María Teresa Jardí
¡Por esto!
2 de diciembre de 2007
Mientras el usurpador, a un año de la ocupación del lugar que el pueblo le otorgó a otro, llevada adelante en un búnker militarizado custodiado por el Estado Mayor Presidencial, se dedica a prometer erradicar la pobreza extrema: de sus amigos y sobre todo de toda su familia, reiterativa promesa, cuando para el pueblo es obvio que así será, porque no tiene nada más qué ofrecer ni menos aún qué celebrar, como logro de ese año de usurpación en el que a la par que la miseria extrema lo único que ha crecido de igual manera es la corrupción, también extrema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorga el permiso a los pederastas de violar niños y niñas, menores de edad, sí, y mujeres y hombres, porque es amplio el permiso otorgado por la Suprema Corte de Injusticia de la bananera narcorrepública, en que México, con la ayuda de ministros y ministras, ha sido convertida.
Pero cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga, a los que ejercen el poder y a sus amigos empresarios protegidos por los funcionarios públicos, el permiso para violar a los niños y a las niñas y cuando ese poder: el Judicial, desde la cabeza misma, legaliza al mismo tiempo que la prostitución, la tortura. Cuando al pueblo le queda claro que los corruptísimos "ministros" legalizan la pederastia para proteger a un impresentable gobernador, en el mejor de los casos, protector de pederastas, casi seguro que pederasta él también. Cuando el pueblo sabe que el Poder Judicial protege al "góber precioso", a pesar de tener en sus manos las pruebas de la complicidad de ese funcionario impresentable con otro empresario igual de impresentable que él, porque el pueblo ha escuchado, a través de las televisoras a modo del sistema, cómo, por el teléfono, se congratulaban los sujetos exculpados por la Corte por haber secuestrado, en otro Estado de la república, a una mujer. Sin importar siquiera que Lydia Cacho hubiera mentido en el libro causa de la molestia.
Acusaciones que además fueron hechas por el diario POR ESTO! que fue el que descubrió y dio a conocer la existencia de esa red de pederastas encabezada por Succar Kuri, de la que sin duda forma parte el impresentable Kamel Nacif. Cuando el secuestro y traslado es público que se realizó con la complicidad de dos gobiernos estatales, y la SCJN en lugar de hacer justicia, avala la tortura, que de manera innegable se desprende del hecho, el pueblo se ve en la necesidad de otorgarse el permiso de irse a una confrontación armada. No tiene remedio. Cuando se corrompe el alma y la mente y cuando el cinismo substituye a la vergüenza, incluso en el caso de los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia, al pueblo no le queda más que otorgarle permiso a la muerte para cambiar las cosas.
Y que nos vengan esos impresentables ministros que eligieron pasar a la historia, no como juristas, que son una vergüenza para el país, que se vendieron por treinta monedas, que no nos vengan a decir que los que vemos que no le están dejando otra salida al pueblo mexicano que la de coger las armas, que es lo que hacen los pueblos cuando la injusticia ya no se puede resistir más, promotor y avalador de la represión, en que se ha convertido el Poder Judicial, que no nos vengan a decir que los que decimos lo que vemos que están propiciando con su renuncia a la ética y a todo vestigio que pudiera quedarles de moral, incluso pública, somos los que estamos invitando a la rebelión, que sí están propiciando ellos con su infinita desvergüenza.
Además de botellas vacías de coñac, como propone enviar alguna de las redes ciudadanas, habría que enviarles a los señores, ministros y ministras, de regalo por esta Navidad, aparatos para la sordera, aunque sean usados. Ya se sabe que el pueblo es pobre y no puede hacerles los mismos regalos que recibirán del "góber precioso". Pero agiotistas, que han demostrado ser, capaces de asesinar por unas monedas a la justicia, no les importará que sean usados y a lo mejor así escuchan la próxima vez.
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lunes, diciembre 03, 2007
lunes, julio 30, 2007
Muestra Calderón desdén por los derechos humanos: AI
Leonardo Boix
Proceso
30 de julio de 2007
Londres, 30 de julio (apro).- El gobierno de Felipe Calderón “no tiene como prioridad avanzar en el tema de los derechos humanos”, dice Robert Knox, investigador sobre México de la organización Amnistía Internacional (AI).
“No hemos visto ninguna señal clara y evidente de que este gobierno (de Calderón) tenga la determinación de resolver los problemas sobre derechos humanos”, afirma.
Y añade que para el nuevo gobierno mexicano, Oaxaca es “una prueba de fuego”, pues desde 2006, “las autoridades federales y el gobierno estatal han dejado en la impunidad homicidios, torturas, detenciones y cateos arbitrarios, así como una serie de violaciones individuales y colectivas ocurridas a lo largo del conflicto” en ese estado.
Insiste: “Hay que reconocer que estamos hablando de un gobierno (el de Calderón) que no ha cumplido siquiera un año en el poder, pero aun así podemos ver su falta de políticas en materia de derechos humanos”.
Comenta que ésta es una de las muchas preguntas que AI planteará al gobierno mexicano.
Y es que, a partir del próximo 31 de julio, una delegación de alto nivel de AI –encabezada por su secretaria general Irene Khan-- realizará una visita de cinco días a México para evaluar la situación de los derechos humanos en éste país y emitir un informe al respecto.
“No dudaremos en denunciar las violaciones cometidas”, advierte Knox, quien será uno de los miembros de dicha delegación.
Entrevistado por Apro minutos antes de viajar a México, Knox dice que dicho informe incluirá el caso de Oaxaca. Afirma que en él “vamos a decir que no hay únicamente una cuestión de responsabilidad estatal, pues las autoridades federales han sido señaladas como involucradas en violaciones de derechos humanos desde finales de octubre pasado y, a partir de lo que nosotros hemos podido documentar, no ha habido investigaciones adecuadas para esclarecer los hechos y juzgar a los responsables”.
Durante su visita a México, la delegación de AI tiene planeado reunirse con sobrevivientes de abusos de derechos humanos, organizaciones civiles, legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia y autoridades federales y estatales, como la canciller Patricia Espinosa; el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Josefina Salomón, encargada de asuntos de prensa de AI informó a Apro que la delegación solicitó una reunión con el presidente Calderón, la cual no ha tenido respuesta. “Realmente queremos sentarnos con el gobierno federal para expresarle nuestras preocupaciones, que son tan grandes como cuando estaba (Vicente) Fox en el poder”, declaró.
Y señaló que, en caso de que no sean concedidas las solicitudes para reunirse tanto con las autoridades federales como estatales, “lo veremos como una señal negativa, de que no les interesa el tema de los derechos humanos”.
De hecho, la visita iniciará en Oaxaca para “recabar información sobre los más recientes acontecimientos de exceso de violencia” del pasado 16 de julio, señaló Knox. Después, la delegación viajará a la ciudad de México y al estado de Guerrero.
Entrevistada por Apro, Salomón adelanta que, durante las reuniones con las autoridades, los miembros de AI abordarán el tema de “los abusos que se han cometido. Les pediremos que se juzguen a los responsables y que se tomen medidas para evitar que hayan más víctimas”.
