No están por leer una novela de detectives, sino un reportaje. ¿Han notado cuán intensamente se difunde a través de los medios de comunicación cada nueva aprehensión de un narcotraficante? Pero ¿se han preguntado qué tan efectivas son en realidad esas aprehensiones para la "lucha contra el narcotráfico"? De hecho, de acuerdo con los datos que se desprenden de esta investigación de Proceso, las aprehensiones de ciertos narcotraficantes son la parte que le toca al gobierno panista jugar en defensa del cártel de Ciudad Juárez. El presidente Vicente Fox tuvo que llegar a un entendimiento con el cártel de Juárez para perpetuar la infructuosa lucha contra las drogas, lucha cuya existencia se limita al territorio de la publicidad.
Testimonio explosivo: los hermanos de Marta, involucrados
J. Jesús Esquivel
Proceso
16 de octubre de 2006
De acuerdo con un testigo privilegiado, la corrupción por narcotráfico alcanzó en los años recientes altos niveles policiacos y gubernamentales tanto en México como en Estados Unidos. En el caso de nuestro país, llegó al Ejército, la Marina y aun a la casa presidencial. En un explosivo testimonio rendido bajo juramento ante una corte migratoria estadunidense, el mexicano Guillermo Eduardo Ramírez Peyro –expolicía de caminos que se pasó a las filas del narco y se convirtió luego en informante infiltrado de las autoridades estadunidenses– asegura que el propio presidente Fox y los hermanos de Marta Sahagún han formado parte de los arreglos para proteger al cártel de Juárez, la organización criminal más poderosa del momento y la que menos golpes y bajas sufrió durante el actual sexenio.
WASHINGTON.- “Soy una bomba caminando...”
Así se considera hoy Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, un mexicano de 35 años de edad que sirvió al gobierno de Estados Unidos en la lucha antinarcóticos. Y no exagera...
No obstante su condición de indocumentado, Lalo, como le gusta que le llamen, fue reclutado como informante de la Agencia de Inmigración y Aduanas con el código secreto SA-913-EP, así como de la Agencia Federal Antidrogas, e infiltrado en la organización criminal de Vicente Carrillo Fuentes, que se asienta en Ciudad Juárez, Chihuahua, y desde la cual, asegura, atestiguó la corrupción que impera en los más altos niveles de los gobiernos de Estados Unidos y de México, fomentada por el narcotráfico.
“El cártel (de Juárez) ha tenido acuerdos con gente cercana al presidente (Vicente) Fox”, declaró Ramírez Peyro ante el juez Joseph R. Dierkes, durante el testimonio que rindió bajo juramento el 11 de agosto de 2005 en la Corte Federal de Migración, ubicada en un estado del medio oeste del país.
Su afirmación la hizo en respuesta a una pregunta de su abogada, Jody Goodwin, quien asiste a Lalo en el juicio mediante el cual el gobierno estadunidense intenta conseguir la autorización para deportarlo a México supuestamente por su condición de indocumentado.
De acuerdo con la transcripción de esa diligencia judicial, cuya copia obtuvo Proceso, Lalo afirmó frente al juez que los “altos mandos” del cártel de Juárez le explicaron “los arreglos que tenían e iban a conseguir con militares y funcionarios al nivel más alto del gobierno” de México.
Los señalamientos de Ramírez Peyro fueron ratificados y puntualizados en una entrevista que dio al corresponsal de Proceso, por mediación de su abogada, y que fueron entregadas por escrito, de su puño y letra.
Exagente de la Policía Federal de Caminos (PFC), mano derecha y operador de uno de los jefes del cártel de Juárez que encabeza Carrillo Fuentes, logró incrustarse a tal grado en las entrañas de esta organización criminal que llegó a ser protagonista clave en el caso de las narcofosas descubiertas por las autoridades mexicanas el 14 de enero de 2004: fungió incluso como “supervisor” de las torturas, ejecuciones y enterramientos de una parte de las 12 personas –en realidad fueron 13, “corrige” él mismo–, cuyos cuerpos fueron exhumados en terrenos de la casa marcada con el número 3633 de la calle Parsioneros, fraccionamiento Las Acequias, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En la diligencia de la Corte Federal de Migración, la abogada Goodwin insistió:
–Usted ha indicado que grabó algunas conversaciones con (Humberto) Santillán (número tres en el organigrama de mando del cártel de Juárez y quien, gracias a la información que proporcionó Lalo, fue detenido en enero de 2004 en El Paso, Texas), en las que él explica los arreglos que se hacían con los militares y políticos (mexicanos). ¿Qué (...) arreglos específicos le dijo que tenían con los políticos?
–“El cártel tenía arreglos con gente que estaba muy cercana al presidente Fox. Él (Santillán) me explicó que el presidente Fox tomó... tomó la posición de arreglar, consultar con el cártel de Juárez, lo que significa que él (Fox) iba a atacar a los cárteles enemigos, al de Tijuana y al del Golfo, para que el cártel de Juárez pudiera operar sin problemas con el gobierno –respondió el exinformante.
En sus declaraciones, Ramírez Peyro acusa al gobierno del presidente George W. Bush de usarlo como “chivo expiatorio” en el caso que se conoce aquí como House of Death, “la casa de la muerte” (donde se localizaron los 12 cuerpos en narcofosas).
Según la abogada del exinformante, quien no tiene la menor duda de que será asesinado en México si las autoridades estadunidenses lo deportan a su país, el gobierno de Bush se quiere “lavar las manos” y evitar que salga a la luz pública la magnitud de la corrupción existente en las corporaciones federales, entre ellas la propia Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), a la que sirvió de 2000 hasta julio de 2003.
Y es que Lalo asegura haber mantenido informada a la ICE, mediante grabaciones, de las atrocidades que se estaban cometiendo en la casa del fraccionamiento Las Acequias de Ciudad Juárez.
Goodwin dice que, con su testimonio y las grabaciones que entregó a la ICE sobre las operaciones del cártel de Juárez, las autoridades federales hubieran podido evitar la ejecución de varias de las personas cuyos cuerpos fueron hallados en la casa de la calle Parsioneros.
Como parte del mismo proceso judicial que se le sigue a Lalo, la ICE niega tener las grabaciones que supuestamente les entregó el exinformante, a quien ahora intentan implicar en los asesinatos.
De hecho, la presunta responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en estas muertes consta en una demanda judicial interpuesta por la familia de uno de los ejecutados, Luis Padilla. Esta familia acusa a agentes de la ICE, a funcionarios del Departamento de Justicia y al propio Ramírez Peyro de estar implicados en ese asesinato, ocurrido el 8 de enero de 2004.
En la audiencia de la Corte Federal de Migración, el fiscal representante del Departamento de Seguridad Interior del gobierno federal de Estados Unidos, Kevin Lashus, le preguntó a Lalo:
–¿Informó usted a sus oficiales de ICE (Raúl Bencomo, entre otros) que sabía que el señor (Humberto) Santillán había ordenado la muerte de gente asociada con el cártel?
–Sí.
–¿Les avisó (a los mismos oficiales) antes de que ocurrieran?
–Sí, en muchas ocasiones. Por ejemplo, en una ocasión (estando yo) en Chicago, Santillán me habla para pedirme que enviara al niño (sic) para que abriera la casa (de Parsioneros). Yo estaba en Chicago con los agentes de ICE y ellos sabían (todo) porque yo les autoricé que escucharan mi conversación telefónica (con Santillán). Y más que eso: les dije lo que estaba pasando, y en El Paso (en las oficinas de ICE) estaban escuchando mis conversaciones.
Lashus busca demostrar que Lalo, quien solicita asilo político en Estados Unidos o quedarse en este país como testigo protegido, o bien ser enviado a un tercer país no latinoamericano, no tiene sustento para pedir que no lo deporten a México.
Ramírez Peyro se siente traicionado por la ICE y las demás agencias a las que transmitió su información:
“Si me regresan a México me van a matar. Incluso si me dejan en libertad aquí en Estados Unidos también me van matar. Mi vida y la de mi familia están en peligro.”
–¿No piensa usted que ICE trabaja con el gobierno de México? –le preguntó Lashus como parte de la diligencia.
–No, porque en ese momento no había comunicación con el gobierno mexicano.
–¿Fue esa la primera ocasión (sic)?
–Durante los cuatro años que trabajé con ICE, cuando operaba yo en Estados Unidos y en México, nunca, nunca hicimos nada con el gobierno de México porque no confiábamos en ellos. Ni yo ni ICE.
(...)
–(...) ¿Vicente Fox está fingiendo una guerra contra las drogas? ¿Es esto falso o verdadero?
–Verdad.
–¿Cree usted que él (el presidente Fox) está fingiendo una guerra contra las drogas?
–Sí.
En otro momento de la diligencia, y en relación con las conversaciones que Ramírez dijo haber sostenido con Humberto Santillán, el número tres en la estructura del cártel de Juárez, la abogada Goodwin le preguntó a su cliente:
–¿Esto es lo que le dijo Santillán?
Respondió Ramírez:
–Es una de las conversaciones que tuvimos. También, cuando yo fui a Colombia para hacer arreglos con los colombianos, el plan fue venirnos por mar y que la Armada de México, los barcos (sic), ellos eran los que recogerían las drogas en el mar, en el muelle o en las fronteras marítimas del territorio nacional. Ellos, sí, ellos; se quedaban cerca de lo que ustedes llaman tierra firme. Después, la PGR (la Procuraduría General de la República), volando llevaba estas drogas a Juárez, a Ciudad de Juárez.
–¿Entonces, desde la fuente de las drogas hasta la distribución, todos estos arreglos se hacían con distintas (sic) partes del gobierno?
–Sí, ese es el propósito de hacer arreglos con ellos para que no tengamos ninguna pérdida. Por eso ellos (los narcotraficantes) los invitan para que formen parte del “vehículo” (es decir, la organización, el cártel) y de esa forma evitar una guerra. Luego, ellos (el gobierno) lo intentan y de esa forma se asegura el paso de la droga.
La abogada Goodwin ahondó:
–Y aparte de esos arreglos, ¿tuvo usted otra evidencia de que el gobierno favoreciera al cártel de Juárez? –le preguntó a su cliente.
–Definitivamente –respondió Lalo, y reveló enseguida algunos detalles que incriminan a más personajes del círculo presidencial:
Que le consta que policías mexicanos secuestran y asesinan a la gente, y que incluso hizo grabaciones de audio. En uno de esos casos, resultó que la persona implicada estaba metida en el tráfico de cigarros y trabajaba para el cártel de Juárez.
Esa persona –cuya identidad el testigo no reveló y sólo dijo que está bajo arresto en Ciudad Juárez– viajó a la Ciudad de México para hacer arreglos, a nombre de los capos del cártel, con “hermanos de la esposa del presidente Fox”.
Las autoridades mexicanas, puntualizó el testigo, conocieron ese testimonio que involucraba a los hermanos de Marta Sahagún y desecharon investigarlos.
Antes de que le pidieran más detalles, Lalo se escabulló: “todo esto es difícil de explicar porque pasó en un período de tres años, pero cuando esta información iba saliendo yo inmediatamente le pasaba un reporte a ICE con todos los datos”.
“Quiero que el público se entere de cómo el gobierno (de Estados Unidos) y desafortunadamente la prensa han distorsionado toda la verdad”, declara Guillermo Eduardo Ramírez Peyro en entrevista conjunta realizada por Proceso, el periódico estadunidense The Dallas Morning News y el semanario británico The Observer, efectuada en parte por escrito y en parte de manera verbal por conducto de su abogada Jody Goodwin, en un estado del medio oeste estadunidense el sábado 7 y el domingo 8 octubre.
Originalmente se había establecido con Goodwin que la entrevista con Lalo se realizaría en persona en la cárcel donde lo tiene oculto el gobierno federal con la finalidad de protegerlo. Sin embargo, unas semanas antes de la fecha establecida para el encuentro, el noticiario News 8, que transmite una emisora de televisión de Dallas, Texas, presentó “una entrevista” con Lalo que no fue autorizada por Ramírez ni por su abogada y sorprendió al gobierno de Estados Unidos, que había hecho todo lo posible por ocultar a su exinformante.
El viernes 6, un par de horas antes de la llegada de los tres entrevistadores al estado donde la ICE mantiene encerrado a Ramírez, Goodwin se enteró de que su cliente ya no estaba donde se supone que debería estar. “Lo movieron otra vez y ahora sin avisarme. Seguro que se enteraron de que lo iban a entrevistar. El gobierno tiene intervenido mi teléfono”, comunicó a los reporteros la abogada través de un correo electrónico.
Después de hacer varias llamadas y averiguaciones, Goodwin, una rubia de marcado acento texano, volvió a localizar a su cliente. La abogada no podía ocultar la rabia que le provocó lo que habían hecho con Ramírez. “Habrá entrevista. Escriban sus preguntas. Iré a ver a Lalo y les traeré las respuestas las veces que sea necesario. Tengo cuatro oportunidades de hacerlo en estos dos días”.
En una celda de reclusión especial, Ramírez Peyro dormía sobre un catre cuando, en la madrugada del jueves 5, unos guardias con pasamontañas irrumpieron para llevárselo.
“Lo esposaron, le pusieron una chaleco antibalas y se lo llevaron a otra cárcel sin decirle por qué razón ni nada. Eso me dijo él”, comenta a los reporteros la defensora.
El gobierno “sabe que están aquí y no quieren que Lalo hable con ustedes”, añade sin dejar de culpar de ello al productor del reportaje especial que News 8 había transmitido sobre el “informante” de la ICE y la DEA un par de semanas antes.
Para Lalo esos repentinos traslados de una cárcel a otra y de un estado a otro no son cosa nueva. En los últimos meses, la ICE lo ha estado ocultando en por lo menos cinco cárceles en distintos puntos del país.
Ramírez Peyro, quien como informante de Estados Unidos se hacía llamar “Jesús Contreras”, sostiene que trabajó poco menos de un año en la Policía Federal de Caminos, en donde tuvo sus primeros roces con narcotraficantes porque en esa corporación, afirma, “todos eran corruptos”. Sin embargo, no proporciona el dato alusivo al período en que dice haber trabajado en la corporación.
A mediados de los años noventa, se inició en el negocio del tráfico de drogas como encargado del almacenamiento y movimiento de cocaína en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para el cártel de Juárez.
A finales de 1999 o en enero de 2000, dice, leyó un anuncio en un diario estadunidense: el gobierno federal ofrecía dinero a quienes quisieran cooperar en la lucha contra el narcotráfico. Decidió probar suerte. Así que en enero o febrero de 2000 –no recuerda la fecha exacta– llegó al Puente de las Américas, situado en la línea que divide al territorio mexicano del estadunidense a la altura de Ciudad Juárez y pidió a los agentes aduanales del otro país hablar con un agente de la DEA. Les dijo que tenía información importante que darle. Lo llevaron entonces ante Raúl Bencomo, agente especial de ICE, quien se encargó de reclutarlo asignándole el código SA-913-EP.
La misión que le asignaron tanto el ICE como la DEA fue conseguir datos que condujeran al arresto y enjuiciamiento de los tres principales jefes del cártel de Juárez: Vicente Carrillo Fuentes, Humberto Portillo Madrid, alias Saddam, y Humberto Santillán Tabares, así como interferir y colaborar en la confiscación de los cargamentos de droga que entran vía México hacia territorio estadunidense.
–¿Cómo eran sus días de trabajo como informante y como miembro del cártel? –se le pregunta a Lalo por medio de su abogada.
–Muy activos: tenía tres trabajos; como “criminal”, como “policía” y a cargo de mis negocios (en El Paso, Texas): mi lote de coches, mi tienda de accesorios para teléfonos celulares y mi mueblería. Mis días eran muy largos.
Con el paso del tiempo, Lalo, quien es hijo de un matrimonio de ingenieros civiles y cuyos hermanos son todos profesionistas, se ganó la confianza de Santillán Tabares y se convirtió en su mano derecha, al grado de que el propio Eduardo alcanzó a ubicarse como el número cuatro en la estructura de mando del cártel.
Esta posición clave le permitió conocer detalles confidenciales de la organización de Carrillo Fuentes, de los contactos de ésta con el gobierno de México a todos los niveles: federal, estatal y municipal, así como identificar a policías y militares que trabajaban para el cártel: por ejemplo, Miguel Ángel Loya, comandante de la Policía Judicial del estado de Chihuahua en ese tiempo –el gobierno de Patricio Martínez–, así como Arturo Chito Solís, procurador de Justicia en la misma administración de Martínez, entre otros.
Por lo que respecta a la parte estadunidense, Lalo tuvo conocimiento de que agentes aduanales y de otras agencias federales estadunidenses trabajaban para Carrillo Fuentes.
–¿Quiénes son los militares, políticos o empresarios mexicanos que trabajan para el cártel?
–No voy a responder porque no quiero poner en peligro a la vida de nadie. Todos los nombres que debía entregar los tiene ICE, la DEA, el FBI, el Servicio Secreto y la ATF (entidad dependiente del Departamento del Tesoro encargada de controlar alcohol, tabaco y armas de fuego).
