lunes, octubre 22, 2007

Aeroméxico, rematada

León Bendesky
La Jornada
22 de octubre de 2007

La privatización de las líneas aéreas que quedaron entre los activos del IPAB, es decir, de la nación, luego de la crisis financiera de fines de 1994 acabó de manera atropellada. Ese rasgo parece ser típico de las operaciones para vender los activos nacionales en ese organismo en más de una década, tras su creación para sustituir al fallido Fobaproa.

No ha podido el IPAB ni tampoco el gobierno federal hacer la transacción de Aeroméxico, sin generar discusión y suspicacias. La sospecha sobre las operaciones de privatización era la norma cuando se hacían en la opacidad del viejo régimen político controlado por el PRI, regido por la discrecionalidad del ejercicio del poder y la ausencia prácticamente completa de rendición de cuentas.

La sospecha en el quehacer público no ha desaparecido en el contexto de la transición democrática y de los gobiernos del PAN, cuando se supone que parte del cambio es actuar a la luz pública y con transparencia. Este último es un término muy socorrido entre los políticos y funcionarios de la alta burocracia, pero su sentido práctico no puede sustentarse en las declaraciones que hagan, por firmes y solemnes que parezcan. Únicamente pueden sostenerse en los hechos y ahí aún son muchas las limitaciones. Pero sólo con hechos puede generarse la confianza, que es un bien todavía muy escaso en esta sociedad.

Habrá muchos aspectos técnicos involucrados en la venta de los activos de todo tipo que pasaron a ser propiedad estatal con aquella crisis. Para ello hay leyes y reglas, aunque la operación del IPAB está supeditada a los criterios e influencia de la Secretaría de Hacienda, que es la que finalmente determina lo que ahí se hace. Vaya, el IPAB está hecho a modo para que las cosas salgan como se quiere. La historia del instituto y de las transacciones que se han hecho está ahí para revisarla.

El de Aeroméxico es el caso más reciente de esas transacciones de compra-venta a 13 años de distancia de la crisis. Pero de nueva cuenta se exhibe la debilidad de la institucionalidad democrática que se quiere instaurar en México. Adviértase el calificativo de democrático, necesario para distinguirlo del anterior orden institucional de tipo autoritario, como se pretende en el marco de la transición política.

Se trata de la venta de un bien nacional y por lo tanto de recursos públicos: activos y pasivos que pasan por el fisco. Los términos de la operación indican que la situación financiera de la empresa era bastante mala, pues había acumulado grandes pérdidas. Pero quienes la administraron estos años y su principal dueño (el gobierno federal a nombre de la sociedad) no dieron cuenta de las cuentas de Aeroméxico.

La transacción se ha hecho en el terreno de la bolsa de valores como si fuese un negocio privado, una simple operación financiera. No se sabe a las claras cuál es la política estatal de gestión de los bienes nacionales, si es que existe; no hay un recuento de la tasa de recuperación del valor de los activos, o sea, cuánto ha ganado o perdido el gobierno administrando los distintos tipos de bienes públicos. ¿Cómo evaluar a los responsables del IPAB?, entre los que hay funcionarios gubernamentales y vocales supuestamente independientes. En esto sigue habiendo opacidad, lo que da lugar a la sempiterna sospecha.

Es notorio, asimismo, que en el manejo de esta privatización estuvo ausente la cabeza del sector dentro del gobierno, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que sólo validó la venta una vez realizada y afirmó que con ella mejorará el servicio, por supuesto sin decir cómo es que eso ocurrirá.

Nadie sabe si en esa dependencia hay algún criterio para orientar a la industria aeronáutica y redefinir la estructura de esta actividad clave para la competitividad de la economía. No parece que la haya. No fue clara tampoco la participación y los criterios aplicados en este caso por la Comisión de Competencia, que da repetidas muestras de falta de la misma. Puede afirmarse a la luz de los hechos que no hay una política para la aviación en México.

En el gobierno persiste una postura gerencial ligada muy de cerca a los intereses privados, lo que confiere una noción particular a las funciones del Estado y los criterios de la política pública. Esto tiene costos inmediatos y que se extienden en el tiempo, pues redefinen constantemente los patrones de la producción, del crecimiento y de la distribución del ingreso y de la riqueza. En ese contexto es cada vez más difícil cambiar el modo en que funciona la economía mexicana y superar su estancamiento crónico.

La venta de Aeroméxico bajo la forma de subasta fue apresurada, al final hubo falta de claridad, parecía que todo debía hacerse rapidito para que resultara como se había planeado. ¿Por qué se filtró la supuesta molestia del gobernador del Banco de México por el curso de la subasta? ¿Será casual que se adjudicara la empresa el consorcio liderado por Banamex y otros inversionistas?

No se trata de alcanzar la unanimidad en los criterios de la gestión pública, ésta no es la granja de los animales orwelliana. Sólo reconozcamos lo que tenemos enfrente. También aceptemos aquello de lo que carecemos: un sistema eficiente de pesos y contrapesos en asuntos públicos.

6 comentarios:

marichuy dijo...

Erat

La línea es: “vendamos, vendamos, lo que queda de México; es más, regalémoslo”; y luego,
“sigamos arrodillados ante el FMI y el Banco Mundial”

Saludos Erat

Anónimo dijo...

Y mientras esto pasaba... Nosotros bien entretenidos con Fox, su libro, su yip rojo y su jomer.

Alma Ma. Rico.

Anónimo dijo...

Por el bien de todos los empleados de Aeroméxico y de la aerolínea,
me complace que los Saba NO se quedaron con este negocio.
Transas y explotadores los Saba.
Han transado a muchas empresas chicas y ni quien pueda meterse con ellos.

Gerardo de Jesús Monroy dijo...

Saludos, Marichuy. En el trazo de la línea te faltó incluir: "Y que sean los pobres y la clase media los que paguen por la estupidez de quienes se quedan con los regalitos que les hacemos" (ejemplos: Fobaproa, rescates carreteros, etc.)

Gerardo de Jesús Monroy dijo...

Saludos, estimada Alma María. Tu comentario me recuerda uno reciente de ErosGod1, donde decía que los escándalos de Vicente Fox eran simplemente un distractor, conveniente para Felipe Calderón y sus transas, como la de Aeroméxico. Llevan mucha razón tu comentario y el de él, pero creo que hay que seguir vigilando a los expresidentes y haciendo presión para que devuelvan lo que se robaron (hoy me enteré de que ha sido devuelto uno de los vehículos); eso sin perder de vista lo más importante, lo que está ocurriendo en la administración actual.

Gerardo de Jesús Monroy dijo...

Lector anónimo:

Si Felipe Calderón estuviera investigando a Isaac Saba por transero y explotador, yo sería el primero en reconocer eso como algo "bueno". La cuestión es que no se le negó a Saba la administración de Aeroméxico por las razones que tú expones, que podrían ser justas en otro contexto; aquí de lo que se trató fue de un ejemplo de corrupción patente, evidente para todos: los achichincles de Roberto Hernández hacen su oferta a un minuto de que se cierre la subasta, lo que retrasa a Saba, quien habría ofrecido más dinero. Es ridículo; con muy buen tino, el sarcástico Julio Hernández nos recordó que ese minuto y ese centavo de diferencia nos recuerdan el medio punto porcentual que separó en las elecciones a Felipe Calderón Hinojosa y a Andrés Manuel López Obrador: es el "medio punto del Consejo Coordinador Empresarial", digamos.