Aeroméxico, rematada

León Bendesky
La Jornada
22 de octubre de 2007

La privatización de las líneas aéreas que quedaron entre los activos del IPAB, es decir, de la nación, luego de la crisis financiera de fines de 1994 acabó de manera atropellada. Ese rasgo parece ser típico de las operaciones para vender los activos nacionales en ese organismo en más de una década, tras su creación para sustituir al fallido Fobaproa.

No ha podido el IPAB ni tampoco el gobierno federal hacer la transacción de Aeroméxico, sin generar discusión y suspicacias. La sospecha sobre las operaciones de privatización era la norma cuando se hacían en la opacidad del viejo régimen político controlado por el PRI, regido por la discrecionalidad del ejercicio del poder y la ausencia prácticamente completa de rendición de cuentas.

La sospecha en el quehacer público no ha desaparecido en el contexto de la transición democrática y de los gobiernos del PAN, cuando se supone que parte del cambio es actuar a la luz pública y con transparencia. Este último es un término muy socorrido entre los políticos y funcionarios de la alta burocracia, pero su sentido práctico no puede sustentarse en las declaraciones que hagan, por firmes y solemnes que parezcan. Únicamente pueden sostenerse en los hechos y ahí aún son muchas las limitaciones. Pero sólo con hechos puede generarse la confianza, que es un bien todavía muy escaso en esta sociedad.

Habrá muchos aspectos técnicos involucrados en la venta de los activos de todo tipo que pasaron a ser propiedad estatal con aquella crisis. Para ello hay leyes y reglas, aunque la operación del IPAB está supeditada a los criterios e influencia de la Secretaría de Hacienda, que es la que finalmente determina lo que ahí se hace. Vaya, el IPAB está hecho a modo para que las cosas salgan como se quiere. La historia del instituto y de las transacciones que se han hecho está ahí para revisarla.

El de Aeroméxico es el caso más reciente de esas transacciones de compra-venta a 13 años de distancia de la crisis. Pero de nueva cuenta se exhibe la debilidad de la institucionalidad democrática que se quiere instaurar en México. Adviértase el calificativo de democrático, necesario para distinguirlo del anterior orden institucional de tipo autoritario, como se pretende en el marco de la transición política.

Se trata de la venta de un bien nacional y por lo tanto de recursos públicos: activos y pasivos que pasan por el fisco. Los términos de la operación indican que la situación financiera de la empresa era bastante mala, pues había acumulado grandes pérdidas. Pero quienes la administraron estos años y su principal dueño (el gobierno federal a nombre de la sociedad) no dieron cuenta de las cuentas de Aeroméxico.

La transacción se ha hecho en el terreno de la bolsa de valores como si fuese un negocio privado, una simple operación financiera. No se sabe a las claras cuál es la política estatal de gestión de los bienes nacionales, si es que existe; no hay un recuento de la tasa de recuperación del valor de los activos, o sea, cuánto ha ganado o perdido el gobierno administrando los distintos tipos de bienes públicos. ¿Cómo evaluar a los responsables del IPAB?, entre los que hay funcionarios gubernamentales y vocales supuestamente independientes. En esto sigue habiendo opacidad, lo que da lugar a la sempiterna sospecha.

Es notorio, asimismo, que en el manejo de esta privatización estuvo ausente la cabeza del sector dentro del gobierno, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que sólo validó la venta una vez realizada y afirmó que con ella mejorará el servicio, por supuesto sin decir cómo es que eso ocurrirá.

Nadie sabe si en esa dependencia hay algún criterio para orientar a la industria aeronáutica y redefinir la estructura de esta actividad clave para la competitividad de la economía. No parece que la haya. No fue clara tampoco la participación y los criterios aplicados en este caso por la Comisión de Competencia, que da repetidas muestras de falta de la misma. Puede afirmarse a la luz de los hechos que no hay una política para la aviación en México.

En el gobierno persiste una postura gerencial ligada muy de cerca a los intereses privados, lo que confiere una noción particular a las funciones del Estado y los criterios de la política pública. Esto tiene costos inmediatos y que se extienden en el tiempo, pues redefinen constantemente los patrones de la producción, del crecimiento y de la distribución del ingreso y de la riqueza. En ese contexto es cada vez más difícil cambiar el modo en que funciona la economía mexicana y superar su estancamiento crónico.

