Coahuila: Campañas para diputados transcurren entre multas y bravuconería

Mi artículo de este mes para el periódico Kiosco.

Campañas para diputados transcurren entre multas y bravuconería
Gerardo de Jesús Monroy
erathora@gmail.com

Es un atasco del que las consecuencias deberían haber sido previstas con anticipación. Durante la campaña propagandística anterior a la jornada electoral del domingo 19 de octubre, cuando los ciudadanos de Coahuila emitimos nuestro voto para elegir diputados, los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional inútilmente intercambiaron —como acostumbran desde hace décadas— bravuconadas y amenazas tan cansinas como inútiles. El espectáculo de fanfarronería que montan en cada campaña electoral los dos grandes partidos en Coahuila es inútil, en primer lugar, porque para sus electores estas reyertas no redundan en una competencia real que transmita beneficios reales: sociales, económicos, jurídicos, políticos. Es inútil, además, porque ni siquiera sirve, pragmáticamente, para que la gente salga a votar en defensa de uno u otro partido, o de un tercero; antes bien, la permuta de insultos mantiene a los ciudadanos lejos de las casillas. Pensándolo mejor, ése es seguramente el objetivo que persiguen el PAN y el PRI con sus escupideras: aburrir a la ciudadanía hasta que ésta, decepcionada, abandone incluso el mínimo ejercicio del voto para que la política —la parte de la vida que nos es común a todos— se confirme periódicamente (¡y con nuestro permiso!) como territorio exclusivo de un grupúsculo de farsantes.

Un día antes de las elecciones, el sábado 18 de octubre, Rogelio Carbajal Tejada —casi recién llegado a la secretaría general del PAN para todo el país en sustitución de otro torreonense, Guillermo Anaya Llamas— acusó al gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés (del PRI) de preparar una elección de Estado en favor del Revolucionario Institucional. Unas horas después, en pleno domingo de comicios, el presidente del PRI estatal, Rubén Moreira (hermano del gobernador), entrevistado tras llevar su voto a la urna, rechazó las imputaciones de Carbajal y contraatacó: si una intervención hubo, ésta se dio por parte del poder ejecutivo nacional —panista, como todos sabemos—, que públicamente llevó a cabo “diversos eventos” (sic) y continuó promoviendo sus actividades pese a la explícita prohibición legal. Rubén Moreira recordó que la transmisión de spots del PAN no fue suspendida a tiempo y que dependencias federales como el Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) y la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) compraron espacios publicitarios en la prensa local, acción que en un alarde de ironía el hermano del “profe Beto” calificó de “descuido” por parte del gobierno federal.

Presidente panista, denunciado por violar la Constitución

El PRI, de hecho, denunció ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) al presidente panista Felipe Calderón por violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, base III, apartado C, párrafo 2º, que dice: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

Menos de una semana antes de la elección, coahuilenses beneficiarios de programas sociales federales recibieron cartas personalizadas donde Calderón, con mediano disimulo, promovía de facto a los candidatos de su partido en el siguiente tenor: “sé que eres beneficiario del crédito Fonacot, y por eso quiero ponerte al tanto para que trabajadores como tú...” A continuación, el mandatario resumía algunas de las bondades del IMSS y del ISSSTE (programa Ésta es tu casa, etc.; véase nota de Hilda Fernández Valverde “Acusa PRI que Calderón violó la ley en Coahuila” en la versión on-line de El Universal, 18 de octubre). Ramón Verduzco, representante del PRI ante el consejo general del IEPC, consideró la posibilidad de exigir juicio político contra Calderón.

El erróneo IFE

Aparte de su queja contra el ejecutivo, el PRI acudió ante la Secretaría de la Función Pública para denunciar a diversas dependencias federales —Secretaría de Seguridad Pública, Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y la mencionada Sagarpa— por publicitarse en tiempos electorales, y a la Secretaría de Gobernación por tolerar que esto ocurriera. Por último, demandó al árbitro mismo de la contienda, el Instituto Federal Electoral (IFE), que remitió a las empresas radiodifusoras y televisoras los spots de los partidos tan separados como revueltos: por ejemplo, los que promocionaban a los candidatos del IX distrito, con sede en Torreón, fueron transmitidos en Ciudad Acuña; y los de los candidatos del XIV distrito, correspondientes a Frontera, terminaron en Saltillo. Un caos casi cómico.

