La rebelión de los Andrés y las Andreas

Mala semana para el espurio. Todavía no deja de festejar la población a los estudiantes Andrés Gómez Emilsson y Marco Virgilio Jiménez por haber definido lo que es Felipe Calderón: un usurpador y un político espurio, cuando otra vez los gritos de la memoria nos reiteran a todos la ilegitimidad del ocupante de Los Pinos. La protagonista del más reciente grito es hija del popular comentarista de deportes Ángel Fernández, ya fallecido, a quien sin duda muchos de nuestros lectores recordarán con simpatía. Ella es periodista, como su padre, y se llama Andrea Fernández; es tocaya, pues, de Gómez Emilsson y del presidente legítimo. Su hazaña tuvo lugar en pleno Senado de la República, durante la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Miguel Ángel Granados Chapa. A continuación la nota tal como aparece en el blog y periódico El Sendero del Peje.

Increpan a Calderón en entrega de la medalla Belisario Domínguez
Yuriria Rodríguez Castro
8 de octubre de 2008

¡Es un honor estar con Obrador!, gritó una periodista.

Felipe Calderón gusta de meterse a la boca del lobo, ahora su presencia en la entrega de la medalla de honor Belisario Domínguez 2008, no fue la excepción. La presea le fue otorgada al periodista y escritor, Miguel Ángel Granados Chapa, en medio de un ambiente intelectual, poco conocido para él y rodeado de miembros del Senado, periodistas y luchadores sociales, Calderón volvió a escuchar las palabras de rechazo que lo persiguen como una constante en cada acto oficial en el que se aparece un ciudadano: “¡Es un honor estar con Obrador!”, le gritó Adriana Fernández, periodista de Radio Educación y Radio UNAM; en seguida, la mujer levantó nuevamente la voz: “¡Arriba López Obrador!”, mientras los senadores perredistas guardaban silencio.

Otra vez, a Calderón, el protocolo le costó caro: Granados Chapa se refirió a la tentación autoritaria, a los levantotes y desapariciones por parte de autoridades federales y estatales; habló del periodismo comprometido con la democracia, hizo un llamado a aprobar una ley de amnistía para la liberación de presos políticos. Finalmente también se refirió al tema energético, la relevancia que tuvo un debate abierto, sumado a la movilización ciudadana y al ejercicio de las libertades. De igual forma, destacó la fortaleza adquirida por el Poder Legislativo en dicha materia; ahí en el lugar donde se dieron cita los representantes del Senado y un testigo de honor deshonrado, Felipe Calderón Hinojosa.

Tanto el discurso de Granados Chapa, como las consignas que se escucharon en el recinto no legitimaron a Calderón, lo rechazaron, los gritos claramente, el discurso con retórica. Nada hizo falta de nuevo. Y éste es sólo el comienzo de esas muestras de ilegitimidad. Ahora ya no son nada más los perredistas, quienes se pueden dar el lujo de callar, mientras los ciudadanos y una clase de periodistas desapegados al sistema, lo reprueban.

Rosario Ibarra de Piedra, con su adoración por las imágenes, pegó una foto del Presidente Legítimo en su escaño, pero no habló. Se quedó escuchando primero el himno nacional mexicano, e inmediatamente después el grito de Adriana Fernández, hija del locutor deportivo, del cronista poeta, Ángel Fernández.

Lo que sigue es la versión que ofrece de los hechos el periódico Milenio.

“Es un honor estar con Obrador!”
Elba Mónica Bravo
Milenio
8 de octubre de 2008

La hija del cronista deportivo Ángel Fernández se manifestó a favor del perredista durante la entrega de la medalla Belisario Domínguez.

Es un honor estar con Obrador, se escuchó la voz femenina en solitario que salió del lado de las curules del PAN en el recinto del Senado.

Habían pasado los primeros cinco minutos de la llegada del presidente Felipe Calderón, quien acudió a la sesión solemne para la entrega de la medalla Belisario Domínguez, que se entregó al periodista Miguel Angel Granados Chapa.

