Mi artículo de este mes para la revista Kiosco.
La querida que nadie quería tener cerca
Gerardo de Jesús Monroy
erathora@gmail.com
El primer día del último mayo, la policía de Tarpon Springs, Florida, recibió la notificación de que una mujer colgaba sin vida del techo de un cobertizo. La mujer era Deborah Jeane Palfrey, llamada también Miz Julia o Madame D.C., ex-propietaria de una empresa —Pamela Martin & Associates— que dispensaba la compañía de mujeres jóvenes y educadas a hombres solitarios capaces de pagar hasta 500 dólares por cada encuentro de unas pocas horas. Deborah Palfrey estableció su empresa en California, en 1993, y hasta el 2006 había dado trabajo a cientos de mujeres, satisfecho a miles de clientes y generado ganancias por más de 2 millones de dólares. Tenía 52 años al morir. ¿Por qué se suicidó?
En las notas que antes de ahorcarse escribió Deborah —tristes, como son siempre las notas del suicida—, pide perdón a su madre y a su hermana y declara su desconfianza del sistema de justicia del suelo patrio. Es increíble, pero los 'libertinos' Estados Unidos, donde el dinero compra lo que sea, se encuentran entre los países cuyas leyes condenan el ejercicio de la prostitución. El tipo de servicios que proveía Pamela Martin & Associates, conocido como escorting, desde su nacimiento ha sido relacionado con el tráfico de carne; la acusación que desencadenó el escándalo de Madame D.C. fue precisamente la de "actividades relacionadas con la prostitución".
No obstante, el pretexto aducido por la justicia para emprender una investigación sobre Madame —la sospecha de que un negocio de damas de compañía degeneró en prostitución— parece, si observamos la infinidad existente de servicios de esa clase, muy difícil de aceptar. ¿Y si la gran cantidad de recursos económicos manipulados por PM&A hubiera sido lo que en realidad atrajo la atención del tío Sam? En octubre de 2006, las primeras cuentas bancarias de Palfrey congeladas por la autoridad sumaban un valor de medio millón de dólares. Aun así, el negocio, innegablemente próspero, no resulta espectáculo tan fuerte como para echar a los sabuesos sobre PM&A. Es probable que el verdadero motivo detrás de la persecución a Palfrey no se sepa nunca.
Madame D.C. defendió hasta el final el giro de su trabajo asegurando que no se dedicaba a ninguna actividad ilícita. Para ella, el erotismo de la entrevista entre el hombre y la escort no tenía por qué conducir forzosamente a la praxis sexual sancionada por la ley.
El campo de operaciones de Pamela Martin & Associates fue Washington, D.C., aunque su dueña no abandonó nunca la residencia en California. Deborah reclutaba a sus chicas con el auxilio de "buscadores de talento", pero también anunciándose en internet, en la guía telefónica del Distrito de Columbia y en periódicos locales como el Washington City Paper, una publicación semanal 'alternativa', y The Diamondback, un diario estudiantil de la Universidad de Maryland. Muchas de las call girls provenían de la burguesía acomodada y contaban con instrucción universitaria y empleos estables.
Lejos, alto y ancho
Deborah Jeane Palfrey nació en 1956 en Pennsylvania, hija de un vendedor de abarrotes. Asistió a la escuela de Leyes, aunque no se graduó. Realizó tareas administrativas para un bufete de San Diego; es ahí donde entra en contacto con los escort services. En 1990 enfrenta cargos por proxenetismo; intenta huir a Canadá, es capturada y pasa 18 meses en prisión (1992-93). Cuando queda libre, crea Pamela Martin & Associates.
Cuando en 2006 fueron congeladas sus cuentas bancarias, la expectativa de volver a la cárcel y perder dentro de ella los pocos años que la separaban de la vejez, desconsoló a Deborah; tanto que, en su desesperación, extrae de su manga un as muy peligroso: pone a la venta 21 kilogramos de registros telefónicos, pertenecientes a 15 000 usuarios que contrataron alguna vez a una escort. La mujer esperaba que la revelación de ciertos nombres haría bajar las armas a Washington. “Los tentáculos de esta cosa llegan lejos, alto y ancho en los estamentos del poder en Estados Unidos”, advirtió.
El 12 de abril de 2007, Palfrey identifica ante la justicia como uno de sus clientes a Harlan K. Ullman, ni más ni menos que el diseñador de la modalidad de ataque militar que bautizó como 'conmoción y pavor' ('shock and awe'), puesta en práctica durante la invasión de George Bush II a Irak. La doctrina de Ullman (comandante en retiro de la Marina de Estados Unidos, consejero empresarial y articulista del Washington Times) enseña que una serie de embestidas demoledoras y rápidas, sumadas a una exhibición constante y espectacular del propio poder, acaban por desmoralizar al enemigo y atraen hacia uno la victoria. Como sabemos ahora, el análisis de Ullman resultó demasiado simplista para interpretar correctamente la situación irakí y propició la situación de estancamiento que vive el ejército norteamericano en Medio Oriente desde 2003. Cuando la cadena de televisión CNN pidió la opinión del estratega respecto de los señalamientos de Palfrey, un lacónico Ullman contestó que "no era posible dar a esas alegaciones una respuesta digna".
Dos semanas más tarde, el Secretario de Estado adjunto para Asistencia Exterior, Randall Tobias, presentó su dimisión. En una entrevista con ABC News, Tobias aceptó haber sido cliente de Palfrey.
Que el Secretario reconociera haber contratado escorts para su placer personal resultaba particularmente chocante, pues Tobias, en su papel de Coordinador de la campaña contra el SIDA ('Zar del SIDA', le llamaban) de la administración Bush, ensalzaba las virtudes de la fidelidad monogámica y llegaba a recomendar la abstinencia sexual como método infalible de prevención de las enfermedades venéreas, oponiéndolo al uso del condón, al cual veía con desconfianza.
El siguiente ‘pez gordo’ en saltar en la red de Madame D.C. fue el senador por Louisiana David Vitter.
En realidad, si Palfrey pesca a Vitter, quien lo saca y lo muestra al público es Larry Flynt, editor de Hustler, la famosa revista pornográfica. Palfrey, en julio de 2007, viendo que no hay compradores para sus 21 kilos de registros telefónicos, revela algunos de los números de sus clientes. Un colaborador de Flynt, Dan Moldea (quien escribía un libro junto a Palfrey), identifica el número de Vitter y le marca para interrogarlo. El senador elabora de inmediato una respuesta, que dirige por escrito a los medios: “Hace muchos años, pedí y recibí el perdón de Dios y de mi esposa en la confesión [nota de Kiosco: Vitter es católico] y en la consejería matrimonial. Por respeto a mi familia, mantendré la discusión ahí —entre Dios y mi familia”.
Primera ironía: en 1999, Vitter había remplazado al congresista Robert Livingstone porque éste tuvo que renunciar a su cargo en medio de acusaciones de adulterio.
Segunda ironía: inspirado en lo que le ocurrió a su correligionario (Vitter y Livingstone son republicanos), Vitter había solicitado la renuncia del presidente de entonces, el demócrata Bill Clinton, al desatarse el affaire Lewinsky. Cuando le llegó su turno, Vitter no renunció (como tampoco lo hizo Clinton).
Tercera ironía: el apellido Vitter brota al poco tiempo de que ABC News, habiendo prometido dar a conocer los nombres ‘difíciles’ (esto ocurriría en la edición del 4 de mayo de 2007 del programa 20/20), súbitamente se echa para atrás y decide que no hay nada interesante en la lista de Palfrey. Newsweek consideró “cerrado” el caso.
Palfrey consiguió filtrar hacia la prensa la inclusión en su lista de Ronald Roughead, un científico que asesoró al bushismo en Irak, y Dick Morris, un publicista bien conocido en nuestro país: fue el estratega principal de la campaña presidencial del PAN en 2006 (ésa que se basó en el arquetipo de López Obrador como ‘un peligro para México’).
Pero el nombre más difícil de todos nadie fue capaz de repetirlo.
De acuerdo con el periodista y ex-oficial de inteligencia de la Marina Wayne Madsen, tres distintas fuentes, aparte de Madame, señalaron al vicepresidente Dick Cheney como cliente de PM&A. Palfrey no continuó revelando nombres porque la Corte le prohibió hacerlo; pero, con o sin restricción judicial, los medios de comunicación más populares decidieron no confrontar al vicepresidente Cheney con la información disponible.
Era forzoso el desarrollo de una ‘doble moral’ en el seno de la sociedad norteamericana, así como en las naciones que culturalmente quedamos bajo su influencia. Somos sociedades de medios rostros, como los de una antigua pintura egipcia; nuestras facciones oscilan entre el gesto afectado del escándalo y la sonrisa cínica. Estados Unidos quisiera poder ser leal a su herencia puritana, pero su vida espiritual, su ‘superestructura’, es moldeada por su ‘infraestructura’: la codicia, el consumismo, la mercantilización de las emociones, la cosificación de los seres vivos. Y del choque de esos dos mundos no surge una síntesis, lo único posible es el permanente contraste.
El 15 de abril de 2008, Deborah Palfrey es encontrada culpable de los delitos de lavado de dinero, chantaje y uso de correo con propósitos ilegales. El 1 de mayo, muere estrangulada con un nudo de náilon. Muchas muertes nos rondan, hipócrita lector.
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jueves, agosto 07, 2008
martes, enero 15, 2008
La ciencia ¿es machista?
Marcelo Colussi
En la sección cultural de la edición digital del diario español El Mundo, puede consultarse el artículo "Científicamente perfecta". Allí se lee que "La actriz Jessica Alba tiene las proporciones perfectas para una mujer. El piropo le llega de un grupo de científicos británicos, que ha elaborado una fórmula matemática para medir el atractivo sexual femenino. La ecuación se basa en la proporción entre la anchura de la cintura y de las caderas y, al parecer, la mejor relación entre los parámetros cintura-cadera es un 0,7, precisamente la que tiene hoy por hoy la protagonista de 'Los cuatro fantásticos'. Según este estudio, Marilyn Monroe era casi perfecta, porque contaba con una proporción de un 0,69, y la modelo Kate Moss, siempre en el punto de mira por su extrema delgadez, se aproxima con un 0,67".
Lo de "científico" seguramente habrá que tomarlo con pinzas. El supuesto grupo de investigadores británicos que genera la información no queda aclarado quién es, dónde trabaja, dónde publicó su hallazgo. Quizá, por último, ni existe. Pero como sucede muchas veces, cada vez con mayor frecuencia en el ámbito mediático, el hecho a ser divulgado no importa si existe; lo que importa es cómo se lo presenta, cómo "se vende". Y aquí lo importante es que "la ciencia" habla para darnos una verdad.
Ahora bien: independientemente de la existencia o no de este grupo de sabios, ¿será cierta la verdad transmitida? A mayor "perfección", mayor atractivo sexual. Suponiendo que así fuera la ecuación, ¿qué les queda entonces a las menos perfectas?
Que machos y hembras de la especie humana nos hemos cortejado y apareado desde siempre a través de la historia, es un hecho. Y nadie se ha quejado mucho de eso en general, aunque la pareja en cuestión no haya sido precisamente la más "perfecta" según las proporciones indicadas por el estudio. Por supuesto que, obviamente, hay especímenes más atractivos que otros, en ambos sexos. Negarlo sería una tontera. Todos somos iguales, pero algunos/as atraen más en términos sexuales que otros. En los salones de baile uno/a elige a quien más le "entra por los ojos", y en esto de los gustos no hay límites; pero sin dudas que algunos/as tienen más seguidores/as que otros/as, por las proporciones del cuerpo, por el color de ojos o por quién sabe qué toque mágico. Además, a los 50 años nadie –varón o mujer– es tan atractivo como a los 20. Lo cual no quita que a esa edad también se pueda tener una activa –o activísima– vida sexual, pese a las canas o a las arrugas. Pero es un hecho que las "perfecciones" estéticas se van marchando con los años, aunque la experiencia acumulada pueda suplir, y con creces, la posibilidad del goce, habiendo perdido incluso la belleza juvenil.
De todos modos, en lo humano la biología no explica todo. Es más: explica apenas un poco. Los atractivos sexuales tienen que ver en buena medida con las perfecciones corporales, con los dispositivos físico-químicos que nuestra genética nos permite. Pero la verdadera dinámica humana va más allá. También los "no-perfectos" –según los patrones del estudio de marras– se atraen, se enamoran, hacen el amor, gozan. Gorditas, panzones, calvos o flacas con poco pecho también la pasan muy bien, tienen orgasmos de ensueño y pueden vivir sin "acomplejarse" aunque no entren en lo parámetros de la perfección anatómica. Porque, en definitiva, ¿desde dónde se define lo perfecto?
Esto, en última instancia, enseña dos cosas: por un lado, que el fenómeno humano está totalmente bañado por la civilización, por el mundo simbólico, y que los mismos disparadores visuales que efectivamente funcionan en otras especies animales, en nuestro ámbito han quedado teñidos por la cultura. Y por otro lado, queda claro que el machismo sigue presente en la cultura, en todas (también en la de quienes produjeron el estudio).
