Las manos sucias del PAN

Publicado el domingo 25 de junio en el sitio web de la revista Por esto

El desvío de recursos públicos de programas sociales a favor del PAN, y en particular de su candidato presidencial Felipe Calderón; el tráfico de influencias, el ejercicio indebido del servicio público y el abuso de autoridad, así como actos de cohecho y delitos electorales en los que ha incurrido Acción Nacional, son documentados y denunciados por el periodista José Reveles en el libro Las manos sucias del PAN

Historia de un atraco multimillonario a los más pobres, que la editorial Planeta acaba de poner en circulación. Con autorización del autor y de la editorial, reproducimos las partes sustanciales de dos capítulos:

Una inmoral desviación de recursos
Podría arrancar esta historia el jueves 2 de febrero de 2006, cuando Arnulfo Montes Cuen se negó a transferir a cuentas bancarias de diputados federales panistas la mitad de los 55 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social ya había aprobado, como ayuda para vivienda rural, a 5,437 familias paupérrimas en 21 estados de la República.
Una acalorada discusión se desarrollaba en un salón del hotel Fiesta Americana de la ciudad de México poco después de las 20:30 horas. Legisladores de Acción Nacional primero intentaron convencer a Arnulfo por las buenas con el argumento de que usarían ese dinero para la campaña de Felipe Calderón, pero terminaron por presionarlo y amenazarlo.
Montes Cuen, dirigente de la Federación de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, A.C. (FENPA), se negó a consumar el cochupo que, además de faltar a toda ética, era un delito por el cual tendría que pagar los platos rotos él mismo, como el operador que armó los padrones de esas miles de familias, como titular de los derechos para recibir el recurso y como responsable de hacer llegar las ayudas.
-¿Cuál es el problema? Tú sabes cómo hacerlo y al cabo esos pinches inditos están tan jodidos que ni cuenta se van a dar.
Con ésta y frases semejantes quiso convencerlo el diputado federal por Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien esa noche estaba acompañado en la "negociación" por el también legislador panista Urcino Méndez, veracruzano.
Cuando la plática aún no llegaba a los gritos y manotazos, Preciado Rodríguez le entregó a Montes Cuen una ficha de depósito de BBVA Bancómer a su nombre (cuenta 0141205803) y otra de BBVA a nombre del Consejo Nacional Agropecuario y Forestal y su dirigente Dania Ivette Puga Corona (cuenta 4028042489) para que el hombre colocara en cada una de ellas la mitad de los 27.5 millones a desviar.
Puga es aspirante a una diputación en Colima.
Durante la plática, Preciado Rodríguez consultó telefónicamente en más de una ocasión a otro legislador panista, José Isabel Trejo Reyes, quien por alguna razón no había podido acudir físicamente al encuentro. Hubo un momento en que Urcino sugirió que la postura no era inamovible, que "se podía bajar" la cantidad que se iba a sustraer del programa Vivienda Rural de Sedesol para dársela a los legisladores.
Otro diputado federal panista que, sin estar presente esa noche, había expresado su acuerdo para desviar los recursos, era el sonorense Javier Castelo Parada, según narra Montes Cuen.
Castelo tenía experiencia, comenta, pues había hecho mal uso de fondos para vivienda rural que Sedesol le entregó, según convenio del 21 de abril de 2005, por 9.7 millones de pesos para beneficiar a 899 familias de seis estados. Operó otros siete millones para proyectos productivos de la Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría de Agricultura le asignó 10 más, todo en 2005.
Los personajes convocados se conocían muy bien. De hecho Arnulfo Montes Cuen, sonorense, provenía de las filas del Partido Revolucionario Institucional, pero fue contratado como asesor y una especie de maestro para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN). Él diseñó estrategias para que los panistas pudieran crear organizaciones, les mostró los modos de levantar padrones y tramitar recursos, elaborar proyectos, generar base social, de hecho conformar una especie de "CNC azul" que nunca compitió seriamente con la auténtica Confederación Nacional Campesina en número y en capacidad organizativa, pero sí en obtener trato preferente a la hora del reparto de recursos de decenas de programas sociales gubernamentales. Se terminó por crear un Frankestein muy semejante al viejo corporativismo campesino del PRI.
Ante la reiterada negativa de Montes Cuen, la reunión terminó de manera abrupta y violenta. Preciado amenazó:
-Te vamos a acabar. Te vamos a quitar la organización y los recursos.
Un dato sugerente: al abandonar el dirigente de la FENPA el salón del hotel, vio en un sitio contiguo nada menos que al diputado José González Morfín, líder de la bancada panista, seguramente aguardando el resultado del conciliábulo.
