Comienza el derroche

Proceso
2 de octubre de 2006
Los recursos públicos recibidos por el candidato electo Felipe Calderón y su equipo de transición, 150 millones de pesos, no sólo duplican la cifra manejada por Fox en el año 2000. También, y debido a un completo desdén por las reglas del IFAI y la Ley de Transparencia, se hallan sometidos a los vicios de siempre: duplicidad, opacidad, discrecionalidad y manga ancha…
Marcados por la opacidad, los recursos del erario puestos a disposición del presidente electo Felipe Calderón para operar la recepción del gobierno federal –150 millones de pesos– representan 80 millones 736 mil pesos más que lo recibido por el equipo de Fox hace seis años.
Esa cantidad, que se suma a los 20 mil millones de pesos que los ciudadanos pagaron por el cuestionado proceso electoral de 2006, equivale, por ejemplo, a lo que costó echar a andar el programa de Conacyt denominado Retención y Repatriación de los Investigadores Mexicanos.
Una cantidad similar invirtió el gobierno federal para la reconstrucción de Cancún tras el paso devastador del huracán Wilma el año pasado.
Sólo el presidente electo, Felipe Calderón, podrá disponer directamente de 130 millones de pesos, una cifra equivalente al costo que tuvo el hospital Materno-Infantil en Reynosa, Tamaulipas.
Y los restantes 20 millones serán transferidos al Estado Mayor Presidencial (EMP) para que cuide a Calderón y resguarde cada uno de los sitios que visite antes de su toma de posesión, según los lineamientos del fideicomiso público creado ex profeso por las secretarías de Hacienda y de la Función Pública. Esto a pesar de que el EMP, encabezado por el general de División Armando Tamayo, cuenta ya con un presupuesto asignado por el Congreso de la Unión para cumplir precisamente con ese tipo de obligaciones.
Y en las reglas para operar dicho fideicomiso público –que por cierto será manejado en el Banjército– no aparece alguna justificación para canalizar más dinero a las actividades del EMP.
De hecho, el tema de la seguridad es uno de los más destacados en el fideicomiso, pues además de los 20 millones para el EMP, se autoriza la contratación de escoltas y servicios privados especializados en la materia.
El artículo 4 del Reglamento del Estado Mayor Presidencial precisa que, con los recursos públicos que recibe, el EMP debe "garantizar la seguridad del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de su familia, de los mandatarios y funcionarios extranjeros que visiten la República Mexicana y de otras personalidades que, por la importancia de su cargo o encomienda, expresamente ordene el titular del Ejecutivo Federal; así como proporcionar el apoyo logístico inherente a las actividades anteriores".
Tales gastos, que no tienen topes mínimos ni máximos, fueron incluidos en el apartado IX de las Reglas de Operación, junto con los pagos por consultoría, asesoría, adquisiciones para mobiliario de oficina, compra de equipo de cómputo, combustibles, capacitación y mantenimiento de oficinas.
El Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal –tal es su nombre oficial– fue creado el 6 de septiembre, apenas un día después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desahogó las impugnaciones electorales en medio de fuertes protestas de la coalición Por el Bien de Todos.
El IFAI ignorado
Fue el propio presidente Vicente Fox quien, el año pasado, envió a la Cámara de Diputados la propuesta para asignar esa bolsa de 150 millones de pesos dentro del presupuesto 2006. El dinero sería tomado del Ramo General 23 de Provisiones Salariales y Económicas, específicamente en el anexo 8. Todas las fuerzas políticas, incluido el PRD, aprobaron la iniciativa sin mayor contratiempo.
La única voz que dejó sembradas algunas inquietudes fue la de la senadora priista Dulce María Sauri, quien demandó que se fijaran, desde entonces, topes y reglas claras para la operación de esos recursos públicos a fin de evitar derroches como el realizado por el equipo de transición foxista.
Aunque en el Congreso de la Unión nadie más hizo propuestas al respecto, los cinco comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) decidieron actuar para evitar las irregularidades detectadas en el equipo de transición foxista, y emitieron los Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a información gubernamental y rendición de cuentas respecto de recursos federales transferidos bajo cualquier esquema al presidente electo.
Sin embargo, en ninguna parte de las reglas del nuevo fideicomiso público que beneficia al equipo de transición de Felipe Calderón se mencionaron los lineamientos de los comisionados. Simplemente se ignoraron.
Aún más, las secretarías de Hacienda y de la Función Pública desestimaron lineamientos que el IFAI considera vitales para cumplir en este aspecto con la Ley Federal de Transparencia, pues aquellas dependencias no incluyeron claramente en los nuevos lineamientos del fideicomiso la obligación de difundir en internet, cada 30 días hábiles, la información sobre todos los apoyos y transferencias que se presenten, sin importar las personas que pudieran resultar involucradas.
