Las razones

Dos reportajes breves, muy valiosos, de la revista Contralínea de esta quincena.

Las razones de los maestros
Ana Lilia Pérez
La falta de apoyo a sus demandas laborales y el menosprecio y persecución contra quienes pidieron el esclarecimiento del asesinato de un centenar de maestros en Oaxaca, y otros 50 que permanecen presos, son algunas de las razones de lucha de los mentores en la entidad
Sierra Juárez, Oax. Claudia es maestra en una comunidad de la Sierra Juárez, a una hora de distancia de Oaxaca, donde pasa cinco días a la semana en la improvisada casita que los lugareños habilitaron para ella.
Los viernes por la tarde, Claudia camina una hora para llegar al crucero donde pasa el camión que la lleva de regreso a Oaxaca. Sólo hay una corrida, así que si se retrasa unos minutos tiene que pagar 800 pesos para que un vehículo de alquiler la saque a la carretera.
Pero en tiempos de lluvias, como los caminos quedan incomunicados, Claudia no puede salir de la comunidad durante varios meses y tiene que conformarse con frijoles, tortillas y chile, únicos alimentos durante todo el temporal, hasta que el gobierno desazolve los caminos.
Claudia es directora, maestra de grupo, secretaria y afanadora de la empobrecida escuela levantada con piedra y techo de lámina, que por estar en zona altamente sísmica, frecuentemente sufre fracturas.
También es traductora para alumnos indígenas zapotecas, quienes en su mayoría no hablan español. Aunque ella no habla zapoteco, dice que se hace entender.
Está en contra de que se prohíba a los alumnos hablar en su lengua materna, “las raíces se deben conservar”, dice, y estima que es la Secretaría de Educación Pública la que, al diseñar los programas de estudio, debe considerar que México es un país con un alto porcentaje de población indígena y adecuar los programas educativos.
Para que los maestros trabajen en este ciclo escolar, el material que este año envió el Instituto Estatal de Educación Pública a cada plantel consistió en dos kilos de detergentes, dos escobas, dos cestos para basura y dos pizarrones. No más.
La deficiente infraestructura de los planteles no es menos grave que la ausencia total de materiales didácticos. Cuando requieren comprar materiales, como mapamundis, monografías o libros, los maestros erogan de su bolsillo u organizan rifas entre las familias de la comunidad.
Los maestros quisieron pedir suficiente material al IEEPO, pero en las oficinas centrales “nos tratan como si no valiéramos nada”.
Agrega que “cuando quise ir a las oficinas centrales, me aconsejó una maestra que me pusiera el mejor traje que tengo para que me pudieran escuchar. Pensé: el mejor traje que tengo es mi responsabilidad, pues para ser maestro hay que tener vocación”.
Las escuelas de Oaxaca de ninguna manera cumplen las normas básicas de instituciones educativas fijadas por la UNESCO, y tampoco tienen nada que ver con los recursos que a través de los ramos 33 y 28 envía la federación.
Fuera de las instituciones educativas de la capital, en el resto de las regiones los maestros hacen el trabajo docente, administrativo, intendente, y hasta de educadores de los padres de familia para convencerlos de la necesidad de que sus hijos vayan a la escuela.
Las maestras sufren abusos, discriminación de género, incluso entre los mismos habitantes de la comunidad. Cada fin de semana que salen de las comunidades es patente el riesgo de ser agredidas sexualmente, asesinadas o desaparecidas, como ocurrió recientemente en la zona Mixe, donde dos maestras desaparecieron y semanas después sus cuerpos fueron descubiertos violados y descuartizados.
Recientemente en la zona de Abejones una maestra que caminaba rumbo a la carretera también desapareció. La última vez que la vieron había comprado un refresco, antes de echar a andar, con su mochila a la espalda, para tomar el transporte que la llevara a Oaxaca. Hasta la fecha se desconoce su paradero.
