jueves, septiembre 28, 2006

Desafío político y legal: gobierno virtual en resistencia

Martín Morales
Quehacer político
17 de septiembre de 2006
Un objetivo de Andrés Manuel López Obrador es inducir la creación de un poder fáctico social alternativo como fuerza política, pero sin perfil institucional. Es una forma de dar empuje a la toma de decisiones. Esto opinan los especialistas.
El gobierno virtual en resistencia de Andrés Manuel López Obrador es al mismo tiempo una identidad política, un método de activismo político y un propósito. Nada tradicional.
Su instauración nacional se prevé a futuro por la vía pacífica, esto es, su base es la movilización permanente, el desafío político y legal, pero no las armas.
Un objetivo de primera mano es inducir la creación de un poder fáctico social alternativo como fuerza política, pero sin perfil institucional. Es una forma de dar empuje a la toma de decisiones.
Su eventual aterrizaje institucional, la conversión en un partido político, sobre la base estructural del PRD o con un nuevo registro, es una decisión otorgada a la dinámica misma de los próximos años. No es prioritario ahora.
El analista en política, José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), estima probable que este movimiento pudiera convertirse en un partido político, siempre y cuando se mantenga dentro del marco legal.
De entrada, el proyecto alternativo de López Obrador no tiene esa finalidad, al menos en el corto plazo. La actual premisa del gobierno paralelo de AMLO es hacer contrapeso.
El argumento es que el PAN y el presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa, representan un poder equivalente en términos de votos, uno de ellos, legítimo; el otro, no. Ellos tendrán el Gobierno nacional y las instituciones, AMLO a los ciudadanos, se plantea.
“El Gobierno no es como se piensa: Los palacios, las oficinas, los guaruras. El gobierno es la gente. Y si nosotros tenemos la gente y tenemos autoridad moral ¿por qué no vamos a formar un gobierno?”, apunta López Obrador.
En el número anterior de QUEHACER POLÍTICO se describió el perfil de revolución pacifista de largo alcance, que busca encabezar para empujar el cambio de fondo de México.
Durante el conflicto poselectoral de 1988, surgido también de una denuncia de fraude, Cuauhtémoc Cárdenas se rehusó a encabezar una movilización nacional. Convocó a la desmovilización, y por tanto, al reconocimiento tácito del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Cuauhtémoc fue y es institucional. Y hoy reconoce a Felipe Calderón.
Esa institucionalidad de Cárdenas inspiró la construcción de un partido político. A partir del Frente Democrático Nacional (FDN) se confeccionó el actual PRD (1989).
Fue la manera concebida para aterrizar, concentrar y mantener una fuerza política de izquierda, fortalecida con la profusa votación obtenida por el FDN en la elección presidencial.
Al menos por ahora, el gobierno virtual no tiene fundamento de organización política o partido político conforme a la legislación vigente: El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
En el discurso político se desconocen las instituciones. No es objetivo primario ser partido. La identificación política es la de un gobierno alternativo en resistencia, virtual.
La estructura lopezobradorista se inserta así en la frontera de lo legal y lo político. Es un desafío: Un Presidente, gabinete, una sede y un parlamento alternativo, todo virtual.
Ese parlamento alternativo es la Convención Nacional Democrática (CND), aunque su fin no es fijar la cobranza de impuestos. Es constitutivo de una fuerza política.
El desafío de un poder fáctico alternativo
Mantener la movilización social y convertirla en un poder fáctico alternativo es parte del desafío político y legal. Lo mismo criticar que proponer. Empujar las reformas de Estado.
Convocar a una huelga nacional, promover mítines, marchas, plantones, dar asistencia social, jalar con la noticia a los medios alineados con el oficialismo.
Es un poder fáctico desde el punto de vista que sustenta un poder político no institucional, pero no toma decisiones de gobierno, las empuja, lo cual lo ubica como un poder alternativo o fáctico alternativo. Es una traducción del poder del pueblo.
La estructura parainstitucional de resistencia encabezada por el presidente alternativo Andrés Manuel López Obrador, desafía política y legalmente al orden establecido, dirigiéndose a empoderar al pueblo desposeído.
“No creo que sea tanto un poder fáctico como un poder paralelo, alternativo, que desde luego desafía la legalidad vigente y dificulta, en todo caso, la posibilidad de llegar al diálogo y la conciliación”, considera el investigador del CIDE, José Antonio Crespo.
Un poder fáctico “que se sustentaría ¿en qué?, ¿en la voluntad de un grupo de personas, aunque sean muchos millones reunidas en el Zócalo? ¿Cómo van a obligarme a mí o al resto de los ciudadanos?”, expone a su vez el constitucionalista Luis Raigosa, profesor en el ITAM.
Otro jurista, Jaime Cárdenas, de la UNAM, señala que no se trata de obligar a nadie, sino de convencer políticamente con el paso de los años. “Es un proyecto político de largo plazo”.
Luis Raigosa resalta que un elemento fundamental del Estado “es que tiene el monopolio de la fuerza pública”. En el caso del Gobierno alterno, “¿habrá una fuerza pública alterna?”.
–Doctor, ¿estamos en el campo de lo ilícito? –se le pregunta al jurista, Luis Raigosa.
