"No es posible trabajar con una pistola en la cabeza"

Suspende Gobernación el encuentro programado con comité de la APPO
Alma E. Muñoz
La Jornada
8 de enero de 2006
Gobernación da portazo a APPO y pospone diálogo
No integraron proyecto de agenda relativa a la reforma del estado, el argumento
No elaboraron agenda sobre reforma del estado de Oaxaca, dice
Los dirigentes piden "no trabajar con una pistola en la cabeza"
Que se respete acuerdo de liberación de presos y reubicar a los hermanos Sosa, piden
Confían en que Bucareli se mantenga como canal de negociación
La Secretaría de Gobernación (SG) pospuso el encuentro programado para hoy con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), con el argumento de que éstos no integraron un proyecto de agenda de trabajo relativa a la reforma del estado, que permitiera a la parte oficial brindar una contrapropuesta.
Desde la reunión anterior, en diciembre pasado, representantes del gobierno federal les aclararon al estatal de Oaxaca que no tenía caso continuar discutiendo sobre la liberación de presos, la renuncia del gobernador Ulises Ruiz y la cancelación de órdenes de aprehensión para todos aquellos que participan en el movimiento, aunque sean los puntos centrales de las demandas de la APPO, "porque muchas de esas cosas estaban encaminadas".
La notificación les fue dada ayer por la noche por Francisco Yáñez, quien desde la pasada administración funge como enlace entre la Gobernación y la APPO. No obstante, los oaxaqueños se comprometieron a trabajar lo relativo a la reforma del estado, bajo la condición de que no intervenga el gobernador ni el Congreso del estado, por considerar que también allí opera Ruiz Ortiz.
Uno de los integrantes del comité de negociación con la dependencia federal informó que, pese a todo, aún mantienen como asuntos de mayor urgencia los puntos citados, y esperan que Gobernación se mantenga como canal de negociación ante el Ejecutivo de Oaxaca.
En lo relativo a la liberación de presos urgen el auto de libertad para Catarino López Pereda, en respeto al acuerdo asumido con el anterior responsable de la política interna del país, Carlos Abascal Carranza, y que se reubique a los hermanos Sosa Villavicencio en penales de mediana seguridad, debido a su bajo perfil criminalístico. "Nuestros compañeros no son asesinos, ni narcotraficantes ni secuestradores, sino luchadores sociales", sentenció. Por lo tanto, "son rehenes de los gobiernos federal y estatal".
Recordó que en diciembre pasado, el subsecretario de Gobierno y el jefe de la Unidad de Gobierno de la dependencia, Abraham González Uyeda y Mario René Escárcega, respectivamente, les aseguraron que "buscarían una salida a nuestras peticiones antes del 8 de enero, y creían que no era necesario volver a tocar en la mesa esos asuntos, sino abordar lo relativo a la reforma del estado, por lo cual nos solicitaron una agenda de trabajo".
Sin embargo, nosotros decimos que requerimos garantías para no trabajar el asunto "con una pistola en la cabeza" y en un ambiente de "hostigamiento y represión" aunque, afirmó, mantenemos nuestro compromiso de entregar lo que nos corresponde, y así se está afinando en el consejo estatal. Anunció que en Oaxaca, hoy realizarán, como parte de este proceso, una mesa con artistas e intelectuales. Entre los invitados se encuentran Ofelia Medina, la senadora Rosario Ibarra y el pintor Francisco Toledo.
Mientras, advirtió, el equipo jurídico de la APPO trabaja para obtener los amparos que la SG les aconsejó solicitar en favor de dirigentes e integrantes de la Asamblea, a fin de evitar nuevas detenciones.

Reclaman familiares libertad de 15 detenidos por el conflicto
Octavio Vélez Ascencio
8 de enero de 2006
Protestan frente al Cefereso No. 1 de Tlacolula
Tlacolula de Matamoros, Oax., 7 de enero. Familiares de las personas detenidas por el movimiento popular y magisterial protestaron sobre la carretera internacional Cristóbal Colón, a la altura del acceso al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, ubicado en este municipio, para demandar la libertad de 15 presos.