La venta de Aeroméxico bajo la forma de subasta fue apresurada, al final hubo falta de claridad, parecía que todo debía hacerse rapidito para que resultara como se había planeado. ¿Por qué se filtró la supuesta molestia del gobernador del Banco de México por el curso de la subasta? ¿Será casual que se adjudicara la empresa el consorcio liderado por Banamex y otros inversionistas?

No se trata de alcanzar la unanimidad en los criterios de la gestión pública, ésta no es la granja de los animales orwelliana. Sólo reconozcamos lo que tenemos enfrente. También aceptemos aquello de lo que carecemos: un sistema eficiente de pesos y contrapesos en asuntos públicos.

La mentira del libre mercado: el nuevo “socialismo para los ricos”

Enrique Javier Díez Gutiérrez*

Diario de León (España)
19 de agosto de 2007

Se dice popularmente que cuando debes un millón al banco, tienes un problema; pero que cuando debes cien millones, es el banco quien tiene un problema.

Ésta es, en esencia, la clave que revela cómo funciona el mal llamado “libre mercado”. Porque no hay tal libre mercado. Es una falacia que, a base de oírla, repetida una y otra vez por determinados políticos y medios de comunicación, nos la hemos creído ingenuamente.

Cuando “los mercados” tienen problemas, como los primeros días de agosto de 2007, no se les deja que “libremente” los solucionen, como cuando tienen grandes beneficios y entonces, sí que se reparten los dividendos “libremente”. Cuando se produce una crisis en los “mercados” (eufemismo para designar a las grandes corporaciones multinacionales) aparecen las instituciones públicas que, con nuestros impuestos, inyectan enormes sumas de dinero para mantener su liquidez y los políticos más señalados y los dirigentes de esas instituciones hacen declaraciones públicas para calmar y serenar la crisis. ¿Por qué no salen cuando hay despidos masivos por parte de esos mercados? ¿Por qué no utilizan nuestros impuestos para solucionar los problemas que nos causan a los trabajadores y trabajadoras esos mercados que se “deslocalizan” a países donde las condiciones laborales son todavía más degradantes e infrahumanas?

En la primera quincena de agosto se inyectaron 24.000 millones de dólares a los mercados en EEUU y 95.000 millones de euros a los europeos, obtenidos de los impuestos públicos. El presidente de EEUU, salía rápidamente a hacer declaraciones que “calmaran” la crisis en el negocio de las hipotecas de alto riesgo. Yo también pago en agosto una hipoteca. ¿Quién me va a inyectar alguna ayuda para pagar mi hipoteca? ¿Por qué a mí se me deja “libertad” para pagar mi hipoteca? Si no pago me embargan mis bienes. Pero a las grandes empresas y firmas hipotecarias no se les deja esta “libertad”. Porque, incluso aunque quiebren, nunca más se vuelve a saber del dinero que “desapareció”. Si no, que se lo pregunten a las compañías responsables de los últimos escándalos financieros en nuestro país o a los últimos directivos que han pasado por la cárcel. Es más, se le reclama al Estado que se haga cargo de esas deudas a cargo, como siempre, de nuestros impuestos.

Como ya advertía Kenneth Galbraith (1992) “cuando se trata de los empobrecidos, la ayuda y el subsidio del gobierno resultan sumamente sospechosos en cuanto a su necesidad y a la eficacia de su administración a causa de sus efectos adversos sobre la moral y el espíritu de trabajo. Esto no reza, sin embargo, en el caso del apoyo público a quienes gozan de un relativo bienestar. No se considera que perjudique al ciudadano el que se salve de la quiebra a un banco. Los relativamente opulentos pueden soportar los efectos morales adversos de los subsidios y ayudas del gobierno; pero los pobres no”. Por eso molesta tanto en occidente que Venezuela destine el dinero público para los más empobrecidos y que se “despilfarre” el dinero con las personas necesitadas, en vez de “invertirlo” en las compañías trasnacionales que generarían más beneficios…, para los de siempre, claro. De ahí que se acuse al presidente de Venezuela de practicar “populismo” y de despilfarrar el dinero público.

No hay “mercados libres”, salvo en la economía imaginaria. Cuando algunos políticos y medios hablan de libertad de mercados lo que menos existe son mercados libres, ya que todos los mercados son intervenidos, controlados, de tal forma que cuando se habla de libertad de mercado lo que se está diciendo es que no los controle el poder político, el sector público, sino que los controlen unas cuantas multinacionales, o los grandes centros de poder económico.