Los lineamientos del IFAI asientan, además, que "esta información permanecerá en los archivos y sitios de internet que correspondan a las dependencias o entidades que aporten los apoyos para la transición gubernamental, por lo menos un año contado a partir del 3 de julio de 2006".
Y señalan que debe hacerse la "presentación de un informe público e integral sobre el uso de los recursos públicos federales, dentro del mes siguiente a la toma de posesión como presidente de la República".
Ninguna de estas obligaciones fueron tomadas en cuenta por las reglas del fideicomiso de Felipe Calderón.
Sueldo misterioso
Aún más, el contrato del fideicomiso y sus reglas de operación nunca establecen cuánto ganará el presidente electo en los tres meses siguientes a la recepción de su acta de mayoría, o si acaso no tendrá derecho a ninguna percepción.
Lo mismo ocurrió antes con el caso de Vicente Fox, de quien se desconoce hasta la fecha si utilizó parte del dinero público para la manutención de su familia en el período de entrega-recepción de la administración.
Y es que los sueldos de los presidentes electos –al igual que las percepciones de los candidatos a un puesto de elección– continúan siendo un misterio en México.
Sólo cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se vio obligada a investigar el asunto "Amigos de Fox", pudo saberse que el guanajuatense recibió 435 mil pesos mensuales de honorarios durante su campaña.
En ese expediente, los magistrados incluyeron un diagrama de flujo en donde consta que el sueldo de Vicente Fox era responsabilidad directa de Édgar Cruz López, sobrino del empresario Lino Korrodi, uno de los creadores de esa estructura paralela al PAN que facilitó la primera derrota del PRI.
Y así se estableció que esos 435 mil pesos mensuales que Fox recibió provinieron directamente de las empresas K-Beta, Grupo de Alta Tecnología en Impresos y ST&K, propiedad, precisamente, de Lino Korrodi.
La discrecionalidad
Se sabe, no obstante, que los colaboradores de Felipe Calderón que trabajan en el equipo de transición ganarán hasta 97 mil pesos mensuales, todos bajo el régimen de honorarios, conforme a los lineamientos del fideicomiso trazados por la Secretaría de la Función Pública.
Dicho sueldo es equiparable al de algunos directores generales adjuntos en el gobierno federal.
Copias de cheques y de recibos de honorarios en poder de Proceso permiten comprobar que los colaboradores del equipo de transición de Fox percibían más que los de Calderón, pues en el año 2000 hubo personajes que obtuvieron 463 mil 377 pesos tan sólo por tres meses de trabajo, entre quienes figuraban Ernesto Gándara Camou y Efrén Ortiz Villaseñor.
Los calderonistas que reciban sueldo por honorarios en el nuevo equipo de transición quedarán entonces a la altura de lo que pagó Vicente Fox a colaboradores como Eduardo Romero Ramos –hoy secretario de la Función Pública–, quien sólo obtuvo 289 mil 610 pesos por un trimestre de trabajo.
Pero dichos lineamientos tampoco dicen nada sobre cuánto podría pagar Felipe Calderón por cualquier asesoría o a personas externas al equipo de transición.
Igualmente, a criterio del equipo calderonista quedan los gastos por viajes al extranjero, actos o ceremonias, combustibles, teléfono, agua, fotocopias, etcétera.
Un apartado del reglamento dice solamente que ese tipo de erogaciones debe reducirse a lo "estrictamente necesario".
Y un nuevo factor de opacidad se introduce en las reglas de operación del fideicomiso cuando se abordan las contrataciones.
En dicho punto se indica que cualquier contratación debe ser aprobada dentro de un Comité Técnico del Fideicomiso, conformado por cinco personas: tres servidores públicos designados por Hacienda y dos personas especialmente nombradas por el presidente electo, Felipe Calderón.
Para agilizar la distribución y aplicación de estos recursos públicos, Hacienda, Banjército y la Secretaría de la Función Pública solicitaron al presidente electo, Felipe Calderón, nombrar a "un delegado".
Y por eso establecieron en las reglas de operación: "El delgado abrirá una cuenta bancaria productiva de uso exclusivo para la recepción de recursos a fin de cubrir los compromisos y obligaciones adquiridos, conforme a las presentes reglas de operación y las disposiciones aplicables".
El problema en este caso es que la apertura de esta cuenta bancaria por parte de un particular nombrado por el presidente electo, Felipe Calderón, pondría en riesgo la rendición de cuentas sobre el uso correspondiente del erario, ya que estaría protegida por el secreto bancario.
Esto a pesar de que fue justamente dicho riesgo el motivo por el cual el IFAI determinó en sus lineamientos que todo el dinero manejado por el equipo de transición debería ser operado únicamente mediante un fideicomiso público…