Durante las primeras semanas de campañas, de acuerdo con un expediente en manos del IEPC, el IFE omitió revisar el comportamiento de alrededor de 30 estaciones de radio, ubicadas en los municipios de Acuña, Allende, Múzquiz, Nava, Nueva Rosita, Parras, Sabinas y Zaragoza, que abarcan los distritos XVII, XVIII, XIX y XX. Tal ineficiencia se explica por haber instalado el IFE tan sólo cuatro sitios de monitoreo (Monclova, Piedras Negras, Saltillo y Torreón) para todo el estado. Con tan sólo los datos de estos sitios el IFE, desde la muy lejana capital del país, verificó el cumplimiento de la pauta. Cualquier estación que no sea escuchada en el centro de verificación es como si no existiera. No es vigilada. Como podemos ver, ciertos funcionarios continúan ejerciendo la arrogancia más o menos típica de las ciudades más o menos grandes: fuera de Torreón y Saltillo, todo es desierto.

Para que el lector de kioSco se haga una idea de la difícil labor que echó sobre su solitaria espalda el IFE, sepa que si nos fijamos nada más en los tres partidos que le dan más votantes a la entidad —PRI, PAN y PRD—, fueron transmitidos 160 000 anuncios. Ahora bien: no se redujo a tres, sino se extendió a nueve el número de partidos concursantes en estos comicios, y a lo largo de todo el proceso se transmitieron 425 831 anuncios a través de 127 canales electrónicos: 91 estaciones de radio y 36 de televisión.

Hasta el 7 de octubre, cuando el pleno del Congreso de Coahuila demandó públicamente al IFE rectificar su desempeño, el órgano electoral había detectado más de 27 errores en la programación de la publicidad y los partidos políticos habían presentado siete quejas relacionadas con el problema. El jefe de la bancada priista, Horacio Del Bosque Dávila, juzgó imposible para el IFE cubrir por sí solo el monitoreo de la publicidad partidista. “Si el IFE —adelantó— no puede con los comicios locales en nuestra entidad, menos podrá con el monitoreo en los 31 estados” (El Universal on-line, 7 de octubre). Sin embargo, desde la reforma electoral es facultad exclusiva del IFE controlar los spots. Hay que destacar que el Congreso coahuilense fue el único en oponerse a la reforma que hoy tiene al IFE atascado.

Medios y miedos

En medio de la campaña, el líder del PRI coahuilense reclamó al PAN por llevar ante el IFE una solicitud para realizar una revisión de los contenidos de los noticiarios y demás programas de radio y televisión donde se hablara del proceso electoral (“Rubén Moreira advierte sobre propuesta del blanquiazul”, nota de Raúl Coronado en el website de Milenio, 2 de octubre). Según Moreira, la nueva legislación electoral desestimula la discusión de temas políticos en los medios; la intención del PAN sería preparar el terreno para una impugnación, previendo su derrota en las urnas (que puntualmente tuvo lugar).

De resultar ciertas las elucubraciones de Moreira, la estrategia del PAN habría apelado, una vez más, al miedo. Recordemos que Felipe Calderón no sería hoy presidente si en su campaña de 2006 no hubiera excitado la respuesta irracional de los mexicanos machacando a toda hora, por todas las vías posibles, con una imagen diabólica —y ridícula— de su adversario, el perredista Andrés Manuel López Obrador.

Hoy el PAN genera el miedo en dirección de un sujeto-objeto distinto; no se enfoca directamente sobre el electorado, sino sobre el vehículo que lo hace llegar al electorado. Un monitoreo mal llevado es una sutil amenaza de una pesada multa a los canales radio y teledifusores, y una reducción de nuestra de por sí muy limitada libertad de expresión.

Multas cuantiosas

Tres empresas dedicadas a la radiocomunicación fueron sancionadas por el IFE con multas cuantiosas; aparentemente, las estaciones de radio pertenecientes a estas empresas incumplieron con las pautas de difusión de spots de partidos políticos.

Las empresas sancionadas fueron Administradora Arcángel S.A. de C.V., filial de Grupo Imagen y concesionaria de XEDE-AM, “La Caliente” (597 290 pesos de multa); Impulsora Radial del Norte S.A. de C.V., concesionaria de XHSG-FM, “Romántica 99.9” (715 644.72 pesos de multa); y Anáhuac Radio S.A., concesionaria de XHPSP-FM (625 558.05 pesos de multa). La primera estación de la lista se oye en Saltillo, las otras dos en Piedras Negras.

