jueves, junio 28, 2007

La verdad de López Obrador, en su libro "La mafia nos robó la Presidencia"

Raúl Monge
Proceso
27 de junio de 2007

México, D.F., 26 de junio (apro).- El 30 de junio de 2006, dos días antes de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador asistió a una comida con los principales directivos de Televisa.
Portada del libro "La mafia nos robó la presidencia"

Fue en la casa del vicepresidente del Grupo Televisa, Bernardo Gómez, y ahí Emilio Azcárraga Jean encaró al entonces candidato presidencial de la coalición “Por el Bien de Todos” y le dijo sin rodeos: “Tengo información de que… vas a expropiar Televisa”.

Sorprendido, López Obrador lo negó. “Le respondí que no era cierto”, dice.

La anécdota anterior es una de las muchas historias personales que el tabasqueño relata en su libro “La mafia nos robó la Presidencia; sólo le han quitado una pluma a nuestro gallo” que comenzó a circular hoy de manera anticipada bajo el sello de editorial Grijalbo.

El libro está dedicado a “quienes participan con corazón y conciencia para lograr el cambio verdadero”.

López Obrador cuenta el desenlace de esa comida con los jerarcas de Televisa, como un ejemplo del tamaño de la guerra sucia que enfrentó antes de las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006

Ellos sabían que yo no estaba de acuerdo con el monopolio que ejercen en la comunicación, y mucho menos con que se quieran convertir en un poder de facto, por encima de los poderes legal y legítimamente constituidos. No estoy de acuerdo con la república de la televisión. Sin embargo, nunca he pensado que el camino para democratizar a los medios de comunicación y garantizar el derecho a la información sea expropiar Televisa.

Inmediatamente después de la pregunta de Azcárraga y de mi respuesta, me entrego el texto de un decreto expropiatorio que supuestamente yo presentaría al Congreso el 2 de diciembre de 2006, es decir, al día siguiente de mi toma de protesta como presidente de la República. El documento, que por cierto quedó en mi poder, esta bastante bien hecho porque se redactó precisamente para ser creíble. No sólo cuenta con toda la fundamentación legal, sino que detalla la razón social de cada una de las empresas del consorcio, algo que yo mismo desconocía. Se habla de expropiar no sólo Televisa sino también las empresas: Grupo Televisa, S.A.; Corporativo Televisa, S.A.; Telesistema Mexicano S.A. de C.V.; Corporativo Vasco de Quiroga S.A. de C.V.; G-Televisa-D S.A. de C.V., y Televisión independiente de México S.A. de C.V.

Es importante saber quién elaboró este documento. Creo que corresponde a Emilio Azcárraga aclarar cómo llegó a sus manos, pero casi podría asegurar que pudo haber sido fabricado por el Cisen o por el equipo cercano a Calderón o Fox; incluso, con la colaboración de algunos funcionarios de la misma televisora.

Lo que si esta claro es que el propósito fue sembrar la desconfianza. Tengamos en cuenta que si engañaron a muchos integrantes de la clase media, por qué no hacer dudar a quien representa a tantos intereses económicos como Emilio Azcárraga. Por eso es imprescindible que se garantice el derecho a la información por encima de intereses de grupo.


En la parte final del libro, de 301 páginas, López Obrador detalla cómo vivió los días posteriores a la elección, los más aciagos de carrera política sin duda:

El día de la elección fui a votar con mis hijos muy temprano y regresé a mi domicilio. Ahí permanecí hasta las 8 de la noche. En mi casa, en compañía de Federico Arreola, estuve recibiendo los reportes de una encuesta de salida que se contrató con la empresa de la doctora Ana Cristina Covarrubias. Este sondeo consistió en aplicar 38 mil 618 entrevistas, inmediatamente después de que los ciudadanos habían votado. Fue el ejercicio más grande y riguroso que se aplico en todo el país, el día de la jornada electoral. Desde el primer reporte de las 10 de la mañana hasta el último siempre nos mantuvimos arriba con un promedio de tres puntos de ventaja.

Este mismo resultado se reflejaba en otras encuestas de salida aplicadas durante la jornada electoral. Incluso, hacia las 5 de la tarde recibí una llamada de Bernardo Gómez, de Televisa, para decirme que ellos tenían información de que había ganado la elección presidencial. Sin embargo, al cierre de las casillas, cuando comenzaron a falsificar los resultados, se empezó a hablar de un empate en los conteos rápidos.

Aquí cabe recordar que las encuestas de salida se hacen preguntando a los ciudadanos por quién votaron, mientras que los conteos rápidos se sustentan en los resultados contenidos en las actas; es decir, cundo ya se habían introducido boletas de más con votos a favor de Calderón, nos habían quitado o anulado votos indebidamente, o de plano, habían falsificado un buen número de actas.

Esa noche, justo después de que Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, informara por televisión que no darían resultados de las 7 mil 281 casillas del conteo rápido del Instituto, porque la contienda estaba muy cerrada, apareció Vicente Fox para transmitir un mensaje en el mismo sentido. Quedó en evidencia que estaban actuando de manera concertada, sin respetar la autonomía y la imparcialidad que debía normar la actuación del IFE.

(…) la noche del 2 de julio no dormí. Estuve pendiente de los resultados oficiales. Al día siguiente en el PREP aparecía reportado el 98.45 por ciento de las casillas electorales para presidente de la República, lo que significaba, según el IFE, que sólo faltaba por contabilizarse la votación de dos mil 17 casillas.

El día 5 de julio se llevó a cabo el cómputo distrital. Para entonces, dado el cúmulo de irregularidades que aparecían por todos lados, la gente comenzó a demandar que se contaran los votos casilla por casilla. Sin embargo, la instrucción del IFE a los consejos distritales fue que no se permitiera la apertura de los paquetes electorales.

Ese día, 5 de julio, la manipulación y el engaño lastimaron la dignidad de millones de mexicanos. El cómputo final por distrito fue transmitido por televisión y los resultados comenzaron exactamente al revés de cómo se presentaron al final de la jornada electoral. Yo aparecía con ventaja todo el tiempo hasta que, hacia las cuatro de la mañana del día 6, me “rebasó” Calderón. Después apareció el presidente del Consejo General el IFE y, usurpando funciones, lo declaró ganador.


López Obrador revela también en su libro lo que sucedió en los días previos a los festejos patrios del 15 de septiembre, cuando mantenían el plantó en el zócalo.

Según él, no podían permitir que Fox se burlara de ellos dando el Grito de Independencia en el balcón del Palacio Nacional. “La decisión era desfile sí, Grito no”, dice.

Cuenta que entonces lo buscó el secretario de la Defensa, Gerardo Clemente Vega García, pero específica que él se negó a dialogar con el alto mando castrense.

Sostiene que, para darle una salida aterciopelada al problema, sugirió al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, que le propusiera a Fox que diera el Grito en Dolores Hidalgo.

Así lo hizo Encinas, pero un día antes de la ceremonia desayunaron y ahí Encinas le dijo que Fox estaba necio, que quería dar el Grito en el Zócalo.

Prosigue López Obrador:

Lo de Fox era una abierta provocación. Por eso convoque a una asamblea para la mañana del 15, con la intención de convencer a la gente y tener tiempo para ensayar, lo del apoyo del Coro Monumental, un acto de protesta pacifica, que consistiría en que, al momento en que Fox saliera al balcón principal de Palacio Nacional, a dar el Grito, nosotros, en forma organizada, le diéramos la espalda en silencio, y que una vez que él se metiera, nos voltearíamos y llevaríamos a cabo nuestra ceremonia.

Afortunadamente no hubo necesidad de esto. Llegó a mis manos un documento sobre la estrategia del Estado Mayor Presidencial para garantizar la presencia de Fox, que consistía básicamente en tomar la calle frente a Palacio una noche antes del Grito, que nosotros manteníamos libre.

El plan comprendía llenar esa calle frente al balcón con tres mil militares vestidos de civil y ahí mismo colocarían los equipos de televisión para transmitir a todo el país.

De modo que tuve que optar y decidimos adelantarnos. Dos horas antes, en vez de que ellos pusieran las vallas, nosotros las pusimos hasta la banqueta del Palacio, tomamos la calle y recorrimos el campamento. Cuando se dio cuenta el Estado Mayor hubo un pequeño forcejeo y momentos de tensión, pero ya no pudieron evitarlo. Al día siguiente por la mañana no tuvieron más opción de que Fox se iba a Guanajuato.


En la parte final de su libro, que incluye sus crudas vivencias en el gobierno de la ciudad, como los videoescándalos y el desafuero, López Obrador hace una reflexión final. Afirma que está convencido de que el remedio a los males que aquejan y atormentan a la nación no vendrá de la élite que detenta el poder.

Sostiene que la llamada sociedad política está podrida y que sólo vive pensando en mantener y acrecentar sus privilegios. Asegura que el país necesita una transformación de las dimensiones de los movimientos de Independencia y de Reforma y de la trascendencia de la Revolución Mexicana.

Termina:

Esta lucha no es de un día, nos puede llevar tiempo, pero vale la pena. Si ya iniciamos la construcción de una nueva República, vamos hacerlo bien, a construir buenos cimientos. Vamos a establecer nuevas condiciones económicas, sociales, políticas, culturales y espirituales, con nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, por nuestros hijos.

miércoles, junio 27, 2007

El Banco del Sur contra el Banco Mundial

Eric Toussaint & Damien Mollet*
Argenpress
25 de junio de 2007


Acusado de nepotismo, el presidente del Banco Mundial Paul Wolfowitz tuvo que renunciar. Impugnando el dominio de los países del norte, seis Estados latinoamericanos decidieron crear un Banco del Sur, tomando distancia del Banco Mundial, el FMI y la Banca Interamericana de Desarrollo para recuperar el dominio de sus finanzas.

¡Castigado! ¿Cómo podía el todopoderoso Banco Mundial (BM) aceptar, en 2005, que el joven ministro de Economía ecuatoriano Rafael Correa decidiera, con el pretexto de que el país atravesaba una crisis político-social de extrema gravedad, revisar la utilización de los recursos petroleros, reduciendo el pago de la deuda y aumentando los gastos sociales? El BM suspendió inmediatamente un préstamo de 100 millones de dólares prometidos a Ecuador y, con la ayuda de algunos amigos, interfirió en la carrera del ministro en cuestión. “Los dueños del petróleo, Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BM, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ejercieron presión sobre el presidente (Alfredo Palacio). He perdido su confianza y su apoyo”, relató luego Correa (1). Desautorizado, el joven economista optó entonces por renunciar.

