lunes, junio 18, 2007

Traición en Pasta de Conchos

Miguel Concha
La Jornada
16 de junio de 2007

En los últimos años países tan diversos y con economías tan diferenciadas como China, Ucrania, Colombia, Rusia, Polonia, España, Estados Unidos y Argentina han vivido la pesadilla de explosiones, derrumbes o inundaciones en minas de carbón. En todos estos lamentables sucesos han fallecido entre cuatro y 115 mineros.

Sin embargo, sólo encontramos dos diferencias con lo ocurrido en México el año pasado en Pasta de Conchos. La primera, que en ninguno de los casos anteriores se deja a los trabajadores fallecidos en la mina. Y la segunda, que se castiga con severidad los casos de negligencia. En nuestro país, en cambio, ni se quiere rescatar a los mineros ni se castiga a los responsables.

La principal responsable de aquella tragedia, Industrial Minera México (IMMSA), cerró la mina desde hace más de dos meses, con base en dos peritajes sin ningún valor científico. Ante la queja de las familias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acordó con ellas el 12 de abril, entre otras cosas, hacer un dictamen para establecer estrategias que permitan el rescate de los restos de sus familiares, incorporar a los especialistas que designe la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM), a quienes las familias le habían pedido ayuda, así como a tres familiares como parte del equipo dictaminador, y darle mantenimiento a los galerones ya recuperados de la mina.

El acuerdo era importante, porque daba certeza a las familias de que el dictamen y las estrategias de recuperación serían el resultado honesto del esfuerzo de las partes para terminar con 16 meses de espera. Sin embargo, hace unos días las familias de los mineros comenzaron a deslindarse del dictamen. Y tienen razón. La STPS acordó con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC que elaborara el dictamen, y firmó una cláusula de confidencialidad, en la que ahora se escuda para negarle información a los representantes de las familias, quienes además dejaron de ser parte del equipo dictaminador.

Sólo serán requeridos para que den "su testimonio" y aportes técnicos en la primera de las tres etapas que durará el dictamen, y quizás uno de los tres propuestos sea llamado a una entrevista en la segunda etapa. Decidieron también que sólo participe uno de los tres especialistas propuestos por la FITIM, el señor Manuel Royo, de España, aunque en las mismas condiciones que los representantes de las familias, es decir, sencillamente como invitado.

De manera incomprensible, esta etapa del dictamen sobre una mina que se ubica en México será en inglés, a pesar de que todos los participantes hablan español, y a las familias y al señor Royo, que deberán de respetar el protocolo no interviniendo, se les ofrecerá gentilmente un traductor.

Evidentemente de lo que se trata es de excluir e ilegítimamente ocultar información a la FITIM y a los representantes de los familiares, que pueden tener una voz disonante con el equipo dictaminador. Para colmo de males, se ha notificado que esta primera etapa ya se inició el 15 de mayo, y terminó el día de ayer, 15 de junio. Aunque por otro lado el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, estableció ya contacto directo con el señor Manuel Royo, y hasta el día 14, un día antes de terminar esta primera etapa, el señor Royo seguía en Madrid, sin que la STPS se hubiera dirigido personalmente a él con anterioridad. Es probable que la STPS pretenda justificarse en los próximos días, argumentando que le había girado invitación a través de la FITIM, lo cual es igualmente sospechoso.

Pero lo más preocupante de todo, como lo señalan las familias, es que el dictamen será valorado y consensuado por la mesa directiva del foro, formada por personas de excelente trayectoria y nivel académico, pero que ninguno, absolutamente ninguno, ni es del ramo minero, y mucho menos especialista en minas de carbón. Es inadmisible que se pretenda que doctores especialistas en filosofía y letras, en física de radiaciones, en siquiatría, en ciencias sociales, con especialidad en antropología, en cisticercosis humana y porcina, y en alergias e inmunología, etcétera, sean quienes por consenso preparen el dictamen oficial sobre las condiciones de seguridad de la mina, y sobre todo presenten una estrategia para la recuperación de los cuerpos, como se acordó que es el objetivo del dictamen. ¿No será que los quieren usar para legitimar un proceso, cuyas implicaciones éticas, jurídicas, judiciales y sociales son un escándalo en México y el mundo? ¿Sabrán ellos a qué los están convocando?

Entre tanto la mina no ha recibido ningún mantenimiento, porque ahora la STPS argumenta que no puede obligar a Industrial Minera México para que lo haga, a pesar de que este era el segundo compromiso fundamental con los familiares de los mineros desde el pasado 12 de abril. A estas alturas todos podemos suponer que el dictamen será para cerrar la mina oficialmente, y dejar junto con los mineros las evidencias escondidas del cinismo del consejo de administración de IMMSA (que anuncia inversiones millonarias para su carboeléctrica), así como la corrupción de un régimen que protege al capital, a costa de los trabajadores, y la desfachatez de una justicia simulada.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Con NADA paga el Pan las muertes que provocó...

Anónimo dijo...