De hecho, esa supuesta devoción por el laissez faire, por el dogma del “libre mercado”, por este nuevo fanatismo religioso, desaparece cuando los intereses de los beneficiarios de la globalización se hallan en peligro. No sólo con la protección de las grandes compañías financieras cuando aparece una crisis, sino en todos los ámbitos: nos encontramos con políticas proteccionistas para los productos agrícolas y textiles, con subvenciones públicas a las empresas que han cometido errores desastrosos para evitar su quiebra y el despido de cientos de trabajadores y trabajadoras y con políticas militares de financiación a empresas de armamento. En todos estos casos se ha olvidado el libre mercado.

Son esas mismas corporaciones, que exultan la ideología neoliberal exigiendo la liberalización y la imposición de estrictas limitaciones a la intervención pública, en caso de despidos laborales o derechos sindicales, las que quieren y esperan de los gobiernos “asistencia social” en forma de rebajas fiscales o subvenciones, encauzando hacia ellas el dinero de los impuestos de todos y todas; una asistencia que, al contrario que los subsidios a la ciudadanía, exigen que se mantenga.

La doctrina del mercado libre se presenta pues, como plantea Chomsky (2001), en dos variantes: a) la doctrina oficial que se aplica a los estados y pueblos empobrecidos y que éstos tienen que aplicar estrictamente; y b) la doctrina extraoficial que “realmente existe”, es decir, aquella que considera que esa disciplina de mercado, aunque es buena y aplicable para ellos, no lo es para nuestras empresas, salvo por conveniencias momentáneas, pues tácitamente, las personas creyentes en el mercado equiparan sus intereses económicos particulares al bien común.

Indagando en esta “teoría del libre mercado que realmente existe”, un extenso estudio sobre las corporaciones transnacionales de Ruigrock y Van Tulder (1995) descubrió que “prácticamente todas las mayores firmas mundiales habían conocido una decisiva influencia de las políticas estatales y/o de las barreras comerciales sobre sus estrategias y posiciones competitivas”, y que por lo menos el 20% de las que aparecen en el ranking de la revista Fortune, no habrían ni sobrevivido como sociedades independientes de no haber sido salvadas por sus respectivos gobiernos, socializando las pérdidas, es decir, haciéndose cargo de ellas el Estado cuando tuvieron problemas. El mismo estudio señala que la intervención estatal, ha sido la regla más bien que la excepción durante los dos últimos siglos. La producción aeronáutica civil está hoy fundamentalmente en manos de dos sociedades: Boeing-McDonald y Airbus, cada una de las cuales debe en gran medida su existencia y su éxito a subvenciones públicas en gran escala. La misma pauta prevalece en los ordenadores y en la electrónica en general, en la automoción, la biotecnología, las comunicaciones, en realidad en prácticamente todos los sectores dinámicos de la economía. Sin estas y otras medidas extremas para interferir el mercado, es dudoso que las industrias del acero, del automóvil, de las máquinas herramientas y de los semiconductores hubieran sobrevivido a la competencia japonesa, o fueran capaces de avanzar con pie firme en las tecnologías emergentes.

En el nuevo análisis neoliberal el Estado reaparece como reasignador de los recursos a través del aumento de los gastos de defensa y de seguridad, y de las ayudas a las empresas y sectores en crisis. Sólo son partidarios de la libertad económica cuando las cosas van bien para ellos pero demandan muletas públicas cuando van mal.

Los mecanismos de protección de este “mercado libre” son muy variados y persistentes. La imaginación, en estos casos, parece no tener límite. No parecen ser algo coyuntural, sino claramente estructural. Una de las forma de protección más extendida es la dotación de ingentes recursos del erario público a la industria militar, desarrollada por empresas privadas. Durante los últimos seis años, más del 40% de las compras del Pentágono, es decir, un total de 362.000 millones de dólares, fueron realizadas sin licitación pública competitiva alguna, es decir, de una manera monopólica entre el complejo militar-industrial y la clase política. Actualmente, alrededor de la mitad del presupuesto del Pentágono es manejado por empresas privadas que son supervisadas por otras empresas privadas, mientras el control a través de funcionarios del Estado está siendo reducido sistemáticamente. El Estado ya sólo sirve para repartir el dinero público entre el gran capital bélico, “supervisado” por las empresas privadas de contabilidad. Pero, los beneficios son mutuos. Desde 1998 a la fecha, esas empresas han aportado 62 millones de dólares al Partido Republicano, comparado con 24 millones para los Demócratas (Dieterich, 2004). Igualmente, la “guerra de las galaxias” ha sido vendida al público como “defensa” y a la comunidad empresarial como un subsidio público para tecnología avanzada.