Responde que no hay una norma que sustente la formación de una asamblea constituyente y el nombramiento de un Gobierno y un presidente alterno.
“Yo no sé si estamos en el campo de lo ilícito penal, pero en un contexto de ilegalidad, sí estamos. Establecerse como una asamblea con competencia para elegir al Presidente, al titular del Ejecutivo, no hay norma jurídica que sustente eso”.
Cualquier mexicano pudiera pasar como desequilibrado si se autonombra Presidente de la República en el Zócalo, pero en el caso de AMLO no, “porque tiene un fuerte apoyo social.
“La diferencia no está tanto en que tenga un fuerte apoyo social, sino si esto es aceptado por la mayoría de los ciudadanos mexicanos”, reconoce el jurista Luis Raigosa.
Luego menciona los artículos 39 y 41 constitucionales. El primero define la soberanía radicada en el pueblo para cambiar a sus autoridades, y en el segundo aclara que la soberanía se ejerce sólo por conducto de las instituciones.
“Imagínese usted ¿cómo estaríamos si el pueblo mismo juzgara, emitiera leyes directamente y ejerciera las funciones que ejerce el Estado, directamente? Es a través de los poderes constituidos, no de manera directa”.
Como ya se describió, la fuerza alternativa pudiera derivar en un partido político distinto al PRD, pero no en el corto plazo. Ahora es una fuerza reformista. Un gobierno virtual.
“Creo que es las dos cosas”, dice el doctor Luis Raigosa, en respuesta a la interrogante de si la estructura del movimiento de López Obrador es un desafío político o legal.
Por un lado –explica– se hace política, pero no por las vías institucionales, y por el otro, se avanza en la construcción de un andamiaje sin sustento en la ley.
El investigador Jaime Cárdenas, cercano al proyecto alternativo, puntualiza que antes de pensar en la formación de un partido, si ese fuera el caso, primero deben ser modificadas las instituciones caducas y antidemocráticas.
La estrategia lopezobradorista se basa, ante todo, en empujar la reconfección del Estado. Supone rediseñar el sistema electoral, partidista, entre otros. Una refundación institucional de México con perfil democrático.
Eso fundamenta la militancia política, pero no sigue la vía institucional. El PRD como tal, mantiene su estructura de partido nacional actuante en las instituciones y reglas vigentes. De ahí surgió. Hay gobernadores, diputados y senadores con identificación perredista.
Contrapunto amarillo y negro
La estructura gubernamental de Andrés Manuel López Obrador tiene dos ramificaciones: una institucional, vía el PRD y otra en resistencia civil. Hay perredistas en resistencia que son institucionales en su trabajo de Estado donde cobran. La unión de ambos es el fin político y social.
En el periodo poselectoral, el actuar y discurso amlista se han perfilado hacia la izquierda radical, pero al mismo tiempo conservan un matiz de izquierda moderada. El método difiere, el objetivo es el mismo.
AMLO es el líder de un movimiento social que busca la transformación de las actuales instituciones, indica el investigador de la UNAM Jaime Cárdenas.
Independientemente de la denominación que tenga su responsabilidad se encargará de “conducir el movimiento de resistencia. Coordinará los trabajos de la resistencia. No es un asunto que pueda observarse desde la óptica tradicional”.
Como contrapunto más que contraflujo, en medio de la crisis externa, al interior del PRD corren fuertes corrientes identificadas con lo institucional, como el cardenismo histórico, fundador del PRD, vía Lázaro y Cuauhtémoc papá.
En al menos dos ocasiones, la semana pasada, Lázaro Cárdenas, gobernador de Michoacán, entidad natal de Calderón, reconoció al declarado Presidente electo y le ofreció colaboración.
Asistente al encuentro Lázaro-Calderón, Cuauhtémoc Cárdenas, encargado gubernamental para la organización del bicentenario de la Independencia (en el 2010), expresó en Morelia su esperanza de que pronto se levantará el plantón de López Obrador en la ciudad de México.
El cuatro veces candidato presidencial del PRD, quien mantuvo por meses el enigma de si contendería con el tabasqueño por una quinta oportunidad, evitó pronunciarse por la candidatura de AMLO y desdeñó acudir a algún mitin de campaña.
No es momento de ajustar cuentas, dijo contundente el jefe de Gobierno del DF, Alejandro Encinas, de la izquierda moderada dentro del PRD, ante la condenación pública que hizo del cardenismo y liderazgo moral, el radicalista ex líder del PRD capitalino, Agustín Guerrero, quien calificó públicamente como traidor a Cuauhtémoc.
En medios priístas y panistas, ante la derecha internacional, el ingeniero Cárdenas es considerado un ejemplo de lo que debería ser la nueva izquierda mexicana.
Los dos pueblos
Felipe Calderón y el PAN proclaman tener a las instituciones y al pueblo de su parte. López Obrador afirma que ellos poseen su gobierno y sus instituciones, y él tiene al pueblo soberano, de quien es Presidente legítimo. Dos pueblos.
El gobierno alterno lopezobradorista se inserta en la frontera entre lo legal y lo político. Lo institucional y lo no institucional. Entre la izquierda radical y la moderada.
De seguir el rumbo trazado, basado en el derecho a disentir, no estaría violando ninguna legislación por ello, en tanto que no tratara de sustituir al Gobierno constitucionalmente instaurado.
Incurriría en delitos si emprende una movilización armada, es decir, una rebelión, ya sea para imponer su gobierno alternativo y/o impedir violentamente las actividades de la autoridad constitucional, incluida la Presidencia de la República. Sedición y/o motín.
