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miércoles, enero 16, 2008

Veintisiete años de la economía en 3 indicadores

Hugo Cervantes
Rebelión
15 de enero de 2008

De 1980 a 2006

1. E
l PODER ADQUISITIVO del salario mínimo oficial (SMO) ha disminuido. El aumento del salario de los trabajadores es el mismo que se le hace al SMO. El SMO es una cantida insuficiente para que el trabajador pueda vivir dignamente, es necesario que sea 3 veces mayor, como mínimo. Si en 1980, con el SMO se compraban 10 despensas alimentarias, en el 2006 solo se podían comprar 3. Esto es reducir el ingreso de los trabajadores asalariados un 70% (Estos valores son en términos reales). Al desencadenarse la inflación se tató de contener con el control de los salarios. Cada año ha sido mayor la inflación que el aumento a los salarios, haciendo que el poder adquisitivo del salario disminuyera hasta la situación actual. Otro descenso del salario se esta presentando con el aumento de precios a la gasolina y al maíz. El control de la inflación mediante el control de los salarios es una sugerencia del FMI (Fondo Monetario Internacional).

La reducción del salario real se traduce en una reducción del consumo (demanda), lo cual hace que disminuya la producción (oferta), y por lo tanto el cierre de empresas y el consecuente desempleo de los trabajadores. Entonces aparece una gran cantidad de trabajadores que ofrecen sus servicios a bajos salarios para poder conseguir un puesto, ante tanta competencia, por el gran desempleo. Esta situación beneficia a las empresas exportadoras, ya que pueden vender productos a un precio bajo.

2. El PIB (producto intreno bruto a precios constantes) o producción total anual del país por habitante, que en el año de 1980 fue de 136 dólares, mientras que en el año 2006 fue de 47 dólares. Es decir, en 1980 se producían 100 despensas por habitante y en el 2006 se produjeron 34 despensas por habitante. Esto significa que ha disminuido la producción (contracción de la oferta). Cabe observar lo parejo que ha sido la disminución del PIB y del SMO.

3. De la BALANZA DE PAGOS del país, que se refiere a las entradas y salidas de dinero por diferentes conceptos, tenemos: El saldo de la cuenta corriente (los renglones mas importantes son las exportaciones, las importaciones y las transferencias de capital como son las remesas y el gasto en servicios turísticos) es negativo, o sea, la salida de dinero es mayor que la entrada. En promedio, anualmente ha salido dinero de más en 9,229 millones de dólares.

El crecimiento de las exportaciones se hace mas difícil ante un competidor como China que tiene mano de obra mas barata que la de México y otorga mejores condiciones para las maquiladoras que México. Por otro lado las importaciones de China, legales como ilegales (contrabando), han crecido y desplazado a productores nacionales, provocando quiebras y desempleo.

La compensación del saldo negativo de la cuenta corriente se hace con el dinero de la cuenta de capital: préstamos del extranjero; inversión extranjera (directa) en los sectores económicos mas rentables (automóviles, centros comerciales, centros turísticos, industria farmaceutica, banca, seguros, etcétera); inversión (de cartera) en la bolsa de valores (principalmente en cetes y otros bonos de deuda interna). Las cifras nos indican que con el saldo de la cuenta de capital se cubre el déficit o saldo negativo de la cuenta corriente.

En la cuenta de capital la deuda externa se ha ido reducido y en cambio ha crecido la inversión directa (actualmente ansiosos de invertir en Pemex y CFE, pero no permiten que se invierta dinero de los fondos de pensiones ahí) y en lo que respecta a la inversión de cartera ha crecido según las necesidades de pagos de intereses y/o de capital del servicio de la deuda externa.

La inversión de cartera también se utiliza para que aparezcan grandes reservas en divisas y dar la impresión de una falsa solidez financiera, como sucedió en los años de 1993 y 1994 con los tesobonos vendidos a fondos de pensiones de Estados Unidos de Norteamérica (EUA) . Falló ello, al no haber suficiente dinero para liquidar los tesobonos cuando vencieron y ademas para poder cumplir con el servicio de la deuda. Entonces EUA avaló préstamos para México, para poder hacer los pagos. A continuación, para atraer dinero del extranjero elevaron las tasas de interés de los cetes, pero esto creó una espiral inflacionaria en el país cuyo resultado fué que muchos deudores de la banca que tenían créditos hipotecarios y de automóviles no pudieran pagar los altos intereses y todo este problema lo enviaron al Fobaproa. El gobierno federal entonces se hace cargo de la deuda de la cartera vencida de los bancos. Pero, los pagos de la deuda se hace con los impuestos de los contribuyente, castigando de esta manera al contribuyente, así como, al acreditado que no pudo pagar los intereses y pierde su mueble o su inmueble que estaba en garantía. Todo lo anterior en defensa de los banqueros.

RESUMEN: A) Los trabajadores reciben actualmente solo una tercera parte de lo que se les pagaba hace 27 años. B) La producción por habitante se ha reducido hasta una tercera parte de lo que se hacía hace 27 años. C) Se está hipotectando el país para pagar la aventura del libre comercio.

CONCLUSIONES: La perversa tendencia económica se auna a la política y a la social, mostrando signos de deterioro, e incrementandose los factores críticos, que pueden desbordarse y desembocar en una nueva crisis como las de 1810 y 1910. Ya que no se observan acciones con muestras claras de estar procurando un cambio de rumbo para salir de la gran crisis que se aproxima.

RECOMENDACIONES:

I.- A las instituciones: crear una cultura de participación para el bienestar. Cancelar la libre importación, protegiendo la producción nacional y detener el inmenso contrabando. Incrementar el salario real, para recuperar la oferta y la demanda nacionales. Reconstruir instituciones como Conasupo, el Seguro Social, Banobras y Nafin que han probaron cumplir con sus objetivos. Entre los grandes servicios de estas instituciones tenemos: Conasupo, servir para contener a los agitistas en el campo y a los avorazados comerciantes, en un caso proporcionando un precio de garantía para los productores del campo y en el otro caso ofreciendo productos de consumo a buen precio. Limpiar y fortalecer las empresas como Pemex (limpiar de funcionarios, lideres y políticos que lo han usado como fuente de recursos para sus propósitos descuidando la conservación y el crecimiento y buen desarrollo de la empresa y actualmente como platillo en venta para los inversionistas extranjeros). Apoyar un verdadero federalismo. El control del gobierno federal a través de los impuestos y de las partidas federales (participaciones) que se distribuyen a los estados y municipios generan una dependencia del gobierno federal. Declararse en moratoria, haciendo ver los beneficios de los prestamistas; sus riesgos; y los costos del país, todo lo anterior en el tiempo, para que consideren el terrible escenario del país de continuar con la actual política económica y social. Lo anterior, entre lo mas importante.

II.- A los individuos, los gremios y los asociados: Respetar las leyes cumpliendolas y hacerlas respetar; crear talleres de difusión del contenido de las leyes, su interpretación y aplicación; prestar apoyo a las causas de los trabajadores y a las víctimas de desastres; colaborar en su agrupación o asociación, a partir del principio de "ayuda mutua y esfuerzo propio"; fortalecer una cultura de preferencia por lo propio sobre lo extranjero; crear talleres de capacitación técnica productiva y administrativa; constituir asociaciones o cooperativas de consumo y producción. Elaborar la demanda de satisfactores para que productores y comerciantes ofrezcan precios. Los grupos de cooperativistas productores hagan lo mismo con la compra de materias primas. Crear bolsas de trabajo; crear cajas de ahorro; crear talleres de capacitación para tramitar asuntos en defensa de derechos: laborales, fiscales, financieros; sobre asuntos penales y asuntos civiles; crear servicios de apoyo de guarderías, pension para ancianos, comedores comunitarios , servicios médicos; grupos promotores del deporte, de la diversión y de festejos. Participar en la limpieza de las calles; participar en acciones para el uso racional del agua; vigilancia ciudadana; formación de equipos deportivos; clubes de lectura; clubes de discusión de problemas, para la acción.

III.- Con el objeto de contar con un vocero a favor del pueblo, del ciudadano, que sea difícil de descalificar por los poderosos: integrar un consejo ciudadano compuesto por personas de reconocida autoridad moral (Carmen Aristegui, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Pablo González Casanova, el jefe con el bastón de mando de los pueblos indios, José Gutierrez Vivó, Lidya Cacho, Gabriel Zaid, Carlos Fuentes, etc.), apoyados gratuitamente por profesionistas, líderes de opinión, peritos de todas las especialidades (abogados, ingenieros, médicos, contadores, economistas, psicólogos, pedagogos, etc). Para hacer el seguimiento puntual de los problemas del país y abusos de los poderes institucionales y fácticos, ya que un ombudsman es muy vulnerable y cuenta con grandes limitaciones de recursos humanos y materiales. Ademas, conviene que organizadamente se aumente el número de ciudadanos que apoyen este proyecto activamente.

Fuentes: Banxico, Nafin, FMI, Conapo.

lunes, noviembre 19, 2007

Discurso de AMLO en la 3a Asamblea Informativa de la CND - 2007/11/18

Discurso de AMLO en la 3a Asamblea Informativa de la CND
Texto y fotografías: Sitio oficial del Gobierno legítimo de México

18 de noviembre de 2007

Se realizarán acciones de resistencia civil y una campaña nacional informativa en la defensa del petróleo: AMLO
México, Distrito Federal

18 de noviembre de 2007


Discurso del Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la Tercera Asamblea Informativa de la Convención Nacional Democrática, en el Zócalo de la Ciudad de México

Amigas y amigos;
Representantes del Gobierno Legítimo de México;
Dirigentes, militantes y simpatizantes de los partidos del FAP;
Miembros de organizaciones sociales;
Ciudadanos todos:

Agradezco sinceramente su participación en esta Tercera Asamblea de la Convención Nacional Democrática.

Celebro que a más de un año del fraude electoral del 2 de julio, se mantenga vigente el espíritu de lucha y la decisión inquebrantable de abolir el régimen de corrupción y privilegios para construir, desde abajo y con la gente, una nueva República, donde lo fundamental sea la felicidad y el bienestar del pueblo y no domine el poder del dinero sobre la dignidad de los mexicanos.
Hoy reitero, aún con mayor firmeza, que las instituciones están secuestradas y al servicio de una minoría rapaz; que la Constitución se viola flagrantemente; que impera la impunidad; que la llamada sociedad política está podrida y que sólo el pueblo puede salvar a la nación.

