Contralínea
Octubre 2a quincena de 2007
En la nómina de pensionados privilegiados del Banco de México, sobresale Agustín Carstens, quien desde 1999 –fecha en que se separó de dicha entidad pública– cobra el salario de un secretario de Estado: 151 mil 500 pesos al mes, que suman casi 2 millones de pesos al año. Según la SHCP, su pago por “pensión vitalicia” fue suspendido desde que asumió la coordinación económica del equipo de Felipe Calderón y se reactivará cuando el Chicago boy deje la Secretaría de Hacienda.
Duro crítico de los pasivos generados por el sistema de pensiones e impulsor de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Agustín Guillermo Carstens Carstens, titular de la Secretaría de Hacienda, mantiene el privilegio de esta seguridad social: el Banco de México (Banxico), encabezado por el priísta Guillermo Ortiz, le paga 1 millón 818 mil pesos anuales por pensión vitalicia.
Según sus datos biográficos, Carstens colaboró 15 años en el banco central, en donde el máximo cargo que desempeñó fue el de jefe de la oficina del gobernador. Además de la pensión vitalicia, al inicio de su carrera laboral el Chicago boy obtuvo dos becas –pagadas con recursos de dicha institución financiera– para estudiar la maestría y el doctorado en la Universidad de Chicago.
Ahora, la pensión vitalicia asciende a 151 mil 500 pesos mensuales, lo que equivale a su salario neto como secretario de Estado, revela el exdiputado Miguel Alonso Raya y confirma la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su área de comunicación social.
De acuerdo con información oficial, el titular de Hacienda ha cobrado estos recursos públicos en 93 ocasiones: de 1999, cuando se retiró del Banxico, al 15 de octubre de 2006, fecha en que asumió la coordinación del área económica del equipo de transición de Felipe Calderón.
La oficina de comunicación social de Hacienda, que negó en definitiva la entrevista con Agustín Carstens, aclara que el Chicago boy suspendió temporalmente este cobro, por tanto volverá a percibir los casi 2 millones de pesos anuales cuando deje la Secretaría.
También reconoce que, de diciembre de 2000 a agosto de 2003, el erario le pagó doble sueldo: además de la pensión, el salario que percibía en calidad de subsecretario de Hacienda, función desde la cual impulsó dar el carpetazo a las investigaciones del Fobaproa-IPAB, generalizar el IVA en todos los bienes y servicios y profundizar la persecución fiscal.
El exdiputado Alonso Raya –quien en la pasada legislatura denunció la pensión prematura que supuestamente se asignó el aún gobernador del banco central, Guillermo Ortiz, y exigió la transparencia en este capítulo– advierte que los dobles salarios pagados con recursos públicos son ilegales.
Además, el perredista califica como injustos estos pagos, pues –explica– los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, que sí aportan de uno a tres salarios mínimos para su jubilación, no van a tener siquiera una pensión mínima garantizada. Por el contrario, acusa, las Afores han hecho el negocio de su vida: de 1997 a la fecha, han ganado 101 mil millones de pesos.
Contradicciones
Señalado a principios de año por negociar con Elba Esther Gordillo, cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la aprobación a la reforma del ISSSTE, el Chicago boy aún cobra la pensión, según Alonso Raya.
Al respecto, Hacienda asegura que “el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, no recibe pago alguno por concepto de la pensión vitalicia a la que tiene derecho, después de haber laborado más de 20 años en el Banco de México y haber cumplido con la edad requerida, toda vez que solicitó la suspensión de los pagos correspondientes desde que fue designado coordinador económico del equipo de transición del entonces presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa”.
No obstante, su historia laboral revela que en términos reales el secretario sólo laboró 15 años en la institución financiera: de 1982 a 1999, con un periodo de excepción entre 1983 y 1985, cuando fue becado por el propio Banxico para estudiar la maestría y el doctorado en Economía, en la Universidad de Chicago.
La primera responsabilidad que ejecutó en el banco central fue la de interno, justo después de graduarse, en 1982, como licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tres años más tarde, ya con grado de doctor, fue nombrado tesorero general.