Pero una vez elegido Presidente de la República, el 3 de diciembre de 2006, no olvidó el episodio, ni el ostensible desprecio por la soberanía del país que implicaba. El 20 de abril último, en un gesto espectacular, hizo declarar “persona no grata” a Eduardo Somensatto, representante del BM en el país. Por otra parte, decidió que la proporción del presupuesto dedicada al pago de la deuda pública (10.500 millones de dólares) pasara del 38% en 2006 al 11,8% en 2010. Como la desdicha (o la suerte) nunca viene sola, unos días después Venezuela anunció que se retiraba del FMI y del BM; y Bolivia hizo saber que ya no reconocía la autoridad del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), uno de los instrumentos del BM.

Desde los años ’50, la intervención del BM y del FMI en América Latina estuvo marcada por las prioridades de la política exterior de Washington. Las instituciones de Bretton Woods apoyaron al dictador nicaragüense Anastasio Somoza durante cerca de treinta años, hasta su derrocamiento en 1979 (2). En Guatemala, en 1954, boicotearon al gobierno progresista de Jacobo Arbenz, y luego se apresuraron a apoyar a la Junta Militar que lo derrocó. En Sudamérica, sabotearon a los regímenes democráticos que emprendían reformas tendientes a reducir las desigualdades: en Brasil, se opusieron desde 1958 al presidente Juscelino Kubitschek, que rechazó las condiciones fijadas por el FMI, y luego boicotearon a su sucesor João Goulart cuando anunció una reforma agraria y la nacionalización del petróleo en 1963. En cambio, volvieron al país después de la instalación de la Junta Militar que derrocó a Goulart, en abril de 1964. Lo mismo hicieron en septiembre de 1973 en Chile, después del derrocamiento y muerte de Salvador Allende. En marzo de 1976, esta vez en Argentina, el FMI aportó su apoyo a la dictadura del general Jorge Rafael Videla. En 2002, fue el primero (junto con Estados Unidos y la España de José María Aznar) en ofrecer sus servicios al breve gobierno de facto surgido después del derrocamiento del presidente venezolano Hugo Chávez.

En todas partes, las clases dominantes locales encontraron en las instituciones de Bretton Woods un apoyo para su resistencia a las reformas. Debe agregarse que el Chile de Pinochet y la Argentina de Videla constituyeron verdaderos laboratorios para las políticas neoliberales que luego, bajo formas adaptadas, se aplicaron en los países más industrializados, comenzando por la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, a partir de 1979, y los Estados Unidos de Ronald Reagan, después de 1981.

Viraje a la izquierda

El BM y el FMI empujaron deliberadamente a América Latina a endeudarse: entre 1970 y 1982, la deuda externa pública de la región pasó de 16.000 a 178.000 millones de dólares (3). En 1982, cuando estalló la crisis de la deuda, ambas instituciones utilizaron el arma del sobreendeudamiento para imponer las políticas que más tarde fueron codificadas en el Consenso de Washington: ajustes estructurales, privatizaciones, apertura económica, abandono del control de cambios y de los movimientos de capitales, reducción de los gastos sociales, aumento de las tasas de interés locales, etc. Los capitales que antes afluían a la región bajo la forma de préstamos se orientaron hacia los países industrializados, bajo la forma de pagos de la deuda y de fuga de capitales.

Los gobiernos democráticos que reemplazaron a las juntas militares a partir de la segunda mitad de la década de 1980, aplicaron dócilmente las consignas neoliberales. Los resultados fueron devastadores… Desde la revuelta popular de abril de 1984 en República Dominicana hasta el “argentinazo” de diciembre de 2001 contra el gobierno de Fernando De La Rúa, pasando por el “caracazo” del 27 de febrero de 1989 contra el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, se multiplicaron los tumultos. El rechazo al Consenso de Washington y sus instrumentos terminó por provocar un viraje hacia la izquierda en 1998, a partir de la elección de Hugo Chávez como Presidente de Venezuela.

Después del derrocamiento del presidente Fernando De La Rúa, en diciembre de 2001, las autoridades argentinas, bajo la presión callejera, desafiaron abiertamente al FMI y al BM suspendiendo, hasta marzo de 2005, el pago de la deuda pública externa con acreedores privados y el Club de París. Aunque los sucesivos gobiernos peronistas de Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner evitaron la ruptura directa con las instituciones de Bretton Woods (que sí cobraron sus haberes), contribuyeron a debilitarlas demostrando que es posible suspender los pagos de la deuda, al mismo tiempo que se reanuda el crecimiento económico y se impone un acuerdo a los acreedores; el 76% de éstos aceptaron una reducción de más de la mitad de las sumas reclamadas.

A partir de 2005, un cambio coyuntural en la situación económica mundial modificó de manera favorable las relaciones de la mayoría de los países en desarrollo con los acreedores de los países más industrializados. Las cotizaciones de las materias primas y de algunos productos agrícolas aumentaron, mientras las primas de riesgo pagadas para tomar capitales en préstamo son históricamente bajas. Se acumularon importantes ingresos en divisas por exportaciones: entre 2002 y 2007, las reservas en divisas de los países de América Latina y el Caribe pasaron de 157.000 a más de 350.000 millones de dólares. Varios gobiernos –Argentina, Brasil, México, Uruguay y Venezuela, y también Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, etc.– aprovecharon para saldar sus cuentas con el FMI.

Muchos de los movimientos favorables a la anulación de la deuda les reprochan haberla “legitimado” y despilfarrado capitales que hubieran sido bienvenidos para llevar a cabo políticas sociales. Pero los gobernantes replican que esos pagos les permiten retomar su entera libertad respecto a una institución que impone políticas impopulares.

¿Qué hacen hasta ahora la mayoría de los gobiernos con sus reservas cambiarias? Después de utilizar una parte para pagar a algunos organismos internacionales, colocan el resto en forma de bonos del Tesoro estadounidense o lo depositan en bancos de Estados Unidos (y, marginalmente, de otros países industrializados). Por lo tanto, prestan dinero público del Sur a las potencias del Norte, en particular al principal país que los domina.

Además, la colocación de las reservas en forma de bonos del Tesoro, estadounidense o de otros países, puede estar acompañada de nuevos préstamos en el mercado interno o internacional. En todos los casos, la remuneración de las reservas colocadas en bonos de Tesoros extranjeros o en forma líquida, es inferior al interés pagado por la toma de préstamos. Una pérdida particularmente considerable, porque en los últimos años Estados Unidos paga con un dólar en constante retroceso.

La tenencia de importantes reservas en divisas engendra otro mecanismo perverso: el Banco Central de los países involucrados entrega moneda nacional a los agentes económicos que exportan. Con el fin de evitar un aumento de la inflación debido al exceso de liquidez en circulación, el Banco Central toma préstamos en los bancos privados locales, lo que representa un gasto suplementario para el Tesoro público (4).

Prescindir del FMI

La relativa abundancia de reservas cambiarias a disposición de los gobiernos de la región, y el callejón sin salida a que conduce este tipo de utilización, llevó agua al molino del presidente venezolano Hugo Chávez, que desde hace algunos años viene proponiendo la creación de un fondo humanitario internacional y, desde 2006, la creación de un Banco del Sur. Argentina y Venezuela dieron el primer paso en febrero de 2007, al anunciar el nacimiento de esta institución, y no tardaron en unirse a ellos Bolivia, Ecuador y Paraguay. Brasil, que dudó durante tres meses, terminó firmando la declaración de Quito del 3 de mayo en ocasión de una cumbre de los ministros de Economía de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela. A fines de junio deberá celebrarse una cumbre que reunirá a los Presidentes de esos países, para lanzar oficialmente el Banco del Sur.

Hay varias opciones todavía sobre la mesa, pero parecería desprenderse un consenso en varios puntos. Este organismo financiero reunirá por lo menos a esos seis países de América del Sur (la puerta sigue abierta para los demás) y tendrá la función de financiar el desarrollo en la región. También existe la voluntad de crear un fondo monetario de estabilización (5). Ya existe un Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR), del cual forman parte cinco países andinos (Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela) y un país de América Central, Costa Rica. Se lo podría transformar, pero si esa transformación resultara imposible, se crearía un nuevo fondo. Su objetivo sería poder hacer frente a ataques especulativos y a otros impactos externos, poniendo en común una parte de las reservas en divisas de los países miembros.

Se trata entonces de prescindir del FMI, pero con una ambición suplementaria: implementar una unidad de cuenta que en algún momento podría llegar a ser una moneda común. Para decirlo con claridad, sería crear un equivalente del ECU europeo (según su sigla en inglés, por European Currency Unit, en español Unidad Monetaria Europea), el antecedente del euro. Actualmente, los intercambios comerciales entre países de América del Sur se saldan en dólares. Pero Argentina y Brasil acaban de afirmar que tienen la intención de pagar el saldo de sus intercambios (por un valor anual de 15.000 millones de dólares) en pesos argentinos y en reales brasileños.

En oportunidad de la reunión de Quito, la delegación de Ecuador anticipó una concepción revolucionaria del Banco del Sur (y del Fondo). La institución debería funcionar sobre una base democrática, de manera opuesta al BM, el FMI o el BID. Será un instrumento encargado especialmente de aplicar los tratados internacionales referidos a los derechos humanos, sociales y culturales, mientras que el BM no se considera obligado por esos tratados. El Banco del Sur deberá financiar proyectos públicos, mientras que las instituciones existentes privilegian al sector privado.

Por otra parte, si los jefes de Estado se ponen de acuerdo, debería fundarse en el principio “un país, un voto”. Actualmente, en el BM, el FMI y el BID, el derecho de voto de los países depende de su aporte inicial, como en una empresa privada. Estados Unidos posee por sí solo más del 15%, lo que le otorga de hecho un derecho de veto. Además, los dirigentes y empleados del Banco del Sur podrán ser llevados ante la justicia, contrariamente a los del BM, protegidos por una inmunidad total que sólo se levanta si el Banco lo decide. Los archivos pertenecerían al dominio público (la norma contraria rige en el FMI y el BM). Por último, el nuevo establecimiento financiero no se endeudaría en el mercado de capitales. Los países miembros proporcionarían el capital, financiado con un aporte inicial, con préstamos, y también con tasas del tipo Tobin (6).

Es demasiado temprano todavía para conocer la suerte que le tocará a esta propuesta, ya que a los gobiernos brasileño y argentino les tienta tener un banco que pueda reforzar sus grandes empresas privadas o mixtas, en el marco de un bloque económico y político construido sobre el modelo de la Unión Europea, dominada por la lógica capitalista. Pero el debate no está cerrado, y se impone una constatación: en América Latina, el FMI y el BM ya no son la ley.

