Leonardo Boix
Proceso
30 de julio de 2007
Londres, 30 de julio (apro).- El gobierno de Felipe Calderón “no tiene como prioridad avanzar en el tema de los derechos humanos”, dice Robert Knox, investigador sobre México de la organización Amnistía Internacional (AI).
“No hemos visto ninguna señal clara y evidente de que este gobierno (de Calderón) tenga la determinación de resolver los problemas sobre derechos humanos”, afirma.
Y añade que para el nuevo gobierno mexicano, Oaxaca es “una prueba de fuego”, pues desde 2006, “las autoridades federales y el gobierno estatal han dejado en la impunidad homicidios, torturas, detenciones y cateos arbitrarios, así como una serie de violaciones individuales y colectivas ocurridas a lo largo del conflicto” en ese estado.
Insiste: “Hay que reconocer que estamos hablando de un gobierno (el de Calderón) que no ha cumplido siquiera un año en el poder, pero aun así podemos ver su falta de políticas en materia de derechos humanos”.
Comenta que ésta es una de las muchas preguntas que AI planteará al gobierno mexicano.
Y es que, a partir del próximo 31 de julio, una delegación de alto nivel de AI –encabezada por su secretaria general Irene Khan-- realizará una visita de cinco días a México para evaluar la situación de los derechos humanos en éste país y emitir un informe al respecto.
“No dudaremos en denunciar las violaciones cometidas”, advierte Knox, quien será uno de los miembros de dicha delegación.
Entrevistado por Apro minutos antes de viajar a México, Knox dice que dicho informe incluirá el caso de Oaxaca. Afirma que en él “vamos a decir que no hay únicamente una cuestión de responsabilidad estatal, pues las autoridades federales han sido señaladas como involucradas en violaciones de derechos humanos desde finales de octubre pasado y, a partir de lo que nosotros hemos podido documentar, no ha habido investigaciones adecuadas para esclarecer los hechos y juzgar a los responsables”.
Durante su visita a México, la delegación de AI tiene planeado reunirse con sobrevivientes de abusos de derechos humanos, organizaciones civiles, legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia y autoridades federales y estatales, como la canciller Patricia Espinosa; el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Josefina Salomón, encargada de asuntos de prensa de AI informó a Apro que la delegación solicitó una reunión con el presidente Calderón, la cual no ha tenido respuesta. “Realmente queremos sentarnos con el gobierno federal para expresarle nuestras preocupaciones, que son tan grandes como cuando estaba (Vicente) Fox en el poder”, declaró.
Y señaló que, en caso de que no sean concedidas las solicitudes para reunirse tanto con las autoridades federales como estatales, “lo veremos como una señal negativa, de que no les interesa el tema de los derechos humanos”.
De hecho, la visita iniciará en Oaxaca para “recabar información sobre los más recientes acontecimientos de exceso de violencia” del pasado 16 de julio, señaló Knox. Después, la delegación viajará a la ciudad de México y al estado de Guerrero.
Entrevistada por Apro, Salomón adelanta que, durante las reuniones con las autoridades, los miembros de AI abordarán el tema de “los abusos que se han cometido. Les pediremos que se juzguen a los responsables y que se tomen medidas para evitar que hayan más víctimas”.
Oaxaca, el objetivo
Knox, por su parte, dice que la estancia en Oaxaca de AI les permitirá “constatar casos emblemáticos” de abusos a los derechos humanos, los cuales quedarán documentados en el informe que emita posteriormente ésta organización. “También hablaremos con las autoridades locales e intentaremos que no haya impunidad en esos casos, lo que actualmente existe. Ese va a ser el objetivo principal en Oaxaca”.
Knox dice que la situación en éste estado “es compleja”, pero aclaró que “sigue siendo responsabilidad fundamental del Estado y de las autoridades federales, estatales y municipales”, garantizar el bienestar de los ciudadanos, “y hasta el momento no hemos podido constatar la determinación para llevar a cabo ese objetivo”.
Añade: “Oaxaca es un tema puntual y actual de violaciones muy graves que ocurrieron, que están ocurriendo y han vuelto a ocurrir”.
Y subraya que sigue siendo “una prueba muy dura” para las autoridades “que asumieron la responsabilidad de no dejar de investigar”.
Señala que el gobierno de Calderón “puede modificar su actitud y hacer lo que no ha ocurrido durante muchos años: resolver los problemas sobre derechos humanos. Tiene toda facultad y, si quisiera, toda la capacidad para atender esos casos de abusos”.
Knox agrega que la delegación de AI planteará al gobernador Ulises Ruiz “que se asuman las responsabilidades sobre el respeto a los derechos humanos”.
Explica: “Aunque existen agentes municipales y estatales, la responsabilidad recae directamente en el Ejecutivo del estado. Primero, para prevenir y, segundo, para investigar y esclarecer las acciones y las responsabilidades. No hemos visto esas acciones y los últimos acontecimientos de la semana pasada muestran que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas policiales”, señala Knox en referencia a los hechos del pasado 19 de julio, cuando profesores y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se enfrentaron con los policías estatales, lo que dejó un saldo de al menos 19 heridos y 40 personas detenidas.
“Esto demuestra otra vez que la impunidad que ha existido en los últimos años seguirá contribuyendo a que se cometan más violaciones. Hasta que no exista la determinación de acabar con una policía que utiliza la fuerza excesiva para controlar manifestaciones y para enfrentar cualquier movilización o movimiento social, habrá más violaciones de derechos humanos”, afirma el investigador de AI.
En ese sentido, señala que se requiere ese “cambio fundamental” y que “la única forma de garantizarlo es a partir de que las personas responsables (de abusos) sean investigadas y enjuiciadas por la Justicia.
“Esos serán los mensajes que llevaremos al gobierno de Oaxaca encabezado por Ulises Ruiz. Obviamente no tomaremos ninguna posición sobre las elecciones que va a haber próximamente, pero es una cuestión de investigar los hechos”, subraya.
Reitera que AI “reconoce y siempre ha reconocido”, que la situación de seguridad pública en Oaxaca “es muy compleja” y que “no ha sido un trabajo fácil”. Pero, advierte, “es justamente la obligación del Estado” ofrecer esas garantías “y no se puede suponer que un grupo de manifestantes esté actuando de forma ilegal, sin pruebas, cuando el Estado tiene la obligación de actuar dentro del marco de la ley”.
“En el informe que presentaremos eso lo vamos a tratar”, adelanta.
Calderón, como Fox
Durante la entrevista, Knox admite que, durante el gobierno de Vicente Fox, “hubo avances importantes en temas de apertura, del escrutinio internacional y de los compromisos con los organismos internacionales de derechos humanos”.
“Pero –advierte-- eso no se tradujo en cambios substanciales o estructurales a nivel del país. Lo que hemos visto actualmente es una falta de prioridad de este gobierno en avanzar en temas de derechos humanos. No hemos visto ninguna señal clara o evidente de que haya determinación de este gobierno para resolver los asuntos de derechos humanos”.
Añade: “Ojalá que, con esta visita de Amnistía, se concrete esa agenda y esa determinación y voluntad política para realmente atender los problemas existentes, que son muchos”.
Al preguntarle qué espera lograr AI con su visita de alto rango y con la publicación de su informe, Knox asegura: “Nosotros esperamos que nuestro informe cambie cosas en este gobierno y en el país (…) Porque creemos que es importante lo que hacemos, vamos a México para tratar temas como cuál debe ser la actitud y las acciones del gobierno federal --que aunque no ha tenido una responsabilidad directa de todo-- tiene un liderazgo que es imprescindible para demostrar a los otros niveles del Estado que no se pueden tolerar las violaciones a los derechos humanos”.
Por último, pide a Calderón “que tome en cuenta” la agenda que tratará de impulsar Amnistía Internacional “y actúe sobre esas recomendaciones que nosotros le vamos a hacer, porque ese es el primer paso para integrar los derechos humanos en las políticas de Estado”.
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lunes, julio 30, 2007
lunes, julio 09, 2007
Sin pruebas, Calderón dijo que doña Ernestina murió de gastritis
María de la Luz Tesoro
Argenpress
6 de julio de 2007
Fuente: CIMAC
Debe admitirlo oficialmente ante el IFAI
La Presidencia de la República tiene que entregar una declaración oficial donde reconozca que Felipe Calderón no tenía ninguna prueba documental para afirmar que la señora Ernestina Ascencio, de Zongolica, murió por gastritis, informó el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) Juan Pablo Guerrero Amparan.
En síntesis, explicó el comisionado, la Presidencia tiene que admitir que se dio esa valoración sin prueba documental, mediante la entrega al solicitante de la declaración oficial de inexistencia del documento en que se basó el Ejecutivo Federal para declarar que la señora Ernestina Ascencio Rosario, murió de una gastritis crónica no atendida.
La declaración oficial será la respuesta a la solicitud de información, que con número de folio 0210000063007, un solicitante hizo llegar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
La Presidencia respondió así al IFAI sobre la solicitud de 'información en la que el c. Presidente de la República se basó para declarar que las causas de muerte de la señora Ernestina Ascensión Rosario, acontecida en la sierra de Zongolica, era una gastritis crónica no atendida (sic):
'Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de Presidencia de la República, no se ha localizado ninguna 'información', o documento que haga referencia a lo solicitado, por lo que la información se declara inexistente.
'Sin otro particular, y habiendo dado cumplimiento y forma al requerimiento de información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental quedamos de usted. Atentamente, la Unidad de Enlace'.
Las razones
Esta respuesta originó que en la sesión del pleno del IFAI, se votará hoy por unanimidad el recurso 1494/07, en el que la persona solicitante pide a la Presidencia de la República la información en la que el C. Presidente de la República se basó para declarar que las causas de la muerte de Ernestina Ascencio, ocurrida en la Sierra de Zongolica, Veracruz en febrero pasado, por una violación tumultuaria por presuntos elementos del Ejército Mexicano, era un gastritis crónica.
En entrevista, el comisionado ponente Juan Pablo Guerrero destacó que la opinión pública conoció, en principio, de qué murió la señora por una autoridad (Felipe Calderón) que no era competente, en ese momento, en la materia.
Entonces, agregó, cuando se le pregunta con qué pruebas documentales basó su declaración, ellos (Presidencia) dicen pues no hay documentos; por ende, 'me parece que no es cualquier declaración y esa es la particularidad del caso'.