Calderón escuchó el tono del grito popular, como lo definió la locutora Andrea Fernández, hija del extinto cronista deportivo Angel Fernández —quien ocupó un lugar de la primera fila en los invitados de honor—, justo en el momento en que concluyó el Himno Nacional.

El silencio y la sorpresa se apoderó de los senadores de PAN, PRI, PRD y Verde Ecologista, porque el grito salió del lado en que se ubica el albiazul, y porque se tenía el compromiso del líder de los perredistas Carlos Navarrete de conducir a su bancada con civilidad en la ceremonia solemne.

Pero también vino la confusión, y durante unos minutos no faltó quien dijera que la senadora petista Rosario Ibarra era la autora del grito, quien mantuvo el puño de la mano izquierda levantado mientras se entonó el Himno.

A diferencia del estudiante galardonado Andrés Gómez Emilsson, quien fue conducido a la agencia 33 del MP, a Andrea dos elementos del Estado Mayor Presidencial le retiraron su gafete de invitada.

Andrea permaneció en el recinto hasta que concluyó la sesión, fue el único incidente de la ceremonia que se prolongó 46 minutos. En la bancada perredista no estuvieron presentes los senadores más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el vicecoordinador de la bancada Ricardo Monreal y la senadora Rosalinda López.

Ataviada con un blusón azul rey, Andrea participó en el convivio que ofreció el Senado en el patio de la vieja casona de Xicoténcatl y salió del recinto junto con el galardonado Miguel Angel Granados Chapa.

Antes de retirarse relató convencida que expresó “un grito público en un lugar público”, que se trató de “un grito popular que abandero en muchos lugares y que manifesté aquí”.

Después del grito, la ceremonia continúo como si nada hubiera pasado, pero se sentía la tensión. En ese momento, Calderón estaba de pie, a la izquierda de Granados Chapa, a la derecha del presidente del Senado, Gustavo Madero.

En el salón de plenos, los acompañantes del mandatario, ubicados muy cerca de Andrea parecían no dar importancia al segundo desaguisado de los últimos cuatro días.

Calderón llegó acompañado por su esposa Margarita Zavala; el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y su secretario particular, César Nava.

La sesión se inició en punto del mediodía con sólo 79 de los 128 senadores; la propia presidenta de la comisión de Cultura, la perredista María Rojo, fue cautelosa en su discurso, en el que no se refirió explícitamente a Calderón, sino a “los señores titulares de los Poderes de la Unión”.

Andrea afirmó que al igual que su tocayo está convencida de que el triunfo de López Obrador no se trata de “una cuestión política, sino matemática”.

Sólo para no perder de vista que a los medios llamados “de comunicación” la población ha de leerlos siempre con desconfianza, reproducimos una nota de El Informador, diario de Guadalajara, donde se afirma —falsamente— que a Andrea “nadie la molestó, ahí permaneció”. Desde el título, la nota revela el anhelo del diario de congraciarse con la derecha de los oligarcas y con la izquierda de los traidores. Los errores ortográficos, desde luego, aparecen en el original. Todo un ejemplo de anti-periodismo.

Juntos, Calderón y perredistas, pero sin escándalo
El Informador
8 de octubre de 2008

“¡Es un honor estar con Obrador!” grito una mujer cuando el Jefe del Ejecutivo entraba al recinto senatorial

Ahí estuvieron la solemnidad y la emoción. Por primera vez en el sexenio, estuvieron en mismo salón el Presidente de la República y los senadores perredistas

MÉXICO.- Ahí estuvieron la solemnidad y la emoción. Por primera vez en el sexenio, estuvieron en mismo salón el Presidente de la República y los senadores perredistas. Pero el escándalo y la protesta apenas si se asomaron.

“¡Es un honor estar con Obrador!” grito una mujer cuando el Jefe del Ejecutivo entraba al recinto senatorial. Se llama Andrea Fernández, trabaja en Radio Educación, pero le gusta que le digan “Dorotea Arango”. Nadie la molestó, ahí permaneció. Poco después, cuando se entonó el Himno Nacional, Rosario Ibarra levantó el puño izquierdo. En su lugar colocó una fotografía de Andrés Manuel López Obrador con la leyenda: “Presidente legítimo”.