En las denuncias formales ante la PGR, la Contraloría interna de Sedesol y la Secretaría de la Función Pública, quedaron narrados los hechos de esta manera: El 2 de febrero de 2006, el representante legal de la FENPA es citado por los diputados federales del Partido Acción Nacional Jorge Luis Preciado Rodríguez y José Isabel Trejo Reyes en el hotel Fiesta Americana, ubicado en la avenida Paseo de la Reforma de la ciudad de México frente al Monumento a Colón, para requerirle que transfiriera 27.5 millones de pesos correspondientes al primer anticipo que entregaría la Sedesol de los recursos autorizados, a las cuentas bancarias número 0141205803 del banco BBVA-Bancomer a nombre de Jorge Luis Preciado Rodríguez, y a la cuenta número 4028042489 BBVA a nombre de la Asociación Consejo Nacional Agropecuario y Forestal, A.C., para lo cual le hacen entrega de las fichas de depósito correspondientes, lo que fue solicitado a efecto de utilizar los recursos públicos federales para el financiamiento de la campaña presidencial del Partido Acción Nacional, según el dicho del propio diputado federal. (subrayado en el original.)
Este requerimiento ILEGAL E INMORAL (mayúsculas en el texto de denuncia ante las autoridades) fue rechazado por el representante de la FENPA, toda vez que significa un desvío de recursos públicos federales con fines electorales y significaba desvirtuar el propósito y objeto del Programa de Vivienda Rural.
9. Campo Azul, mascarada electorera
Ni la más remota idea tenían los panistas, cuando llegaron al poder, de cómo operaban las organizaciones campesinas y de cómo ellas lograban tener acceso a recursos del gobierno.
De hecho se les prendió el foco cuando discutían el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004.
Les llamó mucho la atención que hubiera tanta rebatinga y tan marcado interés de las organizaciones y partidos -sobre todo PRI y PRD- por incrementar en el presupuesto original enviado por el Ejecutivo las cantidades del erario que deberían ser destinadas a los habitantes del campo.
Fue cuando los diputados federales de Acción Nacional tuvieron conciencia plena de que no contaban con vasos comunicantes ni con estructuras receptáculo para esas millonarias entregas de dinero que este gobierno, tan crítico del populismo, ha derrochado con singular entusiasmo para suplir con dádivas populistas la falta de soluciones de fondo a problemas ancestrales.
A partir de entonces, los diputados del GPPAN ya no soltaron la presa: se dedicaron en cuerpo y alma a poner en marcha -más en escritorio que en tierra firme, más de utilería que con participación real de gente de carne y hueso, más como subterfugio que como servicio- cientos de organizaciones.
En total acuerdo partidario y con visos de contubernio entre Legislativo y Ejecutivo ("sinergia"), los diputados buscaron recursos de programas sociales y otros simplemente les fueron ofrecidos amablemente, sin que los pidieran, desde varias dependencias.
Ya para agosto de 2005 el GPPAN había gestionado un total de 1 383 885 732 pesos de ayudas de Sedesol, Sagarpa, Reforma Agraria y otras secretarías y oficinas gubernamentales.
Eso reveló el diputado por Colima Jorge Luis Preciado Rodríguez -el mismo que operó la triangulación y desvío de 55 millones del programa de Vivienda Rural hacia una organización fantasma en febrero de 2006, descrito en el arranque de este libro-, quien rindió el informe "Principales logros y avances en programas federales" ante decenas de parlamentarios blanquiazules en el balneario de Huatulco, en Oaxaca.
Describió con todas sus letras esta hiperactividad intermediaria de la fracción parlamentaria.
"Participan de este esfuerzo 62 diputados federales de 28 estados de la República" en los siguientes programas:
Adultos Mayores, Apoyo Alimentario, Vivienda Rural, Empleo Temporal, Opciones Productivas, Reconversión Productiva, Maquinaria para Cañeros, FAPPA (Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios), Promusag (Programa de la Mujer en el Sector Agropecuario) y Apoyos Directos.
Más adelante exhibiremos documentos que confirman cómo, a la hora de aterrizar varios de esos proyectos, los operadores panistas pusieron, como en una pirámide, en la base más ancha los intereses y los bolsillos personales; enseguida la promoción partidaria y electoral y, por último, algunas migajas para los presuntos beneficiarios.
El siguiente es un análisis somero de lo que ocurrió con algunas de las ayudas sociales que arriba se enumeran:
1. Adultos mayores
De la curiosa "filosofía" de los representantes de Acción Nacional y sus afanes por desplazar a sus contrincantes políticos del lugar que ocuparon en la mesa puesta de las ayudas oficiales, habla esta exposición del diputado Preciado Rodríguez aludiendo a la forma en que se estaba aplicando el programa de Atención a Adultos Mayores:
"Con este programa buscamos que las organizaciones tradicionales (CNC, CCI, UNTA, UNORCA, etc.) no le quiten sus apoyos a los adultos mayores, puesto que de un total de 2 100 pesos que el gobierno federal les otorga, los líderes campesinos del PRI y PRD prácticamente les quitan en promedio mil pesos."