* Los autores pertenecen al CADTM (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo).

Notas:
1) Maurice Lemoine, “Ecuador, una victoria por consolidarse”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2007.
2) Véase Eric Toussaint, Banco mundial: el Golpe de Estado permanente. La agenda oculta del Consenso de Washington, El Viejo Topo, Barcelona, 2007, 318pp.
3) BM, Global Development Finance, Washington DC, 2006.
4) Ibid.
5) La adhesión de Venezuela a esta propuesta no está garantizada porque, al inicio, Chávez deseaba que el Banco reuniera las funciones de banco de desarrollo y de fondo monetario de estabilización.
6) Esta tasa sería cobrada sobre las transacciones en divisas efectuadas en los seis países.

Ya pueden los ciudadanos depositar sus donativos en Banorte

Información tomada del sitio oficial del Gobierno legítimo de México
2
6 de junio de 2007

* En la cuenta 05 44 55 50 80, a nombre de Honestidad Valiente A.C.
* Cada aportación puede hacerse a partir de 30 a 30 mil pesos
* Con los recursos de la gente se costean las actividades del Gobierno Legítimo
* Agradece el Gobierno Legítimo la colaboración y apoyo de la gente


A partir de esta fecha, los ciudadanos que participan en la lucha por la transformación auténtica en nuestro país ya pueden seguir depositando sus contribuciones en la cuenta número 0544555080 de Banorte, a nombre de Honestidad Valiente A.C.

Los donativos pueden ir desde 30 pesos hasta 30 mil pesos cada uno de ellos y pueden depositarse en cualquiera de las sucursales de la mencionada institución financiera, que están distribuidas en toda la República Mexicana.

Con las aportaciones económicas de miles de mexicanos se financian las actividades y se difunden las acciones realizadas por el Gobierno Legítimo de México a favor del pueblo, en particular de la gente pobre y humilde.

El Gobierno Legítimo de México agradece como siempre la valiosa colaboración de la gente en la lucha por la transformación de nuestro país y sus instituciones.

Como es de dominio público, en días pasados el banco HSBC canceló de manera unilateral y sorpresiva, sin ofrecer justificación alguna, sin mediar ningún alegato jurídico o legal la cuenta bancaria que operaba desde el pasado 4 de enero.

En una notificación oficial, el citado corporativo esgrimió como único argumento que cancelaba la cuenta bancaria de Honestidad Valiente A.C. “por convenir así a sus intereses”.

Un importante número de ciudadanos elevó de inmediato su más enérgica protesta al tener conocimiento de la disposición asumida por la mencionada institución de crédito y lo calificó como un acto arbitrario contrario a todo derecho.

Las voces ciudadanas han coincidido en que se trata de un atropello y de una represalia política del gobierno espurio contra todo un movimiento democrático, que va más allá de cualquier persona o institución; sin embargo, la resistencia también es persistencia y, por más obstáculos que pongan, seguiremos adelante.

Para el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, la arbitraria determinación de dicho banco –cuyo rescate costó a todo nuestro pueblo alrededor de 100 mil millones de esos— fue resultado de presiones que ejerció el director del Banco de México, Guillermo Ortiz, o el secretario de Hacienda del gobierno espurio, Agustín Carstens.

El abusivo acto viene a confirmar que los adversarios políticos del Proyecto Alternativo de Nación “están débiles, que no tienen la razón y que están muy desesperados”, ante el avance del movimiento por el cambio auténtico en México, pero “no nos vamos a enojar y, aunque tengamos el corazón caliente, siempre vamos a actuar con la cabeza fría”, como lo ha expresado López Obrador.

El Gobierno Legítimo de México reitera su agradecimiento al apoyo que le ofrece el pueblo de México y refrenda su compromiso de mantener la lucha por el cambio real en nuestra Nación.

En Madrid, protesta el próximo viernes para salvar la casa de Vicente Aleixandre

Más información, en mi blog Erat Hora.

Clic aquí.

sábado, junio 23, 2007

Promesas incumplidas

Carlos Acosta Córdova
Proceso
23 de junio de 2007

México, D.F. (apro).- Ya estamos acostumbrados. Lo que promete un candidato, difícilmente lo cumple como presidente. El entusiasmo y las ganas de convencer terminan siempre por chocar con la cruda realidad. Felipe Calderón no ha sido la excepción. Su experiencia en la política y en las lides parlamentarias, y aun su voluntad, no le alcanzaron para llevar a buen puerto todo lo que prometió en materia impositiva.

El paquete de iniciativas para modificar el marco tributario que envió al Congreso de la Unión, es una prueba fehaciente del poco margen de maniobra en que se mueve, de cuán acotado está. La necesidad de congraciarse con los partidos políticos de oposición, el miedo a causar un malestar social mayúsculo y lo obligado que está a no lastimar a hombres y empresas que le ayudaron a financiar su campaña, terminaron por orillarlo a presentar una reforma fiscal que dista mucho de lo que el candidato proponía, lejana de los cambios que requiere el sistema impositivo y muy remota para satisfacer las ingentes necesidades sociales.

De los candidatos presidenciales, Felipe Calderón era quien más conocimiento mostraba en el tema de los impuestos. Con claridad hablaba de los problemas estructurales del sistema impositivo, particularmente en el caso de la recaudación. Las maestrías en Economía en el ITAM, y en Administración Pública en la Universidad de Harvard, más su experiencia en la política como líder del PAN y como legislador, le permitían un conocimiento más preciso del entorno económico nacional, de sus debilidades y fortalezas.

Con esas tablas, hablaba, por ejemplo, de que la escandalosa evasión fiscal que había en el país, era una muestra clara del problema estructural que había en materia de recaudación. Que una de las maneras de incrementar ésta –para hacer competitivo al país, generar más recursos e impulsar la economía-- era hacer más simple el pago de los impuestos. Que él, como presidente, lo iba a hacer, y para ello empezaría por bajar la tasa del Impuesto Sobre la Renta, del 28% actual a una de entre 15% y 20%; que sería una tasa única y sin las excepciones que benefician a unos cuántos que son muy ricos. También, que el comercio informal sería incorporado a la base de contribuyentes. Que, para ir acordes con la tendencia internacional, se priorizarían los impuestos al consumo, más que al ingreso.

En uno de los debates públicos con los otros candidatos presidenciales, dijo tajante:

“Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan, producen o generan empleos y voy a simplificar sus pagos. Voy a bajar la tasa del impuesto sobre la renta, y pagar impuestos será más sencillo que nunca. Hacer una declaración (de impuestos) la podrás hacer sencillamente y sin la ayuda de nadie. En mi propuesta está considerado que no se gravarán los ingresos menores a cuatro salarios mínimos. Es decir, quien gane menos de cinco mil pesos al mes no pagará impuestos por trabajar. Y de ahí, de manera progresiva, se va a pagar muy fácilmente. Va a ser muy fácil pagar ese impuesto. Segundo, voy a transparentar totalmente los impuestos que pagamos. Voy a manejar en caja de cristal el dinero del pueblo…”

Eso, como candidato. Después, ya presidente, lo repetía. Y, más, la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, se encargó, a principios de año, de mostrar las debilidades del sistema tributario, con tal alarma que hacían especular sobre un cambio radical.

Aquí mismo escribíamos que, con base en un estudio reciente del ITAM –encargado por el SAT–, que por los tratamientos diferenciados en la aplicación del IVA –tasa cero, exenciones, tasa baja en la frontera–, el fisco perdió el año pasado poco más de 187,000 millones de pesos, casi un 2% del PIB. Y que, en el caso del Impuesto sobre la Renta, por todos los tratamientos especiales, los múltiples beneficios para grandes consorcios, que ya no se justifican, las exenciones, deducciones y créditos al salario, dejaron de ingresar al fisco, en 2006, cerca de 296,000 millones de pesos, casi el 3.3% del PIB.

Si a esas cantidades se agrega una evasión fiscal, que el propio SAT estimó para 2006 en 221,202 millones de pesos, la cifra que no llega a las arcas públicas supera los 700,000 millones de pesos.

Pero luego de seis meses de intenso cabildeo del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y su equipo, con las fuerzas políticas de oposición y con grupos empresariales, a lo que se llegó fue a una propuesta de reforma fiscal que en nada se parece a lo que proponía el candidato Calderón y muy ajena para corregir las debilidades del sistema tributario que se han señalado recientemente. Peor, la propuesta presentada sólo le redituará al gobierno unos 300,000 millones de pesos… pero en todo el sexenio.

Pero bajo la lógica de “de lo perdido, lo que aparezca”, el gobierno de Calderón logró proponer algunas simplificaciones y mecanismos de control, algún rasguño a la informalidad y corresponsabilizar a los gobiernos estatales en la recaudación. Aunque, hay que reconocerlo, también el esbozo de una corrección necesaria: el nuevo impuesto, la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU), de aprobarse, apunta a la eliminación de los privilegios que tanto daño hacen al fisco.

Pero, intocado el IVA, seguirán las grandes devoluciones, escandalosas, a los grandes grupos empresariales.

El debate apenas empieza.

22 de junio de 2007

cgacosta@proceso.com.mx

viernes, junio 22, 2007

Las utopías torcidas

Lorenzo Meyer
Reforma
21 de junio de 2007


Lo torcido no son las búsquedas, sino las causas que conducen a esas salidas


Propuesta

Fue durante la presentación de un libro sobre migración que Carlos Monsiváis afirmó, tan contundente como desencantado, que hoy la única utopía del mexicano común y corriente consiste en abandonar el país para irse a trabajar, como documentado o indocumentado, a Estados Unidos.

La propuesta de Monsiváis resume de un modo brutal pero efectivo la tragedia de una sociedad nacional a la que la geografía y la historia, pero sobre todo la incompetencia y la corrupción de sus dirigencias, han terminado por hacerle ver como algo normal, inevitable e incluso deseable, que anualmente entre 450 mil y 600 mil de sus ciudadanos crucen subrepticiamente una frontera cada vez más hostil, vigilada y peligrosa. La utopía del mexicano emigrante parte de una base muy legítima: de su enorme disposición a aprovechar las condiciones que supone que hay en el país del norte para aquellos dispuestos a trabajar "en lo que sea" a condición de que el esfuerzo dé los frutos a que se aspira cuando se es joven y se está dispuesto a arriesgar mucho con tal de superar las enormes limitaciones que impone un sociedad como la mexicana, donde el crecimiento económico es magro y, sobre todo, donde cada vez es más claro que sólo los pocos tienen una oportunidad real de movilidad social.

