México, 2 de julio de 2006: Crónica de la usurpación

Alberto Schneider
El Catoblepas
Septiembre de 2006

Parte I
Primera parte de una crónica de la elección presidencial en México y de las razones por las que la Coalición por el Bien de Todos (CPBT) y Andrés Manuel López Obrador demandaron, primero, un nuevo conteo de los votos y, a un mes de distancia, exigían su anulación. Se perfila una perspectiva histórica del conflicto y una descripción de la expresión formal de este conflicto político en el proceso electoral.
Preámbulo
El 6 de julio de 1988 el gobierno federal, encabezado por Miguel de la Madrid y en cuyas manos estaba la operación de los procesos comiciales, impuso a Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder, luego de la «caída» del sistema de cómputo electoral. Manuel J. Clouthier{1}, recién incorporado al Partido Acción Nacional (PAN) y lanzado rápidamente como su abanderado por la Presidencia del país, reconoce como ganador a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), al levantarle la mano y sellar con él un acuerdo para desconocer al presidente electo de manera espuria.
Con la «oportuna» muerte accidental de Clouthier, la facción panista que lo impulsó procede a pactar con el presidente electo. El PAN reconoce el triunfo de Salinas y éste le abre puertas del poder priísta. Se negocian gobiernos estatales, parlamentos, municipios y cargos en la estructura del Poder Ejecutivo Federal. Se enfilan en un proyecto económico común, la consolidación de la democracia de mercado globalizada, mientras actúan contra el Frente mediante recursos económicos y políticos y una represión selectiva que dejó cerca de 500 muertos. El Frente daría paso al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La administración de Salinas acelera la instrumentación de las políticas económicas que se «consensarían» en Washington en 1990. A la par, y como necesidad política, se construyó un aparato de regulación del sistema de partidos y de organización de los procesos electorales que diera cauce a los costos sociales que dicho proyecto anunciaba. Se diseñó un complejo marco legal, se creó el Instituto Federal Electoral y nacieron nuevos partidos, y se construyó el discurso ideológico que hizo de la democracia un eufemismo del paraíso.
Lo que se llamaría más tarde la normalidad democrática está fundada, no obstante la ironía, en la premisa planteada por Diego Fernández de Cevallos, cabeza de la cúpula panista, cuando su partido aprobó en la Cámara de Diputados la quema de las boletas electorales: «legitimar con hechos» al gobierno. Gobierno que terminó con un levantamiento indígena armado, una cauda de asesinatos políticos, entre ellos el del candidato del partido oficial y un Tratado de Libre Comercio de América del Norte que comprometió radicalmente el desarrollo del país y fracturó estructuras básicas del entramado social, sobre todo en el campo y en sindicatos.
El siguiente y último gobierno del PRI, encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León, comienza con una crisis devaluatoria, conocida como el «error de diciembre», que obliga al Presidente a garantizar con los ingresos petroleros del país el rescate que le ofrece la administración Clinton y a contraer nuevos compromisos con el BM y el FMI. Comienza la desnacionalización del sistema financiero y se acelera, vía mecanismos administrativos, la cesión de derechos sobre recursos energéticos, entre otros sectores. Paralelamente, se llevan a cabo nuevas reformas políticas que «ciudadanizan» el IFE y se crean nuevas instituciones, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las elecciones transcurren con normalidad.
Una de las particularidades determinantes que puede definir el centro del poder de esta coalición de cúpulas político-económicas en el gobierno, es que se estructuró, por un lado, en torno a un proyecto cuyo eje fue el control del sistema financiero, la formación de capitales de dimensión transnacional, acreditados en monopolios económicos de sectores estratégicos –comunicaciones, transportes, industria extractiva, energía, etc. Por otro, garantizó el control de instituciones centrales en materia de política económica, p.e. el Banco de México, y de regulación financiera como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores{2}.
El Instituto Federal Electoral se consolidó como el exponente de la normalidad democrática al conducir, sin mayores sobresaltos, los procesos electorales de los siguientes diez años. El Consejo General, máximo órgano de decisión del Instituto, integrado por nueve ciudadanos –propuestos por los tres principales partidos políticos con registro nacional– concluye su primer ciclo con un alto reconocimiento por su actuación. Electoralmente el PAN y el PRD avanzan tanto en el Congreso como en estados y municipios, mientras que el PRI reduce sostenidamente su cuota de poder en casi todos los ámbitos, aunque en algunos estados se fortalece.
Otra vuelta de tuerca
La coalición gobernante se ha reconfigurado de varias maneras y en circunstancias determinadas a lo largo de estos años. Por ejemplo, el triunfo de Vicente Fox Quezada en el año 2000, que cierra el ciclo del poder priísta pero mantiene prácticamente la misma estructura burocrática, sobre todo en áreas estratégicas de definición y control de las políticas económicas, abrió la puerta directa al poder del Estado a grupos que no habían estado directamente involucrados en la toma de decisiones desde hace mucho tiempo –la ultraderecha confesional, junto con cúpulas empresariales y sectores de acción local o regional del norte y centro del país, principalmente.