Miguel Ángel Granados Chapa recibió la Medalla Belisario Domínguez. Conmovido recibió los aplausos al llegar y después de su mensaje. Mientras él hablaba en la tribuna, el Presidente Calderón escribió durante varios minutos, con la mano derecha, en hojas que luego guardó. Mientras, Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, pasó el rato en el envío y recepción de mensajes en su iPhone.

Eran evidentes, inocultables, el nerviosismo, la tensión en la sede de la Cámara de Senadores que estaba rigurosamente vigilada. Antes de que se iniciara la sesión, los legisladores del PRD se reunieron a puerta cerrada, discutieron cual sería su actitud ante Felipe Calderón. Ricardo Monreal insistió en que algo había que hacer, que decirle, que gritarle. Perdió la votación, decidió con otros dos integrantes de su bancada no acudir.

Y ya estaban todos en su sitio. Los cadetes del Colegio Militar hacían valla. Los senadores conversaban. Carlos Navarrete bromeaba con Manlio Fabio Beltrones y Ángel Aguirre, les decía que les perdona la derrota que le propinaron a su partido en Guerrero si por fin organizan la reunión bohemia con Joan Sebastian, compadre de Aguirre.

Poco después, llegó el galardonado. Caminaba lentamente. Sonrió al encontrar rostros y miradas de amigos, de discípulos. Estrecharía la mano de Felipe Calderón cuando éste se la tendió para saludarlo. Emocionado escuchó el buen discurso de una elegante María Rojo.

Después él hablo. Llamó, “ciudadano Presidente de la República” a Calderón Hinojosa. Dijo que aunque parte de su oficio consiste en tejer palabras, no encontraba las que revelaran con precisión sus sentimientos al recibir la Medalla Belisario Domínguez. Continuó. Sacó sus convicciones. Concluyó con un llamado: Impidamos que la sociedad se disuelva, reconstruyamos la casa que nos albergue a todos.

Él y su emoción. Fuerte el aplauso de todos. Terminaba la sesión solemne, el escándalo finalmente no estalló, apenas asomó su rostro.

Para finalizar, el cubrimiento más objetivo lo dio La Jornada. Fue el único diario nacional que dio cuenta del ambiente de represión que se respiraba en el Senado.

Severa vigilancia del EMP en el Senado
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
8 de octubre de 2008

Detienen al perredista Fernández Noroña

Un fuerte dispositivo de seguridad, a cargo de elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP), la Policía Federal Preventiva (PFP) y granaderos se aplicó ayer en los alrededores del Senado de la República, horas antes de que el presidente Felipe Calderón Hinojosa asistiera al recinto como testigo de la entrega de la medalla Belisario Domínguez al periodista Miguel Ángel Granados Chapa.

Desde un día antes se colocaron vallas metálicas en las calles de Donceles, Tacuba, Allende y Filomeno Mata. Ayer, la sede senatorial estuvo resguardada por elementos policiacos que vigilaban el acceso al recinto de Xicoténcatl y habían detenido al perredista Gerardo Fernández Noroña.

Los senadores Ricardo Monreal, Yeidckol Polevnski y Rosario Ibarra debieron rescatar al ex vocero del sol azteca, al que granaderos y miembros del Estado Mayor Presidencial tenían contra la pared en la esquina de Donceles y Callejón del 57.

Los legisladores discutieron largo rato con los elementos policiacos y lograron que se liberara a Fernández Noroña, quien se concentró con un grupo de manifestantes instalados en el Eje Central y Donceles, quienes, pese a estar en todo momento rodeados de militares y policías, no dejaron de gritar consignas contra Calderón Hinojosa.

Dentro del recinto de Xicoténcatl, en tanto, integrantes del resguardo parlamentario y del Estado Mayor mantuvieron bajo vigilancia a la periodista Andrea Fernández durante los 55 minutos que duró la sesión solemne en que se entregó la medalla Belisario Domínguez.