En principio, una utopía genuina es tal justamente porque no existe pero es deseable. Como se recordará, en el origen el concepto se refería a una comunidad imaginada donde sus miembros coexistían en una relación perfecta y armoniosa entre ellos y con su entorno. La Utopía, esa isla que Tomás Moro imaginó en el siglo XVI, estaba sostenida por instituciones y por políticas que eran producto puro de la razón y del altruismo. En contraste, la utopía a la que se refirió Monsiváis es una bastante diferente; no tiene nada de relación perfecta y menos justa, pero pese a estar torcida o justamente por ello, está más cerca de la realidad y, en cualquier caso, funciona en el mismo sentido que la original: su existencia en la mente de millones de mexicanos a lo largo de más de un siglo es una motivación para actuar y una acusación indirecta a un estado de cosas insatisfactorio, contrario a la promesa de las élites políticas y económicas que desarrollaron y se beneficiaron del sistema de poder que hoy impera en México.

La Revolución Mexicana (1910-1920) tuvo, en principio, un elemento de gran pacto entre dirigentes y masa, que la hizo atractiva para esta última. En efecto, la lucha se presentó como un esfuerzo colectivo por hacer de México una comunidad muy distinta a la que existía en 1910. Se trataba de modificar al país para que el grueso de sus habitantes tuviera, por fin, una oportunidad real de desarrollar sus potencialidades como ciudadanos y trabajadores. Para eso se llevó adelante la reforma agraria, se nacionalizó el petróleo, se expandió la educación y la salud públicas y se dio forma y contenido al artículo 123, etcétera.

En la práctica, entre 1911 y 1920 la revolución tuvo una consecuencia no deseada: la salida hacia Estados Unidos en condiciones difíciles y a veces desesperadas de casi 900 mil mexicanos. Una de las más grandes figuras de la antropología y arqueología mexicanas, el doctor Manuel Gamio, buscó a algunos de esos migrantes y en un par de libros publicados en 1930 y 1931, condensó una invaluable, compleja, realista y conmovedora visión de los que habían abandonado al México en llamas para buscar su quimera personal en Estados Unidos (ver la edición preparada por Devra Weber et al, El inmigrante mexicano: la historia de su vida: entrevistas completas, 1926-1927, Segob, 2002).

Gamio mostró, con las propias palabras de los migrantes, que, entonces como ahora, su abandono de México obedeció no a un rechazo de lo propio sino a la mezcla de falta de oportunidades y miedo a la violencia con la imagen de una vida en un entorno ajeno pero promisorio. Algunos de los que se fueron lograron forjarse una vida y un futuro mejores, otros no. En todo caso, el trabajo de 10 o más horas diarias en la pisca, las ladrilleras, las vías del ferrocarril, la pavimentación, la construcción, las minas, la venta ilegal de alcohol e incluso la prostitución, fue duro y no bien remunerado. Particularmente difícil resultó la negociación y la inserción en el entorno social norteamericano de la época, donde la discriminación era moneda corriente aunque no general.

Entre los migrantes que Gamio nos develó, los hubo que ante el desvanecimiento de su utopía norteamericana elaboraron una nueva: la del retorno a México. Con la Gran Depresión, ese retorno fue obligado, al menos para unos 311 mil repatriados entre 1930 y 1933. Sin embargo, la idea de crear con y para ellos colonias agrícolas en México resultó un fracaso y un buen número regresó al norte: su búsqueda pareció tornarse en algo interminable.

La Segunda Guerra Mundial y el Programa de Braceros abrieron las puertas a 300 mil trabajadores mexicanos documentados y a muchos más sin papeles. Pasada la emergencia, el acuerdo perdió vitalidad hasta desaparecer, lo que no impidió que siguiera yéndose una parte de aquéllos con deseos de romper las trabas a su condición económica. Se calcula que entre 1961 y 1970, 454 mil mexicanos se marcharon del país en busca de futuro. Para el decenio de 1981-1990, les siguió una masa que se triplicó. En los 1990, la vigilancia del gobierno norteamericano hizo ya muy difícil el cruce de los indocumentados, pero ni eso impidió que la fuga continuara; en el quinquenio 1997-2002, los que se marcharon sumaron casi 2 millones y medio.

La otra utopía

El otro sueño de salvación individual de los mexicanos de las clases populares que buscan romper el círculo de hierro en que los mantiene el haber nacido fuera de la arena de los pocos que sí prosperan, es aún más trágico: el narcotráfico.

En México, la producción y comercialización de drogas prohibidas tiene una historia un poco más reciente que la migración. En el inicio, y como en el caso de la migración, por un tiempo el narcotráfico fue un fenómeno relativamente marginal en la vida mexicana, pero desde hace cuatro decenios los volúmenes de consumo en Estados Unidos aumentaron y esa actividad se expandió hasta llegar a tener un valor final que, a nivel global y según un cálculo de Naciones Unidas, es de más de 140 mil millones de dólares anuales. Otra estimación, muy conservadora, de la Casa Blanca, supone que de ese total las redes del narcotráfico mexicano reciben el 10 por ciento, equivalente a la mitad del monto de las remesas que envían los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.

El narcotráfico como actividad es un asunto que implica no a millones sino únicamente a millares, pero sus efectos son desproporcionados. De manera aún más contundente que con los migrantes, este fenómeno aparece como una vía muy tentadora para jóvenes de origen popular, con pocas posibilidades de mejorar su condición original, pero con una determinación digna de mejor causa. Es en ese mundo ilegal donde buscan lograr un reconocimiento y una riqueza que ninguna otra actividad les puede ofrecer. El costo es altísimo, pero todo indica que sobran los dispuestos a pagarlo.

La utopía del narco queda perfectamente registrada en sus corridos. En Clave privada la lógica es impecable: "ya mucho tiempo fui pobre/ mucha gente me ha humillado/ empecé a ganar billetes/ las cosas están volteadas/ ahora me llaman patrón/ tengo mi clave privada".

Reflexión

Es difícil, por no decir imposible, negar el aserto de Monsiváis. Con o sin documentos, salir hacia Estados Unidos para, mediante el trabajo a brazo partido, darle un nuevo significado a la vida, es hoy la dura pero razonable y única utopía de millones de mexicanos. Sin embargo, la elección más radical, y la más torcida, es la que han hecho los "Chapo" Guzmán de este nuestro mundo: la que ofrecen el narcotráfico y la violencia. Este camino demanda un precio altísimo para quien lo toma, pues significa chocar de frente en guerra sin cuartel no sólo con la estructura de poder nacional sino con la norteamericana, es decir, con la más fuerte del planeta.

Las utopías tergiversadas que hoy despiertan la imaginación de los mexicanos no son más que otros tantos reflejos y respuestas a unas realidades internas y externas aún más torcidas. Para superarlas, se necesitaría retornar a la esperanza colectiva, pero no sólo mediante el discurso oficial -ése es muy barato- sino a través de cambios efectivos en las injustas realidades económicas, sociales, políticas y jurídicas, pero los intereses creados son enormes, y es justamente ahí donde radica lo desesperante de la situación.

jueves, junio 21, 2007

Los intereses de HSBC

Omar G. Nieves Cosio
Periódico Express
20 de junio de 2007

En la media noche de este lunes pasado, “Honestidad Valiente A.C.” denunció a través del programa “La verdad sea dicha” la cancelación de la cuenta bancaria que habían abierto en HSBC, para que los simpatizantes del movimiento de resistencia civil pacífica aportaran sus cooperaciones para la causa que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, dicha cancelación no fue promovida por la asociación civil, sino por el propio banco, al considerar que “así convenía a sus intereses”.

No tiene nada de sorprendente que un banco extranjero, y con “intereses” ciertamente capitalistas, le cierre las puertas a un movimiento político nacional que pretende terminar con la especulación y la voracidad agiotista que caracteriza a las instituciones bancarias de nuestro país. Lo que sí resulta repugnante, es que un banco como HSBC –perteneciente al sector privado– se valga de la función social que presta, para servir a “los intereses” del gobierno neoliberal, y que además, sigua cobrando los pagarés del Fobaproa.

Con tal de gratificar el apoyo que Felipe Calderón le hizo a la banca mexicana en 1998 mediante el rescate bancario que todos los mexicanos aún seguimos pagando –12 mil 815 pesos cada uno–, HSBC ha sido capaz de renunciar a una de las funciones por las que fue creado: “captar el ahorro”. Claro que el banco británico no abandonará por completo este importante servicio, pero ahora solo custodiará y administrará el dinero de los más ricos.

Pero seguramente que esta discriminación política tendrá consecuencias adversas para dicho banco. Para empezar, muchos cuentahabientes ya han manifestado su intención de retirar su dinero; y otros aseguran que jamás se les ocurrirá pedir algún tipo de préstamo o financiamiento económico en esta institución bancaria.

Por otra parte, los simpatizantes del Movimiento de Resistencia Civil pacífica ya han estado evaluando la posibilidad de formar e instituir un nuevo banco que sirva a los intereses del pueblo, y que tenga presencia en toda la república mexicana; porque, señalan, “ni modo que abramos una cuenta en el banco de Roberto Hernández –Banamex–”, ó, “ni modo que Ricardo Salinas nos administre el dinero en el Banco Azteca”; “ni siquiera Banorte (que se dice es el único banco mexicano) tiene la autoridad moral para recibir nuestro dinero, porque también fue rescatado con el Fobaproa, y luego compró la cartera vencida de deudores que había acumulado, a un precio mucho menor con el que la entregó al gobierno”.

Sin duda, ahora los “intereses que convienen” a HSBC es servir al gobierno federal; después, poder servir a alguien.

Soplones desde chiquitos

Esta noticia me horrorizó. Será poco comentada por la generalidad de los medios de comunicación, y, sin embargo, tiene la mayor importancia: ¿hacia qué tipo de régimen nos encaminamos?

Buscan que alumnos ubiquen a opositores

Nurit Martínez
El Universal
21 de junio de 2007

Identificar a quienes atentan contra las leyes, uno de los objetivos

Los estudiantes mexicanos de sexto de primaria aprenderán a identificar a quienes violen o atenten contra las leyes en el país, y definirán cuáles son los grupos de oposición al gobierno, de acuerdo con el Programa Integral de Formación Cívica y Ética para la Educación Primaria, que se incorporará al plan de estudios a partir de agosto.

Los niños, guiados por los maestros, identificarán en el aula a los personajes o actores que se encuentran en conflicto con el gobierno, como partidos políticos de oposición, organizaciones de la sociedad, otras autoridades de gobierno, sectores de la población y organismos internacionales.

El programa al que tuvo acceso EL UNIVERSAL y que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, plantea que los alumnos de sexto año de primaria analicen los procesos electorales, conflictos sociales y controversias con la legalidad, a partir de lo que difunden los medios de comunicación.

