sábado, marzo 21, 2009

Socialdemocracia con aroma liberal

Héctor Díaz-Polanco*
Rebelión
18 de marzo de 2009

“En América latina se perfila una peculiar neosocialdemocracia, versión criolla de la socialdemocracia europea, fundada aquí en un liberalismo (extremadamente conservador) con la consistencia viscosa del nopal. Dos características la destacan: su afán de hacer compatible —no es broma— el liberalismo con el socialismo, y el hecho de que todas sus baterías tienen como blanco a la izquierda, de tal modo que lo fundamental de sus discursos (y a menudo de sus abiertas diatribas) están dirigidos no contra las tendencias de derecha y los gobiernos de ese signo, sino precisamente contra la izquierda radical y aún los proyectos progresistas que proponen reformas sociales frente al neoliberalismo”.

A menudo una obra nos revela más sobre el autor que sobre el objeto de su análisis. El libro de Enrique Krauze El poder y el delirio (1) es un intento de desmitificar la figura de Hugo Chávez y criticar su política de gobierno, de la que, según aquél, prácticamente no se salva nada. La crítica es fallida y la desmitificación se empantana en descalificaciones sin fin. Pero el trabajo resulta un ilustrativo compendio de los prejuicios del autor. Nos instruye además sobre los empeños de la empresa que dirige, Letras Libres, y, de paso, del grupo “socialdemócrata” que a últimas fechas está tratando de influir no sólo en el curso de la política nacional, sino también en otros países como Venezuela.

De la Tercera vía a la neosocialdemocracia

Krauze representa de manera destacada a un grupo que, a nombre del liberalismo, quiere intervenir en los procesos políticos para secundar posiciones muy conservadoras, pero arropándose en una bandera aparentemente democrática e incluso con el marbete de la “izquierda”. No es, desde luego, el primer intento de este tipo. Inmediatamente nos viene a la memoria la corriente que hace unos lustros se asimilaba a los propósitos de la llamada “Tercera vía”. A fines de los noventa, ese enfoque cobró fuerza en Inglaterra y Estados Unidos, bajo las respectivas administraciones de Anthony Blair y William Clinton. Se trataba de una “nueva” línea política que pretendía diferenciarse por igual de la tradición socialista y del liberalismo consagrado. Se criticaba a ambos y se planteaba una supuesta tercera opción que, en realidad, ponía el énfasis en los principios liberales “renovados”. El barniz democrático se fundó en las orientaciones de Anthony Giddens, el laureado profesor británico de la London School of Economics, cuyas ideas fueron sintetizadas en un libro celebrado (2). Este sociólogo proporcionó la plataforma teórica y académica al proyecto del entonces primer ministro británico Anthony Blair, quien se convirtió en el político emblemático de la Tercera vía. El planteamiento, en suma, era recuperar lo mejor del liberalismo y agregarle otros elementos que resultaban de los desafíos de la globalización en marcha. Como ha ocurrido con otras “renovaciones” del liberalismo, la criatura resultó totalmente liberal. No se trataba de construir una visión socialista renovada, sino de proponer un liberalismo de nuevo cuño. Las innovaciones quedaron en el camino; y en la práctica todo aquello fue, más que una ruptura, la continuación de las políticas neoliberales de Margaret Thatcher (3). Esto quedó claro durante el gobierno de Clinton, con quien Blair coincidió y colaboró en las peores aventuras (incluida la agresión armada y la destrucción de Yugoslavia); y adquirió ribetes grotescos con la llegada al gobierno de George W. Bush, a quien se subordinó en todo el campeón de la Tercera vía (comprendiendo la invasión de Irak, violando abiertamente el derecho internacional).

Sin embargo, sectores políticos mexicanos (incluso dentro del PRD) e intelectuales deseosos de establecer distancia respecto a la izquierda “revolucionaria” o “socialista”, se aferraron a los tópicos de la Tercera vía. El expediente era cómodo, pues se podía abjurar de la izquierda y sus proyectos de cambios, y seguir utilizando al menos parte de su prestigiosa etiqueta. En el resto de América Latina, corrientes neoliberales se adhirieron también con entusiasmo. Surgió así una peculiar neosocialdemocracia, versión criolla de la socialdemocracia europea, fundada aquí en un liberalismo (extremadamente conservador) con la consistencia viscosa del nopal. Dos características la destacan: su afán de hacer compatible —no es broma— el liberalismo con el socialismo, y el hecho de que todas sus baterías tienen como blanco a la izquierda, de tal modo que curiosamente lo fundamental de sus discursos (y a menudo de sus abiertas diatribas) están dirigidos no contra las tendencias de derecha y los gobiernos de ese signo, sino precisamente contra la izquierda radical y aún los proyectos progresistas que proponen reformas sociales frente al neoliberalismo.

Este fenómeno es digno de atención, pues no sólo involucra a Letras Libres sino también a otras revistas mensuales (como Nexos, bajo la dirección de Héctor Aguilar Camín y otros). De hecho, con algunas excepciones, las publicaciones de este tipo están dedicadas a la tarea de combatir a la izquierda. Se trata de elaborar prédicas para la izquierda, indicándole lo que no debe ser y en lo que debería convertirse. El leimotiv es que la izquierda debe ser “moderna”; debe abandonar sus históricos objetivos fundamentales (como, por ejemplo, insistir en la búsqueda de la igualdad social y en nuevas formas de participación democrática). Si se trata de la justicia, ésta debería ser, digamos, adobada con otros planteamientos procedentes del enfoque construido por John Rawls y otros liberales, quienes sostienen que una sociedad puede abrigar desigualdades y, no obstante, puede ser justa. La idea fundamental es que la izquierda, sus organizaciones y desde luego sus intelectuales, deben abandonar todo radicalismo, morigerado por los sanos principios liberales. Deben ser “institucionales”, aunque esas instituciones conspiren contra la igualdad, la justicia y aún contra las propias leyes y principios que les dan vida. Opinan que la política se debe dirimir entre partidos y sin intervención de la masa popular, pues ésta siempre tiene una irrupción negativa, inadecuada y hasta peligrosa. No se debe promover la movilización social, casi sin excepción. Es decir, la política debe hacerse entre los profesionales de la política. Es perniciosa la participación abierta de la sociedad (especialmente de sus sectores más empobrecidos o marginados) en los asuntos públicos importantes (económicos o políticos). La democracia debe ser representativa, estrictamente hablando. Se debe rechazar cualquier forma de participación popular, excepto para depositar el voto cada cierto tiempo. Por supuesto, se deben dejar de lado los pruritos de la izquierda que coquetea con las reivindicaciones de ciertos sectores populares, como los pueblos indígenas y sus derechos, considerados como anacrónicos y perniciosos.

La “izquierda liberal” en México

En el caso de México, se observaron varios de estos moldes ideológicos orientando el comportamiento de esa corriente cuando el país se enfrentó a una de las elecciones más desaseadas y fraudulentas de que se tenga memoria. La posición que adoptó el grupo compacto (neo)socialdemócrata y sus seguidores durante los comicios presidenciales de 2006, fue memorable. Sostuvieron la idea de que no había ninguna prueba de fraude electoral. Se podían alegar “irregularidades”, pero no fraude. Por tanto, toda resistencia era una manifestación de irresponsabilidad política, típica de una izquierda no moderna, desorientada y resentida. Era monstruoso salir a la calle (este es considerado un pecado político mayor) para protestar contra el fraude. Desde luego estuvieron en contra del plantón realizado en el Zócalo y la Avenida Reforma de la ciudad de México, que sólo buscaba lo que cualquier liberal que fuese consecuente con la defensa del derecho al voto debía exigir: claridad sobre el sentido de la voluntad popular (incluyendo el recuento voto por voto, si era necesario) o, en su caso, anulación de la elección. Insistieron en que no había pruebas de irregularidades graves y, por ende, no se sostenía la demanda que exigía la limpieza del proceso electoral, pero ninguno hizo esfuerzo consistente alguno para acopiarse pruebas propias de lo contrario (para lo cual, como intelectuales y académicos reconocidos, se supone estaban especialmente dotados).

Lo suyo no era buscar pruebas o atender a las evidencias que iban saliendo, sino defender a las “instituciones” (el IFE, especialmente) contra viento y marea. Cuando tiempo después José Antonio Crespo, un intelectual que se tomó en serio su responsabilidad, demostró que la información disponible a partir de las actas no permitía saber quién ganó la elección en 2006 (por lo que no podía declararse ganador a ninguno de los punteros) y que al menos se había cometido un fraude contra la ley (en la decisión tomada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) (4), todos los “abajo firmantes” de las declaraciones que afirmaban la limpieza de la elección simplemente callaron y voltearon para otro lado. ¿Podría conjeturarse que si aquéllos hubieran hecho lo propio, cada cual desde su especialidad, el resultado pudo ser otro? Es imposible saberlo, pero al menos habrían hecho una contribución a la verdad, lo que no es poco.

Es interesante observar que la corriente referida incluye a ex miembros de la izquierda mexicana, otrora de fuerte talante radical, que ahora sostienen los principios liberales con singular entusiasmo, aunque bajo la nueva modalidad de buscar cierta mixtura con las ideas socialistas. Ser liberal puro no es prestigioso, por más que las élites y los círculos del poder hayan adoptado ese enfoque como su visión del mundo; o al menos en los últimos tiempos no garantiza buenos resultados políticos en el contexto de países como los nuestros. En cambio, una dosis controlada de ideas socialistas puede dar el tono conveniente; casi podría decirse que es garantía de lo políticamente correcto.

Un buen ejemplo es el grupo reunido por Letras libres para discutir el tema de la izquierda en abril de 2008: Roger Bartra, Ugo Pipitone, Jesús Silva-Herzog Márquez y José Woldenberg. El resultado de la mesa redonda, junto con otros textos, fue publicado bajo el título sintomático de “Ideas para la izquierda” (5). Hay varios puntos comunes en las posiciones del elenco. En primer lugar, la adhesión a la visión socialdemócrata, en algunos casos después de haber confesado una historia de vida con momentos de radicalidad, que culmina en la epifanía de un total abandono de ese pasado. Las intervenciones están salpicadas por lamentos ante el hecho de que la vía socialdemócrata no arraiga en el país (desazón, como se verá, compartida por Krauze); y sobre todo porque la mayoría de la izquierda que predomina en México no ha podido entender las grandes cualidades de aquella corriente política. En este sentido, Bartra dice que la salida socialdemócrata que él ha adoptado desde hace años “tiene muy poca tradición en México” y “es en buena medida una tradición frustrada”. En segundo lugar, es común la crítica mordaz y hasta grosera hacia toda izquierda situada fuera de los parámetros socialdemócratas que ellos han fijado. La izquierda se ve como “desesperada” (una especie de proyección freudiana), “populista”, “autoritaria” y en “proceso de evaporación” (Bartra). No obstante, al mismo tiempo se admite la vitalidad de la izquierda que, según Pipitone, desde hace décadas al menos “domina el escenario cultural“, y que “ha dejado de ser una opción política marginada” (Silva-Herzog Márquez).

El pecado de la izquierda dominante en el país es que, según estos autores, no se decide a asumir claramente su necesario complemento liberal. Y este es el tercer punto que recorre las opiniones de los analistas: es imperativo que la izquierda asimile los valores básicos del liberalismo. La izquierda requiere “el pavimento de la democracia liberal” (Silva-Herzog Márquez); y está obligada a “volver los ojos a las corrientes de pensamiento liberal” (Woldenberg). De hecho, ya colocados en este empeño, varios coinciden en que México requiere que también la derecha asuma el liberalismo: “estamos en peligro de que la tradición liberal tampoco encarne en la derecha” (Bartra), pues el país —completa Silva-Herzog Márquez— “necesita tanto una derecha liberal como una izquierda liberal”. Por lo visto, entonces, el pensamiento liberal tiene la peculiar cualidad de mejorar cualquier posición política. Presas de un universalismo insostenible, para los que así razonan, el liberalismo no es él mismo una posición política (además de socioeconómica y cultural) particular, sino un fantástico ingrediente universal que mezcla bien con todo.