El asunto está en cómo se dé la conducción de la resistencia, con el matiz de Presidencia. Desde el Gobierno actual, concretamente en voz del vocero Rubén Aguilar, esto fue considerado, poco antes de la Convención Nacional Democrática (CND), como una simple fantasía de AMLO.
En tanto, el otro vocero panista, el derechista radical, César Nava (nombrado luego secretario particular de Calderón), lo apreció con mayor preocupación. Que promover una instancia alterna y considerarse presidente legítimo es una subversión de las instituciones. Una violación constitucional.
“Si subversión significa no estar de acuerdo con muchas instituciones que funcionan antidemocráticamente, que no respetan plenamente los principios de la Constitución, bueno, que se le dé ese nombre”, plantea el investigador Jaime Cárdenas
Ataja: “Pero no es una subversión en el sentido de estar en contra de cualquier institución. Se trata de estar en contra de aquellas instituciones que no cumplen con los principios constitucionales y se apartan de la base democrática”. Manifiesta que se trata de ejercer “el derecho al disenso”.
Para el secretario general panista, José Espina, el tabasqueño ha mantenido desde hace mucho tiempo un afán de caudillo y eso ha aflorado en todo momento.
El presidente Vicente Fox dijo la semana pasada que su gobierno trabaja para ayudar a des-pejar el panorama para el próximo gobierno y apoyarlo en el des-peje.
Apreciado desde la derecha mexicana, AMLO sería un fantasioso sujeto caudillista que se considera presidente legítimo, aunque en el transitar de su ensueño se ha convertido en un subversivo.
El analista en política, José Antonio Crespo, observa que Fox, Calderón y la derecha, no han entendido a cabalidad la profunda naturaleza del conflicto que pone en peligro la estabilidad de México.
Precisa que si Calderón y López Obrador se convirtieron en un peligro para México por mantener posiciones radicalizadas, “pero el presidente Fox es el principal peligro para México, por su imprudencia. Es el verdadero peligro para México y eso lo reconoció el TEPJF en su dictamen sobre las elecciones”.
Crespo resalta que el estilo no se ha acabado. Ejemplifica lo anterior con los discursos de Fox durante la campaña presidencial y los de su sucesor, Felipe Calderón, de extenderle una mano a su adversario, mientras le asesta un golpe con la otra.
Resalta que no se puede hacer caso omiso desde el oficialismo que hay cerca de 15 millones de votos del otro lado, los cuales fueron reconocidos legalmente por el TEPJF.
“Todo esto, lo único que hace es fortalecer a los radicales de izquierda, que a su vez, con su propio lenguaje y sus propias posiciones, fortalecen a los radicales de derecha y así nos vamos hacia la polarización, hasta que se reviente la cuerda de la estabilidad”, finaliza Crespo.
Como campeón sin corona
Cerca de 15 millones de votos avalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dan el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa como próximo titular del Poder Ejecutivo Federal. Cerca de 15 millones de votos avalados legalmente por la misma instancia jurídica no otorgan, sin embargo, ninguna representación institucional a la coalición Por el Bien de Todos en el Poder Ejecutivo del país. No existe forma legal de hacerlo.
El constitucionalista Luis Raigosa señala que, ciertamente, “casi 15 millones votaron por López Obrador, pero votaron menos que por Calderón. Es la regla básica de la democracia, quien tiene más votos, gana todo”. (La diferencia entre ambos fue de 233 mil votos.)
“Todo mundo estamos de acuerdo en la necesidad de replantear muchas cosas en el gobierno. Pero yo creo que el camino correcto es: no ganaste la titularidad del Ejecutivo, pero tienes una importante representatividad en las cámaras del Congreso”.
Es por medio de esa representación plural, “que sí alcanza a representar el Congreso, como se tienen que buscar acuerdos de acción política”, opina.
“Como tenemos un régimen presidencialista, el que gana, gana todo. No es un régimen parlamentario. Pero en la contraparte, que es el Poder Legislativo, ahí sí hay un reflejo de la representatividad de los intereses políticos de la sociedad”.
En el Poder Legislativo hay formas institucionalizadas de distribuir las fuerzas políticas. Hay pluralidad que representa la fraccionada preferencia de los mexicanos.
Pero no es equivalente el Poder Ejecutivo respecto al Poder Legislativo. En ese último hay una representación directa con 300 diputados y 64 senadores (dos por entidad federativa) y proporcional, 200 diputados y 64 senadores asignados según el número de votos obtenido por cada partido en cada una de las cinco circunscripciones, en las cuales se divide electoralmente el país. Presidente, hay uno, de un partido.
Así está la ley o ni modo, Margarito
Especialistas en Derecho Constitucional señalan que la configuración del Poder Ejecutivo federal pudiera estar mal, ser una estructura vieja, obsoleta, pero si los legisladores no la han cambiado, sigue vigente y debe respetarse.
El fallo de última instancia del TEPJF es inatacable. Según los principios jurídicos, cualquier mexicano está obligado a acatar el dictamen que reconoce el triunfo a Felipe Calderón.
Si de Derecho se trata, la inviolabilidad de la norma define que no basta el ímpetu de un nutrido grupo de mexicanos para cambiar la forma de gobierno. Sólo puede hacerse por el medio institucional: el Constituyente Permanente.