En su versión acabada del 27 de mayo de 2007, el plan de estudios también contempla que los estudiantes, además de identificar las situaciones de violencia, aprendan a cuestionar los fenómenos violentos "promovidos en los medios de comunicación".

Junto con la televisión, la radio y la prensa, en el documento se plantea analizar el contenido de internet y de los videojuegos a los que tienen acceso los estudiantes.

La razón que argumenta la Secretaría de Educación Pública (SEP) es que son estos medios "los que generan formas de mirar al mundo al introducir lenguajes, conceptos y modelos de vida que impactan las relaciones entre las personas".

El Programa Integral de Formación Cívica y Ética para la Educación Primaria está estructurado en cinco unidades por cada grado escolar, y en la última unidad de sexto año de primaria es en la que se profundiza el estudio de los procesos electorales y los medios de comunicación.

Ahí también se especifica que será a partir del análisis de las noticias como se podrá identificar a quienes atentan contra las leyes en México.

En el programa se responsabiliza a los medios de difundir "en ocasiones" ejemplos de "contradicción de lo que debe ser el diálogo, la convivencia respetuosa y solidaria", entre los diferentes actores políticos.

Para transformar esa visión de los fenómenos políticos y sociales en el país, el plan de la SEP señala la importancia de que los niños aprendan a leer, ver y oír lo que presentan los medios de información, y si éstos proporcionan diversas fuentes de las noticias que difunden.

Los estudiantes sabrán qué medios de comunicación dan más o menos información, cuáles son más claros, qué tipo de imágenes ofrecen, y reconocerán los artículos de opinión en la estructura de periódicos y noticieros.

A partir de esos contenidos, propone el programa, los menores integrarán listados de los grupos o actores opositores a las acciones del gobierno; analizarán eventos conflictivos y podrán señalar qué leyes se violan. Agrega que los maestros promoverán la visita de algunas organizaciones a las escuelas para conocer sus posturas.

En general, el programa de estudios sugerido para Civismo y Ética en sus seis grados dice que los alumnos desarrollarán ocho competencias al concluir la primaria: competencia y cuidado de sí mismo; autorregulación y ejercicio responsable de la libertad; respeto y aprecio a la diversidad; sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad; manejo y resolución de conflictos; participación social y política; apego a la legalidad y sentido de justicia; así como comprensión y aprecio por la democracia.

miércoles, junio 20, 2007

La verdad sea dicha 2007/06/19

"Sin justificación alguna, la semana pasada el banco HSBC canceló la cuenta bancaria de Honestidad Valiente. La única explicación fue un escrito del banco donde notificó el cierre de la cuenta «por así convenir a sus intereses»".

"Desde aquí les queremos decir a esos mafiosos que, a pesar de sus burdas maniobras, por más obstáculos y miedo que quieran infundir, la voluntad de cambio de millones de mexicanos no podrá ser acallada ni detenida".

"Este movimiento de transformación triunfará y logrará establecer la democracia, la justicia y la libertad".

"De eso no nos cabe la menor duda. Por eso tienen miedo". En GoogleVideo
Comentario de Eratóstenes Horamarcada: Una institución financiera que se comporta con esta injustificable discrecionalidad no merece nuestra confianza. A los mexicanos no nos queda sino retirar nuestro dinero de HSBC. Sugiero que, antes de despedirnos para siempre de este banco --uno de los que nuestros impuestos están sosteniendo, vía IPAB--, le hagamos llegar a sus directivos una carta, especificando que, si damos por terminado nuestro contrato con HSBC, se deberá «a que así conviene a nuestros intereses: los de nuestra familia y los de nuestra nación».

martes, junio 19, 2007

Más pruebas del fraude a López Obrador

Lilia Arellano
Columna Estado de los estados
¡Por esto!
19 de junio de 2007
Los Bribiesca aún no se escapan: Schmal
Medina Mora, escudo de impunidad en la PGR
Calderón deteriora la investidura presidencial
Yunes Linares amenaza a servidores públicos


“Es más fácil hacer leyes que gobernar”
Leon Tolstoi


A pesar de que día con día surgen más pruebas y evidencias de lo sucia y fraudulenta que fue la elección presidencial del pasado 2 de julio, Felipe Calderón no hace ni un pequeño esfuerzo por revestir con un poco de legitimidad la investidura presidencial que detenta y, por el contrario, su gestión hasta el momento lo único que ha logrado hacer es reafirmar la certeza del pueblo de México de lo inadecuado y peligroso que sería y es para el futuro de la Nación una administración garante de impunidad para el saqueo que se realizó en el sexenio foxista y que sigue, imparable, en los primeros meses del calderonismo, sin que se logre ver el fondo de este profundo pozo de corrupción en que se ha convertido la administración pública federal.

A las pruebas presentadas por la Coalición por el Bien de Todos que encabezó Andrés Manuel López Obrador, ratificadas con las confesiones de parte de los antagonistas de esa truculenta elección, como son el propio ex presidente Vicente Fox, quien con el cinismo y caradura que lo caracteriza declaró en los Estados Unidos que si bien perdió la lucha por desaforar al tabasqueño “se desquitó” durante la campaña y el día de la votación; o el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, que con toda desvergüenza ha reconocido la intervención ilegal del entonces titular del Ejecutivo en el proceso, que de entrada lo descalificó, y ahora, con un total desconocimiento del estado de derecho, señala que la autonomía del IFE puede convertirse en simple retórica por la falta de mecanismos de defensa constitucionales cuando es vulnerada por otras instancias del Estado, cuando olvida que la autonomía la perdió dicho organismo desde el momento en que él fue designado para ocupar el cargo que ostenta a sabiendas de los intereses que representaba, que defiende y que seguirá defendiendo hasta el final de su gestión.

Y ni qué decir del descaró de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, que no pierde ninguna oportunidad para recordarle a propios y extraños que “gracias a ella” Felipe Calderón es ahora el inquilino de los Pinos, “servicio” que le ha sido pagado con creces por el gobierno federal y que, sin embargo, no se ve para cuándo se dejarán de presentar facturas con cargo al erario público por el incalificable trabajo de las huestes magisteriales a favor del entonces candidato albiazul.

A todo eso se suma el testimonio del ex candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, quien a total destiempo revela el cochinero que fue la elección federal pasada; pretende ocultar su falta de valor civil ante la serie de irregularidades que se cometieron, tanto del lado de los integrantes de su partido, como del gobierno federal, el Partido Acción Nacional y las cúpulas empresariales; y que dejó pasar cobardemente convirtiéndose en cómplice del atraco electoral a millones de mexicanos, cuando tenía todos los elementos jurídicos para exigir la anulación de la elección, junto con su adversario de la Coalición por el Bien de Todos, lo que hubiera obligado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a determinar la repetición de los comicios.

Y este lunes Socorro Díaz, en el libro “Reporte 2006, el desquite”, difundió la conclusión a la que llegó un grupo de especialistas de la Coalición por el Bien de Todos en el sentido de que “más de 72 por ciento de las actas de escrutinio de las elecciones del 2 de julio de 2006 habían sido falsificadas con el propósito de sacar del cómputo alrededor de millón y medio de votos a favor de Andrés Manuel López Obrador”, lo que permitió el “triunfo” de Felipe Calderón por menos de 250 mil votos de diferencia.

En esa obra, la ex legisladora sostiene que ante un resultado cerrado a favor del candidato de la oposición, la “pareja presidencial”, Vicente Fox y Marta Sahagún, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y el candidato panista, Felipe Calderón, decidieron robarse la elección con la complicidad de Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, y por supuesto de su patrona, la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo.

La ex priísta relata la forma en que se impidió la victoria del tabasqueño y precisa que el día de los comicios presidenciales Carlos María Abascal, entonces secretario de Gobernación y ahora aspirante a dirigente nacional del PAN, citó a los dueños de las estaciones de radio y televisión en las oficinas de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión para advertirles que “ni las casas encuestadoras darían resultados esa noche ni el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) anunciará ganador a las 23 horas, como se había prometido con bombo y platillo durante semanas antes”.

Bueno, hasta los boletines de los propios organismos electorales dan cuenta de la danza de cifras que permitieron usurparle el triunfo a López Obrador: este fin de semana el Instituto Federal Electoral reportó la baja de dos millones 534 mil 151 ciudadanos del Padrón Electoral debido a defunciones, suspensión de derechos y, sobre todo, duplicados. En un comunicado dado a conocer por la agencia oficial Notimex se difundió que del 7 de julio de 2003 al 31 de mayo de 2007 las estadísticas de bajas por duplicados alcanzaron un total de un millón 156 mil 813, número más que suficiente para decidir una elección que se definió, no hay que olvidarlo, por menos de 250 mil votos; a eso hay que agregar, de acuerdo a la misma fuente, que en ese período también se tenía una reserva de sufragios por un millón 377 mil 338, que ahora se dieron de baja por defunción y suspensión de derechos. Y para aumentar las sospechas, la duplicidad de electores, las defunciones y las suspensiones de derechos se dieron precisamente en estados “claves” para la elección: Estado de México, Distrito Federal, y Veracruz, casualmente.

Lo cierto es que el gordillista Luis Carlos Ugalde con mucho tiempo de anticipación constituyó su “colchón” para manejar las cifras como mejor le viniera en gana a su patrona, Elba Esther Gordillo, y de acuerdo a los “convenios” secretos que “amarró” con los panistas en contra de su “seductor”, el priísta “traicionado” y chamaqueado Roberto Madrazo Pintado, y de Andrés Manuel López Obrador que cometió el pecado de desairarla.

En los últimos días del 2005, la secretaría ejecutiva del Instituto Federal Electoral advirtió que para los comicios federales del 2006, el padrón electoral aumentaría 10 por ciento y la lista nominal de electores 9.5 por ciento, respecto al registrado en las elecciones intermedias de 2003. En ese momento el IFE anunciaba que el padrón electoral estaría conformado por más de 73 millones de ciudadanos, mientras que tres años antes el padrón, en la elección intermedia del 2003, registraba 65 millones 337 mil 47 ciudadanos. Por lo que toca a la lista nominal de electores, el IFE advertía que alcanzaría los 71.9 millones de ciudadanos, es decir, un incremento de 9.5 por ciento respecto a la utilizada tres años antes, cuando registró 64 millones 710 mil 596 electores.

