Aeroméxico, rematada

León Bendesky
La Jornada
22 de octubre de 2007

La privatización de las líneas aéreas que quedaron entre los activos del IPAB, es decir, de la nación, luego de la crisis financiera de fines de 1994 acabó de manera atropellada. Ese rasgo parece ser típico de las operaciones para vender los activos nacionales en ese organismo en más de una década, tras su creación para sustituir al fallido Fobaproa.

No ha podido el IPAB ni tampoco el gobierno federal hacer la transacción de Aeroméxico, sin generar discusión y suspicacias. La sospecha sobre las operaciones de privatización era la norma cuando se hacían en la opacidad del viejo régimen político controlado por el PRI, regido por la discrecionalidad del ejercicio del poder y la ausencia prácticamente completa de rendición de cuentas.

La sospecha en el quehacer público no ha desaparecido en el contexto de la transición democrática y de los gobiernos del PAN, cuando se supone que parte del cambio es actuar a la luz pública y con transparencia. Este último es un término muy socorrido entre los políticos y funcionarios de la alta burocracia, pero su sentido práctico no puede sustentarse en las declaraciones que hagan, por firmes y solemnes que parezcan. Únicamente pueden sostenerse en los hechos y ahí aún son muchas las limitaciones. Pero sólo con hechos puede generarse la confianza, que es un bien todavía muy escaso en esta sociedad.

Habrá muchos aspectos técnicos involucrados en la venta de los activos de todo tipo que pasaron a ser propiedad estatal con aquella crisis. Para ello hay leyes y reglas, aunque la operación del IPAB está supeditada a los criterios e influencia de la Secretaría de Hacienda, que es la que finalmente determina lo que ahí se hace. Vaya, el IPAB está hecho a modo para que las cosas salgan como se quiere. La historia del instituto y de las transacciones que se han hecho está ahí para revisarla.

El de Aeroméxico es el caso más reciente de esas transacciones de compra-venta a 13 años de distancia de la crisis. Pero de nueva cuenta se exhibe la debilidad de la institucionalidad democrática que se quiere instaurar en México. Adviértase el calificativo de democrático, necesario para distinguirlo del anterior orden institucional de tipo autoritario, como se pretende en el marco de la transición política.

Se trata de la venta de un bien nacional y por lo tanto de recursos públicos: activos y pasivos que pasan por el fisco. Los términos de la operación indican que la situación financiera de la empresa era bastante mala, pues había acumulado grandes pérdidas. Pero quienes la administraron estos años y su principal dueño (el gobierno federal a nombre de la sociedad) no dieron cuenta de las cuentas de Aeroméxico.

La transacción se ha hecho en el terreno de la bolsa de valores como si fuese un negocio privado, una simple operación financiera. No se sabe a las claras cuál es la política estatal de gestión de los bienes nacionales, si es que existe; no hay un recuento de la tasa de recuperación del valor de los activos, o sea, cuánto ha ganado o perdido el gobierno administrando los distintos tipos de bienes públicos. ¿Cómo evaluar a los responsables del IPAB?, entre los que hay funcionarios gubernamentales y vocales supuestamente independientes. En esto sigue habiendo opacidad, lo que da lugar a la sempiterna sospecha.

Es notorio, asimismo, que en el manejo de esta privatización estuvo ausente la cabeza del sector dentro del gobierno, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que sólo validó la venta una vez realizada y afirmó que con ella mejorará el servicio, por supuesto sin decir cómo es que eso ocurrirá.

Nadie sabe si en esa dependencia hay algún criterio para orientar a la industria aeronáutica y redefinir la estructura de esta actividad clave para la competitividad de la economía. No parece que la haya. No fue clara tampoco la participación y los criterios aplicados en este caso por la Comisión de Competencia, que da repetidas muestras de falta de la misma. Puede afirmarse a la luz de los hechos que no hay una política para la aviación en México.

En el gobierno persiste una postura gerencial ligada muy de cerca a los intereses privados, lo que confiere una noción particular a las funciones del Estado y los criterios de la política pública. Esto tiene costos inmediatos y que se extienden en el tiempo, pues redefinen constantemente los patrones de la producción, del crecimiento y de la distribución del ingreso y de la riqueza. En ese contexto es cada vez más difícil cambiar el modo en que funciona la economía mexicana y superar su estancamiento crónico.

La venta de Aeroméxico bajo la forma de subasta fue apresurada, al final hubo falta de claridad, parecía que todo debía hacerse rapidito para que resultara como se había planeado. ¿Por qué se filtró la supuesta molestia del gobernador del Banco de México por el curso de la subasta? ¿Será casual que se adjudicara la empresa el consorcio liderado por Banamex y otros inversionistas?

No se trata de alcanzar la unanimidad en los criterios de la gestión pública, ésta no es la granja de los animales orwelliana. Sólo reconozcamos lo que tenemos enfrente. También aceptemos aquello de lo que carecemos: un sistema eficiente de pesos y contrapesos en asuntos públicos.

Los intereses de HSBC

Omar G. Nieves Cosio
Periódico Express
20 de junio de 2007

En la media noche de este lunes pasado, “Honestidad Valiente A.C.” denunció a través del programa “La verdad sea dicha” la cancelación de la cuenta bancaria que habían abierto en HSBC, para que los simpatizantes del movimiento de resistencia civil pacífica aportaran sus cooperaciones para la causa que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, dicha cancelación no fue promovida por la asociación civil, sino por el propio banco, al considerar que “así convenía a sus intereses”.

