucho tiempo, una cantidad importante de recursos.
El Régimen de Consolidación Fiscal permite que estos grupos consoliden las utilidades y las pérdidas de las empresas de sus grupos y esto les permite reducir una cantidad muy importante de impuestos.
El día de ayer, nuestro Presidente Legítimo estaba dando algunos datos de lo que se deja de recaudar por la existencia de este régimen.
Es importante mencionar que esta práctica, pues ha generado prácticamente un mercado secundario de empresas en quiebra que son utilizadas para eludir impuestos.
De acuerdo a nuestras estimaciones el fisco mexicano deja de recaudar entre 90 y 100 mil millones de pesos anuales por esta práctica.
El segundo punto de la iniciativa que hoy presentamos es relativo a la derogación de la posibilidad de que las empresas utilicen el régimen de depreciación acelerada o la depreciación acelerada, sobre todo en terrenos y en activos.
Esto es otra práctica que se ha utilizado también por muchas empresas, por ejemplo para depreciar inmuebles, lo cual se nos hace absurdo, ya que estos inmuebles pues van ganando precio año con año y estas empresas, pues al utilizar el esquema de depreciación acelerada, ni estimula la inversión y también permite una elusión muy importante de impuestos.
Esto hemos calculado que aproximadamente produce una elusión de entre 45 y 50 mil millones de pesos anuales.
Finalmente, la iniciativa también busca grabar las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, pero operaciones en donde se detectan que son prácticamente o se han prediseñado para eludir impuestos.
Por ejemplo, todo mundo recuerda la operación de Banamex, en donde prácticamente fue una oferta pactada, fue una oferta cruzada de acciones y se utilizó a la Bolsa Mexicana de Valores únicamente para aprovechar las facilidades fiscales de no pagar impuestos.
De esta manera, podríamos resumir que la iniciativa busca la derogación y la modificación de estos regímenes. Sí quiero enfatizar que no necesariamente se están gravando todas las operaciones en bolsa, sino de aquellas que provienen de empresas que tienen baja bursatilidad en el mercado.
Con estas modificaciones estimamos que el fisco mexicano podría recaudar entre 180, 200 mil millones de pesos anuales, que acompañados con el programa de reducción importante del gasto de austeridad republicana, también en el cual ha enfatizado nuestro Presidente Legítimo, le permitiría contar al fisco con aproximadamente 300 mil millones de pesos.
Por eso es que es importante y queremos recalcar que la posición del Gobierno Legítimo es que con estas modificaciones no sería necesario tocar la estructura del IVA, ni mucho menos la aplicación del IVA en alimentos y medicinas o el cambio de tasa cero a exentos para obtener recursos.
Creemos que el Régimen Fiscal mexicano permite estas modificaciones, porque si nosotros vemos los grandes agregados, es decir, si nosotros revisamos el origen de la recaudación, nos damos cuenta de que a pesar de que las empresas contribuyen con la mayor parte del ingreso nacional, es decir, entre 55 y 60 por ciento del ingreso nacional, su contribución al pago de impuestos como porcentaje del PIB es muy similar a la que tienen los asalariados, es decir, los causantes cautivos que contribuyen apenas con entre el 20 y 25 por ciento del ingreso nacional.
Entonces esta desproporcionalidad que hay en la contribución del Impuesto Sobre la Renta se pone de manifiesto al encontrarnos que las empresas recurren a estos regimenes fiscales, pues para la elusión de impuestos.
Nos damos cuenta que por ejemplo los pagos de impuestos de estas empresas, como porcentaje de sus ventas totales, pues son prácticamente insignificantes o por ejemplo con respecto a sus utilidades como es el caso del grupo Bimbo, grupo Alfa.
Yo creo que Rogelio Ramírez de la O les pude dar algunos ejemplos muy concretos de los que hemos detectado en estas prácticas que utilizando, como lo dije anteriormente, estos tres regimenes, pues permiten una elusión y una sangría del fisco muy importante.