La comunicadora, hija del fallecido cronista de deportes Ángel Fernández, llegó como invitada especial y muy cerca de Calderón Hinojosa lanzó la consigna “es un honor estar con López Obrador”. De inmediato la flanquearon dos vigilantes, le arrancaron el gafete y la escoltaron hasta la salida.

El extraño caso de Zhenli Ye Gon

Miguel Ángel Granados Chapa
Columna Plaza pública
Periódico AM
4 de julio de 2007

Ya era extrañísimo el extraño caso de Zhenli Ye Gon. Y desde el domingo se ha vuelto más que superlativamente extraño. Es una complicada trama en que al partido en el Gobierno se le involucra en lavado de millonarias sumas de dinero en dólares y un Secretario de Estado no mencionado por su nombre se pone el saco y sale a responder el señalamiento de que obligó a un empresario dedicado a actividades lícitas a guardar millones de dólares, el año pasado, destinadas a la campaña de Felipe Calderón.

El domingo pasado la Procuraduría General de la República dio a conocer la presentación de una extraña carta del abogado en Estados Unidos del empresario prófugo, destinada “a buscar un arreglo que beneficie a su cliente”. El documento insinúa, dice la PGR, que el dinero hallado en su casa en marzo pasado “había sido eventualmente destinado a la pasada campaña del Partido Acción Nacional”.

Como se recuerda, porque el asunto es inolvidable, el 15 de marzo fue hallada en un domicilio de las Lomas de Chapultepec una suma inmensa en billetes cuidadosamente empacados: 205 millones de dólares y sumas menores de euros y pesos. La PGR difundió fotografías que permitieron saber que no eran ciento cincuenta mil pesos los hallados sino 17 millones. Pero eso, siendo importante, era lo de menos. Lo de más es que en apariencia la enorme fortuna provenía del narcotráfico: a través de su empresa, legalmente establecida, Zhenli Ye Gon importaba precursores químicos que eran vendidos a productores de anfetaminas, una droga ilegal. El empresario no fue detenido, pero sí quienes fueron reputados como sus cómplices, incluida su esposa y cuñado, que están siendo procesados a partir del 23 de junio.

En la siguiente semana el abogado del prófugo, presentó una propuesta de negociación, supongo que dentro de la cultura jurídica norteamericana de lograr un “deal” entre la acusación y la defensa. La promoción disgustó a la procuraduría mexicana que la calificó de “inescrupulosa” destinada “inútilmente a chantajear al Gobierno de México con afirmaciones absurdas e inverosímiles”. Carente de lógica, el relato de Zhelin Ye Gon puede parecer fantasioso. Pero eso puede decirlo cualquier persona, no la autoridad ministerial encargada de perseguir los delitos, cuando quien lo formula es un presunto delincuente. En vez de decir que atribuir el dinero al PAN, “es una afirmación no sólo falsa, sino ridícula”, la PGR tendría la obligación de urgir la captura del empresario, que se presume está en México, para indagar su dicho y concluir si es verdadero o falso. Pero la PGR se apresuró a desmentir expresiones no dichas. Se habló del PAN, no del Gobierno de la República, por lo que carece de sentido afirmar que ese Gobierno “que nada tiene que ocultar, ni temer al respecto, rechazó de inmediato y de manera enérgica dicho intento de chantaje perverso”.

Igual apresuramiento y error cometió el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Una persona llamada Javier Alarcón fue citada por Zhenli Ye Gon y por lo tanto el neoneopanista –apenas la semana pasada se afilió al partido— pudo legítimamente rechazar las interpretaciones que lo involucran, ya que no es el suyo sino otro nombre el implicado. Pero emitió un comunicado de prensa como si se le involucrara y dio varias entrevistas de prensa en igual sentido. Se mostró irritadísimo ante “acusaciones... falsas, absurdas, inverosímiles, tramposas y perversas”. Tanto él personalmente, como el Gobierno, según dijo la PGR, se reservaron “el derecho de acudir a los tribunales de México y de Estados Unidos de América, para denunciar al señor Zhenli Ye Gon y a sus abogados por las aseveraciones difamatorias y calumniosas que le fueron dolosamente imputadas”.