En paralelo, desde 1997, el PRD domina políticamente en el Distrito Federal, tanto el gobierno como el congreso local. La confrontación entre el gobierno federal y el de la Ciudad de México se incrementa conforme transcurre el sexenio de Fox. El Consejo General del IFE se renueva sin la participación del PRD mediante un acuerdo entre el PRI y el PAN. Cobra fuerza e influencia política la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el mayor de América Latina, Elba Esther Gordillo, quien desde la Secretaría general del PRI logra imponer en la presidencia de este Consejo a Luis Carlos Ugalde, junto con otros cuatro consejeros. El restante es nombrado por el PAN.
Este personaje es clave en el proceso electoral de 2006 y en su resultado, por lo que nos detendremos en ella. La descomposición interna del PRI se agudiza después de un cuestionado proceso interno por la renovación de su dirigencia nacional. Roberto Madrazo Pintado, como Presidente, y Elba Esther Gordillo, como Secretaria general, se hacen del control del partido. Sin embargo, a partir de diferencias surgidas de compromisos legislativos con el gobierno, que fueron incumplidos por Madrazo y que culminaron en la destitución de aquélla de la Coordinación parlamentaria de PRI en la Cámara de Diputados, Gordillo opera en alianza con el gobierno federal, gobiernos estatales y la estructura decisoria y operativa del IFE. Siendo Secretaria general del PRI crea un nuevo partido, el Partido Nueva Alianza (PANAL), reconocido rápidamente por el Instituto, y con él opera la desarticulación de los apoyos internos al presidente y luego candidato del PRI a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo. Mientras, con recursos federales y la oferta de posiciones políticas en todos los órdenes, fortalece el control de la estructura sindical corporativizada.
El sexenio de Vicente Fox transcurre entre la frivolidad, la ineptitud y la negligencia, que contribuyeron a dilapidar el llamado «bono democrático» que Fox obtuvo al vencer electoralmente al PRI y a acrecentar la confrontación con el gobierno del DF, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (LO), quien gana día a día mayor presencia y peso político no sólo en la Ciudad de México sino en el país entero.
En 2004 el aparato político, jurídico, económico y mediático controlado por la coalición de gobierno inicia el proceso para evitar que LO sea postulado candidato a la Presidencia de la República. Mediante el expediente de un litigio particular –la supuesta no suspensión de las obras de apertura de una calle para comunicar a un hospital privado–, el gobierno federal inicia y gana un proceso político en el Congreso para quitarle la inmunidad procesal que el cargo de Jefe de Gobierno le confiere a LO, el llamado desafuero, e iniciarle proceso judicial, que le quitaría sus derechos políticos y la posibilidad de ser candidato.
La movilización política del PRD y de amplios sectores sociales –1 millón de personas en el zócalo capitalino–, la presión de los mercados internacionales y del gobierno estadounidense obligaron al Ejecutivo Federal a suspender el proceso. López Obrador no fue sujeto a juicio penal aunque sí retirado del cargo de Jefe de Gobierno del DF. Todo el proceso lo catapulta políticamente y es, efectivamente, nombrado candidato de su partido.
Mientras en el ámbito político el gobierno federal va de tumbo en tumbo, en términos económicos prosigue la marcha de la privatización de sectores estratégicos. Todo el sistema financiero –excepto un banco– queda en manos de corporaciones extranjeras; los llamados Contratos de Servicios Múltiples en Pemex, por ejemplo, cobran nuevo impulso para abrir el sector petrolero a empresas privadas; los medios de comunicación, que existen bajo el régimen de concesión, reciben prebendas y canonjías, cuya cereza del pastel son las reformas a la «Ley Televisa»{3}.
Mientras tanto, todos los indicadores económicos y de desarrollo social y «humano» se desploman. El desempleo abierto alcanza niveles nunca antes vistos, los indicadores de salud, educación, acceso a servicios públicos –agua, drenaje, electrificación– sitúan a millones de mexicanos en niveles equivalentes a países como Haití o Somalia. Más de 500 mil personas intentan cruzar cada año a los Estados Unidos. Al mismo tiempo tenemos al tercer hombre más rico del mundo.
Elección ejemplar
En este contexto, se inicia el proceso electoral para renovar el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso en su conjunto y algunos gobiernos estatales y municipales. Las «precampañas», procesos internos de selección de candidatos en los principales partidos, sin regulación alguna, se caracterizaron por un gasto desorbitado de recursos en propaganda mediática, particularmente por parte del PRI y del PAN, que coincidieron con un ataque frontal contra López Obrador. Es decir, en la búsqueda de los apoyos internos, los partidos mayoritarios se confrontaron con el candidato del PRD, más que con sus propios correligionarios.
Al cabo de estos procesos, el PAN postula a Felipe Calderón (FC) y el PRI, en la llamada Coalición por México con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a Roberto Madrazo. Participan en la contienda los partidos sin definición política clara PANAL y Alternativa Social-demócrata y Campesina (PASC), así como la Coalición por el Bien de Todos (CPBT), integrada por el PRD, el Partido del Trabajo (PT) y Partido Convergencia, que postula a Andrés Manuel López Obrador (LO).
