Negocios de panistas con el Pemexgate

Alvaro Delgado / APRO
¡Por Esto!
24 de septiembre de 2006
Cuando los panistas quisieron investigar el asunto del desvío de 2 mil 200 millones de pesos hacia la campaña del priísta Francisco Labastida, las autoridades de Pemex contrataron al abogado Marco Antonio del Toro Carazo, un costarricense avecindado en México que participó en la campaña de Fox y es amigo cercano de César Nava, el secretario adjunto del PAN. Aunque nunca se sancionó a los culpables, Del Toro se embolsó tres millones de dólares. Corría el año 2002 y el abogado general de la paraestatal era el propio Nava, quien reconoce que ese contrato sí se realizó pero que él nunca lo firmó.
En una maniobra que involucra a prominentes personajes del gobierno de Vicente Fox y del equipo de Felipe Calderón, Petróleos Mexicanos asignó discrecionalmente un contrato por el equivalente a 3 millones de dólares a un abogado para auxiliar a la Procuraduría General de la República (PGR) en el Pemexgate.
El beneficiario del contrato, que obtuvo una ganancia de 31 millones y medio de pesos en nueve meses, no es un abogado común: Se trata de Marco Antonio del Toro Carazo, asesor de Fox en la campaña del 2000 y miembro de su equipo de transición, pero también allegado a César Nava Vázquez, secretario general adjunto del Partido Acción Nacional (PAN) y personero de Calderón.
Nava Vázquez era el abogado general de Pemex cuando, en marzo del 2002, esta empresa paraestatal adjudicó de manera directa el contrato con el penalista Del Toro Carazo para coadyuvar en la integración de las averiguaciones previas y el litigio contra los involucrados en el Pemexgate, quienes actualmente gozan de libertad.
Del Toro Carazo, costarricense de nacimiento, ha sido abogado defensor de panistas involucrados en escándalos de corrupción, como Daniel Ituarte Reynaud, ex alcalde de Zapopan, Jalisco, donde el penalista tiene su residencia y mantiene estrecha relación amistosa y contractual con Alberto Cárdenas Jiménez desde que éste encabezó el gobierno del estado.
Apenas el 1 de agosto pasado, antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validara el triunfo de Felipe Calderón, Del Toro Carazo firmó como responsable un desplegado en el que, a nombre de "la comunidad jurídica", manifestaba su apoyo al panista y le solicitaba a los magistrados emitir su fallo sobre la elección presidencial "por encima de razones políticas y de presiones de toda índole".
Del Toro Carazo fue asesor de Fox en la campaña del 2000, tal como lo acreditan facturas entregadas al Instituto Federal Electoral (IFE) que comprueban gastos que "se realizaron a nombre del candidato a la Presidencia", firmados por Humberto Aguilar Coronado y Gabriela Ruiz; además formó parte del equipo de transición en la Coordinación de Justicia y Seguridad.
El abogado también fue testigo de Carlos Cabal Peniche en el juicio de extradición en Australia.Según el contrato SC-20-174/2002, del cual se tiene copia, el entonces director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, autorizó la firma y el pago del contrato por 31 millones y medio de pesos, luego de que Nava dictaminó que las tareas de coadyuvancia con la PGR "no se pueden realizar con el personal y recursos técnicos disponibles en la entidad".
- ¿El Ministerio Público federal no es apto para integrar una averiguación previa? -se le pregunta a Nava.
- Hay que recordar el contexto: Es un asunto de 2 mil 200 millones de pesos, que es el monto total de lo involucrado en el Pemexgate, que implicaba una acción litigiosa constante, permanente, disciplinada, en estrecha colaboración con el Misterio Público, de tal manera que la función del despacho era complementario."La labor sustantiva la seguía haciendo el Ministerio Público, que tiene el monopolio de la acción penal y, habida cuenta de que la Constitución reconoce a la víctima u ofendido de un delito la posibilidad de ser coadyuvante, Pemex ejercitó ese derecho".
- ¿En razón de qué se tasó ese pago por 3 millones de dólares?
- Baste comprobar que es un monto que representa el 1% de la cuantía del asunto. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de los litigios en los que hay una cantidad económica a recuperar, los abogados litigantes en el mercado cobran entre el 20 y el 30% de cuota litis como honorarios, me parece que pagar el 1% es razonable.
"Yo no fui"
En el quebranto contra Pemex intervinieron Rogelio Montemayor, ex director, y Carlos Romero Deschamps, dirigente del sindicato petrolero, quienes armaron una estrategia para transferir ilegalmente 500 millones de pesos a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida.
