El crimen de Fox

Raymundo Riva Palacio
El Universal
15 de octubre de 2007

Una ruta paralela a la investigación sobre el presunto enriquecimiento del ex presidente Vicente Fox tendría que ser por haber encaminado al país al borde de la bancarrota.

Vicente Fox niega que sea el malo de la película que muchos están viendo en México. “La mía es una buena historia norteamericana”, le dijo a un reportero de The Washington Post que lo siguió en sus presentaciones de libros por tres ciudades. “Hay historias de amor de pioneros luchadores y mujeres valientes, de bandidos con rifles, hermosas damas… Y como las mejores historias norteamericanas, la mía ofrece la esperanza de que cualquier chico de rancho puede llegar a ser presidente de una gran democracia”. Según él, tenemos que agradecerle por todo lo que hizo, subirlo en el pedestal eterno y rendirle tributo. Pero no. A Vicente Fox hay que darle un castigo político, pues cometió un acto criminal.

Fox no es un criminal desde el punto de vista penal, sino por la forma como ejecutó la política energética, que ha hecho un daño a millones de mexicanos que no se han dado cuenta. Comenzó desde que entregó Pemex a Raúl Muñoz Leos, un ejecutivo de la multinacional Dupont de mala fama y peor comportamiento, cuya esposa había tenido relaciones con la ex primera dama Marta Sahagún, lo que pavimentó su llegada a la empresa sostén de las finanzas públicas nacionales.

La definición de criminal no se refiere a los presuntos actos de corrupción que supuestamente permitió Muñoz Leos en beneficio de la familia presidencial. Se trata de cómo, en el sexenio foxista, se fue mutilando por completo la capacidad de Pemex como empresa nacional, y allanando el camino para la privatización que ofreció el propio Fox a inversionistas europeos cuando en un viaje a Bruselas en el primer tercio de su gobierno, les aseguró que la privatización era un hecho. Nunca pudo completar ese paso, pero el daño estaba hecho.

El estrangulamiento de la presidencia foxista a Pemex se puede ver de manera más o menos sencilla a través de datos fundamentales. Durante su sexenio, la paraestatal pagó impuestos por más de 250 mil millones de dólares, aportando 9% del Producto Interno Bruto.

En contraste, el total de impuestos del sector privado durante el mismo periodo, durante el cual se añadieron nombres nuevos a la lista de multimillonarios de la revista Forbes, y los que ya estaban escalaron a altos puestos en el ranking mundial, representó apenas 2% de la riqueza nacional. No es novedad que la carga fiscal de Pemex sea brutal, o que Fox haya sido el iniciador de la sobretasa a la paraestatal. Lo que fue “criminal”, como describe el profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana Antonio Montoya, una de las cabezas de un proyecto multidisciplinario nacional que se enfoca a temas de seguridad nacional, fue cómo al mismo tiempo, el gobierno foxista fue secando los recursos naturales de la nación.

En seis años, de acuerdo con sus investigaciones, Pemex incrementó su aportación al gasto público de 35% que promedió en los sexenios anteriores, a 40%. Pero no fue a infraestructura o en apoyo directo a una política industrial nacional, sino que esos recursos se destinaron sobre todo a gasto corriente.

Es decir, el recurso natural no renovable más preciado, se utilizó para financiar al gobierno y disfrazar su endeudamiento interno. Nunca autorizó al sector energético la construcción de refinerías o de petroquímicas, pero sí la creciente exportación de crudo.

El resultado es que durante su sexenio se exportó la mitad de las reservas probadas del país, cayendo de 31 mil millones de barriles a 15 mil millones de barriles. La falta de inversión hizo cada vez más onerosa la operación de Pemex, como se puede comprobar en que la empresa sólo logra reponer a la reserva 28% de cada barril extraído, ocupando el penúltimo lugar en el mundo, donde 70% de las empresas petroleras tienen una reposición superior al costo de extracción. Aún más, en 2000 el costo de extracción era de 5 dólares por barril; hoy se encuentra entre 9.50 y 10 dólares, el doble. En palabras de Montoya, no hubo inversión, pero se ordeñó a Cantarell, el pozo más generoso que ha tenido México que produce 55% del crudo, y que se está agotando aceleradamente.

La política de Fox de acelerada extracción y exportación de crudo sin valor agregado, ha llevado al país por senderos peligrosos, que tienen como síntomas onerosos el que México tenga que importar 40% de la gasolina que consume, y que en petroquímica, Fox regresara a México seis años, llevándolo al nivel de producción que tenía en 1994. Fue una política, presuntamente deliberada, para entregar a Pemex a manos extranjeras por la puerta de atrás. El debate sobre la necesidad de permitir inversión extranjera en la empresa siempre escondió las maniobras de Fox a través de Muñoz Leos.