No tiene nada de sorprendente que un banco extranjero, y con “intereses” ciertamente capitalistas, le cierre las puertas a un movimiento político nacional que pretende terminar con la especulación y la voracidad agiotista que caracteriza a las instituciones bancarias de nuestro país. Lo que sí resulta repugnante, es que un banco como HSBC –perteneciente al sector privado– se valga de la función social que presta, para servir a “los intereses” del gobierno neoliberal, y que además, sigua cobrando los pagarés del Fobaproa.

Con tal de gratificar el apoyo que Felipe Calderón le hizo a la banca mexicana en 1998 mediante el rescate bancario que todos los mexicanos aún seguimos pagando –12 mil 815 pesos cada uno–, HSBC ha sido capaz de renunciar a una de las funciones por las que fue creado: “captar el ahorro”. Claro que el banco británico no abandonará por completo este importante servicio, pero ahora solo custodiará y administrará el dinero de los más ricos.

Pero seguramente que esta discriminación política tendrá consecuencias adversas para dicho banco. Para empezar, muchos cuentahabientes ya han manifestado su intención de retirar su dinero; y otros aseguran que jamás se les ocurrirá pedir algún tipo de préstamo o financiamiento económico en esta institución bancaria.

Por otra parte, los simpatizantes del Movimiento de Resistencia Civil pacífica ya han estado evaluando la posibilidad de formar e instituir un nuevo banco que sirva a los intereses del pueblo, y que tenga presencia en toda la república mexicana; porque, señalan, “ni modo que abramos una cuenta en el banco de Roberto Hernández –Banamex–”, ó, “ni modo que Ricardo Salinas nos administre el dinero en el Banco Azteca”; “ni siquiera Banorte (que se dice es el único banco mexicano) tiene la autoridad moral para recibir nuestro dinero, porque también fue rescatado con el Fobaproa, y luego compró la cartera vencida de deudores que había acumulado, a un precio mucho menor con el que la entregó al gobierno”.

Sin duda, ahora los “intereses que convienen” a HSBC es servir al gobierno federal; después, poder servir a alguien.

La Ley del ISSSTE es un regalo a las Afores

Zósimo Camacho
Contralínea
1a quincena de junio de 2007

Las Afores se aprestan a recibir más de 58 mil millones de pesos. Los beneficiarios de la reforma a la Ley del ISSSTE son los mismos grupos financieros trasnacionales que en México cobran las comisiones más altas del mundo.

Los grupos financieros -mayoritariamente de capital trasnacional- que controlan el mercado de capitales en México verán acrecentar sus activos en más de 58 mil millones de pesos cuando, en tres años, comiencen a captar los ahorros de los afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El fondo del Pensionissste cuenta actualmente con más de 58 mil 500 millones de pesos. Las cuentas individuales de los trabajadores podrán ser “recibidas” por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) en 2010, cuando se cumplan tres años de aprobada la reforma que finiquitó el sistema solidario de cuentas.

Los fondos de los trabajadores del apartado B, quienes laboran para las instituciones del Estado mexicano, se sumarán a los 718 mil 146 millones –según cifras de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados– que ya administran las Afores y que provienen de los ahorros de los trabajadores del apartado A, aquellos que trabajan para las empresas privadas. A 10 años de la reforma a la Ley del IMSS, las Administradoras mantienen uno de los cobros por manejo de cuentas más altos del mundo y, al mismo tiempo, otorgan exiguos rendimientos (Fortuna 49).

“En este momento la Ley plantea que lo que los trabajadores han ahorrado en el SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) se pase de manera automática al Pensionissste; pero también contempla que a los tres años de entrada en vigor, los trabajadores podrán cambiarse a cualquiera de las Afores que exista en el mercado”, dice la secretaria de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Rosario Ortiz.

La legisladora agrega que “entonces pasará lo que ya ocurrió con los del IMSS. Las Afores van a lanzar una campaña mediática muy fuerte para ganarse a los trabajadores que están en el Pensionissste. Y como los trabajadores conocemos muy poco acerca del manejo financiero, terminarán otorgando sus ahorros a los grandes grupos empresariales. Esto ya ocurrió anteriormente; hicieron un gasto impresionante en publicidad, pero obtuvieron la administración de los ahorros”.

Los beneficiados

En el actual sistema de pensiones mexicano existen 21 Afores propiedad de igual número de grupos financieros. A pesar de que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha calificado de un “triunfo” la existencia de más de 20 opciones en el mercado de las administradoras de fondos, sólo seis acaparan el 62.5 por ciento del total de las cuentas: Banamex, Bancomer, Inbursa, GNP, Banorte y Principal.

De acuerdo con cifras de la Consar, al mes de marzo de 2007, la Afore Banamex es la que más número de cuentas de trabajadores administra: 5 millones 711 mil 610, lo que representa el 15.1 por ciento del total.

Banamex fue comprado en 2001 al “amigo de Fox” Roberto Hernández por la estadunidense Citigroup Inc., el conglomerado financiero más importante del mundo. La transacción, por 12 mil 500 millones de dólares, se realizó mediante la Bolsa Mexicana de Valores con el objetivo de evitar el pago de impuestos. Banamex fue el banco más favorecido por el Fobaproa. Al momento de la compra, los pagarés del rescate bancario representaban 58 por ciento del valor total del banco.

