Vivir bajo un gobierno panista

El post de esta mañana, si bien ha sido publicado ya tanto en Versión alternativa como en La hora del pueblo, quiero que también aquí aparezca, pues se trata, justamente, de una demanda de atención a lo que significa para la gente de Baja California vivir bajo un gobierno panista.

Testimonio y S.O.S sobre lo que nos pasa en Baja California
Lucien
Versión alternativa
6 de octubre de 2006
Quiero aprovechar este espacio para dejar testimonio de la situación que vivimos los habitantes de Baja California. Primero me voy a permitir contarles un poco de mi Baja California:
* Tiene 17 años de gobierno de “los pacíficos”, es decir, del PAN.
* Los “violentos”, el PRD, nunca han gobernado este estado.
* Somos muy “vanguardistas”, estamos muy pegaditos a Estados Unidos y muy lejos de las ideas “retrógradas” que tanto gustan en el sur del país.
* Nuestra economía supuestamente está muy bien y, como dice Fox, todo marcha “excelente”.
Ahora sí, lo que les quería compartir, a manera de S.O.S., o a manera de que escarmienten en cabeza ajena en otros estados: no permitan que pase esto en su estado.
Les pongo aquí un resumen de un par de notas del semanario Zeta (un excelente medio que les recomiendo consultar, http://www.zetatijuana.com; las notas pertenecen a la edición 1696).

Nota 1 (completa más abajo). Las fotografías en poder de ZETA muestran a un grupo de secuestradores que portan uniformes oficiales y unidades de cargo. Para comprobar la utilización de vehículos oficiales en el secuestro, se captaron imágenes de los mismos carros utilizados para el ilícito, estacionados fuera del edificio de la Procuraduría General de la República en Tijuana. A pesar que el hecho se denunció en el grupo de Coordinación, no se ha emprendido acción alguna para retirar a los malos elementos.

Nota 2 (completa más abajo). Pese a que los familiares del muchacho Fernández entregaron todas las pruebas del secuestro a las autoridades, incluido el Procurador Antonio Martínez Luna, cuando el joven aún vivía, no hicieron nada por rescatarlo. Al tiempo, los secuestradores lo mataron después de cobrar el rescate.

Lamentablemente estos no son casos aislados. Anualmente en nuestro estado hay aproximadamente 500 muertes violentas. También se suscitan secuestros al por mayor. Lo mismo pasa con las desapariciones. La gran mayoría de estos casos no se resuelven.
Hace años se denunció la omisión de las policías y de la autoridad en el tema de la seguridad; las cosas empeoraron, pues de la omisión se pasó al encubrimiento, las autoridades no hicieron nada, del encubrimiento se pasó a la colaboración y tristemente ahora padecemos el accionar criminal directo de las policías. Es decir, los agentes policiacos directamente secuestran y asesinan utilizando vehículos oficiales con total impunidad.
Quiero aclarar que con policías me refiero a las de los tres órdenes de gobierno: las municipales, la estatal y la federal. Al decir que la autoridad no hace nada, me refiero a los tres órdenes de gobierno.
Los organismos empresariales locales se han cansado de denunciar esto. Estos organismos locales no agrupan a los banqueros o a los hombres más ricos de México y del mundo; agrupan a los pequeños y medianos empresarios que día a día luchan por generar empleos y pagan los impuestos con todo el rigor de la ley.
Para sus reclamos los oídos han sido sordos, lo mismo que para los de la población en general. Los tres órdenes de gobierno se obstinan en estimar que todo va bien en el estado. Varios organismos empresariales han roto relaciones con el gobierno, por considerar que no está en su interés atender el tema de la seguridad.
Así pues, los asesinatos, secuestros y desapariciones con la participación de las diferentes policias, son nuestro pan de cada día. La autoridad no reconoce y mucho menos pretende solucionar esta situación.
Ésas son las instituciones que nosotros tenemos que respetar.
Ése es el gobierno que nos toca mantener con nuestros impuestos.
