Pobrecito Gil Díaz

De acuerdo con el chueco monero de la derecha, Puerco Calderón (así le apoda Víctor, con buen tino), Francisco Gil Díaz es una pobrecita víctima de las malvadas huestes del PRD.
Pero si Puerco rehiciera este cartón (que, de paso, incongruentemente se hace eco de quienes lamentan la forma en que murió Saddam Hussein), quien colocara la soga al cuello de Su Alteza Serenísima no sería un hippie perredista, sino Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente y Director General de El Universal, diario que no es izquierdista y que, por el contrario, probablemente esté siguiendo indicaciones del mismo gobierno del PAN al investigar a Gil Díaz. FeCal necesita un chivo expiatorio destacado para legitimarse ante la opinión pública, que le es adversa. El verdugo es Ealy Ortiz, pero quien dio la orden de ahorcamiento es, casi con toda seguridad, la presidencia espuria.
A ver cómo defiende Puerco a su bienamado Gil Díaz. A ver cómo lo defiende... de FeCal.

Demanda Congreso investigar a Gil Díaz
Ricardo Gómez, Andrea Merlos y Fidel Samaniego
El Universal
18 de enero de 2007
Se requiere transparencia, dice el PRD
El Congreso de la Unión aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para demandar al gobierno federal investigar la gestión de Francisco Gil Díaz en su paso por la Secretaría de Hacienda, por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones.
Diputados y senadores de la Comisión Permanente pidieron también a los secretarios de Hacienda, Agustín Carstens; de la Función Pública, Germán Martínez, y al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, investigar el flujo de información generado por la operación de la empresa ISOSA en las aduanas de México.
En el texto se solicita a los funcionarios dar a conocer con detalle de los resultados que se obtengan en la indagación.
El coordinador de la diputación perredista, Javier González Garza, explicó que el punto de acuerdo pide a las dependencias informar del avance de las investigaciones sobre el nombramiento del ex funcionario como consejero del grupo bancario HSBC y sobre el presunto tráfico de influencias.
EL UNIVERSAL reveló el lunes que durante la administración foxista familiares del ex titular de Hacienda se vieron beneficiados en el sector de las aduanas.
A su vez, desde el nombramiento de Gil en HSBC, legisladores han pedido que se le investigue pues consideran que posee información confidencial que puede ser usada a favor de la institución crediticia.
González Garza externó su temor de que el gobierno federal vaya a encubrir a Gil Díaz. "Necesitamos una investigación transparente. Ojalá y el gobierno federal se decida a hacerlo".
Héctor Larios, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, dijo que no aceptarán que haya linchamientos públicos y añadió que el llamado al gobierno federal por el caso Gil Díaz no tiene más que un efecto mediático.
La aprobación del punto de acuerdo fue un trámite que duró poco más de un minuto. Nadie votó en contra ni hubo debate en la tribuna; previamente el PAN convenció a PRD y PRI de eliminar del texto términos como "corrupción" o "corrupto".
Sobre el caso ISOSA (Integradora de Servicios Operativos, S.A.), la Cámara de Diputados tiene pendiente por desahogar una petición de 137 legisladores federales para integrar una comisión investigadora, debido a que consideran que los recursos desviados a ese fideicomiso son millonarios y que hay responsabilidades sin ejercer.
La propuesta, impulsada por diputados de PRD, PT y Convergencia, señala la necesidad de atender las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación, que encontró constantes irregularidades en las cuentas 2001 y 2002, y en las revisiones 2003 y 2004, del sistema aduanal y de los fideicomisos que reglamenta y administra la Secretaría de Hacienda.
El argumento central del documento expone: "La discrecionalidad y la poca transparencia con las que se han conducido los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal constituyen un quebranto en las finanzas públicas de nuestro país, unido a que la Ley Aduanera no prevé la figura de fideicomisos para prestar servicios de procesamiento electrónico de datos y apoyo aduanero".

Exigen investigación penal y administrativa contra Gil Díaz
Ricardo Gómez y Andrea Merlos
18 de enero de 2007
Legisladores aprueban punto de acuerdo sin debatir sobre el tema; el fideicomiso de ISOSA ha sido cuestionado por su falta de transparencia, durante la gestión del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien fue nombrado asesor de HSBC en Londres
El Congreso de la Unión pidió a los secretarios de Hacienda, Agustín Carstens; de la Función Pública, Germán Martínez, así como al titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, investigar el flujo de información generado por la operación de ISOSA en las aduanas de México.