El liberalismo en su laberinto

El historiador Krauze, en un texto incluido en el mismo número de la revista (“Rusia con palmeras”), coincide con los autores mencionados en la evaluación negativa de la izquierda radical (o “revolucionaria”). Su énfasis está puesto en la idea de que la única salida para América Latina es el liberalismo. Su obsesión es que los países latinoamericanos adopten los principios y valores del liberalismo. Y su perplejidad es que, no obstante todos los esfuerzos, los pueblos del continente (y México en especial) parecen inmunes a ese influjo. Para él, por lo visto, la actual revitalización de la izquierda en nuestra región es algo inexplicable y desesperante. Krauze parte de una pregunta: “¿Por qué, a través de la historia, no ha arraigado suficientemente el liberalismo entre nosotros?” Para dar respuesta, recurre a dos “explicaciones” que toma de uno de sus autores liberales favoritos: Isaiah Berlin. La primera dice que se debe a que “nuestros liberales [...] han estado poco dispuestos a recurrir a la violencia para imponer sus ideas”. Aceptando que así fuera (y dejando de lado que los liberales, una y otra vez en la historia, han hecho uso de la violencia cada vez que han podido para imponer sus proyectos), ¿está Krauze adhiriéndose a la tesis de que la violencia es factor esencial del éxito político, algo así como “la partera de la historia”? Como fuere, el hecho es que esta “explicación” tiene el problema de explicar poco. La segunda razón es que “los iberoamericanos, como los rusos, tienden a adoptar las ideologías revolucionarias, en particular el marxismo y sus variantes, con un fervor teológico”. Estas explicaciones, de carácter más psicosocial que histórico, sociológico o antropológico (y por tanto, extrañas en un historiador), tienen el problema de configurar una petición de principio, pues restaría explicar por qué “nuestros liberales”, los rusos y los iberoamericanos se comportan de esa peculiar manera. Tal vez la explicación se encuentre en otra parte: primordialmente en el carácter socioeconómico de nuestras sociedades, en nuestra matriz histórica y estructural, en donde el pensamiento liberal sólo puede ser el proyecto de una élite, la síntesis de los intereses de unas minorías. Pero esta trayectoria analítica es completamente ajena al pensamiento de nuestro historiador.

Más adelante, el autor agrega dos explicaciones adicionales. La de Gabriel Zaid (utilizada por éste en los ochenta para explicar lo que ocurría en países como Nicaragua): el marxismo ha logrado arraigar por su “legitimación académica” que, según él, comenzó con la “bendición de Sartre”, lo que derivó en la “adscripción universitaria del marxismo”. Pero, dado que la mayoría de los liberales son también universitarios y disputan con ventaja, frente al marxismo, la preeminencia en la academia, la explicación igualmente se queda corta y dando vuelta en círculo. (¿Por qué el marxismo logra mayor arraigo universitario y legitimación académica?). La otra es de Octavio Paz. ¿Qué explica la “tenaz persistencia” de las ideologías revolucionarias en la “intelligentsia latinoamericana”? La “falta de critica y autocrítica”, responde Paz. Así que, según esto, un defecto gnoseológico o epistemológico dilucida el asunto: incapaz de darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor (por ejemplo, la caída del muro de Berlín, el afianzamiento neoliberal a partir de los noventa, etc.), la izquierda sigue en su curso revolucionario como si nada hubiera pasado. Aquí ni siquiera se explora qué pulsaciones concretas y persistentes, sociopolíticas y económicas, pudieran descifrar la terca perseverancia de la izquierda (que se da perfectamente cuenta de lo que ocurre).

Agotadas las explicaciones, Krauze concluye con pesadumbre: “En México esa izquierda es hegemónica no por los tirajes de sus libros o periódicos, sino por la influencia expansiva que tienen sus ideas, que se esparcen como círculos concéntricos hasta los centros de enseñanza superior, la prensa y los partidos...” Aunque es dudoso que hoy la izquierda sea “hegemónica” en el sentido riguroso del término (por ejemplo, en términos gramscianos), hay que admitir que el autor da un paso adelante al advertir la fuerza de las ideas de izquierda y su influencia en la sociedad, si bien podría esperarse que tratara de entender de dónde surgen tales ideas (remember: “No es la conciencia lo que determina la vida, sino la vida lo que determina la conciencia”) y el porqué de su influencia. Pero esto último es pedir demasiado.

El profeta de la alborada

Volvamos al libro en comento. Conviene detenerse brevemente en su génesis y motivaciones. La obra es más que una biografía de Hugo Chávez y un análisis político de su gobierno. Se trata de un trabajo orientado no por la sed de conocimiento sobre uno de los movimientos sociopolíticos más interesantes de los últimos tiempos, sino por el propósito de favorecer a la derecha venezolana y, en general, de combatir a la izquierda latinoamericana. Él está en su derecho de hacerlo, pero es útil reparar en ello de inmediato. Todo comenzó el 2 de diciembre de 2007, cuando se realizó en Venezuela un referéndum para decidir mediante el voto si se aprobaban o no reformas a la constitución, propuestas por el gobierno de Chávez. Por primera vez, la oposición de derecha obtuvo un triunfo (aunque estrecho: cerca de 1% de ventaja) al ganar la opción del no. Entusiasmado, Krauze toma de inmediato un avión hacia Caracas. Llega el día 4 de diciembre. Se entrevista con diversos sectores de la radical oposición venezolana (la iglesia, los estudiantes, etcétera). Vuelve a México, dice, con su “cargamento de libros venezolanos”, henchido de optimismo sobre las oportunidades de la derecha y convencido de que había llegado “la hora de tratar de responder con seriedad la pregunta obvia: ¿Quién es, de dónde salio, cómo se construyó el personaje llamado Hugo Chávez?” (6). Krauze encontró su respuesta a la pregunta, pero no es seria.

Hay evidencias para pensar que las cosas no resultaron de un mero impulso por saber quién era Chávez. Hubo otras motivaciones. El venezolano Antonio Sánchez García, en un escrito publicado a fines de 2008 (7), narra que un grupo de connotados personajes de la derecha liberal, él incluido, se reunió a desayunar con Krauze un año antes. Cuando tiene lugar la reunión, dice, “ No transcurrían 48 horas desde el histórico triunfo del NO del 2 de diciembre y los ánimos [de la oposición] estaban exultantes”. Al parecer, Krauze se encontraba en igual estado de éxtasis. A tal punto que se animó a tomar el papel de organizador. Entusiasmado, Sánchez García reflexiona que no imaginaron que “ de esa reunión nacerían dos iniciativas muy importantes: un maravilloso libro sobre Hugo Chávez [...] y un movimiento civil [...]: el Movimiento 2 de Diciembre Democracia y Libertad. Como lo recuerda [Krauze] en su libro, y ya lo habíamos olvidado, fue él quien tuvo la feliz ocurrencia de señalarnos que esa fecha tenía resonancias magnéticas y podría servir de nombre a un gran movimiento de opinión. Su propuesta no cayó en saco roto”. Sánchez confirma que Krauze regresó a México lleno de contento, con su cargamento “de libros”; pero no sólo de eso: también, dice, “de consejos, de apreciaciones sobre pasado, presente y futuro de nuestro atribulado país”. Esto es, impregnado del punto de vista de la derecha local. Esa fue materia prima importante del libro sobre Chávez que Krauze publicaría meses después y que permite entender su delirante talante analítico. No es extraño que el libro parezca escrito por un político de la oposición venezolana (sus mismos tópicos, su agresividad desenfrenada, etc.) y no por un historiador.

Antes de despedirse, Krauze adoptó un tono profético: "Están ustedes viviendo un despertar y puede que la alborada les ande rondando muy cerca", recuerda Sánchez García que les dijo. Y agregó: "de lo que aquí suceda dependerá el destino de Centroamérica, de México y de América Latina". Krauze estaba admirado por “el despertar de un sentimiento auténticamente democrático y liberal” en Venezuela, así que prometió reunirse de inmediato con los líderes estudiantiles antichavistas, “pues un movimiento estudiantil situado ideológicamente en las antípodas del guevarismo castrista”, y universitarios “que luchan por la democracia y practican un credo liberal”, le parecían fenómenos extraordinarios. La verdad es que Sánchez García también estaba encantado con Krauze, “un intelectual de aspecto anglosajón”. Como éste, el venezolano lamentaba que el liberalismo no contara “con buena prensa en nuestra región”, cuando lo que necesitaba América Latina era “Una gran dosis de liberalismo”. Ocurrió que, por “casualidad”, Krauze y Mario Vargas Llosa (otro cruzado del liberalismo radical) coincidieron en Caracas. Y entonces nuestro cronista ya no se contiene: “ La presencia de Enrique Krauze y de Mario Vargas Llosa entre nosotros no constituye ninguna coincidencia”; el hecho es “síntoma anunciatorio del palpitar de los nuevos tiempos: la apertura hacia nuevos horizontes históricos”. En un arrebato final, Sánchez García cree ver que “la alborada que vaticinó Enrique Krauze [un año antes] parece asomarse por sobre las cimas del Ávila [...]. Los tiempos se anuncian buenos. La visita de nuestros queridos amigos se cumple bajo los mejores augurios”.

¿Qué era toda esta alharaca sobre “alboradas”, “destinos” y “horizontes históricos”? Los visitantes y sus huéspedes se referían a las perspectivas de triunfos arrolladores de la derecha “liberal” que veían estar próximos, luego del mencionado referéndum del 2 de diciembre, primera victoria obtenida frente a Chávez después de diez intentos. Pensaban que en las elecciones intermedias del 23 de noviembre de 2008 se alzarían con una victoria que sería el preludio del desalojo del chavismo y su gloriosa vuelta al poder. Dado que Chávez estaba imposibilitado de reelegirse, esto se veía al alcance de la mano. Pero era mucho lo que estaba en juego, pues efectivamente de lo que ocurriera en Venezuela dependía en buena medida el futuro político latinoamericano. Había que pisar el acelerador a fondo y utilizar todas las armas disponibles. El libro de Krauze era un esfuerzo, por más modesto que fuera, encaminado a reforzar los designios de la oposición, presentando una imagen negativa del gobierno bolivariano, y a Chávez como un personaje maligno, “regresivo”, “mesiánico” y, sobre todo, “peligroso” (¿les suena?) no sólo para Venezuela sino para toda América Latina. De ahí que, publicado el libro, se multiplicaran las presentaciones (en Venezuela, España) y las entrevistas de agencias y periódicos al autor, para darle la resonancia política en el proceso venezolano que se avecinaba.

Sin embargo, las cosas no marcharon según lo planeado. El chavismo obtuvo la delantera en las elecciones estatales y municipales de noviembre de 2008 (quedándose con la mayoría de los gobernadores y alcaldes), aunque la oposición mantuvo su presencia en zonas importantes (sobre todo por su densidad urbana). Así que las “dos iniciativas” de Krauze para alcanzar la “alborada” y abrir los nuevos “horizontes históricos” se quedaron, por así decirlo, muy cortas. Y vendría inmediatamente una iniciativa de Chávez que darían un vuelco al panorama político: el referéndum, convocado para el 15 de febrero de 2009, a fin de definir el tema de la postulación indefinida o irrestricta (que no la “reelección indefinida”, según el lenguaje de la derecha), en el que el alcanzó el triunfo con cerca de 10 puntos de ventaja sobre el no. La oposición “despertaba”, como auguró Krauze, pero de una pesadilla. El horizonte y los buenos augurios se desvanecían. Son hechos como estos los que permiten entender la mencionada proyección que subyace a las referencias de los nuevos liberales cuando hablan de “desesperación”, atribuyéndola a la izquierda. Están consternados y se sienten impotentes ante los avances de la izquierda en un número cada vez mayor de países latinoamericanos en el lapso de la última década. No han podido derrocar por la fuerza el proyecto bolivariano, y el contexto interno e internacional lo hace cada vez más difícil, mientras hasta ahora el chavismo se muestra electoralmente firme.