Sé que no es agradable, pero estamos viviendo una tragedia aquí en B.C. El gobierno no lo quiere admitir, por eso les hago a los lectores esta solicitud:
1. MANTENERSE INFORMADOS. Por favor manténganse enterados de lo que nos sucede por acá, y en las oportunidades que tengan expresen su indignación por lo que está pasando. El medio más confiable acá en B.C. es el semanario Zeta.
2. MANIFIESTEN SU INDIGNACIÓN. De manera verbal, o escrita en los foros o medios disponibles: foros, blogs, periódicos, manifestaciones, etc.
Se los pido por las madres sin consuelo, por los huérfanos, por las viudas que todas estas muertes han dejado y que nada le importan al gobierno. Por favor manifiesten su indignación, porque si lo están haciendo a nosotros acá en Baja California, mañana lo estarán haciendo en tu estado.

Hasta aquí Lucien. Publico a continuación el texto completo de las notas del semanario Zeta --con sus correspondientes créditos y enlaces a las fuentes originales-- pues, como reconoce Lucien, la ubicación de las notas podría cambiar en cualquier momento.

Son policías secuestradores
Rosario Mosso Castro
Zeta Tijuana
29 de septiembre de 2006
Imágenes de un video prueba que intentaron secuestrar a un empresario.
Las fotografías en poder de ZETA muestran a un grupo de secuestradores que portan uniformes oficiales y unidades de cargo. Para comprobar la utilización de vehículos oficiales en el secuestro, se captaron imágenes de los mismos carros utilizados para el ilícito, estacionados fuera del edificio de la Procuraduría General de la República en Tijuana. A pesar que el hecho se denunció en el grupo de Coordinación, no se ha emprendido acción alguna para retirar a los malos elementos.
Ya no hay duda: existen policías secuestradores, videos que lo prueban y jefes que los protegen. La última modalidad: exhibirlos a las corporaciones de seguridad como una célula más del crimen organizado.
Desafortunadamente para el aparato institucional de Seguridad Pública, con esto se comprueba la corrupción sistemática y la participación criminal.
Los policías no se conformaron con servir de informantes o brindar protección al crimen organizado. De la incapacidad y colusión, llegaron a la impunidad y al cinismo: cobran por simular trabajar y atacan a la sociedad que están obligados a proteger.
En efecto, los policías en Baja California pasaron de protectores del crimen organizado a principales brazos ejecutores del Cártel de los Arellano Félix (CAF). Teniendo Tijuana como marco, los directivos policíacos de los tres órdenes de Gobierno se acusan mutuamente y presentan pruebas, mostrando que todos están coludidos.
Atrás de la zona del Hipódromo Agua Caliente, donde viven muchas de las familias acaudaladas de la ciudad, a la altura del fraccionamiento Puerta de Hierro, trataron de secuestrar a un empresario que traía escolta y lo evitó.
El afectado lo denunció inmediatamente a la Policía Municipal y el Secretario de Seguridad, Luis Javier Algorri, le sirvió de vocero al comerciante. Acusó directamente a policías federales y estatales, cuyos directivos negaron los hechos.
Unos días después, video en mano, en una reunión del grupo Coordinación, Algorri exhibió a un grupo de patrullas y elementos en el secuestro frustrado, ante la mirada sorprendida de personal del Ejército.
Se habló de la existencia de las imágenes, pero no se habían hecho públicas. Fueron acusaciones que acrecentaron el distanciamiento entre Federación, Estado y Municipio. Ese material gráfico llegó a las oficinas de ZETA.
Las imágenes muestran cuatro vehículos que fingieron ser un filtro policiaco, pero sólo un pick-up blanco estacionado a la distancia portaba logotipo de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y placas.
Una camioneta negra, otro pick-up blanco y un Sentra color claro no portaban placas ni citaban la corporación a la cual pertenecían. Los hombres que los tripulaban y trataron de detener al comerciante, traían chalecos con la leyenda AFI (Agencia Federal de Investigación).
En aquel momento, la instrucción de los escoltas experimentados fue la misma que han sugerido las autoridades en ocasiones anteriores para este tipo de casos:
No se detengan. Si son policías, no van a disparar y llegarán más unidades, lo que hará más pública la detención y menos probable el secuestro.
