Rebelión
12 de marzo de 2009
Original: Narco News**
Traducción: Germán Leyens
Calderón y los militares son héroes; los organizadores sociales y los pobres son satanizados
El 9 de febrero de 2009, varios cientos de jóvenes con rostros cubiertos bloquearon importantes carreteras en Monterrey, Nuevo León, en una serie de acciones altamente coordinadas, paralizando la ciudad de 1,1 millones de habitantes. Los manifestantes volvieron casi cada día durante más de una semana, con acciones supuestamente coordinadas por jóvenes con teléfonos celulares Nextel. Cada vez que los manifestantes volvieron a bloquear las arterias, los acompañaban más mujeres con niños pequeños en sus brazos.
Al principio, los motivos de los manifestantes no eran evidentes. Luego hicieron saber que protestaban contra el uso de los militares en la guerra contra la droga. Específicamente, demandaban la retirada del Ejército de funciones de policía civil y la renuncia del comandante de la 7ª Zona Militar, Cuauhtémoc Antúnez Pérez.
Dentro de días de la primera protesta, los militares mexicanos – que fueron desplegados a Nuevo León por el presidente Felipe Calderón en febrero de 2007 para combatir el crimen organizado – arrestaron a seis presuntos miembros de los Zetas, la organización fundada por desertores del Ejército mexicano que trabajan para organizaciones de narcotráfico. El gobierno acusa a los seis de dirigir las manifestaciones que crearon caos en Monterrey. Entre los arrestados está Juan Antonio Beltrán Cruz. Los militares dicen que encontraron armas de fuego ilegales y 71 mochilas repletas de útiles escolares en su camioneta. Beltrán Cruz iba supuestamente a vecindarios pobres a fin de seducir a padres y jóvenes para que participaran en las protestas.
Algunos manifestantes también admitieron ante el gobierno y los medios que se les pagaba por participar entre 200 y 1.000 pesos (entre 13 y 70 dólares), que las mujeres recibían más dinero, y las mujeres con niños pequeños en los brazos recibían el máximo.
El 17 de febrero, el día de las protestas más intensas en Monterrey, bloqueos de protesta contra el Ejército ocurrieron en Reynosa y Matamoros en el Estado de Tamaulipas; varias ciudades en Veracruz; y Ciudad Juárez, Chihuahua.
El 18 de febrero, los militares comenzaron a patrullar las calles de Monterrey. Los manifestantes desaparecieron.
El 19 de febrero, el presidente Felipe Calderón hizo un discurso conmemorando el Día del Ejército Mexicano en la base de la 7ª Zona Militar en Monterrey. En su discurso, calificó de “cobardes” a los cárteles de la droga por pagar a mujeres, niños y personas mayores para que manifestaran, y declaró que el Ejército no volvería a sus cuarteles hasta que la policía civil tenga la capacidad de continuar la lucha.
No son manifestaciones normales
Narco News habló con una partidaria de la Otra Campaña de los zapatistas en Ciudad Juárez sobre las manifestaciones del 17 de febrero que cerraron tres puentes internacionales en esa ciudad. Ella participa activamente en múltiples redes de organización en toda la ciudad y dice que conoce a la mayoría de las organizaciones sociales y sabe de protestas antes de que ocurran. Desea mantener el anonimato por su propia seguridad. Dice a Narco News que dos de los tres bloqueos fueron publicitados antes de que ocurrieran y que organizaciones conocidas –taxistas y familias de personas desaparecidas– participaron en ellas. Su enfoque particular en el Ejército fue nuevo –los taxistas generalmente protestan contra las políticas contra el Secretario de Transporte Público respecto a placas para taxis, la falta de paradas para taxis, y otros temas relacionados con su trabajo. De la misma manera, las familias de los desaparecidos generalmente protestan contra la violencia, la inseguridad, y la militarización, pero nunca se concentran sólo en el Ejército.
La tercera protesta, sin embargo, fue “muy extraña” dice. No fue anunciada antes de que ocurriera. Dice que ella conoce a la mayoría de los organizadores de la ciudad, pero que cuando observó la protesta en las noticias, “no vio una sola cara conocida.” Aunque dice que las manifestaciones del 17 de febrero no tuvieron nada de característico para Ciudad Juárez, dice que no fueron ni aproximadamente tan extrañas como las protestas que ocurrieron en Monterrey.