Aunque la institución bancaria dejó de ser “mexicana”, los dueños estadounidenses conservaron casi sin cambios al grupo directivo de la institución. Al frente se encuentra Manuel Medina Mora, hermano del actual procurador General de la República Eduardo Medina Mora, quien encabezó de 2000 a 2005 el organismo de inteligencia y contrainteligencia civil mexicana, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

La Afore Bancomer administra los ahorros de 4 millones 335 mil 130 trabajadores, el 11.5 por ciento del total de los asalariados en México. La compra total del banco, por parte del grupo financiero español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, se concretó en febrero de 2004 con objeciones del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y el “total respaldo” del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien incluso celebró ante estudiantes de la universidad de Columbia: “México tendrá en breve el primer banco totalmente español en su territorio”.

Hasta 2001 el accionista mayoritario del banco era el gobierno mexicano, quien en junio de ese año inició la venta de sus acciones. La supervisión de la transacción fue considerada “deficiente” por la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de la revisión de la Cuenta Pública 2002.

Incluso, las acusaciones de haber utilizado dinero de procedencia ilícita para la compra de Bancomer le valieron a BBVA la apertura de investigaciones en Estados Unidos y España que concluyeron con el enjuiciamiento de 22 directivos, entre ellos su ex presidente Emilio Ybarra, por el desvío de casi 20 millones de euros a cuentas secretas en Suiza y otros países europeos. En México prevaleció el “respaldo” de Gil Díaz.

Bancomer fue otro de los principales beneficiarios del Fobaproa y actualmente genera el 70 por ciento del total de las utilidades que BBVA obtiene de América Latina y el 28 a nivel global. El directivo designado para encabezar BBVA Bancomer es Ignacio Deschamps González.

Afore Inbursa administra el 9.5 por ciento del total de las cuentas de los trabajadores mexicanos, es decir, 3 millones 597 mil 951. El banco es el brazo financiero del emporio del magnate mexicano y segundo hombre más rico del mundo Carlos Slim Helú, cuyo patrimonio supera los 53 mil 100 millones de dólares, es decir, alrededor del 6.3 por ciento del producto interno de México.

Slim construyó su fortuna sobre la antigua paraestatal Telmex, la cual, ahora en sus manos, mantiene el monopolio del servicio telefónico en el país. Además de Inbursa y Telmex, Slim es dueño, entre otras empresas, de América Móvil y la constructora Ideal.

La Afore Profuturo del Grupo Nacional Provincial posee las cuentas de ahorros de 3 millones 389 mil 462 trabajadores, el 9 por ciento del total. El dueño de este grupo financiero es el segundo hombre más rico del país –con alrededor de 3 mil millones de dólares–, Alberto Bailleres, quien también posee El Palacio de Hierro y la minera Peñoles.

Además, cuenta con la casa de bolsa Valmex y es el “apoyo financiero y guía” de la junta de gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

La Afore de Banorte Generali administra el 8.7 por ciento del total de los fondos de ahorro de los trabajadores, es decir, 3 millones 288 mil 188. Esta administradora fue conformada por el grupo Financiero Banorte, de Roberto González Barrera, y la italiana Assicurazzioni Generali.

Además del grupo financiero, González Barrera es dueño de Maseca. De 1988 a 1991 otorgó préstamos “a la palabra” a Raúl Salinas –hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari–, con quien rompió por adeudos pendientes cuando estuvo en prisión.

Principal Afore, del estadounidense Principal Financial Group, administra 3 millones 290 mil 479 de cuentas de ahorro individuales, alrededor de 8.75 por ciento del total.

Otras Afores que administran más de un millón de cuentas de ahorro de los trabajadores son Santander, del grupo financiero español Santander, con 3 millones 25 mil 319; Siglo XXI, la cual perteneció esporádicamente al propio IMSS y ahora se encuentra en manos del grupo financiero IXE, de Enrique Castillo Sánchez Mejorada, y que actualmente suma alrededor de 2 millones 600 mil cuentas; el británico-hongkonés HSBC, con un millón 767 mil 486 fondos de ahorro; Azteca, de Salinas Pliego, dueño también de Televisión Azteca y Elektra, entre otras empresas, con un millón 254 mil 547 cuentas, y Actinver, de Héctor Madero, con un millón 229 mil 964.

La “quiebra” del ISSSTE

De acuerdo con los impulsores de la reforma, el cambio a la Ley era “necesario e inminente” porque el ISSSTE estaba “quebrado” y no podía hacer frente a los pasivos de pensiones.

“El ISSSTE ya estaba prácticamente en quiebra técnica, pues el déficit en el fondo de pensiones era de 50 mil millones de pesos”, señala Samuel Aguilar Solís, secretario de la Comisión de Seguridad Social.

“A esto se agrega –dice el legislador por el Partido Revolucionario Institucional– que se redujeron los trabajadores en activo y aumentaron los jubilados, no se incrementaron las cuotas obrero patronales y creció la esperanza en el nivel de vida.”

–¿En qué se gastaron los ahorros de los trabajadores?

–En la creación de una gran infraestructura, que es la que existe, y aun cuando se diga que es ineficiente, pues ahí está, y en eso se gastó el ahorro de los trabajadores.

–¿Fue legal el destino que se le dio al dinero?