Oaxaca, el objetivo
Knox, por su parte, dice que la estancia en Oaxaca de AI les permitirá “constatar casos emblemáticos” de abusos a los derechos humanos, los cuales quedarán documentados en el informe que emita posteriormente ésta organización. “También hablaremos con las autoridades locales e intentaremos que no haya impunidad en esos casos, lo que actualmente existe. Ese va a ser el objetivo principal en Oaxaca”.
Knox dice que la situación en éste estado “es compleja”, pero aclaró que “sigue siendo responsabilidad fundamental del Estado y de las autoridades federales, estatales y municipales”, garantizar el bienestar de los ciudadanos, “y hasta el momento no hemos podido constatar la determinación para llevar a cabo ese objetivo”.
Añade: “Oaxaca es un tema puntual y actual de violaciones muy graves que ocurrieron, que están ocurriendo y han vuelto a ocurrir”.
Y subraya que sigue siendo “una prueba muy dura” para las autoridades “que asumieron la responsabilidad de no dejar de investigar”.
Señala que el gobierno de Calderón “puede modificar su actitud y hacer lo que no ha ocurrido durante muchos años: resolver los problemas sobre derechos humanos. Tiene toda facultad y, si quisiera, toda la capacidad para atender esos casos de abusos”.
Knox agrega que la delegación de AI planteará al gobernador Ulises Ruiz “que se asuman las responsabilidades sobre el respeto a los derechos humanos”.
Explica: “Aunque existen agentes municipales y estatales, la responsabilidad recae directamente en el Ejecutivo del estado. Primero, para prevenir y, segundo, para investigar y esclarecer las acciones y las responsabilidades. No hemos visto esas acciones y los últimos acontecimientos de la semana pasada muestran que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas policiales”, señala Knox en referencia a los hechos del pasado 19 de julio, cuando profesores y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se enfrentaron con los policías estatales, lo que dejó un saldo de al menos 19 heridos y 40 personas detenidas.
“Esto demuestra otra vez que la impunidad que ha existido en los últimos años seguirá contribuyendo a que se cometan más violaciones. Hasta que no exista la determinación de acabar con una policía que utiliza la fuerza excesiva para controlar manifestaciones y para enfrentar cualquier movilización o movimiento social, habrá más violaciones de derechos humanos”, afirma el investigador de AI.
En ese sentido, señala que se requiere ese “cambio fundamental” y que “la única forma de garantizarlo es a partir de que las personas responsables (de abusos) sean investigadas y enjuiciadas por la Justicia.
“Esos serán los mensajes que llevaremos al gobierno de Oaxaca encabezado por Ulises Ruiz. Obviamente no tomaremos ninguna posición sobre las elecciones que va a haber próximamente, pero es una cuestión de investigar los hechos”, subraya.
Reitera que AI “reconoce y siempre ha reconocido”, que la situación de seguridad pública en Oaxaca “es muy compleja” y que “no ha sido un trabajo fácil”. Pero, advierte, “es justamente la obligación del Estado” ofrecer esas garantías “y no se puede suponer que un grupo de manifestantes esté actuando de forma ilegal, sin pruebas, cuando el Estado tiene la obligación de actuar dentro del marco de la ley”.
“En el informe que presentaremos eso lo vamos a tratar”, adelanta.
Calderón, como Fox
Durante la entrevista, Knox admite que, durante el gobierno de Vicente Fox, “hubo avances importantes en temas de apertura, del escrutinio internacional y de los compromisos con los organismos internacionales de derechos humanos”.
“Pero –advierte-- eso no se tradujo en cambios substanciales o estructurales a nivel del país. Lo que hemos visto actualmente es una falta de prioridad de este gobierno en avanzar en temas de derechos humanos. No hemos visto ninguna señal clara o evidente de que haya determinación de este gobierno para resolver los asuntos de derechos humanos”.
Añade: “Ojalá que, con esta visita de Amnistía, se concrete esa agenda y esa determinación y voluntad política para realmente atender los problemas existentes, que son muchos”.
Al preguntarle qué espera lograr AI con su visita de alto rango y con la publicación de su informe, Knox asegura: “Nosotros esperamos que nuestro informe cambie cosas en este gobierno y en el país (…) Porque creemos que es importante lo que hacemos, vamos a México para tratar temas como cuál debe ser la actitud y las acciones del gobierno federal --que aunque no ha tenido una responsabilidad directa de todo-- tiene un liderazgo que es imprescindible para demostrar a los otros niveles del Estado que no se pueden tolerar las violaciones a los derechos humanos”.
Por último, pide a Calderón “que tome en cuenta” la agenda que tratará de impulsar Amnistía Internacional “y actúe sobre esas recomendaciones que nosotros le vamos a hacer, porque ese es el primer paso para integrar los derechos humanos en las políticas de Estado”.
Proceso
30 de julio de 2007
Londres, 30 de julio (apro).- El gobierno de Felipe Calderón “no tiene como prioridad avanzar en el tema de los derechos humanos”, dice Robert Knox, investigador sobre México de la organización Amnistía Internacional (AI).
“No hemos visto ninguna señal clara y evidente de que este gobierno (de Calderón) tenga la determinación de resolver los problemas sobre derechos humanos”, afirma.
Y añade que para el nuevo gobierno mexicano, Oaxaca es “una prueba de fuego”, pues desde 2006, “las autoridades federales y el gobierno estatal han dejado en la impunidad homicidios, torturas, detenciones y cateos arbitrarios, así como una serie de violaciones individuales y colectivas ocurridas a lo largo del conflicto” en ese estado.
Insiste: “Hay que reconocer que estamos hablando de un gobierno (el de Calderón) que no ha cumplido siquiera un año en el poder, pero aun así podemos ver su falta de políticas en materia de derechos humanos”.
Comenta que ésta es una de las muchas preguntas que AI planteará al gobierno mexicano.
Y es que, a partir del próximo 31 de julio, una delegación de alto nivel de AI –encabezada por su secretaria general Irene Khan-- realizará una visita de cinco días a México para evaluar la situación de los derechos humanos en éste país y emitir un informe al respecto.
“No dudaremos en denunciar las violaciones cometidas”, advierte Knox, quien será uno de los miembros de dicha delegación.
Entrevistado por Apro minutos antes de viajar a México, Knox dice que dicho informe incluirá el caso de Oaxaca. Afirma que en él “vamos a decir que no hay únicamente una cuestión de responsabilidad estatal, pues las autoridades federales han sido señaladas como involucradas en violaciones de derechos humanos desde finales de octubre pasado y, a partir de lo que nosotros hemos podido documentar, no ha habido investigaciones adecuadas para esclarecer los hechos y juzgar a los responsables”.
Durante su visita a México, la delegación de AI tiene planeado reunirse con sobrevivientes de abusos de derechos humanos, organizaciones civiles, legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia y autoridades federales y estatales, como la canciller Patricia Espinosa; el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Josefina Salomón, encargada de asuntos de prensa de AI informó a Apro que la delegación solicitó una reunión con el presidente Calderón, la cual no ha tenido respuesta. “Realmente queremos sentarnos con el gobierno federal para expresarle nuestras preocupaciones, que son tan grandes como cuando estaba (Vicente) Fox en el poder”, declaró.
Y señaló que, en caso de que no sean concedidas las solicitudes para reunirse tanto con las autoridades federales como estatales, “lo veremos como una señal negativa, de que no les interesa el tema de los derechos humanos”.