Para quienes piensan que exageramos, basta recordarles la forma tan cínica en que el presidente espurio ha venido pagando favores y facturas a quienes le ayudaron a cometer el fraude electoral y lo impusieron.

Allí está el caso de la alianza que mantiene Calderón con las cúpulas del PRI a cambio de la impunidad de los gobernadores de Puebla y de Oaxaca; o su contubernio con Elba Esther Gordillo, a quien le entregó prácticamente la Secretaría de Educación Pública, la Lotería Nacional, el ISSSTE y el manejo de los fondos de pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado; o el reciente remate de la empresa pública Aeroméxico, para beneficiar a José Luis Barraza, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial y al grupo de Banamex de Roberto Hernández.

Pero lo que mejor describe a Calderón es su sometimiento servil a quienes, desde el extranjero, imponen la actual política económica que ha llevado a la ruina al país; que ha obligado a millones de mexicanos a emigrar y que mantiene a la mayoría de la población en la pobreza.

La política del gobierno usurpador se orienta exclusivamente a cumplir la agenda del Fondo Monetario Internacional. Por eso se llevó a cabo la reforma a la Ley del ISSSTE, se impuso la llamada reforma fiscal, que no es más que aumentar impuestos a trabajadores, comerciantes y pequeños y medianos empresarios. Y ahora con la llamada reforma energética, se pretende profundizar en la privatización de la industria eléctrica y, sobre todo, lo que más ambicionan: apoderarse del petróleo, que es propiedad del pueblo y de la nación. Como es obvio, es ésta voracidad la que los llevó a consumar el fraude en 2006, a violar el orden constitucional y a dar el golpe de Estado.

De ahí la importancia de haber resuelto entre todos, desde la primera Convención Nacional Democrática, que serían dos las tareas fundamentales de nuestro movimiento: defender la economía popular y el patrimonio de la nación y, al mismo tiempo, trabajar en la organización de la gente para transformar la vida pública del país.

En este marco, les informo que hemos hecho todo lo posible por denunciar y contener la actual política económica antipopular y entreguista. Constantemente hemos señalado que, mientras en lo que va del año, el salario mínimo aumentó en 4 por ciento, los precios, desde la tortilla hasta el pan, pasando por el gas, la gasolina, la luz, el pollo, la leche, la carne y el huevo, se han incrementado en 35 por ciento en promedio. Es decir, los precios de la canasta básica han aumentado 7 veces más que el salario.

Hemos participado en manifestaciones en contra del alza de precios y para exigir un aumento salarial de emergencia; nos opusimos a la reforma a la Ley del ISSSTE y promovimos que se interpusieran alrededor de medio millón de amparos en contra de dicha reforma; estamos participando en la campaña para impedir que se lleve a cabo la entrada en vigor de la cláusula del Tratado de Libre Comercio, que dejará abierta la importación de maíz y frijol del extranjero.

Nuestros legisladores del Frente Amplio Progresista, consiguieron que se apoyara a adultos mayores del país con una pensión alimentaria de 500 pesos mensuales que, aunque todavía es insuficiente, en algo ayuda ante la difícil situación económica y social que se está padeciendo. También, contra el afán de seguir asfixiando económicamente a las universidades públicas, se han conseguido para estas instituciones, donde estudian los más pobres, aumentos presupuestales considerables.

Aquí quiero destacar la actitud consecuente del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubon, quien no sólo ha continuado con la política social de apoyo a los adultos mayores; a madres solteras; a personas con discapacidad; con los programas de atención médica y medicamentos gratuitos; con el establecimiento de escuelas preparatorias; con el apoyo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; con la entrega gratuita de útiles escolares; si no que ha resuelto no aumentar el precio del transporte público; ni de la leche Liconsa en el DF, y ha llevado a la práctica nuevas acciones, como la entrega gratuita de uniformes escolares, el otorgamiento de becas para todos los estudiantes de preparatoria del Distrito Federal y el establecimiento del Seguro del Desempleo.

En contraste, el gobierno usurpador, además de permitir la escalada de precios en los artículos básicos, promovió que los diputados del PRI y del PAN, aprobaran el aumento a la gasolina y al diesel, que originalmente entraría en vigor a partir del mes de octubre, pero que ante las protestas generalizadas, tuvo que posponerse su aplicación para enero próximo.

Aquí aprovecho para exponer que enero será, si no lo impedimos, un mes negro, de carestía, muy difícil para la economía popular, porque se pretenden dar tres golpes al mismo tiempo: el aumento a las gasolinas y al diesel; los aumentos de impuestos por la llamada reforma fiscal y la apertura de las fronteras para la importación de maíz y de frijol que afectará a los productores nacionales.

En consecuencia, les propongo que a partir de ahora, todos expresemos nuestro rechazo por éstas medidas injustas, inmorales y antipopulares, llevando a cabo las acciones acordadas en ésta Asamblea.

Ahora bien, amigas y amigos asambleístas, nuestro movimiento está obligado a jugar un papel de suma importancia ante la inminente decisión del gobierno usurpador y de sus aliados, de entregar el petróleo a extranjeros.

Este propósito entreguista viene de tiempo atrás y explica el por qué, desde 1983, en vez de modernizar la industria petrolera y convertirla en palanca del desarrollo nacional, han optado deliberadamente por arruinarla y tener el pretexto para venderla y convertirla en un negocio privado.

Recordemos que el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río llevó a cabo la expropiación del petróleo, para devolver al pueblo de México esta riqueza que estaba en manos de compañías extranjeras.

Con esta decisión histórica, ese gran estadista, ese presidente patriota, no sólo hizo valer la soberanía nacional, sino que abrió el horizonte a la economía del país. Baste decir que actualmente, a pesar de la corrupción y el mal manejo de la industria petrolera, de cada peso del presupuesto público, 40 centavos provienen del petróleo.

A casi siete décadas de la expropiación, en buena medida, el país se ha desarrollado por el dominio que la nación ejerce sobre el petróleo y de eso depende, en mucho, el futuro de nuestro pueblo.

Sin embargo, en los últimos 25 años, los gobiernos neoliberales, han tratado con saña a las empresas públicas del sector energético, porque –reitero-- siempre han buscado justificar o tener el pretexto para privatizar la industria eléctrica y el petróleo.

Durante este periodo, la política energética ha sido manejada con perversidad y de manera irresponsable. Lo único que les ha importado es vender cada vez más petróleo crudo al extranjero, haciendo a un lado la exploración de nuevos yacimientos y, sobre todo, dejando en el abandono la refinación y la industria petroquímica.

Por más de dos décadas, la exploración de nuevas reservas se redujo a la nada. Desde entonces, prácticamente toda la producción ha dependido de los campos descubiertos en los años 70, sobre todo, del yacimiento de Cantarell en el mar de Campeche y de los pozos en Chiapas y Tabasco.

Con respecto al gas, los tecnócratas nunca dieron la importancia estratégica que llegaría a tener este energético. De 1983 a la fecha, la producción de gas sólo aumentó el 2 por ciento anual; mientras que durante el mismo periodo, la demanda interna por este producto creció a una tasa de más del 4 por ciento.

La peor parte de esta absurda política tecnocrática la han resentido la refinación y la petroquímica. A las empresas vinculadas a estas actividades se les privó de recursos para su expansión y modernización.

Desde hace 25 años no se construye una nueva refinería y por eso estamos importando 300 mil barriles diarios de gasolina, que podríamos estar produciendo en nuestro país, generando empleos para los mexicanos. Es más, es tan absurdo lo que han hecho que este año vamos a comprar gasolina en el extranjero con un valor de 10 mil millones dólares, exactamente lo que costarían las tres refinerías que necesita el país para ser autosuficientes en este combustible.

En suma, el sector energético no ha tenido prioridad en los planes gubernamentales y México se ha convertido en exportador de crudo e importador de productos con mayor valor agregado.

Todo esto nos ha llevado a una gravísima situación de dependencia. Estamos comprando en el exterior la cuarta parte del gas que necesitamos en el país y el 40 por ciento de la gasolina que consumimos.

Por si fuera poco, en México, la electricidad y el gas, le cuestan más al consumidor y al empresario, que en Estados Unidos y que en otros países del mundo.

Ante este panorama y esgrimiendo la falta de recursos económicos para sacar adelante la industria petrolera, y curiosamente ahora, en que el precio del petróleo se acerca a 100 dólares por barril, el gobierno usurpador pretende consumar la fechoría de entregar a extranjeros ésta riqueza de la nación.

Este gran atraco significaría no sólo dejar a México sin la posibilidad de desarrollo futuro, sino perder, tal vez para siempre, nuestra soberanía como país libre e independiente. Para decirlo históricamente: la derecha y sus aliados del PRI nos quieren regresar al porfiriato.

Por ésta razón, informo a ustedes y al pueblo de México, que el día de mañana daremos a conocer un proyecto alternativo para evitar la entrega del petróleo al extranjero y, al mismo tiempo, rescatar y desarrollar esta industria nacional, para convertir a México en una potencia energética.

Estamos en uno de los momentos más críticos para la nación y convoco a todos a reflexionar y a unirnos en el proyecto alternativo para el rescate del sector energético.

El gobierno espurio ha emprendido una ofensiva para desacreditar a Pemex, diciendo que pierde dinero y que no tiene ni recursos ni tecnología para las tareas que enfrenta.

Esto es rotundamente falso. Pemex, a pesar de la corrupción y del mal manejo, genera cada año un gran superávit, antes de impuestos, de 60 mil millones de dólares, más del 6 por ciento del producto interno bruto. Es la empresa más rentable del país (extraer un barril de petróleo nos cuesta 4 dólares y se vende en 70 dólares, fundamentalmente porque no se le paga renta a la naturaleza). Además, Pemex es la segunda petrolera con mayor flujo de efectivo del mundo.

Los impuestos que pagó el año pasado fueron de 60 mil millones de dólares, equivalentes al 38 por ciento del presupuesto del gobierno federal, y a más de tres veces, lo que pagaron de impuestos sobre la renta todas las empresas privadas del país.

Si Pemex no invierte lo suficiente, es porque el gobierno se lo confisca todo. En cuanto a la tecnología, es falso que no se pueda contratar, y lo más importante es que tenemos los técnicos mexicanos para asimilarla y desarrollarla tal como se hizo desde 1938, hasta principios de los años 80. No olvidemos que, contra todos los pronósticos de las compañías extranjeras, Petróleos Mexicanos, en 1938, salió adelante en sus operaciones, como puede lograrlo, con más razón ahora, con casi 70 años de experiencia de nuestros trabajadores y técnicos. Sólo los tecnócratas acomplejados y vende patrias, pueden argumentar que hoy Pemex no puede y que su entrega al sector privado, nacional o extranjero, es la única salvación.