El mandato de Octavio Paz

Como es su costumbre, en El poder y el delirio, Krauze navega con la bandera de la obra y figura de Octavio Paz —que considera casi como su herencia personal—, al que cita venga al caso o no. Por eso, no es raro que encontremos pasajes verdaderamente asombrosos en un libro que busca desentrañar un proceso contemporáneo (la trayectoria y el gobierno de Hugo Chávez). Krauze hace que Paz regrese de ultratumba para llevar a cabo un análisis político, ideológico y psicológico de la figura de Chávez. Es práctica común que un autor se base en otro para realizar sus análisis. Pero, yendo más allá, los pasajes de Paz que Krauze cita sirven no sólo para armar su crítica a Chávez, sino para hacer un juicio general de las tendencias políticas y los gobiernos progresistas de la actual América Latina, aparte de otros excesos. El propósito que subyace a todo esto es, sin embargo, político-ideológica: Krauze quiere recordar a sus pares (los intelectuales de la “izquierda liberal”) que Paz dejó un mandato político claro y terminante. Si Paz fue el profeta de la misión, Krauze es el apóstol que puede llevarla a buen término.

En el capítulo VIII, en donde se encuentran sus juicios sustantivos, Krauze comienza en un tono bajo: “nunca me atrevería a afirmar con certeza lo que Paz habría pensado porque, sencillamente, no está aquí”. Sólo se trata de buscar “claves”. Paz pensaba que hasta mediados del siglo XX, la democracia era aceptada como el fundamento de la legitimidad política. Pero en 1959 ocurrió un cataclismo con la revolución cubana: se impuso una nueva legitimidad “revolucionaria” en América Latina que, según glosa Krauze, ya no requería “de procesos electorales ni libertades cívicas ni de instituciones republicanas”. Esto conspiraba de un modo más profundo contra la democracia, interpreta Krauze, que las mismas dictaduras militares. Entonces Paz se consagra a desentrañar “las raíces dogmáticas” de la nueva legitimidad revolucionaria. Esta operación puede sintetizarse en el acoplamiento de varias generalidades sobre la tradición hispánica que, según el autor, permiten entender las tendencias políticas que abrió la revolución cubana. Aunque elementos claves de esa tradición se encuentran en sociedades de otras raigambres, se construye un patrón que supuestamente explica la particular explosión revolucionaria estimulada por la gesta cubana. Esas generalidades, poco atentas a las especificidades históricas, no son raras en la obra de Paz. El hecho es que el poeta —quien, según Krauze, había simpatizado con cierto talante de la izquierda e incluso con los revolucionarios cubanos— devino un crítico apasionado de la revolución, conforme la guerra fría llegaba a su climax y se acercaba a su desenlace. En suma, el camino de Paz fue un movimiento desde la “izquierda” hasta su conversión, dice Krauze, en “un líder intelectual de la disidencia liberal y socialdemócrata al marxismo revolucionario”, que prevenía, desde 1982, sobre los riesgos de una “revolución” que era un regreso al viejo absolutismo ibérico. El itinerario de Paz le parece especialmente importante a Krauze, pues es una advertencia para los jóvenes que “han abrazado de nuevo [...] el viejo sueño de la revolución, hoy encarnado en el comandante Hubo Chávez...” De eso se trata.

El tono de Paz era el de un profeta sombrío que predicaba acerca de una amenaza: la revolución y los sueños socialistas. Pero ya para 1989, los vientos habían cambiado: Paz rebosaba de optimismo y estaba en condiciones, dice Krauze, de profetizar “el fin de la revolución”, pues se asistía a una serie de cambios que le permitía al poeta anunciar “el ocaso del mito revolucionario” en Europa occidental y “el regreso de la democracia en la América Latina”. Todo bajo los auspicios de lo que Paz denominó el “liberalismo democrático”. ¿Cómo lo concebía el poeta? De un modo que a estas alturas nos resultará familiar: “Debemos —escribió Paz— repensar nuestra tradición, renovarla y buscar la reconciliación de dos grandes tradiciones políticas de la modernidad, el liberalismo y el socialismo. Me atrevo a decir que éste es ‘el tema de nuestro tiempo’” (8). Tal búsqueda es la tarea que hereda Paz a Krauze y, por lo visto, a través de éste a algunos intelectuales antes citados.

Por eso Krauze, en su papel de intérprete privilegiado, inmediatamente entra en un experimento divertido, que consiste en adivinar lo que Paz habría pensado de Hugo Chávez. Krauze dice que nunca habló con Paz sobre Chávez, pero está “seguro” de que no habría visto en éste la “reconciliación” de las tradiciones que había recomendado el maestro. Más aún, conjetura sobre el sarcasmo que habría pronunciado Paz sobre Chávez, citando a Marx. Es una fase delirante, en la que Krauze no habla de lo que Paz pensó en su momento, sino de lo que el historiador vaticina que diría Paz sobre Chávez. Un curioso ejercicio de profecía retroactiva.

Lamentablemente, Krauze no continúa con este método innovador, porque tal vez tendría que profetizar (retrospectivamente) que Paz habría lamentado el carácter fallido de su profecía sobre “el ocaso del mito revolucionario”. Pues la razón principal por la que Krauze se ve embarcado en ardorosas críticas contra Chávez es porque, a pesar de los anuncios sobre el triunfo de la socialdemocracia (liberal) en América Latina y el ocaso del socialismo, resurgieron con más fuerza en la región los proyectos populares que ponen en el núcleo de sus afanes los cambios del modelo neoliberal e incluso la meta de un “socialismo del siglo XXI”, todo ello acompañado por la propagación de proyectos revolucionarios (la “revolución bolivariana” en Venezuela, la “revolución cultural y democrática” en Bolivia, la "revolución ciudadana" en Ecuador ). El mismo año en que Paz anunció el cambio de dirección, el nuevo proceso de rebeldías tuvo un primer centelleo en el Caracazo, que desembocaría en el gobierno bolivariano. Un segundo momento destacado fue el levantamiento zapatista de 1994, que todavía Paz alcanzó a contemplar y examinar. Su impresión, por cierto, fue que el neozapatismo había renovado el “culto a la violencia”, que la sublevación era “irreal” y estaba “condenada a fracasar” y que el desenlace militar sería “rápido”.

El proyecto bolivariano encarna este nuevo ciclo de rebeldías de manera destacada, y es por esa razón que Krauze enfila sus baterías en primer lugar hacia el líder de ese movimiento. Desde luego, el objetivo es más amplio: contener los nuevos aires antineoliberales y gradualmente anticapitalistas que se arremolinan en la región. Esto es visto por el grupo de que Krauze hace parte como una verdadera calamidad. De ahí las arremetidas y, como complemento, la arrogancia de asumir el papel de consejero de aquella izquierda que se empeña en ignorar el nuevo derrotero trazado por su maestro en 1989. Se produce así un hecho insólito: desde posiciones conservadoras se le indica a la izquierda qué es lo que le conviene, y se le sermonea cuando ésta no hace caso.

La pequeña internacional liberal

Krauze no está solo en su cruzada contra el retorno de los sueños revolucionarios. Se articula con otros personajes y grupos. Así, podríamos hablar de una especie de “pequeña internacional liberal”, cuya característica más notable es su acentuado perfil conservador. No es extraña la cercanía de Krauze con posiciones como la del Partido Popular español y su dirigente José María Aznar (quien condecoró a aquél en 2003, en medio de ditirámbicos elogios mutuos) ni que ambos participen en jornadas y proyectos políticos conjuntos. Uno de esos trabajos “a la limón” fue el que realizaron en México en medio de la campaña presidencial de 2006. Sin el menor rubor, se presentaron juntos para apoyar al derechista Felipe Calderón, candidato del PAN, uno de los partidos más conservadores y retardatarios del continente. Así que cuando Krauze se presenta como liberal y socialdemócrata, y al mismo tiempo apoya a la derecha más ultramontana, uno no sabe qué pensar: o no entiende una palabra sobre las tendencias políticas de que habla (y a las que dice adherirse) o no tiene ningún respeto por la inteligencia de los demás. También hay que incluir a otros intelectuales dedicados a las letras, como es el caso de Mario Vargas Llosa. No es efectivamente casual que Krauze haya coincidido con Vargas Llosa en Venezuela en la ocasión indicada.

A juzgar por los resultados, las andanzas del grupo por Venezuela no han resultado muy exitosas. Es posible que incluso hayan fortalecido las posiciones de la izquierda local. Más que de empuje, su activismo es expresión de las debilidades de los conservadores venezolanos. La oposición en Venezuela carece de intelectuales propios, con suficiente preparación e impacto público para impulsar sus posiciones políticas y, sobre todo, para promover la unidad entre sus crispados componentes, peleados entre sí. Por ello recurre a intelectuales foráneos que forman una suerte de “grupo de tarea” (o “grupo de acción rápida”), el cual acude presuroso a brindar apoyo a sus pares de la derecha.

Las deformaciones de Krauze

El libro de Enrique Krauze es en su mayor parte una retahíla de descalificaciones contra el mandatario venezolano, sin que el autor eche en falta los argumentos. Las cosas son así, porque Krauze dice que son así: Chávez es un autoritario, un dictador que quiere mantenerse en el poder indefinidamente. No importa que Chávez haya cumplido una y otra vez con los requisitos de la “legitimidad” democrática que señalaba Paz (recuérdese: elecciones, libertades cívicas e instituciones republicanas). Es intrascendente que el político bolivariano se haya sometido a la voluntad popular mediante elecciones libres. Chávez lo ha hecho en doce ocasiones. Al parecer, ese es un requisito esencial y hasta suficiente cuando se trata de políticos que se comportan de un modo distinto a Chávez (por ejemplo, como seguidores ciegos de las recetas neoliberales), pero es irrelevante cuando se trata de un líder que desafía los dogmas del “libre mercado”, la “desregulación” irresponsable y no practica la total indolencia frente a las necesidades de las grandes mayorías, empobrecidas e impedidas de ejercer derechos fundamentales. En este caso, no hay nada de democracia; se trata de un “monarca absoluto” y de un mesiánico (uno de los descalificativos favoritos de Krauze, utilizado hasta la infamia contra López Obrador en 2006). Más aún, el requisito de la limpieza democrática es una exigencia rigurosa para la izquierda, pero puede exonerarse de ello a la derecha. Como se vio, Krauze no tuvo empacho en apoyar al candidato derechista Felipe Calderón, dedicado a la guerra sucia contra su principal adversario; y cuando Calderón es declarado ganador “haiga sido como haiga sido” —según sus propias palabras— el historiador liberal no muestra desazón ni se dedica a combatirlo con pasión democrática.

Tampoco basta que durante la gestión de Chávez se hayan respetado las libertades fundamentales, aún frente a sectores opositores que no descansan un momento en su tarea de minar las instituciones y promover la violación de las leyes (incluyendo la incitación al magnicidio). La oposición que el liberal Krauze apoya es una que llegó al punto de asaltar las instituciones republicanas que tanto ponderaba Octavio Paz, mediante un golpe de Estado; e inmediatamente que se hicieron del poder con un procedimiento tan “democrático”, pasaron a destituir a los representantes libremente electos, perseguir a las autoridades defenestradas, encarcelar y maltratar a los adversarios. No fueron ni siquiera compasivos. Poseídos por la furia democrática, disolvieron las instituciones. El fascismo asomó su rostro de espanto. Es una historia larga. Fue un episodio cargado de vileza y violencia implacable. Sin embargo, los que hicieron todo esto y más, que no tienen ni una pizca de liberales (en su sentido prístino) ni de democráticos, ni respetaron las libertades ni las instituciones republicanas (como aconsejó el maestro Paz), le parecen hoy a Krauze personas “ que luchan por la democracia y practican un credo liberal”. En cambio, un gobierno en el que no se registran encarcelamientos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras canalladas tan comunes en otros países, sólo le merece a Krauze desprecio y condenas; y el líder que —una vez repuesto en el poder por la insurrección de sus compatriotas— no se vengó de sus verdugos ni afectó sus propiedades ni cerró los medios de comunicación promotores del golpe, etcétera, le parece un corrupto y un violador de los derechos humanos. Si Krauze fuera más cuidadoso se daría cuenta de que al obviar las vilezas de sus defendidos, éstas se transfieren a él; que al ser tan injusto y parcial en su evaluación, la iniquidad y el dogmatismo se convierten en sus rasgos distintivos.