De hecho, la visita iniciará en Oaxaca para “recabar información sobre los más recientes acontecimientos de exceso de violencia” del pasado 16 de julio, señaló Knox. Después, la delegación viajará a la ciudad de México y al estado de Guerrero.
Entrevistada por Apro, Salomón adelanta que, durante las reuniones con las autoridades, los miembros de AI abordarán el tema de “los abusos que se han cometido. Les pediremos que se juzguen a los responsables y que se tomen medidas para evitar que hayan más víctimas”.
Oaxaca, el objetivo
Knox, por su parte, dice que la estancia en Oaxaca de AI les permitirá “constatar casos emblemáticos” de abusos a los derechos humanos, los cuales quedarán documentados en el informe que emita posteriormente ésta organización. “También hablaremos con las autoridades locales e intentaremos que no haya impunidad en esos casos, lo que actualmente existe. Ese va a ser el objetivo principal en Oaxaca”.
Knox dice que la situación en éste estado “es compleja”, pero aclaró que “sigue siendo responsabilidad fundamental del Estado y de las autoridades federales, estatales y municipales”, garantizar el bienestar de los ciudadanos, “y hasta el momento no hemos podido constatar la determinación para llevar a cabo ese objetivo”.
Añade: “Oaxaca es un tema puntual y actual de violaciones muy graves que ocurrieron, que están ocurriendo y han vuelto a ocurrir”.
Y subraya que sigue siendo “una prueba muy dura” para las autoridades “que asumieron la responsabilidad de no dejar de investigar”.
Señala que el gobierno de Calderón “puede modificar su actitud y hacer lo que no ha ocurrido durante muchos años: resolver los problemas sobre derechos humanos. Tiene toda facultad y, si quisiera, toda la capacidad para atender esos casos de abusos”.
Knox agrega que la delegación de AI planteará al gobernador Ulises Ruiz “que se asuman las responsabilidades sobre el respeto a los derechos humanos”.
Explica: “Aunque existen agentes municipales y estatales, la responsabilidad recae directamente en el Ejecutivo del estado. Primero, para prevenir y, segundo, para investigar y esclarecer las acciones y las responsabilidades. No hemos visto esas acciones y los últimos acontecimientos de la semana pasada muestran que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas policiales”, señala Knox en referencia a los hechos del pasado 19 de julio, cuando profesores y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se enfrentaron con los policías estatales, lo que dejó un saldo de al menos 19 heridos y 40 personas detenidas.
“Esto demuestra otra vez que la impunidad que ha existido en los últimos años seguirá contribuyendo a que se cometan más violaciones. Hasta que no exista la determinación de acabar con una policía que utiliza la fuerza excesiva para controlar manifestaciones y para enfrentar cualquier movilización o movimiento social, habrá más violaciones de derechos humanos”, afirma el investigador de AI.
En ese sentido, señala que se requiere ese “cambio fundamental” y que “la única forma de garantizarlo es a partir de que las personas responsables (de abusos) sean investigadas y enjuiciadas por la Justicia.
“Esos serán los mensajes que llevaremos al gobierno de Oaxaca encabezado por Ulises Ruiz. Obviamente no tomaremos ninguna posición sobre las elecciones que va a haber próximamente, pero es una cuestión de investigar los hechos”, subraya.
Reitera que AI “reconoce y siempre ha reconocido”, que la situación de seguridad pública en Oaxaca “es muy compleja” y que “no ha sido un trabajo fácil”. Pero, advierte, “es justamente la obligación del Estado” ofrecer esas garantías “y no se puede suponer que un grupo de manifestantes esté actuando de forma ilegal, sin pruebas, cuando el Estado tiene la obligación de actuar dentro del marco de la ley”.
“En el informe que presentaremos eso lo vamos a tratar”, adelanta.
Calderón, como Fox
Durante la entrevista, Knox admite que, durante el gobierno de Vicente Fox, “hubo avances importantes en temas de apertura, del escrutinio internacional y de los compromisos con los organismos internacionales de derechos humanos”.
“Pero –advierte-- eso no se tradujo en cambios substanciales o estructurales a nivel del país. Lo que hemos visto actualmente es una falta de prioridad de este gobierno en avanzar en temas de derechos humanos. No hemos visto ninguna señal clara o evidente de que haya determinación de este gobierno para resolver los asuntos de derechos humanos”.
Añade: “Ojalá que, con esta visita de Amnistía, se concrete esa agenda y esa determinación y voluntad política para realmente atender los problemas existentes, que son muchos”.
Al preguntarle qué espera lograr AI con su visita de alto rango y con la publicación de su informe, Knox asegura: “Nosotros esperamos que nuestro informe cambie cosas en este gobierno y en el país (…) Porque creemos que es importante lo que hacemos, vamos a México para tratar temas como cuál debe ser la actitud y las acciones del gobierno federal --que aunque no ha tenido una responsabilidad directa de todo-- tiene un liderazgo que es imprescindible para demostrar a los otros niveles del Estado que no se pueden tolerar las violaciones a los derechos humanos”.
Por último, pide a Calderón “que tome en cuenta” la agenda que tratará de impulsar Amnistía Internacional “y actúe sobre esas recomendaciones que nosotros le vamos a hacer, porque ese es el primer paso para integrar los derechos humanos en las políticas de Estado”.
lunes, julio 09, 2007
El chino
Luis Javier Garrido
La Jornada
6 de julio de 2007
La derecha empresarial mexicana está dando evidencias de un nerviosismo extremo, no nada más por la fuerza del movimiento social que está respaldando a López Obrador, o por el fracaso de Calderón en el gobierno de facto, sino porque el asunto de Zhenli Ye Gon le está quitando toda viabilidad política al gobierno panista.
1. El fraude electoral de 2006 fue recordado de manera muy distinta, pues mientras Andrés Manuel López Obrador, mostrando una vez más su poder de convocatoria encabezó el domingo 1º de julio en la Plaza de la Constitución, una entusiasta asamblea de más de 100 mil integrantes de la convención nacional democrática comprometidos a defender la legalidad frente al gobierno de facto, el gobernante espurio Felipe Calderón, reunido a puertas cerradas el lunes 2 con unos cuantos incondicionales suyos en la sede del PAN, se mostró derrotado por su fracaso de estos seis meses aunado al nuevo escándalo desatado por las acusaciones que le hiciera ese día el ciudadano nacionalizado mexicano, Zhenli Ye Gon.
2. Las imputaciones de Ye Gon a Calderón y a Javier Lozano Alarcón (secretario del Trabajo y Previsión Social), sobre el origen de la fortuna que se decomisara en su residencia, al margen de lo que haya sido la realidad de los hechos confirman, en todo caso, la vinculación del grupo calderonista con el bajo mundo, y han suscitado, por lo mismo, indignación en amplios sectores, agravada por la respuesta insatisfactoria del gobierno ante los señalamientos del oriental, la negativa de los legisladores panistas a que se investigue el caso y la rápida campaña de exoneración de la prensa oficialista, todo lo que evidencia, una vez más, lo que ya se sabía: la relación de componendas y chantajes que guarda Calderón con el crimen organizado y que afloró en la mascarada de la supuesta "lucha" contra el narco.