La política de fortalecimiento energético que proponemos, sin apertura al capital privado, ni nacional ni extranjero, implicaría en una primera etapa, invertir con carácter de urgente, 400 mil millones de pesos que se destinarían a la exploración de nuevos campos, al desarrollo de los yacimientos de gas natural, a la perforación de nuevos pozos, a la construcción de tres nuevas refinerías, a la modernización y ampliación de plantas petroquímicas, y al mantenimiento de las instalaciones petroleras.

Como es lógico, la pregunta obligada es ¿de dónde saldría tanto dinero? La propuesta que hacemos es que estos fondos se obtengan de dos maneras: por un lado, proponemos que se reduzca el gasto corriente y de operación del gobierno en 200 mil millones de pesos, en una primera instancia. Esto implica, entre otras cosas, reducir a la mitad el sueldo de los altos funcionarios públicos de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Significaría también suprimir las partidas para el fondo de ahorro especial de los altos funcionarios públicos; suprimir la partida para gastos médicos mayores, también para altos funcionarios públicos, que no van al Seguro Popular ni al ISSSTE ni van alo Seguro Social. Qué vayan a esas instituciones, para que vean lo que se siente y que no tengan atención privilegiada, con médicos privados.

Implica también suprimir pensiones a ex presidentes. No es justo que cada mes del presupuesto nacional, que es dinero de todos, se les estén entregando 5 millones de pesos a Carlos Salinas de Gortari, es decir 60 millones de pesos al año. Que del presupuesto nacional se le den cinco millones de pesos mensuales a Echeverría, cinco millones de pesos mensuales a Ernesto Zedillo, cinco millones de pesos a Miguel de la Madrid y cinco millones de pesos mensuales a ese traidor a la democracia de Vicente Fox.

También deben suprimirse bonos discrecionales para los altos funcionarios públicos; así como muchos otros privilegios con que cuenta la alta burocracia que se ha convertido en una de las castas más favorecidas del mundo.

Aclaro que no proponemos reducir el gasto en inversión ni reducir los sueldos de los trabajadores de base y eventuales ni en obra pública, en educación y salud, ni en programas de apoyo a los más desprotegidos; sino reducir el gasto burocrático y el destinado a la operación del sector público, donde se ha registrado el incremento más cuantioso en los años recientes.

Conviene decir que el gasto corriente del sector público, del año 2000 hasta la actualidad, subió de 714 mil millones de pesos a un billón 466 mil millones; es decir, se duplicó.

Tengamos en cuenta que el presupuesto aprobado para el año próximo será de 2 billones 569 mil millones de pesos. Y nosotros estamos proponiendo un ajuste en el gasto corriente y de operación de 200 mil millones de pesos, que sólo representa el 8 por ciento, monto que se destinaría al fortalecimiento del sector energético.

Por otro lado, proponemos que todo el excedente que se obtenga por encima del precio del petróleo aprobado por la Cámara de Diputados, se invierta en el desarrollo del sector energético.

Para tener una idea del potencial de esta medida, si se mantuviera el precio internacional actual del petróleo por un año, este excedente sería de más de 200 mil millones de pesos.

Al respecto conviene recordar que, como nunca en la historia, durante el gobierno de Fox, el sector público recibió recursos presupuestales del petróleo del orden de 335 mil millones de dólares y tan sólo de excedentes por los precios altos del petróleo, se recibieron 10 mil millones de dólares por año en el trienio de 2004 a 2006.

Y la desgracia fue y sigue siendo, que todo ese dinero, en vez de destinarse a modernizar a Pemex, a promover el desarrollo de México y a garantizar el bienestar del pueblo, se derrochó en beneficio de la alta burocracia o se fue por el caño de la corrupción.

De modo que sí se puede, que sí hay forma de contar con recursos sin cometer la gran traición de entregar el patrimonio del pueblo y de la nación a extranjeros. Sí hay de otra, sí tenemos un proyecto alternativo. Mañana los secretarios y técnicos del gobierno legítimo darán a conocer nuestra propuesta y sus detalles.

De todas maneras, amigas y amigos, no podemos ser ingenuos ante el desafío que tenemos por delante. No podemos atenernos. No podemos atenernos y esperar a que el gobierno usurpador actúe con responsabilidad y anteponga el interés nacional ante las ambiciones de las minorías. Es más, a estas alturas ya resulta evidente que Calderón se ha comprometido a cumplirles a quienes ambicionan el negocio del petróleo y ya están, como siempre, poniéndose de acuerdo las cúpulas del PRI y el PAN para dar línea a sus diputados y senadores, con el propósito de reformar la Constitución o las leyes secundarias que permitan esta felonía, este acto de traición a la patria.

Por eso, les convoco a que desde ahora iniciemos una campaña nacional de información, pueblo por pueblo, colonia por colonia, barrio por barrio, casa por casa y que al mismo tiempo, empecemos a organizar círculos de reflexión y análisis y a recoger propuestas de acciones para la resistencia civil pacífica que impidan cualquier reforma o cualquier maniobra que signifique la entrega del petróleo a extranjeros.

Preparémonos para llevar a cabo acciones de resistencia civil pacífica en todo el país, bajo tres criterios básicos: la no violencia, el no afectar a terceros y poner en práctica medidas eficaces que realmente cumplan con el propósito de mantener el petróleo bajo el dominio de la nación.

Les propongo de manera concreta que se integre, desde ahora, la Comisión Coordinadora para la Defensa del Petróleo encargada de organizar todo este proceso. Les propongo específicamente a las siguientes personas: la maestra Ifigenia Martínez; Claudia Sheinbaum; Jesusa Rodríguez; la diputada por Campeche, Layda Sansores; la senadora por Tabasco, Rosalinda López; Bertha Maldonado “Chaneca”, y Alfredo Jalife.

¿Están de acuerdo?

(LA ASAMBLEA RESPONDE CON UN SÍ)

Estemos atentos y empecemos a trabajar en esta histórica tarea. La comisión nos presentará, en esta plaza pública, un informe de las propuestas que haga la gente, que hagan trabajadores, que hagan especialistas, que hagan intelectuales. Y aquí entre todos decidiremos.
López Obrador convocó a los mexicanos a iniciar una campaña nacional de información que impida cualquier maniobra que signifique la entrega del petróleo; México, Distrito Federal

Si antes no hay necesidad, les propongo que nos volvamos a reunir, como se acordó, el 18 de marzo, en la conmemoración del 70 aniversario de la Expropiación Petrolera; pero si las circunstancias lo exigen, les llamaría con carácter urgente para emprender de inmediato la movilización contra la entrega del petróleo.

No quisiéramos que tuviésemos que enfrentar este desafío. La verdad, se los digo de manera sincera, no me gustaría, pero pensemos en lo que está de por medio. Si se entrega el petróleo ya no tendríamos posibilidad de sacar adelante a nuestro país, porque el petróleo bien manejado se puede convertir en la palanca del desarrollo nacional, lo que no han hecho.

Con el petróleo, bien manejado y manejado racionalmente, podemos generar empleos en nuestro país, podemos impulsar la industrialización de México, podemos llevar a cabo acciones que permitan fortalecer la economía popular, bajando los precios de la gasolina, del gas, de la electricidad.

Teniendo la Nación el petróleo bajo su dominio, tenemos asegurado el futuro para millones de mexicanos. Si se entrega el petróleo o alguna de sus partes, si se entrega la petroquímica, las refinerías o el gas, se rompe con la cadena de valor y no podríamos desarrollar esta industria estratégica en beneficio de nuestro pueblo.

Es un momento difícil el que estamos viviendo, nos va a tocar este desafío, tenemos que enfrentar de manera pacífica, sin violencia, pero con mucha firmeza, porque está de por medio el futuro de las nuevas generaciones, el futuro de nuestros hijos.

¡La Patria no se vende, la Patria se defiende!

Amigas y amigos:

Quiero agradecer a ustedes y a muchos mexicanos más, el apoyo y la solidaridad con el pueblo de Tabasco. Gracias a la generosidad de la gente de todo el país, se manera destacada del Distrito Federal, se han enviado víveres y ayuda a los damnificados, pero, como aquí se dijo, hace falta más.

Por eso los convoco a que sigamos apoyando en la medida de nuestras posibilidades.

También les informo que hace tres días presenté una demanda penal para que se castigue a los responsables de esta tragedia y se reparen los daños de los afectados.

Tenemos todas las pruebas de que estos lamentables hechos ocurrieron, precisamente, por la política privatizadora de la industria eléctrica que sólo busca el afán de lucro sin tomar en cuenta la seguridad de la gente.

Es cierto que llovió bastante y que había luna llena, como aseguran el pelele y su pandilla, pero lo que inundó a Villahermosa y a otras partes del estado, fue que abrieron las compuertas de la presa Peñitas y dejaron caer 2 millones de litros cúbicos por segundo, durante tres días consecutivos.

Todo ello por no generar energía y mantener lleno el vaso de la presa, para dar preferencia a las plantas privadas extranjeras, las cuales ya le venden a la Comisión Federal de Electricidad, violando flagrantemente la Constitución, el artículo 27, que establece que la generación de la energía sólo corresponde al Estado y no se pueden dar concesiones a particulares, sin embargo con esta política privatizadora, la Comisión Federal de Electricidad le compra a estas empresas extranjeras el 31 por ciento de toda la energía que consumimos en el país.

Que quede claro: la tragedia de Tabasco pudo evitarse, aunque sabemos que en México impera la impunidad.

Se presentó esta denuncia ante la Procuraduría General de la República y algunos periodistas, cuando hice el anuncio, me preguntaron: Pero usted dijo que al diablo con sus instituciones y cómo va a acudir ahora a la Procuraduría que es de esas instituciones.

No es ninguna contradicción, lo amerita el caso, la gravedad del asunto. Pero además acudía a la Procuraduría, porque no es la última instancia, es un requisito que se pide para acudir a instancias internacionales, porque voy a llevar este asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Tribunal Internacional de Derechos Humanos

Vamos a exigir justicia.

Asimismo les informo que nuestro movimiento siempre ha estado atento a la violación de los derechos humanos y defendiendo los derechos humanos de las víctimas.