Aguzado su sentido de la oportunidad periodística ante la emisión del comunicado de la PGR, la agencia The Associated Press, AP, difundió una entrevista de televisión realizada en Nueva York el 17 de mayo con el propio Zhenli Ye Gon, y que estaba embargada, en espera de concluir una investigación más amplia sobre el tema. Aunque su mal español podría prestarse a interpretaciones, es inequívoco que el empresario relata la presión ejercida sobre él por “Javier Alarcón” para obligarlo a guardar millonarias sumas de dinero.

Rogelio de la Garza -abogado en México de Zhenli Ye Gon, que lo fue también de Vicente Carrillo Fuentes y de otros presuntos narcotraficantes eminentes- apareció en la escena con versiones extrañas sobre su cliente y su abogado en Estados Unidos. Acaso porque estorba su estrategia local, asegura que la propuesta de Ye Gon a la representación mexicana en Washington fue hecha sin anuencia ni conocimiento del empresario, y que no necesariamente dice lo que aparece diciendo a AP. Asegura que Zhenli Ye Gon habría preferido hablar en inglés y no en español, que mal utiliza. Y ofreció una información relevante que debimos conocer, no por su boca, sino por el Gobierno mexicano: los 205 millones de dólares fueron enviados al Bank of America, en Estados Unidos, siendo que están bajo el régimen de bienes asegurados y oficialmente se les trasladó a la sede principal del Banco Nacional del Ejército y la Armada. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) supone que están en la Reserva Federal norteamericana, lo que de ser cierto, es un nuevo factor extraño, extrañísimo en el extraño caso del señor Zhenli Ye Gon, extrañamente prófugo siendo que una agencia periodística es capaz de hallarlo.

Cajón de Sastre

Terco en introducir un régimen de economía de mercado en el campo mexicano, aun en cultivos como el de la caña de azúcar que se realiza con resabios feudales, el presidente Fox sigue mostrando, siete meses después de haberse marchado, que su terquedad ha sido y es gravosa para el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está discutiendo una acción de inconstitucionalidad emprendida por la Procuraduría General de la República en septiembre de 2005 para frenar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Impulsada por los legisladores cañeros, esa ley iba a ser vetada por Fox, pero lo impidieron numerosas marchas de cultivadores del dulce. Ante la presión, Fox publicó la ley el 22 de agosto de aquel año, en el entendido de que serían reformados posteriormente los pasajes que le incomodaban. Como los legisladores cañeros no cumplieron su palabra, Fox pidió a la PGR iniciar esta acción de inconstitucionalidad que busca impedir la fijación del precio de la caña, pues se le supone contrario a la Constitución.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Día de la maestra

Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma
15 de mayo de 2007

Presidenta de un sindicato que pretende y tiene facultades de autoridad (tanto que a ella se dirigen peticiones del sector privado en materia educativa), la lideresa magisterial festeja hoy su día situada en la más alta cima de su poderío.

Nos referimos a este 15 de mayo como día de la maestra no en honor de las profesoras, que forman la mayoría del personal docente en nuestro país, sino en referencia a una en particular, Elba Esther Gordillo, que en esta fecha se halla situada en el punto más alto de un poder que empezó a fabricar en abril de 1989, cuando asumió la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por órdenes de Carlos Salinas, y que hoy se extiende a espacios más amplios del ejercicio del poder y de la vida pública.

Ostenta hoy sin rubor el carácter de presidenta del SNTE, pues hace años resolvió dejar atrás su condición de jefa real del sindicato pero carente de posición formal, para asumir la del primer sitio, por delante del secretario general, que de esa manera exhibe su verdadera naturaleza, de ejecutor de los designios de la profesora, o "la maestra" como con unción o temor se le llama, en forma que antaño era la usual para referirse a quienes egresaban de la normal (o, como Gordillo, de los cursos de capacitación del magisterio), y que fue desplazada desde que las licenciaturas quedaron sobajadas por las maestrías y doctorados. Poniéndola en el mismo plano que la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, como si reconocieran en el tratamiento que en este campo específico de la administración, como en otros, Gordillo cogobierna, se dirigieron a ella 40 organizaciones para exponer el "pliego petitorio de la sociedad civil".