Integrantes del Comité de Familiares de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos (Cofadappo) se encadenaron las manos y pies para solidarizarse con los recluidos, mientras otros colgaron en sus cuerpos letras para formar la consigna "Libertad a los presos políticos".
Algunos de los encadenados se untaron pintura de color rojo en camisas y playeras, para simular las manchas de sangre que quedaron en la ropa de los recluidos por la golpiza que recibieron después de ser detenidos por policías locales y federales, el 20 y 25 de noviembre pasado en la ciudad de Oaxaca.
"¡Libertad, libertad, a los presos por luchar!", "¡Presos políticos, libertad!" y "¡Ya cayó, ya cayó, Ulises, ya cayó!", gritaron repetidamente los manifestantes.
La protesta fue secundada por algunos automovilistas que se desplazaban por la citada carretera con los sonidos de los cláxones. Gabriela, integrante de la Cofadappo, dijo que la manifestación fue realizada para exigir una vez más a la Secretaría de Gobernación cumplir con los acuerdos.
Según la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la dependencia federal se comprometió durante la última reunión sostenida en diciembre a liberar a todos los "presos políticos y de conciencia" antes de terminar 2006, a fin de reanudar el diálogo este lunes 8 de enero.
"Ese fue el acuerdo, pero estamos a 7 de enero y nuestros familiares siguen todavía en la cárcel", señaló. Además denunció que sus parientes han sido confinados al área de sentenciados, sin ser aún condenados por un juez.
A la vez, demandó atención médica urgente para uno de los presos, Pedro Garibo Pérez, por estar "a punto de gangrenarse" una quemadura en una de las piernas, sufrida durante su detención.
De la misma manera que Garibo Pérez, se encuentran presos Manuel Ventura Santiago, Marco Antonio Aquino Silva, Uriel Julio Méndez Hernández, Alejandro Luna López, Cornelio López Sánchez, Juan Carlos Luis Mendoza y Felipe Sánchez Rodríguez.
Además, Abraham Reyes Herrera, Alberto Alejandro Correa Orozco, Roseín García Guzmán, Gilberto Toledo de los Santos, Edgar Alejandro Molina Cuevas, Fabiano Juárez Hernández y Arturo Reyes García.
En la misa dominical, el arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, afirmó que la paz en la entidad solamente se alcanzará con reconciliación en la sociedad, pero también "con una reforma profunda del Estado".
El prelado calificó como "buena señal" la convocatoria realizada por el gobierno estatal para la reforma del Estado, aunque --dijo­ hay que asegurar la real autonomía entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Chávez Botello dijo que 2006 fue sin duda "el año más difícil que no queremos volver a vivir en Oaxaca", puesto que "hay daños graves que no se han reparado y heridas que no han curado".
Por su parte, el senador Gabino Cué Monteagudo, en clara alusión al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, rechazó las "soluciones fáciles" para el conflicto político-social en el estado que pretenden indicar que "aquí no ha pasado nada", que todo fue "un mal sueño".
"No, en Oaxaca ha sucedido un colapso social y económico que necesita de reformas profundas a sus instituciones que provengan de la ciudadanía, no de las cúpulas del poder y de soluciones efectivas a los grandes rezagos sociales", señaló.
En su participación en un programa radiofónico, Cué Monteagudo dijo que al tiempo de resarcir todos los daños económicos a la sociedad, "también debe encontrarse a los responsables de la muerte de al menos 17 ciudadanos cuyas familias en esta temporada ya no contaron con ellos".
Aparte de ello, lamentó que después de los hechos del 25 de noviembre pasado, "se haya fortalecido la criminalización de la lucha social mediante la detención de cientos de personas.
"Ya basta de aplicar la ley del embudo, castigando al sector más débil y protegiendo la impunidad de quienes con acciones fuera de la ley, incluyendo el crimen, llamaron a la intervención de las fuerzas federales", apuntó.