Desde aquí, desde el Zócalo, repetimos: Presos políticos libertad.

Nos hemos sumado al Frente Nacional contra la Represión que promueve, entre otros mujeres y hombres, la muy querida y admirada, doña Rosario Ibarra de Piedra.

Como ustedes saben, he continuado con mi recorrido por todo el país. Hasta ahora he visitado y llevado a cabo asambleas en mil 9 municipios.

Les informo que han aceptado el compromiso de formar parte de este gobierno del pueblo más de un millón 700 mil ciudadanos.

A finales del año próximo, terminaré de recorrer los 2 mil 500 municipios del país y esperamos contar para entonces con la participación de 5 millones de representantes del Gobierno Legítimo de México.
El Presidente Legítimo de México durante su participación en la Tercera Asamblea Informativa de la Convención Nacional Democrática, en el Zócalo de la Ciudad de México; México, Distrito Federal

Ya tenemos este gran movimiento, pero vamos pronto a tener la mejor organización ciudadana que se haya tenido en la historia del país, ¿para qué es esta organización, de la cual forman parte todas y todos ustedes con mucho orgullo? Para defender a nuestro pueblo, para defender el patrimonio nacional y para llevar a cabo la transformación que necesita nuestro país. Para eso es nuestra organización que estamos construyendo desde abajo y entre todos.

Amigas y amigos:

De mis reflexiones íntimas, quiero compartir con ustedes mi optimismo: estoy seguro que más temprano que tarde va a triunfar la causa que estamos defendiendo.

Estoy seguro que con la perseverancia, con la terquedad en la defensa de nuestros principios y con mucha organización, vamos a poder cambiar este país de manera pacífica.

Sí podemos sacar a México del atraso en que se encuentra y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo.

Tenemos dos recursos fundamentales: en primer término, contamos con un pueblo extraordinario, generoso, noble, trabajador, que no está enfermo ni de codicia ni de odio. Un pueblo que no busca venganza, si no justicia.

Un pueblo con una cultura excepcional, que viene de lejos, y de la cual se desprende su enorme vocación de trabajo.

Ahí está el ejemplo de los migrantes, de los que por necesidad se han visto obligados a abandonar el país.

Allá, del otro lado de la frontera, a pesar de todo, han podido salir adelante y ya están enviando cada año remesas a sus familiares por 25 mil millones de dólares.

Nuestro pueblo no es flojo ni indolente, es un pueblo trabajador, pero que padece de la opresión. Cuando nuestro pueblo se libere, cuando levantemos la losa, la lapida, que impide a nuestro pueblo salir adelante, con ese pueblo vamos a sacar adelante a nuestra Nación.

¿Por qué aquí, esos mexicanos, en su tierra, en su patria, no tienen oportunidades? Esto es inaceptable y es motivo de vergüenza.

Esta es una razón más para rebelarnos ante la opresión a la que está sometido nuestro pueblo y liberar su fuerza creadora y su talento para engrandecer a México.

El otro importante recurso que tenemos son nuestras extraordinarias riquezas naturales.

A pesar de que nos han saqueado por siglos, todavía tenemos con que desarrollar al país. Hay petróleo, gas, buenas tierras para la producción agropecuaria, agua, litorales, bosques, selvas y un invaluable patrimonio histórico y cultural.

Todo es cuestión de que estos bienes de la Nación no se queden, como siempre, en unas cuantas manos, sino que se utilicen de manera racional y los beneficios se distribuyan con justicia.

Todo es cuestión de que nuestro país deje de ser de unos cuantos y que haya Patria para todos.

Es inadmisible que, teniendo un pueblo trabajador y valiosos recursos naturales que muchos envidiarían, México sea hoy el país con menos crecimiento económico en toda América Latina y uno de los países con mayor pobreza y desigualdad en el mundo.

Por eso no debemos rendirnos. Debemos seguir insistiendo en la transformación del país, para sacar a nuestro pueblo de la pobreza y de la marginación.

Cuando logremos entre todos esta hazaña, ningún mexicano tendrá la necesidad de emigrar.

Aquí podrán trabajar, progresar, ser felices, aquí donde están sus familias, sus costumbres y sus tradiciones, y nadie, como ahora sucede, verá cancelado su futuro.

El hijo del indígena, el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del productor, el hijo del comerciante, el hijo del profesionista, podrá ascender en la escala social y todos tendremos nuevas, importantes y poderosas razones para vivir, para soñar y para triunfar en este país generoso y fraterno.

¡Viva la Convención Nacional Democrática!

¡Viva el pueblo de México!

¡Viva la nación mexicana!

lunes, octubre 15, 2007

La millonaria pensión de Agustín Carstens

Nancy Flores
Contralínea
Octubre 2a quincena de 2007

En la nómina de pensionados privilegiados del Banco de México, sobresale Agustín Carstens, quien desde 1999 –fecha en que se separó de dicha entidad pública– cobra el salario de un secretario de Estado: 151 mil 500 pesos al mes, que suman casi 2 millones de pesos al año. Según la SHCP, su pago por “pensión vitalicia” fue suspendido desde que asumió la coordinación económica del equipo de Felipe Calderón y se reactivará cuando el Chicago boy deje la Secretaría de Hacienda.

Duro crítico de los pasivos generados por el sistema de pensiones e impulsor de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Agustín Guillermo Carstens Carstens, titular de la Secretaría de Hacienda, mantiene el privilegio de esta seguridad social: el Banco de México (Banxico), encabezado por el priísta Guillermo Ortiz, le paga 1 millón 818 mil pesos anuales por pensión vitalicia.

Según sus datos biográficos, Carstens colaboró 15 años en el banco central, en donde el máximo cargo que desempeñó fue el de jefe de la oficina del gobernador. Además de la pensión vitalicia, al inicio de su carrera laboral el Chicago boy obtuvo dos becas –pagadas con recursos de dicha institución financiera– para estudiar la maestría y el doctorado en la Universidad de Chicago.

Ahora, la pensión vitalicia asciende a 151 mil 500 pesos mensuales, lo que equivale a su salario neto como secretario de Estado, revela el exdiputado Miguel Alonso Raya y confirma la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su área de comunicación social.

De acuerdo con información oficial, el titular de Hacienda ha cobrado estos recursos públicos en 93 ocasiones: de 1999, cuando se retiró del Banxico, al 15 de octubre de 2006, fecha en que asumió la coordinación del área económica del equipo de transición de Felipe Calderón.

La oficina de comunicación social de Hacienda, que negó en definitiva la entrevista con Agustín Carstens, aclara que el Chicago boy suspendió temporalmente este cobro, por tanto volverá a percibir los casi 2 millones de pesos anuales cuando deje la Secretaría.

También reconoce que, de diciembre de 2000 a agosto de 2003, el erario le pagó doble sueldo: además de la pensión, el salario que percibía en calidad de subsecretario de Hacienda, función desde la cual impulsó dar el carpetazo a las investigaciones del Fobaproa-IPAB, generalizar el IVA en todos los bienes y servicios y profundizar la persecución fiscal.

El exdiputado Alonso Raya –quien en la pasada legislatura denunció la pensión prematura que supuestamente se asignó el aún gobernador del banco central, Guillermo Ortiz, y exigió la transparencia en este capítulo– advierte que los dobles salarios pagados con recursos públicos son ilegales.

Además, el perredista califica como injustos estos pagos, pues –explica– los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, que sí aportan de uno a tres salarios mínimos para su jubilación, no van a tener siquiera una pensión mínima garantizada. Por el contrario, acusa, las Afores han hecho el negocio de su vida: de 1997 a la fecha, han ganado 101 mil millones de pesos.

Contradicciones

Señalado a principios de año por negociar con Elba Esther Gordillo, cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la aprobación a la reforma del ISSSTE, el Chicago boy aún cobra la pensión, según Alonso Raya.

Al respecto, Hacienda asegura que “el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, no recibe pago alguno por concepto de la pensión vitalicia a la que tiene derecho, después de haber laborado más de 20 años en el Banco de México y haber cumplido con la edad requerida, toda vez que solicitó la suspensión de los pagos correspondientes desde que fue designado coordinador económico del equipo de transición del entonces presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa”.

No obstante, su historia laboral revela que en términos reales el secretario sólo laboró 15 años en la institución financiera: de 1982 a 1999, con un periodo de excepción entre 1983 y 1985, cuando fue becado por el propio Banxico para estudiar la maestría y el doctorado en Economía, en la Universidad de Chicago.

La primera responsabilidad que ejecutó en el banco central fue la de interno, justo después de graduarse, en 1982, como licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tres años más tarde, ya con grado de doctor, fue nombrado tesorero general.

Con posterioridad, ocupó la Dirección General de Investigación Económica. El máximo escalafón lo obtuvo en 1994 y se trató de la Jefatura de Gabinete de la oficina del gobernador Miguel Mancera Aguayo, mismo que desempeñó hasta fines de 1998.

De acuerdo con los datos biográficos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 1999 y tras su separación del Banxico, Carstens asumió la Dirección Ejecutiva de dicho organismo internacional, en representación de Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.

A inicios del gobierno de Vicente Fox, fue nombrado subsecretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que dejó el 1 de agosto de 2003, para encabezar la Subdirección Gerente del FMI.

Dilapidación de recursos

El dispendio en Banxico respecto de los salarios y pensiones no se ciñe al caso de Agustín Carstens. El gobernador Guillermo Ortiz Martínez y los subgobernadores Roberto del Cueto Legaspi, Everardo Elizondo Almaguer, Guillermo Güémez García y José Julián Sidaoui Dib ganan 173 mil 438 pesos al mes, que suman 2 millones 81 mil pesos anuales, indican sus informes de transparencia. El monto incluye compensaciones por antigüedad, prima vacacional y gratificación.

Los sueldos de altos funcionarios del Banxico superan al del presidente Felipe Calderón, que asciende a 151 mil 969 pesos mensuales, y al del propio secretario de Hacienda, cuya remuneración neta es de 151 mil 473 pesos, monto similar al de su pensión vitalicia.

Otros beneficiados con dicha seguridad social son los expresidentes Ernesto Zedillo y Miguel de la Madrid, indica Alonso Raya. En la lista añade a José Francisco Gil Díaz, Jesús Silva Herzog Flores y Francisco Suárez Dávila.

En el caso de De la Madrid, su secretaria Delia González dice que la millonaria pensión que supuestamente recibe en calidad de expresidente “es un cuento”. Agrega que su jefe no recibe recursos del Banco de México, institución que lo contrató como consultor de gestión financiera en 1960, y cuatro años más tarde lo becó para que cursara una maestría en Administración Pública, en la Universidad de Harvard.

