Tabasco: abusos y errores

Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma
17 de octubre de 2006
El autoritarismo arbitrario e ilegal fue la conducta con que el gobierno de Manuel Andrade asistió al proceso tabasqueño, que marca un retroceso en las posiciones políticas del PRD, cuyas causas internas deben ser admitidas y corregidas por ese partido y sus aliados.
El Programa de Resultados Electorales Preliminares de Tabasco, que incluye los del 96.78 por ciento de las casillas, es decir casi la totalidad, muestra un retroceso en las posiciones del Partido de la Revolución Democrática, respecto de la elección local de 2003 y en relación con los comicios federales de hace tres años.
Abusos inadmisibles de la autoridad, y errores en ese partido configuraron ese desenlace (susceptible todavía de ser precisado y aun corregido, pues en la contienda por los ayuntamientos y las curules de diputados hay varios casos de diferencias brevísimas, y en la de gobernador es seguro que se tratará de buscar una sentencia como la de 2000, que anuló la elección).
El candidato perredista a la gubernatura (que si se confirman las cifras conocidas hoy habrá sido derrotado por tercera vez) resumió ayer las causas que a su juicio determinaron la inequidad prevaleciente en la elección:
1) derroche de gasto del PRI, denunciado ante la impasibilidad del órgano electoral;
2) intervención abierta del gobernador y el secretario de Gobierno en la campaña;
3) coacción del voto realizada por funcionarios, especialmente el subsecretario de Transportes (que tuvo que ser despedido luego de que se conoció un video donde promete y amenaza a transportistas según la orientación de su voto);
4) complicidad del gobierno con quienes infringieron la ley pues "en ningún momento sancionó a funcionarios que incurrieron en abusos e irregularidades", salvo el caso citado en el punto anterior;
5) "el clima de acoso que desplegaron los medios de comunicación locales en contra de nuestra campaña, los cuales nos hicieron objeto de exclusión y de descalificación", especialmente en los días previos a la jornada electoral, "cuando los medios provocaron un ánimo de confrontación y de miedo dirigido en nuestra contra";
6) el acoso policiaco a perredistas, que incluyó detenciones arbitrarias y tortura a un grupo de militantes que permanece preso;
7) compra de sufragio y ejercicio de voto corporativo, o intimidación a los votantes; y
8) uso de la fuerza pública, el domingo para "subrayar un clima de tensión y de incertidumbre".
Fue especialmente grotesca, y grave, la detención de activistas llegados de fuera a los que se tildaba de chilangos aunque no procedieran del Distrito Federal, como si fuera un epíteto descalificatorio, y como si el PRI no hubiera hecho llegar refuerzos a su causa desde otras entidades.
A la captura arbitraria, basada en la simple apariencia de los detenidos, se sumaron agravios unos directamente en su contra y otros destinados a debilitar al perredismo en las cruciales horas finales del proceso: se les acusó de pandillerismo para que no pudieran salir bajo fianza, se les hizo posar para los medios con pistolas de juguete pero que el público ignoraba que lo eran, se les atormentó para que rindieran una declaración incriminatoria y finalmente el video de su comparecencia se difundió el viernes, lo que significó un obvio y probablemente eficaz acto de propaganda, ilícito de medio a medio, porque se realizó en el periodo en que toda otra propaganda estaba prohibida.
Tuvo un carácter semejante la reunión del gobernador Andrade con los miembros de la asociación estatal de locutores, igualmente el viernes.Ojeda anunció que, como lo hizo en sus dos turnos anteriores, llevará su caso hasta la jurisdicción federal, pues no confía en los órganos locales, muy marcados por la influencia gubernamental.
La inequidad que de nuevo denuncia ahora fue uno de los fundamentos de la causal abstracta que hizo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anular la elección del 2000. No es seguro que pueda obtener una resolución semejante, porque las circunstancias cambiaron y porque no serán los mismos integrantes de la Sala Superior de ese tribunal quienes conozcan el caso, pues está en curso la renovación de ese plantel: ayer la Suprema Corte de Justicia formuló la ternas de las que el Senado escogerá a los seis magistrados de ese órgano judicial, que tomarán posesión el 5 de noviembre.
Los resultados adversos deberán obligar al PRD a una autocrítica que ya se había expresado respecto del candidato a gobernador, pues muchos juzgaron pertinente postular a otra persona y no insistir en la misma de los comicios anteriores. La decisión de impulsarlo de nuevo originó inconformidad y divisiones, que también se expresaron en torno a otras candidaturas.
Si bien el PRD conservó la alcaldía de Cárdenas, el que su más conocido militante en ese municipio, el doctor Carlos Wilson se hubiera dejado postular por el PAN es señal de la profundidad de las disensiones. De los 11 ayuntamientos que candidatos perredistas ganaron hace tres años, retrocedieron en seis (si bien compensaron parcialmente su pérdida triunfando en otros como Comalcalco). Las cifras finales pueden variar porque la diferencia entre el ganador y la segunda fuerza es escasa.
Tal es el caso de Centla, donde el PRI gana por menos de 600 votos, o Cunduacán donde se reproduce esa situación, o Jonuta (la tierra de Ojeda) donde el PRD obtiene el triunfo con sólo 500 votos más que el PRI, o el todavía más complicado caso de Nacajuca donde la diferencia a favor del candidato perredista es de sólo 153 sufragios. Dado el mucho mayor universo de votantes, también en el municipio capitalino la diferencia a favor del PRI es breve, de poco más de 3 mil votos, de un total de 227 mil votos, aproximadamente.
Cajón de Sastre
Al grito de "¡esta mula es mi macho!", refrán ranchero que denuncia la terquedad, el juez duodécimo civil de la ciudad de México emitió una segunda sentencia a favor de la esposa del presidente Fox, la señora Marta Sahagún, y contra la periodista Olga Wornat y el semanario Proceso.
El juzgador había ya resuelto el caso, pero lo hizo sin desahogar una prueba que determina la naturaleza del asunto: una declaración de Fox que puso en claro que no era la ciudadana Sahagún la demandante sino la primera dama de la República, con los recursos y el poder que ello implica. Ordenado por el tribunal de apelación que considerara esa prueba, para el juez de primera instancia aquel elemento resultó inocuo, pues tras estimar la declaración de Fox, sancochó su sentencia inicial y emitió ayer una nueva.
Las partes condenadas deberán pagar casi 2 millones de pesos a la demandante, y publicar en el propio semanario un extracto de la sentencia. Volverá a haber apelación, que se resolverá cuando la señora no tenga ya poder. O eso creemos.