Jorge Zepeda Patterson
El Universal
20 de abril de 2008
Ciertamente no es Hitler o Mussolini, pero es sorprendente la capacidad que tiene López Obrador para provocar ronchas a muchos ciudadanos, particularmente entre los sectores conservadores. Una y otra vez reaccionan de tal manera que terminan por vigorizar la figura pública de El Peje.
El spot de televisión transmitido en horario triple A en que se le compara a Victoriano Huerta, Pinochet y similar calaña por haber ordenado tomar el salón de sesiones de la Cámara, es tan desproporcionado y abusivo que ha resultado contraproducente. Para El Peje ha sido oro molido, pues confirma la noción de que existe una suerte de conspiración de odio en su contra. De verdugo del Congreso ha pasado a ser víctima de la derecha todopoderosa.
No coincido con varias decisiones de López Obrador y me parece que su estilo de liderazgo deja mucho que desear. Pero estoy convencido de que AMLO y las causas que representa son absolutamente indispensables para la salud de la República. Cada vez que el tabasqueño habla en contra de las instituciones y convoca a la movilización, una legión de analistas y comentaristas se queja de su irresponsabilidad y primitivismo político. Como si se tratase de una anomalía trasnochada en una sociedad democrática. “Hay problemas pero estos deben resolverse mediante el diálogo”, se dice; “los bloqueos y tomas de instituciones no caben en una sociedad con Estado de Derecho”, se afirma, con la convicción que sólo podría tener un alemán o un sueco.
El problema es que no vivimos en un Estado de Derecho, ni los problemas se resuelven con el diálogo, salvo que usted pertenezca al 20 por ciento de la población de mayores ingresos. Todos los días miles de mexicanos humildes son víctimas de tribunales y autoridades que operan a favor del poderoso o del que ofrece más. Háblenle del Estado de Derecho a Lydia Cacho, a las víctimas de Ulises Ruiz en Oaxaca, a los campesinos que suplican a un funcionario que ya vendió su caso. Más que un Estado de Derecho lo que padecemos es “el derecho al Estado” del que gozan algunos sectores privilegiados. ¿Cómo podemos hablar de “someterse al imperio de la ley” cuando los que se enriquecieron con el Fobaproa, el mayor robo en la historia de la Nación, lo hicieron legalmente?
La reforma energética ofrece el mejor ejemplo. Si López Obrador y sus contingentes no hubieran irrumpido con sus sudores y malas maneras (cito a un crítico) la reforma habría sido acordada entre futuros beneficiarios, funcionarios federales y legisladores priistas. Fueron los gritos y sombrerazos, las denuncias fundadas e infundadas de El Peje, lo que obligó a definir esta reforma en un espacio verdaderamente público.
No se si al final de todo esto tendremos una buena reforma, pero estoy convencido de que será mejor de la que podría haberse firmado tras bambalinas. En todo caso habrá de ser más representativa del sentimiento de la comunidad en su conjunto y mucho menos cupular de la que tenían cocinada. ¿Qué no trata de eso la democracia ? Desde luego, los métodos de AMLO no son democráticos, pero son comprensibles si consideramos que los acuerdos “democráticos” son los que tienen que pasar y ser resueltos por Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa a partir de los intereses muy poco democráticos que ellos representan.
Insisto en que los mexicanos tenemos todo el derecho de desconfiar de la apertura al capital privado, habida cuenta de la cantidad de abusos que han generado privatizaciones y concesiones en el pasado. Eso no significa que debamos satanizarlas per se. Podrían ser la única solución para el quebranto energético que se avecina. Pero el Estado mexicano hasta ahora ha sido incapaz de impedir los excesos y abusos de los grupos privilegiados cada vez que ha abierto al mercado ámbitos de la esfera pública. No es posible encarar la apertura de Pemex sin antes agotar la discusión de las maneras en que habremos de asegurarnos de que no se multipliquen los Carlos Slim o Roberto Hernández, o peor aún, los Bribiescas. Que tome 50 días o 100 ventilar estos asuntos es irrelevante si consideramos lo mucho que está en juego.
Es desagradable ver a los perredistas convertir la tribuna máxima en un tianguis. Pero, bien mirado, es un costo menor si ello obligó a examinar con atención el futuro del petróleo, nada más y nada menos que el mayor patrimonio de este país.
Hay un linchamiento mediático de López Obrador que muchos están “comprando”. Algunos se preguntan qué hacer con esta piedra en el zapato que constituye su movimiento. Yo diría que pese a su retórica y su populismo, López Obrador es imprescindible. No empareja el marcador pero impide la goliza. Lo peor que podemos hacer es pretender que la inconformidad social no existe. ¿Nos parecen de mal gusto sus expresiones? ¿Y de que gusto son las inequidades e injusticias que padece la mitad más pobre del país? ¿Qué creíamos, que iban a votar cada seis años y sentarse a esperar a que llegue un empleo, un abogado honesto o un programa de gobierno?
López Obrador no representa a los verdaderos pobres del país, se dice con frecuencia. Quizá. Pero canaliza la irritación que entre muchos mexicanos genera esa pobreza. Su desconfianza hacia la apertura al capital privado es la desconfianza de muchos. Antes de lincharlo y repudiar sus métodos habría que escuchar lo que nos está tratando de decir esa república olvidada que intenta hacerse presente.
Mostrando las entradas con la etiqueta Roberto Hernández. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Roberto Hernández. Mostrar todas las entradas
domingo, abril 27, 2008
lunes, octubre 22, 2007
Aeroméxico, rematada
León Bendesky
La Jornada
22 de octubre de 2007La privatización de las líneas aéreas que quedaron entre los activos del IPAB, es decir, de la nación, luego de la crisis financiera de fines de 1994 acabó de manera atropellada. Ese rasgo parece ser típico de las operaciones para vender los activos nacionales en ese organismo en más de una década, tras su creación para sustituir al fallido Fobaproa.
La Jornada
22 de octubre de 2007La privatización de las líneas aéreas que quedaron entre los activos del IPAB, es decir, de la nación, luego de la crisis financiera de fines de 1994 acabó de manera atropellada. Ese rasgo parece ser típico de las operaciones para vender los activos nacionales en ese organismo en más de una década, tras su creación para sustituir al fallido Fobaproa.
No ha podido el IPAB ni tampoco el gobierno federal hacer la transacción de Aeroméxico, sin generar discusión y suspicacias. La sospecha sobre las operaciones de privatización era la norma cuando se hacían en la opacidad del viejo régimen político controlado por el PRI, regido por la discrecionalidad del ejercicio del poder y la ausencia prácticamente completa de rendición de cuentas.