Si en el ejercicio 2005 Sedesol entregaría alrededor de 330 mil apoyos, "el importe que las agrupaciones del PRI y del PRD dejarían de percibir asciende a 330 millones de pesos", argumentaba.
Con toda la enjundia que les era dable, los gestores azules habían logrado entregar 17 746 cheques por un monto total de 37.2 millones de pesos. Y llegarían hasta poco más de los 30 mil finalmente, pero que representaban ese 2005 menos del 10 por ciento del total programado.
"A finales de septiembre le notificaremos a cada diputado interesado la cantidad de apoyos aprobados por cada estado, con la finalidad de que emitan las cartas de notificación de apoyos autorizados por Sedesol.
"La meta es entregar las 330 mil cartas". (El subrayado es mío. Acción Nacional no contaba con infraestructura humana ni organizaciones campesinas para este reparto, aunque sí con las instancias partidarias y con una codicia superlativa).
2. Alianza para el campo
Aquí sí la voracidad de los legisladores se desató en la petición de 900 millones del programa Alianza para el Campo, "para atender las solicitudes de 48 diputados de 28 estados", desmenuza el informe.
Se buscaba una asignación de 30 millones por cada entidad para beneficiar a unas 25 mil familias en total.
Era tan burdo el mecanismo de cantidades idénticas para entidades con profundas diferencias de desarrollo y distribución del ingreso, que en los hechos equiparaba las necesidades de Chihuahua con las de Guerrero, las de Nuevo León con Chiapas, las de Veracruz con Tlaxcala, por citar algunos contrastes.
Pero ya se había pactado que los panistas accedieran a los recursos. Lo explicó con estas palabras el diputado Preciado Rodríguez:
"Funcionarios de la Sagarpa comprometieron estos apoyos con la intervención de los diputados (Juan) Molinar Horcasitas y (José Isabel) Trejo Reyes, a cambio de presentar proyectos productivos dictaminados y formulados por PSP (prestadores de servicios profesionales) certificados por la Sagarpa.
"Se acordó que los recursos serían entregados vía ejecución nacional por conducto de organizaciones campesinas nacionales (FENPA, CONAFOR, FUNDAR, OPAMEX, UPS, ABC, OPASUR y Movimiento Campesino, A.C.), todas integradas por diputados del GPPAN."
Desde Huatulco se anunciaba que Javier Usabiaga, titular de Sagarpa, recibiría a los diputados en los días siguientes, el miércoles 7 de septiembre.
Más claro, ni el agua. Clientelismo puro. Gestoría privilegiada. Recursos multimillonarios ya comprometidos, cuya liberación se daría con agilidad mediante el cumplimiento de mínimos requisitos burocráticos.
Del dicho al hecho hubo mucho trecho. Aunque existen gruesos legajos de asociaciones productivas en todo el país cuyos nombres se utilizaron para recibir el dinero, se autorizaría si acaso una tercera parte.
La estructura que presumían los panistas estaba conformada principalmente por estas sociedades:
FENPA es la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, A.C. CONAFOR es el Consejo Nacional Agropecuario y Forestal. FUNDAR, Fundación para el Desarrollo Rural. OPAMEX, Organización de Productores Agropecuarios del Estado de México. UPS (en realidad UPROSUM), Unión de Productores Sustentables de México.
ABC, Asociación por el Bien Común. OPASUR, Organización de Productores Agropecuarios del Sur-Sureste.
Entre todas ellas armaron grupos de criadores de ganado, apicultores, pescadores, porcicultores, productores agrícolas, comercializadoras, criadores de pavos, de chivos, de conejos, artesanos, pero ni aún así alcanzaron a cubrir el universo de las ayudas ofrecidas.
3. FAPPA (Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios) y Promusag (de la Mujer en el Sector Agropecuario)
En estos dos programas se incluyeron 594 proyectos para los cuales en teoría se aplicaron 43 millones en 2004 y 104 millones de pesos en 2005. Y se anunciaba en el documento más dinero para el siguiente ejercicio:
"Funcionarios de Reforma Agraria dieron su visto bueno a un acuerdo para apoyar con 70 millones las solicitudes de los diputados. Por su parte, el diputado (José Isabel) Trejo Reyes ha iniciado negociaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la liberación de 50 millones de pesos adicionales. El resto sería apoyado con fondos de la Sagarpa".
Desde los programas oficiales, este tipo de proyectos aparecían diseñados para otorgar subsidios como un motor para echar a andar proyectos de producción y beneficiar así "a personas organizadas en grupos o sociedades y que no posean tierras".
Por cierto esto último parece implicar que los beneficiarios, donde los hubo, podrían resultar ilocalizables al paso del tiempo.
Para cada uno de estos proyectos el gobierno autorizaba hasta 500 000 pesos.
Si alguna vez las autoridades federales ordenan hacer una auditoría nacional de estos programas (FAPPA y PROMUSAG) -una obligación que marca la ley, por cierto- podría constatarse cómo en más del 90 por ciento de los casos las organizaciones receptoras eran fantasmas, sólo membretes, grupos de nombres con base inexistente, familiares y amigos de los gestores.
(José Reveles/APRO)

http://www.youtube.com/watch?v=zE4o-I5Nl1c