Con posterioridad, ocupó la Dirección General de Investigación Económica. El máximo escalafón lo obtuvo en 1994 y se trató de la Jefatura de Gabinete de la oficina del gobernador Miguel Mancera Aguayo, mismo que desempeñó hasta fines de 1998.
De acuerdo con los datos biográficos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 1999 y tras su separación del Banxico, Carstens asumió la Dirección Ejecutiva de dicho organismo internacional, en representación de Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.
A inicios del gobierno de Vicente Fox, fue nombrado subsecretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que dejó el 1 de agosto de 2003, para encabezar la Subdirección Gerente del FMI.
Dilapidación de recursos
El dispendio en Banxico respecto de los salarios y pensiones no se ciñe al caso de Agustín Carstens. El gobernador Guillermo Ortiz Martínez y los subgobernadores Roberto del Cueto Legaspi, Everardo Elizondo Almaguer, Guillermo Güémez García y José Julián Sidaoui Dib ganan 173 mil 438 pesos al mes, que suman 2 millones 81 mil pesos anuales, indican sus informes de transparencia. El monto incluye compensaciones por antigüedad, prima vacacional y gratificación.
Los sueldos de altos funcionarios del Banxico superan al del presidente Felipe Calderón, que asciende a 151 mil 969 pesos mensuales, y al del propio secretario de Hacienda, cuya remuneración neta es de 151 mil 473 pesos, monto similar al de su pensión vitalicia.
Otros beneficiados con dicha seguridad social son los expresidentes Ernesto Zedillo y Miguel de la Madrid, indica Alonso Raya. En la lista añade a José Francisco Gil Díaz, Jesús Silva Herzog Flores y Francisco Suárez Dávila.
En el caso de De la Madrid, su secretaria Delia González dice que la millonaria pensión que supuestamente recibe en calidad de expresidente “es un cuento”. Agrega que su jefe no recibe recursos del Banco de México, institución que lo contrató como consultor de gestión financiera en 1960, y cuatro años más tarde lo becó para que cursara una maestría en Administración Pública, en la Universidad de Harvard.
La efímera trayectoria en la institución financiera concluyó a su regreso, en 1965, cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz lo nombró subdirector general de Crédito en la Secretaría de Hacienda. Como jefe de Estado (1982-1988), De la Madrid fue señalado como responsable de la severa crisis económica mexicana. Su sexenio concluyó con la “caída” del sistema electoral que llevó a Carlos Salinas a la Presidencia.
Sobre la supuesta pensión que recibe el exsubsecretario de Hacienda y exgerente de Asuntos Internacionales del Banxico, Suárez Dávila, su equipo de colaboradores indica que “definitivamente no recibe esa pensión vitalicia”.
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el gasto programable incluye una partida de 226 mil 946 millones de pesos para pensiones, cifra que revela un incremento de 6.6 por ciento respecto a 2007, ejercicio en el que ascendió a 212 mil 747 millones de pesos.
Además, indica que el gobierno pagará 101 mil 418 millones de pesos para aportaciones al ISSSTE y subsidios y transferencias a entidades de control directo. Los apoyos presupuestarios, detalla, se invertirán en el pago de pensiones, compensaciones y otras prestaciones del personal de las fuerzas armadas, y las pensiones de trato especial del sistema de retiro de los burócratas.
En la exposición de motivos, dicho proyecto –elaborado por el equipo de Agustín Carstens– señala que el gobierno realizará más acciones para consolidar la reestructuración y mejoramiento de los sistemas de seguridad social y de pensiones actuales, así como su saneamiento financiero.
Tres días después de suspender el pago de su pensión vitalicia, el 18 de octubre del año pasado, Agustín Carstens declaró a la prensa nacional: “Si uno toma en cuenta la deuda, los pasivos contingentes que tiene el gobierno a través del sistema de pensiones, pues sí es una deuda que hay que tomar muy en serio. Preocupa para el largo plazo y por lo mismo tenemos todavía tiempo de enfrentarla, pero hay que empezar a hacerlo ya”.
Banxico viola Ley de Transparencia
Al margen de la Ley de Transparencia, el Banco de México declara confidencial toda la información relacionada con las pensiones vitalicias que entrega a sus exfuncionarios, entre los que destacan Agustín Carstens, Ernesto Zedillo, Miguel de la Madrid y Francisco Gil Díaz.