El fideicomiso de ISOSA ha sido cuestionado por su falta de transparencia, durante la gestión del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien fue nombrado asesor de HSBC en Londres; por ello legisladores han pedido se le investigue pues posee información confidencial que puede ser usada a favor de la institución crediticia.
EL UNIVERSAL reveló que durante la gestión foxista, familiares del ex titular de Hacienda se vieron beneficiados en el sector de las aduanas.
El punto de acuerdo fue avalado por los legisladores de la Permanente, luego de haber sido aprobado por la tercera comisión. No hubo debate de los grupos parlamentarios.
Asimismo en el texto se solicita que los funcionarios informen a detalle de los resultados obtenidos.
El pleno de la comisión permanente llamó al titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, a agilizar las investigaciones sobre la denuncia presentada contra el ex secretario de Hacienda por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones.
Exhortó al titular de la secretaría de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, para que en el ámbito de sus atribuciones, informe al Congreso los avances en torno al procedimiento administrativo iniciado en relación con las imputaciones contra el ex funcionario.
Al respecto, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, consideró de antemano que Gil Díaz es "culpable" pues ha cometido ilícitos, sin embargo reconoció que deben ser las autoridades competentes las que finquen responsabilidades al ex funcionario.
Indicó que las malas actuaciones tienen que resolverse. "Por un lado, la Secretaría de la Función Pública tiene que investigar y, por otro lado, la PGR también. Mi opinión personal es que el señor es culpable. Él ha cometido ilícitos. Esa es mi opinión. Pero las opiniones no cuentan en el caso. Tienen que ser los organismos, el Ministerio Público el que lo diga y el que lo investigue y diga que sí o que no".
Indicó que uno de los posibles delitos es el tráfico de influencias a su paso por la secretaría de Hacienda.
González Garza externó su temor de que el gobierno federal vaya a encubrir a Gil Díaz. "Y eso es muy malo. Necesitamos una investigación transparente. Ojalá y el gobierno federal se decida a hacerlo".
Detalló que el punto de acuerdo presentado para que las dependencias del gobierno informen del avance de las investigaciones tiene que ver con el nombramiento en HSBC y el presunto tráfico de influencias.
"Hay otras cosas que tienen que ver con la PGR , con denuncias penales, que tienen que ver con tráfico de influencias, con abuso de autoridad, con las aduanas, con ISOSA, con la venta de cartera vencida. Son dos. Por eso nosotros estamos invitando, y ya se aprobó citar tanto al procurador como al secretario de la Función Pública".
Al respecto, Héctor Larios, coordinador de los diputados del PAN, consideró que el llamado a los funcionarios por el caso Gil Díaz no tiene más que un efecto mediático. Dijo que no aceptarán "linchamientos públicos" porque "eso está muy bien para Venezuela, pero no para México".
Desde su punto de vista, en las naciones democráticas, cuando cabe la posibilidad de que alguien haya cometido un delito, es tarea de las autoridades jurisdiccionales determinar la inocencia o la culpabilidad.

Ningún panista alzó la voz para defenderlo
Fidel Samaniego
18 de enero de 2007
Fue un trámite rápido, sin complicaciones. Duró un poco más de un minuto la aprobación del punto de acuerdo. El Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión Permanente, pide a la Procuraduría General de la República que agilice las investigaciones del posible ejercicio abusivo de funciones de Francisco Gil Díaz como secretario de Hacienda.
Nadie votó en contra. No hubo debate en la tribuna. Y en este aspecto, lo significativo fue que ninguna voz panista estuvo dispuesta a defender al que fuera secretario de Hacienda durante el sexenio anterior.
Un punto de acuerdo con el cual también se exhorta al secretario de la Función Pública para que informe al Legislativo de los avances del procedimiento administrativo relacionado con las imputaciones varias, contra Gil Díaz.
El asunto llegó a la sesión de la Permanente negociado. Los representantes de senadores y diputados del PAN habían aceptado desde el martes firmarlo, pero pusieron una condición que les fue aceptada por perredistas y priístas: Que del texto fuesen suprimidos adjetivos o términos como "corrupción" o "corrupto".
No tenemos por qué defenderlo en la tribuna. Además, si Gil Díaz es responsable de lo que se le acusa, deberán determinarlo las autoridades competentes, manifestó uno de los integrantes del primer círculo de Acción Nacional. Sin embargo, otro legislador que estuvo en las negociaciones del punto de acuerdo confió: El ex secretario de Hacienda logró ejercer un gran poder en el gobierno anterior. Sus redes siguen actuantes. A los panistas y al régimen de Calderón les conviene desmontar esa estructura.
