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viernes, octubre 03, 2008

Historia de una noche

Escucha...

Escucha
El rumor escucha
Las cadenas que lleva el torrente
Oye, mira
El terror cabalga en aras de bayoneta
Acércate amor mío, no temas, ya pasará

Nos cubrieron con lazos de dolor
Nos robaron el lenguaje de los astros
No temas ya llegará la aurora

En la negritud se volcó la imagen
Nos rompieron los cráneos
Y mis cabellos bañan la simiente
Estréchate ya pasará el frío

Se crecieron las negras raíces
Serpiente verdesmeralda
Formada de cristal de gritos
Nos negaron el silencio
Y nos acogotaron con sus voces
Ya pasará amor mío no temas

Eduardo Santos
Facultad de Comercio de la UNAM, Revista de la Universidad

*

Listen...

Listen
For the murmur listen
For the stream of chains
Listen, look
Terror gallops on an altar of bayonets
Come closer, my love, fear no more, it will be over

They covered us with ribbons of pain
They robbed us of the language of the stars
Do not be afraid, dawn will come

The image was thrown into the blackness
They broke open our skulls
And strands of my hair cover the seed
Hold tight, the cold will go away

The roots of darkness rose
Emerald-green serpent
Made of cries that shattered the glass
They denied us the silence
And choked us with their voices
It will be over, my love, fear no more

Translated to English by Atenea Acevedo and revised by Machetera, Tlaxcala

*
México, 2 de octubre de 1968: noche de Tlatelolco, muerte del movimiento estudiantil
Ernesto Páramo
Tlaxcala
2 de octubre de 2008
Tragedia, representación teatral para recordar los acontecimientos del 2 de octubre de 1968; fue escenificada el 2 de octubre de 2006 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Foto: Roberto García/ La Jornada.

Los hechos de la noche de Tlatelolco están aún cubiertos, 40 años después, por una neblina densa y fría que oculta la identidad de una multitud de actores secundarios que, a pesar de serlo, tuvieron papeles de importancia en esta tragedia. Aquellos actores principales que tomaron las decisiones y que tuvieron responsabilidad directa por los acontecimientos que condujeron a la masacre: el presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, el jefe del Estado Mayor Presidencial general Luis Gutiérrez Oropeza, el comandante de la operación militar en Tlatelolco general José Hernández Toledo y el comandante del Batallón Olimpia Coronel Ernesto Gutiérrez Gomes Tagle, entre otros, junto con aquellos que se dedicaron a crear confusión como estrategia de desinformación en los días que siguieron a la masacre, han permanecido fuera del alcance de la ley y de la justicia.

Sin embargo, la sangre de los jóvenes y las lágrimas de los adultos todavía están frescas y llenas de dolor.

Tlatelolco, ilustración de Juan Kalvellido

Las marchas masivas de más de 700 mil u 800 mil estudiantes, trabajadores, amas de casa y empleados de oficina que tardaban más de tres o cuatro horas en llegar al Zócalo a partir del Museo de Antropología, aún están presentes y frescas en la memoria de quienes participaron activamente y de quienes formaron valla en silencio a lo largo del camino para verlos pasar y darles su apoyo.

Es cierto que el Consejo Nacional de Huelga no fue disuelto sino hasta el 4 de diciembre en un mitin en Zacatenco. Sin embargo, también es cierto que después de la noche del 2 de octubre y la masacre de Tlatelolco, con cientos de estudiantes y espectadores muertos, miles de encarcelados en prisiones y campos militares o víctimas de persecución por parte del estado y sus fuerzas de represión, el movimiento estudiantil realmente dejó de existir. Aparte de intentos de protesta aislados, durante la ceremonia inaugural de la XIX Olimpiada, que fueron rápida y brutalmente suprimidos, el movimiento prácticamente desapareció.

Hay dos versiones, aparentemente contradictorias, de los acontecimientos de la noche del 2 de octubre, y ellas dependen principalmente del lugar en el que se encontraban los observadores, del tiempo en el que realizaban sus reportes y de su interpretación personal bajo circunstancias de peligro extremo.

Se celebró un mitin público que fue anunciado para empezar a las 17:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, en el cual se encontraban una gran variedad de gente: Padres de familia con niños pequeños, estudiantes, trabajadores, obreros. Los oradores exigían en tono verbal agitado que terminara la represión violenta ejercida por las diferentes fuerzas policíacas, cuando de pronto se dejaron oír ráfagas de ametralladora sin saber exactamente de donde venían.

La gente empezó a correr tratando de escapar en un pánico ciego, lo que produjo muchos lesionados.

Gustavo Díaz Ordaz

Durante estos momentos de caos, francotiradores situados en los edificios de la Unidad Habitacional de Tlatelolco empezaron a disparar en contra de las unidades del ejército que se encontraban ahí. El tiempo, las 18:10. La batalla se generaliza oyéndose ráfagas de ametralladora interrumpidas por largos lapsos de silencio y después del silencio, las ráfagas de nuevo.

La mayoría de los disparos en contra del ejército se hicieron desde el edificio 16 de Septiembre: el ejército respondió usando 2 tanques que dispararon con sus cañones en contra del edificio. Esto produjo inmediatamente un incendio y un número desconocido de víctimas que debe de haber sido muy grande.

Muy pronto se hicieron numerosas llamadas telefónicas a la Cruz Roja y a la Cruz Verde para que atendieran a las víctimas y para que las transportaran a las clínicas y hospitales que les pudieran ofrecer ayuda médica. Las ambulancias hicieron una cantidad innumerable de viajes con los heridos durante toda la noche.

En estos momentos se puede observar una gran cantidad de heridos, pero ningún muerto. El rumor empieza a circular de que hay dos soldados muertos.

Aunque la batalla se llevaba a cabo en toda la unidad habitacional, sólo se podían ver dos camiones quemados a las 19.30 horas.

Muchos curiosos que se encontraban en el lugar de los hechos recibieron heridas de bala.

Como decíamos antes, hay varias versiones de los acontecimientos y de cómo empezó la balacera. A las 19:40 horas circulaban dos de ellas.

Luis Echeverría Álvarez

La primera dice que 3 helicópteros se encontraban volando sobre el lugar, cuando de pronto uno de ellos dejó caer una luz verde, que se asume fue la señal para que el ejercito empezara a atacar.

La segunda dice que una patrulla policíaca pasaba frente al edificio 16 de septiembre, cuando fue atacada con armas de fuego y testigos aseguran que miembros de la policía montada empezaron a disparar en contra de los habitantes del edificio. Inmediatamente después llegó el Ejército con sus tanques, abriendo fuego con sus cañones y provocando un incendio que se extendió con rapidez.

Los oradores hicieron un esfuerzo desesperado para controlar esta situación tan violenta, pidiendo a los asistentes que no hicieran nada que provocara una reacción del ejército o de la policía.

