Voto por voto

Teodoro Rentería Arróyave
Argenpress
7 de diciembre de 2007

La controvertida Reforma Constitucional Electoral, que por consecuencia crea un renovado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya aprobado por el Senado de la República y seguramente por la de Diputados, es de recibirla con aquiescencia por tres disposiciones fundamentales que evitarán se repitan los graves sucesos del 2006: el recuento del voto por voto, la obligatoriedad de transparencia de los partidos políticos y la remoción escalonada de los consejeros del Instituto Federal Electoral, IFE.

En el primer caso, quedó establecido el recuento del voto por voto en elecciones presidenciales, de diputados y de senadores, cuando la diferencia entre el primero y segundo sea de un punto porcentual o menos, recuérdese que la diferencia comicial entre Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador fue apenas de 0.52 por ciento, lo que trajo como consecuencia toda la situación de malestar generalizado, que aún complica la vida de la República.

La transparencia en los partidos políticos, es de la mayor trascendencia, puesto que su principal financiamiento lo obtienen de los recursos del Estado. A partir de que la colegisladora, la Cámara de Diputados, apruebe las reformas, los partidos quedan obligado al acceso a la información vía el IFE, para ese cumplimiento, inclusive, se anuló el secreto bancario de los mismos. Es más, se crea con rango constitucional la Contraloría Interna del órgano electoral.

Con respecto de la remoción escalonada de los consejeros del Instituto Federal Electoral, es una de las decisiones más sanas sobre todo con respecto a su composición actual. El principal responsable del desastre del 2006, el consejero presidente, Luís Carlos Ugalde será el primero en ser reemplazado y luego le seguirán otros cinco. A este sujeto de la incongruencia, como ya lo habíamos comentado, no le valió ni su frase chantajista, de que si se acordaba su remoción sería tanto como aceptar que hubo fraude en los comicios presidenciales del 2006.

Tiene razón el principal impulsor de las reformas, Manlio Fabio Beltrones, a la sazón coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, cuando expone, que los legisladores están seguros y comprometidos a que las elecciones del 2009 y 2012 se rijan por un nuevo marco legal y una atmósfera política que impida una crisis como la vivida en el 2006.

A nombre del Partido Acción Nacional, el senador Ricardo García Cervantes, expresó que con las reformas, los partidos tendrán que salir a dar la cara a la ciudadanía con voz, ideología y proyectos para que vayan a pedir el voto de los ciudadanos con candidatos idóneos y que convenzan.

En esa misma línea de transparencia, que obliga ahora a los partidos a la contabilidad de los votos que obtengan aún en coaliciones, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete Prida propuso que los partidos que conforman el Frente Amplio Opositor, es decir, el propio PRD, del trabajo y Convergencia decidan formar uno nuevo y representar por tanto en un solo emblema el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y su posible nueva candidatura en las elecciones presidenciales del 2012.

Existe, como en toda renovación sustancial, controversia por la Reforma Constitucional Electoral y por el consecuente nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin embargo es de recibirla con aquiescencia por tres disposiciones fundamentales que evitarán se repita la crisis política del 2006: la obligatoriedad de transparencia de los partidos políticos, la remoción escalonada de los consejeros del IFE y, fundamentalmente, el recuento del voto por voto.