La confrontación se agudiza. El PAN, el gobierno federal y las cúpulas empresariales lanzan una campaña política y mediática cifrada en la propalación de «ideas fuerza» que caracterizan a López Obrador como un peligro para México. Enrique Krauze lo califica como «mesías tropical», con lo que inaugura una línea discursiva de descalificación personalista y de «análisis político» centrado en argumentos psicologistas. Se infunde temor y desesperanza entre la población con amenazas directas de que perderán sus bienes, y se desvirtúa el árbitro electoral, que no sólo no actúa para impedir ilegalidades en la contienda, sino que las comete él mismo.
El Ejecutivo federal y sus dependencias utilizaron cuantiosos recursos para desacreditar a LO. Algunos ejemplos: la oficina del secretario de la Función Pública, contralor del Ejecutivo, envió, ilegalmente, 7 millones de correos electrónicos en contra de LO; la oficina del Presidente gastó en tres meses 1,700 millones de pesos en mensajes mediáticos (450 millones de impactos) que tuvo que modificar por resolución de la Suprema Corte de Justicia; la esposa del Presidente manejó fideicomisos dentro y fuera del país, cuyos recursos recayeron en instituciones de asistencia privada y organizaciones «de caridad», de cuyas cuentas hay completa oscuridad, aunque haya nuevos bancos asociados a ellas, y que operaron como agencias de la campaña de desinformación política del PAN.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula de cúpulas empresariales del país, relevó al Ejecutivo Federal después de la intervención de la Corte y pagó 200 millones de pesos en spots propagandísticos –lo cual es delito electoral– en el último mes de campaña, lo mismo que grandes consorcios industriales y de la comunicación, así como jerarquías eclesiásticas. En la programación «familar» televisiva fueron y siguen siendo patrón de conducta los señalamientos y las frases alusivas en contra de López Obrador y el «peligro» que representa.
Está documentada la intromisión, mediante herramientas informáticas, de familiares del candidato panista en el uso ilegal de instrumentos oficiales como el padrón electoral y los padrones de beneficiarios de los programas de atención a la pobreza como Oportunidades, así como del Sistema de Administración Tributaria, para el diseño, soporte y operación de las estrategias de campaña del PAN.
La actividad política de la cúpula magisterial –Elba Esther Gordillo– y su estructura nacional en favor de este partido fue abierta y permanente. No se puede soslayar que su influencia abarca al presidente del Consejo General del IFE y el PANAL, instituciones académicas como el ITAM{4} –desde cuyas aulas y oficinas se escriben cientos de páginas de «análisis político» que nutren a la prensa y a los principales programas televisivos–, así como a algunos gobernadores priístas, presidentes municipales y congresistas de tres o más partidos. El control de la estructura operativa del IFE también está bajo su égida: el Secretario Ejecutivo de Organización Electoral del IFE proviene de las filas de ese sindicato. El SNTE ha participado históricamente en la realización material de los procesos electorales. Tres días antes de la elección, el presidente Fox le entregó a la señora Gordillo, 900 millones de pesos como apoyo a actividades magisteriales.{5}
Sin embargo, la integración de las mesas de casilla sigue siendo un misterio, pero hay testimonios y documentales de irregularidades generalizadas tanto en los sorteos de selección de ciudadanos como en la capacitación y acreditación. El mismo día de los comicios fueron sustituidos miles de ciudadanos sin que a la fecha haya explicación plausible ni información precisa que permita evaluar esa parte central del proceso. Hay datos que apuntan a que sólo en el 40% de los casos las mesas se integraron con ciudadanos que cumplieron debidamente todo el proceso.
Para cerrar la pinza de la construcción política de percepciones y convicciones, elemento central de las campañas electorales centradas en los medios, las principales empresas encuestadoras participaron partidariamente. Un año antes del inicio formal de las campañas electorales, en los sondeos y encuestas públicas, LO se encontraba en niveles de preferencia que llegaron al 70%. Conforme avanzó el proceso y las campañas mediáticas conjuntas{6} la diferencia entre LO y FC se fue reduciendo pero no disminuyó a menos de 8%. Dos días después de que se aprobó la «Ley Televisa», impulsada por el duopolio televisivo, la empresa GEA-ISSA{7} publicó una encuesta en la que sitúa a los punteros en empate. Consulta Mitofsky, contratada por Televisa, le dio ventaja de dos puntos a Calderón. La explicación de la abrupta caída de LO: decirle chachalaca al presidente Fox. Se condensó la percepción y la convicción generalizada de que ésta era, efectivamente, una contienda muy cerrada.