Con tal de denigrar a Chávez, Krauze llega hasta a inventarse un “decálogo” que, según dice, el líder bolivariano “ha establecido” con “el pueblo”. En él se disponen injurias como estas: el pueblo “carece de derechos individuales”; sólo puede recurrir a la “aglomeración” para hacerse escuchar; es libre sólo para emprender protestas; es propiedad del caudillo... Por cierto, el autor ya había utilizado el recurso del decálogo inventado para aplicárselo a López Obrador y a todo gobernante latinoamericano que se aparta del guión neoliberal, acusándolos de incurrir en “populismo” (9). Es un método indigno de un intelectual. Y además, en el caso que nos ocupa, más que un ataque a Chávez, resulta una cruel ofensa al pueblo venezolano.

Es imposible en este espacio limitado abarcar el catálogo completo de insultos, engaños y falsedades que acumula el autor en su obra. Sólo señalo algunos ejemplos:

1) “Chávez es uno de los hombres más ricos del mundo”. Según esto, Chávez debería estar en la lista Forbes de los multimillonarios del mundo. Retoma un intento similar de difamar a Fidel Castro (atribuyéndole el erario como riqueza personal). Los difamadores de éste se atrevieron a decir que tenía cuentas secretas en el exterior, lo que era una calumnia pueril. Krauze no se arriesgó a tanto.

2) Al expulsar a la camarilla que manejaba a su antojo a la empresa petrolera (PDVSA), Chávez “realizó la privatización más grande de la historia” —dice Krauze—, pues “es ahora su propiedad”. Una descarada inversión de la historia: los que hicieron de la empresa pública PDVSA el botín privado de una pequeña oligarquía, ahora resultan víctimas: los privatizadores por excelencia se convierten en privatizados, y el que regresó su carácter público a la empresa, fue su privatizador.

3) Se acusa a Chávez de “propensión a monopolizar la educación”. ¿Así que hacer pública y gratuita la educación, equivale a monopolizarla? Aquí reverberan las pretensiones de los jerarcas de la iglesia católica y otros sectores retardatarios que prefieren una educación elitista y cargada de ideas religiosas. Los socialdemócratas europeos se asombrarían de este liberalismo de púlpito.

4) Chávez no es “un campeón de la democracia”, pues aunque ha realizado “varios procesos electorales”, lo ha hecho “en un contexto creciente de asfixia de todas las libertades públicas y control total de los poderes republicanos”. La “asfixia” de libertades parece referirse al tópico de la falta de libertad de prensa y expresión en Venezuela. Una piedra de escándalo en ciertos medios externos y caballito de batalla de la oposición interna. Se acusa a Chávez de perseguir o restringir a los medios, de violar la libertad de expresión. No salgo de mi asombro. Cualquier persona medianamente imparcial que visite Venezuela puede comprobar por sí misma que existen pocos países en el mundo en donde el sector privado, opositor al gobierno, tenga un control tan extraordinario sobre los medios. Hablo en términos cuantitativos y cualitativos: no sólo se trata de que domina la mayoría de los medios, sino también los más poderosos y penetrantes (los electrónicos, sin faltar los impresos: diarios, etc.). De hecho, puede decirse que el factor integrador de la oposición venezolana son los medios; y éstos funcionan en su conjunto como su partido político. Cuando uno lee, ve o escucha los medios venezolanos, se da cuenta de que es un país que disfruta de una gran libertad de expresión, que en ocasiones raya en el libertinaje (desde el punto de vista de la normatividad vigente). Esos medios de oposición se dan el lujo no solo de mentir, sino de violar las leyes abiertamente en forma aún más grave (por ejemplo incitando al magnicidio, es decir, al asesinato del presidente). En Estados Unidos y en otros países, ese delito tendría como consecuencia la cárcel para sus autores. No en Venezuela. Los medios opositores deforman los hechos y difunden mentiras, y no de manera esporádica o por error sino de manera intencionada y sistemática. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido censurado o cerrado. Recuerdo un caso que me impresionó. Estando en Venezuela hace año y medio, leí en un diario de derecha la denuncia de que, en las escuelas, el gobierno estaba distribuyendo armas largas automáticas a los niños. La información se publicaba como verdad incontestable; hasta incluía fotos de las armas. En cualquier otro país hubiera sido materia de un escándalo gigantesco y de una investigación a fondo. Al parecer las autoridades no se vieron en la necesidad de realizar tal pesquisa. La noticia era tan evidentemente mentirosa que se esfumó como un suspiro. Se trataba de un infundio. La gente que hace cosa como esas, es la que grita (por los medios) que no hay libertad de expresión.

5) Examinemos el segundo asunto del punto anterior: el relativo al control de los poderes. Quizá el autor se refiera sobre todo a la Asamblea Nacional (congreso), en donde no hay ninguna representación de la oposición. Es verdad. Pero no puede ocultarse el hecho de que si no hay opositores allí es porque éstos decidieron no participar en las elecciones correspondientes, apostando a llegar al poder por otros medios, no precisamente democráticos y lícitos. Ahora los dirigentes están arrepentidos, consideran que su apuesta fue un error y han declarado que piensan participar en las próximas elecciones para ese órgano de poder. Hacen bien.

6) Ninguna de las “misiones” (en materia educativa, de salud, alimentaria, etc.) creadas por el gobierno, dice Krauze, “ha alcanzado los resultados que se pretenden. Su mayor impacto ha sido cultural”. Hombre, no es un resultado despreciable ni menor. Pero no es toda la verdad. Son muchos los que pueden ver los buenos resultados (incluyendo todo género de agencias internacionales, ONG, etc.). Por ejemplo, los datos que proporcionan fuentes nada sospechosas de chavismo, como la CEPAL y Naciones Unidas, muestran que las condiciones en Venezuela han cambiado favorablemente para los sectores populares en el campo de la educación (hace poco, Venezuela fue declarada por la UNESCO como país libre de analfabetismo), la salud, la alimentación, entre otros. Pero sobre todo, los que pueden ver claramente resultados son los millones de pobres beneficiados. Hay que apuntar también en esta lista a una buena proporción de los de ciudadanos de clase media y hasta a miembros de la clase alta. Pero ni éstos ni Krauze están dispuestos a verlo.

Y aquí radica en buena parte el problema del libro de Krauze: está atravesado por una visión recortada e ideológicamente sesgada. No es que no pueda ver, sino que no quiere ver. O mejor: sólo quiere ver lo que sus propósitos políticos y sus compromisos ideológicos le marcan. Es por eso que, para él, el proyecto bolivariano ha fracasado en todos los frentes, Chávez es un peligro insoportable y el paisaje sociopolítico de Venezuela es desolador. Los matices, cuando se ve obligado a hacerlos, son solamente para confirmar la regla absolutamente negativa que ha construido su propio prejuicio.

Para caracterizar este estado de ánimo, Roberto Hernández Montoya ha usado el término negacionismo. Se refiere a una imbatible negación de los hechos que, a veces, raya en lo ridículo. Para los afectados, el costo es no entender nada de lo que pasa a su alrededor. Los negacionistas, explica, no pueden ver “las misiones, niegan puentes, niegan autopistas, niegan la alfabetización, niegan los cientos de miles de personas que recuperaron la visión [...], las decenas de millones de libros a bajo precio o gratuitos. Niegan todo. Niegan los beneficios de la abolición del crédito indexado, indizado o mexicano. Se curan en un módulo [de salud] de Barrio Adentro y lo niegan. Pierden un realero en el Stanford Bank [que estafó a un número indeterminado de venezolanos por más de 2 mil millones de dólares] y lo niegan o la pagan con Chávez con la argumentación idiota de que por su culpa corrieron hacia el Stanford, temerosos de que Chávez les incautase su dinero. No lo ha hecho en diez años, la empresa privada ha seguido su curso de exacción, ganando dinero como nunca antes y todavía temen más a Chávez que a Stanford. Ser idiota es el lujo más costoso”. Enseguida explica que el desorden de la conducta que designa el negacionismo “no es solo negar algo, sino también ocultarlo, ignorarlo en una cortina de silencio estridente. Fue patético cómo los medios golpistas silenciaron el segundo Oscar que [en la última entrega] se ganó Sean Penn [actor estadounidense que simpatiza con la causa bolivariana]. No ven la obra de gobierno, pero cuando ponen una cadena [televisiva] para que al fin la vean, entonces apagan el televisor o se van a un canal por cable. Exilio interior. No quieren ver, no sea que tengan que admitir lo que no quieren admitir: que este es el único gobierno bueno en lo que va de República. No es perfecto, ¿alguien dijo que lo era?, pero es el mejor” (10). Es —digo yo— lo mismo que le pasa a Krauze.

* El autor es profesor-investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Director de la revista Memoria. Obras recientes: El canon Snorri. Diversidad cultural y tolerancia, UACM, México, 2004; El laberinto de la identidad, UNAM, México, 2006, y Elogio de la diversidad. Globalización, multiculturalismo y etnofagia, Casa de las Américas, La Habana, 2008 (Premio de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada, Casa de las Américas 2008).

Notas:

1. Tusquets Editores, México, 2008.

2. Anthony Giddens, La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia, Taurus, España, 1999.

3. H. Díaz-Polanco, “La tercera vía. Un balance crítico”, en Boletín de Antropología Americana, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 34, México, junio, 1999.

4. José Antonio Crespo, 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, Random House Mondadori/Debate, México, 2008.

5. Cf. Letras Libres, año X, núm. 113, mayo de 2008.

6. Enrique Krauze, “Viaje a Caracas”, Letras libres, noviembre de 2008, p. 25.

7. Antonio Sánchez García, “Krauze y Vargas Llosa en Caracas”, El Nacional, Caracas, 6 de diciembre de 2008.

8. Citado por Krauze en El poder y el delirio, op. cit., p. 330. Cursivas nuestras.

9. Al menos desde 2005, Krauze viene publicando “decálogos” contra el “populismo”, adaptándolos a las coyunturas políticas de distintos países (México, Venezuela, etc.). El de más amplio alcance lo dio a conocer en España: E. Krauze, “Decálogo del populismo iberoamericano”, El País, 14 de octubre de 2005. Se trata de una lista simplista, fundada en los tópicos del liberalismo más atrasado, sobre los pecados en que incurren los políticos que no son gratos a los intelectuales conservadores. El sentido del artículo de Krauze lo analizó certeramente Emir Sader (“ El populismo: su más completa traducción”, Alai-Amlatina, 14 de noviembre de 2005 ). Estas frases lo resumen: “ Este decálogo —dice Sader— es una radiografía de cuerpo entero del cinismo liberal [...] En la era neoliberal, la palabra populismo sirve para intentar descalificar la prioridad de lo social: eje de la alternativa posneoliberal”.

10. Roberto Hernández Montoya, “Negacionismos”, en Aporrea, Caracas, 1 de marzo de 2009.

viernes, marzo 20, 2009

Quién ganó y quién perdió con las “narcoprotestas”

Kristin Bricker*
Rebelión
12 de marzo de 2009
Original: Narco News**
Traducción: Germán Leyens


Calderón y los militares son héroes; los organizadores sociales y los pobres son satanizados

El 9 de febrero de 2009, varios cientos de jóvenes con rostros cubiertos bloquearon importantes carreteras en Monterrey, Nuevo León, en una serie de acciones altamente coordinadas, paralizando la ciudad de 1,1 millones de habitantes. Los manifestantes volvieron casi cada día durante más de una semana, con acciones supuestamente coordinadas por jóvenes con teléfonos celulares Nextel. Cada vez que los manifestantes volvieron a bloquear las arterias, los acompañaban más mujeres con niños pequeños en sus brazos.