Para el perredista Miguel Alonso Raya, el Banxico se maneja con mucha discrecionalidad en esta materia. Agrega que las autoridades de la institución financiera se amparan en el secreto fiduciario para evadir la rendición de cuentas. Con este pretexto, dice, el banco central omitió cumplir todos los requerimientos de información que le hizo la Cámara de Diputados en 2005.
En efecto, “los recursos de la Reserva para Pensiones del Personal y del Fondo de Auxilio para Empleados y Funcionarios, debiendo vigilar que las inversiones se encuentren debidamente efectuadas”, se manejan a través de un fideicomiso, revela la única referencia a su sistema de pensiones, contenida en el artículo 26 del Reglamento Interior del Banco de México.
El capítulo de remuneraciones del informe de transparencia sólo dice que el personal de los rangos II, III, IV y los integrantes de la Junta de Gobierno (gobernador y subgobernadores) tienen derecho a “pensiones económicas en especie”.
La opacidad va más allá: la Gerencia de Normatividad del Banco confirma la reserva total de la información sobre pensiones, impuesta por el Comité de Información contra las solicitudes de información hechas por Contralínea.
Esta clasificación –según la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Marván Laborde, y el investigador John Mill Ackerman, especialista en derecho a la información– vulnera la Ley de Transparencia.
“Las pensiones de los funcionarios en retiro se han considerado, a través de varias resoluciones del IFAI, como prestaciones equivalentes a salarios y, por tanto, se debe informar de ellas con la misma claridad y precisión que si se tratase de un sueldo”, explica Marván.
Agrega que “una pensión de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal se recibe si, y sólo si, uno fue un empleado público. Debe entregarse conforme a derecho y existen aspectos fundamentales de rendición de cuentas a la sociedad en materia de gasto público”.
Para John Mill Ackerman, el problema es que los organismos autónomos, entre éstos el Banco de México, son juez y parte: ellos mismos clasifican la información y atienden los recursos de inconformidad y revisión interpuestos por los peticionarios.
Doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mill Ackerman dice que la información de las pensiones no es dato personal. Sin embargo, indica que, tras el último fallo, la única vía que le queda al recurrente es el amparo.
Según el Banxico, “la información concerniente al detalle de las remuneraciones y prestaciones individuales se consideran como datos personales, de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia, en virtud de que se trata de información clasificada como datos personales, los cuales requieren del consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley, cuya difusión, distribución o comercialización se encuentra censurada por la Ley”.
No obstante, el artículo 7, fracción IV, de dicha Ley refiere que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público la remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, mientras que en su fracción IX, establece que es pública “la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución”.
Se entiende, por tanto, que la información relacionada con la pensión vitalicia –otorgada con recursos públicos asignados a esa institución financiera–, a favor de Carstens, Zedillo, Gil Díaz o de cualquier otra persona que hubiera prestado sus servicios al banco central es pública y que no procede la reserva.
Los datos personales susceptibles de ser reservados –indica la Ley de Transparencia– son: “La información concerniente a una persona física identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad”.
De acuerdo con Marván Laborde, “las pensiones con nombres de los pensionados, montos y actualizaciones deberían considerarse como una obligación de transparencia equivalente a sueldos y salarios”.
Para la comisionada del IFAI, la falta de transparencia en este capítulo se puede deber a que no está especificado en las obligaciones del artículo 7. Por ello, dice, “ha habido algunas dependencias y entidades, u otros sujetos obligados, que han intentado la reserva en esta materia”.
Señala que “otros sujetos obligados, para quienes no somos autoridad, pueden discrepar de los criterios del Pleno en la materia. Por eso, considero fundamental que la reforma de la Ley incluya clara e indubitablemente, este aspecto”.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con los funcionarios del Banco de México. Hasta el cierre de esta edición, el área de atención a prensa dijo no tener respuesta.
Dispendio en prestaciones
En el primer equipo del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, hay dos choferes –Graciano Guadarrama y Miguel Ramírez–, cuyo salario es sufragado con recursos públicos. Su vehículo, al igual que el de los cuatro subgobernadores, se adquiere y mantiene con recursos del erario.