Tan desproporcionales resultan estas multas que, de acuerdo con el columnista Mario Gálvez, una de ellas excede más de tres veces el monto de ventas anuales de la estación castigada (“Sanciones draconianas”, columna Politicuentos en La Opinión - Milenio, 16 de octubre).

Para la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) no hay manera de justificar las sanciones pues la incorrecta difusión de spots —con la parte de culpa que les toca a los concesionarios— fue, como queda explicado en párrafos anteriores, provocada en gran medida por el propio IFE, sobrecargado de trabajo y consiguientemente incapaz de realizar con la necesaria eficacia el monitoreo.

Además, quienes defienden a los inculpados argumentan que la autoridad no les permitió a los representantes de las estaciones aportar pruebas de descargo ni tomó en cuenta la situación financiera de las empresas.

El cierre de Monitor y el síndrome de Poncio Pilatos

Jenaro Villamil
Proceso
4 de julio de 2007

México, D.F., 3 de julio (apro).- “Se nos murió Monitor, estamos tristes… Que el destino le cobre la cuenta a cada quien por lo que ha hecho”. Con estas palabras, el periodista José Gutiérrez Vivó remató a las 10:00 de la mañana del 29 de junio un total de 41 mil 100 emisiones de su programa radiofónico con 33 años de historia y se convirtió así en el primer medio de comunicación que desaparece en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
José Gutiérrez Vivó. Foto: Germán Canseco.

Un día después, Calderón Hinojosa, ante la insistencia de los reporteros, negó que su gobierno estuviera involucrado en el cierre de Monitor. Incluso, dijo que había hecho todo lo posible para que se resolviera el litigio que mantiene con el Grupo Radio Centro.

Sin embargo, no expresó ningún compromiso con su administración por apoyar con publicidad o, mínimo, en alguno de los espacios de la radio pública, para que continuara el programa de Gutiérrez Vivó. Simplemente, trató de librarse del golpe.

A la indignación de miles de radioescuchas que seguían con fidelidad a Monitor y a la desazón de los trabajadores de los medios de comunicación que ven en esta situación un signo ominoso de los “tiempos calderonistas”, se suma la conjura del silencio de las dos televisoras más importantes (Televisa y TV Azteca) en torno a este hecho. La indignación que mostraron por el acto arbitrario con que Hugo Chávez acabo con Radio Caracas Televisión (RCTV) en Venezuela, no se tradujo en un mínimo gesto de solidaridad y de condena a uno de los espacios radiofónicos más emblemáticos en las últimas tres décadas en México.

No pocas voces susurraron que Gutiérrez Vivó se lo tenía merecido por “haberse vuelto lopezobradorista”, como si adoptar una posición editorial fuera razón suficiente para justificar boicots publicitarios y para que la justicia mexicana pasara por alto el laudo de la Corte Internacional de Comercio con sede en París que claramente le dio la razón al empresario y periodista de Inforred en su litigio contra Grupo Radio Centro. Cuando los prejuicios pueden más que los principios, estamos realmente en un clima de silenciamiento sumamente preocupante. Y esto es una herencia directa del foxismo.

Desde meses antes, Gutiérrez Vivó había acusado al gobierno de Vicente Fox de haber ordenado una campaña de boicot publicitario en contra de Monitor y extendió su acusación en contra de los responsables de comunicación del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

El 6 de diciembre de 2006, al recibir el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas, el director general de Grupo Monitor relató que recibió un mensaje de Max Cortázar, jefe de Comunicación Social de Felipe Calderón, quien le advirtió: “Están castigados. Vamos a ver cómo se comportan. Si quieren difundir nuestra información bien, si no, también.”

En entrevista con Proceso, Gutiérrez Vivó reiteró que las presiones para sacarlo de la frecuencia 102.5 de FM, para evitar que Grupo Radio Centro le pagara poco más de 21 millones de dólares fue producto de un acto de censura del gobierno de Fox.

“¿Cómo se le hace para sacar del aire a alguien? ¿Cómo se le hace para no pagarle una indemnización que se le pagaría hasta el más humilde? Se hace con el favor del poder. Entonces, creo que está muy claro que Vicente Fox, y lo digo con toda conciencia, es un antidemócrata que es capaz de acallar medios de comunicación con hechos concretos. Y nosotros somos un hecho concreto”, afirmó Gutiérrez Vivó.