Guerrero Ampara subrayó que en la valoración que él hace del caso, como miembro del IFAI, es que en términos de la ley, 'yo como comisionado ponente, sí me parece observar, y es de sorprender que se establezca una declaración con esa valoración sobre las causas de un trágico evento sin prueba documental'.
Durante la discusión del proyecto presentado por el comisionado ponente, causaron sorpresa, indignación y horror las declaraciones que sobre el tema hacía día con día el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, principalmente las declaraciones que hizo en los últimos días.
Argenpress
6 de julio de 2007
Fuente: CIMAC
Debe admitirlo oficialmente ante el IFAI
La Presidencia de la República tiene que entregar una declaración oficial donde reconozca que Felipe Calderón no tenía ninguna prueba documental para afirmar que la señora Ernestina Ascencio, de Zongolica, murió por gastritis, informó el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) Juan Pablo Guerrero Amparan.
En síntesis, explicó el comisionado, la Presidencia tiene que admitir que se dio esa valoración sin prueba documental, mediante la entrega al solicitante de la declaración oficial de inexistencia del documento en que se basó el Ejecutivo Federal para declarar que la señora Ernestina Ascencio Rosario, murió de una gastritis crónica no atendida.
La declaración oficial será la respuesta a la solicitud de información, que con número de folio 0210000063007, un solicitante hizo llegar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
La Presidencia respondió así al IFAI sobre la solicitud de 'información en la que el c. Presidente de la República se basó para declarar que las causas de muerte de la señora Ernestina Ascensión Rosario, acontecida en la sierra de Zongolica, era una gastritis crónica no atendida (sic):
'Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de Presidencia de la República, no se ha localizado ninguna 'información', o documento que haga referencia a lo solicitado, por lo que la información se declara inexistente.
'Sin otro particular, y habiendo dado cumplimiento y forma al requerimiento de información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental quedamos de usted. Atentamente, la Unidad de Enlace'.
Las razones
Esta respuesta originó que en la sesión del pleno del IFAI, se votará hoy por unanimidad el recurso 1494/07, en el que la persona solicitante pide a la Presidencia de la República la información en la que el C. Presidente de la República se basó para declarar que las causas de la muerte de Ernestina Ascencio, ocurrida en la Sierra de Zongolica, Veracruz en febrero pasado, por una violación tumultuaria por presuntos elementos del Ejército Mexicano, era un gastritis crónica.
En entrevista, el comisionado ponente Juan Pablo Guerrero destacó que la opinión pública conoció, en principio, de qué murió la señora por una autoridad (Felipe Calderón) que no era competente, en ese momento, en la materia.
Entonces, agregó, cuando se le pregunta con qué pruebas documentales basó su declaración, ellos (Presidencia) dicen pues no hay documentos; por ende, 'me parece que no es cualquier declaración y esa es la particularidad del caso'.
Guerrero Ampara subrayó que en la valoración que él hace del caso, como miembro del IFAI, es que en términos de la ley, 'yo como comisionado ponente, sí me parece observar, y es de sorprender que se establezca una declaración con esa valoración sobre las causas de un trágico evento sin prueba documental'.
Durante la discusión del proyecto presentado por el comisionado ponente, causaron sorpresa, indignación y horror las declaraciones que sobre el tema hacía día con día el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, principalmente las declaraciones que hizo en los últimos días.
martes, mayo 01, 2007
¿Usted le cree a Soberanes?
Miguel Ángel Granados Chapa
Columna Plaza Pública
Diario Libertad
30 de abril de 2007
¿Usted le cree a Soberanes?
Yo tampoco. Porque es claro que a veces miente y en otras sospecho que lo hace. Como en el caso de la señora Ernestina Ascensio Rosario, probablemente asesinada, en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside el doctor José Luis Soberanes ha adoptado una línea de investigación que permita exonerar a priori a miembros del Ejército, inicialmente señalados como presuntos responsables del ataque sexual a la anciana de habla náhuatl que moriría a causa de esa agresión.
El primero en establecer como médica y no mecánica la causa de la muerte de la señora que pastoreaba sus animales la tarde del domingo en que fue agredida (o en que, para compartir esa absurda tesis, comenzó su agonía) fue el presidente Calderón, quien espontáneamente, sin pregunta expresa, en una entrevista para festejar sus cien días de gobierno dictaminó sobre el caso. Dijo textualmente el 12 de marzo, a La Jornada, que "la CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida" y agregó contundente: "No hay rastros de que haya sido violada". Soberanes y la Comisión han negado haber informado a Calderón, antes que a nadie -porque la CNDH sólo emitió un boletín sobre el caso el 14 de marzo- sobre el resultado de la segunda necropsia, practicada el viernes 9 de marzo (en cuyo documento, por cierto, se lee sin lugar a dudas que la causa de la muerte fue mecánica, no médica). Ha sugerido que personal militar presente en la exhumación pudo haber sido la fuente de la información presidencial. Que no es así lo indica no sólo la mención expresa de Calderón a la CNDH sino el silencio de la autoridad militar (el general secretario de la Defensa Guillermo Galván Galván pudo haberlo dicho a los diputados en su comparecencia del jueves pasado) que no tendría empacho en reconocer que había ofrecido tal información a su jefe supremo.
Refuerza la hipótesis de que Soberanes miente sobre la filtración indebida de información a los afectados, la infidencia del diputado panista, general retirado Jorge González, que el 28 de marzo blandió ante reporteros un documento de la CNDH, donde se desarrolló el esbozo iniciado el 14 anterior, que sólo se publicaría al día siguiente, 29 de marzo, con esa fecha.
El descrédito de la palabra de Soberanes creció por un hecho en torno al informe de la CNDH sobre Oaxaca, presentado ante diputados el 15 de marzo anterior. Explícitamente la reportera Marcela Turati preguntó a Soberanes si había hecho conocer ese documento a Gobernación antes de su comparecencia legislativa. El ombudsman lo negó enfáticamente: "No, no, no...nosotros no lo presentamos a Gobernación ni mucho menos. Sería suicida, ¿no? (Excélsior, 26 de abril).
Pero ocurre que sí lo entregó, y hay constancia documental inequívoca a propósito. Se trata de una carta escrita en el papel membretado de Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, signada por él y fechada el 6 de marzo, cuyo breve texto es elocuentísimo. El destinatario es el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. Las seis líneas de la carta dicen así, mayúsculas respetadas:
"El de hoy (sic, pues falta la palabra día) recibí el Informe Especial sobre los Acontecimientos de Oaxaca, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentará ante las Comisiones del Congreso de la Unión el próximo día 15".
"El compromiso que asumimos con el Presidente de la Comisión, fue hacerle llegar nuestras observaciones y opiniones en un término de 72 hrs., por lo que le solicito atentamente los comentarios que el referido informe le merezca, a la brevedad posible".
Podría haber ocurrido que la primera línea del primer párrafo de la carta (recibí el Informe especial...) reflejara sólo una situación de hecho, resultante de que un informante de Gobernación obtuviera un ejemplar del documento citado. Pero la primera línea del segundo párrafo de la carta desnuda al informante sin lugar a dudas: Soberanes entregó a Ramírez Acuña el informe, no sólo para su conocimiento sino invitándolo a participar con observaciones en su configuración final, con la condición de que eso ocurriera en las 72 horas siguientes al recibo del documento en Bucareli.
Simple y llanamente, Soberanes mintió en ese caso. No disponemos aún de constancias documentales de que lo haga en otros, especialmente en el de la señora Ascensio Rosario. Es probable que la intervención de la CNDH en ese asunto no haya sido tan espontánea como sugiere el que la ejerza de oficio, sino por pedido de alguna autoridad federal, porque parte de la misma fecha en que la Procuraduría Militar iniciaba una averiguación previa que carecía de sentido de no ser porque algunos elementos del Ejército estaban involucrados en el momento inicial de la ventilación del caso.
Insistir en la evidencia (admitida en comunicados de la Sedena) de que hubo ataque sexual y probable participación de soldados es considerado en algunos medios de comunicación como terquedad que obedece a prejuicios o intereses. Y ha sido pretexto para torpes descalificaciones como la que pretendió Carlos Marín respecto de Carmen Aristegui, la más inteligente y acuciosa informadora de medios electrónicos. Pensé de pronto en la fábula del sapo y la luciérnaga en que ésta, sorprendida, pregunta al batracio por qué la aplasta y desde su rencor el agresor pregunta a su vez: ¿por qué brillas? Pero es una mala comparación porque en la vida real la luciérnaga sigue iluminando y el sapo se queda sapo.
Columna Plaza Pública
Diario Libertad
30 de abril de 2007
¿Usted le cree a Soberanes?
Yo tampoco. Porque es claro que a veces miente y en otras sospecho que lo hace. Como en el caso de la señora Ernestina Ascensio Rosario, probablemente asesinada, en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside el doctor José Luis Soberanes ha adoptado una línea de investigación que permita exonerar a priori a miembros del Ejército, inicialmente señalados como presuntos responsables del ataque sexual a la anciana de habla náhuatl que moriría a causa de esa agresión.
El primero en establecer como médica y no mecánica la causa de la muerte de la señora que pastoreaba sus animales la tarde del domingo en que fue agredida (o en que, para compartir esa absurda tesis, comenzó su agonía) fue el presidente Calderón, quien espontáneamente, sin pregunta expresa, en una entrevista para festejar sus cien días de gobierno dictaminó sobre el caso. Dijo textualmente el 12 de marzo, a La Jornada, que "la CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida" y agregó contundente: "No hay rastros de que haya sido violada". Soberanes y la Comisión han negado haber informado a Calderón, antes que a nadie -porque la CNDH sólo emitió un boletín sobre el caso el 14 de marzo- sobre el resultado de la segunda necropsia, practicada el viernes 9 de marzo (en cuyo documento, por cierto, se lee sin lugar a dudas que la causa de la muerte fue mecánica, no médica). Ha sugerido que personal militar presente en la exhumación pudo haber sido la fuente de la información presidencial. Que no es así lo indica no sólo la mención expresa de Calderón a la CNDH sino el silencio de la autoridad militar (el general secretario de la Defensa Guillermo Galván Galván pudo haberlo dicho a los diputados en su comparecencia del jueves pasado) que no tendría empacho en reconocer que había ofrecido tal información a su jefe supremo.
Refuerza la hipótesis de que Soberanes miente sobre la filtración indebida de información a los afectados, la infidencia del diputado panista, general retirado Jorge González, que el 28 de marzo blandió ante reporteros un documento de la CNDH, donde se desarrolló el esbozo iniciado el 14 anterior, que sólo se publicaría al día siguiente, 29 de marzo, con esa fecha.