La efímera trayectoria en la institución financiera concluyó a su regreso, en 1965, cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz lo nombró subdirector general de Crédito en la Secretaría de Hacienda. Como jefe de Estado (1982-1988), De la Madrid fue señalado como responsable de la severa crisis económica mexicana. Su sexenio concluyó con la “caída” del sistema electoral que llevó a Carlos Salinas a la Presidencia.

Sobre la supuesta pensión que recibe el exsubsecretario de Hacienda y exgerente de Asuntos Internacionales del Banxico, Suárez Dávila, su equipo de colaboradores indica que “definitivamente no recibe esa pensión vitalicia”.

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el gasto programable incluye una partida de 226 mil 946 millones de pesos para pensiones, cifra que revela un incremento de 6.6 por ciento respecto a 2007, ejercicio en el que ascendió a 212 mil 747 millones de pesos.

Además, indica que el gobierno pagará 101 mil 418 millones de pesos para aportaciones al ISSSTE y subsidios y transferencias a entidades de control directo. Los apoyos presupuestarios, detalla, se invertirán en el pago de pensiones, compensaciones y otras prestaciones del personal de las fuerzas armadas, y las pensiones de trato especial del sistema de retiro de los burócratas.

En la exposición de motivos, dicho proyecto –elaborado por el equipo de Agustín Carstens– señala que el gobierno realizará más acciones para consolidar la reestructuración y mejoramiento de los sistemas de seguridad social y de pensiones actuales, así como su saneamiento financiero.

Tres días después de suspender el pago de su pensión vitalicia, el 18 de octubre del año pasado, Agustín Carstens declaró a la prensa nacional: “Si uno toma en cuenta la deuda, los pasivos contingentes que tiene el gobierno a través del sistema de pensiones, pues sí es una deuda que hay que tomar muy en serio. Preocupa para el largo plazo y por lo mismo tenemos todavía tiempo de enfrentarla, pero hay que empezar a hacerlo ya”.

Banxico viola Ley de Transparencia

Al margen de la Ley de Transparencia, el Banco de México declara confidencial toda la información relacionada con las pensiones vitalicias que entrega a sus exfuncionarios, entre los que destacan Agustín Carstens, Ernesto Zedillo, Miguel de la Madrid y Francisco Gil Díaz.

Para el perredista Miguel Alonso Raya, el Banxico se maneja con mucha discrecionalidad en esta materia. Agrega que las autoridades de la institución financiera se amparan en el secreto fiduciario para evadir la rendición de cuentas. Con este pretexto, dice, el banco central omitió cumplir todos los requerimientos de información que le hizo la Cámara de Diputados en 2005.

En efecto, “los recursos de la Reserva para Pensiones del Personal y del Fondo de Auxilio para Empleados y Funcionarios, debiendo vigilar que las inversiones se encuentren debidamente efectuadas”, se manejan a través de un fideicomiso, revela la única referencia a su sistema de pensiones, contenida en el artículo 26 del Reglamento Interior del Banco de México.

El capítulo de remuneraciones del informe de transparencia sólo dice que el personal de los rangos II, III, IV y los integrantes de la Junta de Gobierno (gobernador y subgobernadores) tienen derecho a “pensiones económicas en especie”.

La opacidad va más allá: la Gerencia de Normatividad del Banco confirma la reserva total de la información sobre pensiones, impuesta por el Comité de Información contra las solicitudes de información hechas por Contralínea.

Esta clasificación –según la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Marván Laborde, y el investigador John Mill Ackerman, especialista en derecho a la información– vulnera la Ley de Transparencia.

“Las pensiones de los funcionarios en retiro se han considerado, a través de varias resoluciones del IFAI, como prestaciones equivalentes a salarios y, por tanto, se debe informar de ellas con la misma claridad y precisión que si se tratase de un sueldo”, explica Marván.

Agrega que “una pensión de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal se recibe si, y sólo si, uno fue un empleado público. Debe entregarse conforme a derecho y existen aspectos fundamentales de rendición de cuentas a la sociedad en materia de gasto público”.

Para John Mill Ackerman, el problema es que los organismos autónomos, entre éstos el Banco de México, son juez y parte: ellos mismos clasifican la información y atienden los recursos de inconformidad y revisión interpuestos por los peticionarios.

Doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mill Ackerman dice que la información de las pensiones no es dato personal. Sin embargo, indica que, tras el último fallo, la única vía que le queda al recurrente es el amparo.

Según el Banxico, “la información concerniente al detalle de las remuneraciones y prestaciones individuales se consideran como datos personales, de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia, en virtud de que se trata de información clasificada como datos personales, los cuales requieren del consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley, cuya difusión, distribución o comercialización se encuentra censurada por la Ley”.

No obstante, el artículo 7, fracción IV, de dicha Ley refiere que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público la remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, mientras que en su fracción IX, establece que es pública “la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución”.

Se entiende, por tanto, que la información relacionada con la pensión vitalicia –otorgada con recursos públicos asignados a esa institución financiera–, a favor de Carstens, Zedillo, Gil Díaz o de cualquier otra persona que hubiera prestado sus servicios al banco central es pública y que no procede la reserva.

Los datos personales susceptibles de ser reservados –indica la Ley de Transparencia– son: “La información concerniente a una persona física identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad”.

De acuerdo con Marván Laborde, “las pensiones con nombres de los pensionados, montos y actualizaciones deberían considerarse como una obligación de transparencia equivalente a sueldos y salarios”.

Para la comisionada del IFAI, la falta de transparencia en este capítulo se puede deber a que no está especificado en las obligaciones del artículo 7. Por ello, dice, “ha habido algunas dependencias y entidades, u otros sujetos obligados, que han intentado la reserva en esta materia”.

Señala que “otros sujetos obligados, para quienes no somos autoridad, pueden discrepar de los criterios del Pleno en la materia. Por eso, considero fundamental que la reforma de la Ley incluya clara e indubitablemente, este aspecto”.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con los funcionarios del Banco de México. Hasta el cierre de esta edición, el área de atención a prensa dijo no tener respuesta.

Dispendio en prestaciones

En el primer equipo del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, hay dos choferes –Graciano Guadarrama y Miguel Ramírez–, cuyo salario es sufragado con recursos públicos. Su vehículo, al igual que el de los cuatro subgobernadores, se adquiere y mantiene con recursos del erario.

Según las finanzas del Banxico, el presupuesto aprobado en el ejercicio 2007 para financiar el capítulo de “recursos humanos” asciende a mil 265 millones de pesos, de los cuales, al segundo trimestre de este año, se han ejercido 690 millones de pesos.

Además de los salarios, que van de 173 mil 438 pesos a 4 mil 713 pesos mensuales, los funcionarios del banco central son beneficiarios de distintas “ayudas”, todas solventadas con dinero de la Hacienda Pública, como “renta de casa”, “impresión de tesis profesional”, “recompensa selectiva anual por desempeño destacado”.

Información del Banco de México revela que los servidores públicos y pensionados, así como sus familiares, tienen derecho a servicios privados de “asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, incluida la dental”. Aclara que “éstas se otorgan en sustitución de las que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social con fundamento en el convenio suscrito de subrogación de servicios”.

En materia de pensiones, el personal del Banxico tiene derecho a “aportaciones mensuales para la constitución de un fondo individual de pensiones por jubilación, incapacidad permanente total, invalidez y muerte”. Además, se autorizan “pagos por defunción” y “gastos funerarios del servidor público o pensionado”.

Respecto de la “ayuda para renta”, la información oficial detalla que “se podrá conceder temporalmente cuando el Banco solicite a un servidor público desempeñar funciones en lugar diferente al de su residencia”.

Otras prestaciones adicionales son los “préstamos a corto, medio y largo plazo (este último para adquisición de casa-habitación) o, en sustitución de los mismos, préstamos especiales para el ahorro, cuyo importe se invierte en el propio Banco.

Los funcionarios también cuentan con “ayuda para despensa” y, en diciembre, “con mercancías acordes con las fiestas de la época (canasta navideña). A criterio del Banco, dicha prestación podrá otorgarse en numerario o en vales de despensa”.

Sobre la “recompensa selectiva anual por desempeño destacado”, aclara que, en ningún caso, ésta puede provocar una remuneración anual superior a la de los miembros de la Junta de Gobierno.

El Banxico también paga una prima por la contratación de un seguro de vida para los trabajadores que están expuestos al riesgo de perder la vida, con motivo de las funciones y actividades propias de sus puestos, y el “sistema de fomento al ahorro”.

Dentro de las ayudas en especie, Banxico ofrece capacitación y adiestramiento para promover el desarrollo y la especialización de las funciones, integrada por cursos internos, becas y becas-crédito”.

Los servidores públicos también son beneficiados con servicio de comedor y defensa y asistencia legal en procedimientos y procesos entablados en su contra, como consecuencia del desempeño de sus funciones y actividades.

Para beneficiar a los gobernadores y subgobernadores que, previamente a su designación no hayan sido sus trabajadores, tendrán un seguro de vida, incapacidad permanente total o invalidez, equivalente a 36 meses de su sueldo, así como a la constitución de un fondo de salud para sufragar gastos médicos.

Otras distinciones incluyen, además de los miembros de la Junta de Gobierno, a los funcionarios de los rangos III y IV, a quienes se les otorga el “servicio de conducción de automóvil y el otorgamiento de préstamos especiales a medio plazo y para constitución de depósitos en el propio Banco”.

Remuneración neta mensual*
(en pesos, para el ejercicio 2007)

Puestos de apoyo administrativo-- Mínimo: 4,713.69 Máximo: 27,563.72

Puestos de apoyo técnico-- Mínimo: 6,439.64 Máximo52,788.65

Puestos dedicados a labores de banca central-- Mínimo6,596.13 Máximo55,804.33

Especialistas en banca central-- Mínimo37,609.20 Máximo97,768.23

Rango I de funcionario-- Mínimo29,888.60 Máximo95,967.91

Rango II de funcionario-- Mínimo53,246.64 Máximo114,553.27

Rango III de funcionario-- Mínimo106,606.37 Máximo 134,610.90

Rango IV de funcionario-- Mínimo116,999.47 Máximo139,292.02

Junta de Gobierno-- Mínimo158,392.42 Máximo 173,438.20

lunes, julio 16, 2007

‘Primer empleo’, fracaso calderonista

Pedro Zamora Briseño
Proceso
16 de julio de 2007

Colima, Col., 16 de julio (apro).- Concebido por la administración de Felipe Calderón como una manera de abatir la desocupación entre los jóvenes y la informalidad, el programa de Primer Empleo exhibe su fracaso al recibir una pobre respuesta de las empresas, denunció Eduardo Rodríguez Oreggia, coordinador del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana (UIA).