¿Por qué es perfecta esa "muñequita" con proporciones matemáticas? ¿Para quién es perfecta: para los ojos del macho? ¿De todos los machos? Como dijimos: aún alejándose de esa "perfección", varones y mujeres hace más de dos millones de años que nos atraemos, y las pancitas crecidas no lo impiden. ¿O vamos a seguir abonando la cultura de la imagen que "vende", el show mediático de la top model cuya foto se arregla con programas computacionales? ¿Esa es la perfección a que aspiramos? ¿Y qué hacemos los que no somos "perfectos"?
Los seres humanos tenemos arrugas, nos salen granitos, transpiramos, envejecemos y nos aparecen las canas, presentamos estrías y con los partos vienen las várices… ¡Nadie es perfecto! Es muy probable que lo dicho por estos científicos tenga un nivel de verdad: la belleza anatómica existe y entra por los ojos, y por supuesto está en dependencia de composiciones espaciales que guardan determinadas proporciones, por cierto matematizables. Pero más aún, está signada por el hecho cultural. Para algunos/as la belleza se mide por el tamaño del hueso atravesado en la nariz o en los labios, o por la cantidad de tatuajes que presenta todo el cuerpo. Y esa gente también se emociona y se excita con su pareja. Para hablar de un estudio serio, habría que incluir a los representantes de estas culturas también al momento de sacar conclusiones.
Hablar de "la perfección" en la belleza –de lo cual pueden desprenderse entonces concursos para establecer quién es más bello– es equiparable a hablar del "triunfador", del "number one". No puede ponerse en juicio la formulación de estos científicos –en general a los varones occidentales les llama más la atención un cuerpo de muñeca Barbie 90-60-90, no hay dudas–; pero de ahí a equiparar esa proporción con "la perfección" pareciera que hay un paso demasiado largo, que sólo una visión machista posibilita dar. Hayan sido o no los científicos británicos referidos quienes afirmaron esta tesis, o los redactores del portal que la difunde –poco importa eso– lo cierto es que el estereotipo prejuicioso se sigue filtrando. ¿Habrá también "proporciones perfectas" para los varones? ¿Y qué hacemos los que no entramos en esa categoría? ¿No tiene algo de agraviante hablar de "perfección" versus los/las que no la tenemos?
En definitiva: ¿qué nos importa, para qué nos sirve buscar estas "perfecciones" visuales? ¡Como si eso, acaso, asegurara mayores cuotas de felicidad! ¿O avalamos la cultura centrada casi enfermizamente en la imagen?
lunes, diciembre 03, 2007
Artículo en pdf sobre Lydia Cacho
Para descargar el artículo "Diario de una periodista perseguida", hacer clic aquí.
http://www.lydiacacho.net
Blog sobre Lydia Cacho, organizado por amigos de la periodista, con el propósito de concentrar los materiales relacionados con su caso y para dar a conocer los incidentes de esta cruzada cívica.
http://www.lydiacacho.net
Blog sobre Lydia Cacho, organizado por amigos de la periodista, con el propósito de concentrar los materiales relacionados con su caso y para dar a conocer los incidentes de esta cruzada cívica.
lunes, julio 09, 2007
Sin pruebas, Calderón dijo que doña Ernestina murió de gastritis
María de la Luz Tesoro
Argenpress
6 de julio de 2007
Fuente: CIMAC
Debe admitirlo oficialmente ante el IFAI
La Presidencia de la República tiene que entregar una declaración oficial donde reconozca que Felipe Calderón no tenía ninguna prueba documental para afirmar que la señora Ernestina Ascencio, de Zongolica, murió por gastritis, informó el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) Juan Pablo Guerrero Amparan.
En síntesis, explicó el comisionado, la Presidencia tiene que admitir que se dio esa valoración sin prueba documental, mediante la entrega al solicitante de la declaración oficial de inexistencia del documento en que se basó el Ejecutivo Federal para declarar que la señora Ernestina Ascencio Rosario, murió de una gastritis crónica no atendida.
La declaración oficial será la respuesta a la solicitud de información, que con número de folio 0210000063007, un solicitante hizo llegar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
La Presidencia respondió así al IFAI sobre la solicitud de 'información en la que el c. Presidente de la República se basó para declarar que las causas de muerte de la señora Ernestina Ascensión Rosario, acontecida en la sierra de Zongolica, era una gastritis crónica no atendida (sic):
'Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de Presidencia de la República, no se ha localizado ninguna 'información', o documento que haga referencia a lo solicitado, por lo que la información se declara inexistente.
'Sin otro particular, y habiendo dado cumplimiento y forma al requerimiento de información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental quedamos de usted. Atentamente, la Unidad de Enlace'.
Las razones
Esta respuesta originó que en la sesión del pleno del IFAI, se votará hoy por unanimidad el recurso 1494/07, en el que la persona solicitante pide a la Presidencia de la República la información en la que el C. Presidente de la República se basó para declarar que las causas de la muerte de Ernestina Ascencio, ocurrida en la Sierra de Zongolica, Veracruz en febrero pasado, por una violación tumultuaria por presuntos elementos del Ejército Mexicano, era un gastritis crónica.
En entrevista, el comisionado ponente Juan Pablo Guerrero destacó que la opinión pública conoció, en principio, de qué murió la señora por una autoridad (Felipe Calderón) que no era competente, en ese momento, en la materia.
Entonces, agregó, cuando se le pregunta con qué pruebas documentales basó su declaración, ellos (Presidencia) dicen pues no hay documentos; por ende, 'me parece que no es cualquier declaración y esa es la particularidad del caso'.
Guerrero Ampara subrayó que en la valoración que él hace del caso, como miembro del IFAI, es que en términos de la ley, 'yo como comisionado ponente, sí me parece observar, y es de sorprender que se establezca una declaración con esa valoración sobre las causas de un trágico evento sin prueba documental'.
Durante la discusión del proyecto presentado por el comisionado ponente, causaron sorpresa, indignación y horror las declaraciones que sobre el tema hacía día con día el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, principalmente las declaraciones que hizo en los últimos días.
Argenpress
6 de julio de 2007
Fuente: CIMAC
Debe admitirlo oficialmente ante el IFAI
La Presidencia de la República tiene que entregar una declaración oficial donde reconozca que Felipe Calderón no tenía ninguna prueba documental para afirmar que la señora Ernestina Ascencio, de Zongolica, murió por gastritis, informó el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) Juan Pablo Guerrero Amparan.
En síntesis, explicó el comisionado, la Presidencia tiene que admitir que se dio esa valoración sin prueba documental, mediante la entrega al solicitante de la declaración oficial de inexistencia del documento en que se basó el Ejecutivo Federal para declarar que la señora Ernestina Ascencio Rosario, murió de una gastritis crónica no atendida.
La declaración oficial será la respuesta a la solicitud de información, que con número de folio 0210000063007, un solicitante hizo llegar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
La Presidencia respondió así al IFAI sobre la solicitud de 'información en la que el c. Presidente de la República se basó para declarar que las causas de muerte de la señora Ernestina Ascensión Rosario, acontecida en la sierra de Zongolica, era una gastritis crónica no atendida (sic):
'Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de Presidencia de la República, no se ha localizado ninguna 'información', o documento que haga referencia a lo solicitado, por lo que la información se declara inexistente.
'Sin otro particular, y habiendo dado cumplimiento y forma al requerimiento de información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental quedamos de usted. Atentamente, la Unidad de Enlace'.
Las razones
Esta respuesta originó que en la sesión del pleno del IFAI, se votará hoy por unanimidad el recurso 1494/07, en el que la persona solicitante pide a la Presidencia de la República la información en la que el C. Presidente de la República se basó para declarar que las causas de la muerte de Ernestina Ascencio, ocurrida en la Sierra de Zongolica, Veracruz en febrero pasado, por una violación tumultuaria por presuntos elementos del Ejército Mexicano, era un gastritis crónica.
En entrevista, el comisionado ponente Juan Pablo Guerrero destacó que la opinión pública conoció, en principio, de qué murió la señora por una autoridad (Felipe Calderón) que no era competente, en ese momento, en la materia.
Entonces, agregó, cuando se le pregunta con qué pruebas documentales basó su declaración, ellos (Presidencia) dicen pues no hay documentos; por ende, 'me parece que no es cualquier declaración y esa es la particularidad del caso'.
Guerrero Ampara subrayó que en la valoración que él hace del caso, como miembro del IFAI, es que en términos de la ley, 'yo como comisionado ponente, sí me parece observar, y es de sorprender que se establezca una declaración con esa valoración sobre las causas de un trágico evento sin prueba documental'.
Durante la discusión del proyecto presentado por el comisionado ponente, causaron sorpresa, indignación y horror las declaraciones que sobre el tema hacía día con día el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, principalmente las declaraciones que hizo en los últimos días.
martes, mayo 15, 2007
Prohibido protestar
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma
13 de mayo de 2007
Los cambios al artículo 139 del Código Penal Federal pueden ser usados más allá que para sancionar a terroristas, porque se otorga al Ejército la capacidad de combatir la delincuencia organizada y a los que perturben la paz social.
En la víspera de que en Los Pinos se efectuara una sesión extraordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, miembros del Estado Mayor Presidencial impidieron con violencia que una madre de familia y una diputada federal se encadenaran a la reja de la casa del Ejecutivo. Agredidas con desmesura, la legisladora tuvo que ser hospitalizada durante 48 horas. El parte médico registró esguince cervical y contusiones en varias partes del cuerpo. No salió inmediatamente porque le fue detectada una inflamación cerebral.
Mavic Jaimes Miranda nació en 1970 en Cuernavaca, donde ahora es maestra de secundaria. Casada con el también profesor Froylán Nava Ocampo, se trasladaron hace cinco años a Houston, donde él obtuvo una plaza como maestro bilingüe. Llevaban consigo a sus dos hijos, nacidos en el Instituto Nacional de Perinatología, porque los embarazos respectivos eran de alto riesgo, como lo fueron cuatro anteriores que terminaron en aborto. La violencia que a decir de la señora Jaimes caracterizó su vida matrimonial la condujo a demandar el divorcio en aquella ciudad texana, donde lo obtuvo, así como la custodia de los niños. La separación no aminoró la agresividad del padre, que fue encarcelado el 17 de mayo de 2003 durante unos días por lastimar a su ex esposa. El 3 de julio siguiente, al tener a sus hijos en el fin de semana, huyó a México con ellos. Desde entonces la madre, que también volvió, los ha buscado por doquier, pretendidamente con el auxilio de la Procuraduría General de la República -pues presentó denuncia ante el Ministerio Público federal- sin obtener resultado alguno.
El 10 de mayo de 2004 se encadenó durante unas horas al Monumento a la Madre, en la ciudad de Cuernavaca. Sólo consiguió la atención de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, que la ha apoyado desde entonces en sus gestiones. Elegida diputada federal el año pasado, su paisana Adriana Díaz Contreras la acompaña personalmente en su esfuerzo por localizar y recuperar a sus hijos. Decidieron juntas repetir la experiencia del 2004, pero escogieron hacerlo en Los Pinos. El presidente Calderón nos ha mostrado varias veces a su familia, razonó la señora Jaimes, y quise hacerle ver que a mí también me importa la mía. Decidió encadenarse a las vallas que circundan la casa presidencial, y cuando la diputada Díaz Contreras se disponía a hacer lo mismo, personal militar de la residencia oficial las atacaron violentamente. Rompieron las cadenas y las arrastraron hasta la avenida del Chivatito.
El episodio es grave por sí mismo, porque incluyó un comportamiento autoritario incapaz de comprender que la protesta pacífica es una forma de expresar indignación ante la insuficiencia de la ley, expresión usual en todas las sociedades democráticas. Le añade gravedad la indiferencia presidencial ante la agresión. No se han pedido disculpas y mucho menos se ha anunciado sanción alguna contra los responsables, que deberán ser llamados por la justicia habida cuenta de la denuncia presentada por la legisladora. Tampoco se ha conocido reacción alguna de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuyo presidente está obligado a velar por la integridad física de sus compañeros, como parte de su fuero constitucional (condición que los agresores pasaron por alto de modo más que grosero).
Pero el acontecimiento adquiere mayor relieve cuando se le examina en el contexto de una creciente penalización de la protesta social, cuando se están adoptando medidas de diversa índole y distinto origen conducentes todas, sin embargo, a prohibir la expresión de inconformidades y a criminalizar a quienes demandan acciones legales o administrativas en su beneficio o se oponen a las que los perjudican.
Ése es el entorno en que tres activistas de San Salvador Atenco fueron condenados, la semana pasada, a 67 años y medio de prisión por haber retenido, en un caso durante dos días y en otro por sólo unas horas, a funcionarios del gobierno mexiquense, a causa de demandas insatisfechas. He de insistir en que la violencia contra servidores públicos no es de modo alguno condonable. Pero reitero con mayor fuerza el despropósito legal y judicial de equiparar la breve privación de la libertad, que se cumple en espacios públicos, con declaración diáfana de su propósito, con los secuestros mercenarios merecedores, esos sí, de la máxima sanción judicial por sus móviles y porque a la pérdida de la autonomía personal de la víctima añaden brutal violencia sicológica sobre el secuestrado y sus deudos.