Un helicóptero bajó mucho sobre la Plaza de las Tres Culturas, donde se llevaba a cabo el mitin y dejó caer una luz verde. De inmediato se inició la balacera y el ejército inicio sus operaciones.

A las 19:15 horas en el punto más feroz de la violencia. La balacera se extiende desde la calle Manuel González en el norte a la calle Sol, lo que incluye la totalidad de la Unidad Habitacional de Tlatelolco.

Grupos de granaderos se ven por todas partes persiguiendo a los estudiantes y disparando a matar con sus rifles.

A las 19:15 horas un Volkswagen blanco, circula a alta velocidad por la calle Manuel González, se detiene por unos momentos en la Glorieta Peralvillo, dispara varias veces a los soldados y escapa.

A las 19:45 horas en la calle Prolongación de San Juan de Letrán y Sol unos 100 estudiantes hacen un mitin, y el orador los arenga a través de un megáfono, para que se mantengan unidos sin tenerle miedo a la muerte.

De repente una camioneta panel blanca llega ahí y se estaciona, todos los muchachos se dispersan hacia el sur.

En las calles de Zarco y Nonoalco se ve un autobús de la línea San Rafael-Aviación destruido. En las calles de Guerrero y Nonoalco se encuentra otro de la línea Guerrero-San Lázaro en llamas. En Lerdo y Nonoalco hay un autobús de la línea Peralvillo-Tlanepantla en ruinas.

A las 20:00 horas se ven escenas desgarradoras de padres de familia buscando a sus hijos por los alrededores.

Por el edificio de Relaciones Exteriores se puede ver a una señora cargando a una niña de tres años, camina unos pasos y se desmaya.

A las 20:19 horas El Ejército entra en masa a la Plaza de las Tres Culturas con varios carros ligeros de combate y un gran número de soldados. Al mismo tiempo, aproximadamente 100 estudiantes fueron conducidos a San Juan de Letrán en 18 transportes militares como prisioneros.

Por más de 30 años el Gobierno Federal ha negado la existencia de detenidos y desaparecidos en el Campo Militar Número Uno, sin embargo, documentos oficiales de la Procuraduría General de la Republica y de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad sobre la represión del 2 de Octubre de 1968, localizados en el Archivo General de la Nación, desmienten las versiones que prevalecieron por más de tres décadas.

Después de que el ejército entró a la Plaza de las Tres Culturas se podía ver una gran cantidad de muertos. Algunos de los cuales, se empezaba a amontonar, unos sobre otros.

A las 20:45 horas empieza un incendio en el edificio Chihuahua sobre el cual concentra su fuego el ejército porque piensan que ahí se encuentran los miembros del Consejo Nacional de Huelga.

Alguien dice que hay 17 muertos en el atrio de la Iglesia de Santiago.

El Ejército ha capturado y tiene prisioneros a 400 estudiantes en la parte de atrás del edificio de Relaciones Exteriores.

Llegan más refuerzos del ejército, los granaderos y otras fuerzas policíacas a la Unidad Nonoalco. En la Plaza de las Tres Culturas una ambulancia militar transporta a dos muchachas. No se sabe si están heridas de gravedad.

Entre las calles de San Juan de Letrán y Tacuba se puede ver un tranvía quemando. Entre las calles de San Juan de Letrán y 16 de Septiembre un camión de limpieza es consumido por el fuego.

Un testigo recuerda el arribo de la Brigada Olimpia que estaba integrada por agentes especiales, muchos de ellos tan jóvenes que se podían confundir fácilmente con los estudiantes, y que sólo se identificaban por un guante blanco en la mano izquierda. Estos soldados entraron a todos los departamentos de los edificios en busca de estudiantes, armas o testigos de las atrocidades.

Es una situación dantesca con muchos padres, madres, hermanos y otros familiares buscando a sus seres queridos. Van de un lugar a otro preguntando y tratando de encontrar a sus familiares. Se llenan de pánico cuando se enteran de que algunos de los edificios han sido ametrallados por el ejército o que los granaderos disparaban a los estudiantes por la espalda.

La otra versión del inicio de la masacre dice que ya iba a terminar el mitin cuando se vio pasar un grupo de muchachos que parecían estudiantes. Se dirigían al edificio Chihuahua, hacia el balcón que usaban los oradores. Este grupo era parte de la Brigada Olimpia, una unidad especial de la policía integrada por soldados, policías judiciales y otros. Llevaban un guante blanco en la mano izquierda para identificarse.

Entraron al edificio y llegaron al balcón donde estaban los dirigentes del movimiento estudiantil, trataron de detenerlos y ellos resistieron, así que los miembros de la Brigada Olimpia empezaron a disparar cuando vieron una luz verde que se lanzó desde un helicóptero que descendió bastante bajo. Del edificio Chihuahua se difundió la balacera a todos lados.

En la parte de atrás de la Iglesia de Tlatelolco hay más de mil estudiantes detenidos por el ejército. En un elevador del edificio Chihuahua se encuentran como 60 estudiantes en calzoncillos con la cara hacia la pared y las manos en la nuca.

Hacia las 24:00 horas se pueden ver unas mil doscientas personas detenidas en la parte oriente de la Iglesia de Tlatelolco. Entre ellos, estudiantes, padres y madres de familia, obreros, empleados de oficina y hasta niños. Por todos lados se ven escenas desgarradoras. Se oyen gritos desesperados de angustia y se ven las figuras en la oscuridad de aquellos que buscan, con frecuencia en vano, a aquellos familiares que han desaparecido.

Varios francotiradores que atacaron a las fuerzas del ejército desde los edificios de Tlatelolco perecieron o sufrieron heridas graves. Cuando menos dos son identificados como miembros del ejército.

Como siempre en América Latina, cuando hay un desastre político o alguna tragedia social, la CIA se encuentra escondiéndose muy cerca, en un algún agujero o en el caso de México, en las oficinas de los más altos dirigentes de la nación.

Según documentos recientemente desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos, obtenidos y examinados por Kate Doyle del Archivo de Seguridad Nacional, la CIA inició en 1956 un programa para reclutar altos funcionarios del gobierno mexicano y tuvo en Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez a dos agentes de muy alto valor.

Winston Scott

En su libro sobre Winston Scott, Our man in Mexico (Nuestro hombre en México), Jefferson Morley analizó también estos documentos y otros muchos.

Díaz Ordaz, Echeverría y Fernando Gutiérrez Barrios fueron reclutados por Winston Scott que fue jefe de estación en México entre 1956 y 1969 como parte del programa denominado Litempo, que tuvo un éxito tan grande que se consideró como modelo para otras estaciones de la CIA.

Sin embargo, el programa acabó por absorber a su creador, anotó Morley en resumen, al señalar que los reportes sobre el movimiento estudiantil de 1968 sólo reflejaron el punto de vista que el gobierno de Díaz Ordaz quiso presentar y que de acuerdo a varios reportes (la CIA transmitió cuando menos 15 versiones distintas y contradictorias sobre los hechos de Tlatelolco) el gobierno de México estaba luchando en contra de una amenaza comunista con raíces en el extranjero.

