Coahuila: Campañas para diputados transcurren entre multas y bravuconería

Mi artículo de este mes para el periódico Kiosco.

Campañas para diputados transcurren entre multas y bravuconería
Gerardo de Jesús Monroy
erathora@gmail.com

Es un atasco del que las consecuencias deberían haber sido previstas con anticipación. Durante la campaña propagandística anterior a la jornada electoral del domingo 19 de octubre, cuando los ciudadanos de Coahuila emitimos nuestro voto para elegir diputados, los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional inútilmente intercambiaron —como acostumbran desde hace décadas— bravuconadas y amenazas tan cansinas como inútiles. El espectáculo de fanfarronería que montan en cada campaña electoral los dos grandes partidos en Coahuila es inútil, en primer lugar, porque para sus electores estas reyertas no redundan en una competencia real que transmita beneficios reales: sociales, económicos, jurídicos, políticos. Es inútil, además, porque ni siquiera sirve, pragmáticamente, para que la gente salga a votar en defensa de uno u otro partido, o de un tercero; antes bien, la permuta de insultos mantiene a los ciudadanos lejos de las casillas. Pensándolo mejor, ése es seguramente el objetivo que persiguen el PAN y el PRI con sus escupideras: aburrir a la ciudadanía hasta que ésta, decepcionada, abandone incluso el mínimo ejercicio del voto para que la política —la parte de la vida que nos es común a todos— se confirme periódicamente (¡y con nuestro permiso!) como territorio exclusivo de un grupúsculo de farsantes.

Un día antes de las elecciones, el sábado 18 de octubre, Rogelio Carbajal Tejada —casi recién llegado a la secretaría general del PAN para todo el país en sustitución de otro torreonense, Guillermo Anaya Llamas— acusó al gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés (del PRI) de preparar una elección de Estado en favor del Revolucionario Institucional. Unas horas después, en pleno domingo de comicios, el presidente del PRI estatal, Rubén Moreira (hermano del gobernador), entrevistado tras llevar su voto a la urna, rechazó las imputaciones de Carbajal y contraatacó: si una intervención hubo, ésta se dio por parte del poder ejecutivo nacional —panista, como todos sabemos—, que públicamente llevó a cabo “diversos eventos” (sic) y continuó promoviendo sus actividades pese a la explícita prohibición legal. Rubén Moreira recordó que la transmisión de spots del PAN no fue suspendida a tiempo y que dependencias federales como el Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) y la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) compraron espacios publicitarios en la prensa local, acción que en un alarde de ironía el hermano del “profe Beto” calificó de “descuido” por parte del gobierno federal.

Presidente panista, denunciado por violar la Constitución

El PRI, de hecho, denunció ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) al presidente panista Felipe Calderón por violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, base III, apartado C, párrafo 2º, que dice: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

Menos de una semana antes de la elección, coahuilenses beneficiarios de programas sociales federales recibieron cartas personalizadas donde Calderón, con mediano disimulo, promovía de facto a los candidatos de su partido en el siguiente tenor: “sé que eres beneficiario del crédito Fonacot, y por eso quiero ponerte al tanto para que trabajadores como tú...” A continuación, el mandatario resumía algunas de las bondades del IMSS y del ISSSTE (programa Ésta es tu casa, etc.; véase nota de Hilda Fernández Valverde “Acusa PRI que Calderón violó la ley en Coahuila” en la versión on-line de El Universal, 18 de octubre). Ramón Verduzco, representante del PRI ante el consejo general del IEPC, consideró la posibilidad de exigir juicio político contra Calderón.

El erróneo IFE

Aparte de su queja contra el ejecutivo, el PRI acudió ante la Secretaría de la Función Pública para denunciar a diversas dependencias federales —Secretaría de Seguridad Pública, Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y la mencionada Sagarpa— por publicitarse en tiempos electorales, y a la Secretaría de Gobernación por tolerar que esto ocurriera. Por último, demandó al árbitro mismo de la contienda, el Instituto Federal Electoral (IFE), que remitió a las empresas radiodifusoras y televisoras los spots de los partidos tan separados como revueltos: por ejemplo, los que promocionaban a los candidatos del IX distrito, con sede en Torreón, fueron transmitidos en Ciudad Acuña; y los de los candidatos del XIV distrito, correspondientes a Frontera, terminaron en Saltillo. Un caos casi cómico.