3. La campaña propagandística de Calderón, como tantas veces señalaron muchas voces, buscaba no sólo encubrir los gravísimos problemas nacionales, poner a las fuerzas armadas de su lado y darse una pretendida aureola como defensor del bien contra el mal, sino reorganizar el mercado del narcotráfico y recomponer las alianzas de su gobierno con los capos: sacar raja para sí.
4. El asunto es de extrema gravedad, no nada más porque lo confiscado de la residencia del empresario de origen chino (que ya se ha ido perdiendo) representa la mayor suma jamás decomisada por un gobierno y porque la forma en que la PGR ha manejado el asunto ha sido del todo turbia, sino porque quien está directamente señalado -y acusado, aunque él no lo quiera- es el presidente de facto Felipe Calderón, de ahí que se esté manifestando un reclamo nacional para que se haga una investigación del asunto y se deslinden las responsabilidades de quien se asume como el titular del Ejecutivo federal.
5. Los señalamientos de Zhenli confirman de paso lo que fue del conocimiento público desde hace un año: que la multimillonaria campaña electoral de Calderón en 2006 estuvo financiada de manera ilegal por grupos privados nacionales y extranjeros, varios de ellos probablemente vinculados al narcopoder, y que por lo mismo tuvo que contar con un mecanismo de doble contabilidad, como hizo seis años atrás Vicente Fox a fin de ocultar esos gastos descomunales, utilizados en lo esencial en la campaña negra y en la compra del voto.
6. La actual desesperación del gobierno calderonista por obtener recursos y su empecinamiento de no tocar en la reforma fiscal los grandes intereses lo ha llevado paradójicamente al mismo tiempo a suplicarle a Washington le brinde un financiamiento especial para su supuesta lucha contra los cárteles, algunos de los cuales se hallan protegidos por su gobierno, que a obtener beneficios de aquellos cárteles vinculados desde los años 80 a los intereses del poder y en particular del salinismo.
7. El gobierno de facto de Calderón ha pretendido infructuosamente sustentarse en principios morales, pero los hechos lo contradicen: se encumbró por la vía de un descomunal fraude violando los derechos del pueblo mexicano y lo hizo mediante prácticas delictivas y en alianza con grupos criminales para fungir como garante de una serie de intereses mafiosos que se han antepuesto a los derechos del pueblo mexicano, aceptando fungir como pelele del salinismo con el fin de seguir garantizando el enriquecimiento ilícito de unos cuantos traficantes de influencias, entre ellos los de sus amigos y parientes. Germán Martínez, titular de la Contraloría, afirmaba casi a gritos el miércoles que el país está inmerso en la corrupción. Se equivoca; el que está hundido en el fango de la corrupción, de la venalidad y de la mentira es el gobierno de facinerosos de los cuales él forma parte.
8. Es muy significativo, por lo mismo, que en este contexto varios portales de Internet estén informando desde hace días que el empresario mexicano Carlos Slim, vinculado con Carlos Salinas de Gortari, y que para muchos analistas es sólo su prestanombres, haya rebasado en fortuna a Bill Gates y sea ya el hombre más rico del planeta: un individuo que a finales de los 80 carecía de toda fortuna.
9. El asunto puede dar origen a un Chinogate, como ya lo llaman algunos periodistas, si el Congreso o la Suprema Corte se abocan al asunto, como es su obligación y tienen facultades para hacerlo, porque la PGR y la Contraloría van a proteger a toda costa en este asunto a Calderón y a su régimen, ya que de este gobierno dependen los intereses del grupo mafioso que se ha adueñado del país, pero de no ser así se confirmará una vez más que México sigue teniendo un régimen premoderno, no de leyes, sino de arreglos e impunidad, con la consecuencia de que el poder público seguirá hundiéndose en la descomposición, ahondando la crisis nacional.
10. El gobierno panista de facto, que al igual que los priístas apuesta a que la pasividad popular ante la corrupción de los gobernantes siga siendo en este caso el factor que propicie su impunidad, esta vez corre, sin embargo, el riesgo de equivocarse.
martes, junio 12, 2007
El servilismo contumaz a Televisa
Álvaro Delgado
Proceso
12 de junio de 2007
México, D.F., 11 de junio (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desarticuló la abusiva Ley Televisa, al acreditar la inconstitucionalidad de varios de sus artículos, pero la transferencia de recursos públicos a las arcas del emporio televisivo --y a otras cadenas de televisión y radio-- prevalece intocada por la ambición futurista de prominentes personajes de la clase política.
En efecto, es de suma importancia para la sociedad la derrota que le infligió la SCJN a los grandes intereses financieros que representan Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Olegario Vázquez Raña y las familias que controlan los grandes grupos radiofónicos, pero éstos siguen convertidos en un poder por encima del constitucional, capaces inclusive de imponer o vetar a quien los ciudadanos eligen para la representación popular.
Así fue el caso de Felipe Calderón, quien confluyó con Manuel Espino para pactar con Televisa la aprobación de la ley ahora desarticulada, un ejemplo nítido de que las diferencias entre ellos son escaramuzas para el control de parcelas de poder y no una disputa de fondo sobre el rumbo de la nación o la relación entre gobernantes y gobernados.
Calderón presupuestó, para este año de 2007 --el primero de su gestión--, ni más ni menos que 3 mil 700 millones de pesos para gastos de propaganda, cuya mayor parte se está destinando a las empresas de radio y televisión, sobre todo Televisa.
Su antecesor Vicente Fox gastó cada año, en promedio, 2 mil 500 millones de pesos, para el mismo fin y concluyó el sexenio con un acumulado de 15, 776 millones de pesos, la mayor parte de los cuales se destinó a las empresas televisivas, sobre todo --una vez más-- a Televisa.
Todo para la exaltación personal de Fox y ahora de Calderón.
Pero el fenómeno se reproduce, también, a nivel de los estados: el caso más reciente, y también el más escandaloso, es el de Emilio González Márquez, gobernador panista de Jalisco, un político ladino que ha montado una farsa oculta con el falso discurso de catolicismo y honradez.
Gracias al trabajo de Francisco de Anda, reportero del diario Mural, de Guadalajara, Jalisco, se pudo conocer el tamaño de la infamia de González Márquez, uno de los gobernadores panistas de la Organización Nacional del Yunque: la transferencia, al menos inmoral, de 67 millones 250 mil pesos para que Televisa monte su anual monumento a la frivolidad.
¿Qué pretende González Márquez, quien apenas tiene tres meses al frente del gobierno de Jalisco? Lo mismo que el propio Emilio Azcárraga se encargó de decirle, no a los jóvenes participantes --deslumbrados por ver a quienes salen en la tele y tocar los aparatos para tal fin--, sino a la clase política, que es la que maneja los recursos de los ciudadanos: que quien se someta a Televisa puede ser político de altos vuelos y llegar, inclusive, hasta la Presidencia de la República.
Azcárraga Jean --quien podrá no tener idea de cómo se escribe su nombre, pero sí de negocios-- lo dijo claro pese a su desarticulada expresión verbal, dirigiéndose al ambicioso político de Lagos de Moreno: “Vemos que de aquí para adelante, con la ventaja de que llevas aquí apenas unos meses en esto, seguramente los siguientes seis años aquí, y seguramente, aunque dijiste que no, pero yo estoy terco que tu carrera política va a seguir después. Seguramente muchos años trabajaremos juntos.”