Fuentes cercanas a la presidencia de Díaz Ordaz aceptaron sin reserva a fines de 1968, que nadie tenía la menor idea de cómo resolver los problemas con el movimiento estudiantil, sin poner en peligro el inicio de los Juegos Olímpicos y que Díaz Ordaz llamaba por teléfono a Scott con tanta frecuencia, en los momentos más difíciles del conflicto para pedirle consejos y ayuda, que el jefe de estación se regresó a los Estados Unidos para cortar la comunicación entre ellos.

El código Litempo compuesto por el prefijo Li que identifica operaciones en México y Tempo, que identifica al programa de relaciones entre la CIA y “altos funcionarios selectos” de México.

Díaz Ordaz era Litempo 2, Echeverría era Litempo 8 y Gutiérrez Barrios Litempo 4.

Fernando Gutiérrez Barrios

Litempo 1 era Emilio Bolaños, un sobrino de Díaz Ordaz que fue posiblemente el conducto por el cual entraron en contacto con el Presidente, cuando era Secretario de Gobernación.

El documento dice que la CIA-México informó al gobierno de EEUU que el gobierno mexicano reportó que el movimiento estudiantil era dirigido por comunistas y que tenía influencias extranjeras (proviniendo de la embajada soviética) pero que los reportes eran cuando menos exageraciones.

Como muchos mexicanos, los oficiales de la embajada de los Estados Unidos en la ciudad de México, no estaban preparados para ver la fuerza que tomó el movimiento estudiantil y la violencia que desató el gobierno de Díaz Ordaz como respuesta. Los reportes que salían de la embajada eran con frecuencia confusos durante la crisis, posiblemente porque los oficiales de la CIA tenían relaciones mucho más cercanas con los políticos mexicanos, que los miembros de otras agencias y estaban más dispuestos a creer su propaganda política. Por una parte, la Embajada tenía mucha confianza en la hegemonía de régimen. Por otra parte, oficiales de los Estados Unidos nunca pensaron que los estudiantes pudieran ser capaces de montar un desafió serio al gobierno.

En respuesta a los disturbios estudiantiles de mayo en Paris, Washington pidió a la Embajada que preparara una evaluación de los cuerpos estudiantiles mexicanos, pero ellos fallaron en predecir el huracán que se avecinaba. El 14 de Junio, unas cinco semanas antes de la primera confrontación entre los estudiantes y las fuerzas de seguridad, la Embajada predijo con toda confianza que era imposible que pasara en México algo parecido a lo que pasó en Francia.

También es interesante notar que una caja que se encuentra en la galería dos del Archivo General de la Nación, depositada en el fondo Gobernación, contiene telegramas enviados al Presidente de la Nación en los días que siguieron al 2 de Octubre de 1968 por políticos, empresarios y lideres de organizaciones afines al régimen en todo el país.

En medio de centenares de papeles se encuentra uno fechado en Buenos Aires el 23 de Octubre de 1968; el mensaje es breve: “Rogamos haga llegar nuestra adhesión al gobierno de México”. Este mensaje está dirigido a Luis Echeverría y esta firmado por Jorge Luis Borges, Manuel Peyrou y Adolfo Bioy Casares. Años después, Borges confirmó sin lugar a duda su vocación y afinidades fascistas cuando aceptó honores por su obra literaria rendidos por miembros de la Junta Militar Pinochetista en Chile.

La caja de los telegramas esta precedida por otra que contiene los acuerdos que tomaron Díaz Ordaz y Echeverría durante el mes de Octubre de 1968, sin embargo se encontró uno que no tiene nada que ver con eso. Este oficio fue enviado por Winston Scott, jefe de estación de la CIA en México el 19 de julio de 1965 con una invitación a Fernando Gutiérrez Barrios a seleccionar dos agentes de la Agencia Federal de Seguridad para que a partir del “15 de septiembre” viajen a los Estados Unidos para “recibir entrenamiento por cuatro meses”.

Detrás de la iglesia de Santiago Tlatelolco
treinta años de paz más otros
treinta años de paz,
más todo el acero y el cemento empleado para las
fiestas del fantasmagórico país,
más todos los discursos
salieron por boca de las ametralladoras.
José Carlos Becerra

La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska


Testimonios de historia oral: clic aquí

Bibliografía:

Our man in Mexico: Winston Scott and the hidden history of the CIA, Jefferson Morley, University Press of Kansas, 2008, 371 pages. ISBN-10: 0700615717. ISBN-13: 978-0700615711.

La noche de Tlatelolco: testimonios de historia oral, Elena Poniatowska, Biblioteca Era, 2003, 280 pp. ISBN-13: 9789684114258.

Massacre in Mexico, Elena Poniatowska, translated by Helen R. Lane, University of Missouri Press, 1992. ISBN-13: 9780826208170.

68, Paco Ignacio Taibo II, Siete Cuentos Editorial, 2004, 224 pp. ISBN-13: 9781583226001.

68, Paco Ignacio Taibo II, translated by Donald Nicholson-Smith, Seven Stories Press, 2004, 224 pages. ISBN-10: 1583226087. ISBN-13: 978-1583226087.

68, Paco Ignacio Taibo II, Éditions L’Échappée, 2008, 125 pp. ISBN-10: 2915830142. ISBN-13: 978-2915830149.

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El mexicano Ernesto Páramo y el español Juan Kalvellido son miembros de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística

Fuente del artículo: http://www.tlaxcala.es/detail_artistes.asp?lg=es&reference=203

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sábado, septiembre 15, 2007

Los dos 'Gritos' en el Zócalo: oficialistas y opositores juntos

Elia López Yebra
Univision Online
14 de Septiembre de 2007

El Zócalo de la Ciudad de México es escenario para las fiestas patrias.

CIUDAD DE MÉXICO - "Nosotros vamos a dar 'El Grito' en el Zócalo, venimos a representar a nuestro 'Presidente Legítimo' Andrés Manuel López Obrador y no cederemos a la imposición de un espurio como lo es Felipe Calderón".

De esta manera Ramón Tapia, militante izquierdista simpatizante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenece López Obrador, expresó su inconformidad con el anuncio del presidente Calderón de dar el Grito de Independencia desde el Palacio Nacional.

Expectativa por celebración

Tapia, que dice representar a millones de mexicanos, expresó a Univision Online que "si Calderón quiere hacerlo, que lo haga, pero nosotros no nos moveremos de aquí, porque él nos robó la presidencia a todos los mexicanos y si quiere respeto, que nos respete", comentó.

Lo cierto es que todo está listo para que los mexicanos celebren el 198 aniversario de su Independencia, con un show adicional en el Zócalo capitalino, protagonizado una vez más por oficialistas y la oposición.