Finalmente quiero señalar que esta práctica, pues se vuelve incluso como un elemento que va en contra de la competitividad de las empresas, porque no todas las empresas que existen en el país, tienen la facilidad de recurrir a esta práctica, es decir, solamente los grandes grupos económicos, las famosas holdings son las que utilizan o recurren a estos esquemas y esto pone en desventaja a las pequeñas y medianas empresas que al final del día tienen que contribuir con su 28 por ciento.
Creemos que es una iniciativa muy sólida que es fácilmente verificable con los datos que emite la propia Secretaría de Hacienda y esto seria sólo una parte de lo que nosotros estamos concibiendo como la parte integral de la reforma.
Porque esto habría que añadir, como lo dije anteriormente, pues una eficiencia recaudatoria, no es posible que en este momento el SAT tenga aproximadamente 170 mil millones de pesos de créditos fiscales y recuperables o que tenga 200 mil millones de créditos fiscales controvertidos y que pues únicamente gane cuatro de diez juicios en los que participan.
Adicionalmente, y lo reiteramos esta iniciativa tendría o está complementando un Programa de Austeridad Republicana que ya ha planteado desde los mismos lineamientos del Presupuesto de Egresos para 2007 nuestro Presidente Legítimo y que sería complementar ya toda un esquema de reformas tanto presupuestarias, como fiscales, para que el Estado contará con los recursos necesarios para realizar las inversiones y hacerle frente a las obligaciones que le marca la Constitución.
Creemos que con esto se puede destinar mayor inversión al sector educativo, mayor inversión a PEMEX, mayor inversión a las escuelas, es decir, esto complementaría las posibilidades del Estado mexicano para regresar y para poner una política económica que nos permitiera retornar a la senda del crecimiento.
JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI: Señores si ustedes quieren hacer algunas preguntas, el doctor Di Costanzo y el doctor Rogelio Ramírez de la O, asesor del Gobierno Legítimo con mucho gusto les darán respuesta.
P: ¿Estos 300 mil millones de pesos que contempla esta propuesta, sumando el plan de austeridad, en porcentaje a cuánto equivale, se duplica…?
MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA: Si estamos estimando que con la aplicación de IVA a alimentos y medicinas, el gobierno de Calderón estaba esperando recaudar entre 100 y 125 mil millones de pesos, se puede decir que nuestra propuesta prácticamente duplica la capacidad del Estado o duplica el margen de éste sobre las finanzas públicas.
P: ¿Si se tomaran estas medidas, las empresas tendrían el argumento del despido de trabajadores o de la posible quiebra, habría margen para ello?
MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA: Nuestros análisis revelan que no ha habido una relación directa entre la inversión de esas empresas con la existencia de estos regímenes. Si bien es cierto que es un argumento que siempre se ha utilizado, que es la creación de empleo, las estadísticas señalan que no hay una relación directa.
La mejor prueba es que por ejemplo si tu revisas el crecimiento de estos grupos o de estas personas que salieron en la lista de los millonarios más importantes de la revista Forbes, te das cuenta que sus riquezas, que sus empresas crecieron aproximadamente 48 por ciento, en una economía que apenas creció 4 por ciento y que ha tenido un desempleo constante. Si esto fuese cierto, no tendríamos las cifras alarmantes de desempleo, que se han incluso incrementado en el último año y en el último mes.
Simplemente el dato de la semana pasada, creo que la tasa de desempleo es aproximadamente 4.02 por ciento, cifra superior a la de febrero del año pasado y, por otro lado, estos millonarios prácticamente duplicaron o más bien crecieron en 50 por ciento sus fortunas.
Si tu comparas esto con la recaudación obtenida por parte de las empresas, pues no ha ninguna coherencia, ninguna relación.
ROGELIO RAMÍREZ DE LA O.: Vale la pena enfatizarles que se trata de un proyecto en donde hay que escoger: si ustedes quieren gravar el consumo o quieren gravar el ingreso. Esa es la disyuntiva.
Entonces, si gravan el consumo, tienen que irse por el IVA en medicinas y alimentos y si gravan el ingreso, tienen que irse en donde está el ingreso.