Cuatro meses después Ugalde dio muestras de su “magia” electoral y el 5 de abril de 2006 sacó de la chistera un padrón electoral de 71 millones 934 mil 760 registros, es decir, el 95 por ciento de los ciudadanos mexicanos, y una Lista Nominal de Electores de 71 millones y medio de mexicanos, es decir el 99.3 por ciento del padrón electoral. Más precisión no se le podía pedir ni a Houdini o David Copperfield, por lo que el truco electoral del moderno “Beto el Boticario” le fue más que aplaudido por los poderes fácticos y los titulares de los poderes formales, institucionales, encabezados por Vicente Fox y por Martita Sahagún, sobre todo porque los representantes de los partidos políticos de oposición no pudieron verificar jamás la confiabilidad de estos importantes instrumentos electorales, con lo que las autoridades electorales tuvieron manga ancha para manipularlos, con los resultados por todos conocidos.

Los Bribiesca-Sahagún, blindados

Al ser entrevistado en el programa “Estado de los Estados”, que se transmite por Radio 620, Jesús González Schmall advirtió este lunes que de ninguna manera pone a salvo a los hijos de Martha Sahagún el amparo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa les otorgó contra las acciones y conclusiones de dos comisiones legislativas integradas en 2005 y 2006 para investigar el tráfico influencias en que incurrieron durante todo el sexenio pasado y que les permitió acumular una fortuna personal, a costa del patrimonio nacional, que ni en sus más delirantes sueños habían imaginado.

El ex legislador de Convergencia recordó que apenas el 25 de abril, la Cámara de Diputados integró por tercera vez la comisión para investigar a los cachorros de la ex primera dama, lo que no se verá afectado por dicho amparo, pues esta nueva acción no fue parte del juicio.

González Schmall, quien presidió la comisión legislativa creada en 2006, sostuvo que un amparo de esa naturaleza sólo se explica por presiones del poder y calificó la decisión de ese tribunal como mal sustentada jurídicamente, constitucionalmente.

A pregunta directa de los radioescuchas aseguró que las investigaciones realizadas por los legisladores federales reunieron los suficientes elementos para presentar formalmente denuncias penales ante la Procuraduría General de la República por presuntos daños al erario por cientos de millones de pesos, sin embargo en esta dependencia las averiguaciones fueron “congeladas” por el cambio de administración y a más de un semestre del gobierno de Felipe Calderón no se han reactivado, a pesar de las presiones del poder legislativo.

En efecto, la comisión legislativa que investiga la legalidad de los contratos de obra pública concedidos a Construcciones Prácticas pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise las resoluciones contradictorias a los amparos promovidos por los Bribiesca-Sahagún.

Sobre este punto, explicó que se han otorgado dos amparos diferentes sobre una misma materia en dos tribunales del mismo rango, respecto a la inconformidad de los hijos de Marta Sahagún de ser investigados por la Cámara de Diputados.

Llamó la atención sobre el hecho de que el 29 de noviembre de 2006 el poder judicial ya les había negado un amparo, por lo que recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano determinó mandar el caso a un tribunal colegiado -en lugar de resolverlo ahí mismo- él que finalmente le otorgó dicho amparo.

Esa protección les llegó a los Bribiesca-Sahagún justo cuando la tercera comisión legislativa recibía nueva información sobre el tráfico de influencias en el que estuvieron implicados y que se refiere a los detalles sobre la subasta de un fideicomiso que el IPAB decidió a favor de la firma Construcciones Prácticas, de la que es dueño Miguel Khoury Siman, socio de Manuel, quien con sólo tuvo que desembolsar 1.5 millones de pesos obtuvo una ganancia superior a los 200 millones de pesos.

González Schmall sostiene que en estos momentos la Procuraduría General de la República, a cargo de Eduardo Medina Mora, cuenta con todos los elementos jurídicos para reactivar las averiguaciones y hasta para solicitar la comparecencia para explicar estos fraudulentos hechos no sólo de los hermanos Bribiesca-Sahagún, sino de la propia pareja presidencial, Vicente Fox y Marta Sahagún. Sin embargo, esto no se ha hecho por la red de complicidades armada para garantizarles la impunidad en el sexenio calderonista, por lo que no es casual que Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública y ex director del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) en el “gobierno del cambio”, sea ahora el procurador general de la República.

Y ahí precisamente, en la Procuraduría General de la República, están detenidas todas las investigaciones, por lo que esa dependencia se ha convertido en el bunker que blinda toda la impunidad de los Bribiesca-Sahagún y de la “pareja presidencial”, por lo que la única forma de que avance el proceso es desarticular la red de complicidades construidas entre las administraciones foxista y calderonista, con la destitución, por supuesto, de Medina Mora como abogado de la Nación.

Calderón pasa la charola a todos

Como si se tratara tan sólo de un integrante de una de las múltiples fundaciones que sirven a los grandes grupos empresariales para evitar el pago de impuesto, apenas la semana pasada Felipe Calderón pedía, sombrero en mano, que los legisladores federales y los empresarios que más ganan en este país hicieran su aportación para modernizar la educación nacional, que tan mal ha sido calificada por los organismos internacionales, porque el gobierno federal no cuenta con recursos para ello y a estas alturas menos con la gran cantidad de dinero público que se ha desviado a las arcas privadas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que administra discrecionalmente Elba Esther Gordillo.

Ahora, en el Estado de Veracruz, Calderón, escoltado por Fidel Herrera, convocó a los mexicanos a contribuir al gasto público a favor de los que menos tienen. El titular formal del Ejecutivo Federal dijo a los veracruzanos que continuará “consultando” con los partidos políticos y con las dependencias gubernamentales para ver de qué manera pueden apoyar el gasto público a fin de combatir la pobreza.

Lo que en verdad trae entre manos el michoacano es la concreción de una reforma fiscal que le permita contar con mayores recursos económicos al gobierno federal a costa, como siempre, de los contribuyentes cautivos, que en estos momentos están más que angustiados por la serie de medidas que en su contra se “cocina” en los en la Secretaría de Hacienda con los coordinadores parlamentarios del PAN y su cómplice preferido, el PRI.

De los pasillos

Las masivas protestas por la “Ley Gordillo” continuaron este lunes en la capital de la República. Iniciaron en el Zócalo capitalino y confluyeron en los alrededores de la residencia oficial de Los Pinos, donde fueron detenidas por elementos federales. Alrededor de 8 mil integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de sindicatos universitarios intentaron inútilmente entrevistarse con Felipe Calderón, a fin de pactar una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación sobre la nueva ley del ISSSTE. Por supuesto que no lo consiguieron. Es más, sólo encontraron la advertencia del gordillista Miguel Ángel Yunes, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien tajante amenazó: “con o sin protestas, la Ley del ISSSTE pasará”, lo que fue secundado por el secretario general del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE, Ricardo Pontigo Márquez, quien anunció que ese gremio no se sumará a las movilizaciones porque están bien contentitos con las reformas aprobadas por las fracciones del PAN y PRI en el Congreso de la Unión a pesar de la férrea oposición de los interesados, los trabajadores al servicio del Estados.

Los maestros constataron en Los Pinos que no existe la voluntad política para abrogar las reformas por lo que anunciaron que iniciarán una consulta nacional, fortalecerán el plantón en la Plaza de la República y llevarán a cabo su cuarto paro cívico nacional el próximo 31 de agosto...

Un plantón en el zócalo de la ciudad de Oaxaca fue instalado por maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Los mentores exigen que sean canceladas las órdenes de aprehensión contra dirigentes sociales, la liberación de activistas de la APPO que están presos y la entrega de 188 escuelas en poder de padres de familia. Ante estas exigencias, el cínico gobernador priísta Ulises Ruiz aseguró que las marchas y protestas son parte de la vida cotidiana y que el conflicto que estalló en 2006 está totalmente superado, por lo que la situación en el Estado es normal. ¿Cómo se sostiene un gobernante de esta calaña?

lilia_arellano@yahoo.com

lunes, junio 18, 2007

Los secretarios del Gobierno legítimo hablan de la pérdida de nuestra soberanía

La Jornada publica hoy dos artículos, escritos por Claudia Sheinbaum y Mario Di Constanzo, secretarios, respectivamente, del Patrimonio Nacional y de la Hacienda Pública en el Gobierno legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador.


Mayor inversión privada, eje articulador para el sector eléctrico
Claudia Sheinbaum Pardo

En el sexenio de Fox, la política energética del país estuvo sustentada en un objetivo articulador que fue la apertura del petróleo, el gas natural y la electricidad al capital privado. La orientación del actual gobierno usurpador no sólo no varía del anterior, sino que pretende ampliarla. Veamos el caso de la electricidad.

Para 2012 el programa de la CFE incluye el desmantelamiento de 33 plantas para ceder terreno a los productores privados de energía eléctrica Foto: Cristina Rodríguez

Los productores independientes de electricidad pasaron de representar 0.6 por ciento de la generación eléctrica en el año 2000, a 40.4 por ciento en 2007. Es decir, solamente 60 por ciento de la electricidad que consumimos se genera por las empresas del Estado y el resto proviene de la generación privada. Por si fuera poco, todas estas centrales de generación son de ciclo combinado y utilizan gas natural importado, fundamentalmente de Estados Unidos. De acuerdo con la Secretaría de Energía, en 2005 los productores independientes consumieron 336.78 petajulios (unidad energética) de gas natural seco, mientras se importaron 321.94 petajulios del mismo combustible, lo cual representa 20 por ciento del consumo nacional. Es decir, se importa casi la misma cantidad de gas que la que ocupan los productores privados de energía eléctrica.

Por si no fuera suficiente, una parte importante de las plantas de ciclo combinado, operadas por empresas privadas, sobre todo extranjeras, se licitaron sin que el país las necesitara. Me explico. La electricidad es un tipo de energía que debe utilizarse en el momento de consumo, es decir, no se puede almacenar en cantidades económicamente importantes. Para que un sistema eléctrico funcione adecuadamente requiere una capacidad instalada con posibilidad de generar cerca de 27 por ciento adicional de la demanda. Esto es así porque algunas centrales deben salir de operación para mantenimiento o sencillamente para poder cubrir posibles fallas. Sin embargo, el porcentaje de reserva ha llegado a representar en México más de 50 por ciento. Esta situación es inexplicable. Ninguna empresa eléctrica en el mundo quiere tener esta capacidad adicional porque sólo representa incremento innecesario de costos de inversión, operación y mantenimiento que se traducen en tarifas más altas al consumidor.

Y todavía más. Para asegurar la operación de los ciclos combinados que utilizan gas natural caro, las plantas termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no operan a plena capacidad, privilegiando la generación de los privados, que es más cara que la de la CFE. Inclusive muchas plantas antiguas en magnífico estado se paran forzosamente y en el futuro próximo se pretende desmantelarlas y venderlas como chatarra.