La ceremonia oficial será a las 23:00 horas -tiempo local- y se espera la concurrencia de miles de citadinos a celebrar las fiestas patrias en el Zócalo.

Dispositivo de seguridad

El ambiente festivo se torna un poco tenso ante el fuerte dispositivo de seguridad en torno a Palacio Nacional por parte de las autoridades federales, que desplegaron a la Policía Federal Preventiva y elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP), lo cual ha sido criticado por los seguidores de López Obrador, quienes se disponen a realizar una verbena popular.

"Nosotros estaremos desde el 14 toda la noche para los preparativos de la verbena popular del 15. Todos aquellos que quieran venir a pasar con nosotros las fiestas patrias serán bienvenidos", dijo otro militante izquierdista.

La Convención Nacional Democrática, donde participan los seguidores de López Obrador tienen todo preparado para instalarse desde el 14 de de septiembre para la celebración, aunque el autonombrado 'presidente legítimo' no estará presente, ya que él celebrará las fiestas patrias en el sureño estado de Oaxaca.

"La que va a dar 'El Grito de los libres' es la compañera Rosario Ibarra de Piedras; nosotros estamos aquí [en el Zócalo] para exigir que nos regresen la presidencia que nos fue robada a la mala, estaremos en plantón permanente hasta que renuncie el espurio [Calderón]", expresó Ramiro Gómez, uno más de los seguidores del PRD.

"Tenemos que sacar al presidente o que renuncie, el pueblo pide que renuncie y no descansaremos hasta lograrlo", precisó.

Gómez repartía propaganda a favor de López Obrador en el Zócalo, mientras comentaba que es una lucha pacífica la que tienen, por lo que los capitalinos no deben temer en acudir a la Plaza de la Constitución y celebrar la Independencia.

Espíritu patrio y festivo

Los capitalinos disfrutan desde hace una semana de exposiciones culturales y gastronómicas en la plancha del Zócalo, así como de juegos mecánicos, principalmente para los niños que lucían su rostro pintado con los colores patrios (verde, blanco y rojo).

Aunque el EMP reforzó el cerco seguridad en torno a Palacio Nacional, para garantizar que el presidente Calderón encabece la ceremonia oficial, el espíritu festivo está presente.

"Yo cada año vengo con mi familia al 'Grito' que da el presidente, bueno está será la primera vez que lo haga Calderón. Es una fiesta del pueblo y nosotros somos parte de él y no hay fecha más importante que la del 15 de septiembre", comentó Ernesto Hernández, mientras sus hijos disfrutaban de la feria.

Mientras unos gozan de los juegos mecánicos, otros degustaban los platillos típicos, como enchiladas de mole, tostadas, tacos, pozole, quesadillas y pambazos.

Para la señora Josefina Villeda, la fiesta del 'Grito' no debe de estar peleada entre partidos ya que una fiesta de todos los mexicanos.

"Yo no soy perredista, pero tampoco es justo que el presidente Calderón ordene el cierre de calles aledañas al Zócalo todo porque teme que no lo dejen dar 'El Grito', yo quería venir el 15 pero con esto hasta me da miedo", aseveró.

Aceptar la derrota

Los seguidores del presidente Calderón afirman que no temen que los opositores estén en el mismo lugar.

"Los simpatizantes de López Obrador solamente hacen el ridículo, pues el verdadero presidente es Felipe Calderón Hinojosa, aunque no lo quieran reconocer. Nosotros venimos a apoyarlo", comentó el señor Josué Navarrete, quien dijo ser seguidor del conservador Partido Acción Nacional (PAN).

Para la señora Guadalupe González los perredistas ya hartaron a la gente y deben aceptar que su candidato perdió, por lo que deberían dejar de lado el partidismo en la patria.

"Hasta ellos mismos se creen su teatro de que su 'presidente legítimo' ganó las elecciones...eso no es verdad, pero no pueden aceptar la derrota y en la democracia hay perdedores y ganadores, a ellos les tocó quedar fuera. Al único que corresponde dar El Grito de Independencia es al presidente Calderón", expresó.

Otro seguidor del partido conservador, al que pertenece el mandatario mexicano, dijo que lo único que conseguirá la Convención Nacional Democráticas es desprestigiar más a la izquierda.

"A los mexicanos nos gusta destacar nuestro espíritu patrio y eso de que quieran ensombrecer la fiesta del 15 no nos gusta. Yo no iré al Zócalo, veré el grito desde mi casa, pero si les pido a los perredistas que se dejen de juegos sucios y que dejen al presidente Calderón trabajar en paz", comentó el señor Ricardo Romero.

En las pasadas elecciones presidenciales del 2 de julio del 2006, Felipe Calderón superó con una minima ventaja a López Obrador.

Perredistas o no, los mexicanos celebran el 15 de septiembre su principal fiesta patria, donde no puede faltar el tequila, el pozole y los sombreros de charro.

lunes, septiembre 03, 2007

Violaciones militares

Raymundo Riva Palacio
Columna Estrictamente personal
El Universal
3 de septiembre de 2007

En su mensaje a la nación, el presidente Felipe Calderón se comprometió en los dichos a castigar a quien en su gobierno viole los derechos humanos. En los hechos, lo solapa.

Felipe Calderón no es el primer Presidente con un trato altamente diferenciado hacia el Ejército. Pero quizá lo que sí lo distingue de sus antecesores es que es el Presidente que ha mostrado tener el alma más verde. No es sólo su estrecha relación personal con el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, sino la forma como le ha permitido todo, menos una petición: sacar al Ejército a las calles, indiscriminadamente, en todo el país. El general Galván acató la instrucción, pero, se puede decir, no del todo.

Hace tres semanas, sin notificar a ninguna autoridad civil, los militares realizaron un operativo en el poniente de la ciudad de México en busca de células del EPR, dentro de una campaña de liquidación contra la dirigencia de la guerrilla. Allanaron casas sin autorización alguna, levantando de sus camas a familias enteras —por cierto, ninguna vinculada con el EPR—, atemorizando a vecinos y vecindarios. La acción estuvo a punto de desbordarse y provocar un enfrentamiento a tiros con la autoridad capitalina, salvada en último momento por una llamada del alto mando militar al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega, para informarle que eran unidades a su cargo las que realizaban el operativo.

En la antepasada, dejaron correr la especie de que un personaje llamado Óscar Nahúm, sin apellidos, era en realidad el senador René Arce, la figura política más poderosa dentro del PRD en el Distrito Federal. A menos que la inteligencia militar, a la que se le acreditó como fuente central de la versión periodística, tenga una información que no se encuentra en los archivos del resto del gobierno mexicano, lo que hizo fue avalar una mentira. El expediente del Cisen sobre el EPR da cuenta de tres familias fundadoras —todas provenientes del desaparecido PROCUP—: los Canseco Ruiz, los Cruz Sánchez y los Círigo Vázquez. A diferencia de los Cruz Sánchez, la familia Canseco Ruiz ha sido muy golpeada con los años, y buena parte de sus integrantes dejaron la lucha armada y son luchadores sociales.