La sospecha en el quehacer público no ha desaparecido en el contexto de la transición democrática y de los gobiernos del PAN, cuando se supone que parte del cambio es actuar a la luz pública y con transparencia. Este último es un término muy socorrido entre los políticos y funcionarios de la alta burocracia, pero su sentido práctico no puede sustentarse en las declaraciones que hagan, por firmes y solemnes que parezcan. Únicamente pueden sostenerse en los hechos y ahí aún son muchas las limitaciones. Pero sólo con hechos puede generarse la confianza, que es un bien todavía muy escaso en esta sociedad.
Habrá muchos aspectos técnicos involucrados en la venta de los activos de todo tipo que pasaron a ser propiedad estatal con aquella crisis. Para ello hay leyes y reglas, aunque la operación del IPAB está supeditada a los criterios e influencia de la Secretaría de Hacienda, que es la que finalmente determina lo que ahí se hace. Vaya, el IPAB está hecho a modo para que las cosas salgan como se quiere. La historia del instituto y de las transacciones que se han hecho está ahí para revisarla.
El de Aeroméxico es el caso más reciente de esas transacciones de compra-venta a 13 años de distancia de la crisis. Pero de nueva cuenta se exhibe la debilidad de la institucionalidad democrática que se quiere instaurar en México. Adviértase el calificativo de democrático, necesario para distinguirlo del anterior orden institucional de tipo autoritario, como se pretende en el marco de la transición política.
Se trata de la venta de un bien nacional y por lo tanto de recursos públicos: activos y pasivos que pasan por el fisco. Los términos de la operación indican que la situación financiera de la empresa era bastante mala, pues había acumulado grandes pérdidas. Pero quienes la administraron estos años y su principal dueño (el gobierno federal a nombre de la sociedad) no dieron cuenta de las cuentas de Aeroméxico.
La transacción se ha hecho en el terreno de la bolsa de valores como si fuese un negocio privado, una simple operación financiera. No se sabe a las claras cuál es la política estatal de gestión de los bienes nacionales, si es que existe; no hay un recuento de la tasa de recuperación del valor de los activos, o sea, cuánto ha ganado o perdido el gobierno administrando los distintos tipos de bienes públicos. ¿Cómo evaluar a los responsables del IPAB?, entre los que hay funcionarios gubernamentales y vocales supuestamente independientes. En esto sigue habiendo opacidad, lo que da lugar a la sempiterna sospecha.
Es notorio, asimismo, que en el manejo de esta privatización estuvo ausente la cabeza del sector dentro del gobierno, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que sólo validó la venta una vez realizada y afirmó que con ella mejorará el servicio, por supuesto sin decir cómo es que eso ocurrirá.
Nadie sabe si en esa dependencia hay algún criterio para orientar a la industria aeronáutica y redefinir la estructura de esta actividad clave para la competitividad de la economía. No parece que la haya. No fue clara tampoco la participación y los criterios aplicados en este caso por la Comisión de Competencia, que da repetidas muestras de falta de la misma. Puede afirmarse a la luz de los hechos que no hay una política para la aviación en México.
En el gobierno persiste una postura gerencial ligada muy de cerca a los intereses privados, lo que confiere una noción particular a las funciones del Estado y los criterios de la política pública. Esto tiene costos inmediatos y que se extienden en el tiempo, pues redefinen constantemente los patrones de la producción, del crecimiento y de la distribución del ingreso y de la riqueza. En ese contexto es cada vez más difícil cambiar el modo en que funciona la economía mexicana y superar su estancamiento crónico.
La venta de Aeroméxico bajo la forma de subasta fue apresurada, al final hubo falta de claridad, parecía que todo debía hacerse rapidito para que resultara como se había planeado. ¿Por qué se filtró la supuesta molestia del gobernador del Banco de México por el curso de la subasta? ¿Será casual que se adjudicara la empresa el consorcio liderado por Banamex y otros inversionistas?
No se trata de alcanzar la unanimidad en los criterios de la gestión pública, ésta no es la granja de los animales orwelliana. Sólo reconozcamos lo que tenemos enfrente. También aceptemos aquello de lo que carecemos: un sistema eficiente de pesos y contrapesos en asuntos públicos.
jueves, agosto 09, 2007
La fórmula mágica
Pregonar la competencia y practicar el monopolio: la fórmula que convirtió a Carlos Slim en el hombre más rico del planeta
David Luhnow
Wall Street Journal
4 de agosto de 2007
Ha construido su fortuna a la antigua: mediante monopolios
Ciudad de México. Carlos Slim es el Señor Monopolio de México. Es difícil pasar un día en este país y no poner dinero en su billetera. El magnate de 67 años controla más de 200 compañías en sectores como telecomunicaciones, tabaco, construcción, minería, bicicletas, gaseosas, aerolíneas, hoteles, ferrocarriles, banca e imprenta. Slim dice que ha "perdido la cuenta". En total, todas sus empresas representan más de un tercio del valor del principal índice bursátil de México, mientras que su fortuna asciende a 7% de la producción económica anual de ese país (en su punto álgido, la riqueza de John D. Rockefeller llegaba a 2,5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos).
"Este restaurante es el único lugar en México que no pertenece a Carlos Slim", bromea en su carta un local de comida en Ciudad de México.
La riqueza de Slim ha crecido más rápido que cualquier otra en el mundo, aumentando en más de US$20.000 millones en los últimos dos años para llegar actualmente a unos US$60.000 millones. Si bien el valor de mercado de sus empresas que cotizan en bolsa podría caer, hoy es probablemente más rico que Bill Gates, que según la revista Forbes tenía un patrimonio de US$56.000 millones en marzo. Sería la primera vez que una persona del mundo en desarrollo ocupa el primer lugar desde que la revista comenzara a seguir a los ricos fuera de EE.UU. en los años 90.
"No es una competencia", dijo Slim hace poco durante una entrevista, jugueteando con un habano sin prender en una oficina en un segundo piso decorada con pinturas mexicanas del siglo XIX. Un hombre relativamente modesto, que usa las corbatas de sus propias tiendas, Slim afirma que no se siente más rico sólo porque lo es en el papel.
¿Cómo logró este hijo mexicano de inmigrantes libaneses llegar a estas cimas? Lo hizo al ensamblar monopolios, algo parecido a lo que hizo John D. Rockefeller con la industria de la refinación de petróleo durante la era industrial. En el mundo postindustrial, Slim ha construido un baluarte en torno a la telefonía en México. Sus compañías Teléfonos de México SAB (Telmex) y Telcel controlan 92% de todas las líneas fijas y 73% de la telefonía móvil, respectivamente. Al igual que Rockefeller en su momento, Slim ha acumulado tanto poder que es considerado un intocable en su país, una fuerza tan grande como el Estado mismo.