–Sí, porque la Ley no establecía la individualización de los fondos. Antes, todo estaba en un cajón y lo que subsistía era un pragmatismo total: si había recursos y había una necesidad, se respondía a esa necesidad urgente tomando el dinero de donde había.

Aguilar Solís considera que ni siquiera se puede acusar de “irresponsables” a los anteriores directores del Instituto.

Sin embargo, para la legisladora Rosario Ortiz, la reforma a la Ley del ISSSTE, aprobada el 23 de marzo pasado, tiene como destinatarios los conglomerados financieros “que son los grandes consentidos en el país desde hace cuatro sexenios”.

Los fondos de pensiones de los trabajadores del ISSSTE “finalmente irán a parar a los grandes grupos financieros. Las Afores, propiedad de bancos, en su mayoría trasnacionales, son las principales beneficiarias de la reforma a la Ley de ISSSTE”, concluye la legisladora Rosario Ortiz.

El IFE debe morir

Una purga sospechosa
Voces del periodista
1 de junio de 2007

Desde su arribo a la presidencia del IFE, Luis Carlos Ugalde inició una sospechosa purga de mandos -desde la Secretaría General hasta funcionarios distritales. En diciembre se separó la fiscalizadora Alma Granados. Esta semana dimitió el director de Análisis e Informes de Campaña (Dirección Ejecutiva de Prerrogativas), Roberto Álvarez. También lo hizo Rodolfo Vergara, director de la Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación. ¿Qué pasa ahí?


Por la abolición del fétido monstruo
Alfredo Jalife-Rahme
Columna Lupa política
Voces del periodista
1 de junio de 2007

Acaba de concluir el proceso electoral para elegir a un presidente en Francia, que resultó ser el candidato neoconservador Nicholas Sarkozy, con la participación de más del 85 por ciento, y en ningún momento apareció el nombre del equivalente del IFE en el país galo. La opositora socialista Segolène Royal aceptó el resultado en forma civilizada.

Pese a ciertas fallas en las boletas electorales en las recientes elecciones municipales en Gran Bretaña, donde sorprendió el nacionalismo escocés con su victoria en detrimento del partido laborista del primer ministro Tony Blair, quien tuvo que adelantar su salida para ceder el mando a Gordon Brown, en ninguno momento escuchamos o leímos la existencia del equivalente del IFE en Gran Bretaña.

Incluso en EU, plagado de fraudes electorales desde Florida hasta Ohio, nunca se escucha sobre la existencia de un equivalente del IFE acullá.

Entonces, ¿por qué en México, un país con severas carencias educativas y económicas, existe un monstruo electoral locuaz y exhibicionista que se ha constituido en "un Estado dentro del Estado", en similitud a la autonomía aberrante de BANXICO, que operan de espaldas a la voluntad popular?

Está bien que el incipiente aprendizaje democrático en México necesite de cierta legitimidad que otorgue el árbitro electoral, pero desde el anterior "presidente-consejero" (una aberración semántica), José Woldenberg Karakowski, presuntamente vinculado a los intereses trasnacionales de Joseph-Marie Cordoba y su pelele Zedillo, el fétido IFE ha dañado más que beneficiado a la nación mexicana y a la democracia que pretende defender.

Basta recordar, para no meternos más en profundidades, que Woldenberg Karakowski dejó "pasar y dejó hacer", de acuerdo a la usanza neoliberal, el "robo" del disco duro de la identidad de los empadronados mexicanos, que acabó en las manos del FBI y de la cleptomaníaca Choice Point, una compañía vinculada al nepotismo dinástico de los Bush (en particular Jeb, el crepuscular gobernador de Florida), dizque para proteger a EU y a México de los atentados terroristas de Al-Qaeda: el montaje hollywoodense diseñado por Baby Bush para controlar al mundo y en especial el petróleo ajeno desde Irak hasta las profundidades del golfo de México.

Baste también recordar que dos consejeros de Woldenberg Karakowski, el panista Lujambio Irázabal y la priísta empanizada Jacqueline Peschard Mariscal (hoy funcionarios del hilarante Instituto Federal de Acceso a la Información Pública) fueron a llevar sus conocimientos en fraudes electorales a Irak con el fin de avalar la imposición de un gobierno títere de EU, proceso que no sirvió para nada en el ensangrentado país y que ha sido rechazado por la mayoría de sus moradores.

El historial del panista Lujambio Irazábal es voluminoso, y no viene al caso profundizar ahora, pero baste citar solamente que es un presunto falsario, ya que nunca concluyó sus estudios de contador en el ITAM (¡obviously!) y fungió luego como "contador general" de una papelera (con eso que le gustan las boletas,los boletos y los billetes),además de analista político de BANAMEX. En otra ocasión, en Voces del Periodista, detectamos la alianza estratégica electoral en el IFE de Woldenberg y Ugalde con el grupo tuxpeño de los zedillistas Jesús Reyes-Heroles Gonzalez Garza, distinguido con el Premio Banamex de Economía (¿un auto-premio?), y Roberto Hernández Ramírez ex-director de Banamex subsidiado por el FOBAPROA/IPAB. ¿Por qué tantos ex funcionarios de Banamex pululan en el fétido IFE? ¿Por qué la obsesión de los tuxpeños Jesús Reyes-Heroles y Roberto Hernández Ramírez en controlar al IFE?