Una sesión, la de ayer, en la que llamó la atención ver a los panistas José González Morfín y Héctor Larios reunirse en el salón con el perredista Javier González Garza. Durante algunos minutos, Larios y González Garza se fueron a charlar solos a un pasillo cercano. Lo que negociaban era otro punto para que se forme una comisión legislativa que acuda a los penales de Oaxaca y al de alta seguridad en Almoloya de Juárez para conocer personalmente de las condiciones en que están recluidos dirigentes de la APPO.
Sesión de diputados y senadores en la que, para no variar, abundaron iniciativas y propuestas, la mayoría de ellas, casi seguramente condenadas a la congeladora. De hecho, 49 proyectos de puntos de acuerdo ya no pudieron ser leídos, se enviaron a las comisiones correspondientes.
Lo que sí se trató, una vez más, fue el problema del encarecimiento de la tortilla y de otros productos. Directo, el perredista Ricardo Monreal demandó la renuncia del secretario Eduardo Sojo, quien, dijo, ha demostrado sobradamente su incapacidad y carencia de sensibilidad.
Por el PAN, Javier Bolaños señaló que cuestiones como el alza de precios y la especulación no se solucionan con bellos discursos o saliendo a la calle a gritar.
También sin votos en contra se aprobarían los puntos de acuerdo para demandar a las autoridades la investigación y posible sanción penal a los especuladores y para que comparezcan los funcionarios responsables de lo que tiene que ver con producción y abasto de alimentos.
Cuando nacía la tarde se levantó la sesión. Vienen días difíciles para el antes todopoderoso Gil Díaz, expresaba un legislador, de aquellos que no subieron a defenderlo a la tribuna.

Piden crear comisión para el caso ISOSA
Andrea Merlos y Ricardo Gómez
18 de enero de 2007
Instan a atender irregularidades en aduanas
La Cámara de Diputados tiene pendiente una petición de 137 diputados federales para integrar una Comisión especial que investigue e indague el caso ISOSA, por considerar que los recursos desviados a ese fideicomiso son millonarios y que hay responsabilidades sin ejercer.
La propuesta tiene la firma de diputados del PRD, PT y Convergencia, y señala la necesidad de atender las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación sobre las constantes irregularidades en las cuentas 2001 y 2002, y en las revisiones 2003 y 2004, del sistema aduanal y de los fideicomisos que reglamenta y administra Hacienda.
"Que el pleno de la Cámara de Diputados conforme una Comisión Investigadora, una comisión que investigue a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago del Derecho del Trámite Aduanero".
La investigación al fideicomiso ISOSA va de la mano con las recientes publicaciones sobre que el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, benefició a familiares en el área aduanal.
El diputado del PRD, Pablo Trejo, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, presentó en el pasado periodo de sesiones dicha propuesta por considerar "francamente alarmante la falta de vocación de servicio del gobierno del cambio y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos".
"La discrecionalidad y la poca transparencia con las que se han conducido los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal constituyen un quebranto en las finanzas públicas de nuestro país, unido a que la Ley Aduanera no prevé la figura de fideicomisos para prestar servicios de procesamiento electrónico de datos y apoyo aduanero", señala el texto presentado a la Junta de Coordinación Política.
En la petición para integrar la comisión investigadora, se hace referencia a que la administración, la procuración de justicia y el Poder Legislativo se quedarían cortos si no se llega hasta sus últimas consecuencias en la investigación del fideicomiso ISOSA y el manejo que se le dio a éste desde la Secretaría de Hacienda, en ese entonces encabezada por Gil Díaz.

El costo oculto de la privatización aduanal
Carolina Rocha
18 de enero de 2007
Para modernizar a la Aduana Nacional, hace 15 años, el gobierno federal se acogió a la iniciativa privada.
Se trataba de "servicios no esenciales" que pasaron a manos de particulares después de la reforma al sector promovida por Francisco Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas.
Previo a esas reformas, los agentes aduanales tenían que sortear largas esperas en los recintos fiscales y realizar más de 40 trámites para el despacho de mercancías.
Además, para agilizar los trámites, tenían que entregar dádivas a los vistas aduanales.
"En cada paso que teníamos que recorrer teníamos que dar una lanita, para que ellos sobrevivieran (los vistas y empleados de aduanas) y sobretodo para que te atendieran en tus trámites", recordó Carlos Álvarez, presidente de la Asociación de Agencias Aduanales de Nuevo Laredo.