Por eso no es sorprendente que el sistema general de subsidios favorezca a las grandes explotaciones, ya que las ayudas están ligadas a la extensión y a la producción. La Comisión Europea admite que el 80% de las ayudas agrícolas las acumulan el 20% de las explotaciones. En Francia, apenas el 0,6% de la población total recibe las tres cuartas partes de las ayudas, y en España siete grandes familias terratenientes cobran tantas ayudas de la Unión Europea como 12.700 pequeñas explotaciones. En 2002 percibieron 14 millones de euros en subvenciones agrícolas: cantidad equivalente a la renta anual de 90.000 mozambiqueños. El multimillonario príncipe Alberto de Mónaco, recibe subvenciones millonarias destinadas a la agricultura, denunciaba en noviembre de 2005 Intermon-Oxfam. Estos subsidios provocan un dumping (venta por debajo del coste) en el mercado mundial. Y estos subsidios a los grandes terratenientes los pagan nuestros impuestos.

Estos mecanismos de asistencia social para la gente rica es lo que se ha denominado “socialismo para los ricos” que consiste en salvaguardar a las grandes empresas de la “disciplina del mercado”. Mientras, los países empobrecidos y las gentes indefensas son las adoctrinadas en el estricto dogma del “dios mercado”.

El problema es que cada vez la población en general se lo va creyendo más. Están consiguiendo ganar la batalla del sentido común, colonizando nuestro pensamiento e incluso nuestro lenguaje y nuestra imaginación. Los grandes medios de comunicación a su servicio lo repiten una y otra vez. La clase política lo reitera constantemente en sus discursos. Parece que hoy en día, como dice Susan Sontag, declararse en contra del libre mercado es como afirmar que se está en contra de la maternidad. El combate no sólo se libra en la economía, también está en el discurso y en el pensamiento.

* Profesor de la Universidad de León. Autor de La Globalización Neoliberal y sus repercusiones en la educación (2007). Barcelona; El Roure.

La fórmula mágica

Pregonar la competencia y practicar el monopolio: la fórmula que convirtió a Carlos Slim en el hombre más rico del planeta
David Luhnow
Wall Street Journal
4 de agosto de 2007

Ha construido su fortuna a la antigua: mediante monopolios

Ciudad de México. Carlos Slim es el Señor Monopolio de México. Es difícil pasar un día en este país y no poner dinero en su billetera. El magnate de 67 años controla más de 200 compañías en sectores como telecomunicaciones, tabaco, construcción, minería, bicicletas, gaseosas, aerolíneas, hoteles, ferrocarriles, banca e imprenta. Slim dice que ha "perdido la cuenta". En total, todas sus empresas representan más de un tercio del valor del principal índice bursátil de México, mientras que su fortuna asciende a 7% de la producción económica anual de ese país (en su punto álgido, la riqueza de John D. Rockefeller llegaba a 2,5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos).

"Este restaurante es el único lugar en México que no pertenece a Carlos Slim", bromea en su carta un local de comida en Ciudad de México.

La riqueza de Slim ha crecido más rápido que cualquier otra en el mundo, aumentando en más de US$20.000 millones en los últimos dos años para llegar actualmente a unos US$60.000 millones. Si bien el valor de mercado de sus empresas que cotizan en bolsa podría caer, hoy es probablemente más rico que Bill Gates, que según la revista Forbes tenía un patrimonio de US$56.000 millones en marzo. Sería la primera vez que una persona del mundo en desarrollo ocupa el primer lugar desde que la revista comenzara a seguir a los ricos fuera de EE.UU. en los años 90.

"No es una competencia", dijo Slim hace poco durante una entrevista, jugueteando con un habano sin prender en una oficina en un segundo piso decorada con pinturas mexicanas del siglo XIX. Un hombre relativamente modesto, que usa las corbatas de sus propias tiendas, Slim afirma que no se siente más rico sólo porque lo es en el papel.