Slim es un caso de estudio sobre las contradicciones. Dice que le gusta la competencia en los negocios, pero intenta bloquearla cada vez que puede. Le encanta hablar acerca de las tecnologías, pero no usa una computadora y prefiere el papel y el lápiz. Ha sido anfitrión de personajes tan variados como Bill Clinton y Gabriel García Márquez, pero en muchos sentidos es provinciano. No le gusta mucho viajar y dice con orgullo que no posee ninguna vivienda fuera de México. En un país fanático del fútbol, le gusta el béisbol. ¿Su equipo favorito? Los Yankees de Nueva York.
Sus admiradores dicen que Slim, un insomne que se queda hasta altas horas de la noche leyendo libros de historia (Ghengis Khan y sus engañosas estrategias militares es uno de sus temas favoritos), encarna el potencial de México para convertirse en un tigre latino. Su austeridad, tanto en sus empresas como en su vida privada, dicen, es un modelo de moderación en una región en la que muchos grandes empresarios son conocidos por ostentar su riqueza.
Para sus detractores, no obstante, el auge de Slim dice mucho acerca de los problemas más profundos de México, incluyendo la brecha entre ricos y pobres. En el último ranking de la ONU, México figura en el lugar 103 entre 126 países en cuanto a igualdad. En los últimos dos años, Slim ha ganado casi US$27 millones el día, mientras que un 20% de la población vive con US$2 o menos al día.
"Es como EE.UU. y los grandes industrialistas de 1890. Sólo que Slim es Rockefeller, Carnegie y J.P. Morgan todo en uno", afirma David Martínez, un inversionista mexicano que vive en Nueva York.
"Es sorprendente ver cómo las grandes empresas han capturado el Estado mexicano", dice Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia de México. "Es un riesgo para nuestra democracia y está sofocando nuestra economía".
Como el rostro de la nueva élite, Slim representa un difícil desafío para el nuevo presidente del país. Felipe Calderón tiene que decidir si debe contener a Slim, a pesar de su reputación de ser el mayor empleador privado y contribuyente tributario del país. El Congreso casi nunca aprueba leyes que amenacen sus intereses. y sus empresas representan una parte importante del ingreso publicitario de México, por lo que los medios son reacios a criticarlo.
En los últimos meses, Calderón ha tratado de llegar a un acuerdo a puertas cerradas con Slim. En varios encuentros cara a cara, el presidente ha tratado de convencer al magnate de aceptar una mayor competencia, según fuentes al tanto. El gobierno tiene una carta de peso: Slim no puede ofrecer video —un mercado potencialmente gigantesco— en sus redes sin la aprobación del gobierno. Pero algunos cercanos a Calderón dicen en privado que estas conversaciones reservadas le siguen el juego a Slim, ya que le permiten circunvalar a los reguladores del país, lo que subraya la debilidad de las instituciones mexicanas. Slim afirma que sus compañías están en "contacto constante" con los reguladores, pero le restó importancia a la noción de una negociación secreta.
Slim —un hombre al que le gusta hablar y que suele ser empático, aunque también se enoja con facilidad— rechaza la etiqueta de monopolista. "Me gusta la competencia. Necesitamos más competencia", dice mientras toma unos sorbos de Coca-Cola Light. Slim recalca que sus empresas operan en mercados competitivos y que México representa sólo un tercio de los ingresos de su operadora celular América Móvil SAB, que tiene clientes desde San Francisco a Santiago de Chile.
La estrategia de Slim ha sido consistente a lo largo de su carrera: comprar compañías a precio de liquidación, reestructurarlas y marginar a la competencia sin piedad. Después de obtener el control de Telmex en 1990, Slim se apoderó rápidamente del mercado de cables de cobre que esa empresa usa para los cables de teléfono. Compró uno de los dos principales proveedores y se aseguró que Telmex no adquiriera cables del otro proveedor. Al final logró que los dueños de la otra empresa vendieran su negocio a Slim.
Su control sobre la telefonía mexicana ha atrasado el desarrollo del país. Sólo un 20% de los hogares de ese país tiene una línea de teléfono y sólo un 4% de los mexicanos tiene acceso a banda ancha. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los consumidores y empresas de México pagan precios superiores al promedio por sus llamadas telefónicas.
Slim concuerda en que muchas industrias en México son dominadas por grandes compañías, pero no ve problema en ello mientras ofrezcan buen servicio y buenos precios.
Los años clave
El año que moldeó el futuro de Slim fue 1982. La caída en los precios del petróleo llevó a que México cayera en picada. Cuando el presidente saliente José López Portillo nacionalizó los bancos, la tradicional élite empresarial temió que el país se volviera socialista y comenzó a abandonar México. Muchas empresas se vendían a un 5% de su valor libro. Slim adquirió decenas de grandes firmas a precio de ganga, decisión que fue recompensada cuando la economía comenzó a recuperarse en los años siguientes. "Los países no quiebran", dijo Slim a sus amigos en esos años.
A pesar de sus habilidades empresariales, muchos mexicanos creen que su gran momento fue el ascenso al poder de Carlos Salinas en 1988, un tecnócrata educado en la Universidad de Harvard que quería modernizar el país. Ambos hombres hicieron amistad a mediados de los años 80. Salinas privatizó cientos de empresas estatales, incluyendo Telmex en 1990. Slim, junto a Southwestern Bell y France Telecom, ganó la subasta, por sobre un grupo de empresas encabezado por su amigo Roberto Hernández. Éste último después insinuó que la venta estaba arreglada, algo que tanto Slim como Salinas han negado siempre. Sea como sea, el proceso de privatizaciones creó una nueva clase de superricos en México. En 1991, el país tenía a dos hombres con una fortuna superior a los US$1.000 millones en la lista de Forbes. En 1994, al final del sexenio de Salinas, ya eran 24. Y el más acaudalado de todos era Slim.
Retrospectivamente es fácil ver por qué Slim y Hernández consideraban que Telmex era un trofeo que bien valía la pena terminar con su amistad. Mientras que países como Brasil y Estados Unidos disolvieron sus monopolios estatales al crear a partir de éstos varias empresas que competían entre sí, México vendió su compañía intacta, excluyendo cualquier competencia en los primeros seis años. Y a diferencia de otros países, a Telmex se le permitió ofrecer los tres servicios —llamadas locales, de larga distancia e inalámbricas— en todo el país. Al principio, el gobierno ni siquiera se empeñó en crear un regulador para el mercado de la telefonía, lo que sólo ocurrió tres años después de la privatización.