La base legal para comparar las retenciones de Atenco con secuestros destinados a obtener el pago de rescate, con frecuencia de montos que arruinan a una familia, se aprobó años atrás, como un dispositivo de autoprotección del Estado, que de ese modo reconoce su capacidad de enfrentar con medios políticos la protesta social, cuyos móviles se multiplican en una sociedad que pierde cotidianamente lazos de cohesión. En ese mismo sentido previsor se inscribió una reforma al Código Penal Federal practicada en las postrimerías del gobierno de Díaz Ordaz y que ratificó el Congreso el 26 de abril pasado, ya por finalizar el periodo de sesiones ordinarias de las Cámaras.
A partir del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha diseñado una estrategia general contra el terrorismo y demandado de la comunidad mundial que lo haga también. La Organización de las Naciones Unidas ha hecho eco de esa exigencia y solicita a los gobiernos que la integran que adopten y reporten medidas en esa dirección. Con ese motivo, se reformó la legislación penal mexicana para incluir el delito de terrorismo internacional. Era innecesario hacerlo, porque el terrorismo, sin apellido, está incluido en el código federal desde 1970, y su tipificación era bastante para enfrentar su nueva condición trasnacional.
El nuevo artículo 139, que no ha sido publicado pero no fue vetado pese al reconocimiento de sus impulsores de que puede ser útil a propósitos diferentes del embate antiterrorista, pudo haber sido mejorado evitando la confusión de terrorismo y protesta social. Dice así: "Se impondrá una pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil doscientos días de multa, sin perjuicio de las penas por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzca alarma o terror entre la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome alguna determinación".
Las expresiones que pongo en letra cursiva son potencialmente peligrosas no respecto de los terroristas que se hagan acreedores de las sanciones previstas por las espeluznantes conductas descritas, sino de cualquier persona que en expresiones callejeras busque presionar a las autoridades para que tomen alguna determinación. Si se deja al arbitrio judicial determinar qué otros medios son violentos para el logro de ese último propósito, tendríamos multiplicadas sentencias como la que afecta a Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez en Atenco. Por lo tanto, hubiera sido preferible eliminar esos supuestos que difieren del propósito central del artículo reformado. Puesto que no niego la necesidad de sancionar a quienes efectivamente utilicen violencia contra acciones gubernamentales, recuerdo que el delito de sedición está tipificado desde hace décadas para evitar que la autoridad del Estado sufra mengua.
Por si algo faltara, el miércoles pasado el Diario Oficial publicó el decreto presidencial que crea el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal. Surgido en el contexto del combate a la delincuencia organizada, la disposición es discutible y su comprensión requiere información adicional sobre, por ejemplo, el papel que a la luz de la nueva corporación le resta a las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva. Pero en torno de lo que aquí describo, preocupa que se otorgue a una misma corporación facultad para atacar a la delincuencia organizada y para "contrarrestar actos de perturbación a la paz social" (Reforma, 10 de mayo).
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
Reforma
13 de mayo de 2007
Los cambios al artículo 139 del Código Penal Federal pueden ser usados más allá que para sancionar a terroristas, porque se otorga al Ejército la capacidad de combatir la delincuencia organizada y a los que perturben la paz social.
En la víspera de que en Los Pinos se efectuara una sesión extraordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, miembros del Estado Mayor Presidencial impidieron con violencia que una madre de familia y una diputada federal se encadenaran a la reja de la casa del Ejecutivo. Agredidas con desmesura, la legisladora tuvo que ser hospitalizada durante 48 horas. El parte médico registró esguince cervical y contusiones en varias partes del cuerpo. No salió inmediatamente porque le fue detectada una inflamación cerebral.
Mavic Jaimes Miranda nació en 1970 en Cuernavaca, donde ahora es maestra de secundaria. Casada con el también profesor Froylán Nava Ocampo, se trasladaron hace cinco años a Houston, donde él obtuvo una plaza como maestro bilingüe. Llevaban consigo a sus dos hijos, nacidos en el Instituto Nacional de Perinatología, porque los embarazos respectivos eran de alto riesgo, como lo fueron cuatro anteriores que terminaron en aborto. La violencia que a decir de la señora Jaimes caracterizó su vida matrimonial la condujo a demandar el divorcio en aquella ciudad texana, donde lo obtuvo, así como la custodia de los niños. La separación no aminoró la agresividad del padre, que fue encarcelado el 17 de mayo de 2003 durante unos días por lastimar a su ex esposa. El 3 de julio siguiente, al tener a sus hijos en el fin de semana, huyó a México con ellos. Desde entonces la madre, que también volvió, los ha buscado por doquier, pretendidamente con el auxilio de la Procuraduría General de la República -pues presentó denuncia ante el Ministerio Público federal- sin obtener resultado alguno.
El 10 de mayo de 2004 se encadenó durante unas horas al Monumento a la Madre, en la ciudad de Cuernavaca. Sólo consiguió la atención de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, que la ha apoyado desde entonces en sus gestiones. Elegida diputada federal el año pasado, su paisana Adriana Díaz Contreras la acompaña personalmente en su esfuerzo por localizar y recuperar a sus hijos. Decidieron juntas repetir la experiencia del 2004, pero escogieron hacerlo en Los Pinos. El presidente Calderón nos ha mostrado varias veces a su familia, razonó la señora Jaimes, y quise hacerle ver que a mí también me importa la mía. Decidió encadenarse a las vallas que circundan la casa presidencial, y cuando la diputada Díaz Contreras se disponía a hacer lo mismo, personal militar de la residencia oficial las atacaron violentamente. Rompieron las cadenas y las arrastraron hasta la avenida del Chivatito.
El episodio es grave por sí mismo, porque incluyó un comportamiento autoritario incapaz de comprender que la protesta pacífica es una forma de expresar indignación ante la insuficiencia de la ley, expresión usual en todas las sociedades democráticas. Le añade gravedad la indiferencia presidencial ante la agresión. No se han pedido disculpas y mucho menos se ha anunciado sanción alguna contra los responsables, que deberán ser llamados por la justicia habida cuenta de la denuncia presentada por la legisladora. Tampoco se ha conocido reacción alguna de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuyo presidente está obligado a velar por la integridad física de sus compañeros, como parte de su fuero constitucional (condición que los agresores pasaron por alto de modo más que grosero).
Pero el acontecimiento adquiere mayor relieve cuando se le examina en el contexto de una creciente penalización de la protesta social, cuando se están adoptando medidas de diversa índole y distinto origen conducentes todas, sin embargo, a prohibir la expresión de inconformidades y a criminalizar a quienes demandan acciones legales o administrativas en su beneficio o se oponen a las que los perjudican.
Ése es el entorno en que tres activistas de San Salvador Atenco fueron condenados, la semana pasada, a 67 años y medio de prisión por haber retenido, en un caso durante dos días y en otro por sólo unas horas, a funcionarios del gobierno mexiquense, a causa de demandas insatisfechas. He de insistir en que la violencia contra servidores públicos no es de modo alguno condonable. Pero reitero con mayor fuerza el despropósito legal y judicial de equiparar la breve privación de la libertad, que se cumple en espacios públicos, con declaración diáfana de su propósito, con los secuestros mercenarios merecedores, esos sí, de la máxima sanción judicial por sus móviles y porque a la pérdida de la autonomía personal de la víctima añaden brutal violencia sicológica sobre el secuestrado y sus deudos.
La base legal para comparar las retenciones de Atenco con secuestros destinados a obtener el pago de rescate, con frecuencia de montos que arruinan a una familia, se aprobó años atrás, como un dispositivo de autoprotección del Estado, que de ese modo reconoce su capacidad de enfrentar con medios políticos la protesta social, cuyos móviles se multiplican en una sociedad que pierde cotidianamente lazos de cohesión. En ese mismo sentido previsor se inscribió una reforma al Código Penal Federal practicada en las postrimerías del gobierno de Díaz Ordaz y que ratificó el Congreso el 26 de abril pasado, ya por finalizar el periodo de sesiones ordinarias de las Cámaras.
A partir del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha diseñado una estrategia general contra el terrorismo y demandado de la comunidad mundial que lo haga también. La Organización de las Naciones Unidas ha hecho eco de esa exigencia y solicita a los gobiernos que la integran que adopten y reporten medidas en esa dirección. Con ese motivo, se reformó la legislación penal mexicana para incluir el delito de terrorismo internacional. Era innecesario hacerlo, porque el terrorismo, sin apellido, está incluido en el código federal desde 1970, y su tipificación era bastante para enfrentar su nueva condición trasnacional.
El nuevo artículo 139, que no ha sido publicado pero no fue vetado pese al reconocimiento de sus impulsores de que puede ser útil a propósitos diferentes del embate antiterrorista, pudo haber sido mejorado evitando la confusión de terrorismo y protesta social. Dice así: "Se impondrá una pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil doscientos días de multa, sin perjuicio de las penas por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzca alarma o terror entre la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome alguna determinación".
Las expresiones que pongo en letra cursiva son potencialmente peligrosas no respecto de los terroristas que se hagan acreedores de las sanciones previstas por las espeluznantes conductas descritas, sino de cualquier persona que en expresiones callejeras busque presionar a las autoridades para que tomen alguna determinación. Si se deja al arbitrio judicial determinar qué otros medios son violentos para el logro de ese último propósito, tendríamos multiplicadas sentencias como la que afecta a Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez en Atenco. Por lo tanto, hubiera sido preferible eliminar esos supuestos que difieren del propósito central del artículo reformado. Puesto que no niego la necesidad de sancionar a quienes efectivamente utilicen violencia contra acciones gubernamentales, recuerdo que el delito de sedición está tipificado desde hace décadas para evitar que la autoridad del Estado sufra mengua.
Por si algo faltara, el miércoles pasado el Diario Oficial publicó el decreto presidencial que crea el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal. Surgido en el contexto del combate a la delincuencia organizada, la disposición es discutible y su comprensión requiere información adicional sobre, por ejemplo, el papel que a la luz de la nueva corporación le resta a las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva. Pero en torno de lo que aquí describo, preocupa que se otorgue a una misma corporación facultad para atacar a la delincuencia organizada y para "contrarrestar actos de perturbación a la paz social" (Reforma, 10 de mayo).
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
martes, mayo 01, 2007
¿Usted le cree a Soberanes?
Miguel Ángel Granados Chapa
Columna Plaza Pública
Diario Libertad
30 de abril de 2007
¿Usted le cree a Soberanes?
Yo tampoco. Porque es claro que a veces miente y en otras sospecho que lo hace. Como en el caso de la señora Ernestina Ascensio Rosario, probablemente asesinada, en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside el doctor José Luis Soberanes ha adoptado una línea de investigación que permita exonerar a priori a miembros del Ejército, inicialmente señalados como presuntos responsables del ataque sexual a la anciana de habla náhuatl que moriría a causa de esa agresión.
El primero en establecer como médica y no mecánica la causa de la muerte de la señora que pastoreaba sus animales la tarde del domingo en que fue agredida (o en que, para compartir esa absurda tesis, comenzó su agonía) fue el presidente Calderón, quien espontáneamente, sin pregunta expresa, en una entrevista para festejar sus cien días de gobierno dictaminó sobre el caso. Dijo textualmente el 12 de marzo, a La Jornada, que "la CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida" y agregó contundente: "No hay rastros de que haya sido violada". Soberanes y la Comisión han negado haber informado a Calderón, antes que a nadie -porque la CNDH sólo emitió un boletín sobre el caso el 14 de marzo- sobre el resultado de la segunda necropsia, practicada el viernes 9 de marzo (en cuyo documento, por cierto, se lee sin lugar a dudas que la causa de la muerte fue mecánica, no médica). Ha sugerido que personal militar presente en la exhumación pudo haber sido la fuente de la información presidencial. Que no es así lo indica no sólo la mención expresa de Calderón a la CNDH sino el silencio de la autoridad militar (el general secretario de la Defensa Guillermo Galván Galván pudo haberlo dicho a los diputados en su comparecencia del jueves pasado) que no tendría empacho en reconocer que había ofrecido tal información a su jefe supremo.
Refuerza la hipótesis de que Soberanes miente sobre la filtración indebida de información a los afectados, la infidencia del diputado panista, general retirado Jorge González, que el 28 de marzo blandió ante reporteros un documento de la CNDH, donde se desarrolló el esbozo iniciado el 14 anterior, que sólo se publicaría al día siguiente, 29 de marzo, con esa fecha.
El descrédito de la palabra de Soberanes creció por un hecho en torno al informe de la CNDH sobre Oaxaca, presentado ante diputados el 15 de marzo anterior. Explícitamente la reportera Marcela Turati preguntó a Soberanes si había hecho conocer ese documento a Gobernación antes de su comparecencia legislativa. El ombudsman lo negó enfáticamente: "No, no, no...nosotros no lo presentamos a Gobernación ni mucho menos. Sería suicida, ¿no? (Excélsior, 26 de abril).
Pero ocurre que sí lo entregó, y hay constancia documental inequívoca a propósito. Se trata de una carta escrita en el papel membretado de Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, signada por él y fechada el 6 de marzo, cuyo breve texto es elocuentísimo. El destinatario es el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. Las seis líneas de la carta dicen así, mayúsculas respetadas:
"El de hoy (sic, pues falta la palabra día) recibí el Informe Especial sobre los Acontecimientos de Oaxaca, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentará ante las Comisiones del Congreso de la Unión el próximo día 15".