Parte II
En esta segunda parte, hacemos un rápido recuento de lo que se considera una usurpación del poder político mediante la violación sistemática de la Constitución; es un golpe de Estado, desde la legalidad que se dice defender. Y es desde esa misma legalidad desde la cual está demostrado que la elección tiene un resultado incierto, por decir lo menos. Tan sólo esta duda hace legítimo solicitar certeza. Simple en su expresión: voto por voto. Sin embargo, es el nudo que ata los hilos de la trama que forma el tejido del poder que hoy destruye su propio anudamiento: la ley. Sólo podrá imponerse por la fuerza. El sitio a la Cámara de Diputados lo demuestra. Por el contrario, el vacío en la calle al cerco paramilitar y la trinchera en lo que queda del despojo, habida cuenta del desempeño de Poder Judicial, son la respuesta política precisa, necesaria. La toma del Congreso por el PRD ancla el carácter de Constituyente del momento político, que no puede no tener como referente a la sociedad organizada.
Preámbulo
La incertidumbre devino en certeza y luego convicción. Las irregularidades e inconsistencias en los resultados, aún aceptando que se deban todas a errores sin dolo, suman un volumen de votos varias veces mayor que la diferencia entre candidatos, lo que no es posible pasar por alto, si a la ley nos atenemos. Y atenerse a la ley implica sumergirse en un proceloso y arduo mar, como veremos.
Cómputo impoluto
Para el propósito de realizar elecciones federales, se ha dividido al país en 300 distritos electorales y éstos en secciones, definidas por el número de electores: máximo 750 cada una. Si en una sección electoral hay más electores, se instalan casillas contiguas, de modo que ninguna casilla pueda tener más de ese número de votantes y, por tanto, de votos. El día de la elección, en cada casilla se entrega a los funcionarios –cuatro ciudadanos seleccionados por sorteo –insaculación– que deben cursar una capacitación y ser acreditados por el IFE–, la lista nominal de electores (padrón con los electores que efectivamente tienen credencial para votar), las boletas numeradas, las urnas, sellos, tinta indeleble y demás recursos necesarios. Los partidos políticos nombran representantes que vigilan el curso de la elección.
Al final del día, en cada casilla se cuentan los votos y se levanta el acta de escrutinio y cómputo, en la que se asientan los resultados obtenidos por cada candidato, los votos no válidos, los no usados, etc. En el transcurso de la jornada se levantan otras actas en las que se asientan los pormenores del día, como hora de instalación, sustitución de funcionarios en su caso, etc. Los funcionarios de casilla deben llenar y firmar las actas, que firman también los representantes de partido. En caso de que haya irregularidades éstos pueden redactar y presentar un escrito de protesta. Este escrito es requisito procedimental para alguno de los tipos de recursos de impugnación que se pueden presentar al cabo de un proceso. Toda la paquetería se introduce en sobres –uno por cada tipo de elección, i.e. Presidencia, Diputados, Senadores, etc.– que se sellan y, a su vez, se introducen en una caja que también es sellada. Sobre ella se pega una copia del acta del conteo y cómputo. Fuera de la casilla se despliegan los resultados tal y como aparecen en el acta. En principio, pareciera que el procedimiento cuida la certidumbre de la jornada; los partidos tienen presencia y facultades para proteger sus intereses legítimos. El ciudadano participa cierto de que el procedimiento es legal. Sin embargo, los hechos demuestran que no hay tal certeza ni legalidad en su resultado efectivo.
Es importante señalar que la ley electoral establece que en caso de que algún funcionario no se presente el día de la elección, al cabo de un lapso determinado podrá ser sustituido por cualquier ciudadano que se encuentre formado para votar. La CPBT ha denunciado que el 2 de julio fue sustituido el 22% de los funcionarios de casilla. Asimismo, ciudadanos seleccionados por sorteo fueron siendo reemplazados previamente mediante una estrategia que se le ha llamado ancla: identificar ciudadanos afines entre quienes fueron sorteados, mediante encuestas telefónicas de intención del voto o en la capacitación y selección final, proceso que tiene amplios márgenes de discresionalidad{8}. No es posible determinar en qué medida operó esta estrategia, ya que no hay información detallada y precisa del IFE sobre todo el proceso de integración de mesas de casilla. Sin embargo, por testimonios recogidos en todo el país e información parcial, se estima que sólo el 40% de los funcionarios que trabajaron el día de los comicios cumplió con todo el procedimiento establecido para ello.
El dos de julio se instalaron 130,488 casillas electorales en todo el país. Desde temprano, los medios ponderaron y exaltaron la normalidad con que arrancó el proceso, casi sin incidentes de consideración. Al mediodía la calificaron: una elección ejemplar Se tenía previsto que el IFE diera información sobre encuestas de salida si hubiera diferencias sustantivas o una tendencia clara a favor de algún candidato. No fue así y ni el Instituto ni los medios dieron a conocer información al respecto. Por la misma razón, tampoco se informó sobre resultados de los conteos rápidos –conteo de resultados de casillas seleccionadas aleatoriamente.
Para proporcionar información de resultados a la sociedad, se diseñó un sistema llamado Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el cual recoge la información de cada casilla electoral. El procedimiento es el siguiente: una vez terminado el conteo y cómputo en cada casilla, el paquete se traslada al distrito correspondiente. En él, vía telefónica, se dictan los datos del acta de cada casilla al área de captura del PREP y de aquí se sube al programa. En las instalaciones del IFE, de manera pública, se muestran los resultados, casilla por casilla, conforme van llegando. Los paquetes no deben abrirse y son resguardados en un recinto que debe quedar sellado.
