Lo legal y lo ético

Rogelio Ramírez de la O*
El Universal
26 de marzo de 2007

Alan Greenspan hizo una distinción en una reciente conferencia ante la Bolsa de Nueva York entre los actos legales de los empresarios y los actos correctos. Si la Bolsa de Nueva York va a ser competitiva, tiene que tener reglamentos flexibles. Para ello necesita "cambiar de un sistema basado en reglas, en donde los empresarios se preguntan ´¿Es esto legal?´, a uno basado en principios en donde se deben preguntar ´¿Es esto lo correcto?´".
Todo lo anterior, ante crecientes quejas de empresarios y financieros por las tediosas y costosas regulaciones conocidas como Sarbanes-Oxley, que tratan de impedir los abusos de directores de empresas contra los accionistas, como secuela de los escándalos de los 90, como el de Enron.
El mismo conflicto entre legalidad y principios fue evidente en el intercambio que sostuvieron el año pasado Roberto Hernández, como ex accionista de Banamex, y Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la Presidencia, cuando el primero reclamó al segundo sus constantes críticas a la venta del banco en 2001 a Citigroup por 12 mil 500 millones de dólares sin el pago de impuestos.
Roberto Hernández insistió en que no se pagaron los impuestos porque era lo "legal", cuando López Obrador insistía en que así no era ética. Muchos empresarios y comentaristas que se sienten ofendidos por aparentes faltas de respeto a la ley condenaron a López Obrador al sugerir su criterio de lo que es ético frente a lo que la ley permite.
En realidad a esos comentaristas les faltó profundidad, pues más que tratarse del criterio de lo ético de una persona, el asunto era una obviedad. También, porque la venta de Banamex, aun sin llegar al pago de impuestos, planteaba un serio problema de procedencia.
Esto porque el banco en ese momento tenía 5 mil millones de dinero público, recibido por el Fobaproa como ayuda para solventar sus créditos incobrables. Venderlo así nomás, sin explicar con amplitud el destino de ese dinero público, era una imprudencia, salvo que al completar la venta los vendedores regresaran a Fobaproa sus 5 mil millones.
En realidad no hay mucho conflicto en esto: como si alguien a quien le prestamos para que el banco no le quite su casa por falta de pago más tarde la vende, obtiene gran utilidad y no nos regresa nuestro dinero.
El hecho de que haya reglas y de que éstas se interpreten de cierta manera para permitir a alguien tomar ventaja de situaciones no cancela el conflicto ético. Más aún, cuando todos sabemos que en asuntos complicados con dinero siempre es posible obtener dictámenes de abogados y contadores como uno los quiera.
Cuando se planean operaciones y se trata de hacerlas caber dentro de la ley, es cuando debe haber un llamado de conciencia. Si el llamado no se lo hace a sí mismo, el empresario, el gobierno y los reguladores están obligados a hacerlo. Si no lo hacen, no están cumpliendo con su obligación.
Los conflictos existen todos los días en los negocios y en el diseño de las políticas públicas. Otro ejemplo lo vemos en Francia, donde Alcatel decidió cambiar su base de investigación y desarrollo a algún otro país, por conveniencia de costos y tecnología.
El problema es que la empresa recibió estímulos fiscales del gobierno francés para investigación y desarrollo. Por ello no le falta razón al candidato a la presidencia, señor Nicolás Sarkozy, quien dice que "si han recibido fondos del Estado para mantener sus actividades en Francia y ahora las quieren mover a otro país, entonces deberían devolver esos fondos".
La cerrazón frecuente de las autoridades de que todo se resuelve sólo con la ley es ingenua e inconveniente, pues en la economía y los negocios siempre hay matices que la ley no logra prever.
Y si queremos cambiar la ley para cerrar todos los huecos y seguir dependiendo sólo de ella, la vamos a hacer cada vez más compleja, más costosa de administrar y vamos a acabar siendo un país de abogados que cuando no está cambiando la ley está discutiendo cómo cambiarla.
Por supuesto, tampoco se trata de desconocer la ley, sino de rescatar los principios de la ética y no confundir acciones vestidas de legales con acciones correctas, cuando hay abusos flagrantes.
La defensa de las sociedades democráticas frente a esos abusos está en el carácter del gobierno y sus reguladores, en su legislatura y en su opinión pública. Si ninguno de éstos cuestiona los actos incorrectos disfrazados de legales, el país se va a seguir descomponiendo y la confianza mutua y el clima de inversión aún más.
La globalización no se lleva bien ni con una pérdida de principios ni tampoco con regulaciones excesivas y complicadas. Menos aún cuando nuestro principal socio es el baluarte del capitalismo que de tiempo en tiempo hace purgas de violadores de principios, como ocurrió en la secuela de Enron.
Gobierno, reguladores y comentaristas tienen entonces que reflexionar sobre la importancia de aplicar principios y ética cuando menos en el mismo nivel en que tratan de aplicar la ley.
Si no les gustan los monopolios, como muchos ahora lo expresan, deben darse cuenta que en lo formal esos monopolios están cumpliendo con la ley y hasta se dan el lujo de ganarles los juicios.
También deben darse cuenta de que no se trata sólo de leyes, pues hay límites para copiar las reglas de una sociedad y medio empresarial como el de Estados Unidos para aplicarlas en México.
Podemos continuar así como vamos, tolerando abusos y rasgando las vestiduras para defender retóricamente la ley y el estado de derecho. Pero por esa vía vamos a perder más competitividad, vamos a tener leyes y reglamentos más complicados y vamos a perder la credibilidad frente a la inversión extranjera.
rograo@gmail.com
* Analista económico.