Dijo que la participación de las empresas en el programa ha sido baja porque, en su opinión, pelear por un subsidio de un trabajador va acompañado de implicaciones que, a final de cuentas, salen más costosas.

Según el académico, resulta caro para las empresas pequeñas y medianas cumplir con todas las regulaciones fiscales para abrir una nueva plaza que no estaba programada, pues se ha estimado que el cumplimiento de todas las regulaciones incrementa en 60% el costo para el patrón.

Rodríguez Oreggia, quien visitó esta ciudad para participar en una reunión de funcionarios del área de fomento económico, dijo, en entrevista, que también resulta oneroso para las empresas cumplir todas las obligaciones fiscales, por lo que 80% de las pequeñas y microempresas se encuentran en la informalidad, sin registrar a sus trabajadores en el sistema de seguridad social y, en muchos casos, incumpliendo con el pago de impuestos.

“Hay una reforma laboral que no se tomó en cuenta, hay regulaciones fiscales muy complejas, que lo que hacen es que la gente se vaya a la informalidad, y hay programas sociales que también inciden en la informalidad… hay tres dimensiones que no se coordinaron a la hora de pensar en un programa público como el del Primer Empleo”, sostuvo.

Reforma laboral

El investigador de la UIA manifestó que debe hacerse un “ajuste fiscal” encaminado a reducir la informalidad, además que deben acelerarse los trabajos para realizar la reforma laboral, cuyas propuestas son desconocidas para el grueso de la población.

Criticó el hecho de que los programas sociales en materia de empleo se encuentran desligados de cuestiones relativas a la productividad laboral, pues “tienen dimensiones de políticas públicas desenfocadas”.

Eduardo Rodríguez comentó que esta situación es conocida por los gobernantes, pero “es por cuestiones políticas que no hacen una coordinación completa de todo el sistema institucional, se van a lo fácil: sacar un programa nuevo sin tener un estudio metodológico que lo sustente”.

Insistió que lo que hace falta es una reforma integral en los sectores estratégicos, pues por ejemplo “la actual propuesta de reforma fiscal no está enfocada a reducir la informalidad, lo que hace es seguir con distorsiones fiscales que no van a tener un impacto real en la reducción de la informalidad… a lo mejor por algún tipo de componente puede aumentar un poco la recaudación, pero si no va a tener impacto real sobre la informalidad, se va a quedar muy corta”.

Seguro Popular en lugar de IMSS

Refirió también que el Seguro Popular está afectando la formalidad del empleo, pues para evitar los costos de ingresar a los trabajadores al sistema de seguridad social, muchos empleadores les ofrecen inscribirlos en el primero con un consecuente desembolso mucho menor.

“De esta manera –explicó-- tenemos un programa social subsidiado fuertemente de los impuestos federales, con un fin bueno, pero que incide negativamente en los trabajos formales… lo ideal sería que el gobierno se sentara con todos los políticos y dijera ‘aquí lo que conviene es tener un sistema único de seguridad social universal, financiado con todos los impuestos generales’, y de esta forma se corta la diferencia entre formal e informal”.

A juicio de Rodríguez Oreggia, el que haya sistemas de seguridad social tan fraccionados como IMSS, ISSSTE y Pemex, aumenta la desigualdad, pues se están dando beneficios a un grupo muy pequeño, con subsidios provenientes de impuestos que paga toda la población.

Sin cotizantes

Indicó que desde 1999 se ha estancado el número de cotizantes activos en el Seguro Social, lo que significa por una parte que no mejoran las finanzas de los sistemas de seguridad social, y por otra que hay una movilidad muy alta entre los cotizantes activos y los que están en la informalidad.

Remarcó que existe una gran movilidad entre muchos trabajadores que entran y salen del IMSS, los que a la hora de su jubilación no cubren los requisitos y generan que el Estado pague pensiones mínimas que salen de los impuestos generales.

“Entonces el Estado tiene que destinar recursos públicos para pagar pensiones mínimas, cuando esos recursos debían dedicarse a financiar otras cosas, y todo porque a lo largo de la vida laboral de ese trabajador, el Estado no se preocupó por focalizar todas las políticas públicas para reducir esa movilidad”.

Por lo tanto, puntualizó, “estamos pagando un costo muy alto, porque a mayor informalidad, la productividad del país es baja, no hay crecimiento, no hay mejores salarios, no hay empleos formales, la recaudación es baja, y además en el futuro vamos a tener que desviar también de los impuestos para pagar las pensiones mínimas, porque no se arregló todo esto”.

domingo, junio 17, 2007

ISSSTE: ¿qué beneficios, señor Calderón?

Gustavo Leal F.*
La Jornada
16 de junio de 2007

Primeros. En 2004, Manuel Urbina -entonces subdirector general médico del ISSSTE- consideró que el déficit del fondo ascendía a más de 8 mil millones de pesos. A finales de 2006, Enrique Moreno Cueto -entonces director general del instituto- estimó que ese déficit "financiero" sumaba ya 15 mil 250 millones de pesos.

Luego apareció Miguel Angel Yunes, quien, con sólo dos semanas en el cargo, declaró que el fondo médico "empezó a registrar números rojos, por 5 mil millones de pesos" (14 de diciembre, 2006). Pero al apoyar en la Cámara de Diputados la iniciativa de "reforma" calderonista al ISSSTE presumió que esa "firme" propuesta venía acompañada de 8 mil millones de pesos sólo para ese fondo médico y a ejecutarse en una sola exhibición sexenal (16 de marzo).

Lamentablemente, el fraudulento "Seguro Popular" del foxismo -continuado por el cupular Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012 de Calderón junto con su modalidad petit (seguro para los recién nacidos), a pesar de que este ultimo no dispone de recursos y se lo financia con los del "Seguro Popular", sin que hasta el momento el presidente de la Comisión de Salud, el panista guanajuatense Ector Jaime Ramírez Barba, se haya pronunciado al respecto- recibió sólo para el año 2007 la friolera de 26 mil millones de pesos, más de tres veces que el "regalito" que recibirá el ISSSTE ¡en todo el sexenio!

Fue entonces cuando, acosado por los amparos, movilizaciones y protestas contra su impuesta y cara "reforma" (vale 2 billones de pesos, igual a tres Fobaproas, igual a 25 mil millones de pesos adicionales anuales al presupuesto federal en el periodo 2008-2023), Calderón decidió meter las manos.

Con precipitación, falta de tacto hacia las profesiones que se desempeñan en el instituto y mucho desconocimiento, anunció un fantástico programa de 10 imposibles acciones para construir un nuevo ISSSTE y atender, en ¡90 días!, aquello que los gobiernos priístas y panistas previos no han querido atender desde 1982 (18 de mayo).

Como era de esperarse, el fantástico "programita" calderonista fue inmediatamente calificado de "demagogia pura" y recibió respuesta por la pluma de las profesiones -aludidas pero no consideradas- que realmente conocen el penoso estado que le han reservado a los servicios del ISSSTE Zedillo y los directores generales que, con Fox y Calderón, representaron en ese cargo a Elba Esther Gordillo: González Roaro, Moreno Cueto y Yunes. El boletín informativo porta un provocativo título: Las 10 mentiras de Calderón sobre un "nuevo" ISSSTE (Feescop-Zacatecas, CNTE).

Solo faltaba que, ya completamente desbordado, Yunes confirmara sin reparos la naturaleza eminentemente privatizadora de la "reforma" calderonista del ISSSTE: "el instituto podría echar mano de la contratación de servicios privados para cumplir con las propuestas hechas por el Presidente", sostuvo nerviosamente.

Pero para su director de Prestaciones Económicas, el tecnócrata Pedro Vázquez Colmenares, en ¡2009! el déficit del fondo médico, "que asciende a 6 mil millones de pesos anuales, quedará totalmente fondeado".

Como Calderón y Yunes ya quemaron casi 30 de esos 90 "decisivos" días, sin que se advierta mejora alguna, les quedan sólo 60 días. ¿De qué otra fantasía se servirán ahora?

Segundos. La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (que agrupa a mil 500 firmas) solicitó a la Auditoría Superior de la Federación auditar al Turissste debido a que realiza competencia desleal y sin claridad en la contratación de sus proveedores, fundamentalmente agencias y líneas aéreas.

La asociación observa que las cuotas de los trabajadores afiliados al ISSSTE se están empleando para financiar la compra de paquetes turísticos y boletos de avión sin cumplir con el impulso del turismo social. Hoy día, el Turissste atiende a menos de 8 por ciento de los 11 millones de derechohabientes del instituto.

Cerca de 30 dependencias (Sedeso, IFE, SEP y hasta la Presidencia de la República), sostiene, contratan directamente a Turissste para los viajes de sus funcionarios -lo que viola el artículo 134 constitucional-, además de que presta servicios de mala calidad. Las pérdidas para agencias ya alcanzan 2 mil millones de pesos.

Terceros. De acuerdo con Mercer Human Consulting, en noviembre de 2006 México contaba con mil 652 planes privados de pensiones, que movilizan casi 240 mil millones de pesos, 46 por ciento de los cuales se ha puesto en marcha en los últimos cinco años.

De este universo, 72 por ciento de los planes privados son de "beneficio" definido, justo la modalidad que con su "reforma" Calderón les canceló -sin consultarlos siquiera- a 2.4 millones de trabajadores al servicio del Estado, forzándolos a migrar al sistema de cuentas individuales o de "contribución" definida. Sólo 28 por ciento de ellos son de "contribución" definida, como los que Calderón impuso ahora en el ISSSTE. La tendencia está, pues, bien clara. Pero, ¿por qué en el sector privado tampoco compran los "beneficios" que sólo Calderón le ve a las "contribuciones" definidas?

Los ejecutivos de Mercer tienen la respuesta: la clave está, sostienen, en que la comunicación de gobierno y empresas haga conciencia porque "existe una tendencia de migrar hacia los planes de contribución definida, pues la mayoría de las empresas comprenden que los planes de beneficio definido les significan altos costos".