Este año las escuelas en el estado aún tienen los daños que les dejó el Stan el año pasado y luego los sismos del mes de agosto, pero son la única alternativa educativa para el 70 por ciento de la población en Oaxaca que vive en las zonas rurales y que en su mayoría es indígena.
Las peticiones para que las aulas se repararen se perdieron en trámites y papeleo del IEEPO que dirige Emilio Mendoza.
Mónica
Mónica Hernández da clases en la comunidad de La Chinatla, municipio de Guelatao, zona serrana donde naciera Benito Juárez.
Sus alumnos son indígenas chinantecos. Sin duda hay dificultades de comunicación porque menos del 10 por ciento de sus habitantes habla español: Pero lo más complicado, dice, es convencer a los alumnos de asistir a la escuela y terminar el ciclo escolar, porque la mayoría ve su futuro como jornaleros, lavaplatos, mozos o indocumentados en Estados Unidos.
“Hay resistencia a la educación porque ellos y sus padres tienen una idea fija: ir a Estados Unidos”.
De los 40 alumnos que atendió el año pasado, el 70 por ciento salió en busca del “sueño americano”. De los que concluyeron el ciclo escolar, el 40 por ciento ingresó a estudios medio superiores, y el 60 por ciento a trabajar.
Sandra
Sandra trabaja en la costa. Su familia radica en la capital. Los domingos, una hora antes de medianoche, aborda el camión que luego de seis horas de camino la deja en la desviación de Santa Elena. En el paraje contrata un taxi que la lleva a la entrada de la población.
En la comunidad, en una casita improvisada, Sandra pasa el resto de la semana, hasta que el día viernes, después de la una de la tarde en que concluyen las clases, camina 15 kilómetros para salir a la carretera a pedir “aventón” hasta Pochutla, en camiones de carga. Ya en ese pueblo aborda el camión a Oaxaca para pasar un día, como cada semana, con su familia.
Sandra dice que para ella en tiempos de siembras es el más complicado, porque los alumnos se dedican a las labores del campo, urgidos por sus padres que aprovechan aquellos días en que se puede sacar algo de esta tierra, como maíz, frijol y chile, apenas para el autoconsumo.
En las escuelas no hay drenaje, ni agua potable, tampoco baños, las construcciones son de paredes de adobe derruidas, las más “lujosas” están techadas con lámina que en tiempo de calor se convierte en un horno y en días de lluvia el agua se cuela.
Epigmenio
Epigmenio García es maestro en Huayapan, trabaja en Santa Cruz, municipio de Ixtlán de Juárez, a unos 115 kilómetros de la capital, donde las condiciones de marginación y pobreza son las mismas; además, el 99 por ciento de sus alumnos habla zapoteco, y no la lengua en que están escritos los libros de la Secretaría de Educación Pública.
Lo más frustrante es que Epigmenio no habla zapoteca.
-¿Cómo le hace para enseñarles?
-“Uno se las ingenia”, dice.
Narciso
Para Narciso Betazos las cosas no son mejores, la escuela de su comunidad, a cinco horas entre lo más profundo de la Sierra Juárez, los techos se están cayendo y ya se acercan los tiempos de frío, cuando la temperatura alcanza menos 10 grados centígrados. “En esas condiciones, ¿cómo van a estudiar los niños?” se pregunta Narciso, y afirma: “la educación tiene que adecuarse a cada contexto y el modelo diseñado por la SEP no tiene nada que ver con la realidad de Oaxaca”.
Ésta es la realidad del magisterio oaxaqueño, la otra cara de los conflictos sociales.

Las razones de la APPO
Ana Lilia Pérez
La represión de Ulises contra los mentores de Oaxaca, aunado a la extrema pobreza y violencia que vive la entidad, fueron determinantes para que varios sectores sociales crearan un frente común de lucha por la caída del gobernador
Oaxaca, Oax. “Después del 14 de junio el pueblo de Oaxaca ya no será el mismo”, cita una frase que se repite en pintas y mantas en las principales calles de la capital que hace cuatro meses dio un vertiginoso giro a su historia y se convirtió en tierra en rebeldía.