"El compromiso que asumimos con el Presidente de la Comisión, fue hacerle llegar nuestras observaciones y opiniones en un término de 72 hrs., por lo que le solicito atentamente los comentarios que el referido informe le merezca, a la brevedad posible".
Podría haber ocurrido que la primera línea del primer párrafo de la carta (recibí el Informe especial...) reflejara sólo una situación de hecho, resultante de que un informante de Gobernación obtuviera un ejemplar del documento citado. Pero la primera línea del segundo párrafo de la carta desnuda al informante sin lugar a dudas: Soberanes entregó a Ramírez Acuña el informe, no sólo para su conocimiento sino invitándolo a participar con observaciones en su configuración final, con la condición de que eso ocurriera en las 72 horas siguientes al recibo del documento en Bucareli.
Simple y llanamente, Soberanes mintió en ese caso. No disponemos aún de constancias documentales de que lo haga en otros, especialmente en el de la señora Ascensio Rosario. Es probable que la intervención de la CNDH en ese asunto no haya sido tan espontánea como sugiere el que la ejerza de oficio, sino por pedido de alguna autoridad federal, porque parte de la misma fecha en que la Procuraduría Militar iniciaba una averiguación previa que carecía de sentido de no ser porque algunos elementos del Ejército estaban involucrados en el momento inicial de la ventilación del caso.
Insistir en la evidencia (admitida en comunicados de la Sedena) de que hubo ataque sexual y probable participación de soldados es considerado en algunos medios de comunicación como terquedad que obedece a prejuicios o intereses. Y ha sido pretexto para torpes descalificaciones como la que pretendió Carlos Marín respecto de Carmen Aristegui, la más inteligente y acuciosa informadora de medios electrónicos. Pensé de pronto en la fábula del sapo y la luciérnaga en que ésta, sorprendida, pregunta al batracio por qué la aplasta y desde su rencor el agresor pregunta a su vez: ¿por qué brillas? Pero es una mala comparación porque en la vida real la luciérnaga sigue iluminando y el sapo se queda sapo.
Columna Plaza Pública
Diario Libertad
30 de abril de 2007
¿Usted le cree a Soberanes?
Yo tampoco. Porque es claro que a veces miente y en otras sospecho que lo hace. Como en el caso de la señora Ernestina Ascensio Rosario, probablemente asesinada, en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside el doctor José Luis Soberanes ha adoptado una línea de investigación que permita exonerar a priori a miembros del Ejército, inicialmente señalados como presuntos responsables del ataque sexual a la anciana de habla náhuatl que moriría a causa de esa agresión.
El primero en establecer como médica y no mecánica la causa de la muerte de la señora que pastoreaba sus animales la tarde del domingo en que fue agredida (o en que, para compartir esa absurda tesis, comenzó su agonía) fue el presidente Calderón, quien espontáneamente, sin pregunta expresa, en una entrevista para festejar sus cien días de gobierno dictaminó sobre el caso. Dijo textualmente el 12 de marzo, a La Jornada, que "la CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida" y agregó contundente: "No hay rastros de que haya sido violada". Soberanes y la Comisión han negado haber informado a Calderón, antes que a nadie -porque la CNDH sólo emitió un boletín sobre el caso el 14 de marzo- sobre el resultado de la segunda necropsia, practicada el viernes 9 de marzo (en cuyo documento, por cierto, se lee sin lugar a dudas que la causa de la muerte fue mecánica, no médica). Ha sugerido que personal militar presente en la exhumación pudo haber sido la fuente de la información presidencial. Que no es así lo indica no sólo la mención expresa de Calderón a la CNDH sino el silencio de la autoridad militar (el general secretario de la Defensa Guillermo Galván Galván pudo haberlo dicho a los diputados en su comparecencia del jueves pasado) que no tendría empacho en reconocer que había ofrecido tal información a su jefe supremo.
Refuerza la hipótesis de que Soberanes miente sobre la filtración indebida de información a los afectados, la infidencia del diputado panista, general retirado Jorge González, que el 28 de marzo blandió ante reporteros un documento de la CNDH, donde se desarrolló el esbozo iniciado el 14 anterior, que sólo se publicaría al día siguiente, 29 de marzo, con esa fecha.
El descrédito de la palabra de Soberanes creció por un hecho en torno al informe de la CNDH sobre Oaxaca, presentado ante diputados el 15 de marzo anterior. Explícitamente la reportera Marcela Turati preguntó a Soberanes si había hecho conocer ese documento a Gobernación antes de su comparecencia legislativa. El ombudsman lo negó enfáticamente: "No, no, no...nosotros no lo presentamos a Gobernación ni mucho menos. Sería suicida, ¿no? (Excélsior, 26 de abril).
Pero ocurre que sí lo entregó, y hay constancia documental inequívoca a propósito. Se trata de una carta escrita en el papel membretado de Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, signada por él y fechada el 6 de marzo, cuyo breve texto es elocuentísimo. El destinatario es el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. Las seis líneas de la carta dicen así, mayúsculas respetadas:
"El de hoy (sic, pues falta la palabra día) recibí el Informe Especial sobre los Acontecimientos de Oaxaca, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentará ante las Comisiones del Congreso de la Unión el próximo día 15".
"El compromiso que asumimos con el Presidente de la Comisión, fue hacerle llegar nuestras observaciones y opiniones en un término de 72 hrs., por lo que le solicito atentamente los comentarios que el referido informe le merezca, a la brevedad posible".
Podría haber ocurrido que la primera línea del primer párrafo de la carta (recibí el Informe especial...) reflejara sólo una situación de hecho, resultante de que un informante de Gobernación obtuviera un ejemplar del documento citado. Pero la primera línea del segundo párrafo de la carta desnuda al informante sin lugar a dudas: Soberanes entregó a Ramírez Acuña el informe, no sólo para su conocimiento sino invitándolo a participar con observaciones en su configuración final, con la condición de que eso ocurriera en las 72 horas siguientes al recibo del documento en Bucareli.
Simple y llanamente, Soberanes mintió en ese caso. No disponemos aún de constancias documentales de que lo haga en otros, especialmente en el de la señora Ascensio Rosario. Es probable que la intervención de la CNDH en ese asunto no haya sido tan espontánea como sugiere el que la ejerza de oficio, sino por pedido de alguna autoridad federal, porque parte de la misma fecha en que la Procuraduría Militar iniciaba una averiguación previa que carecía de sentido de no ser porque algunos elementos del Ejército estaban involucrados en el momento inicial de la ventilación del caso.
Insistir en la evidencia (admitida en comunicados de la Sedena) de que hubo ataque sexual y probable participación de soldados es considerado en algunos medios de comunicación como terquedad que obedece a prejuicios o intereses. Y ha sido pretexto para torpes descalificaciones como la que pretendió Carlos Marín respecto de Carmen Aristegui, la más inteligente y acuciosa informadora de medios electrónicos. Pensé de pronto en la fábula del sapo y la luciérnaga en que ésta, sorprendida, pregunta al batracio por qué la aplasta y desde su rencor el agresor pregunta a su vez: ¿por qué brillas? Pero es una mala comparación porque en la vida real la luciérnaga sigue iluminando y el sapo se queda sapo.
lunes, abril 02, 2007
Ernestina y la CNDH
Ernestina Ascencio Rosario
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma
30 de marzo de 2007
La Comisión Nacional de Derechos Humanos que se introdujo al caso de la señora indígena ultrajada y muerta reconociendo que falleció a causa de las lesiones que le fueron infligidas, transitó hasta negarlo y ahora endereza su acción contra la Procuraduría veracruzana
No nos sorprendamos si pronto se nos dice que en realidad se suicidó la señora Ernestina Ascensio Rosario, una mujer indígena de 73 años, cuya familia la encontró moribunda en el campo donde pastoreaba sus ovejas, a tiempo de oírla denunciar que había sido atacada por militares, infame agresión que habría generado su muerte. En "la etapa final de la elaboración de la opinión integral sobre el caso", la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió ayer un comunicado en que sugiere que la víctima falleció de causas naturales, insinúa que no hubo violación y asegura que "no se observaron lesiones de origen traumático exterior". En un episodio en que integrantes del Ejército podrían estar involucrados, es grave que antes que hacerlo saber a la opinión pública, la oficina del ombudsman nacional hiciera conocer esa información a los mandos castrenses, incluido el comandante supremo de las fuerzas armadas.
El 3 de marzo la CNDH informó haber abierto una "queja de oficio" sobre el caso de la señora Ascensio Rosario "quien falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas". Es probable que tres semanas más tarde esa Comisión hallara que se equivocó en ese diagnóstico precoz, pero no ha expresado que hubiera error en su afirmación inicial, que consta así con todas sus letras: "falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas".
Días más tarde, la CNDH detectó "diversas omisiones e inconsistencias en los estudios técnico-periciales realizados por personal médico de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz", por lo que solicitó exhumar el cadáver y la práctica de una nueva necropsia. Esos hechos se realizaron el viernes 9 de marzo. El lunes siguiente, antes que nadie -¿no se ha dicho que el Presidente es el hombre mejor informado de México?- Felipe Calderón estaba al tanto del resultado de la necropsia. Sólo que oyó o leyó mal el informe que le fue ofrecido (él mismo sugirió que por la propia CNDH) y atribuyó el fallecimiento de la señora a "gastritis crónica no atendida". Negó también que hubiera violación. Todo lo dijo sin mediar pregunta al respecto en una entrevista a La Jornada con motivo de los 100 días de su gobierno.
Al leer esa declaración, Julio Atenco, funcionario municipal en el ayuntamiento de Soledad Atzompa y fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, se comunicó con el licenciado Pedro Armendáriz Enríquez, visitador de la CNDH que solicitó la exhumación, quien le habría dicho "No sabemos de dónde sacó esa información el Presidente. La exhumación fue apenas el viernes y es imposible que ya existan resultados; además, la información es confidencial". (La Jornada, 15 de marzo) Sin embargo, de inmediato el mencionado visitador negó "categóricamente haber realizado tales aseveraciones... en ese sentido o en cualquier otro" y aclaró que "en ningún momento coordiné el grupo interdisciplinario de trabajo de la CNDH que realizó esas actividades".
En tanto, la Comisión emitió un segundo comunicado el 14 de marzo en que, como ahora mismo, orientó su pesquisa al modo en que se realizó la autopsia y no tanto al caso de la señora Ascensio Rosario (a quien ya había cambiado el primer apellido y llamaba Ascensión). Dijo que el personal médico forense de la Procuraduría estatal incurrió en omisiones que lo condujeron "a asegurar indebidamente que la anciana falleció por 'traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales y anemia aguda'". Conforme a "la revisión del 9 de marzo", dijo la CNDH, "no existe luxación o fractura de esas o de ninguna otra vértebra". Informó también la Comisión que "en la exhumación del cadáver no se corroboró perforación alguna en el recto ni los 'múltiples desgarros' que manifestaba la autopsia". Las equimosis en el cuerpo de la víctima, supuso la comisión, no se produjeron por "maniobras de sujeción o sometimiento" sino quizá "fueron producidas al ser cargada y trasladada antes de fallecer". Eso no obstante, la CNDH manifestó "que en tanto no se esclarezcan las causas de la muerte de Ernestina Ascensión Rosario se presume la violación de su derecho fundamental a la vida".
En su comunicado de ayer, donde restituye a la víctima su apellido verdadero, la Comisión sugiere que falleció de muerte natural. No lo afirma, pero lo insinúa: "se cuenta con datos histopatológicos indicativos de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo ordinario secundario a úlceras gástricas pépticas agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna y un proceso neumónico en etapa de resolución. Adicionalmente a estas causas de origen médico, no se observaron lesiones de origen traumático al exterior".
Conocedor de esta descripción en la víspera de que la CNDH la hiciera pública, el diputado panista, general retirado Justiniano González, presidente de la Comisión de defensa nacional en San Lázaro expresó en declaración periodística lo que la CNDH no se atrevió a afirmar: que la señora falleció "debido a una anemia aguda secundaria". Y citó como fuente un "dictamen oficial", la información de la CNDH a la que tuvo acceso privilegiado (La Jornada, 29 de marzo).
Dejadas atrás de ese modo las imputaciones a militares -no obstante que un comunicado del Ejército mencionó la existencia de líquido seminal en el cuerpo de la señora Ernestina- ahora la pesquisa se dirige contra el Ministerio Público local y sus auxiliares.