También acusó la existencia de “agujeros negros” en el circuito de la justicia mexicana que le han permitido al Grupo Radio Centro evitar pagarle los 21 millones de dólares ordenados en el laudo de la Cámara Internacional de Comercio de París.

Seis meses después, en su última emisión en las frecuencias 1320 y 1520 de AM, informó que se veía obligado a culminar con su noticiario radiofónico y con sus transmisiones televisivas en el canal 52, de Multivisión, porque “la publicidad no llega y no llega porque hay indicaciones de que no llegue. Es un boicot económico”.

Apenas unas horas antes de que Gutiérrez Vivó anunciara que así culminaban 33 años de un noticiario que marcó un estilo en la radio mexicana, el presidente Felipe Calderón presumía que en su gobierno existe libertad de expresión, pero que se debe lograr “un balance entre libertad de expresión y responsabilidad, un balance de independencia, de libertad y de apertura”.

Flanqueado por los concesionarios de Televisa, TV Azteca y Multivisión, Calderón presumió durante la entrega del premio “Principios” a los mejores contenidos de radio y televisión que en el país se había reducido “el clima de crispación y rencor que fue sembrado e inoculado en un segmento de la población”.

Sin embargo, hasta el viernes 29 de junio la oficina de Comunicación Social de la Presidencia no había emitido ninguna reacción ante el cierre de Monitor, pionero en las mesas de análisis político y en el concepto de la “red vial”. Fue un día después que Calderón reaccionó con la estrategia de Poncio Pilatos. Se lavó las manos y evadió la responsabilidad de apoyar a un espacio informativo plural que representa fuentes de empleo para muchos profesionales de la radio.

Un comunicado enviado por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) advirtió que “el cierre del espacio radiofónico es un triunfo para los grandes grupos políticos y económicos, que acaparan las frecuencias radiofónicas atendiendo sus intereses, haciendo a un lado el fin primordial de un medio de comunicación que es informar objetiva e imparcialmente con respeto del derecho constitucional de libre expresión”.

“Caro pagó Gutiérrez Vivó el desafío a la ‘pareja presidencial’, que vinculaba a la estación con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que intentó acallar a la radioemisora, violentando desde el poder el derecho a informar y ser informado”, subrayó el Cencos.

En la mayoría de los espacios radiofónicos matutinos y vespertinos de todo el país se expresaron muestras de solidaridad y de preocupación por el cierre de Monitor, pero la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, el organismo cúpula de los concesionarios no había emitido ninguna reacción.

--¿Qué tanto influye en la situación de Monitor la recomposición de los grupos mediáticos a partir de la convergencia tecnológica y de la Ley Televisa? –se le preguntó a Gutiérrez Vivó en el Club de Periodistas en diciembre pasado.

--Eso es muy importante. Recordemos que parte del convenio era eliminar a los medios incómodos para ellos, no para la sociedad, y entonces, para hacerlo, creo que si uno revisa la ley, sólo tendrán acceso en momentos por venir un grupo que tendrá el capital y los contactos, y también la docilidad necesaria para servir a un solo hombre y no servir a los 105 millones de mexicanos, para servir a ese hombre como se sirve a un amigo.

Sobre su relación con Felipe Calderón, Gutiérrez Vivó recordó en ese entonces que durante el último día de campaña, el entonces candidato presidencial del PAN pidió asistir a Monitor. Antes de entrar a la cabina, con un café en la mano, Calderón le dijo: “estoy aquí contrario a lo que mis asesores me dijeron”.

“¿Por qué?, le pregunté. ‘Porque me dijeron que no viniera. Pero como sé quiénes son ustedes y los escucho desde los once años, aquí estoy’, respondió.”

Para Gutiérrez Vivó estaba muy claro lo que sucedía y advirtió que Calderón aún estaba a tiempo de que “lo conviertan en rehén de interés de no se quién o de quiénes porque ni siquiera llegamos en Monitor a la categoría de enemigos del presidente de la República”.

Por lo visto, estos intereses pueden aún más que la voluntad y la aspiración de sostener un clima de libertad de expresión.

Es un signo ominoso el cierre de Monitor, pero más preocupante es la conjura del silencio que hace invisible lo que en otras partes del mundo es señalado como un pésimo expediente para el derecho a la información.

