El fallo

Luis Javier Garrido*
La Jornada
25 de agosto de 2006
La decisión final que asuma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las elecciones presidenciales de 2006 puede llevar a una ruptura del orden constitucional si se confirman los indicios sobre el tejemaneje de los magistrados.
1. El tribunal tiene aún tres posibilidades: a) reconocer el legítimo triunfo de Andrés Manuel López Obrador, anulando la votación fraudulenta de Calderón en algunas de las miles de casillas en que el recuento parcial evidenció el fraude o en entidades donde se evidencia que el fraude fue un operativo del gobierno estatal coludido con el federal, como Guanajuato, Jalisco, Sonora o Nuevo León, o bien haciendo el conteo "voto por voto y casilla por casilla" o investigando las alteraciones al recuento consecuencia del fraude cibernético; y b) puede anular todo el proceso con base en la causal de "nulidad abstracta". Por eso preocupa que los magistrados, lejos de cumplir con su obligación, aparezcan sometidos a El Yunque y a la ultraderecha y pretendan c) avalar la imposición ilegal de Calderón.
2. Las causales de la nulidad de la votación a favor de Calderón son múltiples, todas evidentes y se dieron antes, durante y después del 2 de julio invocar una sola basta para dejar al abanderado panista fuera de la contienda por delincuencia electoral: la intervención continua e ilegal de Fox a su favor, la utilización sistemática de recursos públicos para su campaña, el descomunal financiamiento ilegal, la utilización de programas sociales de gobierno para comprar votos, la campaña sucia de los medios contra López Obrador, la manipulación de la votación el día de la jornada electoral (introduciendo ilegalmente en las urnas votos para Calderón y destruyendo los favorables a López Obrador) en un operativo generalizado, la falsificación de actas de escrutinio, la apertura y manipulación de los paquetes electorales y la tergiversación de las cifras. A ello se agrega que el IFE, lejos de actuar con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad fue cómplice de Fox en la imposición.
3. El nuevo escándalo que generó Fox hace unos días constituye una nueva razón para anular las elecciones. Ha sido causal de anulación la multimillonaria campaña mediática oficial que busca imponer al pueblo y a los magistrados luego del 2 de julio la creencia de que Calderón ganó, y sobre todo la directa injerencia de Los Pinos para dictar al tribunal electoral el resultado de su fallo; pero Fox ha ido mucho más lejos y su admonición amenazadora postulando que Calderón es el "claro ganador" (22 de agosto) constituye en México, como en cualquier legislación del mundo, causal para anular la votación del candidato oficial, pues se entiende como intervención ilegal del titular del Ejecutivo tendiente a doblegar al Judicial, que por ese hecho ya no podría fallar con objetividad y plena imparcialidad.
4. Los actos delictivos de quien es aún titular del Ejecutivo son más que evidentes y la difusión que hizo Carmen Aristegui de un video en el cual Carlos Ahumada refiere con lujo de detalles la conjura en la que han estado participando desde hace tres años Salinas, Fox, Diego y otros individuos de la ultraderecha mexicana para impedir el triunfo de López Obrador y burlar los derechos del pueblo mexicano (18 de agosto) constituye una nueva prueba apabullante que debería considerar el tribunal.
5. Los magistrados de la sala superior saben bien que lo acontecido debe verse no sólo desde el ámbito de lo político, sino de lo jurídico y que la preparación, organización e intento de consumación del fraude por parte de Fox, Salinas, Calderón, Ugalde, Muñoz, Gordillo, Espino, Abascal, Azcárraga Jean, entre otros, los hace responsables de graves delitos del orden común, pero, sobre todo, del delito de asociación delictuosa tipificado en la legislación penal, por el cual han buscado hacer nulos los derechos electorales de los mexicanos.
6. La manipulación fraudulenta del proceso electoral de 2006 que llevaron a cabo en particular Salinas de Gortari y Fox en estrecha connivencia, desde su tentativa en 2004 para inhabilitar como candidato a López Obrador hasta la campaña ilegal y el fraude del 2 de julio para arrebatarle el triunfo en la elección presidencial que ganó legal y legítimamente, y más tarde la brutal campaña propagandística posterior a las elecciones, tendiente a someter a su imposición y a las reglas del nuevo sistema de dominación a todos los mexicanos y, sobre todo, a cualquier magistrado del tribunal electoral que intentase salirse del redil, entrañarían, sin embargo, de alcanzar sus objetivos gravísimas consecuencias para México, en lo social, en lo político y en lo jurídico.
7. El fraude que pretende imponer a Calderón en la silla presidencial, de consumarse significaría en lo social un acto de desprecio sin precedentes al pueblo de México, como bien saben los señores magistrados, pues muchos entre los millones de mexicanos que se sienten agraviados no van a dudar en tener una respuesta. En lo político, esa decisión de la oligarquía financiera y política, que para mantener sin riesgo alguno sus privilegios busca imponerse sobre la voluntad mayoritaria de los mexicanos, culminaría un deterioro gravísimo de las instituciones a las que no han respetado Fox ni la extrema derecha del país, el que haría retroceder décadas el reloj de la historia, y dejaría a México en una situación de ingobernabilidad. Y en lo jurídico, una decisión tan aberrante no sería otra cosa que una ruptura brutal del orden constitucional de la República.
8. Una decisión de los magistrados Leonel Castillo, Mauro Miguel Reyes, José Fernando Ojesto, Alfonsina Berta Navarro, José Luna, Eloy Fuentes y José de Jesús Orozco avalando el fraude, a pesar de las evidencias descomunales que existen, y actuando abiertamente en contra de los principios constitucionales y legales del país, constituiría no nada más una vergüenza para ellos en lo personal y para la judicatura mexicana, sino, sobre todo, un acto con terribles consecuencias jurídicas y políticas: consumaría una ruptura brutal al orden constitucional del país.
9. Los magistrados de la sala superior que confían en que los mecanismos de dominación del pasado, y en particular la campaña de Los Pinos instrumentada por Televisa, van a operar imponiendo la creencia de que no hubo un fraude de tan magnas dimensiones y que Calderón les garantizará a todos ellos la impunidad como al resto del hampa electoral, se equivocan. La venalidad no necesitará documentarse, pues va a resaltar con las evidencias de lo acontecido, que son cada vez mayores, y cientos de miles de mexicanos les van a pasar la factura.
10. La ruptura del orden constitucional y jurídico del país será responsabilidad de ellos, y ante el dilema en el que se encuentran no deben olvidarse que una decisión así, que sería contra la razón y el derecho, abriría una grave crisis política en la que habría un gobierno ilegítimo fungiendo en plena ilegalidad, pero también amplios sectores del pueblo que actuarían en libre ejercicio de su soberanía haciendo valer sus derechos.
*Nota de E.H.: Uno de los firmantes de los desplegados que publiqué ayer en este blog es Luis Javier Garrido, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor de Estado en Ciencia Política por el Departamento de Ciencia Política de la Sorbonne (Universidad de Paris I). Es, en la UNAM, profesor por oposición de la Facultad de Derecho y de la División de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.