Sobre la priista, hoy empanizada, Peschard, baste solamente indicar sus vínculos con el estadounidense Centro Woodrow Wilson y el siniestro COMEXI, anteriormente presidido por el venezolano naturalizado mexicano Andrés Rozental Gutman (medio-hermano de Jorge Castañeda Gutman, el peor canciller en la historia de México).

Se ha dado un generoso equilibrio: el puesto del panista falsario Lujambio estaría diseñado para golpear a los enemigos de Fox y Marta Sahagún, y el de Peschard (nombrada por Felipe El Breve) para proteger al PRI empanizado. Su función se pudiera resumir en: transparencia para los enemigos y opacidad para los amigos.

Hasta aquí destaca que el IFE, en la etapa del cordobista-zedillista Woldenberg Karakowski, era un instrumento de EU a través del "NAFTA electoral" y de la plutocracia bancaria de Banamex, hoy en manos de Citigroup, sin contar su presunta colusión clandestina con el bushiano Choice Point y el FBI.

En una democracia respetable, estos breves datos serían más que suficientes para haber abolido de tajo al fétido IFE que ya destilaba olor a azufre desde Woldenberg Karakowski, lo cual se exacerba con la llegada arreglada del reyes-herolista Luis Carlos Ugalde Ramírez, quien practica la magia (no es broma) como hobby, a la mitad de la aciaga etapa de Fox, otro verdugo de la incipiente democracia mexicana.

Por decencia pública, no vamos a delatar la depravada vida privada de varios de los "consejeros electorales" del fétido IFE, lo cual arrojaría mucha luz sobre el resultado electoral del 2 de julio pasado, y que en un abordaje sicoanálítico de corte freudiano sería imprescindible porque confundieron su obscena vida privada con la función pública y púbica que puso a México al borde del precipicio. Nos centraremos únicamente en datos duros comprobables.

Que conste que tampoco vamos delatar lo abusivamente exorbitante en mantener a la bola de parásitos, llamados "consejeros-electorales", sumados de su carísima burocracia de oportunistas, quienes en conjunto succionan el exagerado presupuesto del IFE (tres veces mayor a presupuesto del CONACYT para investigación y desarrollo), ni vamos a realizar comparaciones estadísticas del dispendioso IFE con los gastos electorales de otros países de mayores ingresos y de mejores resultados en la contabilidad democrática.

Porque el fétido IFE, más allá del fraude electoral, no solamente es excesivamente costoso para un país donde predomina la miseria, sino que resultó todavía más oneroso por haber fracasado en cumplir su labor primaria de impoluto árbitro imparcial y, peor aún, por haber puesto en peligro la paz social.

Ugalde, un economista del ITAM (¡otra vez el ineludible centro de adoctrinamiento neoliberal dependiente de los Chicago Boys!), fue jefe de gabinete del tuxpeño-zedillista Jesús Reyes-Heroles González Garza en la Secretaría de Energía, a quien luego acompañó en la embajada de México en EU como consejero político.

El pestilente "presidente-consejero" se ostenta como "miembro permanente" (sic) de una entidad que opera en la penumbra: COMDES (Consejo Mexicano para el Desarrollo Económico y Social) vinculado al BID y a UNETE cuyo "filántropo" es Max Schein, cuyo nombre figura en un libro muy comprometedor que mejor saltamos por salud mental.

En forma interesante, COMDES alardea a sus "socios (sic) estratégicos (¡super-sic!)" y varios de ellos erizan los cabellos: El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), El Foro Económico Mundial, Transparencia (¡como les gusta la palabrita a los más opacos del país!) Mexicana (que preside Federico, hermano de Jesús Reyes-Heroles, y cuya matriz fue financiada por la gasera texana corruptísima Enron), además de otras organizaciones "no-lucrativas" de características muy dudosas con sede en EU.

Se desprenden los nexos del "mago" Ugalde con el modelo neoliberal global, los hermanos tuxpeños Reyes-Heroles, con Max Schein (esta pista es única), y el Consejo Coordinador Empresarial que jugó un rol determinante en el resultado espurio del 2 de julio, y que nunca fue amonestado por el exhibicionista y locuaz IFE, que en su seno tiene a varios "consejeros electorales" formados en el ITAM, otros que fueron empleados de Banamex y hasta un anterior "enlace" entre el CCE y el Congreso, para cerrar su círculo presuntamente mafioso y vicioso.

Resumamos en corto: el fétido IFE, una de las entidades más locuaces y exhibicionistas del país (a diferencia de sus similares en otros países donde brillan por su silencio casi sepulcral), en la fase aciaga de Ugalde, en la que no existió ningún representante del PRD en forma anómala, tenía todos los dados y dedos cargados a favor de quien finalmente fue uncido presidente "legal", pero sin legitimidad, contra vientos y mareas. También hay que reconocer que el PRD cometió errores estratégicos de maximalismo interno de parte de su bancada camaral durante la selección de los "consejeros electorales", y que, por cierto, también se auto-goleó al haber pasado increíblemente en siete minutos la hoy impugnada Ley Televisa.

De entrada, por los intereses personales de la aplastante mayoría de sus consejeros electorales, el fétido IFE no cumplía los requisitos impolutos de un árbitro imparcial, sino, al revés, fue instalado, hoy ya se sabe con mayor profundidad, con el fin de imponer al único candidato que beneficia los intereses de las petroleras anglosajonas y españolas, así como de la insolente plutocracia local, en perjuicio de la mayoría hambrienta de México.