En Monterrey, los organizadores locales supieron de inmediato que la protesta contra el Ejército no era su protesta normal. Un colectivo basado en Monterrey que adhiere a la Otra Campaña dijo a Narco News que está en contacto con la mayoría de las organizaciones sociales en la ciudad que realizan manifestaciones, y que ninguna de ellas conocía a algunos activistas u organizaciones que participaron en las protestas. Ni siquiera sabían que las protestas tendrían lugar hasta que ocurrieron –no hubo avisos por correo electrónico ni volantes en las calles llamando a la gente a manifestarse.
Don Héctor Camero de la ONG basada en Monterrey, Tierra y Libertad, también supo de inmediato que esa manifestación era diferente. Dijo a Radio Bemba que grupos que participan en las protestas usualmente se dan a conocer, a sus organizaciones, y sus demandas. No fue el caso con las protestas contra el Ejército. Los manifestantes se mantuvieron anónimos, incluso con las caras cubiertas. No hicieron conocer de inmediato sus demandas, y no expresaron de qué manera habían sufrido desde que el Ejército salió a las calles en su ciudad.
Camero sabe que por lo menos algunos de los participantes fueron pagados. Contó a Radio Bemba cómo el miembro de la familia de un amigo aceptó 500 pesos por participar. El dueño de casa acababa de perder su trabajo, y alguien ofreció a su mujer 500 pesos para que participara en un bloqueo. Ella aceptó la oferta.
Seguidores de la Otra Campaña de Monterrey también empezaron a sospechar cuando vieron la reacción policial ante la protesta. Aunque esta protesta fue una de las más agresivas que Monterrey haya visto en la historia reciente, la policía se mostró más considerada que con protestas anteriores. No hubo quema de barricadas en las calles de Monterrey durante manifestaciones normales, dice la fuente de Narco News. Pero cuando entre 80 y 90 jóvenes incendiaron una barricada en la Avenida Fidel Velásquez durante las protestas contra el Ejército, la policía prefirió el diálogo a la represión. “Si las organizaciones sociales hubieran hecho eso, habría habido una represión muy violenta,” dijo un partidario a la Otra Campaña que desea guardar el anonimato por temor a represalias.
Camero está de acuerdo: “Los jóvenes se reúnen en la Plaza del Colegio Civil en Monterrey. En cuanto los jóvenes comienzan a congregarse, la policía interviene. No dejan que los jóvenes se reúnan. Ellos [los jóvenes] muestran allí películas educativas, políticas y cívicas – lo que no es un pecado – y ellos [la policía] no permiten que realicen sus actividades culturales. Los expulsan de la plaza. Pero en este caso [las “narco protestas”], la policía actuó con mucha prudencia”.
La reacción “prudente” de la policía y del Ejército ante las protestas es ampliamente documentada en los medios mexicanos. Aproximadamente 50 personas fueron detenidas durante una de las protestas. Fueron liberadas horas después, una vez que pagaron una fianza de 500 pesos. Gracias a las draconianas leyes mexicanas sobre el crimen organizado, esa gente, a la que el gobierno acusa de trabajar para los cárteles de la droga, podría haber sido retenida sin fianza –pero no fue lo que ocurrió. Reforma informa que una joven fue detenida en la Avenida de la Constitución, pero fue liberada minutos más tarde. Poco después fue vista bloqueando la Avenida Gonzalitos.
No se sabe por qué la policía se condujo con tanta prudencia. La razón oficial del gobierno local es que tantas mujeres, gente ya mayor, y niños participaron en las protestas. La fuente de Narco News en Monterrey habla de rumores de que la policía había recibido amenazas. Es una posibilidad: el día después que la policía arrestó al presunto Zeta, Beltrán Cruz, con una subametralladora de 9 mm y 71 mochilas en su poder, un comandante de la policía involucrado en su aprehensión fue asesinado a plena luz del día. Los atacantes le dispararon tantas veces que su cara quedó irreconocible. Los cartuchos recuperados en la escena del crimen muestran que por lo menos algunas de las armas usadas –una subametralladora de 9 mm y un rifle de asalto– están limitadas por la ley mexicana al exclusivo uso militar (aunque la ley no ha impedido que esas armas terminen en las manos de miembros del cártel de la droga).