En el caso de los Círigo Vázquez, el documento es muy claro para señalar que la gran mayoría de sus integrantes dejaron la lucha armada hace cuando menos dos décadas para realizar actividad política dentro del marco legal. René Arce, que proviene de esa familia, o su medio hermano Víctor Hugo Círigo Vázquez, líder de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se encuentran en esa situación. No así su otro hermano, Óscar Nahúm Círigo Vázquez, alias El Avión, a quien el Cisen identifica como el jefe militar del EPR que realizó un ataque en Huatulco en 1996, como parte de una serie de acciones simultáneas en seis estados. Lo último que presume el Cisen de Óscar Nahúm, a quien tienen identificado en fotografía, es que es el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, que se escindieron del EPR.

La semana pasada fue el último acto militar por la libre. Sin decirle nada a nadie en el gobierno federal, menos aún al capitalino, un comando ingresó a un muy concurrido restaurante en la zona afluente de Polanco para arrestar a varios presuntos narcotraficantes, incluido a quien presumen lugarteniente de Heriberto Lazcano, jefe de Los Zetas y aparentemente el nuevo líder del cártel del Golfo, y dos colombianos, responsables de finanzas y logística del cártel del Valle, de Colombia. Los militares los tuvieron retenidos durante ocho horas, antes de ser puestos a disposición de las autoridades civiles, competentes en la materia, lo que representa una arbitrariedad jurídica.

¿Qué está pasando en el Ejército mexicano? El apoyo político que da la Secretaría de la Defensa Nacional al presidente Calderón está teniendo un alto costo para amplios sectores de la sociedad, que se incrementará en la medida en que no se le ponga un alto. Lo que reflejan esas acciones militares son manejo extralegal, violación de los derechos humanos y conculcación de garantías individuales. Ya sea por el combate al narcotráfico o contra el EPR, el Ejército está modificando su doctrina y función, creando bolsas de estados de excepción en el país donde sólo la suya es ley. La operación militar en Michoacán, dentro de la lucha contra el narcotráfico, es emblemática.

El gobierno federal afirma que le han quitado espacios de poder a los cárteles de la droga, recuperando dominio territorial. Es cierto, pero ¿a qué costo? El general Galván ha enviado a soldados por cuando menos ocho estados del país en forma regular para tareas de seguridad pública, y establecido retenes en todo el país, violando la Constitución. El Ejército sólo puede realizar operativos de vigilancia e inspección para los fines de seguridad pública, cuando la autoridad responsable, la Secretaría de Seguridad Pública, solicite ese apoyo, o cuando lo solicite expresamente la autoridad civil.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene documentados abusos de los militares contra población civil. En un informe preliminar que dio a conocer su titular José Luis Soberanes, anticipó la presunción de atentados militares contra cuatro mujeres menores de edad, dos casos de tortura, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, allanamientos de morada con daños en propiedad ajena, atentado a la integridad física y ejercicio indebido del servicio público. Investigaciones posteriores encontraron en Michoacán casos de varios militares que dieron positivo en las pruebas para saber si estaban bajo el influjo de la cocaína.

La respuesta presidencial a los atropellos de los militares ha sido de mayor apoyo. Por decreto, autorizó al general Galván la creación de un cuerpo de élite que no sólo actúe contra la delincuencia organizada, sino para intervenir contra cualquier evento que considere genere inestabilidad política.

Esta disposición vuelve a violar la Constitución, al tener los militares un mandato ejecutivo que les permite operar sin la autorización expresa del Congreso bajo parámetros de estado de sitio, justificando al mismo tiempo la represión de aquellos que expresen en forma beligerante su inconformidad con el estado de las cosas.

Los abusos permitidos por la Presidencia deben tener un fin. La CNDH está preparando una serie de recomendaciones a la Secretaría de la Defensa por las violaciones a los derechos humanos cometidos en la lucha contra el narco, y en el Congreso preparan una reforma judicial que impida al Ejecutivo violentar la ley amparado en las lagunas jurídicas existentes. Pero no pueden ir solos. La sociedad no debe confundir que aun en el combate contra la delincuencia organizada o los grupos que realicen actividades fuera de la ley, un Estado no puede actuar ilegalmente ni bajo el régimen hobbesiano de la ley del más fuerte. Tolerar que el Estado viole la ley para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos es abrir la puerta a un Estado represor que, por el silencio colectivo en el que nos encontramos, va avanzando hacia una consolidación. Esto debe ser frenado antes de que sea demasiado tarde.

rriva@eluniversal.com.mx
r_rivapalacio@yahoo.com

lunes, julio 23, 2007

La revancha de la Guelaguetza

Hermann Bellinghausen
La Jornada
23 de julio de 2007

La Guelaguetza es una invención relativamente nueva, pero eso tal vez ya no importa. Tiene fecha de nacimiento (1932), gobernador a cargo (Francisco López Cortés), presidente de la República que apadrine (Abelardo Rodríguez, interino, en 1933), punto débil (nace de una idea racista: rendir “homenaje racial” a los oaxaqueños de abajo), y la coyuntura humanitaria del terremoto que en 1931 dañó gravemente a Oaxaca y la Federación le debió tender la mano. La Guelaguetza urbana, nacida de un terremoto, llega a sus 76 años sacudida por otro.

Lo importante hoy es que sirve para subrayar, una vez más, qué país más vergonzozo es éste, que permite la permanencia de un gobierno ilegítimo, delincuencial y violento como el de Ulises Ruiz Ortiz. La “disputa” por la Guelaguetza devino revuelta de lo simbólico en un terreno dolorosamente real y concreto.

Originada en las tradiciones festivas de los valles centrales del estado, mayoritariamente zapotecas, y expropiada por los misioneros españoles para superponer a la vírgen del Carmen, siempre ha sido una fiesta popular basada en el regalo y la cooperaración comunal. No en balde surge de la misma civilización que practica el tequio.

La leyenda del amor trágico entre la princesa zapoteca Donají (hija del señor de Zaachila, para entonces ya cristianizada) y el enemigo guerrero mixteco Nucano, sirvió a los misioneros para sellar la reducción de los pueblos zapotecos y mixtecos. Desde entonces, las danzas y la fiesta son sincréticas (como casi todo lo indígena que pervive). El hecho es que la Guelaguetza resulta el banquete mayor del poder político y empresarial de Oaxaca, escudado en la típica hipocresía del racismo criollo: usar al indio para lucirse el amo. Esa burguesía local conserva en el siglo XXI rasgos del XVII, en el peor sentido. Y luego que para entrar a la fiesta ahora se pasa por Ticket Master y/o American Express.