Según las finanzas del Banxico, el presupuesto aprobado en el ejercicio 2007 para financiar el capítulo de “recursos humanos” asciende a mil 265 millones de pesos, de los cuales, al segundo trimestre de este año, se han ejercido 690 millones de pesos.
Además de los salarios, que van de 173 mil 438 pesos a 4 mil 713 pesos mensuales, los funcionarios del banco central son beneficiarios de distintas “ayudas”, todas solventadas con dinero de la Hacienda Pública, como “renta de casa”, “impresión de tesis profesional”, “recompensa selectiva anual por desempeño destacado”.
Información del Banco de México revela que los servidores públicos y pensionados, así como sus familiares, tienen derecho a servicios privados de “asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, incluida la dental”. Aclara que “éstas se otorgan en sustitución de las que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social con fundamento en el convenio suscrito de subrogación de servicios”.
En materia de pensiones, el personal del Banxico tiene derecho a “aportaciones mensuales para la constitución de un fondo individual de pensiones por jubilación, incapacidad permanente total, invalidez y muerte”. Además, se autorizan “pagos por defunción” y “gastos funerarios del servidor público o pensionado”.
Respecto de la “ayuda para renta”, la información oficial detalla que “se podrá conceder temporalmente cuando el Banco solicite a un servidor público desempeñar funciones en lugar diferente al de su residencia”.
Otras prestaciones adicionales son los “préstamos a corto, medio y largo plazo (este último para adquisición de casa-habitación) o, en sustitución de los mismos, préstamos especiales para el ahorro, cuyo importe se invierte en el propio Banco.
Los funcionarios también cuentan con “ayuda para despensa” y, en diciembre, “con mercancías acordes con las fiestas de la época (canasta navideña). A criterio del Banco, dicha prestación podrá otorgarse en numerario o en vales de despensa”.
Sobre la “recompensa selectiva anual por desempeño destacado”, aclara que, en ningún caso, ésta puede provocar una remuneración anual superior a la de los miembros de la Junta de Gobierno.
El Banxico también paga una prima por la contratación de un seguro de vida para los trabajadores que están expuestos al riesgo de perder la vida, con motivo de las funciones y actividades propias de sus puestos, y el “sistema de fomento al ahorro”.
Dentro de las ayudas en especie, Banxico ofrece capacitación y adiestramiento para promover el desarrollo y la especialización de las funciones, integrada por cursos internos, becas y becas-crédito”.
Los servidores públicos también son beneficiados con servicio de comedor y defensa y asistencia legal en procedimientos y procesos entablados en su contra, como consecuencia del desempeño de sus funciones y actividades.
Para beneficiar a los gobernadores y subgobernadores que, previamente a su designación no hayan sido sus trabajadores, tendrán un seguro de vida, incapacidad permanente total o invalidez, equivalente a 36 meses de su sueldo, así como a la constitución de un fondo de salud para sufragar gastos médicos.
Otras distinciones incluyen, además de los miembros de la Junta de Gobierno, a los funcionarios de los rangos III y IV, a quienes se les otorga el “servicio de conducción de automóvil y el otorgamiento de préstamos especiales a medio plazo y para constitución de depósitos en el propio Banco”.
Remuneración neta mensual*
(en pesos, para el ejercicio 2007)
Puestos de apoyo administrativo-- Mínimo: 4,713.69 Máximo: 27,563.72
Puestos de apoyo técnico-- Mínimo: 6,439.64 Máximo52,788.65
Puestos dedicados a labores de banca central-- Mínimo6,596.13 Máximo55,804.33
Especialistas en banca central-- Mínimo37,609.20 Máximo97,768.23
Rango I de funcionario-- Mínimo29,888.60 Máximo95,967.91
Rango II de funcionario-- Mínimo53,246.64 Máximo114,553.27
Rango III de funcionario-- Mínimo106,606.37 Máximo 134,610.90
Rango IV de funcionario-- Mínimo116,999.47 Máximo139,292.02
Junta de Gobierno-- Mínimo158,392.42 Máximo 173,438.20