ASALTAN A CRISTINA AUERBACH, DE PASTORAL LABORAL

Apoya a familiares de Pasta de Conchos

Por Sara Lovera López (6 de julio de 2007)


México, DF, 25 junio 07 (CIMAC).- El miércoles 19 de junio por la noche, la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach Benavides, integrante de la Pastoral Laboral y quien desde el 21 de febrero de 2006 acompaña a viudas y familiares de Pasta de Conchos, fue víctima de un asalto a mano armada en el estacionamiento de su casa.

La Pastoral Laboral exigió por medio de un boletín una investigación a fondo del ataque, que sea jurídicamente satisfactoria y permita identificar y sancionar a los agresores.

Y manifestó que el trabajo que realiza la Pastoral en Pasta de Conchos, San Juan Sabinas, Coahuila, y en otras partes del país no será intimidado.

Dice que la defensora había sido vigilada durante los días previos al asalto. Existen datos que dan cuenta de la vigilancia de que era objeto por parte de personal no identificado. También habrían vigilado a las viudas en la zona de Palau y en otras poblaciones de la Región Carbonífera.

La Pastoral Laboral demandó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) haga su trabajo sin dilación y correctamente, porque la aclaración de lo sucedido es fundamental.

Solicitó también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) medidas cautelares para Cristina Auerbach.

Los hechos sucedieron el mismo día en que familiares y viudas de los mineros efectuaron una nueva protesta a las puertas de las instalaciones de la empresa Industrial Minera México (IMSA) en la Ciudad de México, por lo que consideran fallas, errores o irregularidades de los funcionarios federales de las Secretarías del Trabajo (STyPS) y Economía y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), también por las faltas laborales y las irregularidades de la contratista General de Hulla, relacionadas con la explosión del 19 de febrero de 2006.

Hasta ahora, y tras meses de gestiones de los familiares, la Presidencia de la República no hizo caso de una solicitud de audiencia y solamente envió un comunicado a la STyPS para que atienda a las 65 familias en desgracia, que solicitan reiteradamente el rescate de los restos de los mineros atrapados.

EL ATAQUE

Unas horas después de la protesta en las puertas de IMSA, Auerbach Benavides, quien ya regresaba de acompañar a las familias y viudas a la terminal de autobuses rumbo a su estado, fue atracada en el estacionamiento de su casa. La encañonaron, le exigieron sus pertenencias y robaron su automóvil.

Ella informó a Cimacnoticias que se encuentra bien de salud, aunque estuvo en riesgo porque le fueron sustraídas medicinas fundamentales, la golpearon y arrojaron al suelo. Dijo que espera que el percance no esté conectado con su lucha junto a los familiares de los mineros.

Dos hombres armados, dijo Cristina Auerbach, fueron los responsables del asalto. Le quitaron, además de su camioneta, objetos personales (identificaciones, tarjetas de crédito y bancarias, un Nextel, una microinfusora de insulina, el llavero con todas las llaves de uso personal), documentos importantes sobre el caso de Pasta Conchos, así como una memoria (USB) con la copia del expediente de Pasta de Conchos.

Llama la atención, dice la Pastoral en el comunicado, que no le sustrajeron las joyas, ni otros objetos de valor, a los que fácilmente tenían acceso. En su huída, los agresores fueron escoltados por un automóvil Focus color plata.

Durante los dos meses anteriores a la fecha de la agresión, distintos vehículos siguieron constantemente a la licenciada Auerbach: una camioneta Expedition color negro, un Focus color oro, o por un Focus color plata, todos ellos sin placas.

Cristina Auerbach Benavides levantó formal denuncia ante la Agencia de Ministerio Público No. 31, de la Delegación Benito Juárez, quedando radicada bajo el número FBJ/BJ-2/T2/01424/07-06 de Averiguación Previa.

Este acontecimiento se da dentro del marco de la lucha emprendida por las familias de Pasta de Conchos, para llegar a una solución justa e integral para la vida de los mineros del carbón de la región norte del estado de Coahuila, señala la Pastoral Laboral. En este proceso, agrega, ha participado de manera constante el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, al que la licenciada Auerbach pertenece.

ENDURECIMIENTO

En el último trimestre, los familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos han enfrentado el endurecimiento de la empresa Industrial Minera México (IMM): suspendió de manera arbitraria el rescate de los cuerpos, en los primeros días del pasado mes de abril, y la contratista General de Hulla despidió injustificadamente a gran parte de sus trabajadores, a los que ofreció $150.00 pesos como pago de utilidades.

A este maltrato se une la STyPS, que incumple de manera sistemática los acuerdos pactados con las familias sobre el rescate de los cuerpos. Dicho incumplimiento ha llevado, hasta el momento, a 44 familiares a deslindarse públicamente de toda acción emprendida por dicha Secretaría.

Se informó igualmente que se han hecho todas las acciones necesarias para dar seguimiento a las investigaciones del caso y promover acciones de difusión a todos los organismos de derechos humanos. La demanda radicada está en manos de la PGJDF.

07/SL/GG/CV