Irregularidades regulares
Durante la noche del 2 de julio los resultados llegaron al PREP conforme la enviaban de cada distrito. El 3 de julio, el IFE informó que Felipe Calderón sobrepasaba a LO por 403,708 votos. Desde el inicio de la presentación de resultados del PREP surgieron inconsistencias que sembraron dudas. En primer lugar, había 827,617 votos anulados, una cifra muy alta y, sobre todo, el hecho de que la suma de votos no era igual que la suma de votantes. Ante el reclamo de la CPBT, el IFE informó que había un archivo de inconsistencias con más de 2 mil actas de casilla que aparecían en pantalla del PREP, pero cuyos resultados no fueron computados: aproximadamente 900,000 votos (aproximadamente 450 votos por casilla con una participación del 60%, de acuerdo con el IFE).
Más tarde, LO denuncia la pérdida de tres millones de votos. Al escándalo, el IFE informa que se trata de otro archivo no contabilizado por «ilegible» de 13,086 actas con 3’553,624 votos, del que los partidos sabrían de su existencia pero no de su contenido, y del cual no se informó públicamente. Además, había 822 actas menos para la elección presidencial que para las de diputados y senadores. El IFE explicó que los ciudadanos se las llevaban a su casa. En total, se trata de una franja oscura de cinco millones de votos.
Al hacerse los ajustes, sólo se contabilizaron 11,184 actas y la diferencia entre el primero y el segundo lugar se redujo a 257,532 votos. Al final, siguieron faltando 2,017 actas, que representan entre 700 y 900 mil votos. Es decir, a tres días de la elección, lo que menos se podía sostener es que se trataba de un procedimiento claro y cierto, al reconocerse errores en más del 10% de total las casillas y con una masa de votos tres o cuatro veces mayor que la diferencia en el primero y segundo lugares.
La Coalición por el Bien de Todos demanda contar otra vez todas las casillas. El PAN se niega; el presidente de Consejo General de IFE sostiene que la elección está «fuera de toda duda»; el gobierno, los medios y la cúpula eclesiástica rechazan la demanda de la Coalición y, también, la califican: antidemocrática.
Es importante señalar aquí que previo a las elecciones, se advirtió de la posibilidad de que en el sistema de resultados pudiera existir un programa oculto que modificara, mediante un algoritmo matemático, los resultados presentados. El aserto se fundamentaba en la desconfianza generada por el hecho de que la empresa de informática propiedad del cuñado de FC, Hildebrando (y una red de cuando menos 19 empresas asociadas), tuviera relaciones contractuales con diversas dependencias, entre ellas el IFE. Por otra parte, existen denuncias fundadas y testimonios de que en los EUA se utilizó entre otros este mecanismo para falsear las elecciones en Ohio y Florida; personajes ligados a estos fraudes trabajaron con Fox en el año 2000 y ahora con el PAN{9}.
Más allá de que pueda probarse el uso de este recurso, las inconsistencias llamaron la atención de muchos expertos. Uno de ellos, el físico Luis Mochán, ha publicado varios artículos –con el soporte técnico de sus estudios– sobre el PREP, en los que muestra inconsistencias sistemáticas e inexplicables en un conteo de esta naturaleza. Cabe señalar que él mismo ha reconocido algunas limitaciones de su estudio, pero ha continuado depurándolas y mantiene su postura de que hubo manipulación{10}.
Aquí apunto algunas consideraciones de este autor: la base de datos de las actas contabilizadas en el PREP para la elección presidencial contiene sólo 117,287 registros, por lo que faltan 13,201 registros necesarios para completar las 130,488 casillas instaladas y otros 300 registros más para incluir los resultados del voto en el extranjero. Hay registros incompletos que no permiten hacer comparaciones necesarias para validar resultados. De los 109,134 registros en los que sí se puede comparar el número de boletas depositadas en la urna con el número de boletas recibidas y el número de sobrantes, en 50,223 casillas (46%) se encuentran con que faltan o sobran boletas, lo cual involucra 1’504,566 boletas, es decir, votos. Seis veces la diferencia entre LO y FC.
Los números del PREP generaron dudas en otros expertos en estadística, matemáticos y científicos de diversa especialidad. Se cuestionó el hecho de que un proceso aleatorio –la llegada de información desde los distritos– se haya comportado como si no lo fuera. Mantuvo una tendencia fija y los dos punteros aparecían en una curva simétrica, de espejo. De hecho, según estimaciones y dado lo reducido de la diferencia entre contendientes, esas curvas debían cruzarse –de acuerdo con la tendencia– pero ello nunca sucedió. La sospecha se reafirma por el hecho de que cuando era previsible que sucediera ese cruce, se detuvo el flujo de información más o menos durante 20 minutos. A partir de ese momento, las curvas muestran un comportamiento diferente, ya no se van juntando sino que corren casi paralelas.{11}
Un grupo de 35 científicos{12} de varias universidades mexicanas, que trabajaron por separado y llegaron prácticamente a las mismas conclusiones, presentaron en conferencia de prensa el día 29 de agosto conclusiones similares: hubo manipulación y fraude. Por ejemplo: «los números no cuadran en 46% de las casillas […] En total, estos votos suman 1’763,764» […] «de los resultados publicados por el IFE en 97,790 casillas, en 22,319 la suma de boletas depositadas en las urnas, más las no utilizadas, fue menor que el número de las entregadas al presidente de la casilla, dando como resultado 1’043,907 votos». Y, en el sentido inverso, «en 22,419 casillas la suma de boletas depositadas en las urnas, más las no utilizadas, representó un número mayor a las entregadas al presidente de casilla, lo que da como resultado 719,857 votos». De acuerdo con la ley electoral (Cofipe) estas casillas debieran ser anuladas. No fue así.