Al principio, los motivos de los manifestantes no eran evidentes. Luego hicieron saber que protestaban contra el uso de los militares en la guerra contra la droga. Específicamente, demandaban la retirada del Ejército de funciones de policía civil y la renuncia del comandante de la 7ª Zona Militar, Cuauhtémoc Antúnez Pérez.

Dentro de días de la primera protesta, los militares mexicanos – que fueron desplegados a Nuevo León por el presidente Felipe Calderón en febrero de 2007 para combatir el crimen organizado – arrestaron a seis presuntos miembros de los Zetas, la organización fundada por desertores del Ejército mexicano que trabajan para organizaciones de narcotráfico. El gobierno acusa a los seis de dirigir las manifestaciones que crearon caos en Monterrey. Entre los arrestados está Juan Antonio Beltrán Cruz. Los militares dicen que encontraron armas de fuego ilegales y 71 mochilas repletas de útiles escolares en su camioneta. Beltrán Cruz iba supuestamente a vecindarios pobres a fin de seducir a padres y jóvenes para que participaran en las protestas.

Algunos manifestantes también admitieron ante el gobierno y los medios que se les pagaba por participar entre 200 y 1.000 pesos (entre 13 y 70 dólares), que las mujeres recibían más dinero, y las mujeres con niños pequeños en los brazos recibían el máximo.

El 17 de febrero, el día de las protestas más intensas en Monterrey, bloqueos de protesta contra el Ejército ocurrieron en Reynosa y Matamoros en el Estado de Tamaulipas; varias ciudades en Veracruz; y Ciudad Juárez, Chihuahua.

El 18 de febrero, los militares comenzaron a patrullar las calles de Monterrey. Los manifestantes desaparecieron.

El 19 de febrero, el presidente Felipe Calderón hizo un discurso conmemorando el Día del Ejército Mexicano en la base de la 7ª Zona Militar en Monterrey. En su discurso, calificó de “cobardes” a los cárteles de la droga por pagar a mujeres, niños y personas mayores para que manifestaran, y declaró que el Ejército no volvería a sus cuarteles hasta que la policía civil tenga la capacidad de continuar la lucha.

No son manifestaciones normales

Narco News habló con una partidaria de la Otra Campaña de los zapatistas en Ciudad Juárez sobre las manifestaciones del 17 de febrero que cerraron tres puentes internacionales en esa ciudad. Ella participa activamente en múltiples redes de organización en toda la ciudad y dice que conoce a la mayoría de las organizaciones sociales y sabe de protestas antes de que ocurran. Desea mantener el anonimato por su propia seguridad. Dice a Narco News que dos de los tres bloqueos fueron publicitados antes de que ocurrieran y que organizaciones conocidas –taxistas y familias de personas desaparecidas– participaron en ellas. Su enfoque particular en el Ejército fue nuevo –los taxistas generalmente protestan contra las políticas contra el Secretario de Transporte Público respecto a placas para taxis, la falta de paradas para taxis, y otros temas relacionados con su trabajo. De la misma manera, las familias de los desaparecidos generalmente protestan contra la violencia, la inseguridad, y la militarización, pero nunca se concentran sólo en el Ejército.

La tercera protesta, sin embargo, fue “muy extraña” dice. No fue anunciada antes de que ocurriera. Dice que ella conoce a la mayoría de los organizadores de la ciudad, pero que cuando observó la protesta en las noticias, “no vio una sola cara conocida.” Aunque dice que las manifestaciones del 17 de febrero no tuvieron nada de característico para Ciudad Juárez, dice que no fueron ni aproximadamente tan extrañas como las protestas que ocurrieron en Monterrey.

En Monterrey, los organizadores locales supieron de inmediato que la protesta contra el Ejército no era su protesta normal. Un colectivo basado en Monterrey que adhiere a la Otra Campaña dijo a Narco News que está en contacto con la mayoría de las organizaciones sociales en la ciudad que realizan manifestaciones, y que ninguna de ellas conocía a algunos activistas u organizaciones que participaron en las protestas. Ni siquiera sabían que las protestas tendrían lugar hasta que ocurrieron –no hubo avisos por correo electrónico ni volantes en las calles llamando a la gente a manifestarse.

Don Héctor Camero de la ONG basada en Monterrey, Tierra y Libertad, también supo de inmediato que esa manifestación era diferente. Dijo a Radio Bemba que grupos que participan en las protestas usualmente se dan a conocer, a sus organizaciones, y sus demandas. No fue el caso con las protestas contra el Ejército. Los manifestantes se mantuvieron anónimos, incluso con las caras cubiertas. No hicieron conocer de inmediato sus demandas, y no expresaron de qué manera habían sufrido desde que el Ejército salió a las calles en su ciudad.

Camero sabe que por lo menos algunos de los participantes fueron pagados. Contó a Radio Bemba cómo el miembro de la familia de un amigo aceptó 500 pesos por participar. El dueño de casa acababa de perder su trabajo, y alguien ofreció a su mujer 500 pesos para que participara en un bloqueo. Ella aceptó la oferta.

Seguidores de la Otra Campaña de Monterrey también empezaron a sospechar cuando vieron la reacción policial ante la protesta. Aunque esta protesta fue una de las más agresivas que Monterrey haya visto en la historia reciente, la policía se mostró más considerada que con protestas anteriores. No hubo quema de barricadas en las calles de Monterrey durante manifestaciones normales, dice la fuente de Narco News. Pero cuando entre 80 y 90 jóvenes incendiaron una barricada en la Avenida Fidel Velásquez durante las protestas contra el Ejército, la policía prefirió el diálogo a la represión. “Si las organizaciones sociales hubieran hecho eso, habría habido una represión muy violenta,” dijo un partidario a la Otra Campaña que desea guardar el anonimato por temor a represalias.

Camero está de acuerdo: “Los jóvenes se reúnen en la Plaza del Colegio Civil en Monterrey. En cuanto los jóvenes comienzan a congregarse, la policía interviene. No dejan que los jóvenes se reúnan. Ellos [los jóvenes] muestran allí películas educativas, políticas y cívicas – lo que no es un pecado – y ellos [la policía] no permiten que realicen sus actividades culturales. Los expulsan de la plaza. Pero en este caso [las “narco protestas”], la policía actuó con mucha prudencia”.

La reacción “prudente” de la policía y del Ejército ante las protestas es ampliamente documentada en los medios mexicanos. Aproximadamente 50 personas fueron detenidas durante una de las protestas. Fueron liberadas horas después, una vez que pagaron una fianza de 500 pesos. Gracias a las draconianas leyes mexicanas sobre el crimen organizado, esa gente, a la que el gobierno acusa de trabajar para los cárteles de la droga, podría haber sido retenida sin fianza –pero no fue lo que ocurrió. Reforma informa que una joven fue detenida en la Avenida de la Constitución, pero fue liberada minutos más tarde. Poco después fue vista bloqueando la Avenida Gonzalitos.

No se sabe por qué la policía se condujo con tanta prudencia. La razón oficial del gobierno local es que tantas mujeres, gente ya mayor, y niños participaron en las protestas. La fuente de Narco News en Monterrey habla de rumores de que la policía había recibido amenazas. Es una posibilidad: el día después que la policía arrestó al presunto Zeta, Beltrán Cruz, con una subametralladora de 9 mm y 71 mochilas en su poder, un comandante de la policía involucrado en su aprehensión fue asesinado a plena luz del día. Los atacantes le dispararon tantas veces que su cara quedó irreconocible. Los cartuchos recuperados en la escena del crimen muestran que por lo menos algunas de las armas usadas –una subametralladora de 9 mm y un rifle de asalto– están limitadas por la ley mexicana al exclusivo uso militar (aunque la ley no ha impedido que esas armas terminen en las manos de miembros del cártel de la droga).

Los ganadores y perdedores en las “narcoprotestas”

Durante las “narco protestas,” la atención del mundo se concentró en un aspecto: ¿Quién estaba tras las protestas? El gobierno dice que el cártel del Golfo y sus asociados armados, los Zetas, organizaron las protestas de Monterrey. Hay quien ha especulado en silencio que el propio gobierno organizó las protestas para reforzar la popularidad del Ejército. La verdad es que nadie, a excepción de los propios organizadores de la protesta podrá llegar a saber quién fue realmente el responsable. Por ello, la verdadera pregunta no es “¿quién lo hizo?” sino “¿por qué lo hicieron?”

El razonamiento tras la cuidadosa planificación y magistral ejecución de las protestas de Monterrey se comprende mejor si se evalúa quién salió ganando y quién perdió cuando por fin terminaron las “narco protestas”.

Los ganadores

El presidente Felipe Calderón: Calderón se presentó con una plataforma de “pegarle duro al crimen organizado.” Días después de hacerse cargo de su puesto, tomó la muy controvertida decisión de desplegar soldados a Estados donde consideraba que se había perdido terreno ante los narcotraficantes. Desde entonces, la violencia por la droga ha aumentado vertiginosamente: en 2008, la cantidad de asesinatos relacionados con el crimen organizado ha más que duplicado el total de 2007, haciendo que la guerra a la droga sea más letal que las propias drogas. Sin embargo, el día en que llegó a la base del Ejército en Monterrey para pronunciar su discurso del Día del Ejército, fue el primer día en más de una semana en el que no hubo “narco protestas” en Monterrey. En tanto que Calderón era asociado anteriormente con un aumento de las tasas de homicidios, caos, y violencia, ahora es asociado con paz y tranquilidad. Como lo describió el anónimo partidario de la Otra Campaña en Monterrey: “Todos hablan de un ‘Estado fracasado,’ y llega Calderón y trae el orden.”

El partido Acción Nacional (PAN) y el partido Revolucionario Institucional (PRI): 2009 es un año electoral en Nuevo León. El puesto de alcalde en Monterrey y el de gobernador estarán en juego el 5 de julio. Monterrey es controlado actualmente por el PAN, mientras el gobernador de Nuevo León es priista. Ambas contiendas se han convertido en carreras para ver qué político puede reprimir mejor el disenso que el resto de los candidatos. El PAN, al ser el partido tras el despliegue del Ejército para combatir el crimen organizado, ya tiene una mano dura comprobada cuando se trata del crimen organizado. Sin embargo, el PRI, que gobernó México con mano dura durante más de siete decenios, no será tan fácilmente derrotado.

Rodrigo Medina de la Cruz, el candidato a gobernador del PRI, propuso que el congreso estatal de Nuevo León apruebe una ley haciendo que el bloqueo de una ruta “de manera violenta” sea castigable con hasta seis años en prisión y una multa entre 7.500 y 25.000 pesos (492-1.639 dólares). El alcalde del PAN en Monterrey, Adalberto Madero Quiroga, presentó su propia propuesta al congreso estatal: los bloqueos de ruta deberían ser castigables con seis años en prisión, pero si alguien muere en la protesta, la sentencia es duplicada a 12 años. La propuesta de Quiroga no especifica si la sentencia a 12 años se aplica sólo si los manifestantes matan a la persona, o si se aplica si la policía o el Ejército también matan a alguien. En México, la policía, el Ejército, y paramilitares favorables al gobierno son generalmente responsables por las muertes de manifestantes, no los propios participantes en las protestas.

El ejército: Las protestas de Monterrey han convertido en héroes a los militares. La prensa y testigos presenciales dicen que los ciudadanos de Monterrey literalmente dieron la bienvenida con los brazos abiertos a los soldados cuando comenzaron a patrullar las calles de la ciudad sólo un día antes de la llegada de Calderón. Según las informaciones, la gente en las calles vitoreó y aplaudió cuando vio a los soldados. El contacto de Narco News en Monterrey dice que “la ciudad está completamente militarizada” –y que a la gente parece gustarle.