En la audiencia del 11 de agosto de 2005 en la Corte Federal de Migración, Ramírez Peyro aseguró ante el juez Joseph R. Dierkes:
“El federal, estatal y municipal, los tres niveles gubernamentales de México, todos, todos están bajo el control del cártel.”
Con este argumento, el exinformante de ICE y la DEA pretende demostrar al magistrado que debido al presunto control que el cártel de Juárez ejerce sobre el gobierno de México al más alto nivel, su vida y la de su familia están en peligro, razón por la cual si es deportado a territorio mexicano, esa organización lo mataría enseguida.
–Señor: ¿usted personalmente atestiguó cuando algún oficial de la policía mató a alguna persona? –le preguntó el juez Dierkes.
–Sí, y es más: grabé el homicidio que llevó a cabo la policía.
–¿Por qué piensa que a usted lo asesinarían? –lo increpó a su vez la defensora Goodwin.
–No hay duda que afecté un poco los intereses del cártel. Más allá de que haya tomado drogas alucinógenas y que también hayan arrestado a algunas de sus gentes aquí en Estados Unidos por la información que di, fui testigo de la participación del gobierno (de México) con la gente del cártel. También vi la asistencia que les dio la policía del estado (de Chihuahua).
En otra parte del interrogatorio, el fiscal Kevin Lashus le preguntó:
–Alguien distinto al cártel... ¿quién más lo estaría buscando, ya sea aquí en Estados Unidos o en algún otro lugar del mundo?
–Bueno, el gobierno de mi país.
–Bien. ¿Y eso incluye al gobierno de Fox en su totalidad?
–Sí, y aun si Vicente Fox está listo para irse (de la Presidencia). Y si él se va, los militares y los policías se quedan en algún lugar.
–¿Por qué piensa que Vicente Fox lo estaría buscando?
–No, no. No el presidente, creo que él está muy ocupado, tiene muchas ocupaciones.
El fiscal rectificó:
–Estoy generalizando... ¿Por qué alguien de este gobierno quisiera hacerle daño?
–Sólo para demostrar y para demostrarle al resto de la gente que no deben presentar evidencias en contra del narcotráfico, y si usted o cualquiera lo hace acabará muerto.
–¿Piensa que el gobierno de México lo busca en represalia por la asistencia que proporcionó para el caso de Santillán (el fiscal se refiere a la posibilidad de que a las autoridades mexicanas pudiera haberles disgustado la colaboración de Lalo para que el capo Santillán fuera aprehendido en El Paso)?
–Por su puesto, sí.
–¿A qué miembros del gobierno de Estados Unidos les teme usted?
–ICE, porque ellos me deportarían, porque básicamente me estarían poniendo en las manos de las personas que me harían daño.
–Entonces no tiene miedo a que ICE le haga daño; tiene miedo de que lo entreguen a alguien que sí se lo haría...
–Exactamente.
–¿Sabe usted qué le paso al agente (Raúl) Bencomo (de ICE)?
–Creo que lo liberaron (sic)..., no lo sé”.
–¿Quedó liberado de ICE?
–Sí.
–¿Sabe usted si está bajo custodia criminal?
–No, no sé si está o no.
–¿Teme que le haga daño el agente especial Bencomo?
–No somos amigos, él es la persona que quiere hacerme daño.
Con base en el cuestionario de Proceso, Lalo declara:
“Cada vez que me hablaba (Santillán Tabares) para avisarme que iba a haber una ‘carne asada’ (código del cártel de Juárez para designar a la tortura y el asesinato de personas), yo le informaba a ICE. Y cada vez, después de supervisar que se terminaran los entierros (en la casa de Parsioneros), me iba a las oficinas de ICE en El Paso para entregar las grabaciones de los asesinatos.”
En dichas oficinas, según el exinformante, se instaló equipo especial para pasar a CD toda la información grabada por Lalo en casetes y transcribirla.
–¿Quiénes estaban presentes cuando usted regresaba a El Paso después de asistir a una “carne asada” en la casa de Parsioneros?
–Gente distinta, pero en su mayoría siempre estaba presente la gente del grupo que me controlaba: Raúl Bencomo (agente especial de ICE); Curtis Compton (agente especial supervisor de ICE), Todd Johnson y Luis Rico (agentes de ICE) y hasta Juanita Fielden (asistente de la Fiscalía Federal de Estados Unidos asignada al Grupo de la Fuerza de Tarea para la Aplicación de la Ley contra las Drogas y Crimen Organizado), JJ (sic), y otros que no me acuerdo su nombre, aunque siempre había gente de ICE, la DEA, el Servicio Secreto y de ATF (agencia dependiente del Departamento del Tesoro para el control del tráfico y venta de alcohol, tabaco y armas de fuego).
El 8 de enero de 2004, en la casa de Parsioneros fueron asesinados Luis Padilla (ciudadano estadunidense), Óscar Rodríguez y otro sujeto cuyo nombre Lalo no recuerda; ejecuciones de las que, según el exinformante, ICE tenía conocimiento previo de que iban a llevarse a cabo, porque él le avisó de ello a Bencomo.
La familia de Padilla presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, específicamente contra los agentes de ICE asignados a la investigación del cártel de Juárez, funcionarios del Departamento de Justicia y el propio Ramírez Peyro.
En la demanda civil número EP-05-CA-0478, los parientes de Padilla acusan al gobierno estadunidense de complicidad en el asesinato por el hecho de que sus agentes estaban enterados –a través de Lalo– de que en la casa de Parsioneros el cártel de Juárez llevaba a personas secuestradas para torturarlas y ejecutarlas.
Sin embargo, en una declaración que rindió ante el juez Frank Montalvo, de la Corte de Distrito de la División del Oeste de Texas en El Paso, el 18 de septiembre último, Raúl Bencomo niega haber estado al tanto de ello a través de su informante Ramírez:
“No estaba enterado de ninguno de los asesinatos descritos en las denuncias de la demanda, antes de que los eventos ocurrieran. Es más: de acuerdo a mi conocimiento, ninguno en ICE o en el Departamento de Justicia sabía de los asesinatos antes de que ocurrieran.”
Pero Lalo y su abogada califican de “falsos” y de “fabricaciones” del Departamento de Justicia el testimonio de Bencomo, así como los de Compton y de Giovanni Gaudioso (subdirector de Misiones de Apoyo de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interior, del cual depende ICE, en Washington), quienes ante la corte que preside Montalvo presentaron bajo juramento una serie de testimonios, de los que Proceso tiene una copia.
En la entrevista, Lalo insiste: “Siempre estuve en contacto con Bencomo y otros agentes de ICE, y ellos sabían cuáles eran las consecuencias en las que íbamos a estar cuando me hablaba Santillán para decirme que abriera la casa y que preparara las cosas porque íbamos a tener una ‘carne asada’. Están mintiendo”.
La abogada Goodwin considera que el hecho de que cuando se destapó el escándalo de las narcofosas en Ciudad Juárez, el nombre de Guillermo Eduardo Ramírez Peyro fuera filtrado a la prensa por el gobierno de Estados Unidos, pudo ser una acción premeditada. La idea podría haber sido, dice, preparar el terreno a una defensa en caso de que se supiera lo que Lalo informaba con anticipación a Bencomo y a ICE.
Lo extraño de esta situación es que la DEA decidió prescindir de los servicios de Lalo como informante cuando éste grabó en audio la ejecución de Fernando Reyes Aguado en la casa de Parsioneros el 5 de agosto de 2003. Sin embargo, ICE lo siguió “utilizando”.
La suerte del expolicía mexicano se complicó el 25 de agosto de 2004 cuando, afuera del restaurante de comida rápida Whataburger, en El Paso, Texas, Abraham Guzmán, un pasador de droga (de los conocidos como “mulas” en el argot del narco) que trabajó para Lalo, fue asesinado por presuntos gatilleros de Carrillo Fuentes, quienes en realidad, dice, buscaban al informante para matarlo.
“Cuando estaba en San Antonio, Bencomo se comunicó conmigo para decirme que me fuera a El Paso a cooperar con ellos en otras operaciones. Me fui. El día que mataron a Guzmán, yo había arreglado lo de un cruce de drogas que ya se había pasado de Juárez a México, y se suponía que en la noche yo tenía que ir a cobrar un dinero por el pase. Era una operación arreglada, pero como yo tenía cosas qué hacer, mandé a Guzmán y los gatilleros de La Línea (otra manera de denominar al cártel de Juárez) lo confundieron conmigo y lo mataron.”
Curtis R. Compton, agente especial a cargo de los agentes que supervisaban a Lalo, sostiene que “a Ramírez Peyro se le entregó una forma en español en la que se le indicaba que tenía prohibido participar en cualquier actividad ilegal”, y que se le había advertido que debería quedarse en San Antonio bajo protección gubernamental.
A raíz del asesinato de Guzmán, el gobierno de Estados Unidos pretende deportar a Eduardo a México. Mientras tanto, lo mantiene alejado de los medios de comunicación y protegido ante el temor de que sicarios de Carrillo Fuentes u otros pistoleros lo ejecuten.
Según el exinformante, sus datos sirvieron a las autoridades para detener a “unos 50 narcotraficantes” –versión que fue corroborada con documentos oficiales del gobierno estadunidense en manos de Proceso–, entre ellos Santillán Tabares, y para confiscar varios cargamentos de droga en la frontera con México y en ciudades como Chicago, Búfalo, Los Ángeles y Nueva York, entre otras.
Ramírez Peyro dice que en su papel de informante no ganó mucho dinero. ICE sostiene que se le pagó un total de 224 mil 650 dólares por sus cuatro años de servicios, monto que está documentado en la nómina de esa agencia.
“Gané más que eso. Es más. ICE me debe unos 400 mil dólares de los otros pagos que todavía no me entregan”, se queja el exinformante caído en desgracia.
martes, octubre 17, 2006
lunes, octubre 16, 2006
Las elecciones de Tabasco y el chayotero Carlos Marín
El chayote es parte fundamental de la dieta de "periodistas" como los que "trabajan" en Milenio. Carlos Marín, periodista corrupto donde los haya, se está ganando una visita de la resistencia civil no nada más en las instalaciones de su pasquín; probablemente haya que caerle también en la comodidad de su casita con unos cien kilos de chayote. ¿Por qué? Porque está tan sordo que sólo a un centímetro de su oreja notaría los gritos. ¿Qué opinan del encabezado más importante de hoy?
El PRI arrasa con López Obrador en Tabasco
Georgina Morett
Milenio
16 de octubre de 2006
Granier se declara triunfador; Ojeda descalifica los comicios.
De acuerdo con el PREP, el candidato priista lleva, al cierre de la edición, 53.30 por ciento de la votación. El perredista César Raúl Ojeda tiene 42.88 por ciento de los sufragios.
Villahermosa, Tab. De nada sirvieron los 22 días de intensa campaña que realizó Andrés Manuel López Obrador en Tabasco, las preferencias electorales se voltearon y el priista Andrés Granier Melo ganó la elección para gobernador con una diferencia de más de diez puntos.
De acuerdo con los cómputos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, que al cierre de esta edición tenía un avance de 71.52 por ciento, Andrés Granier, del PRI, iba en primer lugar con 53.30 por ciento.
Once puntos abajo estaba el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, César Raúl Ojeda, con 42 .88 por ciento, mientras que el panista Juan Cáceres llevaba 3.12 y los otros dos partidos no alcanzaron ni siquiera medio punto.
Esta sureña entidad, que dio dos candidatos presidenciales en la pasada elección federal, también se convirtió en un fuerte golpe para ambos personajes. En aquella ocasión Roberto Madrazo sólo obtuvo 37.8 por ciento de los votos, mientras que Andrés Manuel López Obrador tuvo el pasado 2 de julio 56.3 por ciento. Ayer, AMLO enfrentó el hecho de que su candidato por la gubernatura, Raúl Ojeda, tuvo cerca de 40 por ciento en las preferencias.
Ninguno de los excandidatos presidenciales se presentó en la entidad y en política donde forma es fondo, fue patente la ausencia de quienes pelearon durante 18 años por la entidad.
Pero también esto se muestra en las actitudes tomadas por las dos principales fuerzas políticas en la entidad.
Los priistas esperaron las encuestas de salida que dieron a conocer las televisoras, en las que Granier Melo llevaba un triunfo de más de diez puntos e inmediatamente iniciaron sus festejos.
Primero con una conferencia de su candidato en la que manifestó que esperaría los resultados oficiales, pero expresó que las encuestas de salida le daban un triunfo contundente, y después con un festejo en el parque Juárez, lugar cercano a donde nació.
Granier Melo se comprometió a encabezar un gobierno sin sectarismos, que ponga fin a 18 años de confrontaciones estériles y también sin hacer referencia a López Obrador dijo que ganó Andrés, hizo una pausa y terminó “Granier”.
Mientras tanto los perredistas optaron por sólo leer un comunicado. A las ocho de la noche, Raúl Ojeda se presentó ante la prensa y manifestó que “existe una evidente intención de avasallarnos, con una serie de encuestas de salida que prefabrican una supuesta ventaja insuperable a favor del PRI”:
Manifestó que esperará “el recuento victorioso” de las actas de escrutinio y que acudirá ante las instancias electorales “que nos otorgarán la razón por el cúmulo de irregularidades que se presentaron".
A pesar de la campaña previa de acusaciones mutuas, descalificaciones y de judicialización del proceso, en esta elección participaron un poco más de 60 por ciento de los ciudadanos.
La cúpula nacional priista dejó solo a Andrés Granier en la primera elección en que triunfan después de la debacle electoral del seis de julio.
Fernando Moreno Peña, secretario de Acción Electoral, comentó: “la elección presidencial la perdimos con un tabasqueño y el PRI empieza su recuperación en Tabasco”.
La cúpula perredista inició la retirada. Ayer por la noche el coordinador de los senadores, Carlos Navarrete, tomó su vuelo de vuelta a la Ciudad de México, mientras el presidente nacional, Leonel Cota, dejó su cara amable e indignado se deshizo de la prensa qué le preguntaba si habría movilizaciones.
Por cierto, en Tepetitán, Macuspana, lugar donde vive la familia López Obrador, en la casilla 924 Básica, ganó el PRI con 295 votos, el PRD tuvo 226.
Claves
Antecedentes
• Hace unas semanas, Andrés Manuel López Obrador había asegurado: “Aquí (en Tabasco) nos vamos a poder desquitar del 2 de julio para que aprendan a respetar la voluntad popular".
• "Si ganamos va a ser una fiesta a nivel nacional, pero si perdemos nuestros adversarios van a hacer toda una campaña para decir que perdimos", dijo el ex candidato presidencial durante la campaña de César Ojeda.
El PRI arrasa con López Obrador en Tabasco
Georgina Morett
Milenio
16 de octubre de 2006
Granier se declara triunfador; Ojeda descalifica los comicios.
De acuerdo con el PREP, el candidato priista lleva, al cierre de la edición, 53.30 por ciento de la votación. El perredista César Raúl Ojeda tiene 42.88 por ciento de los sufragios.
Villahermosa, Tab. De nada sirvieron los 22 días de intensa campaña que realizó Andrés Manuel López Obrador en Tabasco, las preferencias electorales se voltearon y el priista Andrés Granier Melo ganó la elección para gobernador con una diferencia de más de diez puntos.
De acuerdo con los cómputos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, que al cierre de esta edición tenía un avance de 71.52 por ciento, Andrés Granier, del PRI, iba en primer lugar con 53.30 por ciento.
Once puntos abajo estaba el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, César Raúl Ojeda, con 42 .88 por ciento, mientras que el panista Juan Cáceres llevaba 3.12 y los otros dos partidos no alcanzaron ni siquiera medio punto.
Esta sureña entidad, que dio dos candidatos presidenciales en la pasada elección federal, también se convirtió en un fuerte golpe para ambos personajes. En aquella ocasión Roberto Madrazo sólo obtuvo 37.8 por ciento de los votos, mientras que Andrés Manuel López Obrador tuvo el pasado 2 de julio 56.3 por ciento. Ayer, AMLO enfrentó el hecho de que su candidato por la gubernatura, Raúl Ojeda, tuvo cerca de 40 por ciento en las preferencias.
Ninguno de los excandidatos presidenciales se presentó en la entidad y en política donde forma es fondo, fue patente la ausencia de quienes pelearon durante 18 años por la entidad.
Pero también esto se muestra en las actitudes tomadas por las dos principales fuerzas políticas en la entidad.
Los priistas esperaron las encuestas de salida que dieron a conocer las televisoras, en las que Granier Melo llevaba un triunfo de más de diez puntos e inmediatamente iniciaron sus festejos.
Primero con una conferencia de su candidato en la que manifestó que esperaría los resultados oficiales, pero expresó que las encuestas de salida le daban un triunfo contundente, y después con un festejo en el parque Juárez, lugar cercano a donde nació.
Granier Melo se comprometió a encabezar un gobierno sin sectarismos, que ponga fin a 18 años de confrontaciones estériles y también sin hacer referencia a López Obrador dijo que ganó Andrés, hizo una pausa y terminó “Granier”.