Cajón de Sastre
El gobierno de Estados Unidos confirmó su advertencia sobre la situación política de Oaxaca y recomendó cautela a sus nacionales si viajan a esa entidad. Habría sido un gesto atinado que el presidente Felipe Calderón tuviera en cuenta esas consideraciones y se abstuviera de ir a esa entidad o, en caso extremo, hacerlo con cuidado. Pero se comprende que se desplazara a Oaxaca pues, por un lado, no corre riesgos personales y, por otro lado, ha de ser fiel cumplidor de sus compromisos. La escolta y el circuito de seguridad que rodean al Ejecutivo, más amplios y rigurosos que nunca, le impiden aproximarse a la realidad de los lugares que visita. Y tiene que recompensar el apoyo que el PRI le ofrece para afianzarse en la silla, contribuyendo a que gobernadores en cuestión como el de Puebla, Mario Marín, y como Ulises Ruiz superen sus contratiempos. La recomendación norteamericana revela un mayor sentido de la realidad que el del Presidente, que parece desarrollar las afinidades electivas de que habló Goethe.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
Líquido seminal
Carmen Aristegui
Reforma
30 de marzo de 2007
El caso de la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario, ocurrida el 26 de febrero en la Sierra de Zongolica, ha entrado en un oscuro territorio plagado de dudas, confusiones y muchas interrogantes. Estamos frente a una situación que involucra tal cantidad de cosas, que la sociedad mexicana debería ocuparse en seguir los detalles de la historia. En primerísimo lugar, la verdad sobre la muerte de una persona que reunía los rasgos de mayor vulnerabilidad posible en la sociedad mexicana -mujer, indígena y anciana- en condiciones que deben quedar totalmente aclaradas. Van de por medio los sistemas de justicia estatal, federal y militar, así como la palabra del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, que se comprometió en persona con la autoridad municipal de Soledad Atzompa y con líderes y representantes partidistas del PRD y de Alternativa, a llegar al fondo en las investigaciones. Va de por medio la credibilidad de la CNDH y, por si fuera poco, la fiabilidad de la voz del presidente Calderón. Y va de por medio el derecho de los mexicanos a una información veraz y confiable. Hoy hay dos versiones: la que se difundió desde el primer momento, sobre cómo Ernestina fue víctima de una violación tumultuaria por parte de elementos del Ejército mientras llevaba a pastar a sus ovejas. Se cuenta con testimonios de los pobladores y el de su hija Martha quien, en lengua náhuatl, ha dicho que su madre antes de morir le dijo que "los soldados se le habían echado encima". La primera información oficial disponible corroboraba los hechos. El subprocurador de Veracruz, Miguel Mina, informó días después de la muerte: "es un hecho aberrante y no lo podemos soslayar... de acuerdo al dictamen médico pericial, hay un traumatismo craneoencefálico, que son golpes en la cabeza, y anemia aguda producida por un desgarro que, de acuerdo al médico, había perforado parte de la región anal y que eso hubiese provocado la misma". La otra versión, se sostiene en la necropsia realizada a petición de la CNDH después de la exhumación. Ayer José Luis Soberanes informó que "...no murió de este traumatismo craneoencefálico, sino de una anemia aguda, debido a un sangrado en el tubo digestivo ocasionado por úlcera péptica. Eso fue de lo que murió y también... se llegó a la conclusión... de que no había habido tal violación ni propia ni impropia". ¿Qué pasó entonces? ¿Fue violada o no por soldados del Ejército? ¿Murió o no a consecuencia de una acción aberrante? El comunicado de la CNDH descalifica de tal manera las informaciones de la autoridad local que anuncia también que denunciará los presuntos delitos y faltas administrativas de funcionarios de la Procuraduría de Veracruz. Conclusión: según la CNDH, nada de lo que se dijo anteriormente sobre este caso es cierto. Murió, como lo dijo Felipe Calderón anticipadamente a Elena Gallegos en La Jornada, de una gastritis mal tratada. No hubo violación de soldados, no hubo golpes, no hubo fracturas, no hubo nada de lo que dicen testimonios ni mucho menos nada de lo que informó, en su momento, el subprocurador Mina. ¿Todo se inventó? ¿De veras -como algunos sugieren- los pobladores de la Zongolica están utilizando la muerte de su hermana mayor -como le llaman a Ernestina- para presionar a que los militares se vayan de esta zona en la que se presume existe presencia guerrillera?, o ¿estamos frente a una distorsión de la justicia para encubrir hechos aberrantes de abusos del Ejército en contra de la población civil? Por lo pronto hay demasiadas preguntas que deben ser contestadas. ¿Por qué, si no hubo tal violación, el Ejército informó en su segundo comunicado 019 del 6 de marzo que "...especialistas, llevan a cabo el dictamen pericial... consistente en comparar el líquido seminal recogido de la hoy occisa"? Al día siguiente emitió el comunicado 020 informando que se tomaron muestras hemáticas a todo el personal de la base de operaciones y que "...junto con la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta, serán trasladadas a la ciudad de México, para que con apoyo de los servicios de la PGR, se obtengan los perfiles genéticos... los resultados... tienen un tiempo estimado de 15 ó 20 días". Si no hubo violación, ¿cómo es que el Ejército envió muestras de sangre y de líquido seminal para ser analizadas al DF? ¿También lo inventó? ¿Por qué el Ejército emitió un comunicado, el 019, que después sustituyó por otro de mismo número, en dónde señalaba: "...delincuentes que utilizaron prendas militares, perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta Dependencia... y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades".
¿Perpetraron el crimen? ¿Hubo o no crimen? Si no hubo crimen, ¿por qué sintieron algunas autoridades la necesidad de regalar casas y bicicletas a los familiares de Ernestina Ascensio en los últimos días? ¿Por qué se ve en una fotografía de Ernestina un charco de sangre junto a su cabeza, si la hemorragia fue interna y por razones médicas? Ayer Soberanes contestó: "Habría que preguntarle a los peritos nuestros que estuvieron ahí presentes cuál fue el origen de esta sangre. Yo por el momento no se lo puedo decir". Por la memoria de esta mujer y por nuestro derecho a la verdad, la interrogante mayor debe esclarecerse: ¿cómo murió Ernestina?
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma
30 de marzo de 2007
La Comisión Nacional de Derechos Humanos que se introdujo al caso de la señora indígena ultrajada y muerta reconociendo que falleció a causa de las lesiones que le fueron infligidas, transitó hasta negarlo y ahora endereza su acción contra la Procuraduría veracruzana
No nos sorprendamos si pronto se nos dice que en realidad se suicidó la señora Ernestina Ascensio Rosario, una mujer indígena de 73 años, cuya familia la encontró moribunda en el campo donde pastoreaba sus ovejas, a tiempo de oírla denunciar que había sido atacada por militares, infame agresión que habría generado su muerte. En "la etapa final de la elaboración de la opinión integral sobre el caso", la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió ayer un comunicado en que sugiere que la víctima falleció de causas naturales, insinúa que no hubo violación y asegura que "no se observaron lesiones de origen traumático exterior". En un episodio en que integrantes del Ejército podrían estar involucrados, es grave que antes que hacerlo saber a la opinión pública, la oficina del ombudsman nacional hiciera conocer esa información a los mandos castrenses, incluido el comandante supremo de las fuerzas armadas.
El 3 de marzo la CNDH informó haber abierto una "queja de oficio" sobre el caso de la señora Ascensio Rosario "quien falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas". Es probable que tres semanas más tarde esa Comisión hallara que se equivocó en ese diagnóstico precoz, pero no ha expresado que hubiera error en su afirmación inicial, que consta así con todas sus letras: "falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas".
Días más tarde, la CNDH detectó "diversas omisiones e inconsistencias en los estudios técnico-periciales realizados por personal médico de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz", por lo que solicitó exhumar el cadáver y la práctica de una nueva necropsia. Esos hechos se realizaron el viernes 9 de marzo. El lunes siguiente, antes que nadie -¿no se ha dicho que el Presidente es el hombre mejor informado de México?- Felipe Calderón estaba al tanto del resultado de la necropsia. Sólo que oyó o leyó mal el informe que le fue ofrecido (él mismo sugirió que por la propia CNDH) y atribuyó el fallecimiento de la señora a "gastritis crónica no atendida". Negó también que hubiera violación. Todo lo dijo sin mediar pregunta al respecto en una entrevista a La Jornada con motivo de los 100 días de su gobierno.
Al leer esa declaración, Julio Atenco, funcionario municipal en el ayuntamiento de Soledad Atzompa y fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, se comunicó con el licenciado Pedro Armendáriz Enríquez, visitador de la CNDH que solicitó la exhumación, quien le habría dicho "No sabemos de dónde sacó esa información el Presidente. La exhumación fue apenas el viernes y es imposible que ya existan resultados; además, la información es confidencial". (La Jornada, 15 de marzo) Sin embargo, de inmediato el mencionado visitador negó "categóricamente haber realizado tales aseveraciones... en ese sentido o en cualquier otro" y aclaró que "en ningún momento coordiné el grupo interdisciplinario de trabajo de la CNDH que realizó esas actividades".
En tanto, la Comisión emitió un segundo comunicado el 14 de marzo en que, como ahora mismo, orientó su pesquisa al modo en que se realizó la autopsia y no tanto al caso de la señora Ascensio Rosario (a quien ya había cambiado el primer apellido y llamaba Ascensión). Dijo que el personal médico forense de la Procuraduría estatal incurrió en omisiones que lo condujeron "a asegurar indebidamente que la anciana falleció por 'traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales y anemia aguda'". Conforme a "la revisión del 9 de marzo", dijo la CNDH, "no existe luxación o fractura de esas o de ninguna otra vértebra". Informó también la Comisión que "en la exhumación del cadáver no se corroboró perforación alguna en el recto ni los 'múltiples desgarros' que manifestaba la autopsia". Las equimosis en el cuerpo de la víctima, supuso la comisión, no se produjeron por "maniobras de sujeción o sometimiento" sino quizá "fueron producidas al ser cargada y trasladada antes de fallecer". Eso no obstante, la CNDH manifestó "que en tanto no se esclarezcan las causas de la muerte de Ernestina Ascensión Rosario se presume la violación de su derecho fundamental a la vida".
En su comunicado de ayer, donde restituye a la víctima su apellido verdadero, la Comisión sugiere que falleció de muerte natural. No lo afirma, pero lo insinúa: "se cuenta con datos histopatológicos indicativos de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo ordinario secundario a úlceras gástricas pépticas agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna y un proceso neumónico en etapa de resolución. Adicionalmente a estas causas de origen médico, no se observaron lesiones de origen traumático al exterior".
Conocedor de esta descripción en la víspera de que la CNDH la hiciera pública, el diputado panista, general retirado Justiniano González, presidente de la Comisión de defensa nacional en San Lázaro expresó en declaración periodística lo que la CNDH no se atrevió a afirmar: que la señora falleció "debido a una anemia aguda secundaria". Y citó como fuente un "dictamen oficial", la información de la CNDH a la que tuvo acceso privilegiado (La Jornada, 29 de marzo).
Dejadas atrás de ese modo las imputaciones a militares -no obstante que un comunicado del Ejército mencionó la existencia de líquido seminal en el cuerpo de la señora Ernestina- ahora la pesquisa se dirige contra el Ministerio Público local y sus auxiliares.
Cajón de Sastre
El gobierno de Estados Unidos confirmó su advertencia sobre la situación política de Oaxaca y recomendó cautela a sus nacionales si viajan a esa entidad. Habría sido un gesto atinado que el presidente Felipe Calderón tuviera en cuenta esas consideraciones y se abstuviera de ir a esa entidad o, en caso extremo, hacerlo con cuidado. Pero se comprende que se desplazara a Oaxaca pues, por un lado, no corre riesgos personales y, por otro lado, ha de ser fiel cumplidor de sus compromisos. La escolta y el circuito de seguridad que rodean al Ejecutivo, más amplios y rigurosos que nunca, le impiden aproximarse a la realidad de los lugares que visita. Y tiene que recompensar el apoyo que el PRI le ofrece para afianzarse en la silla, contribuyendo a que gobernadores en cuestión como el de Puebla, Mario Marín, y como Ulises Ruiz superen sus contratiempos. La recomendación norteamericana revela un mayor sentido de la realidad que el del Presidente, que parece desarrollar las afinidades electivas de que habló Goethe.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
Líquido seminal
Carmen Aristegui
Reforma
30 de marzo de 2007
El caso de la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario, ocurrida el 26 de febrero en la Sierra de Zongolica, ha entrado en un oscuro territorio plagado de dudas, confusiones y muchas interrogantes. Estamos frente a una situación que involucra tal cantidad de cosas, que la sociedad mexicana debería ocuparse en seguir los detalles de la historia. En primerísimo lugar, la verdad sobre la muerte de una persona que reunía los rasgos de mayor vulnerabilidad posible en la sociedad mexicana -mujer, indígena y anciana- en condiciones que deben quedar totalmente aclaradas. Van de por medio los sistemas de justicia estatal, federal y militar, así como la palabra del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, que se comprometió en persona con la autoridad municipal de Soledad Atzompa y con líderes y representantes partidistas del PRD y de Alternativa, a llegar al fondo en las investigaciones. Va de por medio la credibilidad de la CNDH y, por si fuera poco, la fiabilidad de la voz del presidente Calderón. Y va de por medio el derecho de los mexicanos a una información veraz y confiable. Hoy hay dos versiones: la que se difundió desde el primer momento, sobre cómo Ernestina fue víctima de una violación tumultuaria por parte de elementos del Ejército mientras llevaba a pastar a sus ovejas. Se cuenta con testimonios de los pobladores y el de su hija Martha quien, en lengua náhuatl, ha dicho que su madre antes de morir le dijo que "los soldados se le habían echado encima". La primera información oficial disponible corroboraba los hechos. El subprocurador de Veracruz, Miguel Mina, informó días después de la muerte: "es un hecho aberrante y no lo podemos soslayar... de acuerdo al dictamen médico pericial, hay un traumatismo craneoencefálico, que son golpes en la cabeza, y anemia aguda producida por un desgarro que, de acuerdo al médico, había perforado parte de la región anal y que eso hubiese provocado la misma". La otra versión, se sostiene en la necropsia realizada a petición de la CNDH después de la exhumación. Ayer José Luis Soberanes informó que "...no murió de este traumatismo craneoencefálico, sino de una anemia aguda, debido a un sangrado en el tubo digestivo ocasionado por úlcera péptica. Eso fue de lo que murió y también... se llegó a la conclusión... de que no había habido tal violación ni propia ni impropia". ¿Qué pasó entonces? ¿Fue violada o no por soldados del Ejército? ¿Murió o no a consecuencia de una acción aberrante? El comunicado de la CNDH descalifica de tal manera las informaciones de la autoridad local que anuncia también que denunciará los presuntos delitos y faltas administrativas de funcionarios de la Procuraduría de Veracruz. Conclusión: según la CNDH, nada de lo que se dijo anteriormente sobre este caso es cierto. Murió, como lo dijo Felipe Calderón anticipadamente a Elena Gallegos en La Jornada, de una gastritis mal tratada. No hubo violación de soldados, no hubo golpes, no hubo fracturas, no hubo nada de lo que dicen testimonios ni mucho menos nada de lo que informó, en su momento, el subprocurador Mina. ¿Todo se inventó? ¿De veras -como algunos sugieren- los pobladores de la Zongolica están utilizando la muerte de su hermana mayor -como le llaman a Ernestina- para presionar a que los militares se vayan de esta zona en la que se presume existe presencia guerrillera?, o ¿estamos frente a una distorsión de la justicia para encubrir hechos aberrantes de abusos del Ejército en contra de la población civil? Por lo pronto hay demasiadas preguntas que deben ser contestadas. ¿Por qué, si no hubo tal violación, el Ejército informó en su segundo comunicado 019 del 6 de marzo que "...especialistas, llevan a cabo el dictamen pericial... consistente en comparar el líquido seminal recogido de la hoy occisa"? Al día siguiente emitió el comunicado 020 informando que se tomaron muestras hemáticas a todo el personal de la base de operaciones y que "...junto con la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta, serán trasladadas a la ciudad de México, para que con apoyo de los servicios de la PGR, se obtengan los perfiles genéticos... los resultados... tienen un tiempo estimado de 15 ó 20 días". Si no hubo violación, ¿cómo es que el Ejército envió muestras de sangre y de líquido seminal para ser analizadas al DF? ¿También lo inventó? ¿Por qué el Ejército emitió un comunicado, el 019, que después sustituyó por otro de mismo número, en dónde señalaba: "...delincuentes que utilizaron prendas militares, perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta Dependencia... y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades".