Pasado el susto, la gente del empresario y la Policía siguieron a los vehículos sospechosos justo hasta las puertas de las Procuraduría General de la República (PGR) en la Zona del Río. Ahí, los policías federales les colocaron a las unidades unas placas antes de entregarlos, se sacudieron y se fueron tranquilamente.
Para protegerse y evidenciar, los implicados aseguran haber tomado fotos que no se han hecho públicas.
Los hechos, que originalmente se habían negado, fueron aceptados tras la exhibición del video, cuando las miradas acusadoras de los integrantes del Grupo Coordinación se posaron sobre el entonces delegado de la PGR, Antonio Mendoza Chávez.
Pero se justificó diciendo que los agentes habían sido asignados a un operativo de revisión de hoteles, bares y cantinas, explicación todavía más absurda porque andaban muy lejos de la Zona del Río o del centro de la ciudad; en esa zona no hay ni hoteles ni bares, y para ese tipo de operativos no tienen que detener a gente en la calle.
Todavía más: Ninguno de los integrantes del Grupo Coordinación condenó o cuestionó la ilógica respuesta, nadie dijo nada, nadie hizo nada. Corrupción y apoyo sistemático y evidente.
A partir del mes de mayo del presente año, tras el asesinato de un policía de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, todos los agentes asignados a Tijuana, incluidos los presuntos secuestradores, fueron removidos sin mayores repercusiones o investigaciones. Su ex jefe fue reubicado unos meses después y aquí no ha pasado nada.
En la PEP ni siquiera hubo declaraciones al respecto, estos agentes no participaron activamente en el intento de detener al comerciante, pero permanecieron ahí viendo todo.
Pero los policías municipales, sobre todo los de Tijuana y Ensenada, lo mismo que los policías ministeriales, también tienen su historia, contada por las víctimas y algunas en videos.
Porque no sólo la Policía ha instalado cámaras en la ciudad; la gente con capacidad económica también ha colocado cámaras alrededor de sus casas y negocios. Una de ellas captó el momento en el que un presunto agente ministerial con todas las identificaciones aparentes, ejecutó una orden de aprehensión a un joven, cuya familia recibió posteriormente la noticia de que estaba secuestrado.
Asimismo, la pareja de empresarios liberados por el Grupo Coordinación la semana pasada en Tijuana, declaró lo mismo que un comerciante de la Zona Oriente, secuestrado el año pasado: Que el comando de delincuentes fue apoyado abierta y cínicamente por un patrullero de la Municipal.
O un hombre dejado en libertad por sus secuestradores en los últimos 15 días, que coincide con otras versiones de secuestrados que detallan cómo las personas que los privan de la libertad se comportan como policías, hablan como policías y lo que es peor: hablan por radio con sus compañeros policías y se ponen de acuerdo.
Los videos se entregan, la gente denuncia, declara, pero si no tienen el nombre y el número de placa del secuestrador, las investigaciones no avanzan.
Se han hecho consignaciones de secuestradores, pero hasta ahora, las detenciones y detección de policías delincuentes y secuestradores han sido porque se los topan en la calle como parte de los operativos de revisión permanentes o porque las patrullas responden a denuncias ciudadanas que reportan hechos extraños o casas de seguridad.
De investigaciones, nada; incluso a mediados de año, policías honestos del Grupo Antisecuestros del Estado denunciaron a este Semanario que se dieron cuenta cómo algunos de sus compañeros les echaban a perder investigaciones de tres, cinco y hasta ocho meses informando a las bandas.
Ellos fueron a Mexicali y lo denunciaron ante sus superiores. Como investigadores, presentaron elementos de prueba en un caso específico y no pasó nada. No corrieron a los agentes identificados como informantes de las bandas, no los consignaron y a los investigadores honestos los separaron y cambiaron de área. Incluso esta denuncia interna fue negada por el Procurador Antonio Martínez Luna. Otra vez corrupción por sistema, institucional.