Y claro que González Márquez quiere ser Presidente de México: Ya articuló un equipo para enlazarse con tal fin con gobiernos estatales panistas, como el de Guanajuato, cuyo enlace es Raúl Monjarás, coordinador de asesores de Juan Manuel Oliva, ambos militantes de la organización ultraderechista de El Yunque.
González Márquez, último presidente del que se llamó Partido Demócrata Mexicano (PDM), dispuso de esos más 67 millones de pesos --y de otros 5 en promocionales-- para entregárselos a Televisa, pero otros gobernantes de su mismo partido y del PRI han contribuido también a ese propósito, en donde la empresa televisiva ha llevado sus desplantes de poder llamado Espacio.
En 2001, el defenestrado pero multimillonario Arturo Montiel financió ese espectáculo en el estado de México; el año siguiente fue Nayarit, con el priista Ney González; en 2003, el anfitrión fue alguien de casa, Miguel Alemán Valdés, de Veracruz; en 2004, fue en Nuevo León, con Natividad González Parás; en 2005, el panista Marcelo de los Santos pagó la estancia de Televisa, y el año pasado el priista Jesús Aguilar Padilla recibió a Azcárraga.
Pero Televisa tiene muchas maneras de someter a los gobernantes: el mejor ejemplo es Mario Marín, el gobernador de Puebla, que entre otras de sus arbitrariedades se coludió con Kamel Nacif para “escarmentar” a la periodista Lydia Cacho.
Resulta que Marín, agobiado por el golpeteo, decidió pactar con Televisa la entrega de millones de pesos de los poblanos: le organizó, a un costo de al menos 21 millones de pesos, la entrega de los premios “Oye”, celebrada en octubre en el Complejo Cultural Siglo XXI, en cuya ceremonia de promoción a cantantes hubo gritos de repudio de los asistentes, justo cuando su esposa, Margarita García, tomó el micrófono para entregar la presea a Alejandro Fernández: “¡precioso, precioso, precioso!”, le gritaron.
Inclusive, tuvo que intervenir el humorista Adal Ramones para encubrir a Marín, quien se abstuvo de asistir a ese evento. “Señores, por favor, que estamos en cadena internacional y más de 20 países nos van a ver. Debemos dar una buena imagen de Puebla”, dijo el conductor, quien celebró en esta entidad, en mayo, el aniversario de su programa “Otro rollo”, que le costó al erario estatal diez millones de pesos.
¿Qué pasó con Marín en los noticiarios de Televisa? Cesaron las burlas.
Televisa no pierde.
Apuntes
Después de reunirse --en secreto, por supuesto-- con los secretarios de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y de la Función Pública, Germán Martínez, el jefe del clero nacional, Norberto Rivera Carrera, fue absuelto --en un sabadazo-- de violar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público por su amenazante proselitismo político por la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Nadie puede tener dudas de la fijación clerical del gobierno de Calderón, que tolera las insolencias de otro cardenal Juan Sandoval Iñiguez, de Guadalajara, quien llama “hijos de las tinieblas” a quienes piensen distinto a él… La matanza de una familia en Sinaloa, a manos de tropa del Ejército, es otra muestra del rostro represivo de Calderón, quien está sometido al imperio... El pacto mafioso entre Calderón y Fox se ratifica con el fallo favorable a los hijos de Marta Sahagún. ¿A qué viene José María Aznar a México? A hacer a este país punta de lanza para reforzar el neocolonialismo.
delgado@proceso.com.mx
Proceso
12 de junio de 2007
México, D.F., 11 de junio (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desarticuló la abusiva Ley Televisa, al acreditar la inconstitucionalidad de varios de sus artículos, pero la transferencia de recursos públicos a las arcas del emporio televisivo --y a otras cadenas de televisión y radio-- prevalece intocada por la ambición futurista de prominentes personajes de la clase política.
En efecto, es de suma importancia para la sociedad la derrota que le infligió la SCJN a los grandes intereses financieros que representan Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Olegario Vázquez Raña y las familias que controlan los grandes grupos radiofónicos, pero éstos siguen convertidos en un poder por encima del constitucional, capaces inclusive de imponer o vetar a quien los ciudadanos eligen para la representación popular.
Así fue el caso de Felipe Calderón, quien confluyó con Manuel Espino para pactar con Televisa la aprobación de la ley ahora desarticulada, un ejemplo nítido de que las diferencias entre ellos son escaramuzas para el control de parcelas de poder y no una disputa de fondo sobre el rumbo de la nación o la relación entre gobernantes y gobernados.
Calderón presupuestó, para este año de 2007 --el primero de su gestión--, ni más ni menos que 3 mil 700 millones de pesos para gastos de propaganda, cuya mayor parte se está destinando a las empresas de radio y televisión, sobre todo Televisa.
Su antecesor Vicente Fox gastó cada año, en promedio, 2 mil 500 millones de pesos, para el mismo fin y concluyó el sexenio con un acumulado de 15, 776 millones de pesos, la mayor parte de los cuales se destinó a las empresas televisivas, sobre todo --una vez más-- a Televisa.
Todo para la exaltación personal de Fox y ahora de Calderón.
Pero el fenómeno se reproduce, también, a nivel de los estados: el caso más reciente, y también el más escandaloso, es el de Emilio González Márquez, gobernador panista de Jalisco, un político ladino que ha montado una farsa oculta con el falso discurso de catolicismo y honradez.
Gracias al trabajo de Francisco de Anda, reportero del diario Mural, de Guadalajara, Jalisco, se pudo conocer el tamaño de la infamia de González Márquez, uno de los gobernadores panistas de la Organización Nacional del Yunque: la transferencia, al menos inmoral, de 67 millones 250 mil pesos para que Televisa monte su anual monumento a la frivolidad.
¿Qué pretende González Márquez, quien apenas tiene tres meses al frente del gobierno de Jalisco? Lo mismo que el propio Emilio Azcárraga se encargó de decirle, no a los jóvenes participantes --deslumbrados por ver a quienes salen en la tele y tocar los aparatos para tal fin--, sino a la clase política, que es la que maneja los recursos de los ciudadanos: que quien se someta a Televisa puede ser político de altos vuelos y llegar, inclusive, hasta la Presidencia de la República.
Azcárraga Jean --quien podrá no tener idea de cómo se escribe su nombre, pero sí de negocios-- lo dijo claro pese a su desarticulada expresión verbal, dirigiéndose al ambicioso político de Lagos de Moreno: “Vemos que de aquí para adelante, con la ventaja de que llevas aquí apenas unos meses en esto, seguramente los siguientes seis años aquí, y seguramente, aunque dijiste que no, pero yo estoy terco que tu carrera política va a seguir después. Seguramente muchos años trabajaremos juntos.”
Y claro que González Márquez quiere ser Presidente de México: Ya articuló un equipo para enlazarse con tal fin con gobiernos estatales panistas, como el de Guanajuato, cuyo enlace es Raúl Monjarás, coordinador de asesores de Juan Manuel Oliva, ambos militantes de la organización ultraderechista de El Yunque.