Se le dice Constituyente Permanente porque juntos el Congreso federal y de las entidades federativas, si se reúnen los votos de las dos terceras partes de los legisladores, es posible hacer cualquier cambio a la Constitución. Técnicamente, incluso, hacer otra.
Esto significa que los ciudadanos deben acudir al partido de su preferencia o comunicarse con su senador o diputado más cercano para darle a conocer su inquietud, con el fin de que, en algún momento, el legislador promueva una iniciativa.
En México no existe la iniciativa ciudadana. Sólo pueden hacer iniciativas de ley los legisladores federales, los congresos estatales y el Presidente de la República.
Dentro de la LX Legislatura del Congreso federal hay una mayoría formada por el PAN, su principal aliado, el PRI, y los emergentes, PVEM, PANAL y Nueva Alianza.
La mayoría de los congresos locales tienen mayoría del PRI. En importancia sigue el PAN y sólo al final el PRD, tal vez, con el apoyo del PT y Convergencia. Queda claro quienes pueden cambiar la Constitución.
Con este panorama, desde el punto de vista ciudadano, quizá resulte más práctico acudir ante un diputado de la fuerza dominante. El problema estará en que el ímpetu del ciudadano coincida con los proyectos de bloque gobernante.
A la vista de algunos especialistas en Derecho Constitucional, AMLO no interpreta a fondo la Constitución por sustentar sus actos de resistencia y su proyecto de gobierno alterno en el Artículo 39 referente a la soberanía radicada en el pueblo, sin tomar en cuenta el Artículo 41.
En este marco, un conjunto de ciudadanos, 50, cien mil o 500 mil que estén de acuerdo en cambiar la forma de gobierno o un gobernante, legalmente no pueden hacerlo. En todo caso, no constituyen la totalidad de la soberanía del pueblo.
Esta soberanía, se señala, puede cambiar en todo momento su forma de gobierno pero explica que es por medio de las instituciones, emanadas del voto libre y secreto, es decir, en elecciones equitativas y confiables organizadas por el IFE y sancionadas contundentemente por el TEPJF. No hay otra forma legal.
Con la experiencia del proceso electoral presidencial 2006, comienza a abrirse la discusión sobre la necesidad de reformar el Poder Ejecutivo federal. Parlamentarismo o semiparlamentarismo, son las opciones de las que se habla.
¿México hacia el parlamentarismo?
No son pocas las opiniones que consideran la traumática experiencia electoral presidencial de 2006 como argumento contundente para buscar una nueva configuración del Estado. Tal vez un régimen parlamentario o semiparlamentario.
El objetivo anticipado es que haya una mejor representatividad de las fuerzas en la confección democrática de las políticas públicas y del Gobierno. Del Poder Ejecutivo.
José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), señala que institucionalmente, el sistema parlamentario sería más adecuado para el México actual.
“El sistema presidencial es el que nos pone en estos dilemas, situaciones en que, quien gana el Ejecutivo, o gana todo o pierde todo. El sistema parlamentario fomenta y favorece una distribución más equilibrada del poder o la posibilidad de hacer gobiernos de coalición”.
Apuntó que desde hace tiempo los académicos resaltaron la necesidad de modificar el formato del régimen, al señalar que la rigidez del sistema presidencial ya era inoperante para un México democrático. “En un sistema parlamentario no habría motivo para un conflicto como el que estamos viviendo”.
Por separado, el constitucionalista Luis Raigosa, profesor e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), considera: “No creo que estemos todavía en el momento de discusión de un parlamentarismo”.
Explica: “Apenas salimos de un presidencialismo de líderes, donde había una centralización importante del poder en el titular del Poder Ejecutivo (presidencialismo). Estamos avanzando en un sistema de gobierno con sustento presidencial, pero con una necesidad de diálogo importante con el Legislativo”.
Considera que por ahora es conveniente dejar trabajar el formato pluralista del presidencialismo acotado por los otros poderes públicos, especialmente el Legislativo.
“Un régimen parlamentario exige un tipo de cultura cívica mayor a la que todavía tenemos. Estamos aprendiendo a vivir en la democracia, que no la teníamos. Y eso es de todos, de ciudadanos y gobernantes”.
Raigosa, también especialista en Derecho Parlamentario, considera que hace más falta promover una cultura parlamentaria, de negociación al interior del Congreso, no sólo de la mesa directiva.
Asimismo, impulsar el desarrollo de las negociaciones constantes del titular del Poder Ejecutivo con el Congreso. “Y eso también es cuestión de cultura política”.
En su opinión, de haber un régimen parlamentario en este momento, el ganador sería también el PAN, porque en ese sistema, quien logra controlar la mayoría en el Congreso, es quien nombra al titular del Gobierno, y en este caso, probablemente el resultado sería el mismo: Calderón como presidente del país.
El titular de gobierno parlamentario, canciller en Alemania, primer ministro en Italia o jefe del Gobierno en España, pertenece al partido que no sólo haya logrado más votos en el Congreso, puede ser la minoría, sino que logra alcanzar la mayoría con coaliciones internas en el Congreso.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