Pero eso no es todo. Para poder cubrir la demanda de gas natural, la CFE decidió construir plantas regasificadoras de gas natural licuado en diversas zonas del país, que le permiten importar el gas natural y que ya son operadas por petroleras extranjeras para abastecer a los productores privados. En la actualidad, se encuentra en licitación la planta regasificadora de Manzanillo, la cual, para colmo, estará ubicada en la Laguna de Cuyutlán, afectando esta zona de altísimo valor biológico porque en ella habita una importante cantidad de especies de flora y fauna en peligro de extinción.

Para 2012, el programa de la CFE incluye el desmantelamiento de 33 plantas de la propia empresa con una capacidad de 4 mil 546 megavatios y la instalación de 12 mil 184 adicionales de ciclo combinado con productores independientes.

Y a todo esto, ¿dónde quedaron los artículos 27 y 28 constitucionales? ¿Dónde quedó la soberanía y el patrimonio nacional? ¿Dónde el desarrollo independiente?...

¿Tú también, Greenspan? Estás totalmente equivocado
Mario Di Costanzo

Al igual que hizo Cuauhtémoc Cárdenas hace algunos meses, durante la semana pasada Alan Greenspan, ex secretario del Tesoro estadunidense, alertó sobre la posibilidad de una crisis futura sobre las finanzas públicas de México dada una caída en los precios del petróleo, por lo que apremió a llevar a cabo la reforma energética y abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión privada nacional y extranjera.

Imagen: Carga fiscal de empresas seleccionadas

Después de escuchar las declaraciones de Greenspan no me queda más que apremiarlo a que, antes de hablar sobre México, se tome la molestia de revisar los informes sobre la situación financiera del país.

Lo anterior, porque, de acuerdo con el primer informe sobre la situación de las finanzas públicas, al primer trimestre del año el sector público tuvo un superávit fiscal de 102 mil 436 millones de pesos.

Eso quiere decir que al mes de marzo del presente año los ingresos obtenidos por el gobierno fueron superiores al gasto que realizó durante los tres primeros meses de 2007.

Si bien es cierto que a primera vista esta situación podría parecer "buena", cuando revisamos este resultado de manera más detenida nos encontramos que este reporte de "superávit" hecho por el gobierno ha implicado que Pemex haya tenido durante los tres primeros meses del presente año un déficit de operación, o sea una pérdida de 10 mil 143 millones de pesos.

Para mostrar lo anterior basta mencionar que, de acuerdo con los datos publicados por Pemex al primer trimestre del año, esta paraestatal tuvo ventas totales por 235 mil 900 millones de pesos, de los cuales 134 mil millones (aproximadamente 56 por ciento de sus ventas totales) le fueron entregados a la Secretaría de Hacienda por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos.

Sin embargo, y de manera adicional, Pemex entregó al gobierno por concepto de "ingresos propios" 68 mil 353.5 millones de pesos, con lo que la contribución total de la paraestatal a las finanzas públicas fue de 202 mil 753 millones de pesos, lo que representa 85.9 por ciento de las ventas totales de la empresa.

Cabe destacar que si a las aportaciones a las finanzas públicas que hace Pemex por concepto de impuestos y de ingresos propios le añadimos lo que el gobierno recauda por concepto de impuesto especial a la producción y servicios, proveniente de la gasolina y el diésel (IEPS de gasolina y diesel) y lo que recauda por concepto de IVA a la gasolina, nos damos cuenta de que la contribución total de los ingresos petroleros a las finanzas públicas fue de 212 mil 410 millones de pesos, lo que representa 38 por ciento de los ingresos públicos totales.

Por ello resulta absurdo que la Secretaría de Hacienda se vanaglorie de haber obtenido un superávit fiscal de 102 mil millones de pesos, cuando esto fue a costa de que Pemex operara con pérdidas durante el primer trimestre del año.

También pone de manifiesto que la paraestatal jamás podrá ser una empresa competitiva y rentable mientras esté sujeta a la carga fiscal de la que es objeto.

De hecho, si Pemex enfrentara una carga fiscal como en teoría la tiene cualquier empresa privada, es decir, 28 por ciento, durante el primer trimestre del presente año la paraestatal hubiese reportado una utilidad de operación de cuando menos 60 mil millones de pesos, lo que representa el costo de una refinería con la mejor tecnología de punta.

Así, mientras Pemex paga una tasa de impuestos de 56 por ciento como proporción de sus ventas, Grupo Bimbo paga sólo 4 por ciento, Grupo Alfa 2.5 y Bachoco sólo 0.01 por ciento.

Esas son las verdaderas razones de que por un lado el gobierno federal hubiese obtenido un superávit fiscal y de que Pemex se encuentre descapitalizado y opere con pérdidas.

Por ello, Greenspan debería de haber recomendado una reforma fiscal que redujera la dependencia petrolera de nuestras finanzas públicas, mediante la desaparición de los regímenes fiscales que permiten que las grandes empresas no paguen impuestos, y no la privatización de nuestro sector energético.

Traición en Pasta de Conchos

Miguel Concha
La Jornada
16 de junio de 2007

En los últimos años países tan diversos y con economías tan diferenciadas como China, Ucrania, Colombia, Rusia, Polonia, España, Estados Unidos y Argentina han vivido la pesadilla de explosiones, derrumbes o inundaciones en minas de carbón. En todos estos lamentables sucesos han fallecido entre cuatro y 115 mineros.

Sin embargo, sólo encontramos dos diferencias con lo ocurrido en México el año pasado en Pasta de Conchos. La primera, que en ninguno de los casos anteriores se deja a los trabajadores fallecidos en la mina. Y la segunda, que se castiga con severidad los casos de negligencia. En nuestro país, en cambio, ni se quiere rescatar a los mineros ni se castiga a los responsables.

La principal responsable de aquella tragedia, Industrial Minera México (IMMSA), cerró la mina desde hace más de dos meses, con base en dos peritajes sin ningún valor científico. Ante la queja de las familias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acordó con ellas el 12 de abril, entre otras cosas, hacer un dictamen para establecer estrategias que permitan el rescate de los restos de sus familiares, incorporar a los especialistas que designe la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM), a quienes las familias le habían pedido ayuda, así como a tres familiares como parte del equipo dictaminador, y darle mantenimiento a los galerones ya recuperados de la mina.

El acuerdo era importante, porque daba certeza a las familias de que el dictamen y las estrategias de recuperación serían el resultado honesto del esfuerzo de las partes para terminar con 16 meses de espera. Sin embargo, hace unos días las familias de los mineros comenzaron a deslindarse del dictamen. Y tienen razón. La STPS acordó con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC que elaborara el dictamen, y firmó una cláusula de confidencialidad, en la que ahora se escuda para negarle información a los representantes de las familias, quienes además dejaron de ser parte del equipo dictaminador.

Sólo serán requeridos para que den "su testimonio" y aportes técnicos en la primera de las tres etapas que durará el dictamen, y quizás uno de los tres propuestos sea llamado a una entrevista en la segunda etapa. Decidieron también que sólo participe uno de los tres especialistas propuestos por la FITIM, el señor Manuel Royo, de España, aunque en las mismas condiciones que los representantes de las familias, es decir, sencillamente como invitado.

De manera incomprensible, esta etapa del dictamen sobre una mina que se ubica en México será en inglés, a pesar de que todos los participantes hablan español, y a las familias y al señor Royo, que deberán de respetar el protocolo no interviniendo, se les ofrecerá gentilmente un traductor.

Evidentemente de lo que se trata es de excluir e ilegítimamente ocultar información a la FITIM y a los representantes de los familiares, que pueden tener una voz disonante con el equipo dictaminador. Para colmo de males, se ha notificado que esta primera etapa ya se inició el 15 de mayo, y terminó el día de ayer, 15 de junio. Aunque por otro lado el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, estableció ya contacto directo con el señor Manuel Royo, y hasta el día 14, un día antes de terminar esta primera etapa, el señor Royo seguía en Madrid, sin que la STPS se hubiera dirigido personalmente a él con anterioridad. Es probable que la STPS pretenda justificarse en los próximos días, argumentando que le había girado invitación a través de la FITIM, lo cual es igualmente sospechoso.

Pero lo más preocupante de todo, como lo señalan las familias, es que el dictamen será valorado y consensuado por la mesa directiva del foro, formada por personas de excelente trayectoria y nivel académico, pero que ninguno, absolutamente ninguno, ni es del ramo minero, y mucho menos especialista en minas de carbón. Es inadmisible que se pretenda que doctores especialistas en filosofía y letras, en física de radiaciones, en siquiatría, en ciencias sociales, con especialidad en antropología, en cisticercosis humana y porcina, y en alergias e inmunología, etcétera, sean quienes por consenso preparen el dictamen oficial sobre las condiciones de seguridad de la mina, y sobre todo presenten una estrategia para la recuperación de los cuerpos, como se acordó que es el objetivo del dictamen. ¿No será que los quieren usar para legitimar un proceso, cuyas implicaciones éticas, jurídicas, judiciales y sociales son un escándalo en México y el mundo? ¿Sabrán ellos a qué los están convocando?

Entre tanto la mina no ha recibido ningún mantenimiento, porque ahora la STPS argumenta que no puede obligar a Industrial Minera México para que lo haga, a pesar de que este era el segundo compromiso fundamental con los familiares de los mineros desde el pasado 12 de abril. A estas alturas todos podemos suponer que el dictamen será para cerrar la mina oficialmente, y dejar junto con los mineros las evidencias escondidas del cinismo del consejo de administración de IMMSA (que anuncia inversiones millonarias para su carboeléctrica), así como la corrupción de un régimen que protege al capital, a costa de los trabajadores, y la desfachatez de una justicia simulada.

domingo, junio 17, 2007

ISSSTE: ¿qué beneficios, señor Calderón?

Gustavo Leal F.*
La Jornada
16 de junio de 2007

Primeros. En 2004, Manuel Urbina -entonces subdirector general médico del ISSSTE- consideró que el déficit del fondo ascendía a más de 8 mil millones de pesos. A finales de 2006, Enrique Moreno Cueto -entonces director general del instituto- estimó que ese déficit "financiero" sumaba ya 15 mil 250 millones de pesos.

Luego apareció Miguel Angel Yunes, quien, con sólo dos semanas en el cargo, declaró que el fondo médico "empezó a registrar números rojos, por 5 mil millones de pesos" (14 de diciembre, 2006). Pero al apoyar en la Cámara de Diputados la iniciativa de "reforma" calderonista al ISSSTE presumió que esa "firme" propuesta venía acompañada de 8 mil millones de pesos sólo para ese fondo médico y a ejecutarse en una sola exhibición sexenal (16 de marzo).