A pesar de esto, ante las acusaciones del jefe de la Policía en Tijuana de que no están haciendo su trabajo contra el crimen organizado, la Procuraduría del Estado respondió apoyada por la PGR: A través de dos comunicados sostuvieron que el Ayuntamiento de Tijuana tenía muchos policías corruptos y no estaba haciendo nada por solucionarlo. Y extrañamente, al mismo tiempo lograron la oportuna detención de bandas que denunciaron ser apoyadas o dirigidas por policías, aunque no dieron nombres.
En el Ayuntamiento, la respuesta fue que querían que la PGR les resolviera el problema de corrupción porque, de acuerdo a la Ley, esa corporación es la encargada de investigar y detener a delincuentes que apoyan al crimen organizado.
Narco-reclutamiento
Desde la década de los noventa, grupos de policías han sido detenidos por estar involucrados en asesinatos o balaceras generadas para proteger a narcos, de otros policías o de bandas rivales.
Para el crimen organizado, son los sicarios ideales, conocen las ciudades, hora y lugar de los operativos policíacos, saben disparar y están preparados psicológicamente para matar, torturar y creer que tienen derecho de hacerlo.
Además, el Gobierno los capacita con recursos del pueblo y al crimen organizado sólo le toca actualizarlos, equiparlos con armas más sofisticadas y casas de seguridad, porque los vehículos ellos mismos los roban. Como han declarado algunos detenidos.
Lo que es mejor, los policías se podían reunir en grupos numerosos, encapuchados y sin despertar sospechas. Por lo menos lo hicieron hasta que abusaron, la comunidad dejó de confiar en ellos y empezó a denunciarlos.
A partir de 2002 y 2003, cuando el Gobierno de Estados Unidos endureció sus controles de cruce, se afectó también el contrabando de cocaína y marihuana, reduciendo con ello el flujo de efectivo entre los integrantes del crimen organizado, incluidos los policías bajacalifornianos que estaban acostumbrados a una cantidad de dinero adicional con la que podían acceder a lujos que su sueldo, ni por equivocación, les darían.
Como ejemplo, los 2 mil 700 policías municipales de Tijuana ganan 11 mil pesos mensuales promedio. En Tecate hay 200 agentes activos y 70 comerciales, quienes reciben 5 mil 800 pesos al mes.
En la Policía Ministerial son 970 elementos, hay agentes “a”, “b” y “c”, sus sueldos mensuales son de 11 mil 028 pesos, 14 mil 379 pesos y 16 mil 327 más ayudantías o bonos de 5 mil pesos asignados a agentes que trabajan en agencias consideradas de más alto riesgo, como secuestros y homicidios.
Los 380 policías estatales preventivos tienen un sueldo de 12 mil pesos mensuales.
En la PGR consideran esta información como tema de seguridad y ni siquiera aceptaron decir cuántos agentes había en el Estado; tendrían que solicitarse datos a la Ciudad de México.
Con los escoltas de funcionarios, el asunto es diferente. Sus sueldos están entre los 18 y 20 mil pesos, a los menos les pagan 12 mil.
Los bajos sueldos no pueden ser utilizados como pretexto, pero el dinero que les ofrecen es uno de los principales elementos.
También aprovechan las deficiencias que existen en el proceso de reclutamiento de las academias de policías, como en Tijuana, que ante la urgencia de incrementar el número de agentes, se ha ampliado el número de personas que aceptan. Los capos de la droga empezaron a mandar a sus elementos, éstos reciben dinero del narco desde que llegan, pero siguen siendo los menos.
El porcentaje de aspirantes aceptados subió del 30 al 50 por ciento y no han podido establecer el uso de la prueba del polígrafo, ni han obtenido el apoyo del CISEN para verificar los antecedentes delictivos de los jóvenes registrados.
“Para tener certeza, se necesitan los exámenes del polígrafo pero bien aplicados, con encierros previos, pláticas con psicólogo y sesiones de más de seis horas de entrevista con el aparato; se van hacer y yo no los voy aceptar de otra manera”, diría el Director de la Policía Municipal en Tijuana, Manuel Zataráin.