A lo largo de los años, la mayoría de los intentos de regular a las compañías de Slim ha fracasado. La Cofetel, el regulador de las telecomunicaciones, era tan débil en los años 90 que los rivales de Telmex lo tildaron de "Cofetelmex". Cuando las autoridades trataban de actuar, los abogados de Slim bloqueaban la iniciativa en los bizantinos tribunales del país.
El dueño de Telmex también tenía amigos en altos cargos. Cuando fue electo presidente en 2000, Vicente Fox escogió a Pedro Cerisola, un ex empleado de Telmex, como secretario de Comunicaciones y Transporte. Cerisola, quien no quiso comentar para este artículo, rara vez hacía algo en contra de su ex compañía, afirman ejecutivos de telefónicas rivales.
Con el dinero proveniente de su imperio telefónico, Slim se ha expandido a otros mercados en México y América Latina. América Móvil tiene 124 millones de clientes en más de 10 países en la región.
En su país natal, Slim se ha enfocado en industrias que dependen de contratos gubernamentales. Su nueva compañía constructora, Ideal SAB, apuesta a gestionar algunas de las carreteras más grandes de México. Su empresa de servicios petroleros construyó hace poco la mayor plataforma de crudo del país.
En privado, algunos líderes de negocios dicen que sienten que Slim se ha vuelto demasiado codicioso. La muerte de su esposa Soumaya en 1999 lo dejó sin un cable a tierra, dice Enrique Trigueros, amigo de Slim cuando ambos eran jóvenes corredores de bolsa en los años 60. "Ella era una mujer especial, del tipo que sabe mantener a raya a un hombre. Hoy, lo único en lo que puede pensar es negocios", afirma.
David Luhnow
Wall Street Journal
4 de agosto de 2007
Ha construido su fortuna a la antigua: mediante monopolios
Ciudad de México. Carlos Slim es el Señor Monopolio de México. Es difícil pasar un día en este país y no poner dinero en su billetera. El magnate de 67 años controla más de 200 compañías en sectores como telecomunicaciones, tabaco, construcción, minería, bicicletas, gaseosas, aerolíneas, hoteles, ferrocarriles, banca e imprenta. Slim dice que ha "perdido la cuenta". En total, todas sus empresas representan más de un tercio del valor del principal índice bursátil de México, mientras que su fortuna asciende a 7% de la producción económica anual de ese país (en su punto álgido, la riqueza de John D. Rockefeller llegaba a 2,5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos).
"Este restaurante es el único lugar en México que no pertenece a Carlos Slim", bromea en su carta un local de comida en Ciudad de México.
La riqueza de Slim ha crecido más rápido que cualquier otra en el mundo, aumentando en más de US$20.000 millones en los últimos dos años para llegar actualmente a unos US$60.000 millones. Si bien el valor de mercado de sus empresas que cotizan en bolsa podría caer, hoy es probablemente más rico que Bill Gates, que según la revista Forbes tenía un patrimonio de US$56.000 millones en marzo. Sería la primera vez que una persona del mundo en desarrollo ocupa el primer lugar desde que la revista comenzara a seguir a los ricos fuera de EE.UU. en los años 90.
"No es una competencia", dijo Slim hace poco durante una entrevista, jugueteando con un habano sin prender en una oficina en un segundo piso decorada con pinturas mexicanas del siglo XIX. Un hombre relativamente modesto, que usa las corbatas de sus propias tiendas, Slim afirma que no se siente más rico sólo porque lo es en el papel.
¿Cómo logró este hijo mexicano de inmigrantes libaneses llegar a estas cimas? Lo hizo al ensamblar monopolios, algo parecido a lo que hizo John D. Rockefeller con la industria de la refinación de petróleo durante la era industrial. En el mundo postindustrial, Slim ha construido un baluarte en torno a la telefonía en México. Sus compañías Teléfonos de México SAB (Telmex) y Telcel controlan 92% de todas las líneas fijas y 73% de la telefonía móvil, respectivamente. Al igual que Rockefeller en su momento, Slim ha acumulado tanto poder que es considerado un intocable en su país, una fuerza tan grande como el Estado mismo.
Slim es un caso de estudio sobre las contradicciones. Dice que le gusta la competencia en los negocios, pero intenta bloquearla cada vez que puede. Le encanta hablar acerca de las tecnologías, pero no usa una computadora y prefiere el papel y el lápiz. Ha sido anfitrión de personajes tan variados como Bill Clinton y Gabriel García Márquez, pero en muchos sentidos es provinciano. No le gusta mucho viajar y dice con orgullo que no posee ninguna vivienda fuera de México. En un país fanático del fútbol, le gusta el béisbol. ¿Su equipo favorito? Los Yankees de Nueva York.
Sus admiradores dicen que Slim, un insomne que se queda hasta altas horas de la noche leyendo libros de historia (Ghengis Khan y sus engañosas estrategias militares es uno de sus temas favoritos), encarna el potencial de México para convertirse en un tigre latino. Su austeridad, tanto en sus empresas como en su vida privada, dicen, es un modelo de moderación en una región en la que muchos grandes empresarios son conocidos por ostentar su riqueza.
Para sus detractores, no obstante, el auge de Slim dice mucho acerca de los problemas más profundos de México, incluyendo la brecha entre ricos y pobres. En el último ranking de la ONU, México figura en el lugar 103 entre 126 países en cuanto a igualdad. En los últimos dos años, Slim ha ganado casi US$27 millones el día, mientras que un 20% de la población vive con US$2 o menos al día.
"Es como EE.UU. y los grandes industrialistas de 1890. Sólo que Slim es Rockefeller, Carnegie y J.P. Morgan todo en uno", afirma David Martínez, un inversionista mexicano que vive en Nueva York.
"Es sorprendente ver cómo las grandes empresas han capturado el Estado mexicano", dice Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia de México. "Es un riesgo para nuestra democracia y está sofocando nuestra economía".
Como el rostro de la nueva élite, Slim representa un difícil desafío para el nuevo presidente del país. Felipe Calderón tiene que decidir si debe contener a Slim, a pesar de su reputación de ser el mayor empleador privado y contribuyente tributario del país. El Congreso casi nunca aprueba leyes que amenacen sus intereses. y sus empresas representan una parte importante del ingreso publicitario de México, por lo que los medios son reacios a criticarlo.