Entonces, la propuesta que se está presentando es una iniciativa que toma una línea definitiva, donde se intenta gravar es en donde más hay. Gravar el consumo, pensamos es muy delicado, porque ya la gente no tiene, entonces gravarles con el IVA en medicinas y alimentos es todavía quitarles más, aunque se pretenda dar un aumento en los programas sociales, a los estratos sociales más bajos de ingresos.
De todas maneras, aún cuando se pudiera compensar a las familias más pobres, de todas maneras nadie va a compensar a la clase media. Lo que queremos tener es una propuesta propia, que sea muy definitiva en qué es lo que persigue y que tenga su diferencia con respecto a las otras propuestas que existen ahorita, como la que se mencionó y que se está manejando, la de IVA en medicinas y alimentos.
Creemos que lo viable es gravar el ingreso, que el ingreso está concentrado precisamente en los grandes contribuyentes, ni siquiera se trata de todas las empresas, ni siquiera son todas las empresas las que utilizan estos mecanismos, sino que se trata de los grandes contribuyentes, donde creemos que hay holgura suficiente para contribuir adecuadamente.
P: ¿En esta iniciativa hay alguna compensación para los empresarios…?
MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA: Bueno, yo no veo por qué tenga que haber una fuga de capitales, porque a un empresario se le pida que contribuya simplemente con lo que siempre ha tenido que contribuir. Es decir, no estamos hablando de incrementar tasas impositivas, no estamos hablando de poner impuestos nuevos, simplemente estamos hablando de eliminar regímenes fiscales que han sido utilizados para eludir impuestos.
Esto, lejos de ir en contra de la competitividad de las empresas, está favoreciendo a que haya una mejor competencia entre ellas, puesto que todas van a tener que contribuir o todas contribuirían de la misma manera; es decir, pagando su 18 por ciento.
Por ejemplo Grupo Alfa que en el 2006, este régimen le permitió eludir aproximadamente mil millones de pesos en impuestos. Esto no es posible que sea realizado por una pequeña y mediana empresa o por la tienda de la esquina o por el pequeño negocio, que contribuye con su 28 por ciento.
Aquí no se le está pidiendo a Grupo Alfa que contribuya con más de lo que la ley establece. Entonces, lejos de fomentar una fuga de capitales, simplemente va a fijar mejores reglas de competencia entre las empresas y no es una práctica que sea única en México.
El régimen de consolidación fiscal ha sido eliminado, no existe en muchos otros países. Entonces, no estamos haciendo nada que sea fuera de lo común.
P: ¿Ya que esto afectaría a las grandes empresas principalmente, se tiene un aproximado de cuántas serían afectadas?
MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA: Yo no las llamaría empresas afectadas. El pago de impuestos es una obligación de los ciudadanos y de las empresas que generan riqueza o que laboran en un país. Entonces yo no le llamaría afectación.
Estas disposiciones alcanzarían a un importante grupo, nosotros hemos visto por algunas publicaciones, por ejemplo de los 500 grupos más importantes del país, estaríamos hablando de esas empresas y de algunas otras más, que a lo mejor no son tan grandes, pero sí llevan a cabo estas prácticas.
Aquí lo que se trata es combatir la elusión fiscal y de mejorar la fiscalización, para que esto permita que se reduzca también la evasión fiscal.
P: ¿Usted dice que son 500 empresas, pero a cuánto asciende lo que no pagan en impuestos, un estimado?
MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA: Nosotros pensamos y lo dice la iniciativa o lo comenté anteriormente, que este régimen permite que el fisco deje de recaudar al año entre 90 y 100 mil millones de pesos.
P: ¿La propuesta incluye medidas para ampliar la base de contribuyentes, que es uno de los talones de Aquiles?
MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA: Nuestra medida lo que hace fundamentalmente es combatir o más bien gravar al ingreso, gravar el ingreso de las empresas, que es donde hemos visto que es donde está la fuente de recaudación.