Si alguien hubiera querido organizar protestas para aumentar la popularidad del Ejército, Monterrey es el sitio perfecto para hacerlo. El colectivo de Monterrey dijo a Narco News que nunca hubo un sentimiento significativo contra el Ejército en Monterrey, a pesar de la presencia de los militares en Nuevo León durante más de un año. Camero explica el por qué: “En Monterrey no ha habido el tipo de trasgresiones cometidas por soldados que han tenido lugar en otros sitios. No digo que no existan; ha habido 150 o 200 agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP). Son policías federales que también han sido desplegados en la guerra contra la droga y que participan en operaciones conjuntas con el Ejército. Pero en general, las patrullas de los soldados son realizadas con cuidado. Ha habido algunas quejas debidas a allanamientos erróneos o por los puntos de control del Ejército. Pero en general no ha habido muchas quejas respecto a su trato a la población. De modo que estas protestas, en las que los jóvenes no sólo se han embozado, sino también han andado por ahí con garrotes amenazando a conductores o mujeres jóvenes, han creado una situación en la que la población respalda al Ejército. Dice: ‘Estamos con los militares.’ De modo que las protestas están realmente provocando lo contrario’ de su objetivo declarado, que es la retirada del Ejército.”

Por cierto. Sólo dos semanas después del fin de la protesta, el gobierno federal anunció que estaba enviando otros 5.000 soldados a Ciudad Juárez, que es la ciudad más violenta de México y también sede de una protesta que los medios asociaron con las “narco protestas.” Mil policías federales y dos mil soldados ya han llegado. Antes del reciente refuerzo, había 2.000 soldados estacionados en Ciudad Juárez, lo que significa que cuando lleguen todos los refuerzos, 7.000 soldados patrullarán la ciudad de 1,4 millones de habitantes. Es un soldado por cada 200 civiles en una ciudad con una densidad de población de más de 4.632 personas por kilómetro cuadrado, o sea 23 soldados por kilómetro cuadrado. Aunque el anuncio del gobierno federal no sea probablemente un resultado directo de las “narco protestas,” las manifestaciones seguramente no perjudicaron las relaciones públicas del Ejército antes de una de las ‘oleadas’ militares más intensas en el país.

Toda organización de narco tráfico que colabore con sectores del ejército: En diciembre de 2008, el corresponsal de Narco News, Bill Conroy, presentó la evidencia de que la corrupción dentro del Ejército Mexicano podría no estar limitada a unos pocos incidentes aislados de oficiales (aunque de alto rango) en la nómina del cártel en su artículo “Asesinatos en Juárez sacan a la luz un ‘cártel militar’ emergente.” Una fuente, el ex agente de la DEA Celerino “Cele” Castillo III, dijo a Conroy:
“Durante la elección presidencial, El Chapo [Joaquín Guzmán, dirigente de la organización de narcotráfico de Sinaloa apoyó [al presidente mexicano] Calderón. Calderón luego alquiló el Ejército a El Chapo para eliminar a Osiel [Cárdenas Guillén, jefe de la organización de narcotráfico del Golfo, que controlaba la ciudad fronteriza mexicana de Nuevo Laredo]. Hay que recordar: ¿Por qué no ha sido arrestado El Chapo?”

Calderón retiró a los militares y ahora trabaja mano en mano con El Chapo. … Veteranos estadounidenses de [la Guerra de] Iraq estaban actuando como mercenarios para el Ejército Mexicano. Ahora mismo, mientras hablamos, hay veteranos estadounidenses de Iraq que trabajan para esa organización. Hacen el trabajo de refuerzo a este lado [de la frontera de EE.UU.] para los militares mexicanos. Están cobrando las… ganancias de las ventas de droga en EE.UU. Ellos [los que deben dinero a la organización de la droga] son atrapados y les dan 24 horas para enviar parte del dinero a cuentas bancarias en México. Si no, son ejecutados...

El antiguo lanzagranadas M-70 utiliza munición de 40 mm. Están sobre la mesa en la foto [de armas confiscadas por las autoridades mexicanas] del periódico de hoy. Lo que la historia no dice es que esa munición de 40 mm es de producción estadounidense. ¿Y eso, qué te parece?”
Conroy sigue diciendo: “Castillo agrega que recientemente recibió información que indica que otro grupo que se ha hecho bastante famoso a través de los medios, los Zetas (un grupo mexicano de operaciones especiales entrenado por EE.UU. que desertó del Ejército mexicano), ayuda ahora al Ejército mexicano en sus operaciones de narcotráfico a lo largo de la frontera.”

En el mismo artículo, Conroy cita a Guillermo Ramírez Peyro, antiguo miembro de alto rango de la organización de narcotráfico de Juárez, informante en el caso de la Casa de la Muerte, quien describe cómo la Armada mexicana pasaba de contrabando drogas para su organización de narcotráfico desde Colombia.

La historia de Conroy no especifica una organización de narcotráfico que tenga control sobre el Ejército mexicano. Menciona a tres o cuatro organizaciones separadas que supuestamente están en colusión con los militares: la organización de El Chapo Guzmán, los Zetas (que supuestamente trabajan para la organización de narcotráfico del Golfo o para cualquiera que pague bien), y la organización de narcotráfico de Juárez. Más bien, la evidencia y las fuentes de Conroy muestran que para que sobreviva una industria clandestina tiene que mantener cerca a sus amigos cerca y aún más cerca a sus enemigos. En un negocio en el que las alianzas y rivalidades cambian con el viento; y en el que políticos, policías, y oficiales militares se venden al mejor postor, los militares han aparecido como otro participante en el juego. Precisamente como en otros cárteles, las alianzas “de los militares con el cártel” cambian con las condiciones, y encuentran nuevos aliados si el precio es justo. Diferentes oficiales militares podrán preferir aliarse, y a los soldados bajo su comando, con diferentes organizaciones de narcotráfico. E incluso si los rumores de que el presidente Calderón tiene su organización de narcotráfico preferida y utiliza su campaña militar para eliminar a los enemigos de esa organización fueran verdad, Calderón no puede controlar a todos sus soldados mejor que cómo El Chapo puede controlar a todas las células de la “Federación” Sinaloa.

De modo que, aunque es posible que una organización de narcotráfico o una alianza entre una tal organización y un sector del Ejército haya organizado las “narco protestas,” nadie sabe qué oficial militar y sus soldados trabajan con qué organización hasta que alguien denuncie al oficial. Incluso entonces, no es seguro que el denunciante diga la verdad. De modo que el ganador oficial y evidente de las “narco protestas” fue el Ejército en su conjunto. Sean cuales sean las organizaciones de narcotráfico que estén actualmente alineadas con sectores del Ejército, acaban de presenciar el aumento del poder de su aliado, y con él el suyo propio. Y porque los militares, que han estado librando una constante batalla de relaciones públicas sobre su participación en la guerra contra la droga, acaban de aumentar su poder y popularidad, también pueden haber acabado de aumentar el valor actual de esa lealtad.

Los perdedores

Aparte de todo cártel de la droga que no esté alineado con el Ejército, particularmente en regiones en las que ocurrieron las “narco protestas”, la sociedad civil sufrió un golpe significativo debido a las protestas.

Organizadores sociales y organizaciones: Las protestas “contra el Ejército” en Monterrey lograron neutralizar demandas muy legítimas (que los militares se retiren de deberes civiles de mantenimiento del orden) y quejas (el que soldados realicen funciones civiles de mantenimiento del orden sin una declaración oficial de guerra es inconstitucional).

Cuando estallaron protestas anti-militares en áreas que tienen una historia de protestas legítimas contra la militarización, como ser Veracruz y Ciudad Juárez, hubo una especulación inmediata en la prensa de que también estaban vinculadas a narcotraficantes. Sin embargo, a diferencia de Monterrey, no ha aparecido una prueba concreta de que esas protestas hayan sido organizadas por otro que los propios manifestantes. Mientras una partidaria de la Otra Campaña en Ciudad Juárez dijo a Narco News que uno de los bloqueos anti-militares de un puente internacional en esa ciudad fue “muy extraño” en comparación con otras protestas similares, ella dijo que organizaciones sociales legítimas estuvieron definitivamente involucradas en las otras protestas y bloqueos que ocurrieron en otras partes de Ciudad Juárez ese día. Incluso a pesar de que el gobierno verificó que participaron miembros legítimos de familias de personas supuestamente desaparecidas por los militares, la prensa informó –sin citar otra evidencia– que “agentes de seguridad” no identificados dijeron que hubo gente contratada para protestar. Aunque el gobierno no ha presentado ninguna prueba o hecho ninguna declaración oficial en el sentido que por lo menos algunos manifestantes en Ciudad Juárez hayan recibido compensación por su participación, si alguien pagó a la gente para que protestara donde organizaciones sociales legítimas también estaban manifestando, tuvieron éxito en la destrucción de toda la credibilidad con la que contaban en esa ciudad las organizaciones sociales legítimas. E incluso si ni un solo manifestante en Juárez participó por haber recibido pago, el espectro sigue existiendo – los medios discutieron las protestas en todos los cuatro Estados como si en todos fuera lo mismo, sin un atisbo de prueba de que haya habido participantes fuera de Monterrey que hayan recibido alguna compensación.

Los organizadores sociales son espinas en el dorso del poder antidemocrático. Como tales, los activistas pueden ser tan inconvenientes para los narcotraficantes como para el gobierno. En localidades en las que los narcotraficantes son dueños de, o forman el gobierno, o en regiones donde los narcotraficantes son los caciques, los activistas amenazan el poder de la organización narcotraficante. Quienquiera haya estado tras las protestas –sea el gobierno o una organización de narcotráfico o una mezcla de ambos– ha consolidado su poder al arrebatar el suyo a los organizadores sociales y políticos.

Las “narco protestas” no sólo sirvieron para dañar la credibilidad de los activistas; el gobierno también las está utilizando para presionar por medidas para reprimir las protestas y obtener un cierto control sobre ellas, de un modo muy similar al utilizado por el gobierno de EE.UU. Como mencionara anteriormente, funcionarios de Nuevo León han propuesto sentencias entre 6 y 12 años y elevadas multas por bloquear una ruta durante una protesta, lo que actualmente es una trasgresión del tránsito. La única excepción propuesta a la ley es si un grupo legítimo de protesta avisa al gobierno antes de su acción de que desea bloquear una ruta durante una manifestación. Esto introducirá efectivamente un sistema de permiso para manifestaciones en México, en el que los manifestantes que desean manifestarse deberán pedir primero permiso al gobierno para hacerlo. El sistema está vigente en gran parte de EE.UU. y da al gobierno un control significativo sobre las manifestaciones. El gobierno dice a los organizadores dónde y cuándo pueden manifestarse. Cuando el gobierno no desea que haya protestas, niega directamente los permisos a los manifestantes, como fue el caso durante la Convención Nacional Republicana [RNC, por sus siglas en inglés] en Filadelfia en 2000. El gobierno de la ciudad otorgó permisos para manifestar a la RNC para toda la ciudad por la duración de la convención, no dejando nada para las organizaciones sociales (la RNC, evidentemente, no utilizó los permisos para manifestarse – simplemente quería excluir a los activistas). El único permiso dado a los organizadores de la manifestación fue en una “zona de libre expresión” (implicando que la “libertad de expresión” sólo era un derecho en esa área, pero no en el resto de la ciudad) que era un área encerrada en un rincón de un aparcamiento tan alejado del Centro de Convenciones que nadie prestó atención a los pocos manifestantes que decidieron utilizar la zona. Si la manifestación sirve para aumentar los costes de una política gubernamental o una decisión como una guerra, las manifestaciones permitidas reducen los costes para el gobierno a un dolor de cabeza menor y temporario.