Nada más antidemocrático que el IFE de Ugalde, tanto por la composición desequilibrada de sus miembros como por sus exacciones disfuncionales que pusieron en riesgo de guerra civil a México.

No vamos a exponer los nexos comunicativos de uno de los principales dirigentes del fétido IFE con el gobernador de Sonora, el ingeniero Eduardo Bours Castelo, otro priista empanizado (se me susurra que es muy cercano al gobernador de BANXICO, el cordobista Guillermo Ortiz Martínez, y que fue rescatado de su quiebra empresarial por el UCABE, una variante del FOBAPROA/IPAB, por el cordobista Zedillo) cuya empresa familiar Bachoco, después de una decena de capturas seriadas y muy serias, parece dedicarse más al narcotráfico, mucho más expeditamente lucrativo que a la venta masiva de blanquillos.

¿Por qué el fétido IFE, que presume saberlo todo e indagarlo todo, no quiso entrarle al toro del financiamiento del narcotráfico para ciertos candidatos "por encima de toda sospecha"? ¿Por qué la protección a los amigos y la desprotección a los enemigos?

Lo real es que el fétido IFE del "mago" Ugalde, cuya ex esposa con la que solamente convivió siete meses es una de las principales colaboradoras de Felipe El Breve (además de ser la hija de un fanático zedillista), puede (y debe) ser el gran sacrificado, si es que todavía el agónico sistema político desea existir con un mínimo de decoro y de simulación democrática.

Después de la confesión de parte de los medievales antropófagos teocráticos Fox y Espino, y de la bomba de Madrazo Pintado sobre la "elección de estado" del 2 de julio, resulta ocioso ahondar más sobre el inmundo papel del IFE que manipuló la elección antes, durante y después del 2 de julio.

Cuando dos de los tres principales candidatos presidenciales del pasado 2 de julio, los tabasqueños Madrazo y AMLO, cuya suma arroja una mayoría orgánica real, fustigan la "elección de Estado" y/o el fraude electoral, queda deslegitimada la elección en forma perentoria y no queda más por discutir.

Cuando el principal verdugo de la incipiente democracia mexicana, el aparente desequilibrado mental Fox, cuyo padre es de origen texano y quien resultó mas bushiano que Baby Bush, confiesa que el 2 de julio "se desquitó" de AMLO, el fétido IFE quedó sepultado en la basura de la historia junto al Tribunal Federal Electoral que debió haber descalificado la elección para luego instalar a un "presidente interino".

Pero como la historia no puede retroceder, siempre existen mecanismos compensatorios y pareciera que, más que "presidente legal" a carta cabal, Felipe El Breve está resultando ser el "presidente interino", y lo mejor para México es que actúe de esa manera, como árbitro supremo (con todo y sus ostensibles defectos), para restañar las profundas heridas que dejó el proceso electoral viciado por los verdugos de la incipiente democracia mexicana: Fox y el fétido IFE que debe ser abolido para siempre como solicita un nada despreciable número de diputados para iniciar desde cero el proceso de democratización del país que tanto lo necesita para resucitar entre las cenizas de la mediocridad en que la sumió el fracasado orden neoliberal de un cuarto de siglo.

En forma ridícula, para pretender curarse en salud, el "mago" Ugalde, habla a destiempo, con más de un año de atraso, para arremeter contra el intervencionismo foxiano en las elecciones pasadas (otra causal para la anulación electoral), seguramente por indicaciones de su jefe máximo, el tuxpeño-zedillista Jesús Reyes-Heroles González Garza, con el fin de despresurizar el ambiente de Felipe El Breve y frenar al cada día más alocado Fox, quien resultó una patética marioneta de Marta Sahagún.

A unos días del primer aniversario del aciago 2 de julio, cuando planea la ominosa recesión económica en los cielos de EU que van a afectar como a nadie al "México neoliberal", el país se está calentando de nuevo y una medida racional de refundación democrática pasa ineludiblemente por la extinción del fétido IFE, ya no se diga por su corolario: el encarcelamiento de sus "consejeros", unos genuinos delincuentes electorales a quienes bajo ningún aspecto se puede (ni se debe) perdonar sus crímenes de lesa república mexicana, si es que se desea rescatar a la incipiente democracia de su naufragio y restaurar el orden político extraviado para iniciar una nueva etapa de odisea libertaria.