El descrédito de la palabra de Soberanes creció por un hecho en torno al informe de la CNDH sobre Oaxaca, presentado ante diputados el 15 de marzo anterior. Explícitamente la reportera Marcela Turati preguntó a Soberanes si había hecho conocer ese documento a Gobernación antes de su comparecencia legislativa. El ombudsman lo negó enfáticamente: "No, no, no...nosotros no lo presentamos a Gobernación ni mucho menos. Sería suicida, ¿no? (Excélsior, 26 de abril).
Pero ocurre que sí lo entregó, y hay constancia documental inequívoca a propósito. Se trata de una carta escrita en el papel membretado de Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, signada por él y fechada el 6 de marzo, cuyo breve texto es elocuentísimo. El destinatario es el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. Las seis líneas de la carta dicen así, mayúsculas respetadas:
"El de hoy (sic, pues falta la palabra día) recibí el Informe Especial sobre los Acontecimientos de Oaxaca, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentará ante las Comisiones del Congreso de la Unión el próximo día 15".
"El compromiso que asumimos con el Presidente de la Comisión, fue hacerle llegar nuestras observaciones y opiniones en un término de 72 hrs., por lo que le solicito atentamente los comentarios que el referido informe le merezca, a la brevedad posible".
Podría haber ocurrido que la primera línea del primer párrafo de la carta (recibí el Informe especial...) reflejara sólo una situación de hecho, resultante de que un informante de Gobernación obtuviera un ejemplar del documento citado. Pero la primera línea del segundo párrafo de la carta desnuda al informante sin lugar a dudas: Soberanes entregó a Ramírez Acuña el informe, no sólo para su conocimiento sino invitándolo a participar con observaciones en su configuración final, con la condición de que eso ocurriera en las 72 horas siguientes al recibo del documento en Bucareli.
Simple y llanamente, Soberanes mintió en ese caso. No disponemos aún de constancias documentales de que lo haga en otros, especialmente en el de la señora Ascensio Rosario. Es probable que la intervención de la CNDH en ese asunto no haya sido tan espontánea como sugiere el que la ejerza de oficio, sino por pedido de alguna autoridad federal, porque parte de la misma fecha en que la Procuraduría Militar iniciaba una averiguación previa que carecía de sentido de no ser porque algunos elementos del Ejército estaban involucrados en el momento inicial de la ventilación del caso.
Insistir en la evidencia (admitida en comunicados de la Sedena) de que hubo ataque sexual y probable participación de soldados es considerado en algunos medios de comunicación como terquedad que obedece a prejuicios o intereses. Y ha sido pretexto para torpes descalificaciones como la que pretendió Carlos Marín respecto de Carmen Aristegui, la más inteligente y acuciosa informadora de medios electrónicos. Pensé de pronto en la fábula del sapo y la luciérnaga en que ésta, sorprendida, pregunta al batracio por qué la aplasta y desde su rencor el agresor pregunta a su vez: ¿por qué brillas? Pero es una mala comparación porque en la vida real la luciérnaga sigue iluminando y el sapo se queda sapo.
lunes, abril 02, 2007
Ernestina y la CNDH
Ernestina Ascencio Rosario
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma
30 de marzo de 2007
La Comisión Nacional de Derechos Humanos que se introdujo al caso de la señora indígena ultrajada y muerta reconociendo que falleció a causa de las lesiones que le fueron infligidas, transitó hasta negarlo y ahora endereza su acción contra la Procuraduría veracruzana
No nos sorprendamos si pronto se nos dice que en realidad se suicidó la señora Ernestina Ascensio Rosario, una mujer indígena de 73 años, cuya familia la encontró moribunda en el campo donde pastoreaba sus ovejas, a tiempo de oírla denunciar que había sido atacada por militares, infame agresión que habría generado su muerte. En "la etapa final de la elaboración de la opinión integral sobre el caso", la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió ayer un comunicado en que sugiere que la víctima falleció de causas naturales, insinúa que no hubo violación y asegura que "no se observaron lesiones de origen traumático exterior". En un episodio en que integrantes del Ejército podrían estar involucrados, es grave que antes que hacerlo saber a la opinión pública, la oficina del ombudsman nacional hiciera conocer esa información a los mandos castrenses, incluido el comandante supremo de las fuerzas armadas.
El 3 de marzo la CNDH informó haber abierto una "queja de oficio" sobre el caso de la señora Ascensio Rosario "quien falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas". Es probable que tres semanas más tarde esa Comisión hallara que se equivocó en ese diagnóstico precoz, pero no ha expresado que hubiera error en su afirmación inicial, que consta así con todas sus letras: "falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas".
Días más tarde, la CNDH detectó "diversas omisiones e inconsistencias en los estudios técnico-periciales realizados por personal médico de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz", por lo que solicitó exhumar el cadáver y la práctica de una nueva necropsia. Esos hechos se realizaron el viernes 9 de marzo. El lunes siguiente, antes que nadie -¿no se ha dicho que el Presidente es el hombre mejor informado de México?- Felipe Calderón estaba al tanto del resultado de la necropsia. Sólo que oyó o leyó mal el informe que le fue ofrecido (él mismo sugirió que por la propia CNDH) y atribuyó el fallecimiento de la señora a "gastritis crónica no atendida". Negó también que hubiera violación. Todo lo dijo sin mediar pregunta al respecto en una entrevista a La Jornada con motivo de los 100 días de su gobierno.
Al leer esa declaración, Julio Atenco, funcionario municipal en el ayuntamiento de Soledad Atzompa y fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, se comunicó con el licenciado Pedro Armendáriz Enríquez, visitador de la CNDH que solicitó la exhumación, quien le habría dicho "No sabemos de dónde sacó esa información el Presidente. La exhumación fue apenas el viernes y es imposible que ya existan resultados; además, la información es confidencial". (La Jornada, 15 de marzo) Sin embargo, de inmediato el mencionado visitador negó "categóricamente haber realizado tales aseveraciones... en ese sentido o en cualquier otro" y aclaró que "en ningún momento coordiné el grupo interdisciplinario de trabajo de la CNDH que realizó esas actividades".
En tanto, la Comisión emitió un segundo comunicado el 14 de marzo en que, como ahora mismo, orientó su pesquisa al modo en que se realizó la autopsia y no tanto al caso de la señora Ascensio Rosario (a quien ya había cambiado el primer apellido y llamaba Ascensión). Dijo que el personal médico forense de la Procuraduría estatal incurrió en omisiones que lo condujeron "a asegurar indebidamente que la anciana falleció por 'traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales y anemia aguda'". Conforme a "la revisión del 9 de marzo", dijo la CNDH, "no existe luxación o fractura de esas o de ninguna otra vértebra". Informó también la Comisión que "en la exhumación del cadáver no se corroboró perforación alguna en el recto ni los 'múltiples desgarros' que manifestaba la autopsia". Las equimosis en el cuerpo de la víctima, supuso la comisión, no se produjeron por "maniobras de sujeción o sometimiento" sino quizá "fueron producidas al ser cargada y trasladada antes de fallecer". Eso no obstante, la CNDH manifestó "que en tanto no se esclarezcan las causas de la muerte de Ernestina Ascensión Rosario se presume la violación de su derecho fundamental a la vida".
En su comunicado de ayer, donde restituye a la víctima su apellido verdadero, la Comisión sugiere que falleció de muerte natural. No lo afirma, pero lo insinúa: "se cuenta con datos histopatológicos indicativos de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo ordinario secundario a úlceras gástricas pépticas agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna y un proceso neumónico en etapa de resolución. Adicionalmente a estas causas de origen médico, no se observaron lesiones de origen traumático al exterior".
Conocedor de esta descripción en la víspera de que la CNDH la hiciera pública, el diputado panista, general retirado Justiniano González, presidente de la Comisión de defensa nacional en San Lázaro expresó en declaración periodística lo que la CNDH no se atrevió a afirmar: que la señora falleció "debido a una anemia aguda secundaria". Y citó como fuente un "dictamen oficial", la información de la CNDH a la que tuvo acceso privilegiado (La Jornada, 29 de marzo).
Dejadas atrás de ese modo las imputaciones a militares -no obstante que un comunicado del Ejército mencionó la existencia de líquido seminal en el cuerpo de la señora Ernestina- ahora la pesquisa se dirige contra el Ministerio Público local y sus auxiliares.