Los ganadores y perdedores en las “narcoprotestas”
Durante las “narco protestas,” la atención del mundo se concentró en un aspecto: ¿Quién estaba tras las protestas? El gobierno dice que el cártel del Golfo y sus asociados armados, los Zetas, organizaron las protestas de Monterrey. Hay quien ha especulado en silencio que el propio gobierno organizó las protestas para reforzar la popularidad del Ejército. La verdad es que nadie, a excepción de los propios organizadores de la protesta podrá llegar a saber quién fue realmente el responsable. Por ello, la verdadera pregunta no es “¿quién lo hizo?” sino “¿por qué lo hicieron?”
El razonamiento tras la cuidadosa planificación y magistral ejecución de las protestas de Monterrey se comprende mejor si se evalúa quién salió ganando y quién perdió cuando por fin terminaron las “narco protestas”.
Los ganadores
El presidente Felipe Calderón: Calderón se presentó con una plataforma de “pegarle duro al crimen organizado.” Días después de hacerse cargo de su puesto, tomó la muy controvertida decisión de desplegar soldados a Estados donde consideraba que se había perdido terreno ante los narcotraficantes. Desde entonces, la violencia por la droga ha aumentado vertiginosamente: en 2008, la cantidad de asesinatos relacionados con el crimen organizado ha más que duplicado el total de 2007, haciendo que la guerra a la droga sea más letal que las propias drogas. Sin embargo, el día en que llegó a la base del Ejército en Monterrey para pronunciar su discurso del Día del Ejército, fue el primer día en más de una semana en el que no hubo “narco protestas” en Monterrey. En tanto que Calderón era asociado anteriormente con un aumento de las tasas de homicidios, caos, y violencia, ahora es asociado con paz y tranquilidad. Como lo describió el anónimo partidario de la Otra Campaña en Monterrey: “Todos hablan de un ‘Estado fracasado,’ y llega Calderón y trae el orden.”
El partido Acción Nacional (PAN) y el partido Revolucionario Institucional (PRI): 2009 es un año electoral en Nuevo León. El puesto de alcalde en Monterrey y el de gobernador estarán en juego el 5 de julio. Monterrey es controlado actualmente por el PAN, mientras el gobernador de Nuevo León es priista. Ambas contiendas se han convertido en carreras para ver qué político puede reprimir mejor el disenso que el resto de los candidatos. El PAN, al ser el partido tras el despliegue del Ejército para combatir el crimen organizado, ya tiene una mano dura comprobada cuando se trata del crimen organizado. Sin embargo, el PRI, que gobernó México con mano dura durante más de siete decenios, no será tan fácilmente derrotado.
Rodrigo Medina de la Cruz, el candidato a gobernador del PRI, propuso que el congreso estatal de Nuevo León apruebe una ley haciendo que el bloqueo de una ruta “de manera violenta” sea castigable con hasta seis años en prisión y una multa entre 7.500 y 25.000 pesos (492-1.639 dólares). El alcalde del PAN en Monterrey, Adalberto Madero Quiroga, presentó su propia propuesta al congreso estatal: los bloqueos de ruta deberían ser castigables con seis años en prisión, pero si alguien muere en la protesta, la sentencia es duplicada a 12 años. La propuesta de Quiroga no especifica si la sentencia a 12 años se aplica sólo si los manifestantes matan a la persona, o si se aplica si la policía o el Ejército también matan a alguien. En México, la policía, el Ejército, y paramilitares favorables al gobierno son generalmente responsables por las muertes de manifestantes, no los propios participantes en las protestas.
El ejército: Las protestas de Monterrey han convertido en héroes a los militares. La prensa y testigos presenciales dicen que los ciudadanos de Monterrey literalmente dieron la bienvenida con los brazos abiertos a los soldados cuando comenzaron a patrullar las calles de la ciudad sólo un día antes de la llegada de Calderón. Según las informaciones, la gente en las calles vitoreó y aplaudió cuando vio a los soldados. El contacto de Narco News en Monterrey dice que “la ciudad está completamente militarizada” –y que a la gente parece gustarle.