En los últimos meses, Calderón ha tratado de llegar a un acuerdo a puertas cerradas con Slim. En varios encuentros cara a cara, el presidente ha tratado de convencer al magnate de aceptar una mayor competencia, según fuentes al tanto. El gobierno tiene una carta de peso: Slim no puede ofrecer video —un mercado potencialmente gigantesco— en sus redes sin la aprobación del gobierno. Pero algunos cercanos a Calderón dicen en privado que estas conversaciones reservadas le siguen el juego a Slim, ya que le permiten circunvalar a los reguladores del país, lo que subraya la debilidad de las instituciones mexicanas. Slim afirma que sus compañías están en "contacto constante" con los reguladores, pero le restó importancia a la noción de una negociación secreta.
Slim —un hombre al que le gusta hablar y que suele ser empático, aunque también se enoja con facilidad— rechaza la etiqueta de monopolista. "Me gusta la competencia. Necesitamos más competencia", dice mientras toma unos sorbos de Coca-Cola Light. Slim recalca que sus empresas operan en mercados competitivos y que México representa sólo un tercio de los ingresos de su operadora celular América Móvil SAB, que tiene clientes desde San Francisco a Santiago de Chile.
La estrategia de Slim ha sido consistente a lo largo de su carrera: comprar compañías a precio de liquidación, reestructurarlas y marginar a la competencia sin piedad. Después de obtener el control de Telmex en 1990, Slim se apoderó rápidamente del mercado de cables de cobre que esa empresa usa para los cables de teléfono. Compró uno de los dos principales proveedores y se aseguró que Telmex no adquiriera cables del otro proveedor. Al final logró que los dueños de la otra empresa vendieran su negocio a Slim.
Su control sobre la telefonía mexicana ha atrasado el desarrollo del país. Sólo un 20% de los hogares de ese país tiene una línea de teléfono y sólo un 4% de los mexicanos tiene acceso a banda ancha. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los consumidores y empresas de México pagan precios superiores al promedio por sus llamadas telefónicas.
Slim concuerda en que muchas industrias en México son dominadas por grandes compañías, pero no ve problema en ello mientras ofrezcan buen servicio y buenos precios.
Los años clave
El año que moldeó el futuro de Slim fue 1982. La caída en los precios del petróleo llevó a que México cayera en picada. Cuando el presidente saliente José López Portillo nacionalizó los bancos, la tradicional élite empresarial temió que el país se volviera socialista y comenzó a abandonar México. Muchas empresas se vendían a un 5% de su valor libro. Slim adquirió decenas de grandes firmas a precio de ganga, decisión que fue recompensada cuando la economía comenzó a recuperarse en los años siguientes. "Los países no quiebran", dijo Slim a sus amigos en esos años.
A pesar de sus habilidades empresariales, muchos mexicanos creen que su gran momento fue el ascenso al poder de Carlos Salinas en 1988, un tecnócrata educado en la Universidad de Harvard que quería modernizar el país. Ambos hombres hicieron amistad a mediados de los años 80. Salinas privatizó cientos de empresas estatales, incluyendo Telmex en 1990. Slim, junto a Southwestern Bell y France Telecom, ganó la subasta, por sobre un grupo de empresas encabezado por su amigo Roberto Hernández. Éste último después insinuó que la venta estaba arreglada, algo que tanto Slim como Salinas han negado siempre. Sea como sea, el proceso de privatizaciones creó una nueva clase de superricos en México. En 1991, el país tenía a dos hombres con una fortuna superior a los US$1.000 millones en la lista de Forbes. En 1994, al final del sexenio de Salinas, ya eran 24. Y el más acaudalado de todos era Slim.
Retrospectivamente es fácil ver por qué Slim y Hernández consideraban que Telmex era un trofeo que bien valía la pena terminar con su amistad. Mientras que países como Brasil y Estados Unidos disolvieron sus monopolios estatales al crear a partir de éstos varias empresas que competían entre sí, México vendió su compañía intacta, excluyendo cualquier competencia en los primeros seis años. Y a diferencia de otros países, a Telmex se le permitió ofrecer los tres servicios —llamadas locales, de larga distancia e inalámbricas— en todo el país. Al principio, el gobierno ni siquiera se empeñó en crear un regulador para el mercado de la telefonía, lo que sólo ocurrió tres años después de la privatización.
A lo largo de los años, la mayoría de los intentos de regular a las compañías de Slim ha fracasado. La Cofetel, el regulador de las telecomunicaciones, era tan débil en los años 90 que los rivales de Telmex lo tildaron de "Cofetelmex". Cuando las autoridades trataban de actuar, los abogados de Slim bloqueaban la iniciativa en los bizantinos tribunales del país.
El dueño de Telmex también tenía amigos en altos cargos. Cuando fue electo presidente en 2000, Vicente Fox escogió a Pedro Cerisola, un ex empleado de Telmex, como secretario de Comunicaciones y Transporte. Cerisola, quien no quiso comentar para este artículo, rara vez hacía algo en contra de su ex compañía, afirman ejecutivos de telefónicas rivales.
Con el dinero proveniente de su imperio telefónico, Slim se ha expandido a otros mercados en México y América Latina. América Móvil tiene 124 millones de clientes en más de 10 países en la región.
En su país natal, Slim se ha enfocado en industrias que dependen de contratos gubernamentales. Su nueva compañía constructora, Ideal SAB, apuesta a gestionar algunas de las carreteras más grandes de México. Su empresa de servicios petroleros construyó hace poco la mayor plataforma de crudo del país.
En privado, algunos líderes de negocios dicen que sienten que Slim se ha vuelto demasiado codicioso. La muerte de su esposa Soumaya en 1999 lo dejó sin un cable a tierra, dice Enrique Trigueros, amigo de Slim cuando ambos eran jóvenes corredores de bolsa en los años 60. "Ella era una mujer especial, del tipo que sabe mantener a raya a un hombre. Hoy, lo único en lo que puede pensar es negocios", afirma.
jueves, junio 14, 2007
La Ley del ISSSTE es un regalo a las Afores
Zósimo Camacho
Contralínea
1a quincena de junio de 2007
Los grupos financieros -mayoritariamente de capital trasnacional- que controlan el mercado de capitales en México verán acrecentar sus activos en más de 58 mil millones de pesos cuando, en tres años, comiencen a captar los ahorros de los afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El fondo del Pensionissste cuenta actualmente con más de 58 mil 500 millones de pesos. Las cuentas individuales de los trabajadores podrán ser “recibidas” por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) en 2010, cuando se cumplan tres años de aprobada la reforma que finiquitó el sistema solidario de cuentas.