Gracias a las “narco protestas,” la opinión pública en Monterrey ha dado luz verde para matar manifestantes al gobierno y a los civiles favorables al gobierno. El contacto en Monterrey de Narco News nos envía comentarios hechos en foros en línea que a su juicio representan exactamente el sentimiento de ciudadanos de Monterrey sobre las protestas. En un foro en el sitio en Internet del periódico de Monterrey El Norte, un comentario dice: “si vas en el carro y se te atraviesan, aviéntales el carro aunque los atropelles y no te pares aunque los dejes tirados. Es más, ni voltees, como si hubieras atropellado a un sapo. Si eres el de mero adelante del bloqueo, échales el carro igual”. Otro comentario dice que después de atropellar a un manifestante, los conductores deberían dar “reversa a ver si les quedan ganas de seguir de payasitos y argüernderas por unas mochilas”. Otro más dice que “si se paran cerca de un puente llévenselos y es culpa de ellos”. Y: “total si matan a esta gente nadie los va a extrañar, en cada basurero o pedazo de caca salen estos muertos de hambre o bien solo peguenle a los arboles de la indepenaca o la risca, y esas cosas salen de ahi, unos muertos de esos mas no le hacen mal a nadie, es mejor asi le hacemos un bien a la sociedad de no mantener jodidos muertos de hambre en el bote…!” [Sic].

Nadie en el foro critica semejantes comentarios que llaman a asesinar.

Ser activista en México ya es peligroso, incluso sin apoyo público para su asesinato. En febrero pasado, la Corte Suprema de México se negó a responsabilizar a los policías que mataron a Alexis Benhumea y a Francisco Javier Cortés en las manifestaciones en San Salvador Atenco en 2006. En su decisión, ni siquiera reconoció que la policía era responsable por los asesinatos, a pesar de que una bomba de gas lacrimógeno mató a Benhumea y que la pistola que mató a Cortés es de un calibre que es entregado a comandantes de la policía estatal pero cuyo porte por civiles es ilegal. También en febrero, hombres armados “que parecían ser soldados” secuestraron a dos activistas indígenas por los derechos humanos en Guerrero, los torturaron y asesinaron.

Colonias populares: Las colonias populares son vecindarios pobres en las afueras de las ciudades. Tienen que luchar por servicios municipales básicos como calles pavimentadas, agua corriente, y sistemas de alcantarillado e instalaciones sanitarias.

Narco News ha documentado cómo la operación conjunta de la policía federal y del ejército en Michoacán es utilizada para reprimir a las colonias populares, en particular las que pertenecen a organizaciones sociales. Ya que hay pruebas de que residentes de colonias populares fueron pagados para bloquear rutas durante las “narco protestas,” se puede esperar que la represión gubernamental aumente en las colonias populares de Monterrey –incluso en aquellas que no participaron.

Si los bloqueos provocaron furia contra los manifestantes en general, provocaron una furia particularmente feroz contra los residentes más pobres de Monterrey porque se sabe que algunos de ellos participaron a cambio de suministros escolares y dinero. Un comentario en el foro de El Norte escribió que deberían desplegar a los militares contra los manifestantes (fueron desplegados seis días después del comentario) y que “total si matan a esta gente nadie los va a extrañar, en cada basurero o pedazo de caca salen estos muertos de hambre o bien solo peguenle a los arboles de la indepenaca o la risca”.

El odio contra los residentes pobres de Monterrey es descaminado dice Camero, porque ignora las condiciones, creadas por el propio gobierno, que llevaron a que la gente bloquee rutas a cambio de suministros escolares y dinero. “Hay una crisis de desempleo y de abandono de los jóvenes. No hay garantía [de empleo para los jóvenes]. Ni siquiera estoy hablando de escuelas o deportes –hablo de empleo. Con este abandono es fácil hacer este tipo de ofertas [ser pagado por manifestarse]. Es un escenario muy extraño, inimaginable, pero puede suceder fácilmente debido a la situación”.

Camero culpa al gobierno de gastar millones de pesos en dineros públicos para mantener a partidos políticos cuando no provee adecuadamente a las escuelas con sus necesidades básicas. “¿Cómo es posible que los narcos estén ofreciendo útiles escolares a la gente? Tenemos una campaña permanente para obtener útiles escolares en las escuelas [de Nuevo León]. Son condiciones que el gobierno ha permitido que se desarrollen, y el crimen organizado puede aprovecharlas.”

* Kristin Bricker es corresponsal basada en México de Narco News. También forma parte del colectivo Rebel Imports que vende textiles, café y miel de comercio justo de las cooperativas zapatistas. Para contactos con Kristin escriba a krisbricker@gmail.com. Su blog personal es http://mywordismyweapon.blogspot.com.

** Reportaje original en inglés: h
ttp://narcosphere.narconews.com/notebook/kristin-bricker/2009/03/who-won-and-who-lost-mexicos-narco-protests

jueves, marzo 19, 2009

Destruyendo la memoria

Héctor Gómora
Rebelión
11 de marzo de 2009

A nueve años del rompimiento de la huelga en la UNAM

El pasado 6 de febrero se cumplieron nueve años de la invasión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por parte de ese inconstitucional fragmento del ejército, disfrazado de policía, que es la Policía Federal Preventiva. De esta manera se rompió la huelga iniciada meses antes (el 20 de abril), detonada por un intento más del sistema de poder para privatizar la UNAM a partir de cuñas como el aumento de cuotas escolares. Desde luego, como siempre sucede en la historia, el detonante fue uno, pero los movimientos resultantes crecen y retoman diferentes agravios sobre los cuales buscan justicia.

Hay mucho qué decir al respecto, pero se pueden abordar ahora los puntos principales, que en días pasados fueron comentados en los medios, y en donde fue suficiente para encontrar los sesgos y verdades a medias que abonaron al linchamiento mediático que sirvió de pretexto para romper la huelga. En ello participaron incluso plumas afines a la izquierda, pero a la izquierda parlamentaria (o sea, el Partido de la Revolución Democrática), ésa que aceptó las reglas del sistema y que cuando surgen movimientos de base, que no buscan negociaciones para beneficio, siempre terminan dándoles la espalda. No es de extrañar que tanto el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como el Consejo General de Huelga (columna del movimiento estudiantil de 1999-2000) marcaran su distancia respecto al PRD.

Por el contrario, existen otros intelectuales y organizaciones que se niegan a aliarse con esa facción pragmática y utilitarista y trabajan para rescatar el verdadero legado histórico izquierdista, que concibe una sociedad integrada desde abajo y no guiada borreguilmente por élites. La mayoría de esas voces casi no se escuchó cuando el CGH era presentado en los medios como intransigente.

Ahora que se cumplieron nueve años del rompimiento de la huelga, resonaron en los medios –incluso en algunos más bien ligados a la izquierda- remembranzas que tienen más características de revisionismo histórico que de información para conservar la memoria: reseñas muy sesgadas, que omitieron hechos de particular importancia y al mismo tiempo se extendieron en comentarios sobre las –innegables- fallas del movimiento, pero presentándolas de tal forma que perfilan al CGH como un grupito de ineptos y bravucones, incapaces de entender gran cosa. Cierto es que hubo facciones que cayeron en eso, pero calificar todo un movimiento tan complejo en forma tan simplona es, por decir lo menos, ignorante.

Veamos algunas de las cosas que se dijeron. Se notará que algunos fueron comunes a prácticamente todos los medios; otros fueron propios de la prensa de izquierda.

1. Había una marcada polarización en el CGH y un natural desgaste del movimiento.

Esto era cierto en parte; además se omite que la polarización fue una estrategia más del sistema; por ejemplo, con las varias “propuestas” de solución que realmente no solucionaban nada. Eso ayudó a crear una división entre quienes no se dejaban engañar y quienes, ansiosos por reanudar clases, querían ver en aquéllas la solución deseada. Es una clásica maniobra del poder, para que las mentes menos seguras terminen quebrándose. El esgrimir tan insistentemente que había división dentro del movimiento inocula la idea de que la Universidad estaba en manos de gente sin rumbo. Finalmente, hablar de desgaste de un movimiento no es tan fácil y se requieren muchos elementos para asegurarlo. Desde luego, cuando se procede con honestidad y responsabilidad informativa.

2. La invasión de Ciudad Universitaria fue censurada por muchos sectores universitarios, incluidos muchos de quienes se habían pronunciado por que concluyera el paro de actividades.

Eso es cierto... y en el caso de los segundos representó una gran hipocresía, porque cualquiera medianamente entendido sabe que declaraciones del tipo “es necesario que este paro termine” son siempre usadas por el gobierno como pretexto para reprimir. Más de un intelectual supuestamente de izquierda contribuyó a fabricar la falsa idea de que el CGH ya había ganado y que era tiempo de entregar las instalaciones. Nuevamente Carlos Monsiváis es un buen ejemplo de ello. Cuando la propaganda del sistema inventó la dupla ultras vs. moderados, este escritor publicó un artículo llamado “Ultra: la histeria me absolverá”, donde relacionaba, SIN PRUEBAS, a sectores del CGH que no aceptaban las “generosas” ofertas de Rectoría con las alas más intransigentes y agresivas de los movimientos de tiempos anteriores. Fue el clásico artículo donde se hace uso del prestigio –construido por el sistema de poder- para hacer declaraciones que tienen peso no sólo entre seguidores de la persona, sino también como propaganda para el sistema, de modo que se “demuestra” que hasta las más lúcidas mentes de la izquierda están en contra.

Eso sí, cuando vino la represión, Mosniváis publicó de inmediato un artículo llamado “Los ultras por antonomasia”, donde endilgó al gobierno los calificativos que antes repartió al CGH... como si no hubiera sido posible prever que no era lo mismo decírselo a quienes no tenían fuerza ni medios a su disposición, que a quien tiene todo eso y el monopolio de la violencia legal. Es la clásica maniobra del intelectual orgánico: primero contribuyo al linchamiento político y cuando viene la represión me hago el escandalizado para conservar mi imagen ante los despistados.

3. La intención de modificar el Reglamento General de Pagos (RGP) se había cancelado desde junio, pero los estudiantes no quisieron levantar la huelga porque argumentaban que permanecían sin cumplirse otras cinco demandas.

Efectivamente, el detonante fue la aprobación, en forma bastante sucia, de reformas al Reglamento General de Pagos (RGP) que contemplaban sobre todo un notorio incremento a las cuotas. Y también efectivamente, el movimiento demandaba, además de la cancelación de tales reformas, lo siguiente: derogación de las reformas de 1997 por las cuales se cancelaba el pase automático de bachillerato a licenciatura en la UNAM; eliminar el examen único del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) para el ingreso a la enseñanza media superior; convocar a un congreso universitario democrático y resolutivo; desmantelamiento del aparato policial y anulación de actas y sanciones contra los participantes en el movimiento, y recorrer el calendario escolar para recuperar los días perdidos durante la huelga.

De nuevo nos topamos con la insinuación de que el movimiento era intransigente. Primero: la supuesta “cancelación” del nuevo RGP no significó que Rectoría abandonara su intención de elevar las cuotas, sólo modificó sutilmente la forma en que originalmente quería imponerlas (como explicaré más adelante). Segundo: efectivamente, el movimiento tenía otras demandas, y esta nota hace pensar que la única cosa que estaba en discusión eran las cuotas.

Si no mala intención, sí hay al menos ignorancia en una aseveración así, porque la historia muestra que los movimientos sociales muchas veces nacen por algún detonante concreto, pero retoman los agravios acumulados. Y en años previos las autoridades de la UNAM habían realizado acciones que fueron agresiones claras contra el estudiantado y contra el proyecto todo de la universidad pública, como las siguientes: eliminar el pase automático de bachillerato a licenciatura y aplicar examen –medida que el memorable rector Javier Barros Sierra había calificado de “aberración”-; incorporar a la UNAM el examen del Ceneval, en clara violación a la autonomía universitaria, para aceptar formas de evaluación diseñadas en los sectores privados neoliberales; e implantación de un aparato administrativo de represión.

Pero para los ignorantes y los perversos, las cuotas eran lo único de lo cual había que preocuparse. Es como si se pretendiera estudiar el movimiento de 1968 en México sólo por la golpiza que unos granaderos propinaron a estudiantes, o por el pleito de pandillas previo. Dejemos esa forma de engaño para gente como Octavio Paz, que así desvirtuó el análisis del ’68.

4. El rector Francisco Barnés de Castro cedió a las demandas proponiendo que las cuotas fueran voluntarias, pero el movimiento no aceptó eso como solución al conflicto.