Lo que sucede es que si esas empresas no pagan ni siquiera la tasa que debieran de pagar, por eso viene la sangría económica de las finanzas públicas.
Ahora bien, sabemos que hay un camino por delante por andar, pero también sabemos que estas tres medidas son de suma importancia para mejorar la recaudación del Estado y para mejorar incluso la competencia entre las mismas empresas.
Muchas gracias.
El reporte de la ASF confirma la validez de la propuesta fiscal de AMLO: Di Costanzo
Israel Rodríguez J.
La Jornada
31 de marzo de 2007
La corrupción en el SAT demuestra que el IVA en alimentos y medicinas no es la solución
La poca recuperación de créditos, por el trato preferencial, dice el funcionario del "gobierno legítimo"
Mario di Costanzo, secretario de la hacienda pública en el "gobierno legítimo" encabezado por Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la existencia de los regímenes fiscales especiales es el talón de Aquiles del sistema tributario en México.
Al efectuar un amplio análisis de los resultados reportados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia de impuestos -dijo-, se fortalece la propuesta de reforma fiscal del "gobierno legítimo" y se manifiesta la negligencia y corrupción en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que la iniciativa de imponer IVA en alimentos y medicinas no es la solución.
Para corroborar lo anterior, Di Costanzo señaló que la ASF concluye que el SAT no llevó a cabo las acciones de combate a la evasión, no elaboró un programa para la operación del servicio fiscal de carrera, y en los procesos de planeación y registro carece de los indicadores asociados a sus metas anuales, que corresponden a las actividades sustantivas que realiza ese órgano desconcentrado, lo que no permite evaluar su desempeño.
Más aún, el informe señala que de 2001 a 2005, el saldo de los créditos fiscales pasó de 27.9 a 35.1 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal, al ascender a casi 496 mil millones de pesos.
En tanto, los préstamos controvertidos, es decir, aquellos que se encuentran en algún litigio, representaron 40.3 por ciento de la cartera de los créditos fiscales totales, al ascender a casi 200 mil millones de pesos, seguidos por los irrecuperables, que se ubicaron en 135 mil millones.
"El propio auditor superior, Arturo González de Aragón, señala que la recuperación de créditos fiscales obtenida durante 2005 fue de sólo 8 mil 522 millones de pesos, lo que representó apenas 1.7 por ciento de la cartera total".
Destacó que en dichos préstamos existe evidencia de corrupción y negligencia de las autoridades hacendarias, ya que se encontró que 298 deudores acumularon 20 mil 717 de esos créditos, esto es, un promedio de 70 cada uno.
También se detectaron 15 contribuyentes con más de 100 cada uno y, de ellos, seis registraron más de 300; en particular, uno acumuló mil 453.
Por tanto -advirtió el funcionario del "gobierno legítimo"-, no existe límite para la determinación de créditos fiscales, y ciertos contribuyentes se han dedicado a omitir obligaciones por largo tiempo, sin que hasta la fecha se haya hecho nada al respecto. "Tres bancos concentraron 780 de éstos, que significan un monto de 28 mil 663 millones de pesos, y además, dichas instituciones fueron rescatadas por el Fobaproa, entre ellos HSBC, BBVA Bancomer y Banamex".
Gana el gobierno sólo 4 de cada 10 juicios
Adicionalmente, el informe de la ASF confirma que el SAT gana sólo cuatro de cada 10 juicios en que participa, por lo que buena parte de los recursos que involucran los créditos fiscales controvertidos se perderán en detrimento del fisco y del Estado.
Di Costanzo Armenta indicó que el otro grave problema del sistema tributario mexicano, y que es revelado por el auditor superior, es el mismo que refuerza de manera contundente la propuesta fiscal del "gobierno legítimo", ya que concluye: "la existencia de tratamientos preferenciales, regímenes especiales y omisiones e imprecisiones en la legislación tributaria propicia la generación de elevados créditos fiscales y explica en alguna medida el bajo coeficiente de recuperación de dichos préstamos por el SAT. Esta situación incide de manera significativa en la baja eficiencia recaudatoria del país".