Los fondos de los trabajadores del apartado B, quienes laboran para las instituciones del Estado mexicano, se sumarán a los 718 mil 146 millones –según cifras de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados– que ya administran las Afores y que provienen de los ahorros de los trabajadores del apartado A, aquellos que trabajan para las empresas privadas. A 10 años de la reforma a la Ley del IMSS, las Administradoras mantienen uno de los cobros por manejo de cuentas más altos del mundo y, al mismo tiempo, otorgan exiguos rendimientos (Fortuna 49).
“En este momento la Ley plantea que lo que los trabajadores han ahorrado en el SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) se pase de manera automática al Pensionissste; pero también contempla que a los tres años de entrada en vigor, los trabajadores podrán cambiarse a cualquiera de las Afores que exista en el mercado”, dice la secretaria de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Rosario Ortiz.
La legisladora agrega que “entonces pasará lo que ya ocurrió con los del IMSS. Las Afores van a lanzar una campaña mediática muy fuerte para ganarse a los trabajadores que están en el Pensionissste. Y como los trabajadores conocemos muy poco acerca del manejo financiero, terminarán otorgando sus ahorros a los grandes grupos empresariales. Esto ya ocurrió anteriormente; hicieron un gasto impresionante en publicidad, pero obtuvieron la administración de los ahorros”.
Los beneficiados
En el actual sistema de pensiones mexicano existen 21 Afores propiedad de igual número de grupos financieros. A pesar de que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha calificado de un “triunfo” la existencia de más de 20 opciones en el mercado de las administradoras de fondos, sólo seis acaparan el 62.5 por ciento del total de las cuentas: Banamex, Bancomer, Inbursa, GNP, Banorte y Principal.
De acuerdo con cifras de la Consar, al mes de marzo de 2007, la Afore Banamex es la que más número de cuentas de trabajadores administra: 5 millones 711 mil 610, lo que representa el 15.1 por ciento del total.
Banamex fue comprado en 2001 al “amigo de Fox” Roberto Hernández por la estadunidense Citigroup Inc., el conglomerado financiero más importante del mundo. La transacción, por 12 mil 500 millones de dólares, se realizó mediante la Bolsa Mexicana de Valores con el objetivo de evitar el pago de impuestos. Banamex fue el banco más favorecido por el Fobaproa. Al momento de la compra, los pagarés del rescate bancario representaban 58 por ciento del valor total del banco.
Aunque la institución bancaria dejó de ser “mexicana”, los dueños estadounidenses conservaron casi sin cambios al grupo directivo de la institución. Al frente se encuentra Manuel Medina Mora, hermano del actual procurador General de la República Eduardo Medina Mora, quien encabezó de 2000 a 2005 el organismo de inteligencia y contrainteligencia civil mexicana, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
La Afore Bancomer administra los ahorros de 4 millones 335 mil 130 trabajadores, el 11.5 por ciento del total de los asalariados en México. La compra total del banco, por parte del grupo financiero español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, se concretó en febrero de 2004 con objeciones del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y el “total respaldo” del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien incluso celebró ante estudiantes de la universidad de Columbia: “México tendrá en breve el primer banco totalmente español en su territorio”.
Hasta 2001 el accionista mayoritario del banco era el gobierno mexicano, quien en junio de ese año inició la venta de sus acciones. La supervisión de la transacción fue considerada “deficiente” por la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de la revisión de la Cuenta Pública 2002.
Incluso, las acusaciones de haber utilizado dinero de procedencia ilícita para la compra de Bancomer le valieron a BBVA la apertura de investigaciones en Estados Unidos y España que concluyeron con el enjuiciamiento de 22 directivos, entre ellos su ex presidente Emilio Ybarra, por el desvío de casi 20 millones de euros a cuentas secretas en Suiza y otros países europeos. En México prevaleció el “respaldo” de Gil Díaz.
Bancomer fue otro de los principales beneficiarios del Fobaproa y actualmente genera el 70 por ciento del total de las utilidades que BBVA obtiene de América Latina y el 28 a nivel global. El directivo designado para encabezar BBVA Bancomer es Ignacio Deschamps González.
Afore Inbursa administra el 9.5 por ciento del total de las cuentas de los trabajadores mexicanos, es decir, 3 millones 597 mil 951. El banco es el brazo financiero del emporio del magnate mexicano y segundo hombre más rico del mundo Carlos Slim Helú, cuyo patrimonio supera los 53 mil 100 millones de dólares, es decir, alrededor del 6.3 por ciento del producto interno de México.
Slim construyó su fortuna sobre la antigua paraestatal Telmex, la cual, ahora en sus manos, mantiene el monopolio del servicio telefónico en el país. Además de Inbursa y Telmex, Slim es dueño, entre otras empresas, de América Móvil y la constructora Ideal.
La Afore Profuturo del Grupo Nacional Provincial posee las cuentas de ahorros de 3 millones 389 mil 462 trabajadores, el 9 por ciento del total. El dueño de este grupo financiero es el segundo hombre más rico del país –con alrededor de 3 mil millones de dólares–, Alberto Bailleres, quien también posee El Palacio de Hierro y la minera Peñoles.
Además, cuenta con la casa de bolsa Valmex y es el “apoyo financiero y guía” de la junta de gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
La Afore de Banorte Generali administra el 8.7 por ciento del total de los fondos de ahorro de los trabajadores, es decir, 3 millones 288 mil 188. Esta administradora fue conformada por el grupo Financiero Banorte, de Roberto González Barrera, y la italiana Assicurazzioni Generali.
Además del grupo financiero, González Barrera es dueño de Maseca. De 1988 a 1991 otorgó préstamos “a la palabra” a Raúl Salinas –hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari–, con quien rompió por adeudos pendientes cuando estuvo en prisión.
Principal Afore, del estadounidense Principal Financial Group, administra 3 millones 290 mil 479 de cuentas de ahorro individuales, alrededor de 8.75 por ciento del total.
Otras Afores que administran más de un millón de cuentas de ahorro de los trabajadores son Santander, del grupo financiero español Santander, con 3 millones 25 mil 319; Siglo XXI, la cual perteneció esporádicamente al propio IMSS y ahora se encuentra en manos del grupo financiero IXE, de Enrique Castillo Sánchez Mejorada, y que actualmente suma alrededor de 2 millones 600 mil cuentas; el británico-hongkonés HSBC, con un millón 767 mil 486 fondos de ahorro; Azteca, de Salinas Pliego, dueño también de Televisión Azteca y Elektra, entre otras empresas, con un millón 254 mil 547 cuentas, y Actinver, de Héctor Madero, con un millón 229 mil 964.