El tránsito de la mercancía era revisado y avalado con puño y letra por 600 vistas aduanales distribuidos a lo largo de la República.
Para eliminar estos costos en tiempo, burocracia y corrupción nació el sistema aleatorio y se concesionaron servicios como el almacenaje. Un mes después del ingreso de la iniciativa privada al despacho aduanal, esos servicios empezaron a costar más a importadores, exportadores y agentes aduanales.
Con la implementación del "sistema aleatorio", el movimiento de las mercancías se volvió "rapidísimo", describió Guillermo Mesa, vista aduanal y ahora asesor en materia de comercio exterior.
Pero el encanto duró poco.
"El primer lugar donde se concesiona un almacén es en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -operado por Braniff Air Freight-, y se hace un esquema de tarifas impresionantemente alto, que viene a repercutir en muchas aduanas", relató.
La privatización de ese servicio, que se consideró "no esencial" para el Estado, repercutió en costos para los participantes del movimiento de carga comercial.
"Se los dan a un tercero, dentro de las instalaciones de la propia aduana para que maneje y controle la mercancía. Obviamente con unas tarifas sumamente elevadas", insistió.
El Manual General de Aduanas establece un límite de tres horas para la revisión de mercancías cuando hay reconocimiento aduanero (semáforo en rojo).
La realidad en las 49 aduanas del país es otra. Luego de las reformas se dio una "repentina saturación" en los recintos fiscalizados que obligó a los importadores y exportadores a contratar con los almacenes privatizados, explicó Nicolás Ramírez Mendoza, que trabaja para una agencia aduanal con sede en Guadalajara.
"Hay ocasiones en que se tiene que tardar uno, más de dos, tres y hasta cuatro horas para poder terminar el despacho de la mercancía, (tan sólo) hablando del aeropuerto (internacional de la Ciudad de México)", dijo.
Guillermo Mesa fue más lejos: la saturación en las aduanas, insinuó, se hizo a modo. "La realidad es que al principio se movía sin ese problema, y después concesionaron esas áreas y entonces el sistema lo hicieron para pasar por ahí". Agregó que los almacenes "se volvieron fuentes de riqueza".
En las aduanas portuarias, los costos pueden ser aún mayores. Ahí las embarcaciones quedan varadas de días a meses. ¿Los costos? Entre 700 y 800 pesos diarios por almacén más otros 500 o 600 pesos diarios por contenedor.
A estas cuotas se suma otro servicio por el que pagan importadores y exportadores: la estiba de la mercancía, que desde 2004 pasó a manos privadas.
La modernización de las aduanas obligó a los agentes aduanales a realizar fuertes inversiones en infraestructura y personal especializado para hacer frente a sus nuevas tareas como verificadores de lo declarado por importadores y exportadores.
"Tienes que tener personal capacitado para no cometer errores que pueden costarte la patente, gente que revise la mercancía en varios puntos del mundo e invertir en infraestructura, equipos de cómputo, servidores que agilicen la validación de mercancía y para el pago electrónico", describió el representante de los agentes aduanales de Nuevo Laredo.
Aunque con la entrada de la iniciativa privada se logró preparar a la aduana nacional para el ingreso de México al libre comercio, ésta es aún "anacrónica". Luis de la Calle ex subsecretario de comercio, explicó que no se puede ver a las aduanas "como una mera recaudadora de impuestos a la importación".
Las prioridades deberían enfocarse en proteger la salud, el medio ambiente y la seguridad del país. "Hemos sobrecargado a la aduana con regulaciones para tratar de frenar el comercio y le hemos impedido concentrarse en las cosas que realmente debe hacer, como por ejemplo, asegurarse de que no entren armas o productos que hagan daño a la salud".
La privatización en las aduanas no fue la panacea. "Muchas veces se piensa que la privatización es lo moderno, que es lo que apunta a mejores resultados, a la eficiencia; pero hay que estudiar esto con detenimiento porque, por ejemplo, en Estados Unidos es un punto de partida para la corrupción", alerta Irma Sandoval, coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM.
En aquel país, insistió, en el siglo XIX, uno de los cargos más codiciados dentro del gobierno era el de Director de Aduanas.
"Allí estaba el nido de la corrupción. Yo creo que estamos igual en México. Hay que pensar hasta qué punto tendríamos que tener más controlado el Sistema Aduanal", dijo.