Si alguien hubiera querido organizar protestas para aumentar la popularidad del Ejército, Monterrey es el sitio perfecto para hacerlo. El colectivo de Monterrey dijo a Narco News que nunca hubo un sentimiento significativo contra el Ejército en Monterrey, a pesar de la presencia de los militares en Nuevo León durante más de un año. Camero explica el por qué: “En Monterrey no ha habido el tipo de trasgresiones cometidas por soldados que han tenido lugar en otros sitios. No digo que no existan; ha habido 150 o 200 agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP). Son policías federales que también han sido desplegados en la guerra contra la droga y que participan en operaciones conjuntas con el Ejército. Pero en general, las patrullas de los soldados son realizadas con cuidado. Ha habido algunas quejas debidas a allanamientos erróneos o por los puntos de control del Ejército. Pero en general no ha habido muchas quejas respecto a su trato a la población. De modo que estas protestas, en las que los jóvenes no sólo se han embozado, sino también han andado por ahí con garrotes amenazando a conductores o mujeres jóvenes, han creado una situación en la que la población respalda al Ejército. Dice: ‘Estamos con los militares.’ De modo que las protestas están realmente provocando lo contrario’ de su objetivo declarado, que es la retirada del Ejército.”
Por cierto. Sólo dos semanas después del fin de la protesta, el gobierno federal anunció que estaba enviando otros 5.000 soldados a Ciudad Juárez, que es la ciudad más violenta de México y también sede de una protesta que los medios asociaron con las “narco protestas.” Mil policías federales y dos mil soldados ya han llegado. Antes del reciente refuerzo, había 2.000 soldados estacionados en Ciudad Juárez, lo que significa que cuando lleguen todos los refuerzos, 7.000 soldados patrullarán la ciudad de 1,4 millones de habitantes. Es un soldado por cada 200 civiles en una ciudad con una densidad de población de más de 4.632 personas por kilómetro cuadrado, o sea 23 soldados por kilómetro cuadrado. Aunque el anuncio del gobierno federal no sea probablemente un resultado directo de las “narco protestas,” las manifestaciones seguramente no perjudicaron las relaciones públicas del Ejército antes de una de las ‘oleadas’ militares más intensas en el país.
Toda organización de narco tráfico que colabore con sectores del ejército: En diciembre de 2008, el corresponsal de Narco News, Bill Conroy, presentó la evidencia de que la corrupción dentro del Ejército Mexicano podría no estar limitada a unos pocos incidentes aislados de oficiales (aunque de alto rango) en la nómina del cártel en su artículo “Asesinatos en Juárez sacan a la luz un ‘cártel militar’ emergente.” Una fuente, el ex agente de la DEA Celerino “Cele” Castillo III, dijo a Conroy:
“Durante la elección presidencial, El Chapo [Joaquín Guzmán, dirigente de la organización de narcotráfico de Sinaloa apoyó [al presidente mexicano] Calderón. Calderón luego alquiló el Ejército a El Chapo para eliminar a Osiel [Cárdenas Guillén, jefe de la organización de narcotráfico del Golfo, que controlaba la ciudad fronteriza mexicana de Nuevo Laredo]. Hay que recordar: ¿Por qué no ha sido arrestado El Chapo?”Conroy sigue diciendo: “Castillo agrega que recientemente recibió información que indica que otro grupo que se ha hecho bastante famoso a través de los medios, los Zetas (un grupo mexicano de operaciones especiales entrenado por EE.UU. que desertó del Ejército mexicano), ayuda ahora al Ejército mexicano en sus operaciones de narcotráfico a lo largo de la frontera.”
Calderón retiró a los militares y ahora trabaja mano en mano con El Chapo. … Veteranos estadounidenses de [la Guerra de] Iraq estaban actuando como mercenarios para el Ejército Mexicano. Ahora mismo, mientras hablamos, hay veteranos estadounidenses de Iraq que trabajan para esa organización. Hacen el trabajo de refuerzo a este lado [de la frontera de EE.UU.] para los militares mexicanos. Están cobrando las… ganancias de las ventas de droga en EE.UU. Ellos [los que deben dinero a la organización de la droga] son atrapados y les dan 24 horas para enviar parte del dinero a cuentas bancarias en México. Si no, son ejecutados...