Amenazas de desaparición y muerte obligaron a la doctora a esconderse
Emir Olivares Alonso
8 de enero de 2006
Berta Elena Muñoz fue la voz del movimiento desde Radio Universidad de Oaxaca
Los oaxaqueños tienen un sueño: "tener un gobierno justo", dice desde algún lugar del país
Desde que dejó la locución de Radio Universidad ­hace más de un mes­, la doctora Berta Elena Muñoz tuvo que esconderse debido a las amenazas de desaparición y muerte en su contra, por haber participadoactivamente con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), a la que define más como un movimiento del pueblo que de organizaciones políticas con un solo sueño: "contar con un gobierno justo, no represivo ni corrupto".
Desde algún punto del país, la ex locutora de Radio Universidad otorgó una entrevista a la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH), en la que menciona que como resultado de esas amenazas se vio obligada a separarse de sus hijos, quienes también han sido intimidados. "Tengo más de un mes que nos los veo, ni entre ellos se ven porque cada quien está escondido en diferente lugar".
Por ello, la doctora, quien también formó parte del equipo de socorro de la APPO, exige que los gobiernos federal y estatal trabajen para otorgarle garantías para su seguridad personal y familiar, "porque no he cometido ningún delito: no ha asesinado a nadie, no he robado, no he secuestrado. Y cómo es posible que por la simple manifestación de mis ideas tenga una amenaza de muerte sobre mi cabeza y sobre la de mis hijos. ¿Tanto miedo le tienen a las palabras?".
"Desde el día que se entregó Radio Universidad al rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez, prácticamente me tuve que esconder ya que las amenazas contra mi persona eran muy fuertes. A mí no me iban a detener, me iban a desaparecer", subraya Muñoz.
La doctora explica que ante esas intimidaciones planteó al consejo de la APPO la posibilidad de entregarse públicamente a las autoridades para que estuvieran presentes los medios de comunicación; sin embargo, los concejales le hicieron la observación de que "tal como estaban las cosas nadie podía garantizar, a pesar de que me entregara públicamente, el que no me desaparecieran".
Por esa razón, explica que está escondida en algún punto de México desde el pasado 28 de noviembre.
Relata que desconoce si existe alguna orden de aprehensión en su contra, aunque no lo descarta, porque "cuando uno ve los delitos imputados a los compañeros detenidos uno piensa que lo pueden acusar de quemarle los pies a Cuauhtémoc, el rey azteca".
Muñoz considera que las muertes que se han presentado a lo largo de los siete meses de conflicto no serán investigadas, porque "el responsable directo es el gobernador"; agrega que pese al "coraje y rabia" que provocaron los asesinatos, el movimiento social "nunca respondió con violencia".
Con franqueza acepta que el pueblo oaxaqueño no esperaba una respuesta "tan violenta" por parte de los gobiernos federal y estatal ante la movilización pacífica, la cual realizaba marchas, plantones, bloqueos, acciones que eran molestas, inclusive para los integrantes de la APPO, acepta, pero se presentaron porque "no nos dejaron otra opción".
A pesar de no contar con experiencia en la locución radial, Muñoz se ganó la simpatía y admiración de varios sectores de la sociedad oaxaqueña y nacional por su estilo de narración y llamamientos "a la defensa" del movimiento.
"No se trata de odio, éste no nos mueve. Nos mueve simple y sencillamente un deseo de justicia, de que no podemos seguir viviendo, en pleno siglo XXI, como si estuviéramos en el porfiriato, en donde cualquier cacique de pueblo, si alguien está en su contra, lo manda matar y tranquilamente ya se componen las cosas. Y esa es la situación de Oaxaca", indica al definir las razones que llevaron a muchos ciudadanos oaxaqueños a incorporarse a la lucha appista.
Considera que durante los siete meses de conflicto se violentaron los derechos humanos de la población, sobre todo con la aparición de las "convoyes de la muerte", conformadas por paramilitares a bordo de varios vehículos que disparaban en contra de los manifestantes.
Al describir su sentir ante estos ataques, la doctora expresa: "No me lo creía porque era como si estuviéramos en el Chile de (Augusto) Pinochet o en la Argentina de (Jorge Rafael) Videla, o en la España de (Francisco) Franco. Eran más de 20 camionetas llenas de policías armados hasta los dientes, disparando".