Cajón de Sastre
El gobierno de Estados Unidos confirmó su advertencia sobre la situación política de Oaxaca y recomendó cautela a sus nacionales si viajan a esa entidad. Habría sido un gesto atinado que el presidente Felipe Calderón tuviera en cuenta esas consideraciones y se abstuviera de ir a esa entidad o, en caso extremo, hacerlo con cuidado. Pero se comprende que se desplazara a Oaxaca pues, por un lado, no corre riesgos personales y, por otro lado, ha de ser fiel cumplidor de sus compromisos. La escolta y el circuito de seguridad que rodean al Ejecutivo, más amplios y rigurosos que nunca, le impiden aproximarse a la realidad de los lugares que visita. Y tiene que recompensar el apoyo que el PRI le ofrece para afianzarse en la silla, contribuyendo a que gobernadores en cuestión como el de Puebla, Mario Marín, y como Ulises Ruiz superen sus contratiempos. La recomendación norteamericana revela un mayor sentido de la realidad que el del Presidente, que parece desarrollar las afinidades electivas de que habló Goethe.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
Líquido seminal
Carmen Aristegui
Reforma
30 de marzo de 2007
El caso de la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario, ocurrida el 26 de febrero en la Sierra de Zongolica, ha entrado en un oscuro territorio plagado de dudas, confusiones y muchas interrogantes. Estamos frente a una situación que involucra tal cantidad de cosas, que la sociedad mexicana debería ocuparse en seguir los detalles de la historia. En primerísimo lugar, la verdad sobre la muerte de una persona que reunía los rasgos de mayor vulnerabilidad posible en la sociedad mexicana -mujer, indígena y anciana- en condiciones que deben quedar totalmente aclaradas. Van de por medio los sistemas de justicia estatal, federal y militar, así como la palabra del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, que se comprometió en persona con la autoridad municipal de Soledad Atzompa y con líderes y representantes partidistas del PRD y de Alternativa, a llegar al fondo en las investigaciones. Va de por medio la credibilidad de la CNDH y, por si fuera poco, la fiabilidad de la voz del presidente Calderón. Y va de por medio el derecho de los mexicanos a una información veraz y confiable. Hoy hay dos versiones: la que se difundió desde el primer momento, sobre cómo Ernestina fue víctima de una violación tumultuaria por parte de elementos del Ejército mientras llevaba a pastar a sus ovejas. Se cuenta con testimonios de los pobladores y el de su hija Martha quien, en lengua náhuatl, ha dicho que su madre antes de morir le dijo que "los soldados se le habían echado encima". La primera información oficial disponible corroboraba los hechos. El subprocurador de Veracruz, Miguel Mina, informó días después de la muerte: "es un hecho aberrante y no lo podemos soslayar... de acuerdo al dictamen médico pericial, hay un traumatismo craneoencefálico, que son golpes en la cabeza, y anemia aguda producida por un desgarro que, de acuerdo al médico, había perforado parte de la región anal y que eso hubiese provocado la misma". La otra versión, se sostiene en la necropsia realizada a petición de la CNDH después de la exhumación. Ayer José Luis Soberanes informó que "...no murió de este traumatismo craneoencefálico, sino de una anemia aguda, debido a un sangrado en el tubo digestivo ocasionado por úlcera péptica. Eso fue de lo que murió y también... se llegó a la conclusión... de que no había habido tal violación ni propia ni impropia". ¿Qué pasó entonces? ¿Fue violada o no por soldados del Ejército? ¿Murió o no a consecuencia de una acción aberrante? El comunicado de la CNDH descalifica de tal manera las informaciones de la autoridad local que anuncia también que denunciará los presuntos delitos y faltas administrativas de funcionarios de la Procuraduría de Veracruz. Conclusión: según la CNDH, nada de lo que se dijo anteriormente sobre este caso es cierto. Murió, como lo dijo Felipe Calderón anticipadamente a Elena Gallegos en La Jornada, de una gastritis mal tratada. No hubo violación de soldados, no hubo golpes, no hubo fracturas, no hubo nada de lo que dicen testimonios ni mucho menos nada de lo que informó, en su momento, el subprocurador Mina. ¿Todo se inventó? ¿De veras -como algunos sugieren- los pobladores de la Zongolica están utilizando la muerte de su hermana mayor -como le llaman a Ernestina- para presionar a que los militares se vayan de esta zona en la que se presume existe presencia guerrillera?, o ¿estamos frente a una distorsión de la justicia para encubrir hechos aberrantes de abusos del Ejército en contra de la población civil? Por lo pronto hay demasiadas preguntas que deben ser contestadas. ¿Por qué, si no hubo tal violación, el Ejército informó en su segundo comunicado 019 del 6 de marzo que "...especialistas, llevan a cabo el dictamen pericial... consistente en comparar el líquido seminal recogido de la hoy occisa"? Al día siguiente emitió el comunicado 020 informando que se tomaron muestras hemáticas a todo el personal de la base de operaciones y que "...junto con la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta, serán trasladadas a la ciudad de México, para que con apoyo de los servicios de la PGR, se obtengan los perfiles genéticos... los resultados... tienen un tiempo estimado de 15 ó 20 días". Si no hubo violación, ¿cómo es que el Ejército envió muestras de sangre y de líquido seminal para ser analizadas al DF? ¿También lo inventó? ¿Por qué el Ejército emitió un comunicado, el 019, que después sustituyó por otro de mismo número, en dónde señalaba: "...delincuentes que utilizaron prendas militares, perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta Dependencia... y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades".
¿Perpetraron el crimen? ¿Hubo o no crimen? Si no hubo crimen, ¿por qué sintieron algunas autoridades la necesidad de regalar casas y bicicletas a los familiares de Ernestina Ascensio en los últimos días? ¿Por qué se ve en una fotografía de Ernestina un charco de sangre junto a su cabeza, si la hemorragia fue interna y por razones médicas? Ayer Soberanes contestó: "Habría que preguntarle a los peritos nuestros que estuvieron ahí presentes cuál fue el origen de esta sangre. Yo por el momento no se lo puedo decir". Por la memoria de esta mujer y por nuestro derecho a la verdad, la interrogante mayor debe esclarecerse: ¿cómo murió Ernestina?
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma
30 de marzo de 2007
La Comisión Nacional de Derechos Humanos que se introdujo al caso de la señora indígena ultrajada y muerta reconociendo que falleció a causa de las lesiones que le fueron infligidas, transitó hasta negarlo y ahora endereza su acción contra la Procuraduría veracruzana
No nos sorprendamos si pronto se nos dice que en realidad se suicidó la señora Ernestina Ascensio Rosario, una mujer indígena de 73 años, cuya familia la encontró moribunda en el campo donde pastoreaba sus ovejas, a tiempo de oírla denunciar que había sido atacada por militares, infame agresión que habría generado su muerte. En "la etapa final de la elaboración de la opinión integral sobre el caso", la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió ayer un comunicado en que sugiere que la víctima falleció de causas naturales, insinúa que no hubo violación y asegura que "no se observaron lesiones de origen traumático exterior". En un episodio en que integrantes del Ejército podrían estar involucrados, es grave que antes que hacerlo saber a la opinión pública, la oficina del ombudsman nacional hiciera conocer esa información a los mandos castrenses, incluido el comandante supremo de las fuerzas armadas.
El 3 de marzo la CNDH informó haber abierto una "queja de oficio" sobre el caso de la señora Ascensio Rosario "quien falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas". Es probable que tres semanas más tarde esa Comisión hallara que se equivocó en ese diagnóstico precoz, pero no ha expresado que hubiera error en su afirmación inicial, que consta así con todas sus letras: "falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas".
Días más tarde, la CNDH detectó "diversas omisiones e inconsistencias en los estudios técnico-periciales realizados por personal médico de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz", por lo que solicitó exhumar el cadáver y la práctica de una nueva necropsia. Esos hechos se realizaron el viernes 9 de marzo. El lunes siguiente, antes que nadie -¿no se ha dicho que el Presidente es el hombre mejor informado de México?- Felipe Calderón estaba al tanto del resultado de la necropsia. Sólo que oyó o leyó mal el informe que le fue ofrecido (él mismo sugirió que por la propia CNDH) y atribuyó el fallecimiento de la señora a "gastritis crónica no atendida". Negó también que hubiera violación. Todo lo dijo sin mediar pregunta al respecto en una entrevista a La Jornada con motivo de los 100 días de su gobierno.
Al leer esa declaración, Julio Atenco, funcionario municipal en el ayuntamiento de Soledad Atzompa y fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, se comunicó con el licenciado Pedro Armendáriz Enríquez, visitador de la CNDH que solicitó la exhumación, quien le habría dicho "No sabemos de dónde sacó esa información el Presidente. La exhumación fue apenas el viernes y es imposible que ya existan resultados; además, la información es confidencial". (La Jornada, 15 de marzo) Sin embargo, de inmediato el mencionado visitador negó "categóricamente haber realizado tales aseveraciones... en ese sentido o en cualquier otro" y aclaró que "en ningún momento coordiné el grupo interdisciplinario de trabajo de la CNDH que realizó esas actividades".
En tanto, la Comisión emitió un segundo comunicado el 14 de marzo en que, como ahora mismo, orientó su pesquisa al modo en que se realizó la autopsia y no tanto al caso de la señora Ascensio Rosario (a quien ya había cambiado el primer apellido y llamaba Ascensión). Dijo que el personal médico forense de la Procuraduría estatal incurrió en omisiones que lo condujeron "a asegurar indebidamente que la anciana falleció por 'traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales y anemia aguda'". Conforme a "la revisión del 9 de marzo", dijo la CNDH, "no existe luxación o fractura de esas o de ninguna otra vértebra". Informó también la Comisión que "en la exhumación del cadáver no se corroboró perforación alguna en el recto ni los 'múltiples desgarros' que manifestaba la autopsia". Las equimosis en el cuerpo de la víctima, supuso la comisión, no se produjeron por "maniobras de sujeción o sometimiento" sino quizá "fueron producidas al ser cargada y trasladada antes de fallecer". Eso no obstante, la CNDH manifestó "que en tanto no se esclarezcan las causas de la muerte de Ernestina Ascensión Rosario se presume la violación de su derecho fundamental a la vida".
En su comunicado de ayer, donde restituye a la víctima su apellido verdadero, la Comisión sugiere que falleció de muerte natural. No lo afirma, pero lo insinúa: "se cuenta con datos histopatológicos indicativos de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo ordinario secundario a úlceras gástricas pépticas agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna y un proceso neumónico en etapa de resolución. Adicionalmente a estas causas de origen médico, no se observaron lesiones de origen traumático al exterior".
Conocedor de esta descripción en la víspera de que la CNDH la hiciera pública, el diputado panista, general retirado Justiniano González, presidente de la Comisión de defensa nacional en San Lázaro expresó en declaración periodística lo que la CNDH no se atrevió a afirmar: que la señora falleció "debido a una anemia aguda secundaria". Y citó como fuente un "dictamen oficial", la información de la CNDH a la que tuvo acceso privilegiado (La Jornada, 29 de marzo).
Dejadas atrás de ese modo las imputaciones a militares -no obstante que un comunicado del Ejército mencionó la existencia de líquido seminal en el cuerpo de la señora Ernestina- ahora la pesquisa se dirige contra el Ministerio Público local y sus auxiliares.