¿Perpetraron el crimen? ¿Hubo o no crimen? Si no hubo crimen, ¿por qué sintieron algunas autoridades la necesidad de regalar casas y bicicletas a los familiares de Ernestina Ascensio en los últimos días? ¿Por qué se ve en una fotografía de Ernestina un charco de sangre junto a su cabeza, si la hemorragia fue interna y por razones médicas? Ayer Soberanes contestó: "Habría que preguntarle a los peritos nuestros que estuvieron ahí presentes cuál fue el origen de esta sangre. Yo por el momento no se lo puedo decir". Por la memoria de esta mujer y por nuestro derecho a la verdad, la interrogante mayor debe esclarecerse: ¿cómo murió Ernestina?
viernes, marzo 16, 2007
Calderón: burla y encubrimiento
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma
14 de marzo de 2007
Sin información, o con ánimo de encubrir a miembros de las Fuerzas Armadas a las que tanto se ha acercado, Felipe Calderón asegura rotundamente que la señora Ernestina Ascensio Rosario no fue violada, y que murió por una gastritis crónica mal atendida
El lunes fue un día ajetreado para Felipe Calderón. Antes de viajar a Mérida para encontrarse al día siguiente con su invitado, el presidente George W. Bush, recibió en Los Pinos a su antecesor -y uno de los artífices de su ascenso al poder- Vicente Fox, con quien comió. Y concedió entrevistas a por lo menos dos diarios, Excélsior (es decir, al Grupo Imagen, poseedor de ese periódico, varias emisoras radiofónicas y un canal de televisión) y La Jornada. Era su modo de festejar los 100 días de su gobierno.
A Elena Gallegos, coordinadora de información general del segundo de esos diarios, le habló de la intervención del Ejército en asuntos de seguridad y "a manera de despedida", se refirió a la señora Ernestina Ascensio Rosario. Ofreció una visión sorprendente del caso, ignoro si producto de la desinformación o elaborada para exonerar desde su altura a miembros de las Fuerzas Armadas que probablemente participaron en el ultraje bárbaro a esa anciana de 73 años de edad atacada sexualmente, y muerta en Tetlalzingo, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica en Veracruz. Dijo Calderón a la reportera, sin pregunta previa: "He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica... La CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes puedan tener, por sus medios, acceso a esa información".
Quién sabe, por los suyos, de dónde obtuvo datos para esa patraña el Presidente. Cada palabra, cada una de esas líneas revela ignorancia de la situación. No "se dice" que asesinaron a esa señora. No es chisme, un rumor banal. Es un hecho, que ha suscitado averiguaciones de la Procuraduría militar, que a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, depende del Ejecutivo; y de la procuraduría estatal veracruzana. Efectivamente la CNDH intervino, pero no ha producido informes sobre la presencia y actuación de los visitadores enviados a la comarca. No, al menos, los ha hecho públicos, por lo que habría que preguntarse si comunicó privadamente al Ejecutivo los avances de su investigación. En un caso tan delicado se comprendería que lo hiciera, pero sería útil saber si lo hizo.
La oficina del ombudsman nacional solicitó exhumar el cadáver para la práctica de una segunda autopsia. En términos ambiguos y escandalosos, Calderón informa que "lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida". ¿A cuál necropsia se refirió quien horas después sería el anfitrión de Bush? ¿A la primera, declarada insuficiente por lo cual se dispuso la práctica de una segunda? ¿A ésa, realizada 48 horas antes de que hablara de ella el Ejecutivo federal? Y, ¿de cuál de ellas obtuvo la información que le permite afirmar rotundamente que "no hay rastros de que haya sido violada"?
Los hay, para información del Presidente, en abundancia. Y también de la golpiza que le provocó fracturas. Y de la brutalidad con que la ultrajaron. Quizá la negligencia médica que ahora se investiga respecto de quienes presuntamente la desatendieron en el hospital de Río Blanco contribuyó a su muerte. Pero las causas fueron otras. Y desde luego no la gastritis crónica no atendida.
Miguel Mina Rodríguez, subprocurador de justicia de Veracruz, encargado de la zona centro informó: "El dictamen médico pericial revela que tenía fractura de cráneo y fractura de costillas, así como lesiones en diversas partes del cuerpo".
El funcionario, igualmente "confirma que la violación fue por la vía anal y por la vía vaginal". Y explica: "Se encontraron laceraciones y desgarres en la vía anal, lo mismo que en la vía vaginal...". Agregó que la muerte fue causada "por la fractura de cráneo y por la anemia que le produjo una hemorragia en la vía anal". Y, en fin, a la pregunta de si han llamado a declarar a militares, el subprocurador Mina Rodríguez aceptó, el viernes 9: "Sí, sí. Hemos requerido a cuatro. Pero hasta el momento no han venido a comparecer. Me informan que ellos allá están practicando sus propias diligencias" (Proceso, 11 de marzo).
Efectivamente están haciéndolo. Y han emitido boletines al respecto, que su comandante supremo desconoce. De lo contrario, sabría que en su comunicado número 19 (el segundo de ese número, sustituto de otro que fue súbitamente retirado de la circulación) la Secretaría de la Defensa Nacional informó que "peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar". La sola presencia de ese líquido muestra el ajetreo sexual a que fue brutalmente sometida la víctima. De modo que se hace urgente que la Sedena corrija a su jefe informándole que sí "hay rastros de que haya sido violada".
También debe ser informado el mando supremo, para que no haga aseveraciones sin sentido, que anteayer lunes, el mismo día en que Calderón expresó sus despropósitos, el alcalde de Soledad Atzompa tuvo "información dada a conocer por el Ejército mexicano" de que un soldado ha sido detenido y dos más están arraigados, como consecuencia del avance de las investigaciones.
Calderón ha sacado de sus cuarteles a las tropas, sus jefes y oficiales y no pierde ocasión de congraciarse con ellos, amén de aumentar sus haberes en montos 10 veces mayores al incremento de los salarios generales. ¿Pretende también encubrirlos?
Cajón de Sastre
Treinta y cuatro días antes de cumplir 100 años murió Antonio Ortiz Mena, nacido en Hidalgo del Parral, Chihuahua el 16 de abril de 1907. Formado en la Universidad Nacional como licenciado en derecho, se adentró en las finanzas estatales en el Banco Nacional Hipotecario, urbano y de obras públicas, en los años iniciales de su ejercicio profesional. Su primer cargo de responsabilidad fue la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social y luego fue, durante casi 12 años (bajo los presidentes López Mateos y Díaz Ordaz), secretario de Hacienda, impulsor (junto con Rodrigo Gómez, director del Banco de México) de la política económica del desarrollo estabilizador, que propició el crecimiento industrial y el fortalecimiento de la clase media. También fue largo su periodo al frente del Banco Interamericano de Desarrollo: 17 años que hubieran podido ser más de 20, porque renunció antes de concluir su último periodo. Todavía fue director, en reemplazo de Fernando Solana, de Banamex en la etapa en que fue propiedad estatal.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
Reforma
14 de marzo de 2007
Sin información, o con ánimo de encubrir a miembros de las Fuerzas Armadas a las que tanto se ha acercado, Felipe Calderón asegura rotundamente que la señora Ernestina Ascensio Rosario no fue violada, y que murió por una gastritis crónica mal atendida
El lunes fue un día ajetreado para Felipe Calderón. Antes de viajar a Mérida para encontrarse al día siguiente con su invitado, el presidente George W. Bush, recibió en Los Pinos a su antecesor -y uno de los artífices de su ascenso al poder- Vicente Fox, con quien comió. Y concedió entrevistas a por lo menos dos diarios, Excélsior (es decir, al Grupo Imagen, poseedor de ese periódico, varias emisoras radiofónicas y un canal de televisión) y La Jornada. Era su modo de festejar los 100 días de su gobierno.
A Elena Gallegos, coordinadora de información general del segundo de esos diarios, le habló de la intervención del Ejército en asuntos de seguridad y "a manera de despedida", se refirió a la señora Ernestina Ascensio Rosario. Ofreció una visión sorprendente del caso, ignoro si producto de la desinformación o elaborada para exonerar desde su altura a miembros de las Fuerzas Armadas que probablemente participaron en el ultraje bárbaro a esa anciana de 73 años de edad atacada sexualmente, y muerta en Tetlalzingo, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica en Veracruz. Dijo Calderón a la reportera, sin pregunta previa: "He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica... La CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes puedan tener, por sus medios, acceso a esa información".
Quién sabe, por los suyos, de dónde obtuvo datos para esa patraña el Presidente. Cada palabra, cada una de esas líneas revela ignorancia de la situación. No "se dice" que asesinaron a esa señora. No es chisme, un rumor banal. Es un hecho, que ha suscitado averiguaciones de la Procuraduría militar, que a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, depende del Ejecutivo; y de la procuraduría estatal veracruzana. Efectivamente la CNDH intervino, pero no ha producido informes sobre la presencia y actuación de los visitadores enviados a la comarca. No, al menos, los ha hecho públicos, por lo que habría que preguntarse si comunicó privadamente al Ejecutivo los avances de su investigación. En un caso tan delicado se comprendería que lo hiciera, pero sería útil saber si lo hizo.
La oficina del ombudsman nacional solicitó exhumar el cadáver para la práctica de una segunda autopsia. En términos ambiguos y escandalosos, Calderón informa que "lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida". ¿A cuál necropsia se refirió quien horas después sería el anfitrión de Bush? ¿A la primera, declarada insuficiente por lo cual se dispuso la práctica de una segunda? ¿A ésa, realizada 48 horas antes de que hablara de ella el Ejecutivo federal? Y, ¿de cuál de ellas obtuvo la información que le permite afirmar rotundamente que "no hay rastros de que haya sido violada"?
Los hay, para información del Presidente, en abundancia. Y también de la golpiza que le provocó fracturas. Y de la brutalidad con que la ultrajaron. Quizá la negligencia médica que ahora se investiga respecto de quienes presuntamente la desatendieron en el hospital de Río Blanco contribuyó a su muerte. Pero las causas fueron otras. Y desde luego no la gastritis crónica no atendida.
Miguel Mina Rodríguez, subprocurador de justicia de Veracruz, encargado de la zona centro informó: "El dictamen médico pericial revela que tenía fractura de cráneo y fractura de costillas, así como lesiones en diversas partes del cuerpo".
El funcionario, igualmente "confirma que la violación fue por la vía anal y por la vía vaginal". Y explica: "Se encontraron laceraciones y desgarres en la vía anal, lo mismo que en la vía vaginal...". Agregó que la muerte fue causada "por la fractura de cráneo y por la anemia que le produjo una hemorragia en la vía anal". Y, en fin, a la pregunta de si han llamado a declarar a militares, el subprocurador Mina Rodríguez aceptó, el viernes 9: "Sí, sí. Hemos requerido a cuatro. Pero hasta el momento no han venido a comparecer. Me informan que ellos allá están practicando sus propias diligencias" (Proceso, 11 de marzo).