Como preámbulo a 10 solicitudes específicas, los firmantes (encabezados por la agrupación Mexicanos Primero, que reúne a casi todos los empresarios de más alto coturno en el país) expresaron su creencia de que "la educación es un asunto de todos y exige el cumplimiento de las responsabilidades que a cada uno nos corresponden". Pidieron que sus solicitudes se incluyeran "en los compromisos a firmar en las negociaciones sobre salarios y condiciones laborales de los docentes". Salvo que hoy se formalice el acuerdo a que llegaron las partes el domingo, y por lo menos se acuse recibo de las demandas privadas, sus peticiones fueron ignoradas.

No es que Gordillo ignore la importancia de que la sociedad civil, los padres de familia en particular, participen en el proceso educativo. Pero se propone lograrlo conforme a sus reglas. Está convocando a un segundo encuentro nacional de padres de familia y maestros, que se realizará en paralelo con el IV Congreso Nacional de Educación. Este género de reuniones concreta la aspiración de Gordillo de hacer del sindicato que encabeza algo más que el simple gestor de los intereses laborales de sus miembros, sino protagonista de la política educativa y su administración. Aun antes de que ella ocupara el liderazgo magisterial el SNTE expresaba esas aspiraciones (la creación de la Universidad Pedagógica Nacional, por ejemplo, concretó una de esas pretensiones), pero nunca como ahora ese proyecto se aproxima a su culminación. El sindicato influía, o había que tenerlo presente, en la designación de funcionarios de primer nivel en la SEP y (desde 1992) en las secretarías de Educación estatales y se había llegado al punto de que personas del entorno más próximo a Gordillo encabezaran funciones sustantivas, pero no al grado en que eso ocurre hoy, en la persona de su yerno, Fernando González Sánchez como principal subsecretario (principal si se atiende a la dilatada extensión de su área de competencia).

Por el contrario, la disidencia organizada hace cerca de 30 años muestra señales de desgaste. En la reunión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) efectuada en el Distrito Federal el 6 de mayo, se acordó, entre otras medidas, un paro indefinido de labores, que abarcaría 50 mil planteles en todo el país. Y si bien en esa junta estaban representadas 13 secciones, la suspensión de labores sólo fue observada de modo significativo en dos de ellas, la XIV de Guerrero y XVIII de Michoacán. Y aunque el paro fue convocado como parte de una más amplia movilización para protestar contra la Ley del ISSSTE, el llamamiento careció de fuerza a causa de los avances de la corriente mayoritaria del SNTE encabezada por Gordillo, como se aprecia muy claramente en la sección IX, de la Ciudad de México, desde hace medio siglo y hasta hace muy poco bastión de la insurgencia sindical contraria al cacicazgo que ahora encarna la profesora.

Su espacio de influencia y decisión se ha dilatado mucho más allá de los confines del gremio magisterial. Precisamente la Ley del ISSSTE refleja su poderío, puesto que fue preciso atender sus intereses como cabeza de una de las dos federaciones burocráticas que para ese propósito depusieron provisionalmente su contienda. Gordillo generó su propia organización en ese ámbito, escindiendo a la reconocida como exclusiva por la ley, monopolio que fue roto por la agrupación de Gordillo. Hay que hacer notar que la revisión salarial pactada anteayer supera a la conseguida por la declinante federación encabezada por el diputado Joel Ayala (en realidad escriturada como parte de su patrimonio) lo que muestra la fuerza del SNTE y las preferencias del gobierno.

Tal preferencia, evidenciada en el sexenio pasado, se fortaleció por el apoyo que de diversos modos prestó Gordillo a Felipe Calderón, que ahora está siendo retribuido con liberalidad. La actuación de la profesora a favor del PAN significó una traición al PRI, como lo denuncia en su nuevo libro Roberto Madrazo.