Mientras tanto los perredistas optaron por sólo leer un comunicado. A las ocho de la noche, Raúl Ojeda se presentó ante la prensa y manifestó que “existe una evidente intención de avasallarnos, con una serie de encuestas de salida que prefabrican una supuesta ventaja insuperable a favor del PRI”:
Manifestó que esperará “el recuento victorioso” de las actas de escrutinio y que acudirá ante las instancias electorales “que nos otorgarán la razón por el cúmulo de irregularidades que se presentaron".
A pesar de la campaña previa de acusaciones mutuas, descalificaciones y de judicialización del proceso, en esta elección participaron un poco más de 60 por ciento de los ciudadanos.
La cúpula nacional priista dejó solo a Andrés Granier en la primera elección en que triunfan después de la debacle electoral del seis de julio.
Fernando Moreno Peña, secretario de Acción Electoral, comentó: “la elección presidencial la perdimos con un tabasqueño y el PRI empieza su recuperación en Tabasco”.
La cúpula perredista inició la retirada. Ayer por la noche el coordinador de los senadores, Carlos Navarrete, tomó su vuelo de vuelta a la Ciudad de México, mientras el presidente nacional, Leonel Cota, dejó su cara amable e indignado se deshizo de la prensa qué le preguntaba si habría movilizaciones.
Por cierto, en Tepetitán, Macuspana, lugar donde vive la familia López Obrador, en la casilla 924 Básica, ganó el PRI con 295 votos, el PRD tuvo 226.
Claves
Antecedentes
• Hace unas semanas, Andrés Manuel López Obrador había asegurado: “Aquí (en Tabasco) nos vamos a poder desquitar del 2 de julio para que aprendan a respetar la voluntad popular".
• "Si ganamos va a ser una fiesta a nivel nacional, pero si perdemos nuestros adversarios van a hacer toda una campaña para decir que perdimos", dijo el ex candidato presidencial durante la campaña de César Ojeda.
sábado, octubre 14, 2006
En Tabasco
En Tabasco, defender el voto sigue siendo una prueba difícil para los demócratas. En estos mismos instantes en que le doy forma a esta entrada, los habitantes del estado de Tabasco son amedrentados por el gobierno priista, bajo la complacencia del PAN, con la finalidad de asegurarle a Andrés Rafael Granier Melo el triunfo en las elecciones de mañana, al costo que sea.
En Tabasco, el PRI gasta cientos de millones de pesos en más de 500 almacenes secretos ("mapacheras") de bienes tales como despensas alimenticias, útiles escolares, bicicletas, cemento, pintura, láminas de zinc, arena, grava, etc., que serían distribuidas entre los pobladores que se comprometieran a votar por Granier Melo.
En Tabasco, el PRI recluta porros y pandilleros para amedrentar a la población y evitar que salga a votar.
En Tabasco, la policía arresta sin motivo alguno a los visitantes de otros estados.
En Tabasco, la policía obliga a los perredistas mediante tortura a acusarse a sí mismos de actividades delictivas.
En Tabasco, el PRI agradece al PAN su apoyo concediéndole permiso de registrar como candidatos a diputados a quienes no deberían serlo.
En Tabasco, el PAN agradece al PRI su apoyo aprobando las cuentas públicas pendientes del gobernador Manuel Andrade Díaz.
En Tabasco, se amenaza a los comunicadores que ejercen una auténtica libertad de expresión.
La madrugada de ayer, jueves 12 de octubre, Víctor Hernández, administrador del blog El Sendero del Peje, recibió el siguiente mensaje electrónico.
Ojalá algún lector de El pedote de FeCal pueda contestarnos cuál es la fuente que cita el autor del mensaje, ya que nosotros no hemos podido identificarla. Una nota que alude a este caso se encuentra en el portal de internet del periódico Tabasco Hoy.
Es importante señalar que la persona que le escribió a Víctor Hernández aportó pruebas de los hechos denunciados. Las ofrecemos en los siguientes dos videos.
http://www.youtube.com/watch?v=bVItY4OCjBA
http://www.youtube.com/watch?v=GLXa2FZTMxI
Más videos sobre Tabasco en:
http://www.youtube.com/profile_videos?user=tabascohoy
Desgraciadamente, los medios de comunicación más importantes (en razón de su número de escuchas, espectadores o lectores en la totalidad de la república) no han mencionado una sola vez, hasta donde tengo noticia, las ofensas que le hace el PRI a sus gobernados en Tabasco. La excepción es el programa de radio de Carmen Aristegui, donde se presentó la grabación en que el subsecretario de Transportes José del Carmen Domínguez Nárez obliga a los transportistas a claudicar de su derecho de promover públicamente al candidato de su preferencia si éste no es priísta. Seguramente el cerco informativo se debe a que el candidato de la Coalición por el Bien de Todos a la gubernatura de Tabasco, César Raúl Ojeda Zubieta, fue uno de los senadores que se opuso a la aprobación de la Ley Televisa.
Invitamos a nuestros lectores a difundir estos videos por correo electrónico. Para romper el cerco informativo, para romper el silencio de los medios de comunicación, es necesario que cada una de las personas enteradas informe a otras, dentro y fuera del estado, de la situación que está viviendo Tabasco.
En Tabasco, el PRI gasta cientos de millones de pesos en más de 500 almacenes secretos ("mapacheras") de bienes tales como despensas alimenticias, útiles escolares, bicicletas, cemento, pintura, láminas de zinc, arena, grava, etc., que serían distribuidas entre los pobladores que se comprometieran a votar por Granier Melo.
En Tabasco, el PRI recluta porros y pandilleros para amedrentar a la población y evitar que salga a votar.
En Tabasco, la policía arresta sin motivo alguno a los visitantes de otros estados.
En Tabasco, la policía obliga a los perredistas mediante tortura a acusarse a sí mismos de actividades delictivas.
En Tabasco, el PRI agradece al PAN su apoyo concediéndole permiso de registrar como candidatos a diputados a quienes no deberían serlo.
En Tabasco, el PAN agradece al PRI su apoyo aprobando las cuentas públicas pendientes del gobernador Manuel Andrade Díaz.
En Tabasco, se amenaza a los comunicadores que ejercen una auténtica libertad de expresión.
La madrugada de ayer, jueves 12 de octubre, Víctor Hernández, administrador del blog El Sendero del Peje, recibió el siguiente mensaje electrónico.
Víctor, te mando este reporte de dos incidentes ocurridos hoy en Villahermosa en los que el gobierno priista del estado intentó intimidar a los miembros de la coalición por el bien de todos por medio de la policía judicial estatal. Lo grave de esto, es que están inventando excusas para amenazar a los integrantes de la coalición para que dejen de operar en Tabasco y así lograr golpear a la campaña de la Coalición. Como podrás ver, los priistas están MUY desesperados por que ya se les cayó su candidato Granier y ahora la Coalición lleva una ventaja real en las encuestas sobre el PRI. Dejo mi comentario sobre estos incidentes al final:
El gobierno priista del estado de Tabasco inició una serie de acciones de intimidación en contra de los adversarios políticos del candidato priista para la gobernatura de Tabasco, Andrés Granier Melo.
Durante el pasado Miércoles 11 de Octubre, último día para hacer campaña electoral en Tabasco, agentes de la policía judicial estatal acudieron a dos centros de reunión de miembros de la Coalición por el Bien de Todos y con pretextos inventados intentaron intimidar a los miembros de la Coalición ahí reunidos.
El primer incidente ocurrió a medio día en un centro de reunión en Villahermosa en el cual la policía judicial estatal argumentó la búsqueda de una mujer presuntamente secuestrada para intentar obtener información sobre las actividades del centro de reunión. Los agentes judiciales amenazaron a los miembros de la Coalición con posibles acciones judiciales en su contra de encontrarse que alguna llamada pudiera haber salido del número telefónico del centro de reunión al domicilio del supuesto plagio. El presunto secuestro resultó ser falso puesto que dos horas más tarde, al intentar los miembros de la Coalición obtener más datos para poder colaborar con las pesquizas sobre el supuesto plagio, la policía judicial estatal alegó que ya se había localizado a la presunta secuestrada.
El segundo y más grave incidente ocurrió alrededor de las 9 de la noche en otro centro de reunión de miembros de la Coalción por el Bien de Todos de una manera similar, pero esta vez la policía judicial estatal argumentó que un auto estacionado frente al domicilio del centro de reunión era robado. El auto, no obstante, no era robado, sino de uno de las personas reunidas en el centro de reunión. Entre doce y quince agentes de la judicial estatal, que se transportaban en una camioneta pick-up blanca sin placas, tocaron a la puerta del local y argumentaron que estaban investigando el vehículo ya que se había reportado como robado.
Los miembros de la coalición salieron a reclamar por esta intimidación ya que días antes se había visto circular por la zona, una zona muy tranquila en Villahermosa, el mismo tipo de vehículo en el que se transportaban los agentes judiciales portando armas de uso exclusivo del ejército. Esto causó que los vecinos del lugar salieran también a la calle. Ante los reclamos de los vecinos, que le exigían a los agentes judiciales que se retiraran, uno de los agentes amenazó con arma de fuego a una vecina. Los agentes judiciales intentaron darse a la huida pero los miembros de la coalición bloquearon con sus automóviles el paso de la camioneta que transportaba a los agentes, tras lo cual los agentes se replegaron a un lado de la calle y los miembros de la coalición del otro lado lanzando consignas en contra de esta intimidación.
Minutos después arribaron al lugar dos camionetas de la judicial estatal y una de la policía preventiva. Los agentes de la judicial apuntaron con armas largas hacia los miembros de la coalición, haciendo aún más tensa la situación. Al poco tiempo arribaron los medios de comunicación, aunque de este incidente no se mostró nada en.
El vocero de la coalición, Marcos Rosendo Medina, responsabilizó al procurador de justicia del estado, al director de la policía judicial y al gobernador priista Manuel Andrade Díaz por los hechos. Después de esta declaración, para evitar que el conflicto escalara, los miembros de la coalición retiraron sus vehículos y, acto seguido, abandonaron el lugar los agentes de las corporaciones policiacas.
Cinco minutos más tarde los integrantes de la coalición se trasladaron al ministerio público para levantar la denuncia correspondiente por los hechos sucedidos.
Todo esto ocurre al revelarse que encuestas internas tanto del PRI como del PAN en Tabasco dan una ventaja de entre 3 y 5 puntos al candidato de la Coalición por el Bien de Todos a la gobernatura de Tabasco, César Raúl Ojeda Zubieta, por encima del candidato priista Andrés Granier. Miembros de la coalición comentaron que estas acciones del gobierno priista del estado evidencían la desesperación del PRI ante una derrota electoral el próximo 15 de Octubre.
AHORA MI COMENTARIO:
La utilización de recursos públicos del estado de Tabasco por el PRI es tan evidente que junto con estos incidentes, sin dejar pasar la actuación del ex-subsecretario de transportes, la televisora oficial, TVT, ha utilizado el espacio concesionado para denostar a todos los candidatos de la alianza PRD-PT en todo momento. Y no sólo eso; manipulan los contenidos de los noticieros para darle mayores espacios a los priistas y ocultar información sobre las mapacherías del PRI. Es clara la desesperación de estos hijos de la chingada. Pero se la van a pelar a dos manos.
Ojalá algún lector de El pedote de FeCal pueda contestarnos cuál es la fuente que cita el autor del mensaje, ya que nosotros no hemos podido identificarla. Una nota que alude a este caso se encuentra en el portal de internet del periódico Tabasco Hoy.
Es importante señalar que la persona que le escribió a Víctor Hernández aportó pruebas de los hechos denunciados. Las ofrecemos en los siguientes dos videos.
http://www.youtube.com/watch?v=bVItY4OCjBA
http://www.youtube.com/watch?v=GLXa2FZTMxI
Más videos sobre Tabasco en:
http://www.youtube.com/profile_videos?user=tabascohoy
Desgraciadamente, los medios de comunicación más importantes (en razón de su número de escuchas, espectadores o lectores en la totalidad de la república) no han mencionado una sola vez, hasta donde tengo noticia, las ofensas que le hace el PRI a sus gobernados en Tabasco. La excepción es el programa de radio de Carmen Aristegui, donde se presentó la grabación en que el subsecretario de Transportes José del Carmen Domínguez Nárez obliga a los transportistas a claudicar de su derecho de promover públicamente al candidato de su preferencia si éste no es priísta. Seguramente el cerco informativo se debe a que el candidato de la Coalición por el Bien de Todos a la gubernatura de Tabasco, César Raúl Ojeda Zubieta, fue uno de los senadores que se opuso a la aprobación de la Ley Televisa.
Invitamos a nuestros lectores a difundir estos videos por correo electrónico. Para romper el cerco informativo, para romper el silencio de los medios de comunicación, es necesario que cada una de las personas enteradas informe a otras, dentro y fuera del estado, de la situación que está viviendo Tabasco.
viernes, octubre 13, 2006
11 absurdos jurídicos del Tribunal Electoral
Este artículo fue publicado hace un mes en la revista EmeEquis. Lo recupero ahora porque el tema se ha revivado en nuestra sección de comentarios.
11 absurdos jurídicos del Tribunal Electoral
Jaime Cárdenas*
EmeEquis
10 de septiembre de 2006
El dictamen del 5 de septiembre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que calificó la elección presidencial, contiene un gran número de inconsistencias jurídicas, que son inexplicables desde el trabajo previo del propio Tribunal. El órgano jurisdiccional echó por la borda con esta resolución su prestigio ganado en otras sentencias y, lo que es peor, nos regresó a etapas democráticamente superadas.
Entre estas inconstancias y absurdos jurídicos podemos mencionar las siguientes.
1 Violó el artículo 17 constitucional. La resolución no fue completa ni imparcial. Se quedó en el análisis de las irregularidades esgrimidas por la Coalición por el Bien de Todos pero no trascendió esos señalamientos, cuando su deber era apreciar las distintas etapas del proceso con una visión jurídica superior, que era la de la determinación sobre la manera en que se cumplieron en el proceso los principios constitucionales, principalmente los aplicables a la materia electoral.
2 La resolución señala que la etapa de calificación de la elección presidencial no es de carácter contradictorio. Sin embargo, la redacción del dictamen fue una suma de desvirtuaciones de las pretensiones de la Coalición por el Bien de Todos, todas ellas de carácter contencioso.
3 La resolución no toma en cuenta todo el ordenamiento jurídico. Excluye normas como el artículo 9. 1 inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aduciendo que no se pueden requerir pruebas que no se hayan aportado.
4 No aplica la suplencia de la queja, no resuelve con plena jurisdicción y no acuerda diligencias para mejor proveer. Todas ellas figuras jurídicas previstas en la ley y aplicables al caso, que le hubieran dado al Tribunal la posibilidad de esclarecer plenamente las circunstancias del proceso electoral ordenando la práctica de pruebas e investigando.
5 Es un tribunal extraño porque regaña. Regaña a Fox y al Consejo Coordinador Empresarial. Un tribunal no está para regaños sino para resolver conforme a derecho.
6 Asume la doctrina de los actos propios para pasar por alto las campañas negras y desvirtuar los señalamientos de la Coalición: si tú hiciste campaña negra no puedes alegarla, cuando lo que estaba en juego es la calidad del proceso electoral, independientemente de quién cometa las irregularidades.
7 No hay un análisis de cómo el conjunto de las irregularidades impactaron en el proceso. Es básicamente una resolución que contradice una a una las irregularidades invocadas, sin comprenderlas y argumentarlas en su integridad.
8 Más que una sentencia parece una contestación de demanda y los magistrados parecen abogados de una parte demandada inexistente.
9 Hay muchos análisis incompletos; así, por ejemplo, cuando se estudian las menciones de los noticieros de radio y televisión a los candidatos, se dice que López Obrador fue el candidato que tuvo más menciones en ellos, pero no se dice que fue el candidato con más menciones negativas.
10 La aprobación del dictamen no fue producto de una deliberación pública entre argumentos y razones. El órgano colegiado pierde sentido y no le da a la sociedad la posibilidad de conocer las distintas posturas y matices entre los magistrados. Hay por tanto un déficit con la transparencia y con el principio de acceso a la información. Es un tribunal opaco.
11 Señala que las irregularidades no fueron determinantes y graves para invalidar el proceso, pero no indica en qué condiciones esas irregularidades hubiesen sido consideradas graves y determinantes para la anulación. Hay un déficit de argumentación en donde la carga de la prueba y la argumentación correspondió, según el dictamen, en exclusiva a la Coalición, cuando le debió corresponder al tribunal, dado el carácter no contencioso de la calificación electoral y el papel que constitucionalmente le corresponde.
Estos señalamientos y otros más lo juzgarán como un tribunal político subordinado al poder en turno. El juicio del presente, del futuro y de la historia no les será favorable. No tengo la menor duda sobre ello.
*Doctor en derecho. Ex consejero del IFE. Profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
11 absurdos jurídicos del Tribunal Electoral
Jaime Cárdenas*
EmeEquis
10 de septiembre de 2006
El dictamen del 5 de septiembre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que calificó la elección presidencial, contiene un gran número de inconsistencias jurídicas, que son inexplicables desde el trabajo previo del propio Tribunal. El órgano jurisdiccional echó por la borda con esta resolución su prestigio ganado en otras sentencias y, lo que es peor, nos regresó a etapas democráticamente superadas.