El PREP, si bien proporciona información del IFE, no es oficial; es decir, debe haber un proceso de conteo y cómputo en los distritos electorales sobre las actas, que debiera dar resultados definitivos. Sin embargo, a partir del resultado del PREP, Calderón se declara ganador y arrecia la campaña masiva para convencer a la población de este resultado y condenar la postura de la Coalición.
El siguiente punto de conflicto se dio en el conteo oficial realizado en cada uno de los distritos electorales a partir del 5 de julio. La instrucción de la cúpula del PAN fue impedir la apertura de paquetes. La primera sorpresa es que en muchos casos los recintos de resguardo de la paquetería estaban abiertos. En este conteo distrital, los funcionarios del IFE junto con los representantes de partidos realizaron la revisión de actas y, en el caso de errores evidentes debían abrir los paquetes y contar de nuevo los votos. Sin embargo, particularmente en distritos situados en estados con gobiernos panistas o ligados políticamente a Elba Esther Gordillo, esto no sucedió. Con diversos medios, pero sobre todo por la imposición de los funcionarios del IFE y con el apoyo de representantes partidistas, se impidió la revisión de miles de paquetes con inconsistencias, aún flagrantes. El resultado final de este conteo –se abrieron poco más de 2,000 paquetes en todo el país– dio prácticamente el mismo resultado. El presidente del IFE, sin atribución legal para ello, nombró ganador a Felipe Calderón con 243,394 sufragios{13}.
La impugnación
Mientras tanto, el PRD inicia el proceso de integración de pruebas para impugnar todo el proceso. Un primer problema estribó en que no fue posible tener representantes en todas casillas –ningún partido lo hizo–, lo cual dificultaba contar con copias de todas las actas. En seguida, solventar problemas asociados con los procedimientos requeridos para fundamentar los reclamos. La campaña mediática se concentró en cuestionar a la Coalición la ausencia de representantes y la falta de escritos de protesta, invalidando cualquier argumento y reduciendo todo el litigio a un asunto de procedimiento. Se insistió en la descalificación personalista del conflicto y en la magnificación de errores puntuales de LO. Ninguno de los dos grandes consorcios mediáticos realizaron algún reportaje con sentido indagatorio, ya no digamos de investigación. Conforme pasaron los días, las evidencias de irregularidades del proceso se multiplicaron y la exigencia de contar todos los votos cobró fuerza. Voto por Voto, casilla por casilla es el lema del movimiento que encabeza LO para clarificar la elección, movimiento que se expresa con particular claridad en concentraciones masivas en el zócalo capitalino.
Otro elemento que aporta más sospechas es el hecho de que el Consejo General de IFE giró instrucciones a los consejos distritales para que abran los paquetes para una revisión, supuestamente procedimental. Esto es ilegal. Al conocerse esta información el responsable de organización electoral del IFE anunció la suspensión de dicho proceso. Ante el reclamo, el IFE argumentó, primero, que esa orden se dio en respuesta a la propia Coalición. Ante lo ridículo de la explicación, la siguiente respuesta es que se hizo por solicitudes de las salas regionales del Tribunal, lo cual es también falso, pues dichas salas no tienen atribución legal para hacerlo. El IFE tuvo que reconocerlo y alegó que efectivamente fue la Sala Superior. El representante del PRD –por el Poder Legislativo– en el Consejo General del IFE, Horacio Duarte, hizo ver al Consejo de la falacia de dicha afirmación: la Sala Superior no había podido dar tal instrucción pues todavía se estaba en proceso de integración de pruebas y su resolución la emitiría posteriormente. Es decir, el IFE violó la ley al abrir subrepticiamente la paquetería electoral, sin que ningún representante de partido fuera testigo. No ha quedado claro, hasta hoy, cuál fue el motivo ni objetivo de esa decisión, lo cual no puede más que abonar a la sospecha de una manipulación del contenido de los paquetes.
La estrategia de impugnación legal se condujo en dos pistas. Por un lado, la impugnación de casillas y distritos en los que se encontraron irregularidades específicas y, por otro, una impugnación general, llamada recurso madre, referida a la junta distrital 15 en el Distrito Federal, en la que se solicitó la «conexidad de la causa»; es decir, que los juicios de inconformidad ante cada uno de los distritos pueden ser acumulados en el Tribunal electoral y resueltos conjuntamente en el caso de que contengan peticiones similares y busquen los mismos objetivos; su consecuencia, la posibilidad de la apertura de todas las casillas. El tribunal aceptó el recurso.