Cajón de Sastre

Anticipándose a la Suprema Corte de Justicia, que se apresta a declarar que en los casos de órganos desconcentrados (diversos de los descentralizados) es inconstitucional la facultad del Senado de objetar las designaciones presidenciales, el juez Miguel Alvarado Esquivel otorgó el amparo de la justicia federal a Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous, para que prevalezca su nombramiento como miembros de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, objetado en Xicoténcatl sin que, además, se fundara y motivara la objeción. La decisión judicial tiene como consecuencia invalidar la posterior designación de Gerardo González Abarca y Eduardo Ruiz Vega, que acaso ejerzan a su vez su derecho a demandar justicia de la Federación y podrían reclamar en trueque los cargos que Del Villar y Martínez mantienen en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (subsecretario y director jurídico), decir lo cual, por supuesto, no es más que una mala broma, dadas las rivalidades de grupos en ese sector.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Prohibido protestar

Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma
13 de mayo de 2007

Los cambios al artículo 139 del Código Penal Federal pueden ser usados más allá que para sancionar a terroristas, porque se otorga al Ejército la capacidad de combatir la delincuencia organizada y a los que perturben la paz social.

En la víspera de que en Los Pinos se efectuara una sesión extraordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, miembros del Estado Mayor Presidencial impidieron con violencia que una madre de familia y una diputada federal se encadenaran a la reja de la casa del Ejecutivo. Agredidas con desmesura, la legisladora tuvo que ser hospitalizada durante 48 horas. El parte médico registró esguince cervical y contusiones en varias partes del cuerpo. No salió inmediatamente porque le fue detectada una inflamación cerebral.

Mavic Jaimes Miranda nació en 1970 en Cuernavaca, donde ahora es maestra de secundaria. Casada con el también profesor Froylán Nava Ocampo, se trasladaron hace cinco años a Houston, donde él obtuvo una plaza como maestro bilingüe. Llevaban consigo a sus dos hijos, nacidos en el Instituto Nacional de Perinatología, porque los embarazos respectivos eran de alto riesgo, como lo fueron cuatro anteriores que terminaron en aborto. La violencia que a decir de la señora Jaimes caracterizó su vida matrimonial la condujo a demandar el divorcio en aquella ciudad texana, donde lo obtuvo, así como la custodia de los niños. La separación no aminoró la agresividad del padre, que fue encarcelado el 17 de mayo de 2003 durante unos días por lastimar a su ex esposa. El 3 de julio siguiente, al tener a sus hijos en el fin de semana, huyó a México con ellos. Desde entonces la madre, que también volvió, los ha buscado por doquier, pretendidamente con el auxilio de la Procuraduría General de la República -pues presentó denuncia ante el Ministerio Público federal- sin obtener resultado alguno.

El 10 de mayo de 2004 se encadenó durante unas horas al Monumento a la Madre, en la ciudad de Cuernavaca. Sólo consiguió la atención de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, que la ha apoyado desde entonces en sus gestiones. Elegida diputada federal el año pasado, su paisana Adriana Díaz Contreras la acompaña personalmente en su esfuerzo por localizar y recuperar a sus hijos. Decidieron juntas repetir la experiencia del 2004, pero escogieron hacerlo en Los Pinos. El presidente Calderón nos ha mostrado varias veces a su familia, razonó la señora Jaimes, y quise hacerle ver que a mí también me importa la mía. Decidió encadenarse a las vallas que circundan la casa presidencial, y cuando la diputada Díaz Contreras se disponía a hacer lo mismo, personal militar de la residencia oficial las atacaron violentamente. Rompieron las cadenas y las arrastraron hasta la avenida del Chivatito.

El episodio es grave por sí mismo, porque incluyó un comportamiento autoritario incapaz de comprender que la protesta pacífica es una forma de expresar indignación ante la insuficiencia de la ley, expresión usual en todas las sociedades democráticas. Le añade gravedad la indiferencia presidencial ante la agresión. No se han pedido disculpas y mucho menos se ha anunciado sanción alguna contra los responsables, que deberán ser llamados por la justicia habida cuenta de la denuncia presentada por la legisladora. Tampoco se ha conocido reacción alguna de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuyo presidente está obligado a velar por la integridad física de sus compañeros, como parte de su fuero constitucional (condición que los agresores pasaron por alto de modo más que grosero).

