Jorge Zepeda Patterson
El Universal
20 de abril de 2008
Ciertamente no es Hitler o Mussolini, pero es sorprendente la capacidad que tiene López Obrador para provocar ronchas a muchos ciudadanos, particularmente entre los sectores conservadores. Una y otra vez reaccionan de tal manera que terminan por vigorizar la figura pública de El Peje.
El spot de televisión transmitido en horario triple A en que se le compara a Victoriano Huerta, Pinochet y similar calaña por haber ordenado tomar el salón de sesiones de la Cámara, es tan desproporcionado y abusivo que ha resultado contraproducente. Para El Peje ha sido oro molido, pues confirma la noción de que existe una suerte de conspiración de odio en su contra. De verdugo del Congreso ha pasado a ser víctima de la derecha todopoderosa.
No coincido con varias decisiones de López Obrador y me parece que su estilo de liderazgo deja mucho que desear. Pero estoy convencido de que AMLO y las causas que representa son absolutamente indispensables para la salud de la República. Cada vez que el tabasqueño habla en contra de las instituciones y convoca a la movilización, una legión de analistas y comentaristas se queja de su irresponsabilidad y primitivismo político. Como si se tratase de una anomalía trasnochada en una sociedad democrática. “Hay problemas pero estos deben resolverse mediante el diálogo”, se dice; “los bloqueos y tomas de instituciones no caben en una sociedad con Estado de Derecho”, se afirma, con la convicción que sólo podría tener un alemán o un sueco.
El problema es que no vivimos en un Estado de Derecho, ni los problemas se resuelven con el diálogo, salvo que usted pertenezca al 20 por ciento de la población de mayores ingresos. Todos los días miles de mexicanos humildes son víctimas de tribunales y autoridades que operan a favor del poderoso o del que ofrece más. Háblenle del Estado de Derecho a Lydia Cacho, a las víctimas de Ulises Ruiz en Oaxaca, a los campesinos que suplican a un funcionario que ya vendió su caso. Más que un Estado de Derecho lo que padecemos es “el derecho al Estado” del que gozan algunos sectores privilegiados. ¿Cómo podemos hablar de “someterse al imperio de la ley” cuando los que se enriquecieron con el Fobaproa, el mayor robo en la historia de la Nación, lo hicieron legalmente?
La reforma energética ofrece el mejor ejemplo. Si López Obrador y sus contingentes no hubieran irrumpido con sus sudores y malas maneras (cito a un crítico) la reforma habría sido acordada entre futuros beneficiarios, funcionarios federales y legisladores priistas. Fueron los gritos y sombrerazos, las denuncias fundadas e infundadas de El Peje, lo que obligó a definir esta reforma en un espacio verdaderamente público.
No se si al final de todo esto tendremos una buena reforma, pero estoy convencido de que será mejor de la que podría haberse firmado tras bambalinas. En todo caso habrá de ser más representativa del sentimiento de la comunidad en su conjunto y mucho menos cupular de la que tenían cocinada. ¿Qué no trata de eso la democracia ? Desde luego, los métodos de AMLO no son democráticos, pero son comprensibles si consideramos que los acuerdos “democráticos” son los que tienen que pasar y ser resueltos por Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa a partir de los intereses muy poco democráticos que ellos representan.
Insisto en que los mexicanos tenemos todo el derecho de desconfiar de la apertura al capital privado, habida cuenta de la cantidad de abusos que han generado privatizaciones y concesiones en el pasado. Eso no significa que debamos satanizarlas per se. Podrían ser la única solución para el quebranto energético que se avecina. Pero el Estado mexicano hasta ahora ha sido incapaz de impedir los excesos y abusos de los grupos privilegiados cada vez que ha abierto al mercado ámbitos de la esfera pública. No es posible encarar la apertura de Pemex sin antes agotar la discusión de las maneras en que habremos de asegurarnos de que no se multipliquen los Carlos Slim o Roberto Hernández, o peor aún, los Bribiescas. Que tome 50 días o 100 ventilar estos asuntos es irrelevante si consideramos lo mucho que está en juego.
Es desagradable ver a los perredistas convertir la tribuna máxima en un tianguis. Pero, bien mirado, es un costo menor si ello obligó a examinar con atención el futuro del petróleo, nada más y nada menos que el mayor patrimonio de este país.
Hay un linchamiento mediático de López Obrador que muchos están “comprando”. Algunos se preguntan qué hacer con esta piedra en el zapato que constituye su movimiento. Yo diría que pese a su retórica y su populismo, López Obrador es imprescindible. No empareja el marcador pero impide la goliza. Lo peor que podemos hacer es pretender que la inconformidad social no existe. ¿Nos parecen de mal gusto sus expresiones? ¿Y de que gusto son las inequidades e injusticias que padece la mitad más pobre del país? ¿Qué creíamos, que iban a votar cada seis años y sentarse a esperar a que llegue un empleo, un abogado honesto o un programa de gobierno?
