México en El País

¿Cómo que México en el país? ¡Sí México ya es un país! Juar juar juar... Ehm... Este, sí... Bueno, lo que ocurre es que con este título me refiero a los gilipollas del periódico español El País, que se habían puesto un poquitín hijoeputas en los últimos meses, con reportajes y columnas que nada tendrían que envidiarle a nuestro Milenio o nuestra Crónica. Pero ¡rediez! Hete aquí que parecen haber recobrado la buena senda con dos artículos que no halagan (ni tienen por qué hacerlo) a los partidarios de Andrés Manuel López Obrador, pero sí parecen constituir un primer esfuerzo serio que hace El País de comprender las razones del país... De nuestro país, quiero decir.

México, una situación prerrevolucionaria
Ignacio Sotelo
6 de octubre de 2006
El 1 de septiembre diputados y senadores de la oposición impidieron que el presidente Vicente Fox leyese en el Parlamento su sexto y último informe preceptivo. El 15, ocupado el Zócalo por los seguidores del candidato perdedor, el presidente no pudo dar el tradicional "grito" desde el palacio nacional, desplazándose para la ceremonia a Dolores Hidalgo. El candidato de la coalición electoral de izquierda que encabeza el PRD, Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado por fraudulento el resultado de las elecciones, una sospecha que en México con sus antecedentes encuentra amplia credibilidad, máxime cuando en 1988 Salinas arrebató de manera espuria la presidencia al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
En el momento en que el tribunal electoral sentenció de manera irrevocable el triunfo de Felipe Calderón, el candidato perdedor se designó "presidente legítimo", de modo que hoy México tiene un "presidente electo" que tomará posesión el 1 de diciembre, y un autoproclamado "presidente legítimo", del que nadie sabe qué papel jugará en el futuro. En un sistema presidencialista, el candidato perdedor, al no ser miembro del Parlamento ni ocupar ninguna otra posición institucional, desaparece de la vida política. Ello explicaría en buena parte la tozudez del candidato perdedor, pero no que haya llegado a romper con el principio de legalidad, cuestionando las instituciones establecidas que, justamente, es lo que caracteriza a la incubación de un proceso revolucionario. El enfrentamiento de "dos poderes", uno institucional y otro en la calle, describiría, al menos formalmente, una situación revolucionaria.
En los casi dos siglos de independencia, escasísimos han sido los periodos de democracia -los años de la presidencia de Benito Juárez, los meses de la de Francisco I. Madero- hasta las elecciones de 2000, que permitió acabar con 70 años de poder exclusivo de un partido que, apoyándose en la legitimidad revolucionaria y cumpliendo estrictamente con el principio de no reelección, mantuvo una llamativa estabilidad institucional. Férreo control político, pero manteniendo la ficción democrática con elecciones truncadas y partidos de oposición integrados en el sistema, que sin duda ha facilitado la actual transición, unido a un crecimiento económico considerable hasta finales de los setenta, en que quiebra el modelo de desarrollo dirigido por el Estado, pero que había permitido una amplia movilidad social que creó las clases medias sobre las que hoy se apoya la naciente democracia.
La revolución de 1910, tras el largo periodo de estabilidad política que proporcionó el porfiriato, con un crecimiento económico importante, que en sus dos últimas décadas se distinguió por una enorme concentración de riqueza y la influencia creciente del capital extranjero, estalla en el momento en que se quiere dar paso a una democracia. Cierto que el México de hoy poco tiene que ver con el de comienzos del siglo pasado: de 15 millones de habitantes se ha pasado a más 100, un dato que no hace la situación más manejable; pero entonces sólo el 28% de la población sabía leer y escribir y hoy es el 24% el número de analfabetos; la población urbana ha pasado del 29% al 75%; y si en 1910, el 67% trabajaba en la agricultura, hoy lo hacen menos del 20%, ocupada la mayor parte, el 55%, en servicios. Pero desde que México se abrió a la economía mundial al integrarse en el GATT en 1986 y a Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio en 1995, ha aumentado la concentración de la riqueza, la movilidad social se ha estancado y las clases medias han ido perdiendo posiciones.
Con todo, dos son las diferencias fundamentales que no hacen creíble que se repitan los acontecimientos. Además de contar hoy con una numerosa clase media que desempeña un papel estabilizador, el Ejército está en condiciones de reprimir cualquier insurrección, a diferencia del de don Porfirio, que lo había mantenido en sus mínimos para evitar que se le sublevase; la segunda, que Estados Unidos, si fuese necesario, intervendría a favor del orden constituido, y no como en 1910 apoyando a determinadas familias revolucionarias. Lo que más impresiona al que recorra el país en este mes de septiembre es la tranquilidad distante con la que la población observa hechos tan graves, pese a que, como es natural, llenen los periódicos y los programas televisivos. Algo que permite muy diversas interpretaciones.