Si no se citan las razones del CGH y muchos analistas para rechazar esa medida, se está construyendo una imagen de intransigencia. Pero además hay dos aspectos muy importantes. Primero: aun siendo voluntarias, tales cuotas eran ilegales, porque la Constitución establece que la educación pública debe ser gratuita, y eso significa que lo será incluso para quienes puedan pagarla; los derechos son iguales para todos. Segunda, y más importante: tomando de base a la historia, la maestra suprema, era de esperar que tales cuotas, ya implantadas aunque fuera de esa manera, se volverían obligatorias en cualquier momento; ahí está el ejemplo del impuesto sobre la tenencia de automóviles, que supuestamente iba a ser sólo para financiar la olimpiada de 1968... y aún lo pagamos. Con un adversario histórico no se puede ser tan ingenuo como para confiarse; si uno le deja una puerta entreabierta se mete tarde o temprano. Es un postulado elemental de la izquierda social, que conserva la memoria histórica, y que no es entendido por los amantes de la izquierda “dialoguera”, que infla su discurso precisamente con esa palabra, pero siempre evade el hecho incontrovertible de que cuando se trata de un enemigo histórico ese diálogo no puede darse de buena fe, sino con estrategia; porque el enemigo siempre golpeará en las partes débiles que encuentre.

5. En julio, investigadores eméritos de la UNAM, apoyados por 41 profesores de diversas disciplinas, llamaron al CGH “a dar por terminado el paro y presentar sus planteamientos en los foros de discusión, en la inteligencia de que las propuestas que surjan deberán ser llevadas a los correspondientes órganos de decisión”. Los huelguistas rechazaron la propuesta.

De nuevo nos topamos con una selección de hechos que no da espacio a las razones de los estudiantes en huelga; éstos entendieron que la propuesta NO RESOLVÍA NINGUNA DE LAS DEMANDAS. Era la típica estrategia de “a demandas concretas, respuestas ambiguas”. Se pedía derogar las cuotas, desvincular al Ceneval y etc., y los eméritos ofrecían (fanfarrias por favor)... espacios de discusión. Además, los “eméritos” –no todos lo eran, pero llamarles así en su momento fue parte de la estrategia propagandística- planteaban lo mismo que las autoridades: llevar todo a los órganos de decisión... controlados por aquéllas.

Si uno se mete a investigar cómo se aprobó el reglamento de pagos que detonó el conflicto, se dará cuenta de que ahí precisamente fue donde funcionó la sucia maquinaria corporativa de los burócratas ligados al gobierno federal que controlan la UNAM. ¿Cómo avalar una propuesta que pone la decisión en las manos de los mismos grupos que detonaron el conflicto? Imaginemos unos obreros que se van a huelga y piden incremento del 20% en salario y del 10% en prestaciones... así de claro; y a cambio reciben como oferta “foros de discusión” de donde salieran propuestas que fueran discutidas entre el patrón y la representación sindical... que los obreros ya saben que es corrupta. ¿Aceptaríamos la propuesta si fuésemos los obreros? ¿Nos parecería intransigencia?

6. Con el tiempo se habían agudizado las contradicciones y conflictos al interior del CGH y se vivía un clima de revanchas y falta de autocrítica.

Esto no es del todo cierto. Tal afirmación se basa precisamente en las notas sesgadas de los medios. Es la estrategia de seleccionar los hechos que se comunican para construir una cierta imagen, y luego hacer sesudos análisis con base en dicha imagen falsa. Incluso parte de la prensa orientada a la izquierda cayó en eso.

Al mismo tiempo que surgían esas notas, no necesariamente inventadas, pero sí seleccionadas entre otras que contradecían la imagen deseada, gente como Tomás Mojarro daba cuenta de otras actividades y situaciones con grupos más cultos políticamente y mejor organizados... al mismo tiempo que les criticaba como aliado sus fallas estratégicas. Además, esas divisiones y problemas son propias de TODO movimiento, pero casualmente sólo se hace énfasis en esas cosas en ciertos momentos.

7. Había presión de los grupos radicales por mantener el paro en aquellas escuelas donde las comunidades se pronunciaban por reanudar actividades.

Esto está copiado casi textual de una publicación ligada a la izquierda, pese a lo cual se percibe el uso del lenguaje con fines ideológicos. No se vacila en etiquetar según postura: quienes se pronunciaban por seguir el paro eran “grupos radicales” y quienes querían clases eran “la comunidad”; desde luego, las razones de los “radicales” para no bajar la guardia carecen de importancia. Se refuerza la imagen de intransigencia al insinuar –sin pruebas- que la mayoría de los estudiantes quería clases, mientras que para los “otros” se usa el término reduccionista “grupos”. Aquí vale preguntarse una cosa: aun suponiendo que realmente una mayoría significativa estaba por terminar una huelga que era para abolir cuotas ilegales, ¿desde cuándo la voz de las comunidades es decisiva para ver si se lucha por el respeto a la ley? Lo legítimo de una lucha no se mide por el número de personas que la sustentan.

Por lo visto, la idea básica de la democracia como la voz de las mayorías sólo es esgrimida cuando conviene; cuando no, que todo se decida por grupos dirigentes.

8. En noviembre, Francisco Barnés de Castro renunció a la rectoría de la UNAM, rebasado por el conflicto.

En realidad lo “renunció” el presidente Zedillo, como parte de una nueva estrategia, que quedó a cargo del nuevo agente suyo en la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. No es que Barnés fuera rebasado por el conflicto, sino que se cambió la estrategia. Para quitarle a las autoridades de la UNAM la imagen de intransigencia y pasársela al CGH, se recurrió al gatopardismo: cambiar todo para no cambiar nada. De la Fuente llegó con una imagen conciliadora, con la oferta de diálogo, pero como siempre sucede con un adversario histórico, tal diálogo fue sólo una maniobra para ganar tiempo, pues finalmente se violaron los acuerdos y se avanzó en un satanización en los medios. En términos generales, la misma estrategia usada años antes contra los zapatistas.

Las reuniones entre estudiantes y representantes de Rectoría se realizaron en el Palacio de Minería a finales de 1999. Luego de alcanzar algunos acuerdos, las autoridades cortaron unilateralmente las pláticas y en enero presentaron algo que fue conocido como la Propuesta Institucional, para levantar la huelga.

9. La Propuesta Institucional del rector contemplaba dejar definitivamente sin efecto el RGP.

Es una verdad a medias, y por tanto falso, decir que la propuesta dejaba sin efecto las cuotas. Lo que proponía era que serían derogadas si así lo decidían los órganos que las autoridades controlan. No aclarar eso es otra forma de construir una imagen de intransigencia, y ahora la gran mayoría de los medios -incluidos algunos ligados con la izquierda- lo reseñan así. Se limitan a decir que el CGH rechazó la propuesta sin mencionar sus razones; y éstas fueron, de nuevo, que en realidad no conllevaban solución alguna. Se le estaba pidiendo al CGH que renunciara a su única arma de presión –la toma de las instalaciones- y ya desarmado confiara en que los organismos corporativos controlados por las autoridades les resolvieran sus demandas. En pocas palabras, era esencialmente la misma cosa que meses antes propusieron los llamados eméritos.

El rector organizó un plebiscito el 20 de enero para que se votara la Propuesta Institucional entre la comunidad universitaria.

10. La iniciativa del plebiscito contó con el respaldo de intelectuales y académicos.

Una información objetiva habría agregado “y con el rechazo y fuerte crítica de otros”. Pero si no se les mencionó, mucho menos serían citadas sus razones. Y había dos de buen tamaño. Primera, que con ese plebiscito las autoridades rompieron su palabra, pues violaron los acuerdos de Minería de diciembre de 1999, donde reconocieron al CGH como EL ÚNICO interlocutor válido para solucionar el conflicto. Segunda, que la propuesta de rectoría implicaba preguntar a la comunidad su parecer respecto a las cuotas (pues sugería que éstas fueran derogadas sólo si así se decidía, y el cumplimiento de la ley no se somete a consulta pública ni a revisión de ningún órgano. La Constitución establece, en su artículo tercero que “toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. Toda significa exactamente eso.

11. Como resultado del plebiscito, el 87 por ciento de los 150 mil participantes respaldaron la propuesta institucional y pidieron la reanudación de actividades.

Estas cifras fueron difundidas con gran entusiasmo hace nueve años y hace unas semanas nuevamente. Casualmente se omitió –y omite- mencionar qué porcentaje del total DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA eran esos 150 mil que –por mala fe o falta de entendimiento- legitimaron la maniobra deshonesta de Rectoría. Según cifras proporcionadas en su momento por la Consultoría Mitofsky –que puede ser todo, menos una organización de izquierda-, el padrón de la UNAM era de unos 400 mil miembros. Vaya representatividad la del plebiscito. Éste habría sido un fracaso para las autoridades... si no fuera porque los medios se dedicaron a ocultar cosas como ésas para dar la impresión de que la gran mayoría de la comunidad universitaria estaba contra los huelguistas, que éstos eran un grupito intransigente.

12. Los paristas se limitaron a desautorizar los resultados del plebiscito.

Ellos resaltaban lo ilegítimo de él y su falta de representatividad. Al no citar sus argumentos y usar el verbo “desautorizar” se refuerza la imagen de intransigencia.

Además, algo que recibió poca difusión hace nueve años y ninguna ahora (ni por muchas de las plumas de “izquierda”) es que en respuesta al plebiscito de las autoridades, el CGH hizo su propia consulta paralela, cuyos resultados ni siquiera se molestaron en analizar.

13. Como preludio del operativo que entró a Ciudad Universitaria, el primero de febrero elementos de la Policía Federal Preventiva entraron a la instalaciones de la Preparatoria 3, a raíz de de un enfrentamiento entre personal de la Dirección General de Protección a la Comunidad de la UNAM e integrantes del Frente Estudiantil Justo Sierra.

Así se dijo hace unas semanas, omitiendo que hubo denuncias de que fue una provocación para dar a la PFP el pretexto de invadir.

14. Los paristas estaban divididos, y enfrascados en largas asambleas.

Muy cierto, y es una de las cosas que –de buena fe- hay que cuestionar al movimiento; pero ¿qué carambas tiene eso que ver con el hecho de que fueron traicionados por Rectoría, sujetos de una feroz campaña de desprestigio y agredidos en forma bestial e ilegal? De nuevo se quiso –y quiere- justificar el fin de la huelga insinuando que la UNAM estaba en manos de gente sin rumbo. El sábado 5 de febrero de 2000 unos dos mil 260 uniformados ingresaron a Ciudad Universitaria. Una gran cantidad de estudiantes y maestros, así como personas que apoyaban la huelga fueron acusados nada menos que de terrorismo y motín. Ahí se detuvieron las más “atrevidas” reseñas de febrero pasado. Nada de las denuncias sobre irregularidades legales acaecidas con ello, ni sobre los señalamientos en el sentido de que el operativo de invasión a Ciudad Universitaria implicó varias violaciones legales serias. Todo eso fue casi completamente censurado en su momento y ahora puede ser cómodamente borrado de la historia... a menos que hagamos algo.

Ésa es la importancia de conservar la memoria histórica, porque de lo contrario años después nos recetan una versión “revisionista” como la anterior, y seguiremos siendo presas fáciles de las manipulaciones informativas y conceptuales que nos lanzarán desde los medios cuando surjan los próximos –y seguros- movimientos de protesta social.

Esto es importante sobre todo ahora, que el actual gobierno está llevando la criminalización de la protesta social a extremos pocas veces vistos en las épocas recientes. Hay que aprender a diferenciar las plumas aliadas de las que no lo son. Se trata de cultivarnos por nosotros mismos, tener más opciones (que no están en los medios comerciales, pero que existen), definir nuestra propia postura ante las cosas y aprender a discriminar con juicio.

Es eso, o seguir diciendo que los estudiantes son delincuentes; o sea, seguir pisándonos a nosotros mismos sin darnos cuenta.