Lamentablemente, el fraudulento "Seguro Popular" del foxismo -continuado por el cupular Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012 de Calderón junto con su modalidad petit (seguro para los recién nacidos), a pesar de que este ultimo no dispone de recursos y se lo financia con los del "Seguro Popular", sin que hasta el momento el presidente de la Comisión de Salud, el panista guanajuatense Ector Jaime Ramírez Barba, se haya pronunciado al respecto- recibió sólo para el año 2007 la friolera de 26 mil millones de pesos, más de tres veces que el "regalito" que recibirá el ISSSTE ¡en todo el sexenio!

Fue entonces cuando, acosado por los amparos, movilizaciones y protestas contra su impuesta y cara "reforma" (vale 2 billones de pesos, igual a tres Fobaproas, igual a 25 mil millones de pesos adicionales anuales al presupuesto federal en el periodo 2008-2023), Calderón decidió meter las manos.

Con precipitación, falta de tacto hacia las profesiones que se desempeñan en el instituto y mucho desconocimiento, anunció un fantástico programa de 10 imposibles acciones para construir un nuevo ISSSTE y atender, en ¡90 días!, aquello que los gobiernos priístas y panistas previos no han querido atender desde 1982 (18 de mayo).

Como era de esperarse, el fantástico "programita" calderonista fue inmediatamente calificado de "demagogia pura" y recibió respuesta por la pluma de las profesiones -aludidas pero no consideradas- que realmente conocen el penoso estado que le han reservado a los servicios del ISSSTE Zedillo y los directores generales que, con Fox y Calderón, representaron en ese cargo a Elba Esther Gordillo: González Roaro, Moreno Cueto y Yunes. El boletín informativo porta un provocativo título: Las 10 mentiras de Calderón sobre un "nuevo" ISSSTE (Feescop-Zacatecas, CNTE).

Solo faltaba que, ya completamente desbordado, Yunes confirmara sin reparos la naturaleza eminentemente privatizadora de la "reforma" calderonista del ISSSTE: "el instituto podría echar mano de la contratación de servicios privados para cumplir con las propuestas hechas por el Presidente", sostuvo nerviosamente.

Pero para su director de Prestaciones Económicas, el tecnócrata Pedro Vázquez Colmenares, en ¡2009! el déficit del fondo médico, "que asciende a 6 mil millones de pesos anuales, quedará totalmente fondeado".

Como Calderón y Yunes ya quemaron casi 30 de esos 90 "decisivos" días, sin que se advierta mejora alguna, les quedan sólo 60 días. ¿De qué otra fantasía se servirán ahora?

Segundos. La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (que agrupa a mil 500 firmas) solicitó a la Auditoría Superior de la Federación auditar al Turissste debido a que realiza competencia desleal y sin claridad en la contratación de sus proveedores, fundamentalmente agencias y líneas aéreas.

La asociación observa que las cuotas de los trabajadores afiliados al ISSSTE se están empleando para financiar la compra de paquetes turísticos y boletos de avión sin cumplir con el impulso del turismo social. Hoy día, el Turissste atiende a menos de 8 por ciento de los 11 millones de derechohabientes del instituto.

Cerca de 30 dependencias (Sedeso, IFE, SEP y hasta la Presidencia de la República), sostiene, contratan directamente a Turissste para los viajes de sus funcionarios -lo que viola el artículo 134 constitucional-, además de que presta servicios de mala calidad. Las pérdidas para agencias ya alcanzan 2 mil millones de pesos.

Terceros. De acuerdo con Mercer Human Consulting, en noviembre de 2006 México contaba con mil 652 planes privados de pensiones, que movilizan casi 240 mil millones de pesos, 46 por ciento de los cuales se ha puesto en marcha en los últimos cinco años.

De este universo, 72 por ciento de los planes privados son de "beneficio" definido, justo la modalidad que con su "reforma" Calderón les canceló -sin consultarlos siquiera- a 2.4 millones de trabajadores al servicio del Estado, forzándolos a migrar al sistema de cuentas individuales o de "contribución" definida. Sólo 28 por ciento de ellos son de "contribución" definida, como los que Calderón impuso ahora en el ISSSTE. La tendencia está, pues, bien clara. Pero, ¿por qué en el sector privado tampoco compran los "beneficios" que sólo Calderón le ve a las "contribuciones" definidas?

Los ejecutivos de Mercer tienen la respuesta: la clave está, sostienen, en que la comunicación de gobierno y empresas haga conciencia porque "existe una tendencia de migrar hacia los planes de contribución definida, pues la mayoría de las empresas comprenden que los planes de beneficio definido les significan altos costos".

Justamente los "costos" que Calderón traslada a los trabajadores al servicio del Estado. Con su ya abollada "reforma" impuesta, Calderón y sus tecnócratas hacendarios transexenales pueden empezar a reconocerse en el espejo de la suerte que corrió la ley Televisa en la Corte.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Viene Aznar a rebuznar

Hoy inicia una serie de reuniones que a lo largo de esta semana sostendrá con políticos del PAN el ex-presidente español José María Aznar, aquel zoquete que metió a España en una guerra, la de Irak, que los españoles no necesitaban y de la cual, por fortuna, supieron retirarse más o menos a tiempo, contrariando al neofranquista Asnal; perdón, es Aznar, que suena muy parecido.

A este imbécil en España nadie lo quiere; cómo lo van a querer si sus torpes decisiones fueron "recompensadas" con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que resultaron en doscientos muertos y dos mil heridos. Bueno, pero nuestros compatriotas del PAN le darán a Aznar todo el cariño que la madre patria le ha negado; después de todo, él es algo así como la versión ibérica de Felipe Calderón: ambos participan de idéntica ideología conservadora y comparten un recalcitrante y maloliente alcoholismo. El PAN, además, le debe mucho al conservadurismo español: no podemos olvidar que el año pasado el asnal Aznar intervino ilegalmente en la contienda mexicana por la presidencia, hablando (rebuznando) públicamente en favor de Calderón; y hace apenas unos cuantos días que el Partido Acción Nacional estrenó oficinas en Madrid, con la venia de Aznar.

Así pues, en México habrá lamida de patas para el español. En su país, por el contrario, son frecuentes los chistes acerca de él en la prensa, y aun en la televisión. Invito a los lectores del Pedote de FeCal a disfrutar del siguiente programa, conducido por el comediante Gran Wyoming.En YouTube

El padre de Fecal persiguió a los protestantes

Édgar González Ruiz

Kaos en la red

19 de mayo de 2007


El padre de Felipe Calderón, FeCal, fue uno de los fundadores del PAN. Católico conservador, Luis Calderón Vega persiguió a los protestantes, a quienes consideraba un “peligro” para la “unidad religiosa de nuestros pueblos”.

Luis Calderón Vega escribía contra los protestantes


Nacido en 1910 y militante de grupos derechistas como la UNEC, Unión Nacional de Estudiantes Católicos, Calderón Vega fue uno de los fundadores del PAN, partido al que renunció en 1981, precisamente en la misma fecha en que su hijo, y hoy presidente espurio de México, ingresaba a ese partido.


Se supone que el desencanto paterno con el partido hoy en el poder, se debió al ingreso al mismo del sector empresarial, pero en realidad éste, al igual que el clero, siempre fue uno de los principales apoyos de Acción Nacional.


Como sucede actualmente, desde un principio Calderón Vega compartió ideales, simpatías y antipatías con personajes de la ultraderecha que formaban grupos secretos como los Conejos, participantes en la UNEC, y posteriormente el Yunque.


Ahora se quiere presentar a Calderón Vega como enemigo de ese grupo, pero los pleitos que pudo tener con algunos exponentes de las corrientes más extremistas de la derecha, no fueron en realidad políticos ni ideológicos, sino motivados por intereses y proyectos personales.


Escribió algunos libros sobre la historia del PAN y sobre aspectos doctrinales, donde se puede apreciar lo reaccionario de su pensamiento.


Fue también colaborador de la revista La Nación, órgano oficial del PAN. En el número 184 (año IV), del 21 de abril 1954, Calderón Vega firmó con sus iniciales un artículo titulado “Protestantismo y comunismo sobre Iberoamérica”, que es un verdadero alegato para fortalecer la intolerancia católica, en una época donde tenían lugar cruentas persecuciones contra los protestantes, mismas que no han desaparecido completamente del país, si bien la jerarquía y el PAN muchas veces no buscan ya eliminar a los “hermanos separados” sino buscar su apoyo para combatir al estado laico.


Leemos en ese texto que con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el “protestantismo y comunismo” redoblan su “asalto” contra “el espíritu de nuestra nación” (p. 16).


Según el padre de Fecal, en el combate al protestantismo era necesario dejar de lado la refutación de las “tesis religiosas protestantes”-como el libre albedrío y la negación de la autoridad de la iglesia, señala- para ya no a la simple defensa de las ideas católicas, sino los métodos “mejores, de los más eficaces y completos, que son los métodos de la ofensiva”.


Señalaba Calderón Vega que protestantismo y comunismo iban de la mano con el objetivo de “destruir el sentido y prestigio católicos” y según él, el protestantismo iba a terminar siendo desplazado o asimilado por el comunismo, pues “El hombre iberoamericano es católico o es antirreligioso. No cabe término medio, ni su espíritu está hecho para otra religión”.


Afirmaba que el protestantismo “es frío y además teóricamente inconsistente por contradictorio… es una simple y anticuada herejía que no satisface la razón y, en cambio, sí necesita demostración…”


Según él, la lucha de los católicos contra el protestantismo y el comunismo debería ir de la mano, y apoyar en ambos casos a las organizaciones religiosas, así como neutralizar el asistencialismo de signo protestante, cuyas obras considera como “arteras” por sus “ocultos fines proselitistas”.


Creyendo que hechos que subsistían a mediados del siglo XX iban a ser eternos, Calderón Vega hacía alusión a las cartas “formidables” del clero contra el protestantismo, en los pueblos de América Latina, como eran “su unidad religiosa, la disciplina a la Jerarquía, una maravillosa tradición que nos ha puesto al margen de todo cisma nacional…”


Por el contrario, vemos hoy en día que el poder de convocatoria de la jerarquía comienza a desmoronarse, como ha ocurrido en la ciudad de México, que el catolicismo pierde fieles día con día y que muchos de ellos van a engrosar las filas de las iglesias protestantes. De entre estas, muchas defienden el estado laico y evitan las alianzas con la jerarquía católica y sus fuerzas políticas, que son sus perseguidores tradicionales.