Encauzar al México bronco
José Vidal-Beneyto
6 de octubre de 2006
La democracia parlamentaria, esa forma de democracia que se ha impuesto en el mundo occidental, es una planta frágil, de adaptación lenta y de arraigamiento difícil en los países de desarrollo intermedio, en especial en aquellos de ciudadanía precaria y escasamente ejercida, con una estructura social fracturada y con fuertes núcleos conflictivos. Éste es el caso del área latinoamericana, cuyo decurso democrático se ha caracterizado por sus constantes vaivenes institucionales y por la extrema discontinuidad de sus regímenes políticos.
La vida política de ese gran país, bisagra en América entre el Norte y el Sur, que es México, ejemplar en sus logros y en sus carencias, acaba de ofrecernos en su último avatar electoral una ilustración paradigmática de la realidad a que me estoy refiriendo. Es evidente que nuestras democracias de partidos fundan su legitimidad, más allá de su proclamada identificación con los derechos humanos, en la integridad de la oferta electoral y de sus actores políticos, en la transparencia y regularidad del proceso electivo y en la resultante alternancia de los Gobiernos.
Las recientes elecciones presidenciales, alabadas por el establishment pero fuertemente contestadas por el PRD y por casi la mitad de los mexicanos, han aumentado la desconfianza hacia el Gobierno de una parte importante de la ciudadanía y fragilizado aún más la gobernabilidad del país. Pues sin haber recurrido a las bochornosas manipulaciones de la época del PRI, y en ese sentido ha habido un avance, sin embargo, la feroz campaña contra López Obrador, y en particular la movilización contra él de la clase dominante y de la derecha en el poder, con el presidente Fox a su cabeza, hacen difícil excluir categóricamente el fraude. Sobre todo por la no razonada negativa del Tribunal Electoral para proceder a un recuento de votos a pesar de que la petición estuviera apoyada por muchas personas y organizaciones que solicitaron del Instituto Federal Electoral el acceso a las papeletas de la elección. Oponer a esta voluntad ciudadana la inapelabilidad de las decisiones del Tribunal Electoral y su inatacable neutralidad judicial es olvidar la politización actual de las magistraturas en casi todos los países entre los cuales España se lleva seguramente la palma.
En cualquier caso López Obrador, escarmentado por la impunidad jurídica y política de los fraudes electorales anteriores, y tomando pie en el 49% de los mexicanos que consideraron que las elecciones no fueron limpias, en los 15 millones que le votaron, en la muy escasa diferencia (0,56 %) de votos con el ganador y en la importante representación de que dispone en el Congreso y entre los gobernadores del Estado, decide no aceptar la decisión del Tribunal y autoconstituirse en presidente legítimo. Desde esa opción, lanza un movimiento de resistencia civil pacífica y apuntando a un Gobierno paralelo se propone llevar a término la iniciada transición democrática, dotando al país de un nuevo marco político-institucional -andamiaje le llama Porfirio Muñoz Ledo, canciller en la sombra- que corresponda a la situación del país y a lo que muchos en México reclaman. El candidato del PRD rompe la baraja y eso suscita muchas reacciones adversas entre las gentes de orden, pero más que por el fondo por los modos abruptos en que se produce. Pero ¿y si esa radicalidad modal, que es ridículo atribuir a despecho, respondiera a la fidelidad de AMLO a las expectativas de su electorado y a su voluntad de imponer el planteamiento político y la andadura pacífica a sus núcleos más extremos? ¿Y si fuera una rienda más que una espuela para las impaciencias violentas de quienes exigen cambios totales e inmediatos? Sergio Alonso Quezada, en este mismo diario (13 septiembre de 2006) insistía en las rupturas de la sociedad mexicana que a los españoles nos hacen pensar en nuestras dos Españas.
Para evitar que se multipliquen las Oaxacas y que el antagonismo se perpetúe, que el México bronco al que se refería don Jesús Reyes Heroles agoste la siembra democrática de los últimos 20 años, es fundamental incorporar a la izquierda política del país, institucionalizarla, en lugar de seguir cerrándole todos los accesos pacíficos al poder.