El ex presidente va por la vida mintiendo, soslayando sistemáticamente el golpe que dio al destino nacional. El presidente Felipe Calderón ha señalado en dos ocasiones que México sólo tiene petróleo para nueve años, pero no muchos le están haciendo caso. Los diferendos políticos por la elección en 2006 esconden mucho del fondo de las cosas, al minimizar sus palabras o, de plano, descalificarlas. La realidad es mucho más grave de lo que ya parece.

Si uno revisa la última década en materia de comercio exterior, puede apreciar que el saldo negativo se ha reducido, porque las exportaciones han estado lo suficientemente sólidas. El déficit comercial acumulado en el periodo fue de 67 mil 150 millones de dólares.

Sin embargo, estos datos incluyen dentro de las exportaciones al petróleo y la industria maquiladora, cuyo impacto para la economía mexicana es limitado. Si se eliminaran ambos rubros, el déficit comercial acumulado de 1999 a 2006, hubiera sido de 405 mil millones de dólares; casi 6.5 veces más de lo registrado.

En el sexenio de Fox, más de 600 empresas maquiladoras se fueron de México, al perder ventajas comparativas no sólo en el costo de la mano de obra, sino por los deficientes servicios de agua, energía eléctrica y en menor medida por la inseguridad. En cuanto al petróleo, no hay nada que permita ser optimista para revertir el diagnóstico de que se acabará en la segunda parte de la próxima década. Señor Fox, ¿qué hizo usted a este país?

En una entrevista este viernes con el periódico Dallas Morning News, Fox se declaró en contra de que el Congreso lo investigue “porque no creo que ningún presidente deba ser presa de una cacería”. Se equivoca, señor Fox. Usted se la ganó a pulso. Hay que ponerlo a juicio histórico y político, no sólo en caso de comprobarse, por lo que presuntamente se robó junto con su familia política, la de la señora Sahagún, sino por esa política traidora con los recursos naturales mexicanos, condenando a este gobierno y al que venga en el 2012, a una costosa pesadilla como resultado de su entreguismo a manos extranjeras. Ese diseño fue criminal y tendría que responder por ello.

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Violaciones militares

Raymundo Riva Palacio
Columna Estrictamente personal
El Universal
3 de septiembre de 2007

En su mensaje a la nación, el presidente Felipe Calderón se comprometió en los dichos a castigar a quien en su gobierno viole los derechos humanos. En los hechos, lo solapa.

Felipe Calderón no es el primer Presidente con un trato altamente diferenciado hacia el Ejército. Pero quizá lo que sí lo distingue de sus antecesores es que es el Presidente que ha mostrado tener el alma más verde. No es sólo su estrecha relación personal con el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, sino la forma como le ha permitido todo, menos una petición: sacar al Ejército a las calles, indiscriminadamente, en todo el país. El general Galván acató la instrucción, pero, se puede decir, no del todo.

Hace tres semanas, sin notificar a ninguna autoridad civil, los militares realizaron un operativo en el poniente de la ciudad de México en busca de células del EPR, dentro de una campaña de liquidación contra la dirigencia de la guerrilla. Allanaron casas sin autorización alguna, levantando de sus camas a familias enteras —por cierto, ninguna vinculada con el EPR—, atemorizando a vecinos y vecindarios. La acción estuvo a punto de desbordarse y provocar un enfrentamiento a tiros con la autoridad capitalina, salvada en último momento por una llamada del alto mando militar al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega, para informarle que eran unidades a su cargo las que realizaban el operativo.

En la antepasada, dejaron correr la especie de que un personaje llamado Óscar Nahúm, sin apellidos, era en realidad el senador René Arce, la figura política más poderosa dentro del PRD en el Distrito Federal. A menos que la inteligencia militar, a la que se le acreditó como fuente central de la versión periodística, tenga una información que no se encuentra en los archivos del resto del gobierno mexicano, lo que hizo fue avalar una mentira. El expediente del Cisen sobre el EPR da cuenta de tres familias fundadoras —todas provenientes del desaparecido PROCUP—: los Canseco Ruiz, los Cruz Sánchez y los Círigo Vázquez. A diferencia de los Cruz Sánchez, la familia Canseco Ruiz ha sido muy golpeada con los años, y buena parte de sus integrantes dejaron la lucha armada y son luchadores sociales.