Al Estado posrevolucionario le sirvió para atraer a los ignotos mixes, los zapotecos del Istmo, los huaves, los mazatecos cerriles. Integración. Identidad. ¿Control? Hoy se le supone celebración de los 16 pueblos (que no “etnias”) de Oaxaca. Pero no para que se junten; solamente que se luzcan. A la vuelta de los años, la Guelaguetza se volvió la gran oferta turística de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, tiendas de artesanías, joyerías, servicios. A los pueblos las propinas. Que bailen, folcloricen y se aguanten.

Al evolucionar de convite a espectáculo, la trasladaron al escenográfico cerro del Fortín y la fueron matando piedra sobre piedra. Ya con José Murat la perversión era total: los indios dejaban ofrendas a los pies del “señor” (guajolotes vivos, frutas, pan, flores) y las hijas de los amos podían lucirse bailando entre los indios. Ulises Ruiz nunca imaginó cuál sería la Guelaguetza de su destino: una crisis represiva (por segundo año consecutivo). Al paso que va, será su tumba política.

Asistimos a una nueva transformación de la Guelaguetza, que por lo demás persiste en muchos pueblos del altiplano oaxaqueño. Desde la APPO se le ve como una tradición a recuperar, cuando parecía olvidarse el sustrato profundo del movimiento social del estado (no sólo su capital). Una lucha que no empezó ayer, y que encontró ya sus modos de decir “¡basta!” en los pueblos.

Con el retorno del EPR a cartelera y las redituables teorías conspirativas para explicar el descontento en Oaxaca como “provocación” o “complot de grupos radicales”, la represión ha perdido pudor y límites, pues incluso el escándalo internacional parece “manejable”; ya no digamos los medios de comunicación.

Los capitalistas oaxaqueños están desesperados. Su botín turístico (vampirizar al indio) se resquebraja. “Nos quieren quitar la Guelaguetza”, chillan en el último hilillo de su discurso de “identidad oaxaqueña”, amenazado por el peladaje que de seguro viene de Plutón y merece “todo el peso de la ley”, no importa que quienes la aplican sean las entidades más ilegales de Oaxaca: Ejecutivo, Congreso, policías, jueces. (¿O quién va a responder por el “escarmiento” criminal a Emeterio Merino Cruz?).

Ahora hay una Guelaguetza popular a la que los administradores de la fiesta patronal (del patrón) dedican toda su furia represora, y sólo por reclamar su sitio. Es posible que Ruiz Ortiz sea el último “señor” de la Guelaguetza hechiza; no puede prescindir de cercos granaderiles y militarización de caminos para salir al baile: esa “fiesta” que con el trasfondo de una masa real de comunidades indígenas engalanadas y con plumas se esperaba que sirviera de pasarela a las niñas ricas, disfrazadas a su vez de indias, ante gobernadores que más parecen capos en su hacienda.

Quién iba a decir que esta celebración/espectáculo se convertiría en álgida reivindicación popular. Con toda su carga simbólica y mitificable, los Lunes del Cerro ya no serán lo que fueron. Resulta que la Guelaguetza muerde, y desnuda al poder que la creyó suya.

Oaxaca: se renueva la represión

Agencia Periodística del Mercosur
19 de julio de 2007

Se reorganiza la tensión entre la fuerza policíaca y la oposición al gobernador Ulises Ruiz. La última reprimenda fue iniciada por militares vestidos de civil y los detenidos salvajemente castigados.

Al sur de México, más precisamente en la ciudad de Oaxaca, el clima tenso sigue vigente luego de que medio centenar de personas resultaran lesionadas y seis vehículos incendiados. Las denuncias realizadas posteriormente confirmaron que fueron militares vestidos de civil los que iniciaron el enfrentamiento el lunes pasado.

El panorama se renueva en agresiones después de 7 meses en que la ciudad fuera escenario de una fuerte crisis social. El portavoz de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Florentino López, aseguró que en el enfrentamiento hubo cuarenta lesionados de su organización y explicó que las lesiones fueron consecuencia de los golpes con piedras y macanas o intoxicados por gases lacrimógenos.

Cuando se habla de que los ataques comenzaron con gases, piedras y balas arrojados hacia los manifestantes, se habla de militares vestidos con ropas negras como los que iniciaron este accionar, que se produjo cuando integrantes y simpatizantes intentaban llegar al Cerro el Fortín, donde se realiza la fiesta tradicional de la zona por el culto a la virgen del Carmen.

En este sentido, distintas organizaciones sociales e integrantes de la APPO testificaron que ese hecho fue el resultado de un acto planeado con anterioridad. Y en un comunicado que esta organización hizo público se cifra que hasta el momento existen 76 personas detenidas, más de 40 lesionadas y dos muertos, auque se deja en claro que los datos están en corroboración.

La APPO reúne a más de 300 organizaciones que el año pasado se agruparon para apoyar las demandas laborales de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, integrado por maestros y trabajadores del sistema educativo nacional mexicano.

La misma organización señala que la reprimenda obedece a un plan diseñado para detener la ofensiva del pueblo oaxaqueño organizado, al mismo tiempo que aseguró representar con su manifestación a la virgen, una versión alternativa y popular de ese festejo, frente a la comercial.

El lunes los manifestantes marcharon para llegar a la elevación que domina el centro de la ciudad, 466 kilómetros al sureste de la capital y cabecera del estado homónimo con el propósito de simbolizar la "Guelaguetza popular", anunciada desde semanas atrás. El Fortín es el cerro más emblemático de toda Oaxaca, allí se encuentra una figura monumental de Benito Juárez.

Fue allí cuando 500 policías y soldados bajo la consigna “no los vamos a dejar pasar”, cerraron el paso obligado, para el festejo e imprimieron sobre la manifestación la violencia con gases lacrimógenos. La represión fue justificada por la fuerza policial, a partir de asegurar que APPO fue la primera en manifestar agresión física, cuando luego las versiones aseguraron lo contrario.

Casi cuatro horas fueron el marco, de al menos 6 encontronazos a lo largo de poco más de un kilómetro de la avenida Héroes de Chapultepec, concluidos tras una copiosa lluvia que según aseveran calmó los ánimos.

Los policías arrasaron con todo, incluso con algunos periodistas de Canal 11, así como con Alondra Olivera, de Marca; Blanca Hernández, de La Jornada; Román Velasco, de Noticias; Luis Alberto Cruz, de Milenio; Carlos Leyva, de Radio Hit, y Jorge Carmona, del periódico Tiempo.

Luego de los enfrentamientos, la policía ministerial montó retenes en la Calzada Héroes de Chapultepec, donde revisó los camiones urbanos y los pasajeros se convirtieron en sospechosos que tenían que responder si eran “appos” o no. Una mano manchada de negro suponía la sospecha de haber tirado piedras y la justificación necesaria para la detención.

En referencia a la descomedida represión que las autoridades federales, ejercieron en la ciudad durante el año pasado en el estallido social, las organizaciones civiles demandan a las autoridades que eviten una segunda masacre.