Cajón de Sastre
El gobierno de Estados Unidos confirmó su advertencia sobre la situación política de Oaxaca y recomendó cautela a sus nacionales si viajan a esa entidad. Habría sido un gesto atinado que el presidente Felipe Calderón tuviera en cuenta esas consideraciones y se abstuviera de ir a esa entidad o, en caso extremo, hacerlo con cuidado. Pero se comprende que se desplazara a Oaxaca pues, por un lado, no corre riesgos personales y, por otro lado, ha de ser fiel cumplidor de sus compromisos. La escolta y el circuito de seguridad que rodean al Ejecutivo, más amplios y rigurosos que nunca, le impiden aproximarse a la realidad de los lugares que visita. Y tiene que recompensar el apoyo que el PRI le ofrece para afianzarse en la silla, contribuyendo a que gobernadores en cuestión como el de Puebla, Mario Marín, y como Ulises Ruiz superen sus contratiempos. La recomendación norteamericana revela un mayor sentido de la realidad que el del Presidente, que parece desarrollar las afinidades electivas de que habló Goethe.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
Líquido seminal
Carmen Aristegui
Reforma
30 de marzo de 2007
El caso de la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario, ocurrida el 26 de febrero en la Sierra de Zongolica, ha entrado en un oscuro territorio plagado de dudas, confusiones y muchas interrogantes. Estamos frente a una situación que involucra tal cantidad de cosas, que la sociedad mexicana debería ocuparse en seguir los detalles de la historia. En primerísimo lugar, la verdad sobre la muerte de una persona que reunía los rasgos de mayor vulnerabilidad posible en la sociedad mexicana -mujer, indígena y anciana- en condiciones que deben quedar totalmente aclaradas. Van de por medio los sistemas de justicia estatal, federal y militar, así como la palabra del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, que se comprometió en persona con la autoridad municipal de Soledad Atzompa y con líderes y representantes partidistas del PRD y de Alternativa, a llegar al fondo en las investigaciones. Va de por medio la credibilidad de la CNDH y, por si fuera poco, la fiabilidad de la voz del presidente Calderón. Y va de por medio el derecho de los mexicanos a una información veraz y confiable. Hoy hay dos versiones: la que se difundió desde el primer momento, sobre cómo Ernestina fue víctima de una violación tumultuaria por parte de elementos del Ejército mientras llevaba a pastar a sus ovejas. Se cuenta con testimonios de los pobladores y el de su hija Martha quien, en lengua náhuatl, ha dicho que su madre antes de morir le dijo que "los soldados se le habían echado encima". La primera información oficial disponible corroboraba los hechos. El subprocurador de Veracruz, Miguel Mina, informó días después de la muerte: "es un hecho aberrante y no lo podemos soslayar... de acuerdo al dictamen médico pericial, hay un traumatismo craneoencefálico, que son golpes en la cabeza, y anemia aguda producida por un desgarro que, de acuerdo al médico, había perforado parte de la región anal y que eso hubiese provocado la misma". La otra versión, se sostiene en la necropsia realizada a petición de la CNDH después de la exhumación. Ayer José Luis Soberanes informó que "...no murió de este traumatismo craneoencefálico, sino de una anemia aguda, debido a un sangrado en el tubo digestivo ocasionado por úlcera péptica. Eso fue de lo que murió y también... se llegó a la conclusión... de que no había habido tal violación ni propia ni impropia". ¿Qué pasó entonces? ¿Fue violada o no por soldados del Ejército? ¿Murió o no a consecuencia de una acción aberrante? El comunicado de la CNDH descalifica de tal manera las informaciones de la autoridad local que anuncia también que denunciará los presuntos delitos y faltas administrativas de funcionarios de la Procuraduría de Veracruz. Conclusión: según la CNDH, nada de lo que se dijo anteriormente sobre este caso es cierto. Murió, como lo dijo Felipe Calderón anticipadamente a Elena Gallegos en La Jornada, de una gastritis mal tratada. No hubo violación de soldados, no hubo golpes, no hubo fracturas, no hubo nada de lo que dicen testimonios ni mucho menos nada de lo que informó, en su momento, el subprocurador Mina. ¿Todo se inventó? ¿De veras -como algunos sugieren- los pobladores de la Zongolica están utilizando la muerte de su hermana mayor -como le llaman a Ernestina- para presionar a que los militares se vayan de esta zona en la que se presume existe presencia guerrillera?, o ¿estamos frente a una distorsión de la justicia para encubrir hechos aberrantes de abusos del Ejército en contra de la población civil? Por lo pronto hay demasiadas preguntas que deben ser contestadas. ¿Por qué, si no hubo tal violación, el Ejército informó en su segundo comunicado 019 del 6 de marzo que "...especialistas, llevan a cabo el dictamen pericial... consistente en comparar el líquido seminal recogido de la hoy occisa"? Al día siguiente emitió el comunicado 020 informando que se tomaron muestras hemáticas a todo el personal de la base de operaciones y que "...junto con la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta, serán trasladadas a la ciudad de México, para que con apoyo de los servicios de la PGR, se obtengan los perfiles genéticos... los resultados... tienen un tiempo estimado de 15 ó 20 días". Si no hubo violación, ¿cómo es que el Ejército envió muestras de sangre y de líquido seminal para ser analizadas al DF? ¿También lo inventó? ¿Por qué el Ejército emitió un comunicado, el 019, que después sustituyó por otro de mismo número, en dónde señalaba: "...delincuentes que utilizaron prendas militares, perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta Dependencia... y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades".
¿Perpetraron el crimen? ¿Hubo o no crimen? Si no hubo crimen, ¿por qué sintieron algunas autoridades la necesidad de regalar casas y bicicletas a los familiares de Ernestina Ascensio en los últimos días? ¿Por qué se ve en una fotografía de Ernestina un charco de sangre junto a su cabeza, si la hemorragia fue interna y por razones médicas? Ayer Soberanes contestó: "Habría que preguntarle a los peritos nuestros que estuvieron ahí presentes cuál fue el origen de esta sangre. Yo por el momento no se lo puedo decir". Por la memoria de esta mujer y por nuestro derecho a la verdad, la interrogante mayor debe esclarecerse: ¿cómo murió Ernestina?
viernes, marzo 16, 2007
Calderón: burla y encubrimiento
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma
14 de marzo de 2007
Sin información, o con ánimo de encubrir a miembros de las Fuerzas Armadas a las que tanto se ha acercado, Felipe Calderón asegura rotundamente que la señora Ernestina Ascensio Rosario no fue violada, y que murió por una gastritis crónica mal atendida
El lunes fue un día ajetreado para Felipe Calderón. Antes de viajar a Mérida para encontrarse al día siguiente con su invitado, el presidente George W. Bush, recibió en Los Pinos a su antecesor -y uno de los artífices de su ascenso al poder- Vicente Fox, con quien comió. Y concedió entrevistas a por lo menos dos diarios, Excélsior (es decir, al Grupo Imagen, poseedor de ese periódico, varias emisoras radiofónicas y un canal de televisión) y La Jornada. Era su modo de festejar los 100 días de su gobierno.
A Elena Gallegos, coordinadora de información general del segundo de esos diarios, le habló de la intervención del Ejército en asuntos de seguridad y "a manera de despedida", se refirió a la señora Ernestina Ascensio Rosario. Ofreció una visión sorprendente del caso, ignoro si producto de la desinformación o elaborada para exonerar desde su altura a miembros de las Fuerzas Armadas que probablemente participaron en el ultraje bárbaro a esa anciana de 73 años de edad atacada sexualmente, y muerta en Tetlalzingo, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica en Veracruz. Dijo Calderón a la reportera, sin pregunta previa: "He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica... La CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes puedan tener, por sus medios, acceso a esa información".
Quién sabe, por los suyos, de dónde obtuvo datos para esa patraña el Presidente. Cada palabra, cada una de esas líneas revela ignorancia de la situación. No "se dice" que asesinaron a esa señora. No es chisme, un rumor banal. Es un hecho, que ha suscitado averiguaciones de la Procuraduría militar, que a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, depende del Ejecutivo; y de la procuraduría estatal veracruzana. Efectivamente la CNDH intervino, pero no ha producido informes sobre la presencia y actuación de los visitadores enviados a la comarca. No, al menos, los ha hecho públicos, por lo que habría que preguntarse si comunicó privadamente al Ejecutivo los avances de su investigación. En un caso tan delicado se comprendería que lo hiciera, pero sería útil saber si lo hizo.
La oficina del ombudsman nacional solicitó exhumar el cadáver para la práctica de una segunda autopsia. En términos ambiguos y escandalosos, Calderón informa que "lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida". ¿A cuál necropsia se refirió quien horas después sería el anfitrión de Bush? ¿A la primera, declarada insuficiente por lo cual se dispuso la práctica de una segunda? ¿A ésa, realizada 48 horas antes de que hablara de ella el Ejecutivo federal? Y, ¿de cuál de ellas obtuvo la información que le permite afirmar rotundamente que "no hay rastros de que haya sido violada"?
Los hay, para información del Presidente, en abundancia. Y también de la golpiza que le provocó fracturas. Y de la brutalidad con que la ultrajaron. Quizá la negligencia médica que ahora se investiga respecto de quienes presuntamente la desatendieron en el hospital de Río Blanco contribuyó a su muerte. Pero las causas fueron otras. Y desde luego no la gastritis crónica no atendida.
Miguel Mina Rodríguez, subprocurador de justicia de Veracruz, encargado de la zona centro informó: "El dictamen médico pericial revela que tenía fractura de cráneo y fractura de costillas, así como lesiones en diversas partes del cuerpo".
El funcionario, igualmente "confirma que la violación fue por la vía anal y por la vía vaginal". Y explica: "Se encontraron laceraciones y desgarres en la vía anal, lo mismo que en la vía vaginal...". Agregó que la muerte fue causada "por la fractura de cráneo y por la anemia que le produjo una hemorragia en la vía anal". Y, en fin, a la pregunta de si han llamado a declarar a militares, el subprocurador Mina Rodríguez aceptó, el viernes 9: "Sí, sí. Hemos requerido a cuatro. Pero hasta el momento no han venido a comparecer. Me informan que ellos allá están practicando sus propias diligencias" (Proceso, 11 de marzo).
Efectivamente están haciéndolo. Y han emitido boletines al respecto, que su comandante supremo desconoce. De lo contrario, sabría que en su comunicado número 19 (el segundo de ese número, sustituto de otro que fue súbitamente retirado de la circulación) la Secretaría de la Defensa Nacional informó que "peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar". La sola presencia de ese líquido muestra el ajetreo sexual a que fue brutalmente sometida la víctima. De modo que se hace urgente que la Sedena corrija a su jefe informándole que sí "hay rastros de que haya sido violada".
También debe ser informado el mando supremo, para que no haga aseveraciones sin sentido, que anteayer lunes, el mismo día en que Calderón expresó sus despropósitos, el alcalde de Soledad Atzompa tuvo "información dada a conocer por el Ejército mexicano" de que un soldado ha sido detenido y dos más están arraigados, como consecuencia del avance de las investigaciones.
Calderón ha sacado de sus cuarteles a las tropas, sus jefes y oficiales y no pierde ocasión de congraciarse con ellos, amén de aumentar sus haberes en montos 10 veces mayores al incremento de los salarios generales. ¿Pretende también encubrirlos?