Entre estas inconstancias y absurdos jurídicos podemos mencionar las siguientes.
1 Violó el artículo 17 constitucional. La resolución no fue completa ni imparcial. Se quedó en el análisis de las irregularidades esgrimidas por la Coalición por el Bien de Todos pero no trascendió esos señalamientos, cuando su deber era apreciar las distintas etapas del proceso con una visión jurídica superior, que era la de la determinación sobre la manera en que se cumplieron en el proceso los principios constitucionales, principalmente los aplicables a la materia electoral.
2 La resolución señala que la etapa de calificación de la elección presidencial no es de carácter contradictorio. Sin embargo, la redacción del dictamen fue una suma de desvirtuaciones de las pretensiones de la Coalición por el Bien de Todos, todas ellas de carácter contencioso.
3 La resolución no toma en cuenta todo el ordenamiento jurídico. Excluye normas como el artículo 9. 1 inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aduciendo que no se pueden requerir pruebas que no se hayan aportado.
4 No aplica la suplencia de la queja, no resuelve con plena jurisdicción y no acuerda diligencias para mejor proveer. Todas ellas figuras jurídicas previstas en la ley y aplicables al caso, que le hubieran dado al Tribunal la posibilidad de esclarecer plenamente las circunstancias del proceso electoral ordenando la práctica de pruebas e investigando.
5 Es un tribunal extraño porque regaña. Regaña a Fox y al Consejo Coordinador Empresarial. Un tribunal no está para regaños sino para resolver conforme a derecho.
6 Asume la doctrina de los actos propios para pasar por alto las campañas negras y desvirtuar los señalamientos de la Coalición: si tú hiciste campaña negra no puedes alegarla, cuando lo que estaba en juego es la calidad del proceso electoral, independientemente de quién cometa las irregularidades.
7 No hay un análisis de cómo el conjunto de las irregularidades impactaron en el proceso. Es básicamente una resolución que contradice una a una las irregularidades invocadas, sin comprenderlas y argumentarlas en su integridad.
8 Más que una sentencia parece una contestación de demanda y los magistrados parecen abogados de una parte demandada inexistente.
9 Hay muchos análisis incompletos; así, por ejemplo, cuando se estudian las menciones de los noticieros de radio y televisión a los candidatos, se dice que López Obrador fue el candidato que tuvo más menciones en ellos, pero no se dice que fue el candidato con más menciones negativas.
10 La aprobación del dictamen no fue producto de una deliberación pública entre argumentos y razones. El órgano colegiado pierde sentido y no le da a la sociedad la posibilidad de conocer las distintas posturas y matices entre los magistrados. Hay por tanto un déficit con la transparencia y con el principio de acceso a la información. Es un tribunal opaco.
11 Señala que las irregularidades no fueron determinantes y graves para invalidar el proceso, pero no indica en qué condiciones esas irregularidades hubiesen sido consideradas graves y determinantes para la anulación. Hay un déficit de argumentación en donde la carga de la prueba y la argumentación correspondió, según el dictamen, en exclusiva a la Coalición, cuando le debió corresponder al tribunal, dado el carácter no contencioso de la calificación electoral y el papel que constitucionalmente le corresponde.
Estos señalamientos y otros más lo juzgarán como un tribunal político subordinado al poder en turno. El juicio del presente, del futuro y de la historia no les será favorable. No tengo la menor duda sobre ello.
*Doctor en derecho. Ex consejero del IFE. Profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
jueves, octubre 12, 2006
Desiderata s(z)urrealista
Luis Javier Valero Flores
El Diario de Ciudad Juárez
12 de octubre de 2006
Frenético, impulsado por la obsesiva idea de borrar todo vestigio de la candidatura de López Obrador, Felipe Calderón celebra cuanta reunión imagina, promete mil y una cosas y supera a Fox en su fervor turístico. Pero el martes se pasó de la raya. Seguramente recordando algo de lo que Salinas dijo, hizo o quiso hacer, anunció la puesta en marcha de un Foro Nacional para establecer compromisos y acuerdos a fin de que en 2030 México “forme parte de las cinco economías más importantes del mundo, cada mexicano tenga ingresos de 30 mil dólares --como en los países más avanzados-- y la pobreza extrema esté totalmente erradicada. ¡Nada!
Sin documento central que respaldara tal iniciativa, sólo porque así lo propone él, Calderón convocó a los mexicanos a lo que será punto de partida del Plan Nacional de Desarrollo y como si no hubiera sido el beneficiario de la negra campaña que tenía como eje de su ataque el declarar a López Obrador como un peligro para México, dijo que “Llegó la hora, de entender que en México cabemos todos”. ¿También el ex candidato perredista, con todo y sus propuestas, su manera de gobernar y sus acerbas críticas contra los hombres más poderosos y los gobernantes que han permitido el saqueo del país?
Grandilocuente, habló por todos los mexicanos y dijo lo que todos “deseamos para 2030”: que México forme parte de las cinco economías más importantes del mundo; ser uno de los diez países más poderosos del planeta y alcanzar ingresos anuales “cercanos a los 30 mil dólares por persona”. Que nos la haga buena.
Pero no hay problema, Calderón dijo que si no se hacía “nada”, esas metas nos tomaría casi 60 años alcanzarlas. Es decir, si “hacemos” en el sentido que él lo dice, lo lograremos en 24 años, y si no, en 54. ¡Po’s pa’ qué tanta prisa!
Y como la perla de las conquistas es el número 3 del mundo, Carlos Slim, Calderón habló de retomar el “Acuerdo de Chapultepec” y las propuestas de organizaciones de México Unidos contra la Delincuencia.
Luego realizarán varios foros para escuchar las propuestas en Monterrey, en Mérida, Guadalajara y Estado de México.
Como si fueran diferentes a quienes ahora gobiernan, como si emanaran de un partido distinto, los que contendieron bajo las siglas del PAN, dicen que, a diferencia del 2000, este foro sí funcionará porque “no es el foro tradicional, es algo nuevo”, dijo Carlos Medina Plascencia, coordinador del mismo. Y luego dicen que no existe la clonación política, en el pasado, cuando el PRI gobernaba, cada seis años era lo mismo, el nuevo llegaba deslindándose del anterior… sólo para terminar pareciéndose hasta en el modito de andar, como en la canción.
Es decir, las mismas propuestas, las mismas ansias hegemonizantes, las mismas ganas de “comerse el mundo a puños”. Igual que hace 18 años, otro grupito de hombres jóvenes, la mayor parte de ellos educados en universidades extranjeras, producto, también, de una cuestionadísima elección y extraordinariamente ambiciosos, lanzaron la peregrina idea –y así la dijeron-- que venían para gobernar ¡24 años!
Los que ahora pretenden asumir el poder, nos dicen lo mismo, y hasta repiten la cifra mágica: 24 años. Esos son los que faltan para el 2030.
Salinas nos prometió –y en algún momento, una parte importante de la sociedad mexicana así lo creyó-- que nos llevaría al primer mundo. Calderón no se queda en promesas chiquitas, dice que seremos una de las cinco economías más importantes del mundo y, con toda “seguridad”, de los diez países más poderosos del mundo.
¿Pues en qué país viven estos émulos de Pedro el Grande? ¿De dónde sacaron los genes de gobernantes de Gran Potencia Mundial? ¿Acaso también fueron a Oaxaca, con Doña Sabina, aquella señora que repartía hongos y que hacía a los gobernantes soñar con ser una mezcla de algo así como Isabel I de Inglaterra y Carlos V de España?
Y son los mismos, o muy parecidos a aquellos que llevaron al país a ofrecer cifras de ignominia como las mencionadas por el Dr. Jesús Kumate --designado por el Senado de la República como merecedor de la medalla Belisario Domínguez por sus grandes aportaciones a la investigación de las enfermedades infecto contagiosas, pero sobre todo a los muchos años dedicados a la enseñanza y a la elaboración de libros dirigidos a los estudiantes de medicina-- quien afirmara que en México mueren anualmente 5 mil niños recién nacidos por falta de atención médica oportuna, para cuya salvación sólo se requiere un presupuesto menor al autorizado para el rescate cañero y carretero y “una migaja comparado con el rescate autorizado para los bancos en 1995”.
Todo porque, y en eso se coincide con el Dr. Kumate, “los determinantes sociales, económicos y culturales responsables de la mala salud y de las diferencias inaceptables que padecen los infantes, provienen en gran parte de la asimétrica e injusta distribución de la riqueza”. Nomaaás, como diría Clavillazo.
Y como de lengua están baratos los tacos, la promesa –o aspiración de Calderón-- debe ubicarse en su justo contexto, diría el académico: según Kumate, el año pasado se presentaron en México 30 mil 750 defunciones de niños menores de un año, mientras que en Japón sólo fueron 2 mil 800. No terminan ahí las diferencias, si se hubiera atendido a los pequeños mexicanos como fueron cuidados los niños japoneses, las defunciones habrían sido 6 mil. No bastan las atenciones médicas, las diferencias socioeconómicas son determinantes en la salud, sobre todo de los infantes.
Y si hay que buscar explicaciones a tan injusta distribución de la riqueza, pues acudamos a un ideólogo de la izquierda mundial que, para fortuna de nosotros, trabaja de Director del Banco de México. Sí, nos referimos al ínclito Guillermo Ortiz, quien afirmó que “las empresas dominantes (se refería a Teléfonos de México) frenan el desarrollo del país y la competitividad de la economía, una de las causas de la desigual distribución del ingreso en México”. Vóytelas, ni modo que lo acusen de ser seguidor del “Peje”.
No es por echarles a perder las voluntades optimistas, pero eso de convertirnos en la quinta economía mundial suena a algo más que populismo y parece una tomadura de pelo más a una sociedad harta de mentiras y promesas sin fin, en medio de una crisis de legitimidad política como nunca en la historia reciente.
El Diario de Ciudad Juárez
12 de octubre de 2006
Frenético, impulsado por la obsesiva idea de borrar todo vestigio de la candidatura de López Obrador, Felipe Calderón celebra cuanta reunión imagina, promete mil y una cosas y supera a Fox en su fervor turístico. Pero el martes se pasó de la raya. Seguramente recordando algo de lo que Salinas dijo, hizo o quiso hacer, anunció la puesta en marcha de un Foro Nacional para establecer compromisos y acuerdos a fin de que en 2030 México “forme parte de las cinco economías más importantes del mundo, cada mexicano tenga ingresos de 30 mil dólares --como en los países más avanzados-- y la pobreza extrema esté totalmente erradicada. ¡Nada!
Sin documento central que respaldara tal iniciativa, sólo porque así lo propone él, Calderón convocó a los mexicanos a lo que será punto de partida del Plan Nacional de Desarrollo y como si no hubiera sido el beneficiario de la negra campaña que tenía como eje de su ataque el declarar a López Obrador como un peligro para México, dijo que “Llegó la hora, de entender que en México cabemos todos”. ¿También el ex candidato perredista, con todo y sus propuestas, su manera de gobernar y sus acerbas críticas contra los hombres más poderosos y los gobernantes que han permitido el saqueo del país?
Grandilocuente, habló por todos los mexicanos y dijo lo que todos “deseamos para 2030”: que México forme parte de las cinco economías más importantes del mundo; ser uno de los diez países más poderosos del planeta y alcanzar ingresos anuales “cercanos a los 30 mil dólares por persona”. Que nos la haga buena.
Pero no hay problema, Calderón dijo que si no se hacía “nada”, esas metas nos tomaría casi 60 años alcanzarlas. Es decir, si “hacemos” en el sentido que él lo dice, lo lograremos en 24 años, y si no, en 54. ¡Po’s pa’ qué tanta prisa!
Y como la perla de las conquistas es el número 3 del mundo, Carlos Slim, Calderón habló de retomar el “Acuerdo de Chapultepec” y las propuestas de organizaciones de México Unidos contra la Delincuencia.
Luego realizarán varios foros para escuchar las propuestas en Monterrey, en Mérida, Guadalajara y Estado de México.
Como si fueran diferentes a quienes ahora gobiernan, como si emanaran de un partido distinto, los que contendieron bajo las siglas del PAN, dicen que, a diferencia del 2000, este foro sí funcionará porque “no es el foro tradicional, es algo nuevo”, dijo Carlos Medina Plascencia, coordinador del mismo. Y luego dicen que no existe la clonación política, en el pasado, cuando el PRI gobernaba, cada seis años era lo mismo, el nuevo llegaba deslindándose del anterior… sólo para terminar pareciéndose hasta en el modito de andar, como en la canción.
Es decir, las mismas propuestas, las mismas ansias hegemonizantes, las mismas ganas de “comerse el mundo a puños”. Igual que hace 18 años, otro grupito de hombres jóvenes, la mayor parte de ellos educados en universidades extranjeras, producto, también, de una cuestionadísima elección y extraordinariamente ambiciosos, lanzaron la peregrina idea –y así la dijeron-- que venían para gobernar ¡24 años!
Los que ahora pretenden asumir el poder, nos dicen lo mismo, y hasta repiten la cifra mágica: 24 años. Esos son los que faltan para el 2030.
Salinas nos prometió –y en algún momento, una parte importante de la sociedad mexicana así lo creyó-- que nos llevaría al primer mundo. Calderón no se queda en promesas chiquitas, dice que seremos una de las cinco economías más importantes del mundo y, con toda “seguridad”, de los diez países más poderosos del mundo.
¿Pues en qué país viven estos émulos de Pedro el Grande? ¿De dónde sacaron los genes de gobernantes de Gran Potencia Mundial? ¿Acaso también fueron a Oaxaca, con Doña Sabina, aquella señora que repartía hongos y que hacía a los gobernantes soñar con ser una mezcla de algo así como Isabel I de Inglaterra y Carlos V de España?
Y son los mismos, o muy parecidos a aquellos que llevaron al país a ofrecer cifras de ignominia como las mencionadas por el Dr. Jesús Kumate --designado por el Senado de la República como merecedor de la medalla Belisario Domínguez por sus grandes aportaciones a la investigación de las enfermedades infecto contagiosas, pero sobre todo a los muchos años dedicados a la enseñanza y a la elaboración de libros dirigidos a los estudiantes de medicina-- quien afirmara que en México mueren anualmente 5 mil niños recién nacidos por falta de atención médica oportuna, para cuya salvación sólo se requiere un presupuesto menor al autorizado para el rescate cañero y carretero y “una migaja comparado con el rescate autorizado para los bancos en 1995”.
Todo porque, y en eso se coincide con el Dr. Kumate, “los determinantes sociales, económicos y culturales responsables de la mala salud y de las diferencias inaceptables que padecen los infantes, provienen en gran parte de la asimétrica e injusta distribución de la riqueza”. Nomaaás, como diría Clavillazo.
Y como de lengua están baratos los tacos, la promesa –o aspiración de Calderón-- debe ubicarse en su justo contexto, diría el académico: según Kumate, el año pasado se presentaron en México 30 mil 750 defunciones de niños menores de un año, mientras que en Japón sólo fueron 2 mil 800. No terminan ahí las diferencias, si se hubiera atendido a los pequeños mexicanos como fueron cuidados los niños japoneses, las defunciones habrían sido 6 mil. No bastan las atenciones médicas, las diferencias socioeconómicas son determinantes en la salud, sobre todo de los infantes.
Y si hay que buscar explicaciones a tan injusta distribución de la riqueza, pues acudamos a un ideólogo de la izquierda mundial que, para fortuna de nosotros, trabaja de Director del Banco de México. Sí, nos referimos al ínclito Guillermo Ortiz, quien afirmó que “las empresas dominantes (se refería a Teléfonos de México) frenan el desarrollo del país y la competitividad de la economía, una de las causas de la desigual distribución del ingreso en México”. Vóytelas, ni modo que lo acusen de ser seguidor del “Peje”.
No es por echarles a perder las voluntades optimistas, pero eso de convertirnos en la quinta economía mundial suena a algo más que populismo y parece una tomadura de pelo más a una sociedad harta de mentiras y promesas sin fin, en medio de una crisis de legitimidad política como nunca en la historia reciente.
Busca Nueva Izquierda alejar del PRD tácticas y personajes radicales
Prodigy MSN con información de Notimex
11 de octubre de 2006
El partido debe marginar a gente como Fernández Noroña y Jesusa Rodríguez
La Corriente Nueva Izquierda (NI) pretende desmarcarse y alejar del PRD tácticas y personajes que afectan la imagen del partido y ahuyentan a los "electores volátiles", aseveró el diputado Antonio Ortega Martínez.
En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, comentó los alcances del cónclave realizado por NI el pasado fin de semana y reconoció que personajes como el vocero del PRD, Gerardo Fernández Noroña y Jesusa Rodríguez alejan a ese universo del electorado.
Dijo que Nueva Izquierda, la principal corriente del PRD y que tiene como autodenominación "reformistas radicales", busca que en la refundación del partido que no se pierda la esencia de la izquierda mexicana, ni sus siglas y sí en cambio marginar a este tipo de "personalidades".
Defendió el avance electoral que logró Andrés Manuel López Obrador en favor del PRD y de la izquierda el pasado 2 de julio, y reconoció que al interior del PRD "hay una corriente de compañeros que quieren tumbar a Calderón".