El antiguo lanzagranadas M-70 utiliza munición de 40 mm. Están sobre la mesa en la foto [de armas confiscadas por las autoridades mexicanas] del periódico de hoy. Lo que la historia no dice es que esa munición de 40 mm es de producción estadounidense. ¿Y eso, qué te parece?”
En el mismo artículo, Conroy cita a Guillermo Ramírez Peyro, antiguo miembro de alto rango de la organización de narcotráfico de Juárez, informante en el caso de la Casa de la Muerte, quien describe cómo la Armada mexicana pasaba de contrabando drogas para su organización de narcotráfico desde Colombia.
La historia de Conroy no especifica una organización de narcotráfico que tenga control sobre el Ejército mexicano. Menciona a tres o cuatro organizaciones separadas que supuestamente están en colusión con los militares: la organización de El Chapo Guzmán, los Zetas (que supuestamente trabajan para la organización de narcotráfico del Golfo o para cualquiera que pague bien), y la organización de narcotráfico de Juárez. Más bien, la evidencia y las fuentes de Conroy muestran que para que sobreviva una industria clandestina tiene que mantener cerca a sus amigos cerca y aún más cerca a sus enemigos. En un negocio en el que las alianzas y rivalidades cambian con el viento; y en el que políticos, policías, y oficiales militares se venden al mejor postor, los militares han aparecido como otro participante en el juego. Precisamente como en otros cárteles, las alianzas “de los militares con el cártel” cambian con las condiciones, y encuentran nuevos aliados si el precio es justo. Diferentes oficiales militares podrán preferir aliarse, y a los soldados bajo su comando, con diferentes organizaciones de narcotráfico. E incluso si los rumores de que el presidente Calderón tiene su organización de narcotráfico preferida y utiliza su campaña militar para eliminar a los enemigos de esa organización fueran verdad, Calderón no puede controlar a todos sus soldados mejor que cómo El Chapo puede controlar a todas las células de la “Federación” Sinaloa.
De modo que, aunque es posible que una organización de narcotráfico o una alianza entre una tal organización y un sector del Ejército haya organizado las “narco protestas,” nadie sabe qué oficial militar y sus soldados trabajan con qué organización hasta que alguien denuncie al oficial. Incluso entonces, no es seguro que el denunciante diga la verdad. De modo que el ganador oficial y evidente de las “narco protestas” fue el Ejército en su conjunto. Sean cuales sean las organizaciones de narcotráfico que estén actualmente alineadas con sectores del Ejército, acaban de presenciar el aumento del poder de su aliado, y con él el suyo propio. Y porque los militares, que han estado librando una constante batalla de relaciones públicas sobre su participación en la guerra contra la droga, acaban de aumentar su poder y popularidad, también pueden haber acabado de aumentar el valor actual de esa lealtad.
Los perdedores
Aparte de todo cártel de la droga que no esté alineado con el Ejército, particularmente en regiones en las que ocurrieron las “narco protestas”, la sociedad civil sufrió un golpe significativo debido a las protestas.
Organizadores sociales y organizaciones: Las protestas “contra el Ejército” en Monterrey lograron neutralizar demandas muy legítimas (que los militares se retiren de deberes civiles de mantenimiento del orden) y quejas (el que soldados realicen funciones civiles de mantenimiento del orden sin una declaración oficial de guerra es inconstitucional).