Cajón de Sastre
Treinta y cuatro días antes de cumplir 100 años murió Antonio Ortiz Mena, nacido en Hidalgo del Parral, Chihuahua el 16 de abril de 1907. Formado en la Universidad Nacional como licenciado en derecho, se adentró en las finanzas estatales en el Banco Nacional Hipotecario, urbano y de obras públicas, en los años iniciales de su ejercicio profesional. Su primer cargo de responsabilidad fue la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social y luego fue, durante casi 12 años (bajo los presidentes López Mateos y Díaz Ordaz), secretario de Hacienda, impulsor (junto con Rodrigo Gómez, director del Banco de México) de la política económica del desarrollo estabilizador, que propició el crecimiento industrial y el fortalecimiento de la clase media. También fue largo su periodo al frente del Banco Interamericano de Desarrollo: 17 años que hubieran podido ser más de 20, porque renunció antes de concluir su último periodo. Todavía fue director, en reemplazo de Fernando Solana, de Banamex en la etapa en que fue propiedad estatal.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
Reforma
14 de marzo de 2007
Sin información, o con ánimo de encubrir a miembros de las Fuerzas Armadas a las que tanto se ha acercado, Felipe Calderón asegura rotundamente que la señora Ernestina Ascensio Rosario no fue violada, y que murió por una gastritis crónica mal atendida
El lunes fue un día ajetreado para Felipe Calderón. Antes de viajar a Mérida para encontrarse al día siguiente con su invitado, el presidente George W. Bush, recibió en Los Pinos a su antecesor -y uno de los artífices de su ascenso al poder- Vicente Fox, con quien comió. Y concedió entrevistas a por lo menos dos diarios, Excélsior (es decir, al Grupo Imagen, poseedor de ese periódico, varias emisoras radiofónicas y un canal de televisión) y La Jornada. Era su modo de festejar los 100 días de su gobierno.
A Elena Gallegos, coordinadora de información general del segundo de esos diarios, le habló de la intervención del Ejército en asuntos de seguridad y "a manera de despedida", se refirió a la señora Ernestina Ascensio Rosario. Ofreció una visión sorprendente del caso, ignoro si producto de la desinformación o elaborada para exonerar desde su altura a miembros de las Fuerzas Armadas que probablemente participaron en el ultraje bárbaro a esa anciana de 73 años de edad atacada sexualmente, y muerta en Tetlalzingo, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica en Veracruz. Dijo Calderón a la reportera, sin pregunta previa: "He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica... La CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes puedan tener, por sus medios, acceso a esa información".
Quién sabe, por los suyos, de dónde obtuvo datos para esa patraña el Presidente. Cada palabra, cada una de esas líneas revela ignorancia de la situación. No "se dice" que asesinaron a esa señora. No es chisme, un rumor banal. Es un hecho, que ha suscitado averiguaciones de la Procuraduría militar, que a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, depende del Ejecutivo; y de la procuraduría estatal veracruzana. Efectivamente la CNDH intervino, pero no ha producido informes sobre la presencia y actuación de los visitadores enviados a la comarca. No, al menos, los ha hecho públicos, por lo que habría que preguntarse si comunicó privadamente al Ejecutivo los avances de su investigación. En un caso tan delicado se comprendería que lo hiciera, pero sería útil saber si lo hizo.
La oficina del ombudsman nacional solicitó exhumar el cadáver para la práctica de una segunda autopsia. En términos ambiguos y escandalosos, Calderón informa que "lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida". ¿A cuál necropsia se refirió quien horas después sería el anfitrión de Bush? ¿A la primera, declarada insuficiente por lo cual se dispuso la práctica de una segunda? ¿A ésa, realizada 48 horas antes de que hablara de ella el Ejecutivo federal? Y, ¿de cuál de ellas obtuvo la información que le permite afirmar rotundamente que "no hay rastros de que haya sido violada"?
Los hay, para información del Presidente, en abundancia. Y también de la golpiza que le provocó fracturas. Y de la brutalidad con que la ultrajaron. Quizá la negligencia médica que ahora se investiga respecto de quienes presuntamente la desatendieron en el hospital de Río Blanco contribuyó a su muerte. Pero las causas fueron otras. Y desde luego no la gastritis crónica no atendida.
Miguel Mina Rodríguez, subprocurador de justicia de Veracruz, encargado de la zona centro informó: "El dictamen médico pericial revela que tenía fractura de cráneo y fractura de costillas, así como lesiones en diversas partes del cuerpo".
El funcionario, igualmente "confirma que la violación fue por la vía anal y por la vía vaginal". Y explica: "Se encontraron laceraciones y desgarres en la vía anal, lo mismo que en la vía vaginal...". Agregó que la muerte fue causada "por la fractura de cráneo y por la anemia que le produjo una hemorragia en la vía anal". Y, en fin, a la pregunta de si han llamado a declarar a militares, el subprocurador Mina Rodríguez aceptó, el viernes 9: "Sí, sí. Hemos requerido a cuatro. Pero hasta el momento no han venido a comparecer. Me informan que ellos allá están practicando sus propias diligencias" (Proceso, 11 de marzo).
Efectivamente están haciéndolo. Y han emitido boletines al respecto, que su comandante supremo desconoce. De lo contrario, sabría que en su comunicado número 19 (el segundo de ese número, sustituto de otro que fue súbitamente retirado de la circulación) la Secretaría de la Defensa Nacional informó que "peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar". La sola presencia de ese líquido muestra el ajetreo sexual a que fue brutalmente sometida la víctima. De modo que se hace urgente que la Sedena corrija a su jefe informándole que sí "hay rastros de que haya sido violada".
También debe ser informado el mando supremo, para que no haga aseveraciones sin sentido, que anteayer lunes, el mismo día en que Calderón expresó sus despropósitos, el alcalde de Soledad Atzompa tuvo "información dada a conocer por el Ejército mexicano" de que un soldado ha sido detenido y dos más están arraigados, como consecuencia del avance de las investigaciones.
Calderón ha sacado de sus cuarteles a las tropas, sus jefes y oficiales y no pierde ocasión de congraciarse con ellos, amén de aumentar sus haberes en montos 10 veces mayores al incremento de los salarios generales. ¿Pretende también encubrirlos?
Cajón de Sastre
Treinta y cuatro días antes de cumplir 100 años murió Antonio Ortiz Mena, nacido en Hidalgo del Parral, Chihuahua el 16 de abril de 1907. Formado en la Universidad Nacional como licenciado en derecho, se adentró en las finanzas estatales en el Banco Nacional Hipotecario, urbano y de obras públicas, en los años iniciales de su ejercicio profesional. Su primer cargo de responsabilidad fue la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social y luego fue, durante casi 12 años (bajo los presidentes López Mateos y Díaz Ordaz), secretario de Hacienda, impulsor (junto con Rodrigo Gómez, director del Banco de México) de la política económica del desarrollo estabilizador, que propició el crecimiento industrial y el fortalecimiento de la clase media. También fue largo su periodo al frente del Banco Interamericano de Desarrollo: 17 años que hubieran podido ser más de 20, porque renunció antes de concluir su último periodo. Todavía fue director, en reemplazo de Fernando Solana, de Banamex en la etapa en que fue propiedad estatal.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
lunes, marzo 12, 2007
Perversidad de las instituciones
Verónica Ortiz Lawrenz*
Columna La cáscara de la historia
EmeEquis
11 de marzo de 2007
La información es brutal. Una indígena de 78 años es golpeada y violada tumultuariamente en su propia casa por miembros del ejército mexicano en la comunidad de Tetlatzinga, Soledad Atzompa, Veracruz. Sus hijos la encuentran atada y moribunda. Hay testigos que ven a soldados entrar a la vivienda. La mujer fallece horas después a causa de la violencia ejercida sobre su cuerpo de anciana.
Ernestina Ascensio Rosario fue pastora, madre, abuela, bisabuela, mexicana, indígena nahua. Su pueblo es una zona de paz, de indígenas pobres. La historia trágica de Ernestina Ascensio y su familia es como muchas otras en nuestro país y tiene antecedentes.
Ya desde 2001, la Coordinación Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica denunció a pelotones del ejército que llegaban violando mujeres e invadiendo propiedades particulares donde instalaban sus cuarteles. Los militares al mando nunca atendieron las denuncias porque “ellos eran federales y estaban por encima de todos”, reporta Regina Martínez en la revista Proceso de la semana pasada. ¿Por qué los militares mexicanos están por encima de todos? ¿En qué se han convertido que ahora violan tumultuariamente a una anciana?
El ejército mexicano está en guerra. Sólo así podríamos explicarnos la saña, la perversión militar contra civiles. Todos los ejércitos se vuelven animales y se nutren de la sangre de sus enemigos cuando están en guerra. Porque en una guerra no hay culpables, caras ni nombres. Todos son asesinos. Sabemos que son cientos de denuncias contra el comportamiento indigno del ejército mexicano en todo el territorio.
Ahora, frente a la brutalidad ejercida contra Ernestina Ascensio por un pelotón de la 26 zona militar, este 25 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional deslinda a los efectivos locales con boletines plagados de falsedades: “Se han ejercido diversas acciones y exámenes médicos (…) no se ha encontrado prueba alguna que los involucre”, apunta el boletín No. 17. Cuatro oficiales y 79 soldados de la base de operaciones García, dice un segundo boletín del 6 de marzo, “han pasado exámenes minuciosos que determinan que ninguno ha tenido actividad sexual siete días antes” de la violación tumultuaria contra Ernestina Ascensio.
¡Mienten! Nadie, ningún médico o especialista en sexualidad es capaz de determinarlo. Bárbara Illán, ex procuradora en Delitos Sexuales, en los programas de radio y TV de Carmen Aristegui explica: porque un agresor sexual no siempre eyacula adentro de su víctima, porque los agresores no siempre se lastiman, sobre todo si es una violación tumultuaria contra una anciana. Por si fuera poco, el caso que debiera estar en la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz, porque la agresión fue contra una civil, sigue en manos militares.
La perversión de las instituciones es evidente: obispos de la iglesia católica cobijan a sacerdotes pederastas, el IFE, el Tribunal Electoral encubre y modifica información sustantiva de las últimas elecciones, el ejército es utilizado para intimidar y agredir a aquellos que se perciben como enemigos del sistema.