¿Cómo logró este hijo mexicano de inmigrantes libaneses llegar a estas cimas? Lo hizo al ensamblar monopolios, algo parecido a lo que hizo John D. Rockefeller con la industria de la refinación de petróleo durante la era industrial. En el mundo postindustrial, Slim ha construido un baluarte en torno a la telefonía en México. Sus compañías Teléfonos de México SAB (Telmex) y Telcel controlan 92% de todas las líneas fijas y 73% de la telefonía móvil, respectivamente. Al igual que Rockefeller en su momento, Slim ha acumulado tanto poder que es considerado un intocable en su país, una fuerza tan grande como el Estado mismo.

Slim es un caso de estudio sobre las contradicciones. Dice que le gusta la competencia en los negocios, pero intenta bloquearla cada vez que puede. Le encanta hablar acerca de las tecnologías, pero no usa una computadora y prefiere el papel y el lápiz. Ha sido anfitrión de personajes tan variados como Bill Clinton y Gabriel García Márquez, pero en muchos sentidos es provinciano. No le gusta mucho viajar y dice con orgullo que no posee ninguna vivienda fuera de México. En un país fanático del fútbol, le gusta el béisbol. ¿Su equipo favorito? Los Yankees de Nueva York.

Sus admiradores dicen que Slim, un insomne que se queda hasta altas horas de la noche leyendo libros de historia (Ghengis Khan y sus engañosas estrategias militares es uno de sus temas favoritos), encarna el potencial de México para convertirse en un tigre latino. Su austeridad, tanto en sus empresas como en su vida privada, dicen, es un modelo de moderación en una región en la que muchos grandes empresarios son conocidos por ostentar su riqueza.

Para sus detractores, no obstante, el auge de Slim dice mucho acerca de los problemas más profundos de México, incluyendo la brecha entre ricos y pobres. En el último ranking de la ONU, México figura en el lugar 103 entre 126 países en cuanto a igualdad. En los últimos dos años, Slim ha ganado casi US$27 millones el día, mientras que un 20% de la población vive con US$2 o menos al día.

"Es como EE.UU. y los grandes industrialistas de 1890. Sólo que Slim es Rockefeller, Carnegie y J.P. Morgan todo en uno", afirma David Martínez, un inversionista mexicano que vive en Nueva York.

"Es sorprendente ver cómo las grandes empresas han capturado el Estado mexicano", dice Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia de México. "Es un riesgo para nuestra democracia y está sofocando nuestra economía".

Como el rostro de la nueva élite, Slim representa un difícil desafío para el nuevo presidente del país. Felipe Calderón tiene que decidir si debe contener a Slim, a pesar de su reputación de ser el mayor empleador privado y contribuyente tributario del país. El Congreso casi nunca aprueba leyes que amenacen sus intereses. y sus empresas representan una parte importante del ingreso publicitario de México, por lo que los medios son reacios a criticarlo.

En los últimos meses, Calderón ha tratado de llegar a un acuerdo a puertas cerradas con Slim. En varios encuentros cara a cara, el presidente ha tratado de convencer al magnate de aceptar una mayor competencia, según fuentes al tanto. El gobierno tiene una carta de peso: Slim no puede ofrecer video —un mercado potencialmente gigantesco— en sus redes sin la aprobación del gobierno. Pero algunos cercanos a Calderón dicen en privado que estas conversaciones reservadas le siguen el juego a Slim, ya que le permiten circunvalar a los reguladores del país, lo que subraya la debilidad de las instituciones mexicanas. Slim afirma que sus compañías están en "contacto constante" con los reguladores, pero le restó importancia a la noción de una negociación secreta.

Slim —un hombre al que le gusta hablar y que suele ser empático, aunque también se enoja con facilidad— rechaza la etiqueta de monopolista. "Me gusta la competencia. Necesitamos más competencia", dice mientras toma unos sorbos de Coca-Cola Light. Slim recalca que sus empresas operan en mercados competitivos y que México representa sólo un tercio de los ingresos de su operadora celular América Móvil SAB, que tiene clientes desde San Francisco a Santiago de Chile.

La estrategia de Slim ha sido consistente a lo largo de su carrera: comprar compañías a precio de liquidación, reestructurarlas y marginar a la competencia sin piedad. Después de obtener el control de Telmex en 1990, Slim se apoderó rápidamente del mercado de cables de cobre que esa empresa usa para los cables de teléfono. Compró uno de los dos principales proveedores y se aseguró que Telmex no adquiriera cables del otro proveedor. Al final logró que los dueños de la otra empresa vendieran su negocio a Slim.