Email: jenarovi@yahoo.com.mx

Televisión terrorista

El Estado venezolano ha determinado no renovar a Radio Caracas Televisión (RCTV), una de las estaciones de televisión más antiguas del país, el permiso para explotar el espectro radioeléctrico nacional con fines comerciales. En México, tanto la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) como la generalidad de locutores y columnistas --desde los más abyectos (los asociados al periódico Excélsior, por ejemplo) hasta individuos que uno supondría más inteligentes (Enrique Galván Ochoa, de La Jornada)-- han caracterizado la medida como una ofensa que lastima la libertad de expresión ciudadana. No existe, prácticamente, voz sonora alguna entre nosotros que se interne en una dirección distinta del coro de denostaciones a la presidencia de Hugo Chávez.

RCTV, sin embargo, no es una empresa que ejerza su derecho a la libre comunicación de ideas mediante el análisis crítico de las acciones gubernamentales. Lo que hace Radio Caracas es incitar todos los días a su auditorio a odiar a Chávez, a odiar a los seguidores de Chávez y a manifestar su odio en forma de ataques violentos. Radio Caracas emplea millones de dólares, producto de lucrar con un recurso nacional de Venezuela, para alentar a cometer actos terroristas en contra del Estado venezolano.

El documental de Arcoiris.tv que presentamos a continuación, "Puente Llaguno, claves de una masacre", retoma los hechos del 11 de abril de 2002, cuando, en medio del golpe de Estado que alejó del poder momentáneamente a Hugo Chávez, fallecieron en Caracas 19 personas, víctimas de la violencia con que culminó una marcha de opositores al régimen bolivariano azuzados por los medios de difusión masiva. La masacre de puente Llaguno --así lo demuestra este documental-- fue dirigida por quienes desde la policía y el ejército traicionaron a Chávez, no dudando en sacrificar al populacho antichavista, gracias a la manipulación de conciencias facilitada por la televisión venezolana.

Una televisión como ésa, lo mejor es que no vuelva a verse. En GoogleVideo

Culpa Ugalde a ''la ley''

¿Este güey será cínico o nomás es pendejo? Usted, amigo lector, tiene la última palabra.

Culpa Ugalde a ''la ley'' por fallas del IFE y se lanza contra Fox
Alonso Urrutia
La Jornada
18 de mayo de 2007
La actitud protagónica del ex mandatario contaminó el proceso de 2006, señala
Asegura no saber quién ordenó o pagó 30 por ciento de la propaganda en medios electrónicos

Con la fiscalización de las campañas casi concluida, el presidente el Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, alerta sobre el impacto de la mediatización de la contienda que se desprende de la indagatoria: ''Enfrentamos un fenómeno inédito por su magnitud. Hablamos de que 30 por ciento de la propaganda política que se transmitió en 2006, no sabemos quién la pagó, quién la ordenó. Eso significa que 30 por ciento del gasto en medios no está completamente comprobado''.

Dado que ''80 por ciento de los recursos de campañas se gastaron en medios, será útil reflexionar sobre estas situaciones indeseables para la democracia, que será a futuro el punto medular de la fiscalización''. Por eso, se abrirán procesos oficiosos para deslindar responsabilidades. ''¿Quién va a ser el responsable de esos 200 mil espots (sin justificar)?, es la pregunta clave para el IFE. Nosotros tenemos 30 mil dvd grabados que acreditan su difusión''.

La autoridad emplazará a los partidos, obligados por ley para rendir las cuentas; igualmente se auxiliará de autoridades federales y estatales; requerirá a los consorcios de medios de comunicación a informar sobre la ''grave enfermedad'', porque ''creo que en ellos -los medios- deberá estar el principal interés por transparentar su relación con los partidos''.

Comentarios alegóricos, irresponsables, indeseables...

En entrevista con La Jornada, Ugalde no elude referirse a otros saldos de la contienda, y en referencia al comportamiento del presidente Vicente Fox subraya: ''Su actitud protagónica, sus comentarios alegóricos, si bien no fueron ilegales sí contaminaron el proceso, contribuyeron al encono y provocaron un clima de enfrentamiento político. Fueron actitudes irresponsables, indeseables en un jefe de Estado, a pesar de que fueron legales. Me hubiera gustado que se comportara de manera ética y responsable''.

-¿Fiscalización a cambio de permanencia de los consejeros?

-Son fenómenos desligados; las decisiones no se adoptan con base en consecuencias políticas.

Sin embargo, a pregunta expresa sobre las voces que pedían su renuncia por los sucesos de 2006 sostiene que centrar la responsabilidad de lo sucedido en las personas es trivializar el debate.