López Obrador enfrenta unos retos muy difíciles, y tal vez sea verdad que algunos de los mexicanos que votaron por el no estén tan dispuestos como antes a apoyarlo pero tambien está aumentando el respeto de los que si lo apoyan y en conesecuencia la envidia de sus adversarios.

Antonio dijo...

Muy buen artículo. Y un tema muy necesario

Hace falta explicarle a los que acusan de ilegal al gobierno alternativo que su caracter es principalmente simbólico.

Representa una salida digna no sólo para López Obrador, sino principalmente para Felipe Calderón. El ataque al gobierno paralelo de AMLO es un ataque a la legitimidad de Felipe Calderón.

Los impuestos de la ciudadanía van a respaldar al gobierno Panista. El ejército mexicano obedece al gobierno panista ¿Para qué andar despotricando contra A.M.L.O.? Lo único que consiguen es hacerle el juego a la estrategia del gobierno de cerrar filas en torno a un enemigo imaginario.

Mejor harían en exigir al gobierno la solución efectiva de los problemas del país y dejar de estarse quejando de un gobierno paralelo que ellos no pagan ni respaldan

Un Abrazo

Anónimo dijo...

Raigosa se equivoca nada garantiza que bajo un sistema parlamentario Calderón sería primer ministro puesto que el PAN no tiene mayoría.
Dependería del PRI y no del PAN que esto sucediera. Si el PRI se dividiera como producto de un cambio en la correlación de fuerzas, AMLO tendría las mismas posibilidades de convertirse en Primer Ministro.

Es curioso como cada vez que se plantea una reforma política salen voces a condenarlas sin ofrecer otra alternativa. Creo que debemos tomarnos en serio la reforma de Estado que intenta impulsar el FAP, evaluar las distintas opciones y apoyar que se sometan a voto.