La mayoría son reclutados por el crimen organizado cuando ingresan a la Policía activa, sobre todo los que llegan a áreas estratégicas. Los viejos policías tienen viejos compromisos, más aún los que llegan a alguna jefatura, porque dice la tropa que esos puestos cuestan y adquirirlos significa que ya aprendieron el gusto y la distribución del dinero ilícito.
En Tijuana, las zonas con mayor corrupción y colusión policiaca se encuentran en las delegaciones La Mesa, Sánchez Taboada, Playas y Centenario. Pero las bandas no son sólo de municipales; las detenciones de grupos con agentes de todas las corporaciones en el país lo han demostrado.

Relato de un asesinato
Rosario Mosso Castro
Zeta Tijuana
29 de septiembre de 2006
Secuestran a joven, familia entrega pruebas a policía y lo mataron.
Pese a que los familiares del muchacho Fernández entregaron todas las pruebas del secuestro a las autoridades, incluido el Procurador Antonio Martínez Luna, cuando el joven aún vivía, no hicieron nada por rescatarlo. Al tiempo, los secuestradores lo mataron después de cobrar el rescate.
El joven empresario Farid Fernández de 25 años, fue secuestrado el 30 de mayo y apareció asesinado el 14 de junio, unas horas después que su familia pagó el rescate.
Era un muchacho sano, deportista, becado en el Tecnológico de Monterrey, gerente en una empresa, estaba estudiando una maestría y tenía planeado pedir matrimonio a su novia el siguiente mes. No se le conocían ni malas amistades ni malas costumbres, no fumaba y bebía de manera eventual.
La noche que lo secuestraron hacía su tarea cuando un amigo lo llamó y se fue con él a cenar tacos.
A las 23:12 horas del 30 de mayo, a 100 metros de llegar a su casa, un grupo que se identificó como policías le ordenó detenerse. Obedeció porque no era la primera vez que le sucedía dado que esa zona está muy vigilada. Traía una Ford 150 roja del año que había comprado a crédito 15 días antes.
Fue en una calle de Lomas de Agua Caliente cerca de la fuente, donde empieza la glorieta de El Britania, él iba hablando por radio con su novia y le dijo que en unos minutos se comunicaba, que lo estaban parando otra vez.
El sistema de video vigilancia de una de las casas de la zona captó los casi 10 minutos que el joven estuvo hablando con los hombres que se comportaban como policías. El que conducía se acercó a Farid y estuvieron intercambiando información mientras el presunto agente iba y venía a su vehículo. Como a los seis minutos se bajó el segundo agente.
Pasados nueve minutos, una patrulla ministerial, blanca Crown Victoria con los vidrios polarizados se paró, dio reversa, metieron a la víctima. El menor de los Fernández creyó que eran policías porque a pesar de ser un jugador de fútbol americano no opuso resistencia. Eran cerca de las 23:20 horas.
25 minutos más tarde, el padre del muchacho pasó por la calle rumbo a la casa familiar y vio el auto de su hijo estacionado, se le hizo extraño.
46 minutos después sonó el teléfono del hermano de Farid, contestó la esposa que trató de hacerle plática pero el joven le pidió con tono de apurado y asustado que lo comunicara con su hermano, cuando lo tuvo al habla le dijo: “Estoy bien, si hablas con la policía me van a matar” y colgaron.
Al día siguiente, el 31 de mayo a las dos de la tarde fueron a recoger el vehículo con un cerrajero sin informar a la policía porque tenían miedo, unos minutos después recibieron la primera llamada del radio de la víctima.
Una voz con acento sinaloense les dijo: “Qué onda, compa, ya está juntando mi lana”.
Familiar: “¿Cómo está mi hermano?
Secuestrador: “¿ya tiene mi lana?”
Familiar: “¿Cómo está mi hermano?”
Secuestrador: “Bien, que si ya tiene mi lana. Júntate un millón”.
Familiar: “No tenemos esa cantidad”
Secuestrador: “Ah bueno dónde te lo tiro, un millón o dónde te lo tiro, no quiero estar batallando con eso, porque a mí me está costando también tenerlo”.