Durante las primeras semanas de campañas, de acuerdo con un expediente en manos del IEPC, el IFE omitió revisar el comportamiento de alrededor de 30 estaciones de radio, ubicadas en los municipios de Acuña, Allende, Múzquiz, Nava, Nueva Rosita, Parras, Sabinas y Zaragoza, que abarcan los distritos XVII, XVIII, XIX y XX. Tal ineficiencia se explica por haber instalado el IFE tan sólo cuatro sitios de monitoreo (Monclova, Piedras Negras, Saltillo y Torreón) para todo el estado. Con tan sólo los datos de estos sitios el IFE, desde la muy lejana capital del país, verificó el cumplimiento de la pauta. Cualquier estación que no sea escuchada en el centro de verificación es como si no existiera. No es vigilada. Como podemos ver, ciertos funcionarios continúan ejerciendo la arrogancia más o menos típica de las ciudades más o menos grandes: fuera de Torreón y Saltillo, todo es desierto.

Para que el lector de kioSco se haga una idea de la difícil labor que echó sobre su solitaria espalda el IFE, sepa que si nos fijamos nada más en los tres partidos que le dan más votantes a la entidad —PRI, PAN y PRD—, fueron transmitidos 160 000 anuncios. Ahora bien: no se redujo a tres, sino se extendió a nueve el número de partidos concursantes en estos comicios, y a lo largo de todo el proceso se transmitieron 425 831 anuncios a través de 127 canales electrónicos: 91 estaciones de radio y 36 de televisión.

Hasta el 7 de octubre, cuando el pleno del Congreso de Coahuila demandó públicamente al IFE rectificar su desempeño, el órgano electoral había detectado más de 27 errores en la programación de la publicidad y los partidos políticos habían presentado siete quejas relacionadas con el problema. El jefe de la bancada priista, Horacio Del Bosque Dávila, juzgó imposible para el IFE cubrir por sí solo el monitoreo de la publicidad partidista. “Si el IFE —adelantó— no puede con los comicios locales en nuestra entidad, menos podrá con el monitoreo en los 31 estados” (El Universal on-line, 7 de octubre). Sin embargo, desde la reforma electoral es facultad exclusiva del IFE controlar los spots. Hay que destacar que el Congreso coahuilense fue el único en oponerse a la reforma que hoy tiene al IFE atascado.

Medios y miedos

En medio de la campaña, el líder del PRI coahuilense reclamó al PAN por llevar ante el IFE una solicitud para realizar una revisión de los contenidos de los noticiarios y demás programas de radio y televisión donde se hablara del proceso electoral (“Rubén Moreira advierte sobre propuesta del blanquiazul”, nota de Raúl Coronado en el website de Milenio, 2 de octubre). Según Moreira, la nueva legislación electoral desestimula la discusión de temas políticos en los medios; la intención del PAN sería preparar el terreno para una impugnación, previendo su derrota en las urnas (que puntualmente tuvo lugar).

De resultar ciertas las elucubraciones de Moreira, la estrategia del PAN habría apelado, una vez más, al miedo. Recordemos que Felipe Calderón no sería hoy presidente si en su campaña de 2006 no hubiera excitado la respuesta irracional de los mexicanos machacando a toda hora, por todas las vías posibles, con una imagen diabólica —y ridícula— de su adversario, el perredista Andrés Manuel López Obrador.

Hoy el PAN genera el miedo en dirección de un sujeto-objeto distinto; no se enfoca directamente sobre el electorado, sino sobre el vehículo que lo hace llegar al electorado. Un monitoreo mal llevado es una sutil amenaza de una pesada multa a los canales radio y teledifusores, y una reducción de nuestra de por sí muy limitada libertad de expresión.

Multas cuantiosas

Tres empresas dedicadas a la radiocomunicación fueron sancionadas por el IFE con multas cuantiosas; aparentemente, las estaciones de radio pertenecientes a estas empresas incumplieron con las pautas de difusión de spots de partidos políticos.

Las empresas sancionadas fueron Administradora Arcángel S.A. de C.V., filial de Grupo Imagen y concesionaria de XEDE-AM, “La Caliente” (597 290 pesos de multa); Impulsora Radial del Norte S.A. de C.V., concesionaria de XHSG-FM, “Romántica 99.9” (715 644.72 pesos de multa); y Anáhuac Radio S.A., concesionaria de XHPSP-FM (625 558.05 pesos de multa). La primera estación de la lista se oye en Saltillo, las otras dos en Piedras Negras.

Tan desproporcionales resultan estas multas que, de acuerdo con el columnista Mario Gálvez, una de ellas excede más de tres veces el monto de ventas anuales de la estación castigada (“Sanciones draconianas”, columna Politicuentos en La Opinión - Milenio, 16 de octubre).

Para la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) no hay manera de justificar las sanciones pues la incorrecta difusión de spots —con la parte de culpa que les toca a los concesionarios— fue, como queda explicado en párrafos anteriores, provocada en gran medida por el propio IFE, sobrecargado de trabajo y consiguientemente incapaz de realizar con la necesaria eficacia el monitoreo.

Además, quienes defienden a los inculpados argumentan que la autoridad no les permitió a los representantes de las estaciones aportar pruebas de descargo ni tomó en cuenta la situación financiera de las empresas.