Los gobiernos estatales como el de Puebla, y ahora el de Veracruz, no dan garantías a los derechos de sus gobernados porque son parte del engranaje de corrupción e indignidad institucional. Usted, un campesino, una indígena, una mujer trabajadora, yo, cualquiera que se oponga o denuncie al poder infractor es el enemigo. Impunidad es la marca que deja el régimen que termina y el que empieza. Las instituciones al servicio del poder son culpables. Lo son por su indolencia y falta de autocrítica, su incapacidad de modernizarse y ejercer la justicia con democracia. Ellos son los responsables de este baño de sangre y violencia en el que vivimos hoy los mexicanos.
No seamos cómplices silenciosos ante tanta infamia. En el caso de Ernestina Ascensio y de cada mujer violada no sólo deberán ser juzgados y castigados los militares agresores, el hilo más delgado de este entramado perverso. También sus superiores, generadores de este sistema de intimidación aberrante que intenta adueñarse de nuestro futuro.
* Periodista y escritora, con una larga trayectoria en conducción de programas televisivos. Es autora de Mujeres de palabra y de la novela No me olvides.
Columna La cáscara de la historia
EmeEquis
11 de marzo de 2007
La información es brutal. Una indígena de 78 años es golpeada y violada tumultuariamente en su propia casa por miembros del ejército mexicano en la comunidad de Tetlatzinga, Soledad Atzompa, Veracruz. Sus hijos la encuentran atada y moribunda. Hay testigos que ven a soldados entrar a la vivienda. La mujer fallece horas después a causa de la violencia ejercida sobre su cuerpo de anciana.
Ernestina Ascensio Rosario fue pastora, madre, abuela, bisabuela, mexicana, indígena nahua. Su pueblo es una zona de paz, de indígenas pobres. La historia trágica de Ernestina Ascensio y su familia es como muchas otras en nuestro país y tiene antecedentes.
Ya desde 2001, la Coordinación Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica denunció a pelotones del ejército que llegaban violando mujeres e invadiendo propiedades particulares donde instalaban sus cuarteles. Los militares al mando nunca atendieron las denuncias porque “ellos eran federales y estaban por encima de todos”, reporta Regina Martínez en la revista Proceso de la semana pasada. ¿Por qué los militares mexicanos están por encima de todos? ¿En qué se han convertido que ahora violan tumultuariamente a una anciana?
El ejército mexicano está en guerra. Sólo así podríamos explicarnos la saña, la perversión militar contra civiles. Todos los ejércitos se vuelven animales y se nutren de la sangre de sus enemigos cuando están en guerra. Porque en una guerra no hay culpables, caras ni nombres. Todos son asesinos. Sabemos que son cientos de denuncias contra el comportamiento indigno del ejército mexicano en todo el territorio.
Ahora, frente a la brutalidad ejercida contra Ernestina Ascensio por un pelotón de la 26 zona militar, este 25 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional deslinda a los efectivos locales con boletines plagados de falsedades: “Se han ejercido diversas acciones y exámenes médicos (…) no se ha encontrado prueba alguna que los involucre”, apunta el boletín No. 17. Cuatro oficiales y 79 soldados de la base de operaciones García, dice un segundo boletín del 6 de marzo, “han pasado exámenes minuciosos que determinan que ninguno ha tenido actividad sexual siete días antes” de la violación tumultuaria contra Ernestina Ascensio.
¡Mienten! Nadie, ningún médico o especialista en sexualidad es capaz de determinarlo. Bárbara Illán, ex procuradora en Delitos Sexuales, en los programas de radio y TV de Carmen Aristegui explica: porque un agresor sexual no siempre eyacula adentro de su víctima, porque los agresores no siempre se lastiman, sobre todo si es una violación tumultuaria contra una anciana. Por si fuera poco, el caso que debiera estar en la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz, porque la agresión fue contra una civil, sigue en manos militares.
La perversión de las instituciones es evidente: obispos de la iglesia católica cobijan a sacerdotes pederastas, el IFE, el Tribunal Electoral encubre y modifica información sustantiva de las últimas elecciones, el ejército es utilizado para intimidar y agredir a aquellos que se perciben como enemigos del sistema.
Los gobiernos estatales como el de Puebla, y ahora el de Veracruz, no dan garantías a los derechos de sus gobernados porque son parte del engranaje de corrupción e indignidad institucional. Usted, un campesino, una indígena, una mujer trabajadora, yo, cualquiera que se oponga o denuncie al poder infractor es el enemigo. Impunidad es la marca que deja el régimen que termina y el que empieza. Las instituciones al servicio del poder son culpables. Lo son por su indolencia y falta de autocrítica, su incapacidad de modernizarse y ejercer la justicia con democracia. Ellos son los responsables de este baño de sangre y violencia en el que vivimos hoy los mexicanos.
No seamos cómplices silenciosos ante tanta infamia. En el caso de Ernestina Ascensio y de cada mujer violada no sólo deberán ser juzgados y castigados los militares agresores, el hilo más delgado de este entramado perverso. También sus superiores, generadores de este sistema de intimidación aberrante que intenta adueñarse de nuestro futuro.
* Periodista y escritora, con una larga trayectoria en conducción de programas televisivos. Es autora de Mujeres de palabra y de la novela No me olvides.
Más allá del fuero militar
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma
11 de marzo de 2007
En el caso de la muerte de Ernestina Ascensio, el Ejército pasó de la duda jurídica a la certeza de que el crimen contra la indígena veracruzana fue una acción de grupos delictivos para desprestigiar a las fuerzas castrenses.
Anteayer viernes fueron exhumados los restos de la señora Ernestina Ascensio Rosario, muerta a los 73 años de edad (según se lee en su acta de defunción) tras de ser violada brutalmente, tal vez por miembros del Ejército o, como ha aventurado la Secretaría de la Defensa Nacional, por personas que se ataviaron como si lo fueran para desprestigiar a la institución castrense.
Sea de ello lo que fuere, el cuerpo de la víctima fue destrozado: "De acuerdo a lo informado por sus familiares -dice un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez- el certificado de muerte señala que la señora Ernestina murió como consecuencia de una infección en intestinos e hígado. También presentaba huellas de tortura y perforación del recto". En otra parte del documento se afirma que "presentaba golpes en diversas partes del cuerpo y tenía un daño especialmente grave en la cadera".
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Procuraduría de Justicia veracruzana, y a la de Justicia militar la práctica de una nueva autopsia, pues la primera mostró deficiencias e incongruencias.
Se recabó la autorización de los hijos de la víctima de abuso sexual tumultuario, Julio, Francisco, Juana, Marta y Carmen Inés, que la extendieron por escrito. Ellos directamente, así como los vecinos de la comunidad de Tetlalzingo, y del municipio de Soledad Atzompa se hallan estremecidos y temerosos por la atrocidad cometida.
A pesar de que la propia víctima, que murió horas después del ataque sufrido en su domicilio, pudo decir que militares la habían agraviado, y que hay testimonios de presencia de soldados en las inmediaciones de su casa, el alto mando militar se ha parapetado en una defensa previa y ajena al procedimiento ministerial, de los miembros del Ejército que pudieran estar implicados.
Tres días después del atentado, la Sedena tomó su primera posición pública ante el caso. Informó el 1o. de marzo haber realizado "diversas acciones entre las que se destacan exámenes médicos y entrevistas a los efectivos militares desplegados en el mencionado lugar, sin que hasta el momento se haya encontrado alguna prueba que los involucre".
El 3 de marzo la CNDH anunció el envío de cinco visitadores a la comunidad, situada en la sierra de Zongolica para ocuparse del caso. Dijo que la víctima "falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas por elementos de una partida militar".
Al día siguiente el gobernador Fidel Herrera condenó el crimen y ubicó en contexto la presencia militar. Explicó que hace 10 años el Ejército "asumió la tarea de vigilar sobre todo las fronteras de Veracruz, la de la parte colindante del Pico de Orizaba con la Sierra Negra de Puebla. Por ahí ha habido leyendas acerca de la existencia de grupos armados y de algunos grupos delictivos del crimen organizado, de suerte que el Ejército mexicano, dentro de sus líneas estratégicas, opera con volantas móviles (sic) y con escuadrones que recorren algunas regiones, siempre coordinados con el gobierno de Veracruz".
Al conocer el ultraje y asesinato de la señora Ernestina ("hecho terrible y trágico", "hecho proditorio que agravia y lastima", "crimen artero y abominable", lo llamó) Herrera viajó a Tetlalzingo. "Ahí llegué y dije, por cierto que con el apoyo del comandante de la región, que ese caso sería investigado con toda la fuerza. Convoqué y conminé al Ejército para que dentro del fuero de su propia jurisdicción, que es el castrense, se hiciera la averiguación más profunda... cosa que ocurre. El mismo Ejército expresó, en un acto que yo reconozco y agradezco, su disposición para poner a cualquier indiciado a disposición de la jurisdicción local...".
La expresión pública de la Sedena va en sentido contrario a la que el gobernador dice haber captado. El martes 6, tras la visita de la agenta del Ministerio Público Lourdes Montes Hernández al cuartel de la 26a. Zona Militar en Orizaba, la dirección de comunicación social de la Sedena emitió a las 18:20 horas el comunicado de prensa número 19.
Una hora después se pidió a la prensa de la región dar por no presentado ese boletín y esperar otro, también numerado como 19, que era el válido.En boletín que perdió carácter oficial, pero que lo tuvo por al menos una hora, la Sedena insistió en hablar, como lo había hecho cinco días atrás, de una "supuesta violación" y reiteró que, investigado "el personal militar, no se encontraron indicios o pruebas que indiquen la participación de dicho personal en la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario".
En el último párrafo la Sedena fue más allá, pues como si hubiera indagado no sólo a su personal sino la situación general, atrevió una hipótesis no presentada como tal sino como conclusión rotunda: "...es preciso señalar que grupos desafectos a este Instituto armado en reiteradas ocasiones han puesto en tela de juicio las acciones que realiza en beneficio de la sociedad mexicana y en este caso en particular delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen, buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del Ejecutivo federal y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades".
Alguien encontró insostenibles esas afirmaciones, y decidió borrarlas del expediente. En efecto, el Ejército tendría que explicar por qué pasó de la duda jurídica ("supuesta violación") a la convicción de que realmente sí hubo un crimen y cómo tuvo conocimiento de que "delincuentes" se disfrazaron de militares. Tendría que explicar, sobre todo, cómo identificó el móvil de esa acción: inculpar a soldados y oficiales, para forzar su retiro de la zona para que los delincuentes siguieran activos en la comarca.
