Los secretarios del Gobierno legítimo hablan de la pérdida de nuestra soberanía

La Jornada publica hoy dos artículos, escritos por Claudia Sheinbaum y Mario Di Constanzo, secretarios, respectivamente, del Patrimonio Nacional y de la Hacienda Pública en el Gobierno legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Mayor inversión privada, eje articulador para el sector eléctrico
Claudia Sheinbaum Pardo

En el sexenio de Fox, la política energética del país estuvo sustentada en un objetivo articulador que fue la apertura del petróleo, el gas natural y la electricidad al capital privado. La orientación del actual gobierno usurpador no sólo no varía del anterior, sino que pretende ampliarla. Veamos el caso de la electricidad.

Para 2012 el programa de la CFE incluye el desmantelamiento de 33 plantas para ceder terreno a los productores privados de energía eléctrica Foto: Cristina Rodríguez

Los productores independientes de electricidad pasaron de representar 0.6 por ciento de la generación eléctrica en el año 2000, a 40.4 por ciento en 2007. Es decir, solamente 60 por ciento de la electricidad que consumimos se genera por las empresas del Estado y el resto proviene de la generación privada. Por si fuera poco, todas estas centrales de generación son de ciclo combinado y utilizan gas natural importado, fundamentalmente de Estados Unidos. De acuerdo con la Secretaría de Energía, en 2005 los productores independientes consumieron 336.78 petajulios (unidad energética) de gas natural seco, mientras se importaron 321.94 petajulios del mismo combustible, lo cual representa 20 por ciento del consumo nacional. Es decir, se importa casi la misma cantidad de gas que la que ocupan los productores privados de energía eléctrica.

Por si no fuera suficiente, una parte importante de las plantas de ciclo combinado, operadas por empresas privadas, sobre todo extranjeras, se licitaron sin que el país las necesitara. Me explico. La electricidad es un tipo de energía que debe utilizarse en el momento de consumo, es decir, no se puede almacenar en cantidades económicamente importantes. Para que un sistema eléctrico funcione adecuadamente requiere una capacidad instalada con posibilidad de generar cerca de 27 por ciento adicional de la demanda. Esto es así porque algunas centrales deben salir de operación para mantenimiento o sencillamente para poder cubrir posibles fallas. Sin embargo, el porcentaje de reserva ha llegado a representar en México más de 50 por ciento. Esta situación es inexplicable. Ninguna empresa eléctrica en el mundo quiere tener esta capacidad adicional porque sólo representa incremento innecesario de costos de inversión, operación y mantenimiento que se traducen en tarifas más altas al consumidor.

Y todavía más. Para asegurar la operación de los ciclos combinados que utilizan gas natural caro, las plantas termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no operan a plena capacidad, privilegiando la generación de los privados, que es más cara que la de la CFE. Inclusive muchas plantas antiguas en magnífico estado se paran forzosamente y en el futuro próximo se pretende desmantelarlas y venderlas como chatarra.

Pero eso no es todo. Para poder cubrir la demanda de gas natural, la CFE decidió construir plantas regasificadoras de gas natural licuado en diversas zonas del país, que le permiten importar el gas natural y que ya son operadas por petroleras extranjeras para abastecer a los productores privados. En la actualidad, se encuentra en licitación la planta regasificadora de Manzanillo, la cual, para colmo, estará ubicada en la Laguna de Cuyutlán, afectando esta zona de altísimo valor biológico porque en ella habita una importante cantidad de especies de flora y fauna en peligro de extinción.

Para 2012, el programa de la CFE incluye el desmantelamiento de 33 plantas de la propia empresa con una capacidad de 4 mil 546 megavatios y la instalación de 12 mil 184 adicionales de ciclo combinado con productores independientes.

Y a todo esto, ¿dónde quedaron los artículos 27 y 28 constitucionales? ¿Dónde quedó la soberanía y el patrimonio nacional? ¿Dónde el desarrollo independiente?...