Hace un mes, los maestros, que forman el grueso de la APPO, volvieron a ocupar como en 2006, la plaza central de la localidad para exigir mejoras laborales.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respecto de los acontecimientos de 2006 consideró que fue excesivo y desproporcionado el uso de la fuerza pública para poner fin a la huelga magisterial que durante meses enfrentó en esa región a protestantes y autoridades estatales. Así mismo, señaló que la policía ministerial y preventiva del estado, así como la Federal Preventiva y el Ejército son responsables de la muerte de 12 personas, detenciones arbitrarias, entre otros abusos.

El Consejo Estatal de la APPO que instalado durante 2006, prioriza los temas de la reorganización de la Asamblea Popular y las movilizaciones pacíficas, se declaró en sesión permanente y demandó a la Secretaría de Gobernación por la reinstalación de una mesa de diálogo que detenga la renovada campaña represiva, con el objetivo primordial de solucionar el conflicto en todo el estado de Oaxaca.

El gobernador del distrito, Ulises Ruiz, declaró estar abierto a las pláticas, a fin de lograr acuerdos, pero la respuesta continuó con la afirmación de que su administración no va a dudar en aplicar todo el peso de la ley sobre los detenidos durante el enfrentamiento del pasado lunes, quienes fueron golpeados, rapados, vendados en los ojos e hincados, para luego ser trasladados a los cuarteles policíacos.

lunes, mayo 21, 2007

La ley como fetiche

Carlos Fazio
La Jornada

21 de mayo de 2007

El gobierno espurio de Felipe Calderón está empeñado en construir un Estado autoritario, más subordinado y dependiente de Estados Unidos, donde las fuerzas armadas y los organismos de seguridad jueguen un papel clave. El nuevo modelo de Estado contrainsurgente cuenta con el aval de los poderes fácticos y el capital financiero, articulados en la coyuntura por una lógica de Estado.

En el marco de una campaña de propaganda mediática de gran envergadura, en los últimos días Calderón ha estado convocando a la ciudadanía a sumarse a "su" guerra. Con un discurso centrado en la violencia, en nombre de "la patria", está llamando a "los mexicanos" a "formar un solo frente contra los enemigos de México". Su intención es imbuir a la sociedad civil de su lógica belicista y arrancar el apoyo a soluciones de fuerza. Tal pareciera que Calderón ha decidido cancelar los caminos de la lucha civil pacífica y ha optado por confrontar a los movimientos sociales en las calles y en las cárceles.

Para ello ha instruido la formación de una nueva fuerza de despliegue rápido, denominada Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos (ver decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2007), cuya misión anticonstitucional, entre otras, serán "diversas tareas" de "seguridad interna", incluido "el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública". La nueva encomienda viene a modificar el carácter de la institución armada, convirtiéndola en lo que bien puede calificarse de "ejército de ocupación" en su propio país.

Se puede deducir que en materia de "seguridad pública" la misión fundamental del nuevo cuerpo militar especializado será enfrentar líderes y grupos sociales inconformes catalogados según la lógica guerrerista del "enemigo interno". Es decir, se tratará de impedir toda muestra de descontento y, sobre todo, imposibilitar por vía de la fuerza, la tortura y el terror (como ha venido comprobándose en la práctica en Atenco, Oaxaca, Guerrero y Michoacán) cualquier cambio, por mínimo que sea, en la estructura social de la nación. En esa lógica, y dado que se trata de una "guerra" (según persiste en calificarla Calderón), el "enemigo" no está afuera, sino en el interior del país, y es fácilmente identificado como la "antipatria" o el "elemento subversivo" al que hay que aniquilar.

En ese contexto, la sentencia dictada por el juez Alfredo Blas, de Toluca, el 5 de mayo, quien mediante la fabricación del delito de "secuestro equiparado" condenó a 67 años de prisión a los luchadores sociales Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, no sólo constituye un acto de venganza, escarmiento y sevicia judicial, sino que desnuda la naturaleza fascistoide del régimen de facto encabezado por Calderón y sus aliados.

La sentencia dejó firme una lectura jurídica sobre las formas de la protesta social y sentó los lineamientos para el futuro. Pero además, la medida desnuda el renovado papel del Poder Judicial, que avanza sobre el terreno social para reducir la protesta ciudadana a un tema de legalidad, con la pretensión de desalentar cualquier abordaje centrado en el conflicto. Como ha ocurrido antes en la historia de México, la sanción legal busca desplazar lo político, y ejercer su poder normativo reforzando el supuesto carácter abstracto e imparcial del precepto jurídico.

Esa "purificación" de la esfera judicial puede entenderse como una "fetichización" de la ley, que refleja cómo una autonomización creciente de lo político exige transformar el conflicto social en mero litigio jurídico. Por ello que vez que lo social se politiza aparecen voces que denuncian el supuesto ataque a las "instituciones"y al "Estado de derecho" y llaman a defender la "Patria" y consensos políticos fundacionales como la "mexicanidad". Las reivindicaciones políticas devienen así actos delincuenciales o "subversivos", la denuncia se convierte en "apología del delito", y la movilización social en "motín", "asonada" o "rebelión".

Por la vía de criminalizar la protesta y transformar una acción política en delito penal, equiparando a manifestantes y luchadores políticos y gremiales con narcotraficantes, secuestradores o terroristas, la renovada justicia represora pasa a ser un elemento de control y disciplinamiento social que intenta impedir el avance de las organizaciones populares que se oponen a la lógica del pensamiento único neoliberal. El castigo de la rebeldía busca reducir a los actores sociales a meros espectadores y fijar sus acciones en los estrechos límites que marcan los ejecutores de la ley, muchos de los cuales son los fiscales de la impunidad del antiguo régimen priísta y el continuismo foxista-calderonista.

Es evidente que hay jueces que están haciendo política y persiguen a los que protestan. Eso entraña un mensaje represivo, pero también podría interpretarse como un intento por presionar al gobierno surgido de un fraude para que vire aún más a la derecha. En ese marco, el binomio formado por una institución armada convertida en Ejército de ocupación en su propio país y jueces políticos que actúan de consuno con los militares contra un "enemigo interno", en un escenario de violencia y caos generalizado a escala nacional, no deja mucho margen para el optimismo.

martes, mayo 15, 2007

Prohibido protestar

Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma
13 de mayo de 2007

Los cambios al artículo 139 del Código Penal Federal pueden ser usados más allá que para sancionar a terroristas, porque se otorga al Ejército la capacidad de combatir la delincuencia organizada y a los que perturben la paz social.

En la víspera de que en Los Pinos se efectuara una sesión extraordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, miembros del Estado Mayor Presidencial impidieron con violencia que una madre de familia y una diputada federal se encadenaran a la reja de la casa del Ejecutivo. Agredidas con desmesura, la legisladora tuvo que ser hospitalizada durante 48 horas. El parte médico registró esguince cervical y contusiones en varias partes del cuerpo. No salió inmediatamente porque le fue detectada una inflamación cerebral.