La CPBT impugna 72 mil casillas en las cuales detecta irregularidades. Esta impugnación se presenta en más de 350 juicios de inconformidad, dentro de los cuales está el llamado «recurso madre». El Tribunal acepta los recursos y abre dos incidentes, lo que implica valorar la posibilidad de la apertura total de casillas e inicia el procedimiento para analizar las impugnaciones. Al cabo de su deliberación, resuelve la apertura de poco más de 11 mil casillas, de 149 distritos electorales, sin que quede claro porqué unas sí se revisan y otras no, siendo que, cuando menos, cerca de 40 mil casillas tienen el mismo tipo de irregularidad.
El procedimiento se realiza en cada distrito electoral, por jueces y magistrados en sesiones públicas con la presencia de representantes de partidos. Inmediatamente surge el problema: ¿qué certeza puede haber si se encuentran bodegas abiertas, todos los paquetes también abiertos, sin sellos, en algunos casos con actas falsas (sin doblar; para introducir la boleta en la urna es forzoso doblarla) y firmas apócrifas; papel estraza en vez de papel oficial, entre otros «detalles».
De este recuento mínimo, las dos grandes irregularidades, que ameritan la anulación de los resultados de esas casillas, son: a) que se encontraron votos de más y votos de menos a los anotados en actas. En general, los primeros son para FC y los segundos para LO. Es decir, resulta que en 7,532 casillas, 65% del recuento, el número de boletas usadas más las sobrantes no corresponde con el número de boletas entregadas a cada mesa de casilla, y b) no concuerda el número de votos con el número de electores que realmente votaron, según las listas nominales marcadas, ya sea que haya votos de más o de menos. Así, al comparar el número de ciudadanos que votaron el día de la elección, y que fueron marcados en los listados nominales, con los votos en las urnas, el resultado es que en 43% de las casillas hay votos espurios, como los llama el propio Tribunal, o sea votos de más, y en 29% de las casillas se sustrajeron votos válidos.
En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se establece, en su artículo 75, las causales de nulidad de casillas. En la fracción k) dice: «Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.» Sin valorar si hubo dolo o no, la causal de nulidad en estos casos es clara. Las irregularidades no son reparables: es imposible saber, por ejemplo, el sentido de los votos que no aparecen, aunque se pueda suponer; tampoco se puede saber, por ejemplo, cuáles votos «válidos» fueron emitidos por ciudadanos y cuáles por medio de trampa{14}. Por esta razón, el Tribunal debía anular las casillas en donde quedó demostrado que hubo votos espurios y donde faltaban votos, tal como ha procedido en los casos de impugnación por estas causas que se le han presentado al mismo Tribunal a lo largo de sus 10 años de existencia.
De acuerdo con la CPBT, bajo esta condición, si sólo se anulara la votación de estas casillas, Andrés Manuel López Obrador ganaría la elección por 526,786 votos, resultado que se obtiene al anular los supuestos votos del PAN y de la Coalición en esas casillas y restando los 243,934 votos de la diferencia que reportó el IFE.
La resolución del Tribunal confirma la sospecha. Primero ordena una investigación de 11,839 casillas (9% del total) y luego afirma, en la resolución del lunes 28 de agosto, que no es fiscal y que su función no es investigar. Anula 143 casillas y hace un ajuste de cifras, que no altera el resultado final. Pero reconoce tácitamente que es válido hacer fraude, pero hasta cierto punto. Es decir, según su criterio, si en una casilla la diferencia entre uno y otro candidato fue de 100 votos, no importa si se demuestra que hay 50 espurios o faltantes, de todos modos el sentido del voto en esa casilla no se alteraría: el ganador sigue siendo ganador.
Más allá de esta curiosa manera de interpretar la ley, su decisión omite que hay un modo legal: anular el resultado de esa casilla. Pero además, pervierte el sentido de su propia resolución anterior al desvincular lo hallado en cada una de las casillas con el resto de ellas. No importa que una gran mayoría de las inconsistencias perjudiquen a uno y beneficien al otro. No importa que representen 1’389,653 votos, casi seis veces más de los que hacen la diferencia, y que ello se presente en tan sólo el 9% del total de casillas.
Estos resultados muestran que la revisión de todas las casillas era indispensable para dar certeza al proceso. La negativa de realizar tal revisión sólo se explica porque el fraude es mayor de lo supuesto en un principio; que la competencia cerrada fue sólo una estrategia mediática, necesaria para que fuera aceptable un resultado parejo con Calderón como ganador. No sólo hubo fraude, sino que fue masivo, extenso y generalizado, necesario para remontar los 8 o más puntos de diferencia que tenía LO sobre Calderón antes del golpe mediático que lo desfondó en las «encuestas» previas a la elección.