López Obrador no representa a los verdaderos pobres del país, se dice con frecuencia. Quizá. Pero canaliza la irritación que entre muchos mexicanos genera esa pobreza. Su desconfianza hacia la apertura al capital privado es la desconfianza de muchos. Antes de lincharlo y repudiar sus métodos habría que escuchar lo que nos está tratando de decir esa república olvidada que intenta hacerse presente.
domingo, abril 27, 2008
jueves, abril 24, 2008
Crisis, reforma y debate
Alberto Aziz Nassif*
El Universal
15 de abril de 2008
Estalló la crisis y otra vez el país se ha polarizado, los duros de todas partes ganan terreno y el espacio para los moderados se reduce. El mejor indicador de la crisis es un sistema político que se mira en blanco y negro. Muy lejos estamos de una clase política como la que necesita el país, con visión de Estado; de televisoras que informen y no se dediquen a editar a su conveniencia la información.
Las crisis se detonan en un instante, con una acción, pero son largamente preparadas; estallan en un momento y llenan el espacio público con las expresiones más estridentes, pero a veces no expresan el trasfondo de lo que está en juego. Se rompen las formas, se estruja a las instituciones y se necesita poner atención e inteligencia para no llegar a puntos sin retorno, para salir de los callejones sin salida.
Es cierto que el Frente Amplio Progresista tiró el tablero y el movimiento social inundó otra vez las calles del centro de la capital; es cierto que molesta que algunos legisladores se pongan las dos cachuchas; es cierto que no se puede usar la fuerza para obtener los resultados que se quieren y, sobre todo, que no se puede “cancelar” la tribuna de un parlamento por estar en desacuerdo, y menos cuando se forma parte de la institución.
Pero, al mismo tiempo, no es menos cierto que el gobierno no ha tenido ninguna sensibilidad, que usó una estrategia equivocada, que quiso jugar con los tiempos y las formas, y que presentó una iniciativa de reforma privatizadora (“un atraco a la Constitución”, dijo Cuauhtémoc Cárdenas), pero que al final le salió el tiro por la culata. Un gobierno al que le descubren a su principal operador político, Mouriño, con los dedos en la puerta en un probado conflicto de intereses en la materia petrolera, y simplemente voltea la cara como si no pasara nada, no tiene ninguna autoridad moral para asegurar que su reforma nos va a salvar del desastre.
¿Era necesario llegar hasta donde llegamos para que una iniciativa de reforma se pudiera discutir y que la clase política asumiera posiciones de Estado? Es evidente que Pemex necesita un cambio de fondo, que las cosas no se pueden dejar igual, pero lo que está en disputa son las salidas, las soluciones y el tipo de reforma que sigue. La parálisis no le beneficia al país.
Ya existe una larga cadena de experiencias en las que nos han vendido el paraíso privatizador y el resultado ha sido un fiasco: la privatización de los bancos que cobran comisiones muy por encima de nuestros socios comerciales; la telefonía que concentró una enorme riqueza en poco tiempo a costa, entre otras cosas, de servicios muy costosos; las carreteras que se concesionan, luego quiebran y se rescatan, y de nuevo se regresan a la iniciativa privada; hasta en la venta de Aeroméxico quedó en cuestión la transparencia con la que se decidió al comprador. Un capitalismo “de compadres”. El momento actual condensa históricamente una parte importante de lo que han sido las experiencias negativas de las privatizaciones, aunque ahora no se diga el nombre.
Una iniciativa como la que presentó Calderón muestra un traje a la medida, es decir, al gusto del PRI, factor definitivo para sacar adelante ese proyecto. Un diagnóstico que no habla de corrupción es un diagnóstico incompleto; una iniciativa que todo lo resuelve con flexibilizar y meter capital privado es un proyecto que privatiza sin decirlo. El balance y la responsabilidad de lo que se ha hecho con Pemex en las últimas décadas lo tiene que asumir el PAN, por lo menos desde el año 2000, y el PRI antes de esa fecha. Pero nadie se hace cargo del supuesto desastre en el que se encuentra la principal empresa del país.
¿Por qué en ningún lado se habla de la corrupción sindical? ¿Por qué no se menciona una sola palabra de las vinculaciones de tráfico de influencias entre una parte del panismo gobernante y el contratismo con Pemex? ¿Quién va a garantizar que las fugas, robos, abusos, tráfico de influencias que se hacen sobre la empresa dejen de hacerse?