Señaló que (Gerardo Fernández) "Noroña cree que yendo a Wal-Mart a tirar gelatinas y Jesusa Rodríguez que cree que yendo a las gasolineras a impedir a ciertos sectores se surtan de combustible, lo van a lograr".
"Nosotros pensamos que eso sólo debilita las preferencias del voto volátil que respaldó a López Obrador, que fue por millones. La mayoría de la gente que apoyó a AMLO fue voto volátil! No compartimos esa táctica!", apuntó el legislador federal por Aguascalientes.
El también presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dejó claro que Nueva Izquierda no va a dialogar con Felipe Calderón, pero dijo que impulsarán desde el Congreso una serie de reformas que negociarán tanto con el PRI como con el PAN.
El hermano del perredista Jesús Ortega Martínez, aseguró que Nueva Izquierda impulsará una estrategia para no dilapidar el avance electoral del PRD el pasado 2 de julio y lograr consolidar una izquierda más responsable y moderna.
11 de octubre de 2006
El partido debe marginar a gente como Fernández Noroña y Jesusa Rodríguez
La Corriente Nueva Izquierda (NI) pretende desmarcarse y alejar del PRD tácticas y personajes que afectan la imagen del partido y ahuyentan a los "electores volátiles", aseveró el diputado Antonio Ortega Martínez.
En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, comentó los alcances del cónclave realizado por NI el pasado fin de semana y reconoció que personajes como el vocero del PRD, Gerardo Fernández Noroña y Jesusa Rodríguez alejan a ese universo del electorado.
Dijo que Nueva Izquierda, la principal corriente del PRD y que tiene como autodenominación "reformistas radicales", busca que en la refundación del partido que no se pierda la esencia de la izquierda mexicana, ni sus siglas y sí en cambio marginar a este tipo de "personalidades".
Defendió el avance electoral que logró Andrés Manuel López Obrador en favor del PRD y de la izquierda el pasado 2 de julio, y reconoció que al interior del PRD "hay una corriente de compañeros que quieren tumbar a Calderón".
Señaló que (Gerardo Fernández) "Noroña cree que yendo a Wal-Mart a tirar gelatinas y Jesusa Rodríguez que cree que yendo a las gasolineras a impedir a ciertos sectores se surtan de combustible, lo van a lograr".
"Nosotros pensamos que eso sólo debilita las preferencias del voto volátil que respaldó a López Obrador, que fue por millones. La mayoría de la gente que apoyó a AMLO fue voto volátil! No compartimos esa táctica!", apuntó el legislador federal por Aguascalientes.
El también presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dejó claro que Nueva Izquierda no va a dialogar con Felipe Calderón, pero dijo que impulsarán desde el Congreso una serie de reformas que negociarán tanto con el PRI como con el PAN.
El hermano del perredista Jesús Ortega Martínez, aseguró que Nueva Izquierda impulsará una estrategia para no dilapidar el avance electoral del PRD el pasado 2 de julio y lograr consolidar una izquierda más responsable y moderna.
miércoles, octubre 11, 2006
Que renuncie URO, pero también Abascal
Édgar González Ruiz se ha especializado, como muy pocos periodistas en México, en la investigación de los movimientos derechistas latinoamericanos. Es autor, entre otros libros, de Los Abascal, De los cristeros a Fox, La sexualidad prohibida y Cruces y Sombras. Se ha sumado al grupo de colaboradores del Sendero del Peje, blog donde obtuve el siguiente artículo.
Abascal y la APPO
Édgar González Ruiz
Sendero del Peje
10 de octubre de 2006
En un post anterior se menciona una versión acerca de la actitud tramposa de Abascal con la APPO, a la que quiere manipular mediante intrigas y promesas para que apoye el fraude fecal.
Creo que eso es my probable, dados los antecedentes del propio Abascal en la Segob, donde ha estado recurriendo cotidianamente a ese tipo de maniobras. Lo que me parece digno de reflexión es que la APPO y otros grupos se presten a dialogar con Abascal cuando lo que habría que hacer es pedir su inmediata destitución, no menos que la del gobernador de Oaxaca, pues ahora parecería que Abascal es más confiable que Ulises Ruiz, cuando no es así.
Es sorprendente que los sectores progresistas, aunque lo sean mínimamente, hayan mostrado tanta tolerancia con Abascal, cuya presencia es una de las más perjudiciales en todo el gobierno mexicano.
Hay otros aspectos y escenarios que cabe mencionar. En varios casos (Puebla y Oaxaca, entre otros) el gobierno ha dejado crecer conflictos contra pésimos gobenadores priístas, que desde luego no debieran estar en esos cargos. Eso no se discute, pero ¿por què no se han dejado aflorar movimientos populares contra gobiernos estatales del PAN?. ¿Por qué Ulises Ruiz enfrenta ese movimiento popular y Abascal ha quedado casi intocado después de todas las porquerías que ha hecho?.
Ciertamente, el movimiento de Oaxaca es popular y creo que es auténtico, valiente y valioso, pero existe la posibilidad de que Abascal trate de usar la situación a favor del PAN y contra AMLO.
La oferta que hizo de quitarle a la APPO el control de la policía y dárselo a la PFP es peligrosísima, pues puede ser un experimento de la idea, ya anunciada por fecal en su campaña, de quitarle al gobierno del DF el control de la policía capitalina. Además: ¿no es la PFP la que ha reprimido el movimiento de resistencia, incluso dando cifras falsas, muy menores a las reales, sobre el número de asistentes a las asambleas de AMLO? ¿o es la que agrede a los legisladores disidentes y cuida a Fecal? ¿merece algún respeto o credibilidad la PFP?
Asimismo, en vísperas del 20 de noviembre y del primero de diciembre, Abascal puede tratar de quedar como el gran "conciliador" y "operador político".
Creo que las organizaciones sociales en lugar de estar negociando con Abascal debieran exigir su salida del gobierno como condición ante él.
Abascal y la APPO
Édgar González Ruiz
Sendero del Peje
10 de octubre de 2006
En un post anterior se menciona una versión acerca de la actitud tramposa de Abascal con la APPO, a la que quiere manipular mediante intrigas y promesas para que apoye el fraude fecal.
Creo que eso es my probable, dados los antecedentes del propio Abascal en la Segob, donde ha estado recurriendo cotidianamente a ese tipo de maniobras. Lo que me parece digno de reflexión es que la APPO y otros grupos se presten a dialogar con Abascal cuando lo que habría que hacer es pedir su inmediata destitución, no menos que la del gobernador de Oaxaca, pues ahora parecería que Abascal es más confiable que Ulises Ruiz, cuando no es así.
Es sorprendente que los sectores progresistas, aunque lo sean mínimamente, hayan mostrado tanta tolerancia con Abascal, cuya presencia es una de las más perjudiciales en todo el gobierno mexicano.
Hay otros aspectos y escenarios que cabe mencionar. En varios casos (Puebla y Oaxaca, entre otros) el gobierno ha dejado crecer conflictos contra pésimos gobenadores priístas, que desde luego no debieran estar en esos cargos. Eso no se discute, pero ¿por què no se han dejado aflorar movimientos populares contra gobiernos estatales del PAN?. ¿Por qué Ulises Ruiz enfrenta ese movimiento popular y Abascal ha quedado casi intocado después de todas las porquerías que ha hecho?.
Ciertamente, el movimiento de Oaxaca es popular y creo que es auténtico, valiente y valioso, pero existe la posibilidad de que Abascal trate de usar la situación a favor del PAN y contra AMLO.
La oferta que hizo de quitarle a la APPO el control de la policía y dárselo a la PFP es peligrosísima, pues puede ser un experimento de la idea, ya anunciada por fecal en su campaña, de quitarle al gobierno del DF el control de la policía capitalina. Además: ¿no es la PFP la que ha reprimido el movimiento de resistencia, incluso dando cifras falsas, muy menores a las reales, sobre el número de asistentes a las asambleas de AMLO? ¿o es la que agrede a los legisladores disidentes y cuida a Fecal? ¿merece algún respeto o credibilidad la PFP?
Asimismo, en vísperas del 20 de noviembre y del primero de diciembre, Abascal puede tratar de quedar como el gran "conciliador" y "operador político".
Creo que las organizaciones sociales en lugar de estar negociando con Abascal debieran exigir su salida del gobierno como condición ante él.
martes, octubre 10, 2006
Prepara fraude electoral el PRI en Tabasco
Juan Manuel Diego
La Verdad del Sureste
10 de octubre de 2006
La mano del cuñado incómodo de Felipe Calderón en el proceso electoral tabasqueño, denuncia la coalición Por el Bien de Todos
La empresa Hidelbrando podría favorecer al PRI en los comicios del 15 de octubre
Acusan que la empresa Hidelbrando estaría manipulando los programas de la Sedespa porque tiene toda la información de la gente que es beneficiada con la ayuda social
El PRD señala que la compañía tiene información de programas sociales de Sedespa, lo cual podría ser aprovechado por la alianza PRI-PAN, para intentar coaccionar el voto de cara a las próximas elecciones
La coalición Por el Bien de Todos (PRD-PT) reveló con documentos en la mano que la empresa Hidelbrando S.A de C.V., propiedad de Diego Hidelbrando Zavala, cuñado del presidente electo Felipe Calderón Hinojosa, firmó en el 2004 un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social y Protección al Ambiente (Sedespa) del gobierno de Tabasco, relativo a la prestación de servicios en lo que tiene que ver con la operación de programas sociales.
El vocero del frente PRD-PT Marco Rosendo Medina Filigrana, exhibió el documento del contrato por un 1,149, 650. 22 (un millón ciento cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta pesos con veintidós centavos), y que demuestra la participación por un lado de Germán Garduza Linares y Graciela Trujillo de Cobo, "en su carácter de Oficial Mayor y Secretaria de Desarrollo Social y Protección al Ambiente respectivamente", y por la otra parte "la empresa denominada Hidelbrando S.A de C.V., representada por Diego Hidelbrando Zavala Gómez del Campo, a quien en lo sucesivo se le denominará prestadora de servicios".
Esta empresa le realizó trabajos de software al Instituto Federal Electoral (IFE) y fue exhibida durante el proceso de evadir impuestos, aún y cuando obtuvo fuertes ingresos a raíz de los once contratos que le otorgó Petróleos Mexicanos en el lapso que Felipe Calderón fungió como secretario de Energía.
También fue acusada por manipular los datos electorales tras la elección federal del pasado 2 de julio.
Medina Filigrana señaló que en los trabajos de Hidelbrando está toda la información de la gente que recibe los programas sociales de la Sedespa, por lo que adelantó la posibilidad de que eso sea aprovechado por los gobiernos estatal y federal, como parte de la alianza PRI-PAN, para intentar coaccionar el voto de cara al 15 de octubre.
Agregó que esas personas que están recibiendo apoyos sociales pudieron haber sido presionadas para que voten por el PRI o hayan fungido como activistas de ese partido.
Por otra parte y luego de presentar a maestros de instituciones tecnológicas y del SITET, así como delegados municipales que se adhirieron a la campaña de César Raúl Ojeda, el vocero de la coalición dijo que la supuesta balacera contra la casa del candidato del PRI es una acción montada y producto de la desesperación ante el hecho de que el tricolor perderá la elección.
Recordó que el "Químico" es muy dado a esas practicas de tratar de desviar la atención y la realidad de las cosas, y presentó la edición de algunos periódicos locales del 1 de enero del 2001, donde supuestamente el domicilio de Andrés Granier Melo también había sido baleado en esa ocasión.
Medina Filigrana dijo que en aquella ocasión Granier quiso desviar la atención de la imposición de Enrique Priego Oropeza como gobernador interino, luego de que el 29 de diciembre fue la anulada la elección constitucional por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y que Roberto Madrazo y su Congreso a modo hayan reformado ilegalmente la Constitución Política del Estado esa madrugada.
Dijo además que es prácticamente imposible que la casa de Granier Melo haya sido baleada, pues cerca de ahí hay una caseta de vigilancia que cuidan la entrada y salida de vehículos.
Por último, pidió el voto útil para los panistas de base y en su turno, integrantes de la dirigencia del SITET señalaron que más del 70 por ciento de los maestros de ese gremio están con Raúl Ojeda.
La Verdad del Sureste
10 de octubre de 2006
La mano del cuñado incómodo de Felipe Calderón en el proceso electoral tabasqueño, denuncia la coalición Por el Bien de Todos
La empresa Hidelbrando podría favorecer al PRI en los comicios del 15 de octubre
Acusan que la empresa Hidelbrando estaría manipulando los programas de la Sedespa porque tiene toda la información de la gente que es beneficiada con la ayuda social
El PRD señala que la compañía tiene información de programas sociales de Sedespa, lo cual podría ser aprovechado por la alianza PRI-PAN, para intentar coaccionar el voto de cara a las próximas elecciones
La coalición Por el Bien de Todos (PRD-PT) reveló con documentos en la mano que la empresa Hidelbrando S.A de C.V., propiedad de Diego Hidelbrando Zavala, cuñado del presidente electo Felipe Calderón Hinojosa, firmó en el 2004 un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social y Protección al Ambiente (Sedespa) del gobierno de Tabasco, relativo a la prestación de servicios en lo que tiene que ver con la operación de programas sociales.
El vocero del frente PRD-PT Marco Rosendo Medina Filigrana, exhibió el documento del contrato por un 1,149, 650. 22 (un millón ciento cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta pesos con veintidós centavos), y que demuestra la participación por un lado de Germán Garduza Linares y Graciela Trujillo de Cobo, "en su carácter de Oficial Mayor y Secretaria de Desarrollo Social y Protección al Ambiente respectivamente", y por la otra parte "la empresa denominada Hidelbrando S.A de C.V., representada por Diego Hidelbrando Zavala Gómez del Campo, a quien en lo sucesivo se le denominará prestadora de servicios".
Esta empresa le realizó trabajos de software al Instituto Federal Electoral (IFE) y fue exhibida durante el proceso de evadir impuestos, aún y cuando obtuvo fuertes ingresos a raíz de los once contratos que le otorgó Petróleos Mexicanos en el lapso que Felipe Calderón fungió como secretario de Energía.
También fue acusada por manipular los datos electorales tras la elección federal del pasado 2 de julio.
Medina Filigrana señaló que en los trabajos de Hidelbrando está toda la información de la gente que recibe los programas sociales de la Sedespa, por lo que adelantó la posibilidad de que eso sea aprovechado por los gobiernos estatal y federal, como parte de la alianza PRI-PAN, para intentar coaccionar el voto de cara al 15 de octubre.
Agregó que esas personas que están recibiendo apoyos sociales pudieron haber sido presionadas para que voten por el PRI o hayan fungido como activistas de ese partido.
Por otra parte y luego de presentar a maestros de instituciones tecnológicas y del SITET, así como delegados municipales que se adhirieron a la campaña de César Raúl Ojeda, el vocero de la coalición dijo que la supuesta balacera contra la casa del candidato del PRI es una acción montada y producto de la desesperación ante el hecho de que el tricolor perderá la elección.
Recordó que el "Químico" es muy dado a esas practicas de tratar de desviar la atención y la realidad de las cosas, y presentó la edición de algunos periódicos locales del 1 de enero del 2001, donde supuestamente el domicilio de Andrés Granier Melo también había sido baleado en esa ocasión.
Medina Filigrana dijo que en aquella ocasión Granier quiso desviar la atención de la imposición de Enrique Priego Oropeza como gobernador interino, luego de que el 29 de diciembre fue la anulada la elección constitucional por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y que Roberto Madrazo y su Congreso a modo hayan reformado ilegalmente la Constitución Política del Estado esa madrugada.
Dijo además que es prácticamente imposible que la casa de Granier Melo haya sido baleada, pues cerca de ahí hay una caseta de vigilancia que cuidan la entrada y salida de vehículos.
Por último, pidió el voto útil para los panistas de base y en su turno, integrantes de la dirigencia del SITET señalaron que más del 70 por ciento de los maestros de ese gremio están con Raúl Ojeda.
Más parientes incómodos
Pareciera que uno de los requisitos para llegar a ser mandatario en este país, es contar con al menos un pariente incómodo. Yo digo que ya no le carguemos tanto la mano a los primos, cuñados, sobrinos, compadres, amantes y cuates; digamos mejor abiertamente: "Sonora tiene un gobernador incómodo", "México tiene un presidente incómodo".
Tiene gobernador de Sonora su primo incómodo
Federico Anaya
Noticiario Hechos de TV Azteca
5 de octubre de 2006
Denuncian tráfico de influencia
Bours Griffith “compra” carteras vencidas del campo
Falta transparencia a gobierno de Sonora
Hermosillo, Son. En medio de una campaña publicitaria lanzada en el estado de Sonora para enaltecer la vanidad del gobernador Eduardo Bours Castelo, estalló el escándalo de su primo incómodo.
Según señaló una familia de agricultores, Alfonso Bours Griffith se ha valido del tráfico de influencias y de la protección de su primo hermano para apropiarse a la mala de algunos campos de cultivo.