Pero el acontecimiento adquiere mayor relieve cuando se le examina en el contexto de una creciente penalización de la protesta social, cuando se están adoptando medidas de diversa índole y distinto origen conducentes todas, sin embargo, a prohibir la expresión de inconformidades y a criminalizar a quienes demandan acciones legales o administrativas en su beneficio o se oponen a las que los perjudican.

Ése es el entorno en que tres activistas de San Salvador Atenco fueron condenados, la semana pasada, a 67 años y medio de prisión por haber retenido, en un caso durante dos días y en otro por sólo unas horas, a funcionarios del gobierno mexiquense, a causa de demandas insatisfechas. He de insistir en que la violencia contra servidores públicos no es de modo alguno condonable. Pero reitero con mayor fuerza el despropósito legal y judicial de equiparar la breve privación de la libertad, que se cumple en espacios públicos, con declaración diáfana de su propósito, con los secuestros mercenarios merecedores, esos sí, de la máxima sanción judicial por sus móviles y porque a la pérdida de la autonomía personal de la víctima añaden brutal violencia sicológica sobre el secuestrado y sus deudos.

La base legal para comparar las retenciones de Atenco con secuestros destinados a obtener el pago de rescate, con frecuencia de montos que arruinan a una familia, se aprobó años atrás, como un dispositivo de autoprotección del Estado, que de ese modo reconoce su capacidad de enfrentar con medios políticos la protesta social, cuyos móviles se multiplican en una sociedad que pierde cotidianamente lazos de cohesión. En ese mismo sentido previsor se inscribió una reforma al Código Penal Federal practicada en las postrimerías del gobierno de Díaz Ordaz y que ratificó el Congreso el 26 de abril pasado, ya por finalizar el periodo de sesiones ordinarias de las Cámaras.

A partir del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha diseñado una estrategia general contra el terrorismo y demandado de la comunidad mundial que lo haga también. La Organización de las Naciones Unidas ha hecho eco de esa exigencia y solicita a los gobiernos que la integran que adopten y reporten medidas en esa dirección. Con ese motivo, se reformó la legislación penal mexicana para incluir el delito de terrorismo internacional. Era innecesario hacerlo, porque el terrorismo, sin apellido, está incluido en el código federal desde 1970, y su tipificación era bastante para enfrentar su nueva condición trasnacional.

El nuevo artículo 139, que no ha sido publicado pero no fue vetado pese al reconocimiento de sus impulsores de que puede ser útil a propósitos diferentes del embate antiterrorista, pudo haber sido mejorado evitando la confusión de terrorismo y protesta social. Dice así: "Se impondrá una pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil doscientos días de multa, sin perjuicio de las penas por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzca alarma o terror entre la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome alguna determinación".

Las expresiones que pongo en letra cursiva son potencialmente peligrosas no respecto de los terroristas que se hagan acreedores de las sanciones previstas por las espeluznantes conductas descritas, sino de cualquier persona que en expresiones callejeras busque presionar a las autoridades para que tomen alguna determinación. Si se deja al arbitrio judicial determinar qué otros medios son violentos para el logro de ese último propósito, tendríamos multiplicadas sentencias como la que afecta a Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez en Atenco. Por lo tanto, hubiera sido preferible eliminar esos supuestos que difieren del propósito central del artículo reformado. Puesto que no niego la necesidad de sancionar a quienes efectivamente utilicen violencia contra acciones gubernamentales, recuerdo que el delito de sedición está tipificado desde hace décadas para evitar que la autoridad del Estado sufra mengua.

Por si algo faltara, el miércoles pasado el Diario Oficial publicó el decreto presidencial que crea el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal. Surgido en el contexto del combate a la delincuencia organizada, la disposición es discutible y su comprensión requiere información adicional sobre, por ejemplo, el papel que a la luz de la nueva corporación le resta a las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva. Pero en torno de lo que aquí describo, preocupa que se otorgue a una misma corporación facultad para atacar a la delincuencia organizada y para "contrarrestar actos de perturbación a la paz social" (Reforma, 10 de mayo).

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com