González Márquez, último presidente del que se llamó Partido Demócrata Mexicano (PDM), dispuso de esos más 67 millones de pesos --y de otros 5 en promocionales-- para entregárselos a Televisa, pero otros gobernantes de su mismo partido y del PRI han contribuido también a ese propósito, en donde la empresa televisiva ha llevado sus desplantes de poder llamado Espacio.
En 2001, el defenestrado pero multimillonario Arturo Montiel financió ese espectáculo en el estado de México; el año siguiente fue Nayarit, con el priista Ney González; en 2003, el anfitrión fue alguien de casa, Miguel Alemán Valdés, de Veracruz; en 2004, fue en Nuevo León, con Natividad González Parás; en 2005, el panista Marcelo de los Santos pagó la estancia de Televisa, y el año pasado el priista Jesús Aguilar Padilla recibió a Azcárraga.
Pero Televisa tiene muchas maneras de someter a los gobernantes: el mejor ejemplo es Mario Marín, el gobernador de Puebla, que entre otras de sus arbitrariedades se coludió con Kamel Nacif para “escarmentar” a la periodista Lydia Cacho.
Resulta que Marín, agobiado por el golpeteo, decidió pactar con Televisa la entrega de millones de pesos de los poblanos: le organizó, a un costo de al menos 21 millones de pesos, la entrega de los premios “Oye”, celebrada en octubre en el Complejo Cultural Siglo XXI, en cuya ceremonia de promoción a cantantes hubo gritos de repudio de los asistentes, justo cuando su esposa, Margarita García, tomó el micrófono para entregar la presea a Alejandro Fernández: “¡precioso, precioso, precioso!”, le gritaron.
Inclusive, tuvo que intervenir el humorista Adal Ramones para encubrir a Marín, quien se abstuvo de asistir a ese evento. “Señores, por favor, que estamos en cadena internacional y más de 20 países nos van a ver. Debemos dar una buena imagen de Puebla”, dijo el conductor, quien celebró en esta entidad, en mayo, el aniversario de su programa “Otro rollo”, que le costó al erario estatal diez millones de pesos.
¿Qué pasó con Marín en los noticiarios de Televisa? Cesaron las burlas.
Televisa no pierde.
Apuntes
Después de reunirse --en secreto, por supuesto-- con los secretarios de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y de la Función Pública, Germán Martínez, el jefe del clero nacional, Norberto Rivera Carrera, fue absuelto --en un sabadazo-- de violar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público por su amenazante proselitismo político por la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Nadie puede tener dudas de la fijación clerical del gobierno de Calderón, que tolera las insolencias de otro cardenal Juan Sandoval Iñiguez, de Guadalajara, quien llama “hijos de las tinieblas” a quienes piensen distinto a él… La matanza de una familia en Sinaloa, a manos de tropa del Ejército, es otra muestra del rostro represivo de Calderón, quien está sometido al imperio... El pacto mafioso entre Calderón y Fox se ratifica con el fallo favorable a los hijos de Marta Sahagún. ¿A qué viene José María Aznar a México? A hacer a este país punta de lanza para reforzar el neocolonialismo.
delgado@proceso.com.mx
sábado, junio 09, 2007
La Corte en la política
Jorge Carrasco Araizaga
Proceso
9 de junio de 2007
México, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no hace política, dice su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia; pero qué manera de incidir en la política ha tenido el máximo tribunal del país.
La resolución del juicio de acción de inconstitucionalidad de la llamada Ley Televisa, como se conoció a las contrarreformas de las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, demostraron una vez más la creciente importancia del Poder Judicial en el equilibrio de los poderes en México.
“La realidad es que no saben de lo que estamos hechos (los ministros), para cumplir con nuestras encomiendas, no pagamos costo político alguno”, dijo el ministro ponente de ese juicio, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, al comienzo de la instrucción del mismo.
Su advertencia fue tanto para la campaña televisiva en su contra por proponer la anulación de partes sustanciales de esas reformas, como para quienes promovieron la acción de inconstitucionalidad.
Fue la primera de las sorpresas del juicio que salió del pleno de ministros, sobre todo de aquellos que, comenzando por Aguirre, identificado con el PAN, son conocidos por sus posiciones conservadoras e interpretaciones ortodoxas de la Constitución.
A él se sumó el mismo Mariano Azuela, quien como antecesor de Ortiz Mayagoitia en la presidencia de la Corte sí hizo política en pleno proceso electoral del 2006 –y aún antes, en el caso del desafuero– con su abierta oposición a Andrés Manuel López Obrador.
En este juicio, Azuela fue de los ministros que con más énfasis reclamó no sólo la rectoría del Estado en el espacio radioeléctrico que pretendían a perpetuidad Televisa y TV Azteca, sino que se opuso a la discriminación que pretendían establecer las reformas de los permisionarios de las radios públicas y comunitarias respecto a los concesionarios de la radio y televisión comercial.
El pleno de ministros se erigió como tribunal constitucional, producto de la reforma al Poder Judicial de 1995 que le dio las facultades para resolver acciones de inconstitucionalidad –para que minorías parlamentarias calificadas impugnen las decisiones de las mayorías legislativas– y controversias constitucionales para dirimir las diferencias entre los poderes, los distintos niveles de gobierno o entre ambos.
Esa facultad ha permitido la incidencia de la Corte en la política, aunque también ha sido motivo para que la clase política quiera resolver sus diferencias en el máximo tribunal y no en la negociación que les debe ser propia y a la que están obligados.
Pero casos como la Ley Televisa demostraron, como pocas veces, la importancia del respeto a los principios constitucionales. De haber sido esa la actitud prevaleciente, la historia del país sería otra.
“Interpretamos el texto constitucional a partir de peticiones que se nos presentan. La agenda del tribunal constitucional de México es eminentemente pública: pertenece a quienes solicitan nuestra intervención”, dijo también Mayagoitia en un mensaje político en la conclusión del juicio que, por su trascendencia en la vida pública y económica, concentró la atención mediática.
No sólo eso, la Corte transparentó el desahogo del juicio, incluso con la puesta en internet del proyecto de resolución, algo que, como observó Azuela, no está previsto por la Ley de Transparencia, pues como en cualquier juicio el expediente debe estar reservado hasta que los jueces emitan su fallo.
Pero por tratarse de un asunto de interés público en el que estaba de por medio uno de los bienes de la nación –el espacio radioeléctrico– ese ministro propuso, incluso, que en casos similares que trate la Corte se proceda de la misma manera. La propuesta no se votó, pero ya está el precedente para que el máximo tribunal fije ese criterio.
Lo que sí hizo la Corte, fue darle los argumentos a Felipe Calderón para que, como presidente, tome decisiones políticas frente a las televisoras en defensa del interés público.
Superado este juicio, la Corte desahogará en lo inmediato otras causas judiciales que también incidirán en la política.
El primero, el recurso de reclamación de la Cámara de Diputados por la decisión de la Corte de admitir la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Federal Electoral contra ese órgano legislativo por supuesta invasión de esferas, generada con la decisión de los legisladores de recortarle el abultado presupuesto a la autoridad electoral.
En seguida, la Corte tendrá que resolver la solicitud de la misma Cámara de Diputados para que se investiguen los hechos ocurridos el año pasado en Oaxaca, relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y que involucran al gobernador Ulises Ruiz.
En el mismo sentido habrá de dar a conocer los resultados de la investigación que realiza en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín, por el caso Lydia Cacho.
