‘Primer empleo’, fracaso calderonista

Pedro Zamora Briseño
Proceso
16 de julio de 2007

Colima, Col., 16 de julio (apro).- Concebido por la administración de Felipe Calderón como una manera de abatir la desocupación entre los jóvenes y la informalidad, el programa de Primer Empleo exhibe su fracaso al recibir una pobre respuesta de las empresas, denunció Eduardo Rodríguez Oreggia, coordinador del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana (UIA).

Dijo que la participación de las empresas en el programa ha sido baja porque, en su opinión, pelear por un subsidio de un trabajador va acompañado de implicaciones que, a final de cuentas, salen más costosas.

Según el académico, resulta caro para las empresas pequeñas y medianas cumplir con todas las regulaciones fiscales para abrir una nueva plaza que no estaba programada, pues se ha estimado que el cumplimiento de todas las regulaciones incrementa en 60% el costo para el patrón.

Rodríguez Oreggia, quien visitó esta ciudad para participar en una reunión de funcionarios del área de fomento económico, dijo, en entrevista, que también resulta oneroso para las empresas cumplir todas las obligaciones fiscales, por lo que 80% de las pequeñas y microempresas se encuentran en la informalidad, sin registrar a sus trabajadores en el sistema de seguridad social y, en muchos casos, incumpliendo con el pago de impuestos.

“Hay una reforma laboral que no se tomó en cuenta, hay regulaciones fiscales muy complejas, que lo que hacen es que la gente se vaya a la informalidad, y hay programas sociales que también inciden en la informalidad… hay tres dimensiones que no se coordinaron a la hora de pensar en un programa público como el del Primer Empleo”, sostuvo.

Reforma laboral

El investigador de la UIA manifestó que debe hacerse un “ajuste fiscal” encaminado a reducir la informalidad, además que deben acelerarse los trabajos para realizar la reforma laboral, cuyas propuestas son desconocidas para el grueso de la población.

Criticó el hecho de que los programas sociales en materia de empleo se encuentran desligados de cuestiones relativas a la productividad laboral, pues “tienen dimensiones de políticas públicas desenfocadas”.

Eduardo Rodríguez comentó que esta situación es conocida por los gobernantes, pero “es por cuestiones políticas que no hacen una coordinación completa de todo el sistema institucional, se van a lo fácil: sacar un programa nuevo sin tener un estudio metodológico que lo sustente”.

Insistió que lo que hace falta es una reforma integral en los sectores estratégicos, pues por ejemplo “la actual propuesta de reforma fiscal no está enfocada a reducir la informalidad, lo que hace es seguir con distorsiones fiscales que no van a tener un impacto real en la reducción de la informalidad… a lo mejor por algún tipo de componente puede aumentar un poco la recaudación, pero si no va a tener impacto real sobre la informalidad, se va a quedar muy corta”.

Seguro Popular en lugar de IMSS

Refirió también que el Seguro Popular está afectando la formalidad del empleo, pues para evitar los costos de ingresar a los trabajadores al sistema de seguridad social, muchos empleadores les ofrecen inscribirlos en el primero con un consecuente desembolso mucho menor.

“De esta manera –explicó-- tenemos un programa social subsidiado fuertemente de los impuestos federales, con un fin bueno, pero que incide negativamente en los trabajos formales… lo ideal sería que el gobierno se sentara con todos los políticos y dijera ‘aquí lo que conviene es tener un sistema único de seguridad social universal, financiado con todos los impuestos generales’, y de esta forma se corta la diferencia entre formal e informal”.

A juicio de Rodríguez Oreggia, el que haya sistemas de seguridad social tan fraccionados como IMSS, ISSSTE y Pemex, aumenta la desigualdad, pues se están dando beneficios a un grupo muy pequeño, con subsidios provenientes de impuestos que paga toda la población.

Sin cotizantes

Indicó que desde 1999 se ha estancado el número de cotizantes activos en el Seguro Social, lo que significa por una parte que no mejoran las finanzas de los sistemas de seguridad social, y por otra que hay una movilidad muy alta entre los cotizantes activos y los que están en la informalidad.

Remarcó que existe una gran movilidad entre muchos trabajadores que entran y salen del IMSS, los que a la hora de su jubilación no cubren los requisitos y generan que el Estado pague pensiones mínimas que salen de los impuestos generales.

“Entonces el Estado tiene que destinar recursos públicos para pagar pensiones mínimas, cuando esos recursos debían dedicarse a financiar otras cosas, y todo porque a lo largo de la vida laboral de ese trabajador, el Estado no se preocupó por focalizar todas las políticas públicas para reducir esa movilidad”.

Por lo tanto, puntualizó, “estamos pagando un costo muy alto, porque a mayor informalidad, la productividad del país es baja, no hay crecimiento, no hay mejores salarios, no hay empleos formales, la recaudación es baja, y además en el futuro vamos a tener que desviar también de los impuestos para pagar las pensiones mínimas, porque no se arregló todo esto”.