No es creíble que el gobierno de Calderón pueda hacer frente a estos requerimientos tan indispensables, que forman parte del saneamiento de la empresa. No es creíble porque a la primera oportunidad lo que hizo fue proteger a Mouriño. No es creíble porque para la mayoría, 52%, se trata de una reforma privatizadora (Milenio, 14/IV/08). Por ninguna parte se ha visto a un Estado con capacidad de regular a los intereses y menos ahora. Con el panismo ha llegado una clase política más depredadora, para la que el cinismo es la regla, sus principales aliados son los intereses económicos privados sin control y el corrupto corporativismo sindical.
En México el sistema económico que creó la Revolución generó un capitalismo de compadres y amigos, y la frágil democracia no ha hecho sino profundizar el vínculo entre los intereses económicos y los bienes públicos. El petróleo es el último bastión que le queda al país, en eso tienen razón los que lo defienden en la calle, y resulta un bien con enormes contenidos simbólicos. Se llega a decir que “si nuestros abuelos ya pagaron con sus joyas y gallinas a las compañías en 1938”, ahora no se va a regresar el petróleo a compañías privadas. Es inaceptable una reforma privatizadora en Pemex.
Si estamos frente a un problema que puede definir el rumbo de esta empresa, bien vale la pena hacer un debate en serio, sin prisa, en donde se pueda involucrar la sociedad. En estos momentos de crisis es cuando más se extraña a los moderados de todos lados, cuando el debate que se necesita se vuelve más urgente. Los ciudadanos tenemos derecho a este debate. Una vez más el sistema político está a prueba; otra vez, como hace dos años, los principales actores de esta polarización velan armas, pero el país espera el regreso del diálogo y la negociación. Veremos…
* Investigador del CIESAS.
El Universal
15 de abril de 2008
Estalló la crisis y otra vez el país se ha polarizado, los duros de todas partes ganan terreno y el espacio para los moderados se reduce. El mejor indicador de la crisis es un sistema político que se mira en blanco y negro. Muy lejos estamos de una clase política como la que necesita el país, con visión de Estado; de televisoras que informen y no se dediquen a editar a su conveniencia la información.
Las crisis se detonan en un instante, con una acción, pero son largamente preparadas; estallan en un momento y llenan el espacio público con las expresiones más estridentes, pero a veces no expresan el trasfondo de lo que está en juego. Se rompen las formas, se estruja a las instituciones y se necesita poner atención e inteligencia para no llegar a puntos sin retorno, para salir de los callejones sin salida.
Es cierto que el Frente Amplio Progresista tiró el tablero y el movimiento social inundó otra vez las calles del centro de la capital; es cierto que molesta que algunos legisladores se pongan las dos cachuchas; es cierto que no se puede usar la fuerza para obtener los resultados que se quieren y, sobre todo, que no se puede “cancelar” la tribuna de un parlamento por estar en desacuerdo, y menos cuando se forma parte de la institución.
Pero, al mismo tiempo, no es menos cierto que el gobierno no ha tenido ninguna sensibilidad, que usó una estrategia equivocada, que quiso jugar con los tiempos y las formas, y que presentó una iniciativa de reforma privatizadora (“un atraco a la Constitución”, dijo Cuauhtémoc Cárdenas), pero que al final le salió el tiro por la culata. Un gobierno al que le descubren a su principal operador político, Mouriño, con los dedos en la puerta en un probado conflicto de intereses en la materia petrolera, y simplemente voltea la cara como si no pasara nada, no tiene ninguna autoridad moral para asegurar que su reforma nos va a salvar del desastre.
¿Era necesario llegar hasta donde llegamos para que una iniciativa de reforma se pudiera discutir y que la clase política asumiera posiciones de Estado? Es evidente que Pemex necesita un cambio de fondo, que las cosas no se pueden dejar igual, pero lo que está en disputa son las salidas, las soluciones y el tipo de reforma que sigue. La parálisis no le beneficia al país.
Ya existe una larga cadena de experiencias en las que nos han vendido el paraíso privatizador y el resultado ha sido un fiasco: la privatización de los bancos que cobran comisiones muy por encima de nuestros socios comerciales; la telefonía que concentró una enorme riqueza en poco tiempo a costa, entre otras cosas, de servicios muy costosos; las carreteras que se concesionan, luego quiebran y se rescatan, y de nuevo se regresan a la iniciativa privada; hasta en la venta de Aeroméxico quedó en cuestión la transparencia con la que se decidió al comprador. Un capitalismo “de compadres”. El momento actual condensa históricamente una parte importante de lo que han sido las experiencias negativas de las privatizaciones, aunque ahora no se diga el nombre.