La agresión contra el magisterio -que dio origen a la creación de la APPO- se registró la madrugada del 14 de junio, fecha marcada como el agravio más grande de Ulises contra los habitantes del estado.
Esos hechos y las agresiones desde aquel día se ventilan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que podría derivar en una recomendación del organismo internacional contra el Estado mexicano.
El saldo rojo del caso Oaxaca se documenta a partir de que un comando fuertemente armado irrumpió en el Hotel del Magisterio, en el barrio del Ex marquesado, en la capital de Oaxaca, que golpeó a los mentores y les arrojó bombas lacrimógenas.
Al mismo tiempo, otro grupo de policías allanó el plantón instalado en el Zócalo desde el 22 de mayo, en donde había unos 30 mil colonos y maestros acompañados de sus familias.
Media hora después otro comando allanaba el edificio sindical -en las calles de Armenta y López- y arrojaba gas lacrimógeno y golpeaba a las maestras que allí se encontraban junto con sus hijos.
El operativo, a cargo del director de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, y del director de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas, tenía como objetivo el desalojo del plantón y la detención de Enrique Rueda Pacheco, secretario general de la sección 22 del SNTE.
En el operativo habrían participado entre 2 mil y 2 mil 500 policías, entre preventivos, ministeriales, la Unidad Policial de Operaciones Especiales, la Unidad Canina, el Grupo de Operaciones Especiales del Ayuntamiento de Oaxaca, la Policía Auxiliar Bancaria y las policías de distintos ayuntamientos enviadas por alcaldes priístas, como apoyo a Ulises Ruiz.
La agresión fue reforzada con un helicóptero comercial con la matrícula HA-UCJ, alquilado por el gobernador a la empresa SCALA, Servicios Corporativos Aéreos de la Laguna, desde donde se arrojó a los manifestantes gas lacrimógeno y gas pimienta.
Los hechos fueron documentados por la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y otros organismos internacionales. Los expedientes fueron enviados recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos.
Sara Méndez, secretaria técnica de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, habla de la oleada de represión de Ulises que ahora se exhibe como vergüenza del Estado mexicano ante organismos internacionales.
"Desde el 1 de junio, cuando el Congreso local pidió la intervención de la fuerza publica federal se empieza a crear un clima de intimidación y de terror en contra del magisterio oaxaqueño y de algunas organizaciones sociales que se encontraban ya en plantón permanente en el Zócalo de la ciudad".
Tan solo en el desalojo del 14 de junio, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos documentó 113 personas heridas, que fueron atendidas en hospitales públicos, entre ellas 65 policías preventivos, 29 maestros, cinco civiles, tres policías ministeriales, tres niños, un estudiante y siete personas de las cuales no se precisó su ocupación. La Cruz Roja informó que esa madrugada atendió a 192 personas.
Esa misma noche se registraron 11 detenciones arbitrarias, dos de ellas en el hotel del magisterio, siete en el edificio sindical y dos más en el plantón del zócalo. Dos de los detenidos fueron llevados a los separos de la Policía Preventiva y después presentados ante la Procuraduría de Justicia.
El desalojo fue un parteaguas en el movimiento magisterial, pues a partir de aquel día, aun la sociedad civil que antes había simpatizado con la idea de que los maestros levantaran el plantón, se sumaron a la lucha, integrándose de forma individual o en las 300 organizaciones que formó la APPO.
Poder para el pueblo
La APPO en su proceso de desarrollo, dice Florentino López Martínez, vocero de la Asamblea Popular, se basa en dos objetivos: entregar el poder al Pueblo y, como una organización de Insurrección del Pueblo.
"La APPO abre todo un marco de la lucha de todo el Pueblo para construir una nueva sociedad", añade el vocero.