Lo legal y lo ético

Rogelio Ramírez de la O*
El Universal
26 de marzo de 2007

Alan Greenspan hizo una distinción en una reciente conferencia ante la Bolsa de Nueva York entre los actos legales de los empresarios y los actos correctos. Si la Bolsa de Nueva York va a ser competitiva, tiene que tener reglamentos flexibles. Para ello necesita "cambiar de un sistema basado en reglas, en donde los empresarios se preguntan ´¿Es esto legal?´, a uno basado en principios en donde se deben preguntar ´¿Es esto lo correcto?´".
Todo lo anterior, ante crecientes quejas de empresarios y financieros por las tediosas y costosas regulaciones conocidas como Sarbanes-Oxley, que tratan de impedir los abusos de directores de empresas contra los accionistas, como secuela de los escándalos de los 90, como el de Enron.
El mismo conflicto entre legalidad y principios fue evidente en el intercambio que sostuvieron el año pasado Roberto Hernández, como ex accionista de Banamex, y Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la Presidencia, cuando el primero reclamó al segundo sus constantes críticas a la venta del banco en 2001 a Citigroup por 12 mil 500 millones de dólares sin el pago de impuestos.
Roberto Hernández insistió en que no se pagaron los impuestos porque era lo "legal", cuando López Obrador insistía en que así no era ética. Muchos empresarios y comentaristas que se sienten ofendidos por aparentes faltas de respeto a la ley condenaron a López Obrador al sugerir su criterio de lo que es ético frente a lo que la ley permite.
En realidad a esos comentaristas les faltó profundidad, pues más que tratarse del criterio de lo ético de una persona, el asunto era una obviedad. También, porque la venta de Banamex, aun sin llegar al pago de impuestos, planteaba un serio problema de procedencia.
Esto porque el banco en ese momento tenía 5 mil millones de dinero público, recibido por el Fobaproa como ayuda para solventar sus créditos incobrables. Venderlo así nomás, sin explicar con amplitud el destino de ese dinero público, era una imprudencia, salvo que al completar la venta los vendedores regresaran a Fobaproa sus 5 mil millones.
En realidad no hay mucho conflicto en esto: como si alguien a quien le prestamos para que el banco no le quite su casa por falta de pago más tarde la vende, obtiene gran utilidad y no nos regresa nuestro dinero.
El hecho de que haya reglas y de que éstas se interpreten de cierta manera para permitir a alguien tomar ventaja de situaciones no cancela el conflicto ético. Más aún, cuando todos sabemos que en asuntos complicados con dinero siempre es posible obtener dictámenes de abogados y contadores como uno los quiera.
Cuando se planean operaciones y se trata de hacerlas caber dentro de la ley, es cuando debe haber un llamado de conciencia. Si el llamado no se lo hace a sí mismo, el empresario, el gobierno y los reguladores están obligados a hacerlo. Si no lo hacen, no están cumpliendo con su obligación.
Los conflictos existen todos los días en los negocios y en el diseño de las políticas públicas. Otro ejemplo lo vemos en Francia, donde Alcatel decidió cambiar su base de investigación y desarrollo a algún otro país, por conveniencia de costos y tecnología.
El problema es que la empresa recibió estímulos fiscales del gobierno francés para investigación y desarrollo. Por ello no le falta razón al candidato a la presidencia, señor Nicolás Sarkozy, quien dice que "si han recibido fondos del Estado para mantener sus actividades en Francia y ahora las quieren mover a otro país, entonces deberían devolver esos fondos".
La cerrazón frecuente de las autoridades de que todo se resuelve sólo con la ley es ingenua e inconveniente, pues en la economía y los negocios siempre hay matices que la ley no logra prever.
Y si queremos cambiar la ley para cerrar todos los huecos y seguir dependiendo sólo de ella, la vamos a hacer cada vez más compleja, más costosa de administrar y vamos a acabar siendo un país de abogados que cuando no está cambiando la ley está discutiendo cómo cambiarla.
Por supuesto, tampoco se trata de desconocer la ley, sino de rescatar los principios de la ética y no confundir acciones vestidas de legales con acciones correctas, cuando hay abusos flagrantes.
La defensa de las sociedades democráticas frente a esos abusos está en el carácter del gobierno y sus reguladores, en su legislatura y en su opinión pública. Si ninguno de éstos cuestiona los actos incorrectos disfrazados de legales, el país se va a seguir descomponiendo y la confianza mutua y el clima de inversión aún más.
La globalización no se lleva bien ni con una pérdida de principios ni tampoco con regulaciones excesivas y complicadas. Menos aún cuando nuestro principal socio es el baluarte del capitalismo que de tiempo en tiempo hace purgas de violadores de principios, como ocurrió en la secuela de Enron.
Gobierno, reguladores y comentaristas tienen entonces que reflexionar sobre la importancia de aplicar principios y ética cuando menos en el mismo nivel en que tratan de aplicar la ley.
Si no les gustan los monopolios, como muchos ahora lo expresan, deben darse cuenta que en lo formal esos monopolios están cumpliendo con la ley y hasta se dan el lujo de ganarles los juicios.
También deben darse cuenta de que no se trata sólo de leyes, pues hay límites para copiar las reglas de una sociedad y medio empresarial como el de Estados Unidos para aplicarlas en México.
Podemos continuar así como vamos, tolerando abusos y rasgando las vestiduras para defender retóricamente la ley y el estado de derecho. Pero por esa vía vamos a perder más competitividad, vamos a tener leyes y reglamentos más complicados y vamos a perder la credibilidad frente a la inversión extranjera.
rograo@gmail.com
* Analista económico.