Esto lo hace mediante la compra ilegal de carteras vencidas del campo. El líder del movimiento El Barzón en el estado, Francisco Mitre, señaló que "encontramos una injusticia que está cometiendo el primo hermano del gobernador en contra de uno de nuestros afiliados, se trata de que este señor compró el juicio a Banamex por 463 mil pesos. Entonces el valor de los dos campos agrícolas, son dos pozos, sus 650 hectáreas tienen un valor arriba de los 10 millones de pesos, se nos hace una plena injusticia".
Y añadió que "tenemos conocimiento de que este señor ha comprado otras tres propiedades en esas condiciones. Tráfico de influencias también, porque este señor argumenta que con el poder del dinero se puede hacer todo".
Por su parte, Jaime Caracho, víctima del llamado "Primo Incómodo" indicó que "Las resoluciones que dan los tribunales son infantiles, violando las leyes y así en primera instancia, en segunda, en tercera, todo a favor de Bours".
Otra víctima del primo hermano del gobernador, Gloria Salido, refirió que "es desesperante y estamos dispuestos a llegar hasta lo último, no podemos seguir viviendo así, ¿cómo que trabajas toda tu vida para formar tu patrimonio y cuando ya estás viejo te hacen esto? No lo vamos tolerar más. El apellido Bours pesa mucho”.
Ante la desgracia de la familia Zaracho y otros agricultores, el gobernador Eduardo Bours se hace de oídos sordos.
El propio Jaime Zaracho comentó sobre la actitud del gobernador que “hemos estado tratando de hacer una petición en los periódicos desde que era senador, para que nos apoyara, que nos ayudara con las arbitrariedades que se estaban cometiendo”.
Tiene gobernador de Sonora su primo incómodo
Federico Anaya
Noticiario Hechos de TV Azteca
5 de octubre de 2006
Denuncian tráfico de influencia
Bours Griffith “compra” carteras vencidas del campo
Falta transparencia a gobierno de Sonora
Hermosillo, Son. En medio de una campaña publicitaria lanzada en el estado de Sonora para enaltecer la vanidad del gobernador Eduardo Bours Castelo, estalló el escándalo de su primo incómodo.
Según señaló una familia de agricultores, Alfonso Bours Griffith se ha valido del tráfico de influencias y de la protección de su primo hermano para apropiarse a la mala de algunos campos de cultivo.
Esto lo hace mediante la compra ilegal de carteras vencidas del campo. El líder del movimiento El Barzón en el estado, Francisco Mitre, señaló que "encontramos una injusticia que está cometiendo el primo hermano del gobernador en contra de uno de nuestros afiliados, se trata de que este señor compró el juicio a Banamex por 463 mil pesos. Entonces el valor de los dos campos agrícolas, son dos pozos, sus 650 hectáreas tienen un valor arriba de los 10 millones de pesos, se nos hace una plena injusticia".
Y añadió que "tenemos conocimiento de que este señor ha comprado otras tres propiedades en esas condiciones. Tráfico de influencias también, porque este señor argumenta que con el poder del dinero se puede hacer todo".
Por su parte, Jaime Caracho, víctima del llamado "Primo Incómodo" indicó que "Las resoluciones que dan los tribunales son infantiles, violando las leyes y así en primera instancia, en segunda, en tercera, todo a favor de Bours".
Otra víctima del primo hermano del gobernador, Gloria Salido, refirió que "es desesperante y estamos dispuestos a llegar hasta lo último, no podemos seguir viviendo así, ¿cómo que trabajas toda tu vida para formar tu patrimonio y cuando ya estás viejo te hacen esto? No lo vamos tolerar más. El apellido Bours pesa mucho”.
Ante la desgracia de la familia Zaracho y otros agricultores, el gobernador Eduardo Bours se hace de oídos sordos.
El propio Jaime Zaracho comentó sobre la actitud del gobernador que “hemos estado tratando de hacer una petición en los periódicos desde que era senador, para que nos apoyara, que nos ayudara con las arbitrariedades que se estaban cometiendo”.
lunes, octubre 09, 2006
La de los liberales
Dios o Julio Scherer, lo que suceda primero, me perdonarán por este pequeño fraude virtual de plagiar una editorial y portada de Proceso. Todo sea para bien de la humanidad (el plagio).Total, para que vean los liberales de qué lado masca la iguana de sus "reformistas". Con todo respeto y como dijo el mesías: JA JA JA.
Duelo de monopolios
Jenaro Villamil
La noche del 4 de septiembre, horas antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarara válidas las elecciones presidenciales del 2 de julio, el magnate mexicano Carlos Slim se reunió con Felipe Calderón y le advirtió que si el gobierno le impedía ingresar al mercado de la televisión restringida a través del Acuerdo de Convergencia, podría tomar la decisión de retirar inversiones en México y colocarlas en los países de América Latina donde ya ha realizado multimillonarias compras de empresas de telecomunicaciones.
La molestia y la amenaza del tercer hombre más rico del mundo no eran vanas. Estaba en juego su condición dominante en el jugoso negocio de 23 mil millones de dólares anuales que representan la telefonía fija y móvil, en el cual él concentra 95 y 80% del mercado a través de Telmex y América Móvil, respectivamente. También estaba pendiente su ingreso al mercado de la televisión restringida, que podría incrementar sus ventas anuales a más de 30 mil millones de dólares.
Slim hizo valer su capacidad de presión. Si el gobierno federal le permitía ingresar sin demasiadas trabas al mercado de la televisión restringida, Calderón Hinojosa contaría con su apoyo...
Unos días después del fallo del tribunal, Slim visitó oficialmente al ya presidente electo, en la casa sede de la transición, en la calle de San Francisco de la colonia Del Valle de la Ciudad de México. Y semanas más tarde, el pilar del Grupo Carso lanzó una inusitada crítica a la resistencia civil de Andrés Manuel López Obrador, con quien mantuvo una pública cercanía durante su gobierno en la Ciudad de México, y calificó de “kafkianos” los bloqueos de sus simpatizantes en el Paseo de la Reforma.
El enojo de Slim tenía su origen en un duro oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Precisamente el día aludido, 4 de septiembre, Francisco Gil Díaz envió a su homólogo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Cerisola, un extenso documento que cuestionaba la intención de cambiar el título de concesión de Telmex a través del Acuerdo de Convergencia.
Gil Díaz argumentó que la empresa de Slim debería pagar una contraprestación a Hacienda cuyo monto estuviera entre el precio original en que compró los títulos de la telefónica en 1990 y los beneficios que pretende recibir al entrar al llamado triple play, es decir, a la convergencia tecnológica para dar servicio de audio, video e internet a través de su red.
Gil Díaz estipuló que el título de concesión de Telmex “sólo podría modificarse en los casos que expresamente se señalan en el texto mismo de la concesión”.
En su respuesta a Hacienda, Cerisola adujo a favor de Telmex –empresa en la que desempeñó diversos cargos directivos entre 1991 y 1999– que las cláusulas 1.9 y 2.2, que prohíben cambiar el título de concesión de la telefónica, son “un derecho a favor de las compradoras (de 1990) y no una restricción para las mismas”. El titular de la SCT indicó que tales cláusulas se hicieron para evitar que las empresas dominantes en televisión, es decir, Televisa, pudieran entrar al mercado de la telefonía.
Al día siguiente de la respuesta de Cerisola, el 7 de septiembre, Telmex solicitó formalmente el cambio de su título de concesión para competir en la televisión restringida. Arturo Elías Ayub, director de alianzas estratégicas de la empresa, declaró que Telmex está tecnológicamente preparado para brindar a los clientes el servicio de televisión a través de banda ancha por internet. Citó el caso de AT&T, que puede hacerlo desde que lanzó el servicio Homezone en Estados Unidos.
Frente a esta disputa en el gabinete entre Gil Díaz y Cerisola, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) se lavó las manos y apoyó las observaciones de otras empresas telefónicas como Nextel, Alestra y Avantel. Por su parte, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) evadió su papel de regulador del sector y la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) defendió las condiciones establecidas en su documento del 31 de octubre de 2005 para lograr una convergencia sana.
Analistas cercanos a Telmex, consultados por Proceso, reprocharon que el celo de Gil Díaz, vinculado de tiempo atrás a Roberto Hernández –dueño de la telefónica Avantel, competidora de Telmex y accionista de Televisa–, no fue igual cuando Citigroup adquirió Banamex, el principal banco del país, y no tuvo que pagar a Hacienda ninguna obligación fiscal.
Proceso buscó directamente a Arturo Elías Ayub para conocer la posición del corporativo frente a este debate, sin embargo hasta el día del cierre de la edición no hubo respuesta.
Jugadores “cochinos”
Tan sólo en 2005, el sector de telecomunicaciones creció 21.5%, ocho veces más que el Producto Interno Bruto del país, y durante todo el sexenio foxista captó inversiones por 18 mil 800 millones de dólares. La misma SCT calcula en 45 mil millones de dólares el valor del sector en su conjunto.
Para el subsecretario de esta dependencia, Jorge Álvarez Hoth, principal artífice del Acuerdo de Convergencia, éste “pone a competir de inmediato a Televisa y a Telmex”, a diferencia de la Ley Televisa.
El presidente de la Cofeco, Eduardo Pérez Motta, señaló que “por primera vez tenemos la posibilidad de que los dos grandes, Telmex y Televisa, compitan, siempre y cuando garanticen reglas claras para el ingreso de otros competidores”.
Pérez Motta advirtió que deben cumplirse otras dos condiciones para garantizar una convergencia sana: un acuerdo de contenidos para evitar que el monopolio de distribución y producción en video, ejercido por Televisa y las empresas cableras más grandes, discriminen a otros competidores del mercado; y promover que la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y el sistema de red inalámbrica Wy Max sirvan para distribuir internet, televisión restringida y telefonía, estableciendo reglas a fin de impedir que Telmex o Televisa monopolicen estas redes alternas.
Sobre los recelos frente al poderío de Telmex y Televisa, el titular de la Cofeco explicó a Proceso: “Es como si en un partido de futbol tú tienes a dos jugadores que son muy cochinos. Tienes dos opciones: sacarlos u obligar a que jueguen bien. Si tú los sacas del partido, ya no hay espectáculo”.
Antes de la existencia del acuerdo, Tele-visa comenzó a competir con Telmex al ofrecer servicios de internet a través del sistema Cablevisión, y ha reforzado su alianza con otras empresas de televisión restringida: adquirió 50% de Multimedios (propietaria del Grupo Milenio), del regiomontano Francisco González, y está en pláticas con Enrique Yamuni, dueño de Megacable, que concentra la plaza de Guadalajara, para entrar al servicio de la telefonía y el internet.
Especialistas prevén que tanto Televisa como Telmex se aboquen a reforzar alianzas con otras empresas del sector.
Acuerdo a la medida
Casi un mes después de las reuniones que Slim sostuvo con Calderón –la del 4 de septiembre, en la que le advirtió que podría retirar de México sus inversiones, fue confirmada por dos fuentes que pidieron ser mantenidas en el anonimato–, y a pesar de la posición de Gil Díaz, refrendada en otro oficio del 27 de septiembre, el Acuerdo de Convergencia se publicó finalmente en el Diario Oficial de la Federación el martes 3 de octubre.
Horas antes hubo un intenso cabildeo de la SCT con la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec) y con representantes de Televisa. En reuniones de gabinete, Fox tuvo que frenar, por primera vez, a su secretario de Hacienda.
Como una muestra de la coincidencia de intereses, el fin de semana pasado, antes de la publicación del acuerdo, Fox se reunió “en plan familiar” con Carlos Slim y otros empresarios de medios en su rancho San Cristóbal.
El texto final del acuerdo incluye las cuatro condiciones más importantes que establece la Comisión Federal de Competencia para cambiar el título de concesión de Telmex: garantizar la interconexión, la interoperabilidad y la portabilidad numérica a otros competidores de telefonía fija, así como aplicar normas de contabilidad separada que prevengan de subsidios cruzados en la prestación de telefonía, televisión restringida e internet.
Los plazos para lograr estas condiciones son de 60 y 75 días, lo que permite a las empresas de televisión por cable dar servicios de telefonía antes que Telmex ingrese al mercado del video en el segundo semestre de 2007.
La versión final del acuerdo modificó los términos del polémico artículo segundo transitorio, que representaba para Telmex la posibilidad de obtener la modificación de su título de concesión sin tener que cumplir con los convenios de interconexión y de portabilidad numérica en los casos que éstos no se realizaran “por causas no imputables a los concesionarios de telefonía local”, es decir, de Telmex.
Sin embargo, la SCT le deja la responsabilidad de decidir sobre el pago de la contraprestación a la Cofetel para que, en un lapso de 90 días, determine si fijará o no el monto que debe pagar Telmex.
Un día después de publicado el documento de la SCT, el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, declaró: “No vemos en dónde sea la aplicación del pago de la contraprestación, pero la cosa está en el origen de lo que fue la venta de Telmex”, transacción realizada antes de que se creara la Cofetel.
Al respecto, el especialista Gabriel Sosa Plata dice que las declaraciones de Osuna demuestran que la Cofetel “no tiene la capacidad humana ni las facultades ni el tiempo” para determinar el pago de la contraprestación.
Además, califica este documento como el Acuerdo Telmex porque, en forma paralela a la Ley Televisa, existe un gran beneficiario: la empresa de Carlos Slim. Previó que hasta diciembre “va a haber conflictos importantes en relación con los dos grandes acuerdos marcos”, que son los de portabilidad, interconexión e interoperabilidad. “El tiempo de 75 días es muy poco. Tan sólo en materia de portabilidad numérica, otros países han tardado más de un año para lograrla”, precisa el especialista.
Por su parte, las empresas de televisión por cable que buscan incursionar en el servicio telefónico, como Megacable y Cablemás, se han quejado de que el Acuerdo de Convergencia les exige estándares de calidad superiores a los que actualmente se le piden a Telmex en su título de concesión.
Adicionalmente, Sosa Plata advierte que es necesario un acuerdo de contenidos para prohibir el monopolio en la distribución y producción. México, dice, es uno de los pocos países donde las empresas de televisión de paga tienen que dar una contraprestación a las de televisión abierta por transmitir sus canales.
“Por eso el sistema Sky tronó a DirecTV, que no podía ofrecer los canales de Televisa. Los cableros, a su vez, tienen miedo de pelearse con Televisa o TV Azteca porque les pueden impedir transmitir sus canales”, explica el experto.
Las empresas dominantes en la televisión por cable en las principales ciudades del país (Megacable, Cablemás y Cablevisión, Cablevisión Monterrey y Grupo Hevi, todas integrantes de la Canitec) realizan prácticas monopólicas al tener canales exclusivos que no están disponibles para quienes detentan una segunda concesión en esas mismas plazas.
Sosa Plata coincide con el titular de la Cofeco, Eduardo Pérez Motta, en que el Acuerdo de Convergencia no expresa claramente los beneficios para el consumidor final, porque no se han creado mecanismos para bajar los costos y para mejorar tanto los contenidos como los servicios de telefonía y televisión restringida.
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, México tiene uno de los servicios más caros en telecomunicaciones. Cada familia mexicana gasta en promedio 470 pesos mensuales en telefonía fija o móvil, televisión restringida y servicios de internet, cifra superior a lo que destina mensualmente a la salud.
Sin embargo, el acceso de la población a los servicios de internet es muy reducido. Sólo entre 12 y 15% de los mexicanos tienen posibilidad de acceso, por el alto costo de servicios como el de Prodigy, dominante en el mercado, indicó Sosa Plata.
El nombre del juego: monopolio
Sosa Plata reconoce que existen intereses confrontados entre Televisa y Telmex, pero dice que ambas pueden llegar a un acuerdo que “termine afectando finalmente al consumidor” y excluyendo a otros jugadores.
Durante la gestación del acuerdo, Tele-visa cuestionó la necesidad de un texto que ni la Cofeco consideraba indispensable para garantizar el triple play. Su filial Sky interpuso, sin éxito, un amparo contra el Acuerdo de Convergencia porque en la elaboración del anteproyecto no fue tomada en cuenta por la SCT, y a través de distintos voceros, como Javier Tejado Dondé, Televisa se sumó a las compañías de televisión por cable en sus cuestionamientos acerca de las “asimetrías de los competidores”.
Vía telefónica, Alfonso de Angoitia rechazó las versiones de que Televisa se opusiera al acuerdo: “Lo que han dicho otros, no yo, es que para que se diera la convergencia no se necesitaba de un acuerdo. Los accesos ya se están dando, con o sin acuerdo. Ahora que ya existe, es necesario que existan reglas claras del juego entre competidores. El acuerdo ordena las cosas. Eso es bueno. Es iluso pensar que nosotros nos oponíamos”, insistió el vicepresidente de Finanzas de Televisa.
–¿Cuál es la posición de Televisa sobre el cambio de título de concesión de Telmex? Se ha argumentado que la prohibición original era para evitar que Televisa entrara al mercado de la telefonía durante la privatización de la compañía en 1990 –se le pregunta.
–El candado en el título de la concesión, que ya tiene casi 20 años, no fue para que Televisa no le entrara a la telefonía. Ahora, si se debe o no pagar una contraprestación, eso lo deben determinar las autoridades.