En el caso de los Círigo Vázquez, el documento es muy claro para señalar que la gran mayoría de sus integrantes dejaron la lucha armada hace cuando menos dos décadas para realizar actividad política dentro del marco legal. René Arce, que proviene de esa familia, o su medio hermano Víctor Hugo Círigo Vázquez, líder de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se encuentran en esa situación. No así su otro hermano, Óscar Nahúm Círigo Vázquez, alias El Avión, a quien el Cisen identifica como el jefe militar del EPR que realizó un ataque en Huatulco en 1996, como parte de una serie de acciones simultáneas en seis estados. Lo último que presume el Cisen de Óscar Nahúm, a quien tienen identificado en fotografía, es que es el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, que se escindieron del EPR.

La semana pasada fue el último acto militar por la libre. Sin decirle nada a nadie en el gobierno federal, menos aún al capitalino, un comando ingresó a un muy concurrido restaurante en la zona afluente de Polanco para arrestar a varios presuntos narcotraficantes, incluido a quien presumen lugarteniente de Heriberto Lazcano, jefe de Los Zetas y aparentemente el nuevo líder del cártel del Golfo, y dos colombianos, responsables de finanzas y logística del cártel del Valle, de Colombia. Los militares los tuvieron retenidos durante ocho horas, antes de ser puestos a disposición de las autoridades civiles, competentes en la materia, lo que representa una arbitrariedad jurídica.

¿Qué está pasando en el Ejército mexicano? El apoyo político que da la Secretaría de la Defensa Nacional al presidente Calderón está teniendo un alto costo para amplios sectores de la sociedad, que se incrementará en la medida en que no se le ponga un alto. Lo que reflejan esas acciones militares son manejo extralegal, violación de los derechos humanos y conculcación de garantías individuales. Ya sea por el combate al narcotráfico o contra el EPR, el Ejército está modificando su doctrina y función, creando bolsas de estados de excepción en el país donde sólo la suya es ley. La operación militar en Michoacán, dentro de la lucha contra el narcotráfico, es emblemática.

El gobierno federal afirma que le han quitado espacios de poder a los cárteles de la droga, recuperando dominio territorial. Es cierto, pero ¿a qué costo? El general Galván ha enviado a soldados por cuando menos ocho estados del país en forma regular para tareas de seguridad pública, y establecido retenes en todo el país, violando la Constitución. El Ejército sólo puede realizar operativos de vigilancia e inspección para los fines de seguridad pública, cuando la autoridad responsable, la Secretaría de Seguridad Pública, solicite ese apoyo, o cuando lo solicite expresamente la autoridad civil.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene documentados abusos de los militares contra población civil. En un informe preliminar que dio a conocer su titular José Luis Soberanes, anticipó la presunción de atentados militares contra cuatro mujeres menores de edad, dos casos de tortura, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, allanamientos de morada con daños en propiedad ajena, atentado a la integridad física y ejercicio indebido del servicio público. Investigaciones posteriores encontraron en Michoacán casos de varios militares que dieron positivo en las pruebas para saber si estaban bajo el influjo de la cocaína.

La respuesta presidencial a los atropellos de los militares ha sido de mayor apoyo. Por decreto, autorizó al general Galván la creación de un cuerpo de élite que no sólo actúe contra la delincuencia organizada, sino para intervenir contra cualquier evento que considere genere inestabilidad política.

Esta disposición vuelve a violar la Constitución, al tener los militares un mandato ejecutivo que les permite operar sin la autorización expresa del Congreso bajo parámetros de estado de sitio, justificando al mismo tiempo la represión de aquellos que expresen en forma beligerante su inconformidad con el estado de las cosas.

Los abusos permitidos por la Presidencia deben tener un fin. La CNDH está preparando una serie de recomendaciones a la Secretaría de la Defensa por las violaciones a los derechos humanos cometidos en la lucha contra el narco, y en el Congreso preparan una reforma judicial que impida al Ejecutivo violentar la ley amparado en las lagunas jurídicas existentes. Pero no pueden ir solos. La sociedad no debe confundir que aun en el combate contra la delincuencia organizada o los grupos que realicen actividades fuera de la ley, un Estado no puede actuar ilegalmente ni bajo el régimen hobbesiano de la ley del más fuerte. Tolerar que el Estado viole la ley para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos es abrir la puerta a un Estado represor que, por el silencio colectivo en el que nos encontramos, va avanzando hacia una consolidación. Esto debe ser frenado antes de que sea demasiado tarde.

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Partido Acción Nacional, responsable de las explosiones en Guanajuato (Primera parte)

Por: Eratóstenes Horamarcada

Ésta es la segunda vez, en 8 meses, que cierta corriente del Partido Acción Nacional --que intenta, por medio del terror y de manera muy torpe, fortalecer a Felipe Calderón-- pone en peligro a la sociedad mexicana con alarmantes atentados a objetivos civiles.