Calderón: burla y encubrimiento

Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma
14 de marzo de 2007

Sin información, o con ánimo de encubrir a miembros de las Fuerzas Armadas a las que tanto se ha acercado, Felipe Calderón asegura rotundamente que la señora Ernestina Ascensio Rosario no fue violada, y que murió por una gastritis crónica mal atendida
El lunes fue un día ajetreado para Felipe Calderón. Antes de viajar a Mérida para encontrarse al día siguiente con su invitado, el presidente George W. Bush, recibió en Los Pinos a su antecesor -y uno de los artífices de su ascenso al poder- Vicente Fox, con quien comió. Y concedió entrevistas a por lo menos dos diarios, Excélsior (es decir, al Grupo Imagen, poseedor de ese periódico, varias emisoras radiofónicas y un canal de televisión) y La Jornada. Era su modo de festejar los 100 días de su gobierno.
A Elena Gallegos, coordinadora de información general del segundo de esos diarios, le habló de la intervención del Ejército en asuntos de seguridad y "a manera de despedida", se refirió a la señora Ernestina Ascensio Rosario. Ofreció una visión sorprendente del caso, ignoro si producto de la desinformación o elaborada para exonerar desde su altura a miembros de las Fuerzas Armadas que probablemente participaron en el ultraje bárbaro a esa anciana de 73 años de edad atacada sexualmente, y muerta en Tetlalzingo, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica en Veracruz. Dijo Calderón a la reportera, sin pregunta previa: "He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica... La CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes puedan tener, por sus medios, acceso a esa información".
Quién sabe, por los suyos, de dónde obtuvo datos para esa patraña el Presidente. Cada palabra, cada una de esas líneas revela ignorancia de la situación. No "se dice" que asesinaron a esa señora. No es chisme, un rumor banal. Es un hecho, que ha suscitado averiguaciones de la Procuraduría militar, que a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, depende del Ejecutivo; y de la procuraduría estatal veracruzana. Efectivamente la CNDH intervino, pero no ha producido informes sobre la presencia y actuación de los visitadores enviados a la comarca. No, al menos, los ha hecho públicos, por lo que habría que preguntarse si comunicó privadamente al Ejecutivo los avances de su investigación. En un caso tan delicado se comprendería que lo hiciera, pero sería útil saber si lo hizo.
La oficina del ombudsman nacional solicitó exhumar el cadáver para la práctica de una segunda autopsia. En términos ambiguos y escandalosos, Calderón informa que "lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida". ¿A cuál necropsia se refirió quien horas después sería el anfitrión de Bush? ¿A la primera, declarada insuficiente por lo cual se dispuso la práctica de una segunda? ¿A ésa, realizada 48 horas antes de que hablara de ella el Ejecutivo federal? Y, ¿de cuál de ellas obtuvo la información que le permite afirmar rotundamente que "no hay rastros de que haya sido violada"?
Los hay, para información del Presidente, en abundancia. Y también de la golpiza que le provocó fracturas. Y de la brutalidad con que la ultrajaron. Quizá la negligencia médica que ahora se investiga respecto de quienes presuntamente la desatendieron en el hospital de Río Blanco contribuyó a su muerte. Pero las causas fueron otras. Y desde luego no la gastritis crónica no atendida.
Miguel Mina Rodríguez, subprocurador de justicia de Veracruz, encargado de la zona centro informó: "El dictamen médico pericial revela que tenía fractura de cráneo y fractura de costillas, así como lesiones en diversas partes del cuerpo".
El funcionario, igualmente "confirma que la violación fue por la vía anal y por la vía vaginal". Y explica: "Se encontraron laceraciones y desgarres en la vía anal, lo mismo que en la vía vaginal...". Agregó que la muerte fue causada "por la fractura de cráneo y por la anemia que le produjo una hemorragia en la vía anal". Y, en fin, a la pregunta de si han llamado a declarar a militares, el subprocurador Mina Rodríguez aceptó, el viernes 9: "Sí, sí. Hemos requerido a cuatro. Pero hasta el momento no han venido a comparecer. Me informan que ellos allá están practicando sus propias diligencias" (Proceso, 11 de marzo).
Efectivamente están haciéndolo. Y han emitido boletines al respecto, que su comandante supremo desconoce. De lo contrario, sabría que en su comunicado número 19 (el segundo de ese número, sustituto de otro que fue súbitamente retirado de la circulación) la Secretaría de la Defensa Nacional informó que "peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar". La sola presencia de ese líquido muestra el ajetreo sexual a que fue brutalmente sometida la víctima. De modo que se hace urgente que la Sedena corrija a su jefe informándole que sí "hay rastros de que haya sido violada".
También debe ser informado el mando supremo, para que no haga aseveraciones sin sentido, que anteayer lunes, el mismo día en que Calderón expresó sus despropósitos, el alcalde de Soledad Atzompa tuvo "información dada a conocer por el Ejército mexicano" de que un soldado ha sido detenido y dos más están arraigados, como consecuencia del avance de las investigaciones.
Calderón ha sacado de sus cuarteles a las tropas, sus jefes y oficiales y no pierde ocasión de congraciarse con ellos, amén de aumentar sus haberes en montos 10 veces mayores al incremento de los salarios generales. ¿Pretende también encubrirlos?

Cajón de Sastre
Treinta y cuatro días antes de cumplir 100 años murió Antonio Ortiz Mena, nacido en Hidalgo del Parral, Chihuahua el 16 de abril de 1907. Formado en la Universidad Nacional como licenciado en derecho, se adentró en las finanzas estatales en el Banco Nacional Hipotecario, urbano y de obras públicas, en los años iniciales de su ejercicio profesional. Su primer cargo de responsabilidad fue la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social y luego fue, durante casi 12 años (bajo los presidentes López Mateos y Díaz Ordaz), secretario de Hacienda, impulsor (junto con Rodrigo Gómez, director del Banco de México) de la política económica del desarrollo estabilizador, que propició el crecimiento industrial y el fortalecimiento de la clase media. También fue largo su periodo al frente del Banco Interamericano de Desarrollo: 17 años que hubieran podido ser más de 20, porque renunció antes de concluir su último periodo. Todavía fue director, en reemplazo de Fernando Solana, de Banamex en la etapa en que fue propiedad estatal.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com