La “quiebra” del ISSSTE
De acuerdo con los impulsores de la reforma, el cambio a la Ley era “necesario e inminente” porque el ISSSTE estaba “quebrado” y no podía hacer frente a los pasivos de pensiones.
“El ISSSTE ya estaba prácticamente en quiebra técnica, pues el déficit en el fondo de pensiones era de 50 mil millones de pesos”, señala Samuel Aguilar Solís, secretario de la Comisión de Seguridad Social.
“A esto se agrega –dice el legislador por el Partido Revolucionario Institucional– que se redujeron los trabajadores en activo y aumentaron los jubilados, no se incrementaron las cuotas obrero patronales y creció la esperanza en el nivel de vida.”
–¿En qué se gastaron los ahorros de los trabajadores?
–En la creación de una gran infraestructura, que es la que existe, y aun cuando se diga que es ineficiente, pues ahí está, y en eso se gastó el ahorro de los trabajadores.
–¿Fue legal el destino que se le dio al dinero?
–Sí, porque la Ley no establecía la individualización de los fondos. Antes, todo estaba en un cajón y lo que subsistía era un pragmatismo total: si había recursos y había una necesidad, se respondía a esa necesidad urgente tomando el dinero de donde había.
Aguilar Solís considera que ni siquiera se puede acusar de “irresponsables” a los anteriores directores del Instituto.
Sin embargo, para la legisladora Rosario Ortiz, la reforma a la Ley del ISSSTE, aprobada el 23 de marzo pasado, tiene como destinatarios los conglomerados financieros “que son los grandes consentidos en el país desde hace cuatro sexenios”.
Los fondos de pensiones de los trabajadores del ISSSTE “finalmente irán a parar a los grandes grupos financieros. Las Afores, propiedad de bancos, en su mayoría trasnacionales, son las principales beneficiarias de la reforma a la Ley de ISSSTE”, concluye la legisladora Rosario Ortiz.
sábado, marzo 31, 2007
Lo legal y lo ético
Rogelio Ramírez de la O*
El Universal
26 de marzo de 2007
Alan Greenspan hizo una distinción en una reciente conferencia ante la Bolsa de Nueva York entre los actos legales de los empresarios y los actos correctos. Si la Bolsa de Nueva York va a ser competitiva, tiene que tener reglamentos flexibles. Para ello necesita "cambiar de un sistema basado en reglas, en donde los empresarios se preguntan ´¿Es esto legal?´, a uno basado en principios en donde se deben preguntar ´¿Es esto lo correcto?´".
Todo lo anterior, ante crecientes quejas de empresarios y financieros por las tediosas y costosas regulaciones conocidas como Sarbanes-Oxley, que tratan de impedir los abusos de directores de empresas contra los accionistas, como secuela de los escándalos de los 90, como el de Enron.
El mismo conflicto entre legalidad y principios fue evidente en el intercambio que sostuvieron el año pasado Roberto Hernández, como ex accionista de Banamex, y Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la Presidencia, cuando el primero reclamó al segundo sus constantes críticas a la venta del banco en 2001 a Citigroup por 12 mil 500 millones de dólares sin el pago de impuestos.
Roberto Hernández insistió en que no se pagaron los impuestos porque era lo "legal", cuando López Obrador insistía en que así no era ética. Muchos empresarios y comentaristas que se sienten ofendidos por aparentes faltas de respeto a la ley condenaron a López Obrador al sugerir su criterio de lo que es ético frente a lo que la ley permite.
En realidad a esos comentaristas les faltó profundidad, pues más que tratarse del criterio de lo ético de una persona, el asunto era una obviedad. También, porque la venta de Banamex, aun sin llegar al pago de impuestos, planteaba un serio problema de procedencia.
Esto porque el banco en ese momento tenía 5 mil millones de dinero público, recibido por el Fobaproa como ayuda para solventar sus créditos incobrables. Venderlo así nomás, sin explicar con amplitud el destino de ese dinero público, era una imprudencia, salvo que al completar la venta los vendedores regresaran a Fobaproa sus 5 mil millones.
En realidad no hay mucho conflicto en esto: como si alguien a quien le prestamos para que el banco no le quite su casa por falta de pago más tarde la vende, obtiene gran utilidad y no nos regresa nuestro dinero.
El hecho de que haya reglas y de que éstas se interpreten de cierta manera para permitir a alguien tomar ventaja de situaciones no cancela el conflicto ético. Más aún, cuando todos sabemos que en asuntos complicados con dinero siempre es posible obtener dictámenes de abogados y contadores como uno los quiera.
Cuando se planean operaciones y se trata de hacerlas caber dentro de la ley, es cuando debe haber un llamado de conciencia. Si el llamado no se lo hace a sí mismo, el empresario, el gobierno y los reguladores están obligados a hacerlo. Si no lo hacen, no están cumpliendo con su obligación.
Los conflictos existen todos los días en los negocios y en el diseño de las políticas públicas. Otro ejemplo lo vemos en Francia, donde Alcatel decidió cambiar su base de investigación y desarrollo a algún otro país, por conveniencia de costos y tecnología.
El problema es que la empresa recibió estímulos fiscales del gobierno francés para investigación y desarrollo. Por ello no le falta razón al candidato a la presidencia, señor Nicolás Sarkozy, quien dice que "si han recibido fondos del Estado para mantener sus actividades en Francia y ahora las quieren mover a otro país, entonces deberían devolver esos fondos".
La cerrazón frecuente de las autoridades de que todo se resuelve sólo con la ley es ingenua e inconveniente, pues en la economía y los negocios siempre hay matices que la ley no logra prever.
Y si queremos cambiar la ley para cerrar todos los huecos y seguir dependiendo sólo de ella, la vamos a hacer cada vez más compleja, más costosa de administrar y vamos a acabar siendo un país de abogados que cuando no está cambiando la ley está discutiendo cómo cambiarla.
Por supuesto, tampoco se trata de desconocer la ley, sino de rescatar los principios de la ética y no confundir acciones vestidas de legales con acciones correctas, cuando hay abusos flagrantes.
La defensa de las sociedades democráticas frente a esos abusos está en el carácter del gobierno y sus reguladores, en su legislatura y en su opinión pública. Si ninguno de éstos cuestiona los actos incorrectos disfrazados de legales, el país se va a seguir descomponiendo y la confianza mutua y el clima de inversión aún más.
