¡Flagrante peculado!

Me enteré de la siguiente noticia por el blog Visión Pública, que les recomiendo visitar.

Ya cobran megasalarios los felipillos
Ricardo Briseño Noriega
Visión pública
29 de septiembre de 2006
A partir de este mismo mes de septiembre, pese a que no realizan ninguna función pública contemplada en alguna disposición normativa legal, ni tienen nombramiento oficial alguno, todos los integrantes del denominado “equipo de transición” de Felipe Calderón Hinojosa empezarán a cobrar sueldos en el Gobierno Federal, en el orden de 66,000 a 131,000 pesos mensuales, como una mancha más a quien de facto tal vez sea Presidente de la República a partir del próximo primero de diciembre.
Las percepciones de los colaboradores del cuestionado ex candidato panista a la Presidencia fueron dadas a conocer al diario nacional El Economista el jueves 28 de septiembre por fuentes de la Secretaría de Hacienda, que el matutino no identifica y que no hicieron comentario alguno sobre la posible comisión del delito de peculado que tal medida pudiera implicar, en la edición del viernes 29 de ese mismo mes, en la que tampoco ningún columnista o analista abordan tal posibilidad.
Desde la semana pasada, el diario La Jornada había informado que el Gobierno de Vicente Fox había dispuesto una partida de 120 millones de pesos para el rubro de gastos del proceso de transición, que sólo mereció pequeños comentarios a columnistas nacionales de ese mismo diario, pero que a la luz del Presupuesto de Egresos de la Federación, al adminicularlo con el Código Penal Federal, no deja lugar a dudas de que se trata de un peculado.
En efecto, de una somera revisión al Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado a fines del 2005 por la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación, se desprende que la cámara baja en ningún momento aprobó el uso de recursos públicos para “el proceso de transición”, que en la práctica se traduce en altísimos salarios para los integrantes del equipo que Felipe Calderón designó como sus representantes en tal etapa.
Si a tal omisión de la existencia de una partida expresa que justifique la erogación de esos recursos públicos, de suyo grave, la vinculamos con la hipótesis normativa del Artículo 223 del Código Penal Federal, que al establecer el delito de Peculado, en su primera fracción hipotética contempla que incurre en tal delito: “Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa”, veremos con meridiana claridad que la medida en cita actualiza esta hipótesis.
No es posible concluir válidamente este breve comentario sin añadir dos hechos que contextualizan la información y ubican a cada quien en su lugar: a) el precedente registrado en el 2000, en el inter del arribo al poder de Vicente Fox Quezada y la conclusión del mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León; y b) la actuación del Jefe de Gobierno Saliente en el Distrito Federal, Alejandro Encinas, en la transición de su cargo al Jefe de Gobierno Electo, éste sin cuestionamiento de legitimidad alguno, Marcelo Ebrad, para el mismo periodo 2006-2012.
a) Genio y figura, Vicente Fox antes de iniciar su mandato como Presidente, solicitó y obtuvo 17 millones de pesos del entonces Presidente Ernesto Zedillo para festejos por su triunfo y el advenimiento del gobierno “del cambio”, que incluyeron una cena de gala en la terraza del Castillo de Chapultepec, para cientos de invitados especiales, entre los que figuraron embajadores, los grandes magnates del país y hasta el entonces famoso Lech Walesa, ex Primer Ministro de Polonia. Tal erogación implicó tal vez un peculado y un fraude equiparado, el primero ya aludido y éste contemplado en el Artículo 389 del Código Penal, cometidos el primero por el Presidente saliente y el segundo por el entrante, el peculado aún sin prescribir por tener una penalidad media aritmética de 8 años, a partir del monto de lo desviado, y el segundo prescrito, al contemplar una penalidad media de 5 años 3 meses, que debieron de computarse a partir de la comisión de la conducta, ocurrida a fines del 2000.
b) Por su parte Alejandro Encinas tajantemente señaló que su administración mantendrá la política de austeridad dispuesta por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, y no erogará recurso alguno para salarios o compensaciones del equipo de transición que representa al Jefe de Gobierno electo, ni desalojará oficina alguna que esté prestando una función pública para que éstos se reúnan, salvo en los casos en que sesionen conjuntamente con los funcionarios de su administración para abordar la problemática de esta etapa, que tal vez requiera ser legislada para evitar ilegalidades y hasta acciones delictivas, como la actual, que hasta ahora han quedado impunes.