Justamente los "costos" que Calderón traslada a los trabajadores al servicio del Estado. Con su ya abollada "reforma" impuesta, Calderón y sus tecnócratas hacendarios transexenales pueden empezar a reconocerse en el espejo de la suerte que corrió la ley Televisa en la Corte.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

jueves, junio 14, 2007

La Ley del ISSSTE es un regalo a las Afores

Zósimo Camacho
Contralínea

1a quincena de junio de 2007

Las Afores se aprestan a recibir más de 58 mil millones de pesos. Los beneficiarios de la reforma a la Ley del ISSSTE son los mismos grupos financieros trasnacionales que en México cobran las comisiones más altas del mundo.

Los grupos financieros -mayoritariamente de capital trasnacional- que controlan el mercado de capitales en México verán acrecentar sus activos en más de 58 mil millones de pesos cuando, en tres años, comiencen a captar los ahorros de los afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El fondo del Pensionissste cuenta actualmente con más de 58 mil 500 millones de pesos. Las cuentas individuales de los trabajadores podrán ser “recibidas” por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) en 2010, cuando se cumplan tres años de aprobada la reforma que finiquitó el sistema solidario de cuentas.

Los fondos de los trabajadores del apartado B, quienes laboran para las instituciones del Estado mexicano, se sumarán a los 718 mil 146 millones –según cifras de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados– que ya administran las Afores y que provienen de los ahorros de los trabajadores del apartado A, aquellos que trabajan para las empresas privadas. A 10 años de la reforma a la Ley del IMSS, las Administradoras mantienen uno de los cobros por manejo de cuentas más altos del mundo y, al mismo tiempo, otorgan exiguos rendimientos (Fortuna 49).

“En este momento la Ley plantea que lo que los trabajadores han ahorrado en el SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) se pase de manera automática al Pensionissste; pero también contempla que a los tres años de entrada en vigor, los trabajadores podrán cambiarse a cualquiera de las Afores que exista en el mercado”, dice la secretaria de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Rosario Ortiz.

La legisladora agrega que “entonces pasará lo que ya ocurrió con los del IMSS. Las Afores van a lanzar una campaña mediática muy fuerte para ganarse a los trabajadores que están en el Pensionissste. Y como los trabajadores conocemos muy poco acerca del manejo financiero, terminarán otorgando sus ahorros a los grandes grupos empresariales. Esto ya ocurrió anteriormente; hicieron un gasto impresionante en publicidad, pero obtuvieron la administración de los ahorros”.

Los beneficiados

En el actual sistema de pensiones mexicano existen 21 Afores propiedad de igual número de grupos financieros. A pesar de que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha calificado de un “triunfo” la existencia de más de 20 opciones en el mercado de las administradoras de fondos, sólo seis acaparan el 62.5 por ciento del total de las cuentas: Banamex, Bancomer, Inbursa, GNP, Banorte y Principal.

De acuerdo con cifras de la Consar, al mes de marzo de 2007, la Afore Banamex es la que más número de cuentas de trabajadores administra: 5 millones 711 mil 610, lo que representa el 15.1 por ciento del total.

Banamex fue comprado en 2001 al “amigo de Fox” Roberto Hernández por la estadunidense Citigroup Inc., el conglomerado financiero más importante del mundo. La transacción, por 12 mil 500 millones de dólares, se realizó mediante la Bolsa Mexicana de Valores con el objetivo de evitar el pago de impuestos. Banamex fue el banco más favorecido por el Fobaproa. Al momento de la compra, los pagarés del rescate bancario representaban 58 por ciento del valor total del banco.

Aunque la institución bancaria dejó de ser “mexicana”, los dueños estadounidenses conservaron casi sin cambios al grupo directivo de la institución. Al frente se encuentra Manuel Medina Mora, hermano del actual procurador General de la República Eduardo Medina Mora, quien encabezó de 2000 a 2005 el organismo de inteligencia y contrainteligencia civil mexicana, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

La Afore Bancomer administra los ahorros de 4 millones 335 mil 130 trabajadores, el 11.5 por ciento del total de los asalariados en México. La compra total del banco, por parte del grupo financiero español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, se concretó en febrero de 2004 con objeciones del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y el “total respaldo” del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien incluso celebró ante estudiantes de la universidad de Columbia: “México tendrá en breve el primer banco totalmente español en su territorio”.

Hasta 2001 el accionista mayoritario del banco era el gobierno mexicano, quien en junio de ese año inició la venta de sus acciones. La supervisión de la transacción fue considerada “deficiente” por la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de la revisión de la Cuenta Pública 2002.

Incluso, las acusaciones de haber utilizado dinero de procedencia ilícita para la compra de Bancomer le valieron a BBVA la apertura de investigaciones en Estados Unidos y España que concluyeron con el enjuiciamiento de 22 directivos, entre ellos su ex presidente Emilio Ybarra, por el desvío de casi 20 millones de euros a cuentas secretas en Suiza y otros países europeos. En México prevaleció el “respaldo” de Gil Díaz.

Bancomer fue otro de los principales beneficiarios del Fobaproa y actualmente genera el 70 por ciento del total de las utilidades que BBVA obtiene de América Latina y el 28 a nivel global. El directivo designado para encabezar BBVA Bancomer es Ignacio Deschamps González.

Afore Inbursa administra el 9.5 por ciento del total de las cuentas de los trabajadores mexicanos, es decir, 3 millones 597 mil 951. El banco es el brazo financiero del emporio del magnate mexicano y segundo hombre más rico del mundo Carlos Slim Helú, cuyo patrimonio supera los 53 mil 100 millones de dólares, es decir, alrededor del 6.3 por ciento del producto interno de México.

Slim construyó su fortuna sobre la antigua paraestatal Telmex, la cual, ahora en sus manos, mantiene el monopolio del servicio telefónico en el país. Además de Inbursa y Telmex, Slim es dueño, entre otras empresas, de América Móvil y la constructora Ideal.

La Afore Profuturo del Grupo Nacional Provincial posee las cuentas de ahorros de 3 millones 389 mil 462 trabajadores, el 9 por ciento del total. El dueño de este grupo financiero es el segundo hombre más rico del país –con alrededor de 3 mil millones de dólares–, Alberto Bailleres, quien también posee El Palacio de Hierro y la minera Peñoles.

Además, cuenta con la casa de bolsa Valmex y es el “apoyo financiero y guía” de la junta de gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

La Afore de Banorte Generali administra el 8.7 por ciento del total de los fondos de ahorro de los trabajadores, es decir, 3 millones 288 mil 188. Esta administradora fue conformada por el grupo Financiero Banorte, de Roberto González Barrera, y la italiana Assicurazzioni Generali.

Además del grupo financiero, González Barrera es dueño de Maseca. De 1988 a 1991 otorgó préstamos “a la palabra” a Raúl Salinas –hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari–, con quien rompió por adeudos pendientes cuando estuvo en prisión.

Principal Afore, del estadounidense Principal Financial Group, administra 3 millones 290 mil 479 de cuentas de ahorro individuales, alrededor de 8.75 por ciento del total.

Otras Afores que administran más de un millón de cuentas de ahorro de los trabajadores son Santander, del grupo financiero español Santander, con 3 millones 25 mil 319; Siglo XXI, la cual perteneció esporádicamente al propio IMSS y ahora se encuentra en manos del grupo financiero IXE, de Enrique Castillo Sánchez Mejorada, y que actualmente suma alrededor de 2 millones 600 mil cuentas; el británico-hongkonés HSBC, con un millón 767 mil 486 fondos de ahorro; Azteca, de Salinas Pliego, dueño también de Televisión Azteca y Elektra, entre otras empresas, con un millón 254 mil 547 cuentas, y Actinver, de Héctor Madero, con un millón 229 mil 964.

La “quiebra” del ISSSTE

De acuerdo con los impulsores de la reforma, el cambio a la Ley era “necesario e inminente” porque el ISSSTE estaba “quebrado” y no podía hacer frente a los pasivos de pensiones.

“El ISSSTE ya estaba prácticamente en quiebra técnica, pues el déficit en el fondo de pensiones era de 50 mil millones de pesos”, señala Samuel Aguilar Solís, secretario de la Comisión de Seguridad Social.

“A esto se agrega –dice el legislador por el Partido Revolucionario Institucional– que se redujeron los trabajadores en activo y aumentaron los jubilados, no se incrementaron las cuotas obrero patronales y creció la esperanza en el nivel de vida.”

–¿En qué se gastaron los ahorros de los trabajadores?

–En la creación de una gran infraestructura, que es la que existe, y aun cuando se diga que es ineficiente, pues ahí está, y en eso se gastó el ahorro de los trabajadores.

–¿Fue legal el destino que se le dio al dinero?

–Sí, porque la Ley no establecía la individualización de los fondos. Antes, todo estaba en un cajón y lo que subsistía era un pragmatismo total: si había recursos y había una necesidad, se respondía a esa necesidad urgente tomando el dinero de donde había.

Aguilar Solís considera que ni siquiera se puede acusar de “irresponsables” a los anteriores directores del Instituto.

Sin embargo, para la legisladora Rosario Ortiz, la reforma a la Ley del ISSSTE, aprobada el 23 de marzo pasado, tiene como destinatarios los conglomerados financieros “que son los grandes consentidos en el país desde hace cuatro sexenios”.

Los fondos de pensiones de los trabajadores del ISSSTE “finalmente irán a parar a los grandes grupos financieros. Las Afores, propiedad de bancos, en su mayoría trasnacionales, son las principales beneficiarias de la reforma a la Ley de ISSSTE”, concluye la legisladora Rosario Ortiz.

lunes, mayo 14, 2007

Las demandas contra el ISSSTE (jubilaciones y pensiones modificadas)

Álvaro Cepeda Neri
Columna Conjeturas
Ecos de la costa
14 de mayo de 2007

I.- Parecía que los trabajadores, al servicio de la burocracia del gobierno federal en sus tres áreas: judicial, legislativa y ejecutiva, dentro de los cuales están, también, los maestros de la CNTE y del SNTE, no iban a reaccionar ejerciendo sus derechos, como ciudadanos y trabajadores, contra las modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

II.- No ha sido así. Con todo y el divisionismo del sindicalismo más o menos independiente que con todo, partió, cuando menos en dos al antiguo sindicalismo oficial del priísmo, han empezado sus integrantes con sus dirigentes a salir a la calle para protestar, ya que los diputados federales del PRI, PAN, Alianza Social y el Verde Ecologista, sin consultar a sus representados, decidieron modificar la ley para reducir las conquistas laborales.