Efectivamente están haciéndolo. Y han emitido boletines al respecto, que su comandante supremo desconoce. De lo contrario, sabría que en su comunicado número 19 (el segundo de ese número, sustituto de otro que fue súbitamente retirado de la circulación) la Secretaría de la Defensa Nacional informó que "peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar". La sola presencia de ese líquido muestra el ajetreo sexual a que fue brutalmente sometida la víctima. De modo que se hace urgente que la Sedena corrija a su jefe informándole que sí "hay rastros de que haya sido violada".
También debe ser informado el mando supremo, para que no haga aseveraciones sin sentido, que anteayer lunes, el mismo día en que Calderón expresó sus despropósitos, el alcalde de Soledad Atzompa tuvo "información dada a conocer por el Ejército mexicano" de que un soldado ha sido detenido y dos más están arraigados, como consecuencia del avance de las investigaciones.
Calderón ha sacado de sus cuarteles a las tropas, sus jefes y oficiales y no pierde ocasión de congraciarse con ellos, amén de aumentar sus haberes en montos 10 veces mayores al incremento de los salarios generales. ¿Pretende también encubrirlos?
Cajón de Sastre
Treinta y cuatro días antes de cumplir 100 años murió Antonio Ortiz Mena, nacido en Hidalgo del Parral, Chihuahua el 16 de abril de 1907. Formado en la Universidad Nacional como licenciado en derecho, se adentró en las finanzas estatales en el Banco Nacional Hipotecario, urbano y de obras públicas, en los años iniciales de su ejercicio profesional. Su primer cargo de responsabilidad fue la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social y luego fue, durante casi 12 años (bajo los presidentes López Mateos y Díaz Ordaz), secretario de Hacienda, impulsor (junto con Rodrigo Gómez, director del Banco de México) de la política económica del desarrollo estabilizador, que propició el crecimiento industrial y el fortalecimiento de la clase media. También fue largo su periodo al frente del Banco Interamericano de Desarrollo: 17 años que hubieran podido ser más de 20, porque renunció antes de concluir su último periodo. Todavía fue director, en reemplazo de Fernando Solana, de Banamex en la etapa en que fue propiedad estatal.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
lunes, marzo 12, 2007
Perversidad de las instituciones
Verónica Ortiz Lawrenz*
Columna La cáscara de la historia
EmeEquis
11 de marzo de 2007
La información es brutal. Una indígena de 78 años es golpeada y violada tumultuariamente en su propia casa por miembros del ejército mexicano en la comunidad de Tetlatzinga, Soledad Atzompa, Veracruz. Sus hijos la encuentran atada y moribunda. Hay testigos que ven a soldados entrar a la vivienda. La mujer fallece horas después a causa de la violencia ejercida sobre su cuerpo de anciana.
Ernestina Ascensio Rosario fue pastora, madre, abuela, bisabuela, mexicana, indígena nahua. Su pueblo es una zona de paz, de indígenas pobres. La historia trágica de Ernestina Ascensio y su familia es como muchas otras en nuestro país y tiene antecedentes.
Ya desde 2001, la Coordinación Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica denunció a pelotones del ejército que llegaban violando mujeres e invadiendo propiedades particulares donde instalaban sus cuarteles. Los militares al mando nunca atendieron las denuncias porque “ellos eran federales y estaban por encima de todos”, reporta Regina Martínez en la revista Proceso de la semana pasada. ¿Por qué los militares mexicanos están por encima de todos? ¿En qué se han convertido que ahora violan tumultuariamente a una anciana?
El ejército mexicano está en guerra. Sólo así podríamos explicarnos la saña, la perversión militar contra civiles. Todos los ejércitos se vuelven animales y se nutren de la sangre de sus enemigos cuando están en guerra. Porque en una guerra no hay culpables, caras ni nombres. Todos son asesinos. Sabemos que son cientos de denuncias contra el comportamiento indigno del ejército mexicano en todo el territorio.
Ahora, frente a la brutalidad ejercida contra Ernestina Ascensio por un pelotón de la 26 zona militar, este 25 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional deslinda a los efectivos locales con boletines plagados de falsedades: “Se han ejercido diversas acciones y exámenes médicos (…) no se ha encontrado prueba alguna que los involucre”, apunta el boletín No. 17. Cuatro oficiales y 79 soldados de la base de operaciones García, dice un segundo boletín del 6 de marzo, “han pasado exámenes minuciosos que determinan que ninguno ha tenido actividad sexual siete días antes” de la violación tumultuaria contra Ernestina Ascensio.
¡Mienten! Nadie, ningún médico o especialista en sexualidad es capaz de determinarlo. Bárbara Illán, ex procuradora en Delitos Sexuales, en los programas de radio y TV de Carmen Aristegui explica: porque un agresor sexual no siempre eyacula adentro de su víctima, porque los agresores no siempre se lastiman, sobre todo si es una violación tumultuaria contra una anciana. Por si fuera poco, el caso que debiera estar en la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz, porque la agresión fue contra una civil, sigue en manos militares.
La perversión de las instituciones es evidente: obispos de la iglesia católica cobijan a sacerdotes pederastas, el IFE, el Tribunal Electoral encubre y modifica información sustantiva de las últimas elecciones, el ejército es utilizado para intimidar y agredir a aquellos que se perciben como enemigos del sistema.
Los gobiernos estatales como el de Puebla, y ahora el de Veracruz, no dan garantías a los derechos de sus gobernados porque son parte del engranaje de corrupción e indignidad institucional. Usted, un campesino, una indígena, una mujer trabajadora, yo, cualquiera que se oponga o denuncie al poder infractor es el enemigo. Impunidad es la marca que deja el régimen que termina y el que empieza. Las instituciones al servicio del poder son culpables. Lo son por su indolencia y falta de autocrítica, su incapacidad de modernizarse y ejercer la justicia con democracia. Ellos son los responsables de este baño de sangre y violencia en el que vivimos hoy los mexicanos.
No seamos cómplices silenciosos ante tanta infamia. En el caso de Ernestina Ascensio y de cada mujer violada no sólo deberán ser juzgados y castigados los militares agresores, el hilo más delgado de este entramado perverso. También sus superiores, generadores de este sistema de intimidación aberrante que intenta adueñarse de nuestro futuro.
* Periodista y escritora, con una larga trayectoria en conducción de programas televisivos. Es autora de Mujeres de palabra y de la novela No me olvides.
Columna La cáscara de la historia
EmeEquis
11 de marzo de 2007
La información es brutal. Una indígena de 78 años es golpeada y violada tumultuariamente en su propia casa por miembros del ejército mexicano en la comunidad de Tetlatzinga, Soledad Atzompa, Veracruz. Sus hijos la encuentran atada y moribunda. Hay testigos que ven a soldados entrar a la vivienda. La mujer fallece horas después a causa de la violencia ejercida sobre su cuerpo de anciana.
Ernestina Ascensio Rosario fue pastora, madre, abuela, bisabuela, mexicana, indígena nahua. Su pueblo es una zona de paz, de indígenas pobres. La historia trágica de Ernestina Ascensio y su familia es como muchas otras en nuestro país y tiene antecedentes.
Ya desde 2001, la Coordinación Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica denunció a pelotones del ejército que llegaban violando mujeres e invadiendo propiedades particulares donde instalaban sus cuarteles. Los militares al mando nunca atendieron las denuncias porque “ellos eran federales y estaban por encima de todos”, reporta Regina Martínez en la revista Proceso de la semana pasada. ¿Por qué los militares mexicanos están por encima de todos? ¿En qué se han convertido que ahora violan tumultuariamente a una anciana?
El ejército mexicano está en guerra. Sólo así podríamos explicarnos la saña, la perversión militar contra civiles. Todos los ejércitos se vuelven animales y se nutren de la sangre de sus enemigos cuando están en guerra. Porque en una guerra no hay culpables, caras ni nombres. Todos son asesinos. Sabemos que son cientos de denuncias contra el comportamiento indigno del ejército mexicano en todo el territorio.
Ahora, frente a la brutalidad ejercida contra Ernestina Ascensio por un pelotón de la 26 zona militar, este 25 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional deslinda a los efectivos locales con boletines plagados de falsedades: “Se han ejercido diversas acciones y exámenes médicos (…) no se ha encontrado prueba alguna que los involucre”, apunta el boletín No. 17. Cuatro oficiales y 79 soldados de la base de operaciones García, dice un segundo boletín del 6 de marzo, “han pasado exámenes minuciosos que determinan que ninguno ha tenido actividad sexual siete días antes” de la violación tumultuaria contra Ernestina Ascensio.
¡Mienten! Nadie, ningún médico o especialista en sexualidad es capaz de determinarlo. Bárbara Illán, ex procuradora en Delitos Sexuales, en los programas de radio y TV de Carmen Aristegui explica: porque un agresor sexual no siempre eyacula adentro de su víctima, porque los agresores no siempre se lastiman, sobre todo si es una violación tumultuaria contra una anciana. Por si fuera poco, el caso que debiera estar en la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz, porque la agresión fue contra una civil, sigue en manos militares.
La perversión de las instituciones es evidente: obispos de la iglesia católica cobijan a sacerdotes pederastas, el IFE, el Tribunal Electoral encubre y modifica información sustantiva de las últimas elecciones, el ejército es utilizado para intimidar y agredir a aquellos que se perciben como enemigos del sistema.
Los gobiernos estatales como el de Puebla, y ahora el de Veracruz, no dan garantías a los derechos de sus gobernados porque son parte del engranaje de corrupción e indignidad institucional. Usted, un campesino, una indígena, una mujer trabajadora, yo, cualquiera que se oponga o denuncie al poder infractor es el enemigo. Impunidad es la marca que deja el régimen que termina y el que empieza. Las instituciones al servicio del poder son culpables. Lo son por su indolencia y falta de autocrítica, su incapacidad de modernizarse y ejercer la justicia con democracia. Ellos son los responsables de este baño de sangre y violencia en el que vivimos hoy los mexicanos.
No seamos cómplices silenciosos ante tanta infamia. En el caso de Ernestina Ascensio y de cada mujer violada no sólo deberán ser juzgados y castigados los militares agresores, el hilo más delgado de este entramado perverso. También sus superiores, generadores de este sistema de intimidación aberrante que intenta adueñarse de nuestro futuro.
* Periodista y escritora, con una larga trayectoria en conducción de programas televisivos. Es autora de Mujeres de palabra y de la novela No me olvides.
Más allá del fuero militar
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma
11 de marzo de 2007
En el caso de la muerte de Ernestina Ascensio, el Ejército pasó de la duda jurídica a la certeza de que el crimen contra la indígena veracruzana fue una acción de grupos delictivos para desprestigiar a las fuerzas castrenses.
Anteayer viernes fueron exhumados los restos de la señora Ernestina Ascensio Rosario, muerta a los 73 años de edad (según se lee en su acta de defunción) tras de ser violada brutalmente, tal vez por miembros del Ejército o, como ha aventurado la Secretaría de la Defensa Nacional, por personas que se ataviaron como si lo fueran para desprestigiar a la institución castrense.
Sea de ello lo que fuere, el cuerpo de la víctima fue destrozado: "De acuerdo a lo informado por sus familiares -dice un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez- el certificado de muerte señala que la señora Ernestina murió como consecuencia de una infección en intestinos e hígado. También presentaba huellas de tortura y perforación del recto". En otra parte del documento se afirma que "presentaba golpes en diversas partes del cuerpo y tenía un daño especialmente grave en la cadera".
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Procuraduría de Justicia veracruzana, y a la de Justicia militar la práctica de una nueva autopsia, pues la primera mostró deficiencias e incongruencias.
Se recabó la autorización de los hijos de la víctima de abuso sexual tumultuario, Julio, Francisco, Juana, Marta y Carmen Inés, que la extendieron por escrito. Ellos directamente, así como los vecinos de la comunidad de Tetlalzingo, y del municipio de Soledad Atzompa se hallan estremecidos y temerosos por la atrocidad cometida.
A pesar de que la propia víctima, que murió horas después del ataque sufrido en su domicilio, pudo decir que militares la habían agraviado, y que hay testimonios de presencia de soldados en las inmediaciones de su casa, el alto mando militar se ha parapetado en una defensa previa y ajena al procedimiento ministerial, de los miembros del Ejército que pudieran estar implicados.
Tres días después del atentado, la Sedena tomó su primera posición pública ante el caso. Informó el 1o. de marzo haber realizado "diversas acciones entre las que se destacan exámenes médicos y entrevistas a los efectivos militares desplegados en el mencionado lugar, sin que hasta el momento se haya encontrado alguna prueba que los involucre".
El 3 de marzo la CNDH anunció el envío de cinco visitadores a la comunidad, situada en la sierra de Zongolica para ocuparse del caso. Dijo que la víctima "falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas por elementos de una partida militar".
Al día siguiente el gobernador Fidel Herrera condenó el crimen y ubicó en contexto la presencia militar. Explicó que hace 10 años el Ejército "asumió la tarea de vigilar sobre todo las fronteras de Veracruz, la de la parte colindante del Pico de Orizaba con la Sierra Negra de Puebla. Por ahí ha habido leyendas acerca de la existencia de grupos armados y de algunos grupos delictivos del crimen organizado, de suerte que el Ejército mexicano, dentro de sus líneas estratégicas, opera con volantas móviles (sic) y con escuadrones que recorren algunas regiones, siempre coordinados con el gobierno de Veracruz".