La globalización no se lleva bien ni con una pérdida de principios ni tampoco con regulaciones excesivas y complicadas. Menos aún cuando nuestro principal socio es el baluarte del capitalismo que de tiempo en tiempo hace purgas de violadores de principios, como ocurrió en la secuela de Enron.
Gobierno, reguladores y comentaristas tienen entonces que reflexionar sobre la importancia de aplicar principios y ética cuando menos en el mismo nivel en que tratan de aplicar la ley.
Si no les gustan los monopolios, como muchos ahora lo expresan, deben darse cuenta que en lo formal esos monopolios están cumpliendo con la ley y hasta se dan el lujo de ganarles los juicios.
También deben darse cuenta de que no se trata sólo de leyes, pues hay límites para copiar las reglas de una sociedad y medio empresarial como el de Estados Unidos para aplicarlas en México.
Podemos continuar así como vamos, tolerando abusos y rasgando las vestiduras para defender retóricamente la ley y el estado de derecho. Pero por esa vía vamos a perder más competitividad, vamos a tener leyes y reglamentos más complicados y vamos a perder la credibilidad frente a la inversión extranjera.
rograo@gmail.com
* Analista económico.
El Universal
26 de marzo de 2007
Alan Greenspan hizo una distinción en una reciente conferencia ante la Bolsa de Nueva York entre los actos legales de los empresarios y los actos correctos. Si la Bolsa de Nueva York va a ser competitiva, tiene que tener reglamentos flexibles. Para ello necesita "cambiar de un sistema basado en reglas, en donde los empresarios se preguntan ´¿Es esto legal?´, a uno basado en principios en donde se deben preguntar ´¿Es esto lo correcto?´".
Todo lo anterior, ante crecientes quejas de empresarios y financieros por las tediosas y costosas regulaciones conocidas como Sarbanes-Oxley, que tratan de impedir los abusos de directores de empresas contra los accionistas, como secuela de los escándalos de los 90, como el de Enron.
El mismo conflicto entre legalidad y principios fue evidente en el intercambio que sostuvieron el año pasado Roberto Hernández, como ex accionista de Banamex, y Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la Presidencia, cuando el primero reclamó al segundo sus constantes críticas a la venta del banco en 2001 a Citigroup por 12 mil 500 millones de dólares sin el pago de impuestos.
Roberto Hernández insistió en que no se pagaron los impuestos porque era lo "legal", cuando López Obrador insistía en que así no era ética. Muchos empresarios y comentaristas que se sienten ofendidos por aparentes faltas de respeto a la ley condenaron a López Obrador al sugerir su criterio de lo que es ético frente a lo que la ley permite.
En realidad a esos comentaristas les faltó profundidad, pues más que tratarse del criterio de lo ético de una persona, el asunto era una obviedad. También, porque la venta de Banamex, aun sin llegar al pago de impuestos, planteaba un serio problema de procedencia.
Esto porque el banco en ese momento tenía 5 mil millones de dinero público, recibido por el Fobaproa como ayuda para solventar sus créditos incobrables. Venderlo así nomás, sin explicar con amplitud el destino de ese dinero público, era una imprudencia, salvo que al completar la venta los vendedores regresaran a Fobaproa sus 5 mil millones.
En realidad no hay mucho conflicto en esto: como si alguien a quien le prestamos para que el banco no le quite su casa por falta de pago más tarde la vende, obtiene gran utilidad y no nos regresa nuestro dinero.
El hecho de que haya reglas y de que éstas se interpreten de cierta manera para permitir a alguien tomar ventaja de situaciones no cancela el conflicto ético. Más aún, cuando todos sabemos que en asuntos complicados con dinero siempre es posible obtener dictámenes de abogados y contadores como uno los quiera.
Cuando se planean operaciones y se trata de hacerlas caber dentro de la ley, es cuando debe haber un llamado de conciencia. Si el llamado no se lo hace a sí mismo, el empresario, el gobierno y los reguladores están obligados a hacerlo. Si no lo hacen, no están cumpliendo con su obligación.
Los conflictos existen todos los días en los negocios y en el diseño de las políticas públicas. Otro ejemplo lo vemos en Francia, donde Alcatel decidió cambiar su base de investigación y desarrollo a algún otro país, por conveniencia de costos y tecnología.
El problema es que la empresa recibió estímulos fiscales del gobierno francés para investigación y desarrollo. Por ello no le falta razón al candidato a la presidencia, señor Nicolás Sarkozy, quien dice que "si han recibido fondos del Estado para mantener sus actividades en Francia y ahora las quieren mover a otro país, entonces deberían devolver esos fondos".
La cerrazón frecuente de las autoridades de que todo se resuelve sólo con la ley es ingenua e inconveniente, pues en la economía y los negocios siempre hay matices que la ley no logra prever.
Y si queremos cambiar la ley para cerrar todos los huecos y seguir dependiendo sólo de ella, la vamos a hacer cada vez más compleja, más costosa de administrar y vamos a acabar siendo un país de abogados que cuando no está cambiando la ley está discutiendo cómo cambiarla.
Por supuesto, tampoco se trata de desconocer la ley, sino de rescatar los principios de la ética y no confundir acciones vestidas de legales con acciones correctas, cuando hay abusos flagrantes.
La defensa de las sociedades democráticas frente a esos abusos está en el carácter del gobierno y sus reguladores, en su legislatura y en su opinión pública. Si ninguno de éstos cuestiona los actos incorrectos disfrazados de legales, el país se va a seguir descomponiendo y la confianza mutua y el clima de inversión aún más.
La globalización no se lleva bien ni con una pérdida de principios ni tampoco con regulaciones excesivas y complicadas. Menos aún cuando nuestro principal socio es el baluarte del capitalismo que de tiempo en tiempo hace purgas de violadores de principios, como ocurrió en la secuela de Enron.
Gobierno, reguladores y comentaristas tienen entonces que reflexionar sobre la importancia de aplicar principios y ética cuando menos en el mismo nivel en que tratan de aplicar la ley.
Si no les gustan los monopolios, como muchos ahora lo expresan, deben darse cuenta que en lo formal esos monopolios están cumpliendo con la ley y hasta se dan el lujo de ganarles los juicios.
También deben darse cuenta de que no se trata sólo de leyes, pues hay límites para copiar las reglas de una sociedad y medio empresarial como el de Estados Unidos para aplicarlas en México.
Podemos continuar así como vamos, tolerando abusos y rasgando las vestiduras para defender retóricamente la ley y el estado de derecho. Pero por esa vía vamos a perder más competitividad, vamos a tener leyes y reglamentos más complicados y vamos a perder la credibilidad frente a la inversión extranjera.
rograo@gmail.com
* Analista económico.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)