Demandará López Obrador a Calderón y ex presidentes por inundaciones

Frontera
14 de noviembre de 2007

MÉXICO, D.F.(SUN) Andrés Manuel López Obrador presentará hoy ante la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia penal en contra de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

Así como del actual mandatario Felipe Calderón, en su calidad de ex secretario de Energía, por presunta responsabilidad en las inundaciones de Tabasco.

En conferencia de prensa dijo que la tragedia en esa entidad pudo evitarse pues el Ejecutivo federal tuvo la información y los instrumentos necesarios para evitarlo.

En consecuencia, deben fincarse responsabilidades y reparar el daño causado al pueblo de Tabasco.

Acompañado por el abogado y senador Ricardo Monreal, precisaron que la demanda será por ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades; delito contra las personas; encubrimiento y daños al medio ambiente entre otros.

Según López Obrador, la política energética privatizadora entregó a empresas privadas el 32% de la generación de energía eléctrica en el país. Esto propició la subutilización de plantas hidroeléctricas como la de Peñita.

Además dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no propició oportunamente el encendido de turbinas para generar mayor flujo de energía eléctrica y consumir así el embalse de agua que se estaba generando.

Esto fue lo que propició, dijo, que la presa llegara a límites fuera de la norma.

López Obrador advirtió que de no obtener una respuesta oportuna y adecuada de la PGR acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional.

Asimismo hizo un llamado a todos los afectados por las inundaciones, a presentar sus respectivas denuncias a fin de que se aglutinen en un solo expediente.

El ex candidato presidencial rechazó estar politizando la tragedia y dijo que sería una irresponsabilidad de su parte no promover estas acciones legales teniendo en su poder todos los estudios de especialistas y expertos en la materia.

El objetivo de esto, apuntó, es lograr la reparación del daño, la indemnización a las víctimas y el fincar responsabilidades para quien resulte.

El tipo de sanción tendrían que establecerlo las autoridades.

También aclaró que no es una incongruencia el recurrir a esas instancias luego de su dicho de “mandar al diablo a las instituciones”; se trata de un procedimiento sin el cual no se pueden promover denuncias ante la CIDH y la Corte Internacional.