¿Tú también, Greenspan? Estás totalmente equivocado
Mario Di Costanzo

Al igual que hizo Cuauhtémoc Cárdenas hace algunos meses, durante la semana pasada Alan Greenspan, ex secretario del Tesoro estadunidense, alertó sobre la posibilidad de una crisis futura sobre las finanzas públicas de México dada una caída en los precios del petróleo, por lo que apremió a llevar a cabo la reforma energética y abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión privada nacional y extranjera.

Imagen: Carga fiscal de empresas seleccionadas

Después de escuchar las declaraciones de Greenspan no me queda más que apremiarlo a que, antes de hablar sobre México, se tome la molestia de revisar los informes sobre la situación financiera del país.

Lo anterior, porque, de acuerdo con el primer informe sobre la situación de las finanzas públicas, al primer trimestre del año el sector público tuvo un superávit fiscal de 102 mil 436 millones de pesos.

Eso quiere decir que al mes de marzo del presente año los ingresos obtenidos por el gobierno fueron superiores al gasto que realizó durante los tres primeros meses de 2007.

Si bien es cierto que a primera vista esta situación podría parecer "buena", cuando revisamos este resultado de manera más detenida nos encontramos que este reporte de "superávit" hecho por el gobierno ha implicado que Pemex haya tenido durante los tres primeros meses del presente año un déficit de operación, o sea una pérdida de 10 mil 143 millones de pesos.

Para mostrar lo anterior basta mencionar que, de acuerdo con los datos publicados por Pemex al primer trimestre del año, esta paraestatal tuvo ventas totales por 235 mil 900 millones de pesos, de los cuales 134 mil millones (aproximadamente 56 por ciento de sus ventas totales) le fueron entregados a la Secretaría de Hacienda por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos.

Sin embargo, y de manera adicional, Pemex entregó al gobierno por concepto de "ingresos propios" 68 mil 353.5 millones de pesos, con lo que la contribución total de la paraestatal a las finanzas públicas fue de 202 mil 753 millones de pesos, lo que representa 85.9 por ciento de las ventas totales de la empresa.

Cabe destacar que si a las aportaciones a las finanzas públicas que hace Pemex por concepto de impuestos y de ingresos propios le añadimos lo que el gobierno recauda por concepto de impuesto especial a la producción y servicios, proveniente de la gasolina y el diésel (IEPS de gasolina y diesel) y lo que recauda por concepto de IVA a la gasolina, nos damos cuenta de que la contribución total de los ingresos petroleros a las finanzas públicas fue de 212 mil 410 millones de pesos, lo que representa 38 por ciento de los ingresos públicos totales.

Por ello resulta absurdo que la Secretaría de Hacienda se vanaglorie de haber obtenido un superávit fiscal de 102 mil millones de pesos, cuando esto fue a costa de que Pemex operara con pérdidas durante el primer trimestre del año.

También pone de manifiesto que la paraestatal jamás podrá ser una empresa competitiva y rentable mientras esté sujeta a la carga fiscal de la que es objeto.

De hecho, si Pemex enfrentara una carga fiscal como en teoría la tiene cualquier empresa privada, es decir, 28 por ciento, durante el primer trimestre del presente año la paraestatal hubiese reportado una utilidad de operación de cuando menos 60 mil millones de pesos, lo que representa el costo de una refinería con la mejor tecnología de punta.

Así, mientras Pemex paga una tasa de impuestos de 56 por ciento como proporción de sus ventas, Grupo Bimbo paga sólo 4 por ciento, Grupo Alfa 2.5 y Bachoco sólo 0.01 por ciento.

Esas son las verdaderas razones de que por un lado el gobierno federal hubiese obtenido un superávit fiscal y de que Pemex se encuentre descapitalizado y opere con pérdidas.

Por ello, Greenspan debería de haber recomendado una reforma fiscal que redujera la dependencia petrolera de nuestras finanzas públicas, mediante la desaparición de los regímenes fiscales que permiten que las grandes empresas no paguen impuestos, y no la privatización de nuestro sector energético.