–¿Televisa estaría a favor de nuevas reglas en materia de contenidos?
–Habría que ver las reglas. En principio, estamos de acuerdo en la no discriminación para otros competidores. Cofeco tiene razón... Estamos de acuerdo que en la parte de contenidos no se discrimine a ningún competidor y que en materia de distribución podamos competir con reglas claras.
De Angoitia sintetiza el panorama que su empresa percibe ante la inminente competencia con Telmex: “Cada quien va a ir por su lado en materia de distribución y producción de contenidos. Telmex se convierte en un cliente para nosotros en materia de producción y competiremos en distribución.
“Televisa tiene dos negocios: producción y distribución de contenidos. En Cablevisión somos los dueños de 51% y en Sky tenemos 62%. En televisión restringida, Telmex será otro distribuidor, lo vemos como una nueva ventana. Para Telmex se abre el mercado de video y para Televisa se abre el mercado de la telefonía.”
Condiciones para la competencia
El peso de la regulación del sector recaerá en la Comisión Federal de Competencia, que durante la discusión de la Ley Televisa recomendó al Senado realizar varios cambios a la iniciativa: darle mayor autonomía a la Cofetel; que las nuevas concesiones de radio y televisión se otorgaran por licitación pública y con la opinión favorable de la Cofeco; así mismo, consideró anticonstitucional el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que permite la concentración del espectro durante la transición digital.
La mayoría de los senadores, encabezados por Emilio Gamboa Patrón, evadieron las sugerencias de la Cofeco y aprobaron la Ley Televisa sin cambiarle una coma.
Con Telmex el enfrentamiento ha sido constante. Un mes antes de que Carlos Slim promoviera el Acuerdo de Chapultepec, la Cofeco inició una investigación contra Telcel por supuestas prácticas monopólicas en el servicio de mensajes cortos, a partir de una acusación de Nextel.
A finales de la anterior legislatura, Telmex cabildeó en el Senado para evitar la aprobación de la nueva Ley Federal de Competencia Económica. Arturo Elías Ayub calificó como “omnímodas” las facultades que la ley le otorgaría a la Cofeco, entre ellas la posibilidad de que la instancia reguladora multe con más de 10 millones de pesos a las empresas que incurran en prácticas monopólicas y sancione con la desincorporación de activos en empresas concentradoras. Finalmente los senadores aprobaron la ley.
Desde el 31 de octubre de 2005, la Cofeco hizo recomendaciones en materia de convergencia. Advirtió que “para generar un ambiente de mayor competencia debe promoverse que todas las redes de telecomunicaciones estén autorizadas para dar todos los servicios que sean técnicamente factibles, siempre que los mecanismos de interconexión e interoperabilidad de las diferentes redes no sean discriminatorios y deficientes, y se eviten fenómenos de concentración anticompetitivas, prácticas monopólicas y otras distorsiones en los mercados”.
Frente al Acuerdo de Convergencia, Eduardo Pérez Motta anunció que a finales de octubre darán a conocer su posición en materia de contenidos, y aclaró que la Cofeco nunca ha pedido que se cambiara el título de concesión de Telmex para que la empresa ofrezca servicios convergentes en televisión restringida. Pero “si se cambia el título, tendremos que revisar otros asuntos que tienen que ver con competencia y que están pendientes desde 1993”, puntualizó.
El hermano rapaz
Jesusa Cervantes
Proceso
9 de octubre de 2006
Como a principios del sexenio, el hermano menor del presidente de la República, Juan Pablo Fox Quesada, se ve envuelto en un escándalo de dinero, pero ahora con la presunta complicidad presidencial. Esta vez se le acusa de intentar arrebatar una valiosa patente y sus empresas a un investigador que desarrolló una fórmula para atacar la enfermedad de uno de sus hijos y que hasta entonces se consideraba incurable.
El sexenio del presidente Vicente Fox termina como empezó: con escándalos por presuntos malos manejos financieros y de negocios de su hermano menor.
Mientras que en el año 2000 el First National Bank demandó a Juan Pablo Fox Quesada por no pagar un préstamo de 100 mil dólares que obtuvo ostentándose –sin serlo– como director de una empresa, ahora pesan sobre él acusaciones de haber incurrido, con la ayuda presidencial, en abuso de poder, tráfico de influencias, amenazas, secuestro y torturas.
Así lo afirma, en un libro de próxima aparición y en entrevista con Proceso, el investigador e industrial Édgar Arroyo, quien fue invitado a conocer al presidente Fox luego de hacer un descubrimiento que le dio celebridad internacional.
Después de nueve años de investigación sobre una enfermedad incurable, melliue mitocondria, que padecía su hijo Andy y que, entre otras cosas, consistía en que sus células no podían reproducirse, Arroyo encontró una cura, confirmada ahora por el hecho de que, a sus 11 años de edad, Andy está “clínicamente sano”, pese a que los médicos que empezaron a tratarlo no le daban arriba de ocho años de vida con esa enfermedad crónico degenerativa.
Su hallazgo consistió en la elaboración de un nutriente ultrasintetizado que, afirma, reestructura las células del cuerpo humano. Luego de que Andy había perdido hasta la vista, al consumir la proteína no sólo la recuperó, sino que recobró también la memoria, mejoró su piel, pudo sostenerse en pie y empezó a generar músculos. Andy, afirma su progenitor, comenzó su cura al igual que lo han hecho otros 800 enfermos que se han sometido al consumo del nutriente bajo un estricto protocolo.
El descubrimiento del investigador mexicano despertó gran interés en empresas farmacéuticas extranjeras –una de las cuales, refiere, pagó 10 millones de dólares sólo por ver uno de los 24 capítulos de la investigación–, pero también en Juan Pablo Fox Quesada, quien, según el denunciante, se confabuló con el poderoso grupo empresarial de Alfonso Romo, recurrió al contubernio de representantes de los poderes Judicial y Ejecutivo, ejerció presiones, incurrió en la tortura y llevó hasta la cárcel a Édgar Arroyo para intentar quedarse con la patente del producto, las plantas generadoras del mismo, sus cinco empresas y un predio en Puerto Vallarta que, ubicado en la zona turística, está valuado en 84 millones de pesos.
Pero lo que es peor, de acuerdo con Arroyo, es que las acciones de Juan Pablo en su contra fueron cometidas con pleno conocimiento del presidente Vicente Fox, quien asumió la Presidencia cuando Andy tenía cinco años de edad y casi tres de haber sido diagnosticado.
“El presidente de México –asevera– estaba siendo cómplice… estaban enterados de lo que quería hacer Juan Pablo Fox, y lo solaparon.”
El encuentro con los Fox
Con documentos oficiales y grabaciones notariadas donde, aparte de Juan Pablo Fox, aparecen representantes del presidente de la República y empleados de Alfonso Romo, el investigador expone en entrevista cada una de sus “especulaciones” –como él las llama– sobre los hechos por los cuales hoy se halla viviendo a “salto de mata” y alejado de su esposa y sus tres hijos, quienes huyeron del país por seguridad, ya que, subraya, también ellos fueron hostigados directamente por Juan Pablo Fox.
En la entrevista con la reportera, Édgar Arroyo, ingeniero con especialidad en investigaciones de química industrial y bioquímica, refiere que al inicio de la administración de Fox –por quien votó sólo para vivir el “lado cruel” del “gobierno del cambio”– contaba con todo un complejo de plantas y laboratorios pertenecientes al consorcio Grupo Industrial Aguascalientes (GIA): GiaCompany, Gialive, GiaCanada, La Perla y General Alliance. Para el año 2002, los avances sobre la cura de su hijo Andy eran notables y su empresa gozaba de un gran prestigio en el extranjero, lo que llegó a oídos de la familia Fox.
Por esa misma época, él y su equipo de trabajo, luego de comprobar mediante protocolos médicos los beneficios del nutriente, el cual fue bautizado como protengia, decidieron ponerlo al alcance de todos bajo el nombre de Proyecto Andy, dentro de una empresa fabricante de galletas, leche malteada, golosinas, bebidas hidratantes y suplementos alimenticios.
Pero había un problema: contaban con pocos recursos.
Una persona que en varios momentos lo había ayudado y que era un cercano amigo de Vicente Fox, a mediados de 2002 lo presentó con el presidente de la República, quien lo invitó a platicar en el rancho de San Cristóbal. Ahí, junto con su hermano Juan Pablo, Vicente Fox lo escuchó y se interesó en el proyecto.
En los días siguientes, aparecieron en las oficinas de Arroyo varios abogados, entre ellos el notario de Guanajuato Marcelo Gay Guerra, “quien se ostentó como amigo de Vicente Fox. El objetivo de la visita era –según comentaron– invitar a Juan Pablo Fox Quesada, aparentemente por instrucciones de su hermano Vicente, a que formara parte del proyecto”, recuerda Arroyo en su libro de próxima aparición En el nombre de mi hijo, bajo el sello de Grijalbo y Random House Mondadori.
Ya en la entrevista –realizada en la Ciudad de México–, Arroyo relata cómo durante las visitas de aquellos personajes a su casa o a su fábrica le insistían en que, dentro de su proyecto, debía participar “un miembro de la familia presidencial”.
Hasta que “llegó el momento en que no pude seguir dando más largas al asunto, por lo que le ofrecí una participación en la empresa Standard & Co. que mi esposa y yo habíamos creado en 2001 y que estaba sin trabajar. Fue como darle (a Juan Pablo) un dulcecito ante tanta insistencia”, acepta.
Para echar a andar el Proyecto Andy habían calculado que se requerían cuando menos 4 millones de dólares, por lo que Juan Pablo Fox insistió en que se solicitara un crédito a Nacional Financiera. “Acepté, pero para ofrecer respaldo crediticio tuve que incluir en esta empresa una propiedad que tenía en Puerto Vallarta, un predio de 500 hectáreas valuado en 85 millones de pesos”, recuerda.
A lo largo de varios meses, Nafin nunca les entregó el préstamo y, en cambio, todo se empezó a complicar, pues a principios de 2003 Juan Pablo empezó a exigirle 50% de las acciones de la empresa.
“Yo le dije: Oye, no seas ingrato. Yo voy a poner la planta, la infraestructura, el trabajo de presentación del plan de negocios y toda nuestra investigación. Ante esto, Juan Pablo cedió y dijo: está bien, que sea 25%.”
–¿Se sintió presionado por la familia presidencial?
–Sí, pero debo ser honesto: nunca me imaginé todo lo que vendría después…
A mediados de ese 2003 Juan Pablo estableció por otra parte una sociedad para instalar invernaderos y producir lechugas, lo que lo mantenía ocupado, pero al poco tiempo “me habló por teléfono y me ofreció otra forma de financiamiento: vender el terreno de Puerto Vallarta, ya que era un activo de Standard & Co., que no generaba dinero, pero además me dijo que tenía un posible comprador. La idea no me pareció mala, y acepté”.
El posible comprador era el notario de San Luis Agustín Castillo Toro, quien ofrecía 84 millones de pesos. “Para cerrar el negocio, mi esposa y yo fuimos a San Luis, pero Juan Pablo nunca llegó. El notario no ofertó nada, y en cambio me ofreció un acta extraordinaria de asamblea firmada por Juan Pablo Fox y fechada el 29 de marzo de 2004, donde se otorgaba poder a un tal Juan Pablo Rodríguez Quintanal para que vendiera o solicitara créditos a nombre de mi empresa. Ese documento lo cancelé el 24 de junio de ese mismo año en Vallarta”.
Días más tarde, sin embargo, Juan Pablo se volvió a comunicar para sugerirle solicitar un crédito a Casa de Bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo. “‘Es un crédito rápido y barato. Nos ayuda a ti y a mí en los proyectos que tenemos, y así a todos nos va bien y nos la llevamos tranquila’, me dijo, y luego me aseguró que sería con bajos intereses, pero que teníamos que dar el predio de Vallarta en garantía. ‘El negocio de las lechugas todavía no comienza y necesito dinero’, me expresó. Lo discutí con mi esposa y decidimos que, para avanzar más en el Proyecto Andy, debíamos considerar esta alternativa”.
Juan Pablo Fox y Édgar Arroyo firmaron ese crédito por 14.5 millones, y aunque las condiciones del préstamo no fueron las prometidas, Arroyo dice haberlas aceptado porque ya había adquirido algunos compromisos de pago de maquinaria que debía. Y añade un dato curioso: que en lugar de firmar Alfonso Romo el crédito por parte de la Casa de Bolsa, lo hizo su director de asesoría patrimonial, Héctor Lozano Sepúlveda.
Así, el 6 de septiembre de 2004 salió de allí con un préstamo por 14.5 millones, aunque sólo le entregaron 12.8 millones, y bajo el compromiso de pagar mensualmente 520 mil pesos. Para hacer estos pagos, apunta, nunca contribuyó Juan Pablo Fox a pesar de que era obligado solidario.
El notario que dio fe de la firma, Francisco Garza Calderón, prosigue, cobró 200 mil pesos por registrar en Vallarta la garantía hipotecaria, pero nunca realizó el trámite.
Pese a todo, Arroyo aún se resistía a pensar que “todo era una trampa”.
El calvario
Meses más tarde, en febrero de 2005, le ofrecieron comprarle el terreno de Vallarta por 6.7 millones de dólares. Era su oportunidad para liquidar el crédito de Vector, por lo que aceptó de inmediato.
Pero en seguida se dio cuenta de que ya no estaba a su nombre, sino que había sido vendido, el 4 de septiembre de 2004, por Juan Pablo Rodríguez Quintanal –a quien en junio de ese mismo año se le había revocado el poder para hacer tales operaciones–, a una empresa llamada Judama, propiedad de la hermana de aquél, Rebeca Rodríguez Quintanal.
Descubrió que la venta se había hecho por 1 millón 100 mil pesos; que el notario que dio fe de la operación fue el mismo de San Luis que, en marzo de 2004, firmó un acta de asamblea extraordinaria donde se daba poder a Rodríguez Quintanal para realizar ventas y firmar créditos.
Su equipo de abogados se encontró luego con otra sorpresa: que Judama había revendido el predio en 1 millón 200 mil pesos a otra empresa, llamada GVMMM, Capital, S.A., que se había constituido apenas dos días antes de la supuesta compra. Y para colmo: quien dio fe de esta reventa fue el mismo notario de San Luis Potosí.
Pronto supieron que otro notario de San Luis Potosí, Jacinto Lárraga Martínez, con firmas de Édgar Arroyo que según éste fueron falsificadas –como lo demostraron dos pruebas grafoscópicas–, había regresado a Juan Pablo Rodríguez Quintanal el poder para vender el predio de Vallarta propiedad de la empresa Standard & Co. Así mismo, asevera Arroyo, a pesar de que los documentos eran falsos, el registrador de Vallarta, Jaime Pérez Navarrete, inscribió indebidamente los cambios de propietario.
Angustiado y sorprendido, Arroyo informó de todo lo anterior a Juan Pablo Fox y a Héctor Lozano, de Vector. El hermano del presidente le aseguró que harían todo lo posible por arreglar esas irregularidades, en tanto que Lozano le dijo que no se preocupara, que lo esperarían con los pagos comprometidos, pues confiaban en él.
La mano del presidente
Posteriormente, de acuerdo con llamadas telefónicas que Arroyo dice haber grabado, Juan Pablo Fox le ofreció dar instrucciones para que recuperara su predio, pero a cambio de su patente y sus empresas.
Recuerda que ya a punto de vender su predio de Vallarta, se lo informó “a Héctor Lozano para avisarle que pronto le pagaría el crédito”, y, entonces, “raramente resultó que el dueño del terreno era otra persona. Pero, además, Juan Pablo Fox me dijo: cédeme parte de tu empresa, te mando al notario y entonces te regreso tu predio”.
Además, cuando comunicó al hermano del presidente la demanda que emprendió contra los notarios, éste le respondió: “¿Por qué lo haces? Me estás metiendo en problemas. Si te digo que te puedo regresar el predio, es porque lo puedo hacer”.
Días más tarde, indica Arroyo, el asesor del presidente Vicente Fox, Marcelo Gay, le habló para ayudarlo. “Incluso se llevó las demandas que yo interpuse por el tema de mi predio”, dice, y luego “me pidió escriturar mis activos a nombre de Juan Pablo Fox, quien a su vez daría instrucciones para que pudiera recuperar el terreno de Vallarta.
“Mi especulación en ese momento fue: ¡Juan Pablo Fox tenía secuestrado mi predio, y con el apoyo de su hermano, el presidente Vicente Fox, me estaba extorsionando! Por lo menos eso me dio a entender Marcelo Gay cuando me contó que el presidente de la República, al enterarse de lo que ocurría, le dijo a su hermano Juan Pablo Fox que se comunicara con José Reyes, ‘que es su asesor’, para que solucionara el tema.”
La pesadilla
El 8 de marzo de 2006, Édgar Arroyo salió de su casa rumbo a la Ciudad de México; tomó la carretera y, al cabo de un rato, vio que lo seguían. Cuando paró el auto para saber de qué se trataba, fue golpeado y trasladado a otro vehículo.
Sin decirle por qué, sus secuestradores –que a la postre se enteró eran policías ministeriales de Aguascalientes– lo golpeaban e insultaban, le mostraban fotografías de sus hijos y lo amenazaban con matarlo.