Di Costanzo recordó que la propuesta del "gobierno legítimo" en la materia busca la desaparición de regímenes especiales, como la consolidación fiscal, eliminando los tratamientos preferenciales que se dan a la adquisición de activos por las empresas, precisamente para evitar que utilicen esa práctica para eludir impuestos. También se propone que las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores paguen gravámenes, ya que en la actualidad están exentas.
La propuesta del "gobierno legítimo" -explicó- permitiría al Estado mexicano contar con un margen adicional de 300 mil millones de pesos (100 mil millones de reducción de gasto y 200 mil millones de ingresos adicionales), lo que permitiría reducir la carga fiscal de Petróleos Mexicanos y expandir la industria petrolera sin necesidad de inversión privada, así como incrementar el gasto en infraestructura social y educativa.
sábado, marzo 31, 2007
Lo legal y lo ético
Rogelio Ramírez de la O*
El Universal
26 de marzo de 2007
Alan Greenspan hizo una distinción en una reciente conferencia ante la Bolsa de Nueva York entre los actos legales de los empresarios y los actos correctos. Si la Bolsa de Nueva York va a ser competitiva, tiene que tener reglamentos flexibles. Para ello necesita "cambiar de un sistema basado en reglas, en donde los empresarios se preguntan ´¿Es esto legal?´, a uno basado en principios en donde se deben preguntar ´¿Es esto lo correcto?´".
Todo lo anterior, ante crecientes quejas de empresarios y financieros por las tediosas y costosas regulaciones conocidas como Sarbanes-Oxley, que tratan de impedir los abusos de directores de empresas contra los accionistas, como secuela de los escándalos de los 90, como el de Enron.
El mismo conflicto entre legalidad y principios fue evidente en el intercambio que sostuvieron el año pasado Roberto Hernández, como ex accionista de Banamex, y Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la Presidencia, cuando el primero reclamó al segundo sus constantes críticas a la venta del banco en 2001 a Citigroup por 12 mil 500 millones de dólares sin el pago de impuestos.
Roberto Hernández insistió en que no se pagaron los impuestos porque era lo "legal", cuando López Obrador insistía en que así no era ética. Muchos empresarios y comentaristas que se sienten ofendidos por aparentes faltas de respeto a la ley condenaron a López Obrador al sugerir su criterio de lo que es ético frente a lo que la ley permite.
En realidad a esos comentaristas les faltó profundidad, pues más que tratarse del criterio de lo ético de una persona, el asunto era una obviedad. También, porque la venta de Banamex, aun sin llegar al pago de impuestos, planteaba un serio problema de procedencia.
Esto porque el banco en ese momento tenía 5 mil millones de dinero público, recibido por el Fobaproa como ayuda para solventar sus créditos incobrables. Venderlo así nomás, sin explicar con amplitud el destino de ese dinero público, era una imprudencia, salvo que al completar la venta los vendedores regresaran a Fobaproa sus 5 mil millones.
En realidad no hay mucho conflicto en esto: como si alguien a quien le prestamos para que el banco no le quite su casa por falta de pago más tarde la vende, obtiene gran utilidad y no nos regresa nuestro dinero.
El hecho de que haya reglas y de que éstas se interpreten de cierta manera para permitir a alguien tomar ventaja de situaciones no cancela el conflicto ético. Más aún, cuando todos sabemos que en asuntos complicados con dinero siempre es posible obtener dictámenes de abogados y contadores como uno los quiera.
Cuando se planean operaciones y se trata de hacerlas caber dentro de la ley, es cuando debe haber un llamado de conciencia. Si el llamado no se lo hace a sí mismo, el empresario, el gobierno y los reguladores están obligados a hacerlo. Si no lo hacen, no están cumpliendo con su obligación.
Los conflictos existen todos los días en los negocios y en el diseño de las políticas públicas. Otro ejemplo lo vemos en Francia, donde Alcatel decidió cambiar su base de investigación y desarrollo a algún otro país, por conveniencia de costos y tecnología.