También, sobre lo ocurrido en Atenco, en el Estado de México y en el que, además de involucrar a autoridades locales, aparece el procurador de Felipe Calderón, Eduardo Medina Mora.
La Corte, insiste, su presidente, no hace política. Pero de que influye en ella, no hay duda. (8 de junio de 2007)
Proceso
9 de junio de 2007
México, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no hace política, dice su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia; pero qué manera de incidir en la política ha tenido el máximo tribunal del país.
La resolución del juicio de acción de inconstitucionalidad de la llamada Ley Televisa, como se conoció a las contrarreformas de las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, demostraron una vez más la creciente importancia del Poder Judicial en el equilibrio de los poderes en México.
“La realidad es que no saben de lo que estamos hechos (los ministros), para cumplir con nuestras encomiendas, no pagamos costo político alguno”, dijo el ministro ponente de ese juicio, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, al comienzo de la instrucción del mismo.
Su advertencia fue tanto para la campaña televisiva en su contra por proponer la anulación de partes sustanciales de esas reformas, como para quienes promovieron la acción de inconstitucionalidad.
Fue la primera de las sorpresas del juicio que salió del pleno de ministros, sobre todo de aquellos que, comenzando por Aguirre, identificado con el PAN, son conocidos por sus posiciones conservadoras e interpretaciones ortodoxas de la Constitución.
A él se sumó el mismo Mariano Azuela, quien como antecesor de Ortiz Mayagoitia en la presidencia de la Corte sí hizo política en pleno proceso electoral del 2006 –y aún antes, en el caso del desafuero– con su abierta oposición a Andrés Manuel López Obrador.
En este juicio, Azuela fue de los ministros que con más énfasis reclamó no sólo la rectoría del Estado en el espacio radioeléctrico que pretendían a perpetuidad Televisa y TV Azteca, sino que se opuso a la discriminación que pretendían establecer las reformas de los permisionarios de las radios públicas y comunitarias respecto a los concesionarios de la radio y televisión comercial.
El pleno de ministros se erigió como tribunal constitucional, producto de la reforma al Poder Judicial de 1995 que le dio las facultades para resolver acciones de inconstitucionalidad –para que minorías parlamentarias calificadas impugnen las decisiones de las mayorías legislativas– y controversias constitucionales para dirimir las diferencias entre los poderes, los distintos niveles de gobierno o entre ambos.
Esa facultad ha permitido la incidencia de la Corte en la política, aunque también ha sido motivo para que la clase política quiera resolver sus diferencias en el máximo tribunal y no en la negociación que les debe ser propia y a la que están obligados.
Pero casos como la Ley Televisa demostraron, como pocas veces, la importancia del respeto a los principios constitucionales. De haber sido esa la actitud prevaleciente, la historia del país sería otra.
“Interpretamos el texto constitucional a partir de peticiones que se nos presentan. La agenda del tribunal constitucional de México es eminentemente pública: pertenece a quienes solicitan nuestra intervención”, dijo también Mayagoitia en un mensaje político en la conclusión del juicio que, por su trascendencia en la vida pública y económica, concentró la atención mediática.
No sólo eso, la Corte transparentó el desahogo del juicio, incluso con la puesta en internet del proyecto de resolución, algo que, como observó Azuela, no está previsto por la Ley de Transparencia, pues como en cualquier juicio el expediente debe estar reservado hasta que los jueces emitan su fallo.
Pero por tratarse de un asunto de interés público en el que estaba de por medio uno de los bienes de la nación –el espacio radioeléctrico– ese ministro propuso, incluso, que en casos similares que trate la Corte se proceda de la misma manera. La propuesta no se votó, pero ya está el precedente para que el máximo tribunal fije ese criterio.
Lo que sí hizo la Corte, fue darle los argumentos a Felipe Calderón para que, como presidente, tome decisiones políticas frente a las televisoras en defensa del interés público.
Superado este juicio, la Corte desahogará en lo inmediato otras causas judiciales que también incidirán en la política.
El primero, el recurso de reclamación de la Cámara de Diputados por la decisión de la Corte de admitir la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Federal Electoral contra ese órgano legislativo por supuesta invasión de esferas, generada con la decisión de los legisladores de recortarle el abultado presupuesto a la autoridad electoral.
En seguida, la Corte tendrá que resolver la solicitud de la misma Cámara de Diputados para que se investiguen los hechos ocurridos el año pasado en Oaxaca, relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y que involucran al gobernador Ulises Ruiz.
En el mismo sentido habrá de dar a conocer los resultados de la investigación que realiza en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín, por el caso Lydia Cacho.
También, sobre lo ocurrido en Atenco, en el Estado de México y en el que, además de involucrar a autoridades locales, aparece el procurador de Felipe Calderón, Eduardo Medina Mora.
La Corte, insiste, su presidente, no hace política. Pero de que influye en ella, no hay duda. (8 de junio de 2007)
viernes, junio 01, 2007
“¿Tú le crees a Soberanes? Yo tampoco”
José Gil Olmos
Proceso
31 de mayo de 2007
México, D.F., 30 de mayo (apro).- Con un presupuesto de más de 700 millones de pesos anuales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es la institución en su género que más dinero tiene en el mundo. Pero ni con todos estos recursos su presidente José Luis Soberanes ha hecho su labor de defensor del pueblo. Al contrario, ha demostrado que sus intereses particulares van primero.
Ninguna de las tres presidencias anteriores en la CNDH ha sido tan mal vista y cuestionada como la del doctor Soberanes. Y no sólo por su protagonismo histriónico en los medios y en la política, sino también por la falta de autonomía e independencia ante las autoridades, la pésima administración de sus recursos y su ineficacia como defensor del pueblo.
En los últimos meses, el protagonismo y los intereses políticos le han ganado al ombudsman mexicano. Contrario a la naturaleza de su tarea, a contracorriente de lo que el país necesita, el doctor Soberanes no desperdicia una oportunidad para hacerse ver en la opinión pública o para defender al Ejército y al presidente Felipe Calderón, sin importar que ponga en riesgo la credibilidad de la institución como ha ocurrido con los casos de Ernestina Ascencio, Oaxaca, Atenco y la reciente controversia constitucional contra la despenalización del aborto que presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A Soberanes le cuesta trabajo deslindarse de sus propios intereses. Si bien es cierto que, en los primeros años de su larga gestión iniciada en 1997 tuvo un bajo perfil, también es cierto que en todos estos años no se ha comprometido en denunciar las tropelías cometidas por el Ejército y el Ejecutivo federal.
Todo parece indicar que son ciertas las versiones de que el presidente de la CNDH pretende saltar de la defensoría de los derechos humanos a la Procuraduría General de la República o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para ello necesita de los favores de Felipe Calderón desde la Presidencia de la República.
Sólo de esta manera se puede entender el comportamiento del doctor Soberanes: está tratando de quedar bien con el presidente y su partido, el PAN, para avanzar en sus pretensiones políticas.
Sin embargo, lo que no se puede entender o aceptar es el enorme gasto que tiene en comidas exquisitas con facturas de hasta 16 mil pesos en la compra de caviar, patés y otros gustos carísimos cuando tiene el papel de defender a un pueblo que vive en la miseria.