Cuando estallaron protestas anti-militares en áreas que tienen una historia de protestas legítimas contra la militarización, como ser Veracruz y Ciudad Juárez, hubo una especulación inmediata en la prensa de que también estaban vinculadas a narcotraficantes. Sin embargo, a diferencia de Monterrey, no ha aparecido una prueba concreta de que esas protestas hayan sido organizadas por otro que los propios manifestantes. Mientras una partidaria de la Otra Campaña en Ciudad Juárez dijo a Narco News que uno de los bloqueos anti-militares de un puente internacional en esa ciudad fue “muy extraño” en comparación con otras protestas similares, ella dijo que organizaciones sociales legítimas estuvieron definitivamente involucradas en las otras protestas y bloqueos que ocurrieron en otras partes de Ciudad Juárez ese día. Incluso a pesar de que el gobierno verificó que participaron miembros legítimos de familias de personas supuestamente desaparecidas por los militares, la prensa informó –sin citar otra evidencia– que “agentes de seguridad” no identificados dijeron que hubo gente contratada para protestar. Aunque el gobierno no ha presentado ninguna prueba o hecho ninguna declaración oficial en el sentido que por lo menos algunos manifestantes en Ciudad Juárez hayan recibido compensación por su participación, si alguien pagó a la gente para que protestara donde organizaciones sociales legítimas también estaban manifestando, tuvieron éxito en la destrucción de toda la credibilidad con la que contaban en esa ciudad las organizaciones sociales legítimas. E incluso si ni un solo manifestante en Juárez participó por haber recibido pago, el espectro sigue existiendo – los medios discutieron las protestas en todos los cuatro Estados como si en todos fuera lo mismo, sin un atisbo de prueba de que haya habido participantes fuera de Monterrey que hayan recibido alguna compensación.
Los organizadores sociales son espinas en el dorso del poder antidemocrático. Como tales, los activistas pueden ser tan inconvenientes para los narcotraficantes como para el gobierno. En localidades en las que los narcotraficantes son dueños de, o forman el gobierno, o en regiones donde los narcotraficantes son los caciques, los activistas amenazan el poder de la organización narcotraficante. Quienquiera haya estado tras las protestas –sea el gobierno o una organización de narcotráfico o una mezcla de ambos– ha consolidado su poder al arrebatar el suyo a los organizadores sociales y políticos.
Las “narco protestas” no sólo sirvieron para dañar la credibilidad de los activistas; el gobierno también las está utilizando para presionar por medidas para reprimir las protestas y obtener un cierto control sobre ellas, de un modo muy similar al utilizado por el gobierno de EE.UU. Como mencionara anteriormente, funcionarios de Nuevo León han propuesto sentencias entre 6 y 12 años y elevadas multas por bloquear una ruta durante una protesta, lo que actualmente es una trasgresión del tránsito. La única excepción propuesta a la ley es si un grupo legítimo de protesta avisa al gobierno antes de su acción de que desea bloquear una ruta durante una manifestación. Esto introducirá efectivamente un sistema de permiso para manifestaciones en México, en el que los manifestantes que desean manifestarse deberán pedir primero permiso al gobierno para hacerlo. El sistema está vigente en gran parte de EE.UU. y da al gobierno un control significativo sobre las manifestaciones. El gobierno dice a los organizadores dónde y cuándo pueden manifestarse. Cuando el gobierno no desea que haya protestas, niega directamente los permisos a los manifestantes, como fue el caso durante la Convención Nacional Republicana [RNC, por sus siglas en inglés] en Filadelfia en 2000. El gobierno de la ciudad otorgó permisos para manifestar a la RNC para toda la ciudad por la duración de la convención, no dejando nada para las organizaciones sociales (la RNC, evidentemente, no utilizó los permisos para manifestarse – simplemente quería excluir a los activistas). El único permiso dado a los organizadores de la manifestación fue en una “zona de libre expresión” (implicando que la “libertad de expresión” sólo era un derecho en esa área, pero no en el resto de la ciudad) que era un área encerrada en un rincón de un aparcamiento tan alejado del Centro de Convenciones que nadie prestó atención a los pocos manifestantes que decidieron utilizar la zona. Si la manifestación sirve para aumentar los costes de una política gubernamental o una decisión como una guerra, las manifestaciones permitidas reducen los costes para el gobierno a un dolor de cabeza menor y temporario.
Gracias a las “narco protestas,” la opinión pública en Monterrey ha dado luz verde para matar manifestantes al gobierno y a los civiles favorables al gobierno. El contacto en Monterrey de Narco News nos envía comentarios hechos en foros en línea que a su juicio representan exactamente el sentimiento de ciudadanos de Monterrey sobre las protestas. En un foro en el sitio en Internet del periódico de Monterrey El Norte, un comentario dice: “si vas en el carro y se te atraviesan, aviéntales el carro aunque los atropelles y no te pares aunque los dejes tirados. Es más, ni voltees, como si hubieras atropellado a un sapo. Si eres el de mero adelante del bloqueo, échales el carro igual”. Otro comentario dice que después de atropellar a un manifestante, los conductores deberían dar “reversa a ver si les quedan ganas de seguir de payasitos y argüernderas por unas mochilas”. Otro más dice que “si se paran cerca de un puente llévenselos y es culpa de ellos”. Y: “total si matan a esta gente nadie los va a extrañar, en cada basurero o pedazo de caca salen estos muertos de hambre o bien solo peguenle a los arboles de la indepenaca o la risca, y esas cosas salen de ahi, unos muertos de esos mas no le hacen mal a nadie, es mejor asi le hacemos un bien a la sociedad de no mantener jodidos muertos de hambre en el bote…!” [Sic].