Mavic Jaimes Miranda nació en 1970 en Cuernavaca, donde ahora es maestra de secundaria. Casada con el también profesor Froylán Nava Ocampo, se trasladaron hace cinco años a Houston, donde él obtuvo una plaza como maestro bilingüe. Llevaban consigo a sus dos hijos, nacidos en el Instituto Nacional de Perinatología, porque los embarazos respectivos eran de alto riesgo, como lo fueron cuatro anteriores que terminaron en aborto. La violencia que a decir de la señora Jaimes caracterizó su vida matrimonial la condujo a demandar el divorcio en aquella ciudad texana, donde lo obtuvo, así como la custodia de los niños. La separación no aminoró la agresividad del padre, que fue encarcelado el 17 de mayo de 2003 durante unos días por lastimar a su ex esposa. El 3 de julio siguiente, al tener a sus hijos en el fin de semana, huyó a México con ellos. Desde entonces la madre, que también volvió, los ha buscado por doquier, pretendidamente con el auxilio de la Procuraduría General de la República -pues presentó denuncia ante el Ministerio Público federal- sin obtener resultado alguno.

El 10 de mayo de 2004 se encadenó durante unas horas al Monumento a la Madre, en la ciudad de Cuernavaca. Sólo consiguió la atención de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, que la ha apoyado desde entonces en sus gestiones. Elegida diputada federal el año pasado, su paisana Adriana Díaz Contreras la acompaña personalmente en su esfuerzo por localizar y recuperar a sus hijos. Decidieron juntas repetir la experiencia del 2004, pero escogieron hacerlo en Los Pinos. El presidente Calderón nos ha mostrado varias veces a su familia, razonó la señora Jaimes, y quise hacerle ver que a mí también me importa la mía. Decidió encadenarse a las vallas que circundan la casa presidencial, y cuando la diputada Díaz Contreras se disponía a hacer lo mismo, personal militar de la residencia oficial las atacaron violentamente. Rompieron las cadenas y las arrastraron hasta la avenida del Chivatito.

El episodio es grave por sí mismo, porque incluyó un comportamiento autoritario incapaz de comprender que la protesta pacífica es una forma de expresar indignación ante la insuficiencia de la ley, expresión usual en todas las sociedades democráticas. Le añade gravedad la indiferencia presidencial ante la agresión. No se han pedido disculpas y mucho menos se ha anunciado sanción alguna contra los responsables, que deberán ser llamados por la justicia habida cuenta de la denuncia presentada por la legisladora. Tampoco se ha conocido reacción alguna de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuyo presidente está obligado a velar por la integridad física de sus compañeros, como parte de su fuero constitucional (condición que los agresores pasaron por alto de modo más que grosero).

Pero el acontecimiento adquiere mayor relieve cuando se le examina en el contexto de una creciente penalización de la protesta social, cuando se están adoptando medidas de diversa índole y distinto origen conducentes todas, sin embargo, a prohibir la expresión de inconformidades y a criminalizar a quienes demandan acciones legales o administrativas en su beneficio o se oponen a las que los perjudican.

Ése es el entorno en que tres activistas de San Salvador Atenco fueron condenados, la semana pasada, a 67 años y medio de prisión por haber retenido, en un caso durante dos días y en otro por sólo unas horas, a funcionarios del gobierno mexiquense, a causa de demandas insatisfechas. He de insistir en que la violencia contra servidores públicos no es de modo alguno condonable. Pero reitero con mayor fuerza el despropósito legal y judicial de equiparar la breve privación de la libertad, que se cumple en espacios públicos, con declaración diáfana de su propósito, con los secuestros mercenarios merecedores, esos sí, de la máxima sanción judicial por sus móviles y porque a la pérdida de la autonomía personal de la víctima añaden brutal violencia sicológica sobre el secuestrado y sus deudos.

La base legal para comparar las retenciones de Atenco con secuestros destinados a obtener el pago de rescate, con frecuencia de montos que arruinan a una familia, se aprobó años atrás, como un dispositivo de autoprotección del Estado, que de ese modo reconoce su capacidad de enfrentar con medios políticos la protesta social, cuyos móviles se multiplican en una sociedad que pierde cotidianamente lazos de cohesión. En ese mismo sentido previsor se inscribió una reforma al Código Penal Federal practicada en las postrimerías del gobierno de Díaz Ordaz y que ratificó el Congreso el 26 de abril pasado, ya por finalizar el periodo de sesiones ordinarias de las Cámaras.

A partir del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha diseñado una estrategia general contra el terrorismo y demandado de la comunidad mundial que lo haga también. La Organización de las Naciones Unidas ha hecho eco de esa exigencia y solicita a los gobiernos que la integran que adopten y reporten medidas en esa dirección. Con ese motivo, se reformó la legislación penal mexicana para incluir el delito de terrorismo internacional. Era innecesario hacerlo, porque el terrorismo, sin apellido, está incluido en el código federal desde 1970, y su tipificación era bastante para enfrentar su nueva condición trasnacional.

El nuevo artículo 139, que no ha sido publicado pero no fue vetado pese al reconocimiento de sus impulsores de que puede ser útil a propósitos diferentes del embate antiterrorista, pudo haber sido mejorado evitando la confusión de terrorismo y protesta social. Dice así: "Se impondrá una pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil doscientos días de multa, sin perjuicio de las penas por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzca alarma o terror entre la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome alguna determinación".

Las expresiones que pongo en letra cursiva son potencialmente peligrosas no respecto de los terroristas que se hagan acreedores de las sanciones previstas por las espeluznantes conductas descritas, sino de cualquier persona que en expresiones callejeras busque presionar a las autoridades para que tomen alguna determinación. Si se deja al arbitrio judicial determinar qué otros medios son violentos para el logro de ese último propósito, tendríamos multiplicadas sentencias como la que afecta a Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez en Atenco. Por lo tanto, hubiera sido preferible eliminar esos supuestos que difieren del propósito central del artículo reformado. Puesto que no niego la necesidad de sancionar a quienes efectivamente utilicen violencia contra acciones gubernamentales, recuerdo que el delito de sedición está tipificado desde hace décadas para evitar que la autoridad del Estado sufra mengua.

Por si algo faltara, el miércoles pasado el Diario Oficial publicó el decreto presidencial que crea el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal. Surgido en el contexto del combate a la delincuencia organizada, la disposición es discutible y su comprensión requiere información adicional sobre, por ejemplo, el papel que a la luz de la nueva corporación le resta a las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva. Pero en torno de lo que aquí describo, preocupa que se otorgue a una misma corporación facultad para atacar a la delincuencia organizada y para "contrarrestar actos de perturbación a la paz social" (Reforma, 10 de mayo).

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com