III.- La descapitalización a varias instituciones y empresas del gobierno (IMSS, Pemex, ISSSTE y las empresas eléctricas) por la vía de que Hacienda les sustrae todas sus ganancias, ha ido quebrándolas y todo con la mira de privatizarlas e incluso desaparecerlas, para continuar con el programa del neoliberalismo económico, punta de lanza del capitalismo salvaje y de rapiña.

IV.- Ese robo por parte de Hacienda, para canalizar esos recursos al gasto corriente o sea el pago de nóminas de los altos funcionarios es, pues, para apropiarse, de los cuantiosos recursos petroleros, de la CFE y Luz y Fuerza del Centro. Por otra parte, en cuanto al IMSS y el ISSSTE, como el resto de ese sector paraestatal, son víctimas de la corrupción o sea el robo a sus finanzas por las mafias políticas que las administran.

V.- Nada ha dañado tanto el manejo de los dineros del pueblo en esas instituciones, como el saqueo del propio gobierno y sus funcionarios en lo individual. Y han dejado que los despojos continúen, porque de esa manera los organismos llegan a presentar lo que se llama quiebra técnica que requieren subsidios. Este cuadro lo presentan como instituciones insostenibles y las venden o sacrifican a los trabajadores.

VI.- En el IMSS las recientes contrarreformas, puesto que dañan a los afiliados que reciben sus servicios, sobre todo médicos (cada vez más ineficientes) de paso dañaron a sus propios trabajadores. En el ISSSTE, al bajar pensiones y jubilaciones y exigir más años de labores, fastidiaron a sus afiliados. La administración calderonista (negociando en lo oscurito, a cambio de no sabemos qué cosas, con el PRI, PVEM y Panal) por medio de su partido de Acción Nacional, logró reducir las conquistas de los trabajadores.

VII.- Por eso es que las cúpulas de los sindicatos (insisto: más o menos independientes) advirtieron al gobierno federal que movilizarían a sus compañeros de lucha laboral. Tras de, más que festejar, recordar el uno de mayo como el Día del Trabajo, al día siguiente, por todo el país, maestros, obreros y empleados lograron activar al movimiento social de los asalariados y demostraron su fuerza colectiva. Y protestaron, mientras a la par individualmente se presentaron en los juzgados.

VIII.- Los solicitantes de la protección judicial federal, fueron a presentar cientos de miles de demandas de amparo contra la Ley del ISSSTE, como recurso para tratar de impedir que surta sus efectos la citada legislación. La cifra de amparos, se calcula, llegará a más de un millón y los jueces, si han de apoyar al gobierno y ratificar el daño a los trabajadores, tendrán que retorcer los pseudoargumentos y fallar, negando el amparo, de manera antirrepublicana y antidemocrática.

IX.- E incluso esos fallos, perjudicando a los trabajadores, incurrirán en supuestos anticonstitucionales, lo que permitirá a los demandantes recurrir a las funciones y facultades de constitucionalidad de la Suprema Corte, para impugnar resoluciones que ratifiquen las modificaciones a la Ley del ISSSTE. Así que el pleito judicial tiene sus pros y sus contras, ya que los tribunales no tienen más que una alternativa.

X.- Y como toda alternativa, ésta tiene dos opciones: contra los trabajadores o con ellos. Obviamente en la cúpula los gobernantes no defienden los intereses de los gobernados, sino de ellos. Es la famosa “ley de hierro de la oligarquía”. Pero los trabajadores apenas se están activando para defender sus derechos y sus conquistas sociales. Protestar y recurrir a los tribunales son recursos democráticos que la Constitución otorga a los mexicanos.

cepedaneri@prodigy.net.mx

jueves, marzo 22, 2007

El Director General del IMSS, enemigo de los trabajadores sindicalizados

Dr. Rubén A. Durán Cachón
Grupo MSN De política y cosas peores
21 de marzo de 2007

No puede entenderse de otro modo. La razón por la que el espurio Felipe Calderón le dio la Dirección General del IMSS a Juan Molinar Horcasitas es por el evidente repudio que mantiene en contra de la clase trabajadora, y en especial, contra los sindicalizados del Instituto.
No es cuestión de suposiciones ni de chismes políticos, sino que hay pruebas evidentes para hacer esta afirmación: el susodicho publicó el 24 de marzo de 2004 en el periódico “El Universal”, siendo en ese entonces diputado federal, un depredador artículo titulado “Salvemos al IMSS” en el que ataca febrilmente las conquistas del Contrato Colectivo de Trabajo, denostando a los trabajadores a quienes señala prácticamente como los promotores de la quiebra del país.
En la publicación mencionada, sin la debida objetividad, acusa al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de ser el causante de la bancarrota financiera del IMSS y de poner en riesgo la viabilidad de la Institución, lo que según sus propias palabras: “es inaceptable, ningún sindicato mínimamente responsable debería pensar en anteponer, de una manera tan irresponsable y mezquina sus intereses egoístas sobre los de la población mexicana a la que sirve”.
Yo le preguntaría al Director de IMSS ¿A que intereses mezquinos y egoístas se refiere? Los trabajadores sindicalizados laboran incansablemente por la salud y la seguridad social, en jornadas intensas de trabajo llenas de responsabilidades, y no pocas veces haciendo milagros e improvisaciones por falta de los recursos óptimos para su ejecución, por lo que reciben un salario cuyo monto máximo (el de un médico especialista con más de 20 años de trabajo) es alrededor de $ 22,000 pesos mensuales netos, y mínimo para otras categorías de $ 5,000 pesos.
Al señor Molinar Horcasitas se le olvidó que él, como diputado federal, devengó un salario probablemente 10 veces mayor que el que reciben en promedio los sindicalizados del IMSS, y que buen número de funcionarios públicos perciben sueldos escandalosos, como los de Ministros de los diversas Cortes Jurídicas de la Nación cuya remuneración con prestaciones rebasan los $ 500,000.00 mensuales y que con tan sólo 6 años laborar se les recompensa con una pensión en cantidades proporcionales a su sueldo en activo.
Molinar Horcaditas también señaló que al cumplir 27 años de antigüedad laboral, los trabajadores pueden jubilarse a los 45 años y que la institución tendrá que pagarles su jubilación por más años que los que trabajaron. Si bien, en el caso de las mujeres que se jubilan a los 27 años de antigüedad laboral sería posible, esto corresponde a sólo un número mínimo de trabajadores de las categorías de menores rangos en el escalafón, pues siendo el IMSS una institución que presta servicios especializados, el grueso de su flota laboral está integrado por profesionistas con carrera universitaria ( y en el caso de los médicos y enfermeras, con estudios de postgrado) que les lleva para obtener el título un tiempo de 21 a 25 años de estudios si no tuvieron ningún tropiezo, por lo que, suponiendo que hubieran iniciado la educación primaria a los 7 años, su edad al culminar sus estudios estaría entre 28 y 32 años, lo que representa en promedio, después de 28 años de laborar, una edad de jubilación entre 56 y 60 años, considerando que ingresaran al IMSS inmediatamente después de graduarse, lo que no sucede la mayoría de los casos.
Perversamente, en el artículo en cuestión, Molinar Horcasitas señaló que la pensión de los trabajadores sindicalizados es 8 veces mayor que la de los trabajadores que lo sostienen, afirmando textualmente que “los trabajadores del IMSS son los verdaderos dueños y clientes de la Institución, y que ese desequilibrio es moralmente ofensivo”.
Yo sostengo que esta es una afirmación perversa por que no se puede comparar el sueldo (y por tanto la percepción económica de sus pensiones) de obreros, albañiles, empleados y de otras categorías no especializadas, con la de médicos, enfermeras, psicólogos, contadores, ingenieros y técnicos que laboran en el Instituto, y que por tanto es obvio que sus salarios y pensiones sean mayores, pero aún así resultan equilibradamente proporcionales, a diferencia de los salarios de funcionarios públicos y las de cualquier trabajador que son abismales. Es por lo tanto absurda y facciosa tal comparación.
No cabe duda, Molinar Horcaditas, como firme militante de la ultraderecha panista, demostró su verdadera vocación de “insurgente neoliberal” en contra de las modestas conquistas laborales del SNTSS, y lo que verdaderamente resultó risible y absurdo fue la afirmación que hizo que “de seguir el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de IMSS como está, en unos años más las cuotas de DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL PAIS tan sólo servirán para pagar los privilegios de la aristocracia sindical”. Esto hace pensar que el Director del IMSS desconoce las cuatro operaciones fundamentales que se enseñan en la primaria: suma, resta, división y multiplicación, pues de otro modo no nos explicamos como pudo emitir tan absurda tesis.
También olvidó el ex diputado federal que las “malas”condiciones económicas del país en los últimos años fueron causadas por el brutal saqueo a las arcas nacionales por gobernantes del PRI y del PAN, y por el oprobioso fraude a la nación llamado FOBAPROA (ahora IPAB) que se realizó con el consentimiento de su partido, el PAN, y para la amortización de esta deuda se fugan hoy buena parte de los ingresos petroleros y del PIB, pero de ello prefiere no hablar.
Aunque hay más disparatadas afirmaciones en el artículo mencionado, los invito mejor a leerlo completo a través de Internet buscando en la hemeroteca de “El Universal” la edición del día 24 de marzo de 2004. El artículo lleva el título de “Salvemos al IMSS”.
Lo anteriormente expuesto nos lleva a reflexionar. ¿Por qué Felipe Calderón le dio a Molinar Hocasitas la dirección de IMSS? ¿Será porque el presidente quiere mucho a sus trabajadores? Bueno, que cada quien saque sus propias conclusiones.
Por último, esperemos que los delegados nacionales y seccionales del SNTSS que acudirán al próximo Consejo Nacional a celebrarse los días 2 y 3 de abril en la ciudad de México, se fajen bien los pantalones y no cedan a la pretensión de modificaciones que intentará hacer el gobierno de la “derecha” a nuestro RJP, pues los recientes cambios retrógrados en contra de los trabajadores del ISSSTE, impulsado por su director general Miguel Angel Yunes, que van a aprobar los diputados y senadores del PAN, con la complicidad infamante del PRI, han prendido focos rojos para todos los trabajadores sindicalizados del país.
¡Que lo sepan bien nuestros dirigentes sindicales, en nuestro CCT los trabajadores no aceptaremos “ningún paso atrás”!

dr_rubenduran@hotmail.com