Nadie en el foro critica semejantes comentarios que llaman a asesinar.
Ser activista en México ya es peligroso, incluso sin apoyo público para su asesinato. En febrero pasado, la Corte Suprema de México se negó a responsabilizar a los policías que mataron a Alexis Benhumea y a Francisco Javier Cortés en las manifestaciones en San Salvador Atenco en 2006. En su decisión, ni siquiera reconoció que la policía era responsable por los asesinatos, a pesar de que una bomba de gas lacrimógeno mató a Benhumea y que la pistola que mató a Cortés es de un calibre que es entregado a comandantes de la policía estatal pero cuyo porte por civiles es ilegal. También en febrero, hombres armados “que parecían ser soldados” secuestraron a dos activistas indígenas por los derechos humanos en Guerrero, los torturaron y asesinaron.
Colonias populares: Las colonias populares son vecindarios pobres en las afueras de las ciudades. Tienen que luchar por servicios municipales básicos como calles pavimentadas, agua corriente, y sistemas de alcantarillado e instalaciones sanitarias.
Narco News ha documentado cómo la operación conjunta de la policía federal y del ejército en Michoacán es utilizada para reprimir a las colonias populares, en particular las que pertenecen a organizaciones sociales. Ya que hay pruebas de que residentes de colonias populares fueron pagados para bloquear rutas durante las “narco protestas,” se puede esperar que la represión gubernamental aumente en las colonias populares de Monterrey –incluso en aquellas que no participaron.
Si los bloqueos provocaron furia contra los manifestantes en general, provocaron una furia particularmente feroz contra los residentes más pobres de Monterrey porque se sabe que algunos de ellos participaron a cambio de suministros escolares y dinero. Un comentario en el foro de El Norte escribió que deberían desplegar a los militares contra los manifestantes (fueron desplegados seis días después del comentario) y que “total si matan a esta gente nadie los va a extrañar, en cada basurero o pedazo de caca salen estos muertos de hambre o bien solo peguenle a los arboles de la indepenaca o la risca”.
El odio contra los residentes pobres de Monterrey es descaminado dice Camero, porque ignora las condiciones, creadas por el propio gobierno, que llevaron a que la gente bloquee rutas a cambio de suministros escolares y dinero. “Hay una crisis de desempleo y de abandono de los jóvenes. No hay garantía [de empleo para los jóvenes]. Ni siquiera estoy hablando de escuelas o deportes –hablo de empleo. Con este abandono es fácil hacer este tipo de ofertas [ser pagado por manifestarse]. Es un escenario muy extraño, inimaginable, pero puede suceder fácilmente debido a la situación”.
Camero culpa al gobierno de gastar millones de pesos en dineros públicos para mantener a partidos políticos cuando no provee adecuadamente a las escuelas con sus necesidades básicas. “¿Cómo es posible que los narcos estén ofreciendo útiles escolares a la gente? Tenemos una campaña permanente para obtener útiles escolares en las escuelas [de Nuevo León]. Son condiciones que el gobierno ha permitido que se desarrollen, y el crimen organizado puede aprovecharlas.”
* Kristin Bricker es corresponsal basada en México de Narco News. También forma parte del colectivo Rebel Imports que vende textiles, café y miel de comercio justo de las cooperativas zapatistas. Para contactos con Kristin escriba a krisbricker@gmail.com. Su blog personal es http://mywordismyweapon.blogspot.com.
** Reportaje original en inglés: http://narcosphere.narconews.com/notebook/kristin-bricker/2009/03/who-won-and-who-lost-mexicos-narco-protests