Sin mediar autocrítica, Ugalde sostiene que al IFE no se le puede juzgar por haber actuado dentro de un marco legal que no estaba acorde con los requerimientos de estas campañas. ''No se puede juzgar a la autoridad con base en un reglamento idealista que hubieran querido que existiera entonces; actuamos conforme al marco legal que el Congreso determinó para 2006. Al instituto no se le puede exigir a posteriori su actuación respecto de comportamientos que no estaban previstos''.

Lo fundamental, agrega, es discutir el marco legal que hubo en 2006 y el margen que daba para arbitrar conflictos. Por qué el marco institucional generó cierta polémica y cierto comportamiento durante los procesos. Si todo se reduce a los humores de las personas estaríamos trivializando el debate, porque los consejeros actuaron conforme al marco legal vigente, aunque no quiere decir que este sea el óptimo. ''He dicho que se requieren cambios''.

-¿El saldo de la fiscalización?

-Las campañas se han ido mediatizando cada vez más. Es probable que el reporte que rendirá el IFE refleje que cerca de 80 por ciento de los gastos fueron a parar a radio y televisión, lo que significa que en realidad es una fiscalización al gasto en medios.

''Es necesario reflexionar sobre la vinculación entre medios, partidos, sociedad y los poderes del Estado. Ello será relevante para el futuro de la democracia. Hay un fenómeno inédito en donde no hay una explicación satisfactoria de los partidos e iremos al fondo''.

-¿Hubo complicidades entre medios y partidos?

-No quisiera adelantar explicaciones, sólo describir el estado de la enfermedad. No es mi papel dar una explicación, sino denunciar el síntoma de un problema de fondo.

-El IFE no tiene medidas de apremio para solicitar informes a los medios.

-Sería clave que el instituto tuviera medidas de apremio directas con los medios para hacer estas investigaciones. Mientras carezca de ellas, las facultades de investigación son limitadas; podemos hacer exhortos, solicitudes de cooperación, pero las facultades investigadoras son limitadas.

-¿Es algo similar a los impedimentos que marca el secreto bancario y que incidieron en las indagatorias a los Amigos de Fox?

-Es una analogía interesante. En materia de medios de comunicación podríamos dar mejores cuentas si tuviéramos cooperación obligatoria. Evitaría triangulaciones y habría información más directa.

-¿Se sienten defraudados por el incumplimiento del convenio por parte de Televisa y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión?

-Eso habla de que un acuerdo de buena voluntad es una situación limitada para el IFE. ¿Le sirvió al instituto la información que enviaron? Sí. ¿Hubiera sido mejor tener más? Por supuesto. La solución es cambiar la ley para que haya obligaciones de los medios y entreguen la información.

-¿Detrás de los 200 mil espots no justificados podrían estar aportaciones ilegales de empresarios o bonificaciones de medios prohibidas por ley?

-De las investigaciones pueden derivarse una serie de irregularidades de partidos, delitos electorales o de otro tipo, pero el IFE no puede adelantar hipótesis, sino señalar que tenemos síntomas de una enfermedad muy grave. El hecho es que las campañas se pelean más en los medios, por ello a éstos les conviene contribuir a transparentar los recursos, porque así se mostrarán como empresas socialmente responsables.

-¿Esas empresas incidieron en la equidad de la contienda?

-Los espots corresponden a todos los partidos y a todas las campañas.

A Ugalde no le preocupa el frente común de los organismos políticos para enfrentar la fiscalización, ''porque eso habla de que realmente estamos siendo imparciales. Si hubiera queja de uno u otro podría especularse sobre parcialidad''.

Al abundar sobre el saldo de la elección, el presidente del IFE sostiene que la remoción de los consejeros sólo sería una forma de debilitar las instituciones, porque si la confianza en la autoridad de los partidos es tan volátil y cambiante, y se remueve a los consejeros cada que esto sucede, ello no fortalece a las instituciones.

A pregunta expresa sobre si Elba Esther Gordillo fue pieza clave en su llegada a la presidencia del instituto sostiene: ''La señora era coordinadora parlamentaria en 2003; fuera de ese momento político no ha habido ninguna influencia o intervención que haya tenido la señora Gordillo en el IFE. Hay una especulación que sugiere que esta persona tiene influencia. No he tenido ninguna comunicación, verbal o telefónica (con ella), desde hace más de dos años''.