El problema es que la empresa recibió estímulos fiscales del gobierno francés para investigación y desarrollo. Por ello no le falta razón al candidato a la presidencia, señor Nicolás Sarkozy, quien dice que "si han recibido fondos del Estado para mantener sus actividades en Francia y ahora las quieren mover a otro país, entonces deberían devolver esos fondos".
La cerrazón frecuente de las autoridades de que todo se resuelve sólo con la ley es ingenua e inconveniente, pues en la economía y los negocios siempre hay matices que la ley no logra prever.
Y si queremos cambiar la ley para cerrar todos los huecos y seguir dependiendo sólo de ella, la vamos a hacer cada vez más compleja, más costosa de administrar y vamos a acabar siendo un país de abogados que cuando no está cambiando la ley está discutiendo cómo cambiarla.
Por supuesto, tampoco se trata de desconocer la ley, sino de rescatar los principios de la ética y no confundir acciones vestidas de legales con acciones correctas, cuando hay abusos flagrantes.
La defensa de las sociedades democráticas frente a esos abusos está en el carácter del gobierno y sus reguladores, en su legislatura y en su opinión pública. Si ninguno de éstos cuestiona los actos incorrectos disfrazados de legales, el país se va a seguir descomponiendo y la confianza mutua y el clima de inversión aún más.
La globalización no se lleva bien ni con una pérdida de principios ni tampoco con regulaciones excesivas y complicadas. Menos aún cuando nuestro principal socio es el baluarte del capitalismo que de tiempo en tiempo hace purgas de violadores de principios, como ocurrió en la secuela de Enron.
Gobierno, reguladores y comentaristas tienen entonces que reflexionar sobre la importancia de aplicar principios y ética cuando menos en el mismo nivel en que tratan de aplicar la ley.
Si no les gustan los monopolios, como muchos ahora lo expresan, deben darse cuenta que en lo formal esos monopolios están cumpliendo con la ley y hasta se dan el lujo de ganarles los juicios.
También deben darse cuenta de que no se trata sólo de leyes, pues hay límites para copiar las reglas de una sociedad y medio empresarial como el de Estados Unidos para aplicarlas en México.
Podemos continuar así como vamos, tolerando abusos y rasgando las vestiduras para defender retóricamente la ley y el estado de derecho. Pero por esa vía vamos a perder más competitividad, vamos a tener leyes y reglamentos más complicados y vamos a perder la credibilidad frente a la inversión extranjera.
rograo@gmail.com
* Analista económico.
El Universal
26 de marzo de 2007
Alan Greenspan hizo una distinción en una reciente conferencia ante la Bolsa de Nueva York entre los actos legales de los empresarios y los actos correctos. Si la Bolsa de Nueva York va a ser competitiva, tiene que tener reglamentos flexibles. Para ello necesita "cambiar de un sistema basado en reglas, en donde los empresarios se preguntan ´¿Es esto legal?´, a uno basado en principios en donde se deben preguntar ´¿Es esto lo correcto?´".
Todo lo anterior, ante crecientes quejas de empresarios y financieros por las tediosas y costosas regulaciones conocidas como Sarbanes-Oxley, que tratan de impedir los abusos de directores de empresas contra los accionistas, como secuela de los escándalos de los 90, como el de Enron.
El mismo conflicto entre legalidad y principios fue evidente en el intercambio que sostuvieron el año pasado Roberto Hernández, como ex accionista de Banamex, y Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la Presidencia, cuando el primero reclamó al segundo sus constantes críticas a la venta del banco en 2001 a Citigroup por 12 mil 500 millones de dólares sin el pago de impuestos.
Roberto Hernández insistió en que no se pagaron los impuestos porque era lo "legal", cuando López Obrador insistía en que así no era ética. Muchos empresarios y comentaristas que se sienten ofendidos por aparentes faltas de respeto a la ley condenaron a López Obrador al sugerir su criterio de lo que es ético frente a lo que la ley permite.