Al día siguiente fue lo mismo, pero cuando le dijeron que estaban haciendo todo lo posible por reunir el dinero la repuesta fue: “No me está funcionando, creo que te voy a mandar un dedo, si no dime de una vez y terminamos con esto rápido para que dejen de sufrir”.
La familia se asustó, mandó información que obtuvo del día de los hechos, audio y videos a los noticieros nacionales, a la presidencia, pero no tuvo respuesta. Y como último recurso, una amiga de la familia los contactó con el Procurador Antonio Martínez Luna; éste los remitió con el actual Secretario de Seguridad Víctor de la Garza, quien era Subprocurador Contra la Delincuencia Organizada. Le entregaron todos los videos y el audio, pero lo que hicieron fue mandarlos al grupo antisecuestros a quienes la familia les pidió que sólo los ayudaran a negociar y que sólo entraran en una casa de seguridad si estaban 100 por ciento seguros de que su hermano no corría peligro.
Todo esto se hizo en la madrugada y en diferentes partes del estado, sin embargo al día siguiente los secuestradores les dijeron que ya sabían que habían ido a la policía y que les iban a demostrar que no estaban jugando. Durante las dos semanas los criminales hablaban un día sí y otro no, alrededor de las siete de la noche; empezaban muy amables pidiendo su dinero e iban subiendo de tono.
A la una de la mañana del 14 de junio, después de mucho jaloneo porque la familia no podía conseguir el dinero, los delincuentes hablaron y dijeron que ya estaban listos para el intercambio. Le dieron al negociante dos minutos para llegar al bulevar.
El joven pidió una prueba de que su hermano estaba con vida y le pusieron una grabación del futbolista leyendo el encabezado del periódico del 13 de junio, después pudo hacer una pregunta que sólo su hermano tenía la respuesta. Estaba vivo, por eso obedeció.
Cada 30 segundos se comunicaban a su radio para darle instrucciones. Lo llevaron hasta la Zona Centro, y en el trayecto lo fue siguiendo un taxi. En el camino el familiar vio tres patrullas también pero no puede asegurar que lo escoltaban.
Lo hicieron dar varias vueltas en las calles Sexta y Novena. Subir a la colonia Independencia, regresar al Centro y dar vueltas entre la calle Quinta y Sexta. En la calle Sexta, en un callejón ubicado contra la funeraria San José, hay unas escaleras al fondo. En aquel momento había un sillón amarillo donde depositó el dinero.
Ese mismo día a las 11 de la mañana, el cuerpo de Farid Fernández fue localizado atrás del Hospital Regional Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social en la tercera etapa. Muerto por asfixia, con algunos golpes en la cara y el cuerpo, amarrado de manos, pies y cuello con cadenas.
Horas más tarde, Juan Varela, peluquero de Farid, fue detenido como parte de una banda de secuestradores.
Ante el asesinato a pesar del pago, la familia olvidó el miedo y exigió a la PGJE una investigación para dar con los criminales. Ya tenían todos los elementos en imágenes, así que la familia pidió que les mostraran fotos para ver si identificaban a alguien, que les pusieran audio porque jamás van a olvidar la voz del secuestrador porque todavía tenían pesadillas con él, pero nada.
“Los agentes nos dijeron que no tenía caso que investigaran porque ellos lo que hacían era detener a alguien y después averiguar en qué delitos había participado. Oficialmente la investigación se inició hasta el mes de julio, pero sin ganas de encontrar nada porque nos enteramos del tipo de interrogatorios que estaban haciendo”, dijo uno de los familiares afectados.
Tres meses han pasado. A la familia que facilitó el video, unos delincuentes les robaron las cámaras, pero en la PGJE no se ha sabido nada. Todavía peor: La Policía Municipal tiene una cámara en la zona, tardaron más de tres meses en entregar el video y extrañamente no aparece nada durante el tiempo en que se cometió el secuestro, ni carros.
Situación extraña porque en el video que tiene la PGJE y los Fernández, transitan carros todo el tiempo.
La familia se arriesgó, tuvo apoyo de la comunidad, entregó elementos para la investigación, cooperó con los asesinos y con las autoridades, sin embargo, sigue reclamando justicia.