Su control sobre la telefonía mexicana ha atrasado el desarrollo del país. Sólo un 20% de los hogares de ese país tiene una línea de teléfono y sólo un 4% de los mexicanos tiene acceso a banda ancha. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los consumidores y empresas de México pagan precios superiores al promedio por sus llamadas telefónicas.

Slim concuerda en que muchas industrias en México son dominadas por grandes compañías, pero no ve problema en ello mientras ofrezcan buen servicio y buenos precios.

Los años clave

El año que moldeó el futuro de Slim fue 1982. La caída en los precios del petróleo llevó a que México cayera en picada. Cuando el presidente saliente José López Portillo nacionalizó los bancos, la tradicional élite empresarial temió que el país se volviera socialista y comenzó a abandonar México. Muchas empresas se vendían a un 5% de su valor libro. Slim adquirió decenas de grandes firmas a precio de ganga, decisión que fue recompensada cuando la economía comenzó a recuperarse en los años siguientes. "Los países no quiebran", dijo Slim a sus amigos en esos años.

A pesar de sus habilidades empresariales, muchos mexicanos creen que su gran momento fue el ascenso al poder de Carlos Salinas en 1988, un tecnócrata educado en la Universidad de Harvard que quería modernizar el país. Ambos hombres hicieron amistad a mediados de los años 80. Salinas privatizó cientos de empresas estatales, incluyendo Telmex en 1990. Slim, junto a Southwestern Bell y France Telecom, ganó la subasta, por sobre un grupo de empresas encabezado por su amigo Roberto Hernández. Éste último después insinuó que la venta estaba arreglada, algo que tanto Slim como Salinas han negado siempre. Sea como sea, el proceso de privatizaciones creó una nueva clase de superricos en México. En 1991, el país tenía a dos hombres con una fortuna superior a los US$1.000 millones en la lista de Forbes. En 1994, al final del sexenio de Salinas, ya eran 24. Y el más acaudalado de todos era Slim.

Retrospectivamente es fácil ver por qué Slim y Hernández consideraban que Telmex era un trofeo que bien valía la pena terminar con su amistad. Mientras que países como Brasil y Estados Unidos disolvieron sus monopolios estatales al crear a partir de éstos varias empresas que competían entre sí, México vendió su compañía intacta, excluyendo cualquier competencia en los primeros seis años. Y a diferencia de otros países, a Telmex se le permitió ofrecer los tres servicios —llamadas locales, de larga distancia e inalámbricas— en todo el país. Al principio, el gobierno ni siquiera se empeñó en crear un regulador para el mercado de la telefonía, lo que sólo ocurrió tres años después de la privatización.

A lo largo de los años, la mayoría de los intentos de regular a las compañías de Slim ha fracasado. La Cofetel, el regulador de las telecomunicaciones, era tan débil en los años 90 que los rivales de Telmex lo tildaron de "Cofetelmex". Cuando las autoridades trataban de actuar, los abogados de Slim bloqueaban la iniciativa en los bizantinos tribunales del país.

El dueño de Telmex también tenía amigos en altos cargos. Cuando fue electo presidente en 2000, Vicente Fox escogió a Pedro Cerisola, un ex empleado de Telmex, como secretario de Comunicaciones y Transporte. Cerisola, quien no quiso comentar para este artículo, rara vez hacía algo en contra de su ex compañía, afirman ejecutivos de telefónicas rivales.

Con el dinero proveniente de su imperio telefónico, Slim se ha expandido a otros mercados en México y América Latina. América Móvil tiene 124 millones de clientes en más de 10 países en la región.

En su país natal, Slim se ha enfocado en industrias que dependen de contratos gubernamentales. Su nueva compañía constructora, Ideal SAB, apuesta a gestionar algunas de las carreteras más grandes de México. Su empresa de servicios petroleros construyó hace poco la mayor plataforma de crudo del país.

En privado, algunos líderes de negocios dicen que sienten que Slim se ha vuelto demasiado codicioso. La muerte de su esposa Soumaya en 1999 lo dejó sin un cable a tierra, dice Enrique Trigueros, amigo de Slim cuando ambos eran jóvenes corredores de bolsa en los años 60. "Ella era una mujer especial, del tipo que sabe mantener a raya a un hombre. Hoy, lo único en lo que puede pensar es negocios", afirma.