Aunque Montemayor y Romero fueron procesados, igual que sus cómplices, están en libertad al cabo de un litigio cuya única sanción fue la multa que por mil millones de pesos aplicó el IFE al PRI, partido del que el líder petrolero fue incluso candidato plurinominal al Senado.
Sin embargo, Nava justifica en entrevista la contratación del abogado Del Toro Carazo, a quien conoció en 2000 durante la campaña de Fox. "Él era parte de un equipo de asesores externos, con los que se analizaban propuestas en materia de seguridad pública", dice.
Pero aclara que él no hizo la contratación que, insiste, se asignó de acuerdo con la normatividad vigente y a través de las instancias correspondientes.
Al mostrarle el documento, dice: "Ahí no está mi firma."
- Pero fue autorizado por usted.
- No es un contrato adjudicado por mí, ni firmado por mí.
- Pero sí lo conocía, como abogado general de Pemex.
- Lo conocí, por supuesto, habida cuenta de que la coadyuvancia era necesaria.
En efecto, en el contrato no aparece la firma de Nava, pero sí la de sus colaboradores Jorge Montoya Rodríguez y Alfonso Iturbide Guerra, subgerentes de Asuntos Jurídicos Contenciosos y de Consultivos, respectivamente, que aparecen junto a las rúbricas de Carlos Kaim Chalita, gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, y de Del Todo Carazo, "socio administrador" del despacho MYT Penalistas.
De acuerdo con la tercera cláusula del contrato, Pemex pagó los 31 millones y medios de pesos a Del Toro Carazo en tres etapas: en la integración de las averiguaciones previas, su consignación ante un juez y el libramiento de la primera orden de aprehensión.
Un total de 15 millones 750 mil pesos se pagó en seis mensualidades de 2 millones 625 mil pesos, del 15 de marzo al 15 de septiembre de 2002, aunque el contrato premia la celeridad: "En el supuesto de que se consigne cualquiera de las averiguaciones previas iniciadas antes del vencimiento de los seis meses, las mensualidades no devengadas se adelantarán".
Otros 3 millones 150 mil pesos se pagaron en una sola exhibición, "al momento en que se obtenga la primera orden de aprehensión derivada de las denuncias presentadas", y los 12 millones 600 mil pesos restantes, también en seis mensualidades, "a partir de librada la primera orden de aprehensión", pero "en el supuesto de que se dicte auto de formal prisión en contra de cualquiera de los imputados antes del vencimiento de los seis meses, las mensualidades aún no devengadas se adelantarán".
Aunque las órdenes de aprehensión se libraron en octubre del 2002, el contrato tenía vigencia hasta diciembre de ese año, si bien el despacho de Del Toro Carazo, según Nava, siguió colaborando con la PGR "en forma honoraria, sin cobrar contraprestación durante los años posteriores".
Explica: "Hay que recordar que se recuperó el monto del quebranto. El sindicato aceptó a finales del año 2002, mediante una declaración unilateral de voluntad, restituir el monto total del quebranto. Habida cuenta de que eran 2 mil 200 millones, de los cuales había pagado ya 640 por el propio sindicato en el año 2000, el monto total de lo pagado a través de esa declaración fue de mil 580 millones de pesos. Esto da el monto total".
- ¿Cuánto tiempo trabajó el despacho de manera gratuita?
- Por lo menos durante toda mi estancia en Pemex, hasta finales del 2003. Es posible que lo haya siguiendo haciendo, pero lo desconozco.
El asunto, que tal como establece el contrato era de "alta confidencialidad", no implica tráfico de influencias, asegura Nava, pese a su vinculación política con el abogado Del Toro. Insiste en que él no contrató a este abogado ni sabe quién lo hizo.
- ¿No es un asunto de escrúpulo?
- Es un asunto en que hay una cantidad económica de 2 mil 200 millones de pesos involucrada, muy grande, que finalmente se recuperó.
Segundo: Es un asunto en el que los acusados de esos delitos fueron defendidos por despachos de abogados altamente calificados, altamente pagados, y la coadyuvancia con la Procuraduría se estimó necesaria de manera complementaria.
"La pregunta aquí sería: ¿Qué hubiera pasado si Pemex hubiera dejado de ejercer su derecho y su obligación de salvaguardar su patrimonio en una averiguación previa por una cantidad de esta naturaleza? Se hizo con toda responsabilidad, con todo escrúpulo y se hizo con absoluto apego a derecho."
- ¿Quiénes fueron castigados?
- Desconozco el estado actual de los procesos penales. Solamente puedo decir que durante mi gestión se logró la consignación de los presuntos responsables, se libraron las órdenes de aprehensión.
--¿Y lo que pasó después?
--Lo desconozco, fue motivo de decisiones posteriores.