La doctora se pronuncia por una salida al conflicto mediante el diálogo en la entidad, por ello, exhorta a las autoridades federales para que "les caiga el veinte" para tal fin: "esa es la esperanza".
Advierte que la primera condición para solucionar el conflicto es la salida de Ulises Ruiz como gobernador del estado, porque de lo contrario no se resolverá "nada" en Oaxaca. "Cuando él pudo haber resuelto no resolvió, (sino que) reprimió. Además no se puede dar un diálogo con un apersona que está desconocida por el pueblo".
Pese a las versiones oficiales afirma que el movimiento appista sigue en pie: "pase lo que pase, a los ciudadanos y ciudadanas de Oaxaca no los van a parar. Saldría muy caro ahogar el movimiento. No es un movimiento de revolución. Es simplemente de respeto a las leyes que ya están".
Señala que la ciudadanía se unió a la movilización magisterial, transformándola en lucha social, luego del intento de desalojo por parte del gobierno estatal el pasado 14 de junio, cuando la policía local agredió el plantón que sostenían los mentores en el zócalo de la capital oaxaqueña. A lo anterior, suma la injusticia: "En Oaxaca hacen falta escuelas, agua, pavimentación, electrificación, las cosas más elementales".
"Pueden seguirnos reprimiendo y quizá dentro de una semana en lugar de 10 personas escondidas seamos 50, y a lo mejor otra vez vuelven a llenar las cárceles y quizás vuelvan a balacearnos. Pero repito: la gente decidió echarse a caminar y no la van a parar, el movimiento sigue y va a seguir."

Erick Sosa, preso sólo por llevar el mismo apellido del líder de la APPO
Emir Olivares Alonso
8 de enero de 2006
No se ve hombre peligroso: comisión internacional
El delito de Erick Sosa Villavicencio es llevar esos apellidos, pues al conocerlo no se observa en él la imagen de un hombre peligroso, aseguró un integrante de la Comisión Civil Internacional Observación de Derechos Humanos (CCIODH), que pudo ingresar el sábado pasado al penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas, a donde, luego de ser detenido en Oaxaca, Sosa fue trasladado por ser considerado por las autoridades como persona de "alta peligrosidad".
Durante su visita a ese penal, la comisión internacional constató que el hermano del líder más visible de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa, estuvo incomunicado por más de un mes, por lo que recomendó la atención de un especialista al joven de 26 años.
Los activistas extranjeros advirtieron que las autoridades de esa cárcel no permitieron a Sosa hacer ni recibir llamadas telefónicas, ni tampoco aceptaron la visita de sus familiares, quienes pudieron ingresar a verlo recién el 5 de enero, después de más de un mes de reclusión, pues fue trasladado de un penal de Oaxaca a Matamoros el pasado 29 de noviembre.
La entrevista entre los integrantes de la CCIODH y el hermano de Flavio Sosa tuvo una duración de aproximadamente dos horas, en la que los activistas lograron recabar su testimonio sobre los acontecimientos de los últimos meses en Oaxaca.
La organización de observadores internacionales de derechos humanos aseguró que no podría dar más detalles de la charla, debido a que todos los testimonios que recabe desde su llegada al país ­hace más de dos semanas­ hasta que concluya su investigación, son anónimos ­ante el riesgo de que pudieran presentarse represalias en contra de sus entrevistados­, pero servirán para presentar un informe y conclusiones sobre la situación de las garantías fundamentales, a consecuencia del conflicto en aquella entidad.
Sin embargo, adelantaron que "detenerlo (a Sosa) y llevarlo tan lejos de su tierra no es tratarlo bien", además de que otra irregularidad es que las autoridades penitenciarias y judiciales le han dicho ni a él ni a su familia el porqué de su traslado a Matamoros.
Los activistas aseguraron que el estado físico del detenido es bueno, pues es un hombre joven y fuerte. Asimismo, su deseo es ser trasladado a un penal de Oaxaca, para estar más cerca de sus familiares.
Por otra parte, se informó que los integrantes de la CCIODH esperan la respuesta de las autoridades para ingresar al penal de máxima seguridad Altiplano, donde están recluidos, entre otros, el líder de la APPO, Flavio Sosa.