Por lo menos eso es lo que yo creo, y voy a explicar las razones que tengo para pensar así.

El 6 de noviembre del año pasado, en el Distrito Federal, los edificios del Tribunal Electoral y el PRI, así como el cajero automático de un banco, resultaron superficialmente dañados por el estallamiento simultáneo de tres petardos. Durante los días posteriores se sucedieron más ataques, en otras partes de la república, de consecuencias físicas tan modestas como las del primero.

Si bien extravagantes grupos guerrilleros de los que nadie, hasta ese momento, había tenido noticia, se adjudicaron la autoría de aquellas explosiones, la selección de los primeros objetivos --que vuelvo a enumerar: TRIFE, PRI, bancos-- llevó a una población exaltada todavía por la propaganda del PAN y el Consejo Coordinador Empresarial, a señalar a los partidos políticos como culpables de esa manifestación de violencia. Por un lado, el ataque a la sede del PRI --el partido que sostiene al gobernador de Oaxaca, estado que atravesaba por entonces sus días más difíciles-- hizo pensar a algunos que la APPO había tenido algo que ver en la organización de los atentados. Por otro lado, el ataque al TRIFE podía ser interpretado como una venganza del PRD por la cuestionable actuación del Tribunal durante y después de los comicios de 2006: programas de radio como el de Óscar Mario Beteta, y periódicos como el capitalino Crónica, propagaron el chisme de que Andrés Manuel López Obrador era coautor de los atentados, y numerosos blogs y sitios de internet sirvieron de eco a las calumnias de Crónica y Beteta. Al final, la izquierda fue la más lastimada por los atentados, pues los medios de difusión gobiernistas aprovecharon la histeria para iniciar una campaña de difamación en contra del PRD y la APPO.

Dos semanas después del primer ataque, el periódico Reforma anunció la salida a la luz pública de un movimiento guerrillero que se denominó a sí mismo "Comando Magonista de Liberación de la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo". La TDR sería, de acuerdo con su propio dicho, una de las organizaciones responsables de los estallidos del 6 de noviembre. Los portavoces de la TDR aseguraron haber creado este movimiento como consecuencia de su deserción del Ejército Popular Revolucionario, y manifestaron coincidencias con la Convención Nacional Democrática que apoya a López Obrador. Extrañamente, también pretenden coincidir con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya lejanía respecto de AMLO es reconocida por todos. La nota de Reforma terminaba de vincular a López Obrador con grupos armados.

Muy conveniente para Felipe Calderón, ¿no creen?

Pero precisamente al observar que la principal víctima de los atentados era la izquierda de México, muchos nos preguntamos si el partido en el poder no estaría detrás de las explosiones.

El columnista de El Universal Raymundo Riva Palacio dio a conocer el 8 de noviembre que uno de los ingredientes de las bombas detonadas en el PRI y el TRIFE era el conocido como semtex, favorito de Al Qaeda y ETA. Dado el control tan estricto que existe en todo el mundo sobre el semtex, y la relativa facilidad de rastrear el origen del explosivo, Riva Palacio se preguntó: "¿Cuántos podrían arriesgarse a ser identificados? Una guerrilla altamente preparada, lista para enfrentar en definitiva a un Estado, sí. Un sector del mismo Estado, también. ¿Un gobierno extranjero? Igual".

Soy yo, Eratóstenes, quien subraya la frase: Un sector del mismo Estado, también.

A fines del 2006, la objeción más fuerte a la hipótesis de un origen estatal de las bombas era lo inconveniente que resultaba para Vicente Fox evidenciar la debilidad de su gobierno. Pero Fox estaba por abandonar el cargo; había dejado de ser una figura imprescindible para el PAN, al que, de hecho, molestaba con su torpe comportamiento público. Por eso prefiero hablar de un origen panista, partidista, no estatal ni gubernamental, de los atentados de 2006.

Del artículo de Riva Palacio se desprende la imposibilidad de que el PRD o la APPO hayan fraguado los atentados de hace 8 meses. Para el periodista, las posibilidades reales son: a) un gobierno extranjero; b) una guerrilla sólida, fuerte; c) un sector del Estado.

Consideremos en serio el primer inciso. ¿Qué nación podría estar interesada en sembrar el terror en México? A algunas personas les agradaría pensar que Venezuela o Cuba, pero, como he venido repitiendo, las explosiones supusieron un golpe para el PRD y la APPO; y, en mayor o menor grado, los gobiernos de los dos países mencionados se han solidarizado ante diversas coyunturas con la izquierda mexicana.

El otro nombre que acude a la mente es el de Estados Unidos.

(Continuará.)