En realidad a esos comentaristas les faltó profundidad, pues más que tratarse del criterio de lo ético de una persona, el asunto era una obviedad. También, porque la venta de Banamex, aun sin llegar al pago de impuestos, planteaba un serio problema de procedencia.
Esto porque el banco en ese momento tenía 5 mil millones de dinero público, recibido por el Fobaproa como ayuda para solventar sus créditos incobrables. Venderlo así nomás, sin explicar con amplitud el destino de ese dinero público, era una imprudencia, salvo que al completar la venta los vendedores regresaran a Fobaproa sus 5 mil millones.
En realidad no hay mucho conflicto en esto: como si alguien a quien le prestamos para que el banco no le quite su casa por falta de pago más tarde la vende, obtiene gran utilidad y no nos regresa nuestro dinero.
El hecho de que haya reglas y de que éstas se interpreten de cierta manera para permitir a alguien tomar ventaja de situaciones no cancela el conflicto ético. Más aún, cuando todos sabemos que en asuntos complicados con dinero siempre es posible obtener dictámenes de abogados y contadores como uno los quiera.
Cuando se planean operaciones y se trata de hacerlas caber dentro de la ley, es cuando debe haber un llamado de conciencia. Si el llamado no se lo hace a sí mismo, el empresario, el gobierno y los reguladores están obligados a hacerlo. Si no lo hacen, no están cumpliendo con su obligación.
Los conflictos existen todos los días en los negocios y en el diseño de las políticas públicas. Otro ejemplo lo vemos en Francia, donde Alcatel decidió cambiar su base de investigación y desarrollo a algún otro país, por conveniencia de costos y tecnología.
El problema es que la empresa recibió estímulos fiscales del gobierno francés para investigación y desarrollo. Por ello no le falta razón al candidato a la presidencia, señor Nicolás Sarkozy, quien dice que "si han recibido fondos del Estado para mantener sus actividades en Francia y ahora las quieren mover a otro país, entonces deberían devolver esos fondos".
La cerrazón frecuente de las autoridades de que todo se resuelve sólo con la ley es ingenua e inconveniente, pues en la economía y los negocios siempre hay matices que la ley no logra prever.
Y si queremos cambiar la ley para cerrar todos los huecos y seguir dependiendo sólo de ella, la vamos a hacer cada vez más compleja, más costosa de administrar y vamos a acabar siendo un país de abogados que cuando no está cambiando la ley está discutiendo cómo cambiarla.
Por supuesto, tampoco se trata de desconocer la ley, sino de rescatar los principios de la ética y no confundir acciones vestidas de legales con acciones correctas, cuando hay abusos flagrantes.
La defensa de las sociedades democráticas frente a esos abusos está en el carácter del gobierno y sus reguladores, en su legislatura y en su opinión pública. Si ninguno de éstos cuestiona los actos incorrectos disfrazados de legales, el país se va a seguir descomponiendo y la confianza mutua y el clima de inversión aún más.
La globalización no se lleva bien ni con una pérdida de principios ni tampoco con regulaciones excesivas y complicadas. Menos aún cuando nuestro principal socio es el baluarte del capitalismo que de tiempo en tiempo hace purgas de violadores de principios, como ocurrió en la secuela de Enron.
Gobierno, reguladores y comentaristas tienen entonces que reflexionar sobre la importancia de aplicar principios y ética cuando menos en el mismo nivel en que tratan de aplicar la ley.
Si no les gustan los monopolios, como muchos ahora lo expresan, deben darse cuenta que en lo formal esos monopolios están cumpliendo con la ley y hasta se dan el lujo de ganarles los juicios.
También deben darse cuenta de que no se trata sólo de leyes, pues hay límites para copiar las reglas de una sociedad y medio empresarial como el de Estados Unidos para aplicarlas en México.
Podemos continuar así como vamos, tolerando abusos y rasgando las vestiduras para defender retóricamente la ley y el estado de derecho. Pero por esa vía vamos a perder más competitividad, vamos a tener leyes y reglamentos más complicados y vamos a perder la credibilidad frente a la inversión extranjera.
rograo@gmail.com
* Analista económico.
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