Al conocer el ultraje y asesinato de la señora Ernestina ("hecho terrible y trágico", "hecho proditorio que agravia y lastima", "crimen artero y abominable", lo llamó) Herrera viajó a Tetlalzingo. "Ahí llegué y dije, por cierto que con el apoyo del comandante de la región, que ese caso sería investigado con toda la fuerza. Convoqué y conminé al Ejército para que dentro del fuero de su propia jurisdicción, que es el castrense, se hiciera la averiguación más profunda... cosa que ocurre. El mismo Ejército expresó, en un acto que yo reconozco y agradezco, su disposición para poner a cualquier indiciado a disposición de la jurisdicción local...".
La expresión pública de la Sedena va en sentido contrario a la que el gobernador dice haber captado. El martes 6, tras la visita de la agenta del Ministerio Público Lourdes Montes Hernández al cuartel de la 26a. Zona Militar en Orizaba, la dirección de comunicación social de la Sedena emitió a las 18:20 horas el comunicado de prensa número 19.
Una hora después se pidió a la prensa de la región dar por no presentado ese boletín y esperar otro, también numerado como 19, que era el válido.En boletín que perdió carácter oficial, pero que lo tuvo por al menos una hora, la Sedena insistió en hablar, como lo había hecho cinco días atrás, de una "supuesta violación" y reiteró que, investigado "el personal militar, no se encontraron indicios o pruebas que indiquen la participación de dicho personal en la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario".
En el último párrafo la Sedena fue más allá, pues como si hubiera indagado no sólo a su personal sino la situación general, atrevió una hipótesis no presentada como tal sino como conclusión rotunda: "...es preciso señalar que grupos desafectos a este Instituto armado en reiteradas ocasiones han puesto en tela de juicio las acciones que realiza en beneficio de la sociedad mexicana y en este caso en particular delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen, buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del Ejecutivo federal y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades".
Alguien encontró insostenibles esas afirmaciones, y decidió borrarlas del expediente. En efecto, el Ejército tendría que explicar por qué pasó de la duda jurídica ("supuesta violación") a la convicción de que realmente sí hubo un crimen y cómo tuvo conocimiento de que "delincuentes" se disfrazaron de militares. Tendría que explicar, sobre todo, cómo identificó el móvil de esa acción: inculpar a soldados y oficiales, para forzar su retiro de la zona para que los delincuentes siguieran activos en la comarca.
A fines de enero, una "volanta móvil", como diría pleonásticamente el gobernador Herrera, había estado en Soledad Atzompa y sólo causó tropelías, que fueron denunciadas por el alcalde Javier Pérez Pascuala a la comandancia en Orizaba sin recibir respuesta, y sin que se produjera información sobre delincuencia actuante en la zona.
El boletín 19 que reemplazó al 19 y omitió ese párrafo, tornó a negar "la participación de personal militar" en el grave suceso. Hablando en nombre propio y, de modo irregular, de la Procuraduría veracruzana, la Sedena puntualizó que fueron entrevistados 79 soldados y cuatro oficiales de la base de operaciones García, situada a dos kilómetros del lugar de los hechos, "sin que hasta la fecha se obtengan resultados fehacientes que los incriminen".
También se revisó el área genital a toda esa gente, y no se encontró que nadie padeciera "ningún tipo de lesión en esa área, indicativo considerado para establecer que no han tenido actividad sexual cuando menos siete días antes de los hechos que se imputan".
En oposición a su reasumido credo sobre la "supuesta violación", ese boletín informó también de la elaboración de un dictamen pericial que compara "el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa con muestras de sangre que se tomen del personal militar".
Por supuesto que si se establece con toda claridad que la tropa fue ajena al execrable crimen, nadie insistiría en inculparla. Pero la actitud de los mandos, asumida tan apresuradamente y al margen de las averiguaciones formales hace temer que el caso se disuelva en la impunidad, como en casos similares.
Algunos, citados por el Centro Pro son "los de Inés Fernández, indígena tlapaneca, originaria de Ayutla de los libres, Gro., quien en el año 2002 fue agredida sexualmente por elementos castrenses: Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca, originaria de Caxitepec, Gro., quien también fue violada y torturada por militares en el año 2002; Francisca Santos y Victoriana Vázquez, indígenas mixtecas, originarias de Barrio Nuevo san José, Gro.; así como el de las hermanas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González, quienes en el año de 1994, después de haber sido privadas de su libertad, fueron también violadas por militares".
El Centro Pro deplora que "hasta la fecha los responsables se han sustraído a la acción de la justicia, toda vez que son canalizados a la justicia militar, con el sustento del artículo 57 del Código de justicia militar", aplicable a los delitos y faltas "cometidos por militares en servicio o con motivo del mismo".
No hay que permitir que de nuevo se añada a la ofensa el agravio.
Reforma
11 de marzo de 2007
En el caso de la muerte de Ernestina Ascensio, el Ejército pasó de la duda jurídica a la certeza de que el crimen contra la indígena veracruzana fue una acción de grupos delictivos para desprestigiar a las fuerzas castrenses.
Anteayer viernes fueron exhumados los restos de la señora Ernestina Ascensio Rosario, muerta a los 73 años de edad (según se lee en su acta de defunción) tras de ser violada brutalmente, tal vez por miembros del Ejército o, como ha aventurado la Secretaría de la Defensa Nacional, por personas que se ataviaron como si lo fueran para desprestigiar a la institución castrense.
Sea de ello lo que fuere, el cuerpo de la víctima fue destrozado: "De acuerdo a lo informado por sus familiares -dice un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez- el certificado de muerte señala que la señora Ernestina murió como consecuencia de una infección en intestinos e hígado. También presentaba huellas de tortura y perforación del recto". En otra parte del documento se afirma que "presentaba golpes en diversas partes del cuerpo y tenía un daño especialmente grave en la cadera".
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Procuraduría de Justicia veracruzana, y a la de Justicia militar la práctica de una nueva autopsia, pues la primera mostró deficiencias e incongruencias.
Se recabó la autorización de los hijos de la víctima de abuso sexual tumultuario, Julio, Francisco, Juana, Marta y Carmen Inés, que la extendieron por escrito. Ellos directamente, así como los vecinos de la comunidad de Tetlalzingo, y del municipio de Soledad Atzompa se hallan estremecidos y temerosos por la atrocidad cometida.
A pesar de que la propia víctima, que murió horas después del ataque sufrido en su domicilio, pudo decir que militares la habían agraviado, y que hay testimonios de presencia de soldados en las inmediaciones de su casa, el alto mando militar se ha parapetado en una defensa previa y ajena al procedimiento ministerial, de los miembros del Ejército que pudieran estar implicados.
Tres días después del atentado, la Sedena tomó su primera posición pública ante el caso. Informó el 1o. de marzo haber realizado "diversas acciones entre las que se destacan exámenes médicos y entrevistas a los efectivos militares desplegados en el mencionado lugar, sin que hasta el momento se haya encontrado alguna prueba que los involucre".
El 3 de marzo la CNDH anunció el envío de cinco visitadores a la comunidad, situada en la sierra de Zongolica para ocuparse del caso. Dijo que la víctima "falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas por elementos de una partida militar".
Al día siguiente el gobernador Fidel Herrera condenó el crimen y ubicó en contexto la presencia militar. Explicó que hace 10 años el Ejército "asumió la tarea de vigilar sobre todo las fronteras de Veracruz, la de la parte colindante del Pico de Orizaba con la Sierra Negra de Puebla. Por ahí ha habido leyendas acerca de la existencia de grupos armados y de algunos grupos delictivos del crimen organizado, de suerte que el Ejército mexicano, dentro de sus líneas estratégicas, opera con volantas móviles (sic) y con escuadrones que recorren algunas regiones, siempre coordinados con el gobierno de Veracruz".
Al conocer el ultraje y asesinato de la señora Ernestina ("hecho terrible y trágico", "hecho proditorio que agravia y lastima", "crimen artero y abominable", lo llamó) Herrera viajó a Tetlalzingo. "Ahí llegué y dije, por cierto que con el apoyo del comandante de la región, que ese caso sería investigado con toda la fuerza. Convoqué y conminé al Ejército para que dentro del fuero de su propia jurisdicción, que es el castrense, se hiciera la averiguación más profunda... cosa que ocurre. El mismo Ejército expresó, en un acto que yo reconozco y agradezco, su disposición para poner a cualquier indiciado a disposición de la jurisdicción local...".
La expresión pública de la Sedena va en sentido contrario a la que el gobernador dice haber captado. El martes 6, tras la visita de la agenta del Ministerio Público Lourdes Montes Hernández al cuartel de la 26a. Zona Militar en Orizaba, la dirección de comunicación social de la Sedena emitió a las 18:20 horas el comunicado de prensa número 19.
Una hora después se pidió a la prensa de la región dar por no presentado ese boletín y esperar otro, también numerado como 19, que era el válido.En boletín que perdió carácter oficial, pero que lo tuvo por al menos una hora, la Sedena insistió en hablar, como lo había hecho cinco días atrás, de una "supuesta violación" y reiteró que, investigado "el personal militar, no se encontraron indicios o pruebas que indiquen la participación de dicho personal en la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario".
En el último párrafo la Sedena fue más allá, pues como si hubiera indagado no sólo a su personal sino la situación general, atrevió una hipótesis no presentada como tal sino como conclusión rotunda: "...es preciso señalar que grupos desafectos a este Instituto armado en reiteradas ocasiones han puesto en tela de juicio las acciones que realiza en beneficio de la sociedad mexicana y en este caso en particular delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen, buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del Ejecutivo federal y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades".
Alguien encontró insostenibles esas afirmaciones, y decidió borrarlas del expediente. En efecto, el Ejército tendría que explicar por qué pasó de la duda jurídica ("supuesta violación") a la convicción de que realmente sí hubo un crimen y cómo tuvo conocimiento de que "delincuentes" se disfrazaron de militares. Tendría que explicar, sobre todo, cómo identificó el móvil de esa acción: inculpar a soldados y oficiales, para forzar su retiro de la zona para que los delincuentes siguieran activos en la comarca.
A fines de enero, una "volanta móvil", como diría pleonásticamente el gobernador Herrera, había estado en Soledad Atzompa y sólo causó tropelías, que fueron denunciadas por el alcalde Javier Pérez Pascuala a la comandancia en Orizaba sin recibir respuesta, y sin que se produjera información sobre delincuencia actuante en la zona.
El boletín 19 que reemplazó al 19 y omitió ese párrafo, tornó a negar "la participación de personal militar" en el grave suceso. Hablando en nombre propio y, de modo irregular, de la Procuraduría veracruzana, la Sedena puntualizó que fueron entrevistados 79 soldados y cuatro oficiales de la base de operaciones García, situada a dos kilómetros del lugar de los hechos, "sin que hasta la fecha se obtengan resultados fehacientes que los incriminen".
También se revisó el área genital a toda esa gente, y no se encontró que nadie padeciera "ningún tipo de lesión en esa área, indicativo considerado para establecer que no han tenido actividad sexual cuando menos siete días antes de los hechos que se imputan".
En oposición a su reasumido credo sobre la "supuesta violación", ese boletín informó también de la elaboración de un dictamen pericial que compara "el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa con muestras de sangre que se tomen del personal militar".
Por supuesto que si se establece con toda claridad que la tropa fue ajena al execrable crimen, nadie insistiría en inculparla. Pero la actitud de los mandos, asumida tan apresuradamente y al margen de las averiguaciones formales hace temer que el caso se disuelva en la impunidad, como en casos similares.
Algunos, citados por el Centro Pro son "los de Inés Fernández, indígena tlapaneca, originaria de Ayutla de los libres, Gro., quien en el año 2002 fue agredida sexualmente por elementos castrenses: Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca, originaria de Caxitepec, Gro., quien también fue violada y torturada por militares en el año 2002; Francisca Santos y Victoriana Vázquez, indígenas mixtecas, originarias de Barrio Nuevo san José, Gro.; así como el de las hermanas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González, quienes en el año de 1994, después de haber sido privadas de su libertad, fueron también violadas por militares".
El Centro Pro deplora que "hasta la fecha los responsables se han sustraído a la acción de la justicia, toda vez que son canalizados a la justicia militar, con el sustento del artículo 57 del Código de justicia militar", aplicable a los delitos y faltas "cometidos por militares en servicio o con motivo del mismo".
No hay que permitir que de nuevo se añada a la ofensa el agravio.
sábado, marzo 10, 2007
¡Mil gracias por acordarse de nosotros!
Resulta que a mi compadre El Rayo de Tijuana le mandaron este video con dedicatoria a quienes elaboramos los blogs de la resistencia, incluido un servidor. ¡Mil gracias! Un abrazo bien grande hasta Salvatierra, Guanajuato.
Breve reflexión sobre el Día Internacional de la Mujer en un país cuyo Presidente es ilegítimo. Saludos al Sendero del Peje, a la Grilla Sin Partido, BeamTV y Eratóstenes Horamarcada.En YouTube
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