El tamaño del fraude es de la dimensión de lo que el gobierno federal, el PAN, oligarcas nacionales y sus aliados extranjeros, el oligopolio mediático y su coro de intelectuales, así como la derecha ambiciosa y fascista, han invertido en impedir un cambio de régimen: miles de millones de pesos y seis años de desgobierno que salda, con tanquetas y una mayoría de 243,934 votos, su bono democrático.

Notas
{1} Manuel J. Clouthier, Maquío, es promovido por una facción empresarista que en un desplazamiento estratégico de la militancia tradicional logra el control político del partido. El desplazamiento, que incluye al senador José Ángel Conchello, fallecido también accidentalmente, modifica liderazgos federales, regionales y locales.
{2} Este proceso se realizó en un marco de extendida corrupción cuyo eje se define en casos como Fobaproa-Ipab, la privatización de carreteras, Pidiregas, aduanas y otros, que implican una masa de deuda y de desvío de recursos públicos de grandes dimensiones; tan sólo el primero llega al billón de pesos.
{3} En realidad son reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión, impulsadas por ese consorcio mediático y aprobadas en el Senado por el PRI y el PAN, durante las campañas electorales. Es una ley que garantiza la concentración oligopólica y desregula el sector al desarticular el marco normativo del control estatal sobre el espacio radioeléctrico del país. El PRD la aprobó, también, en la Cámara de Diputados, en un error craso que luego intentó corregir en el Senado. Las objeciones de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Federal de Competencia Económica, de juristas y académicos no fueron siquiera discutidas en la sesión correspondiente. El argumento textual de las cúpulas partidistas (PAN y PRI) fue por que así convenía a sus candidatos.
{4} El Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, fue creado en 1946 por un grupo de empresarios asociados en torno de la figura del banquero y hombre de negocios Raúl Bailleres. Durante la segunda mitad del siglo XX, este instituto fue perfilándose como el antagonista «académico» de la UNAM dentro de la dialéctica en donde se fraguó la disputa por el rumbo ideológico y político de México. Al día de hoy, el ITAM ha desplazado por completo a la UNAM como centro de formación y reclutamiento de economistas y politólogos del país y es, así también, uno de los más importantes centros de articulación y difusión de la ideología neoliberal. Un desarrollo más extenso e interesante de esta disputa, que es, antes que «académica» o «técnica», ideológico política, se encuentra en el libro de Sara Babb, Proyecto: México. Los economistas del nacionalismo al neoliberalismo, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2003.
{5} Mientras tanto en Oaxaca comenzó un conflicto político con una demanda de un sector disidente del sindicato magisterial, que implicaba 350 millones de pesos que el gobierno federal alegó no tener. La sección sindical oaxaqueña ponía otro tanto. Hoy lleva varios muertos.
{6} En México, el 80% de las personas se entera de lo que sucede en el país y en el mundo por medio de la televisión; Televisa y Televisión Azteca controlan más del 80% de todos los medios de comunicación masiva del país.
{7} Cabe señalar que el fundador y presidente de GEA es Jesús Reyes Heroles, quien como embajador de México en Washington tuvo a sus órdenes como coordinador de asesores a Luis Carlos Ugalde, presidente del Consejo General del IFE.
{8} Cuento con el testimonio de dos personas en el mismo distrito que vivieron esta situación. Fueron eliminadas del proceso, sin aviso, y después de haber sido encuestadas 4 veces. El coordinador de la estrategia legal de la CPBT, confirma que esta fue una práctica recurrente en distritos dominados por el PAN.
{9} En los EUA, se ha documentado el fraude electoral realizado por G. W. Bush, utilizando, entre otros recursos, el diseño de programas informáticos, mediante la empresa Choice Point. Personajes directamente relacionados con este fraude, como Dick Morris y Rob Allyn –quien trabajó con Fox en el año 2000–, fungieron como asesores de Calderón en este proceso electoral. Choice Point es la empresa que compró y puso a la venta el padrón electoral mexicano en 2003.
{10} http://em.fis.unam.mx/~mochan/elecciones/paperMochan.pdf
{11} En esta liga se encuentra un estudio realizado por el Dr. Miguel de Icaza. http://www.fata.unam.mx/icaza/ffrau3.pdf El paquete completo correspondiente a este estudio se encuentra en http://www.fata.unam.mx/icaza/ffrau3.zip Incluye: un artículo anterior, la lista con las 14,000 casillas estudiadas, el programa en awk utilizado para obtener tales resultados, mismo que puede ser modificado por los interesados para realizar otros análisis del mismo estilo.
{12} http://www.jornada.unam.mx/2006/08/29/014n1pol.php
{13} Otro especialista, Simón Hiram Vargas, consultor económico graduado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Afirma que se contabilizaron los votos nulos: "Existe una diferencia de un millón 168 mil 955 votos entre la votación usada para asignar los porcentajes y la votación real". http://www.jornada.unam.mx/2006/07/12/010n1pol.php.
{14} Hay casos claros. La misma marca se repite una y otra vez en muchas boletas; es decir, fueron marcadas por la misma persona, también las boletas sin doblar. Hay testimonios de personas que declaran haber llenado boletas «en casa».