A fines de enero, una "volanta móvil", como diría pleonásticamente el gobernador Herrera, había estado en Soledad Atzompa y sólo causó tropelías, que fueron denunciadas por el alcalde Javier Pérez Pascuala a la comandancia en Orizaba sin recibir respuesta, y sin que se produjera información sobre delincuencia actuante en la zona.
El boletín 19 que reemplazó al 19 y omitió ese párrafo, tornó a negar "la participación de personal militar" en el grave suceso. Hablando en nombre propio y, de modo irregular, de la Procuraduría veracruzana, la Sedena puntualizó que fueron entrevistados 79 soldados y cuatro oficiales de la base de operaciones García, situada a dos kilómetros del lugar de los hechos, "sin que hasta la fecha se obtengan resultados fehacientes que los incriminen".
También se revisó el área genital a toda esa gente, y no se encontró que nadie padeciera "ningún tipo de lesión en esa área, indicativo considerado para establecer que no han tenido actividad sexual cuando menos siete días antes de los hechos que se imputan".
En oposición a su reasumido credo sobre la "supuesta violación", ese boletín informó también de la elaboración de un dictamen pericial que compara "el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa con muestras de sangre que se tomen del personal militar".
Por supuesto que si se establece con toda claridad que la tropa fue ajena al execrable crimen, nadie insistiría en inculparla. Pero la actitud de los mandos, asumida tan apresuradamente y al margen de las averiguaciones formales hace temer que el caso se disuelva en la impunidad, como en casos similares.
Algunos, citados por el Centro Pro son "los de Inés Fernández, indígena tlapaneca, originaria de Ayutla de los libres, Gro., quien en el año 2002 fue agredida sexualmente por elementos castrenses: Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca, originaria de Caxitepec, Gro., quien también fue violada y torturada por militares en el año 2002; Francisca Santos y Victoriana Vázquez, indígenas mixtecas, originarias de Barrio Nuevo san José, Gro.; así como el de las hermanas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González, quienes en el año de 1994, después de haber sido privadas de su libertad, fueron también violadas por militares".
El Centro Pro deplora que "hasta la fecha los responsables se han sustraído a la acción de la justicia, toda vez que son canalizados a la justicia militar, con el sustento del artículo 57 del Código de justicia militar", aplicable a los delitos y faltas "cometidos por militares en servicio o con motivo del mismo".
No hay que permitir que de nuevo se añada a la ofensa el agravio.
Reforma
11 de marzo de 2007
En el caso de la muerte de Ernestina Ascensio, el Ejército pasó de la duda jurídica a la certeza de que el crimen contra la indígena veracruzana fue una acción de grupos delictivos para desprestigiar a las fuerzas castrenses.
Anteayer viernes fueron exhumados los restos de la señora Ernestina Ascensio Rosario, muerta a los 73 años de edad (según se lee en su acta de defunción) tras de ser violada brutalmente, tal vez por miembros del Ejército o, como ha aventurado la Secretaría de la Defensa Nacional, por personas que se ataviaron como si lo fueran para desprestigiar a la institución castrense.
Sea de ello lo que fuere, el cuerpo de la víctima fue destrozado: "De acuerdo a lo informado por sus familiares -dice un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez- el certificado de muerte señala que la señora Ernestina murió como consecuencia de una infección en intestinos e hígado. También presentaba huellas de tortura y perforación del recto". En otra parte del documento se afirma que "presentaba golpes en diversas partes del cuerpo y tenía un daño especialmente grave en la cadera".
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Procuraduría de Justicia veracruzana, y a la de Justicia militar la práctica de una nueva autopsia, pues la primera mostró deficiencias e incongruencias.
Se recabó la autorización de los hijos de la víctima de abuso sexual tumultuario, Julio, Francisco, Juana, Marta y Carmen Inés, que la extendieron por escrito. Ellos directamente, así como los vecinos de la comunidad de Tetlalzingo, y del municipio de Soledad Atzompa se hallan estremecidos y temerosos por la atrocidad cometida.
A pesar de que la propia víctima, que murió horas después del ataque sufrido en su domicilio, pudo decir que militares la habían agraviado, y que hay testimonios de presencia de soldados en las inmediaciones de su casa, el alto mando militar se ha parapetado en una defensa previa y ajena al procedimiento ministerial, de los miembros del Ejército que pudieran estar implicados.
Tres días después del atentado, la Sedena tomó su primera posición pública ante el caso. Informó el 1o. de marzo haber realizado "diversas acciones entre las que se destacan exámenes médicos y entrevistas a los efectivos militares desplegados en el mencionado lugar, sin que hasta el momento se haya encontrado alguna prueba que los involucre".
El 3 de marzo la CNDH anunció el envío de cinco visitadores a la comunidad, situada en la sierra de Zongolica para ocuparse del caso. Dijo que la víctima "falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas por elementos de una partida militar".
Al día siguiente el gobernador Fidel Herrera condenó el crimen y ubicó en contexto la presencia militar. Explicó que hace 10 años el Ejército "asumió la tarea de vigilar sobre todo las fronteras de Veracruz, la de la parte colindante del Pico de Orizaba con la Sierra Negra de Puebla. Por ahí ha habido leyendas acerca de la existencia de grupos armados y de algunos grupos delictivos del crimen organizado, de suerte que el Ejército mexicano, dentro de sus líneas estratégicas, opera con volantas móviles (sic) y con escuadrones que recorren algunas regiones, siempre coordinados con el gobierno de Veracruz".
Al conocer el ultraje y asesinato de la señora Ernestina ("hecho terrible y trágico", "hecho proditorio que agravia y lastima", "crimen artero y abominable", lo llamó) Herrera viajó a Tetlalzingo. "Ahí llegué y dije, por cierto que con el apoyo del comandante de la región, que ese caso sería investigado con toda la fuerza. Convoqué y conminé al Ejército para que dentro del fuero de su propia jurisdicción, que es el castrense, se hiciera la averiguación más profunda... cosa que ocurre. El mismo Ejército expresó, en un acto que yo reconozco y agradezco, su disposición para poner a cualquier indiciado a disposición de la jurisdicción local...".
La expresión pública de la Sedena va en sentido contrario a la que el gobernador dice haber captado. El martes 6, tras la visita de la agenta del Ministerio Público Lourdes Montes Hernández al cuartel de la 26a. Zona Militar en Orizaba, la dirección de comunicación social de la Sedena emitió a las 18:20 horas el comunicado de prensa número 19.
Una hora después se pidió a la prensa de la región dar por no presentado ese boletín y esperar otro, también numerado como 19, que era el válido.En boletín que perdió carácter oficial, pero que lo tuvo por al menos una hora, la Sedena insistió en hablar, como lo había hecho cinco días atrás, de una "supuesta violación" y reiteró que, investigado "el personal militar, no se encontraron indicios o pruebas que indiquen la participación de dicho personal en la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario".
En el último párrafo la Sedena fue más allá, pues como si hubiera indagado no sólo a su personal sino la situación general, atrevió una hipótesis no presentada como tal sino como conclusión rotunda: "...es preciso señalar que grupos desafectos a este Instituto armado en reiteradas ocasiones han puesto en tela de juicio las acciones que realiza en beneficio de la sociedad mexicana y en este caso en particular delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen, buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del Ejecutivo federal y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades".
Alguien encontró insostenibles esas afirmaciones, y decidió borrarlas del expediente. En efecto, el Ejército tendría que explicar por qué pasó de la duda jurídica ("supuesta violación") a la convicción de que realmente sí hubo un crimen y cómo tuvo conocimiento de que "delincuentes" se disfrazaron de militares. Tendría que explicar, sobre todo, cómo identificó el móvil de esa acción: inculpar a soldados y oficiales, para forzar su retiro de la zona para que los delincuentes siguieran activos en la comarca.
A fines de enero, una "volanta móvil", como diría pleonásticamente el gobernador Herrera, había estado en Soledad Atzompa y sólo causó tropelías, que fueron denunciadas por el alcalde Javier Pérez Pascuala a la comandancia en Orizaba sin recibir respuesta, y sin que se produjera información sobre delincuencia actuante en la zona.
El boletín 19 que reemplazó al 19 y omitió ese párrafo, tornó a negar "la participación de personal militar" en el grave suceso. Hablando en nombre propio y, de modo irregular, de la Procuraduría veracruzana, la Sedena puntualizó que fueron entrevistados 79 soldados y cuatro oficiales de la base de operaciones García, situada a dos kilómetros del lugar de los hechos, "sin que hasta la fecha se obtengan resultados fehacientes que los incriminen".
También se revisó el área genital a toda esa gente, y no se encontró que nadie padeciera "ningún tipo de lesión en esa área, indicativo considerado para establecer que no han tenido actividad sexual cuando menos siete días antes de los hechos que se imputan".
En oposición a su reasumido credo sobre la "supuesta violación", ese boletín informó también de la elaboración de un dictamen pericial que compara "el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa con muestras de sangre que se tomen del personal militar".
Por supuesto que si se establece con toda claridad que la tropa fue ajena al execrable crimen, nadie insistiría en inculparla. Pero la actitud de los mandos, asumida tan apresuradamente y al margen de las averiguaciones formales hace temer que el caso se disuelva en la impunidad, como en casos similares.
Algunos, citados por el Centro Pro son "los de Inés Fernández, indígena tlapaneca, originaria de Ayutla de los libres, Gro., quien en el año 2002 fue agredida sexualmente por elementos castrenses: Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca, originaria de Caxitepec, Gro., quien también fue violada y torturada por militares en el año 2002; Francisca Santos y Victoriana Vázquez, indígenas mixtecas, originarias de Barrio Nuevo san José, Gro.; así como el de las hermanas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González, quienes en el año de 1994, después de haber sido privadas de su libertad, fueron también violadas por militares".
El Centro Pro deplora que "hasta la fecha los responsables se han sustraído a la acción de la justicia, toda vez que son canalizados a la justicia militar, con el sustento del artículo 57 del Código de justicia militar", aplicable a los delitos y faltas "cometidos por militares en servicio o con motivo del mismo".
No hay que permitir que de nuevo se añada a la ofensa el agravio.
martes, febrero 27, 2007
La verdad sea dicha 2007/02/27
La octava emisión de La verdad sea dicha se dedica a informar sobre las violaciones del Estado a los derechos humanos; los crímenes del gobierno federal panista en Atenco y los crímenes del gobierno estatal priísta en Oaxaca.
LA VERDAD SEA DICHA
http://www.laverdadseadicha.org
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