Tampoco se puede comprender cómo ha dejado en la impunidad casos claros de violaciones a mujeres por parte de militares, como el de la señora Ernestina Ascencio.
En un juego de palabras, bien se podría aplicar al presidente de la comisión la máxima que Elba Esther Gordillo le impuso a Roberto Madrazo: “¿Tu le crees a Soberanes? Yo tampoco”.
¿Quién puede creerle al presidente de la CNDH cuando dice que, de motu propio, presentó la queja contra la despenalización del aborto en la Suprema Corte de Justicia, cuando al mismo tiempo lo hizo la PGR con la anuencia del presidente Felipe Calderón? ¿Quién le va a creer cuando afirma que él no ha actuado por consigna en los casos de Oaxaca, Zongolica, Guerrero y Coahuila, en los que militares y policías han cometido graves violaciones a los derechos humanos de ciudadanos?
Todavía se pueden recordar las palabras de Soberanes cuando presentó tardíamente el informe de Oaxaca y deslindó de toda responsabilidad al gobierno de Calderón: “No tiene porque pagar los muertos del pasado”, dijo de manera obsequiosa sobrepasando sus propios límites, pues su papel es enviar las recomendaciones al gobierno en turno para que se tomen las medidas necesarias y resarcir parte del daño causado.
Estas actuaciones han dañado de manera grave la credibilidad y la confianza social en la CNDH. Ha habido casos en los que los quejosos prefieren no entrevistarse con los visitadores, pues de antemano saben que no servirá de nada buscar su protección, ya que estos representantes de la comisión están coludidos con las autoridades estatales o federales, como ocurrió en Oaxaca.
Conocedora de esta situación, de esta crisis de credibilidad, la CNDH pagó recientemente inserciones en algunos medios con los resultados de una encuesta, según los cuales ésta institución sigue siendo confiable para la mayoría de los ciudadanos.
A pesar de los gastos de esta campaña de expiación de culpas y de autopromoción, en el fondo se da un efecto a la inversa, pues sólo se refuerza la percepción de que ha crecido la desconfianza en la autonomía e independencia de la CNDH presidida por el doctor Soberanes.
De poco sirve a una sociedad en crisis una comisión de derechos humanos sin peso, sin moral ni ética. Por eso, ya es tiempo de realizar cambios en la presidencia de la CNDH, no obstante que el tiempo fijado sea hasta 2008.
Y a partir de estos cambios iniciar una limpieza en su estructura y dejar a un lado los favores políticos para dedicarse a la función para la que fue creada: proteger y promocionar la defensa de los derechos humanos.
Proceso
31 de mayo de 2007
México, D.F., 30 de mayo (apro).- Con un presupuesto de más de 700 millones de pesos anuales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es la institución en su género que más dinero tiene en el mundo. Pero ni con todos estos recursos su presidente José Luis Soberanes ha hecho su labor de defensor del pueblo. Al contrario, ha demostrado que sus intereses particulares van primero.
Ninguna de las tres presidencias anteriores en la CNDH ha sido tan mal vista y cuestionada como la del doctor Soberanes. Y no sólo por su protagonismo histriónico en los medios y en la política, sino también por la falta de autonomía e independencia ante las autoridades, la pésima administración de sus recursos y su ineficacia como defensor del pueblo.
En los últimos meses, el protagonismo y los intereses políticos le han ganado al ombudsman mexicano. Contrario a la naturaleza de su tarea, a contracorriente de lo que el país necesita, el doctor Soberanes no desperdicia una oportunidad para hacerse ver en la opinión pública o para defender al Ejército y al presidente Felipe Calderón, sin importar que ponga en riesgo la credibilidad de la institución como ha ocurrido con los casos de Ernestina Ascencio, Oaxaca, Atenco y la reciente controversia constitucional contra la despenalización del aborto que presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A Soberanes le cuesta trabajo deslindarse de sus propios intereses. Si bien es cierto que, en los primeros años de su larga gestión iniciada en 1997 tuvo un bajo perfil, también es cierto que en todos estos años no se ha comprometido en denunciar las tropelías cometidas por el Ejército y el Ejecutivo federal.
Todo parece indicar que son ciertas las versiones de que el presidente de la CNDH pretende saltar de la defensoría de los derechos humanos a la Procuraduría General de la República o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para ello necesita de los favores de Felipe Calderón desde la Presidencia de la República.
Sólo de esta manera se puede entender el comportamiento del doctor Soberanes: está tratando de quedar bien con el presidente y su partido, el PAN, para avanzar en sus pretensiones políticas.
Sin embargo, lo que no se puede entender o aceptar es el enorme gasto que tiene en comidas exquisitas con facturas de hasta 16 mil pesos en la compra de caviar, patés y otros gustos carísimos cuando tiene el papel de defender a un pueblo que vive en la miseria.
Tampoco se puede comprender cómo ha dejado en la impunidad casos claros de violaciones a mujeres por parte de militares, como el de la señora Ernestina Ascencio.
En un juego de palabras, bien se podría aplicar al presidente de la comisión la máxima que Elba Esther Gordillo le impuso a Roberto Madrazo: “¿Tu le crees a Soberanes? Yo tampoco”.
¿Quién puede creerle al presidente de la CNDH cuando dice que, de motu propio, presentó la queja contra la despenalización del aborto en la Suprema Corte de Justicia, cuando al mismo tiempo lo hizo la PGR con la anuencia del presidente Felipe Calderón? ¿Quién le va a creer cuando afirma que él no ha actuado por consigna en los casos de Oaxaca, Zongolica, Guerrero y Coahuila, en los que militares y policías han cometido graves violaciones a los derechos humanos de ciudadanos?
Todavía se pueden recordar las palabras de Soberanes cuando presentó tardíamente el informe de Oaxaca y deslindó de toda responsabilidad al gobierno de Calderón: “No tiene porque pagar los muertos del pasado”, dijo de manera obsequiosa sobrepasando sus propios límites, pues su papel es enviar las recomendaciones al gobierno en turno para que se tomen las medidas necesarias y resarcir parte del daño causado.
Estas actuaciones han dañado de manera grave la credibilidad y la confianza social en la CNDH. Ha habido casos en los que los quejosos prefieren no entrevistarse con los visitadores, pues de antemano saben que no servirá de nada buscar su protección, ya que estos representantes de la comisión están coludidos con las autoridades estatales o federales, como ocurrió en Oaxaca.
Conocedora de esta situación, de esta crisis de credibilidad, la CNDH pagó recientemente inserciones en algunos medios con los resultados de una encuesta, según los cuales ésta institución sigue siendo confiable para la mayoría de los ciudadanos.
A pesar de los gastos de esta campaña de expiación de culpas y de autopromoción, en el fondo se da un efecto a la inversa, pues sólo se refuerza la percepción de que ha crecido la desconfianza en la autonomía e independencia de la CNDH presidida por el doctor Soberanes.
De poco sirve a una sociedad en crisis una comisión de derechos humanos sin peso, sin moral ni ética. Por eso, ya es tiempo de realizar cambios en la presidencia de la CNDH, no obstante que el tiempo fijado sea hasta 2008.
Y a partir de estos cambios iniciar una limpieza en su estructura y dejar a un lado los favores políticos para dedicarse a la función para la que fue creada: proteger y promocionar la defensa de los derechos humanos.
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