Ya cerca de las cinco de la tarde, uno de sus captores, quien le había insistido en que firmara un documento, le gritó: “¡Ya ves, pa’qué te andas metiendo con los Fox!”.
Hasta entonces entendió lo que pasaba.
Sus captores lo llevaron a una cárcel en Monterrey, y entonces se enteró de que había sido demandado por Héctor Lozano –lo acusó de haber ofrecido en garantía un predio que supuestamente ya había vendido– y por Juan Pablo Fox, “por haberlo engañado”.
Aún más, los abogados de ambos demandantes eran los mismos y lo presionaban para que firmara un contrato donde cedía los derechos de su patente, sus propiedades y negocios a Héctor Lozano, el empleado de Alfonso Romo.
–¿Juan Pablo Fox está detrás de todo esto? –se le pide confirmar.
–La información que hay demuestra muchas cosas. Yo puedo especular y al final puedo considerar que eso fue.
“Creo que Alfonso Romo, Héctor Lozano u otros que pudieran estar detrás de todo esto tienen mucho poder, pero no tienen tanto como el que les da la alianza con Juan Pablo Fox.”
Édgar Arroyo permaneció 27 días en la cárcel. Salió tras pagar una fianza de casi 40 millones de pesos. Pero mientras estuvo tras las rejas, escribió ese libro “para que mis hijos, por si moría allá adentro, supieran que su padre no fue un narcotraficante o un delincuente”.
Pero también, enfatiza, para que ellos “crezcan sin rencor y, si algún día deciden regresar a México, no pretendan buscar a los Fox para matarlos”.
Proceso
9 de octubre de 2006
Como a principios del sexenio, el hermano menor del presidente de la República, Juan Pablo Fox Quesada, se ve envuelto en un escándalo de dinero, pero ahora con la presunta complicidad presidencial. Esta vez se le acusa de intentar arrebatar una valiosa patente y sus empresas a un investigador que desarrolló una fórmula para atacar la enfermedad de uno de sus hijos y que hasta entonces se consideraba incurable.
El sexenio del presidente Vicente Fox termina como empezó: con escándalos por presuntos malos manejos financieros y de negocios de su hermano menor.
Mientras que en el año 2000 el First National Bank demandó a Juan Pablo Fox Quesada por no pagar un préstamo de 100 mil dólares que obtuvo ostentándose –sin serlo– como director de una empresa, ahora pesan sobre él acusaciones de haber incurrido, con la ayuda presidencial, en abuso de poder, tráfico de influencias, amenazas, secuestro y torturas.
Así lo afirma, en un libro de próxima aparición y en entrevista con Proceso, el investigador e industrial Édgar Arroyo, quien fue invitado a conocer al presidente Fox luego de hacer un descubrimiento que le dio celebridad internacional.
Después de nueve años de investigación sobre una enfermedad incurable, melliue mitocondria, que padecía su hijo Andy y que, entre otras cosas, consistía en que sus células no podían reproducirse, Arroyo encontró una cura, confirmada ahora por el hecho de que, a sus 11 años de edad, Andy está “clínicamente sano”, pese a que los médicos que empezaron a tratarlo no le daban arriba de ocho años de vida con esa enfermedad crónico degenerativa.
Su hallazgo consistió en la elaboración de un nutriente ultrasintetizado que, afirma, reestructura las células del cuerpo humano. Luego de que Andy había perdido hasta la vista, al consumir la proteína no sólo la recuperó, sino que recobró también la memoria, mejoró su piel, pudo sostenerse en pie y empezó a generar músculos. Andy, afirma su progenitor, comenzó su cura al igual que lo han hecho otros 800 enfermos que se han sometido al consumo del nutriente bajo un estricto protocolo.
El descubrimiento del investigador mexicano despertó gran interés en empresas farmacéuticas extranjeras –una de las cuales, refiere, pagó 10 millones de dólares sólo por ver uno de los 24 capítulos de la investigación–, pero también en Juan Pablo Fox Quesada, quien, según el denunciante, se confabuló con el poderoso grupo empresarial de Alfonso Romo, recurrió al contubernio de representantes de los poderes Judicial y Ejecutivo, ejerció presiones, incurrió en la tortura y llevó hasta la cárcel a Édgar Arroyo para intentar quedarse con la patente del producto, las plantas generadoras del mismo, sus cinco empresas y un predio en Puerto Vallarta que, ubicado en la zona turística, está valuado en 84 millones de pesos.
Pero lo que es peor, de acuerdo con Arroyo, es que las acciones de Juan Pablo en su contra fueron cometidas con pleno conocimiento del presidente Vicente Fox, quien asumió la Presidencia cuando Andy tenía cinco años de edad y casi tres de haber sido diagnosticado.
“El presidente de México –asevera– estaba siendo cómplice… estaban enterados de lo que quería hacer Juan Pablo Fox, y lo solaparon.”
El encuentro con los Fox
Con documentos oficiales y grabaciones notariadas donde, aparte de Juan Pablo Fox, aparecen representantes del presidente de la República y empleados de Alfonso Romo, el investigador expone en entrevista cada una de sus “especulaciones” –como él las llama– sobre los hechos por los cuales hoy se halla viviendo a “salto de mata” y alejado de su esposa y sus tres hijos, quienes huyeron del país por seguridad, ya que, subraya, también ellos fueron hostigados directamente por Juan Pablo Fox.
En la entrevista con la reportera, Édgar Arroyo, ingeniero con especialidad en investigaciones de química industrial y bioquímica, refiere que al inicio de la administración de Fox –por quien votó sólo para vivir el “lado cruel” del “gobierno del cambio”– contaba con todo un complejo de plantas y laboratorios pertenecientes al consorcio Grupo Industrial Aguascalientes (GIA): GiaCompany, Gialive, GiaCanada, La Perla y General Alliance. Para el año 2002, los avances sobre la cura de su hijo Andy eran notables y su empresa gozaba de un gran prestigio en el extranjero, lo que llegó a oídos de la familia Fox.
Por esa misma época, él y su equipo de trabajo, luego de comprobar mediante protocolos médicos los beneficios del nutriente, el cual fue bautizado como protengia, decidieron ponerlo al alcance de todos bajo el nombre de Proyecto Andy, dentro de una empresa fabricante de galletas, leche malteada, golosinas, bebidas hidratantes y suplementos alimenticios.
Pero había un problema: contaban con pocos recursos.
Una persona que en varios momentos lo había ayudado y que era un cercano amigo de Vicente Fox, a mediados de 2002 lo presentó con el presidente de la República, quien lo invitó a platicar en el rancho de San Cristóbal. Ahí, junto con su hermano Juan Pablo, Vicente Fox lo escuchó y se interesó en el proyecto.
En los días siguientes, aparecieron en las oficinas de Arroyo varios abogados, entre ellos el notario de Guanajuato Marcelo Gay Guerra, “quien se ostentó como amigo de Vicente Fox. El objetivo de la visita era –según comentaron– invitar a Juan Pablo Fox Quesada, aparentemente por instrucciones de su hermano Vicente, a que formara parte del proyecto”, recuerda Arroyo en su libro de próxima aparición En el nombre de mi hijo, bajo el sello de Grijalbo y Random House Mondadori.
Ya en la entrevista –realizada en la Ciudad de México–, Arroyo relata cómo durante las visitas de aquellos personajes a su casa o a su fábrica le insistían en que, dentro de su proyecto, debía participar “un miembro de la familia presidencial”.
Hasta que “llegó el momento en que no pude seguir dando más largas al asunto, por lo que le ofrecí una participación en la empresa Standard & Co. que mi esposa y yo habíamos creado en 2001 y que estaba sin trabajar. Fue como darle (a Juan Pablo) un dulcecito ante tanta insistencia”, acepta.
Para echar a andar el Proyecto Andy habían calculado que se requerían cuando menos 4 millones de dólares, por lo que Juan Pablo Fox insistió en que se solicitara un crédito a Nacional Financiera. “Acepté, pero para ofrecer respaldo crediticio tuve que incluir en esta empresa una propiedad que tenía en Puerto Vallarta, un predio de 500 hectáreas valuado en 85 millones de pesos”, recuerda.
A lo largo de varios meses, Nafin nunca les entregó el préstamo y, en cambio, todo se empezó a complicar, pues a principios de 2003 Juan Pablo empezó a exigirle 50% de las acciones de la empresa.
“Yo le dije: Oye, no seas ingrato. Yo voy a poner la planta, la infraestructura, el trabajo de presentación del plan de negocios y toda nuestra investigación. Ante esto, Juan Pablo cedió y dijo: está bien, que sea 25%.”
–¿Se sintió presionado por la familia presidencial?
–Sí, pero debo ser honesto: nunca me imaginé todo lo que vendría después…
A mediados de ese 2003 Juan Pablo estableció por otra parte una sociedad para instalar invernaderos y producir lechugas, lo que lo mantenía ocupado, pero al poco tiempo “me habló por teléfono y me ofreció otra forma de financiamiento: vender el terreno de Puerto Vallarta, ya que era un activo de Standard & Co., que no generaba dinero, pero además me dijo que tenía un posible comprador. La idea no me pareció mala, y acepté”.
El posible comprador era el notario de San Luis Agustín Castillo Toro, quien ofrecía 84 millones de pesos. “Para cerrar el negocio, mi esposa y yo fuimos a San Luis, pero Juan Pablo nunca llegó. El notario no ofertó nada, y en cambio me ofreció un acta extraordinaria de asamblea firmada por Juan Pablo Fox y fechada el 29 de marzo de 2004, donde se otorgaba poder a un tal Juan Pablo Rodríguez Quintanal para que vendiera o solicitara créditos a nombre de mi empresa. Ese documento lo cancelé el 24 de junio de ese mismo año en Vallarta”.
Días más tarde, sin embargo, Juan Pablo se volvió a comunicar para sugerirle solicitar un crédito a Casa de Bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo. “‘Es un crédito rápido y barato. Nos ayuda a ti y a mí en los proyectos que tenemos, y así a todos nos va bien y nos la llevamos tranquila’, me dijo, y luego me aseguró que sería con bajos intereses, pero que teníamos que dar el predio de Vallarta en garantía. ‘El negocio de las lechugas todavía no comienza y necesito dinero’, me expresó. Lo discutí con mi esposa y decidimos que, para avanzar más en el Proyecto Andy, debíamos considerar esta alternativa”.
Juan Pablo Fox y Édgar Arroyo firmaron ese crédito por 14.5 millones, y aunque las condiciones del préstamo no fueron las prometidas, Arroyo dice haberlas aceptado porque ya había adquirido algunos compromisos de pago de maquinaria que debía. Y añade un dato curioso: que en lugar de firmar Alfonso Romo el crédito por parte de la Casa de Bolsa, lo hizo su director de asesoría patrimonial, Héctor Lozano Sepúlveda.
Así, el 6 de septiembre de 2004 salió de allí con un préstamo por 14.5 millones, aunque sólo le entregaron 12.8 millones, y bajo el compromiso de pagar mensualmente 520 mil pesos. Para hacer estos pagos, apunta, nunca contribuyó Juan Pablo Fox a pesar de que era obligado solidario.
El notario que dio fe de la firma, Francisco Garza Calderón, prosigue, cobró 200 mil pesos por registrar en Vallarta la garantía hipotecaria, pero nunca realizó el trámite.
Pese a todo, Arroyo aún se resistía a pensar que “todo era una trampa”.
El calvario
Meses más tarde, en febrero de 2005, le ofrecieron comprarle el terreno de Vallarta por 6.7 millones de dólares. Era su oportunidad para liquidar el crédito de Vector, por lo que aceptó de inmediato.
Pero en seguida se dio cuenta de que ya no estaba a su nombre, sino que había sido vendido, el 4 de septiembre de 2004, por Juan Pablo Rodríguez Quintanal –a quien en junio de ese mismo año se le había revocado el poder para hacer tales operaciones–, a una empresa llamada Judama, propiedad de la hermana de aquél, Rebeca Rodríguez Quintanal.
Descubrió que la venta se había hecho por 1 millón 100 mil pesos; que el notario que dio fe de la operación fue el mismo de San Luis que, en marzo de 2004, firmó un acta de asamblea extraordinaria donde se daba poder a Rodríguez Quintanal para realizar ventas y firmar créditos.
Su equipo de abogados se encontró luego con otra sorpresa: que Judama había revendido el predio en 1 millón 200 mil pesos a otra empresa, llamada GVMMM, Capital, S.A., que se había constituido apenas dos días antes de la supuesta compra. Y para colmo: quien dio fe de esta reventa fue el mismo notario de San Luis Potosí.
Pronto supieron que otro notario de San Luis Potosí, Jacinto Lárraga Martínez, con firmas de Édgar Arroyo que según éste fueron falsificadas –como lo demostraron dos pruebas grafoscópicas–, había regresado a Juan Pablo Rodríguez Quintanal el poder para vender el predio de Vallarta propiedad de la empresa Standard & Co. Así mismo, asevera Arroyo, a pesar de que los documentos eran falsos, el registrador de Vallarta, Jaime Pérez Navarrete, inscribió indebidamente los cambios de propietario.
Angustiado y sorprendido, Arroyo informó de todo lo anterior a Juan Pablo Fox y a Héctor Lozano, de Vector. El hermano del presidente le aseguró que harían todo lo posible por arreglar esas irregularidades, en tanto que Lozano le dijo que no se preocupara, que lo esperarían con los pagos comprometidos, pues confiaban en él.
La mano del presidente
Posteriormente, de acuerdo con llamadas telefónicas que Arroyo dice haber grabado, Juan Pablo Fox le ofreció dar instrucciones para que recuperara su predio, pero a cambio de su patente y sus empresas.
Recuerda que ya a punto de vender su predio de Vallarta, se lo informó “a Héctor Lozano para avisarle que pronto le pagaría el crédito”, y, entonces, “raramente resultó que el dueño del terreno era otra persona. Pero, además, Juan Pablo Fox me dijo: cédeme parte de tu empresa, te mando al notario y entonces te regreso tu predio”.
Además, cuando comunicó al hermano del presidente la demanda que emprendió contra los notarios, éste le respondió: “¿Por qué lo haces? Me estás metiendo en problemas. Si te digo que te puedo regresar el predio, es porque lo puedo hacer”.
Días más tarde, indica Arroyo, el asesor del presidente Vicente Fox, Marcelo Gay, le habló para ayudarlo. “Incluso se llevó las demandas que yo interpuse por el tema de mi predio”, dice, y luego “me pidió escriturar mis activos a nombre de Juan Pablo Fox, quien a su vez daría instrucciones para que pudiera recuperar el terreno de Vallarta.
“Mi especulación en ese momento fue: ¡Juan Pablo Fox tenía secuestrado mi predio, y con el apoyo de su hermano, el presidente Vicente Fox, me estaba extorsionando! Por lo menos eso me dio a entender Marcelo Gay cuando me contó que el presidente de la República, al enterarse de lo que ocurría, le dijo a su hermano Juan Pablo Fox que se comunicara con José Reyes, ‘que es su asesor’, para que solucionara el tema.”
La pesadilla
El 8 de marzo de 2006, Édgar Arroyo salió de su casa rumbo a la Ciudad de México; tomó la carretera y, al cabo de un rato, vio que lo seguían. Cuando paró el auto para saber de qué se trataba, fue golpeado y trasladado a otro vehículo.
Sin decirle por qué, sus secuestradores –que a la postre se enteró eran policías ministeriales de Aguascalientes– lo golpeaban e insultaban, le mostraban fotografías de sus hijos y lo amenazaban con matarlo.
Ya cerca de las cinco de la tarde, uno de sus captores, quien le había insistido en que firmara un documento, le gritó: “¡Ya ves, pa’qué te andas metiendo con los Fox!”.
Hasta entonces entendió lo que pasaba.
Sus captores lo llevaron a una cárcel en Monterrey, y entonces se enteró de que había sido demandado por Héctor Lozano –lo acusó de haber ofrecido en garantía un predio que supuestamente ya había vendido– y por Juan Pablo Fox, “por haberlo engañado”.
Aún más, los abogados de ambos demandantes eran los mismos y lo presionaban para que firmara un contrato donde cedía los derechos de su patente, sus propiedades y negocios a Héctor Lozano, el empleado de Alfonso Romo.
–¿Juan Pablo Fox está detrás de todo esto? –se le pide confirmar.
–La información que hay demuestra muchas cosas. Yo puedo especular y al final puedo considerar que eso fue.
“Creo que Alfonso Romo, Héctor Lozano u otros que pudieran estar detrás de todo esto tienen mucho poder, pero no tienen tanto como el que les da la alianza con Juan Pablo Fox.”
Édgar Arroyo permaneció 27 días en la cárcel. Salió tras pagar una fianza de casi 40 millones de pesos. Pero mientras estuvo tras las rejas, escribió ese libro “para que mis hijos, por si moría allá adentro, supieran que su padre no fue un narcotraficante o un delincuente”.
Pero también, enfatiza, para que ellos “crezcan sin rencor y, si algún día deciden regresar a México, no pretendan buscar a los Fox para matarlos”.
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