Una iniciativa como la que presentó Calderón muestra un traje a la medida, es decir, al gusto del PRI, factor definitivo para sacar adelante ese proyecto. Un diagnóstico que no habla de corrupción es un diagnóstico incompleto; una iniciativa que todo lo resuelve con flexibilizar y meter capital privado es un proyecto que privatiza sin decirlo. El balance y la responsabilidad de lo que se ha hecho con Pemex en las últimas décadas lo tiene que asumir el PAN, por lo menos desde el año 2000, y el PRI antes de esa fecha. Pero nadie se hace cargo del supuesto desastre en el que se encuentra la principal empresa del país.
¿Por qué en ningún lado se habla de la corrupción sindical? ¿Por qué no se menciona una sola palabra de las vinculaciones de tráfico de influencias entre una parte del panismo gobernante y el contratismo con Pemex? ¿Quién va a garantizar que las fugas, robos, abusos, tráfico de influencias que se hacen sobre la empresa dejen de hacerse?
No es creíble que el gobierno de Calderón pueda hacer frente a estos requerimientos tan indispensables, que forman parte del saneamiento de la empresa. No es creíble porque a la primera oportunidad lo que hizo fue proteger a Mouriño. No es creíble porque para la mayoría, 52%, se trata de una reforma privatizadora (Milenio, 14/IV/08). Por ninguna parte se ha visto a un Estado con capacidad de regular a los intereses y menos ahora. Con el panismo ha llegado una clase política más depredadora, para la que el cinismo es la regla, sus principales aliados son los intereses económicos privados sin control y el corrupto corporativismo sindical.
En México el sistema económico que creó la Revolución generó un capitalismo de compadres y amigos, y la frágil democracia no ha hecho sino profundizar el vínculo entre los intereses económicos y los bienes públicos. El petróleo es el último bastión que le queda al país, en eso tienen razón los que lo defienden en la calle, y resulta un bien con enormes contenidos simbólicos. Se llega a decir que “si nuestros abuelos ya pagaron con sus joyas y gallinas a las compañías en 1938”, ahora no se va a regresar el petróleo a compañías privadas. Es inaceptable una reforma privatizadora en Pemex.
Si estamos frente a un problema que puede definir el rumbo de esta empresa, bien vale la pena hacer un debate en serio, sin prisa, en donde se pueda involucrar la sociedad. En estos momentos de crisis es cuando más se extraña a los moderados de todos lados, cuando el debate que se necesita se vuelve más urgente. Los ciudadanos tenemos derecho a este debate. Una vez más el sistema político está a prueba; otra vez, como hace dos años, los principales actores de esta polarización velan armas, pero el país espera el regreso del diálogo y la negociación. Veremos…
* Investigador del CIESAS.
martes, abril 22, 2008
Entrevista con Rafael Correa, presidente de Ecuador
"Mis manos están limpias y sin sangre, algo que Uribe no puede decir"
Gorka Castillo
Público
18 de abril de 2008
En una entrevista con el diario español Público, el jefe de Estado ecuatoriano acusa al Gobierno colombiano de mentir y a su presidente, Álvaro Uribe, de tener vínculos con paramilitares.
El diario Público, de España, entrevista al presidente de Ecuador, Rafael Correa
El escritor británico Richard Gott considera que Colombia es el principal elemento de inestabilidad en la región. ¿Comparte su opinión?
No es de ahora, sino de mucho antes. Colombia es el único el país que tiene paramilitares, tiene guerrilla, tiene narcotráfico, tiene extensos cultivos de coca y tiene amplias zonas del país que no controla el Estado. El paramilitarismo y la narcopolítica no existe en Ecuador. Tampoco cultivamos coca. Esos son términos exclusivamente colombianos. Lo digo con pesar porque es un pueblo hermano, pero Colombia es hoy el foco de inestabilidad más grande que existe en América Latina y nos perjudica a todos.
¿Quiere decir que la imagen del Gobierno colombiano en Latinoamérica no es buena?
El Gobierno de Uribe está totalmente desprestigiado. Ya hemos demostrado sus mentiras, ya nadie le cree.
En Europa no piensan así.
Es cierto que tanto en la UE como en EEUU el respaldo de algunos poderes mediáticos a sus falacias nos ha hecho daño y por eso, próximamente, emprenderé una gira por Europa para dar a conocer el Ecuador y demostrar que somos un Gobierno decente y un territorio de paz. Que el problema está en el otro lado de la frontera. Que nosotros somos víctimas del conflicto colombiano. No somos ni autores ni cómplices.
Da la sensación de que se ha desatado una guerra mediática.
No es que da la sensación sino que es un hecho real. Sabemos con quien nos enfrentamos. Con un país militarista, con un presidente con un pasado imperfecto, con un enorme respaldo de agencias de inteligencia extraregionales y con una maquinaria propagandística impresionante. Tenemos fe en que la verdad y la justicia triunfarán. Ya lo hemos logrado en América Latina donde Colombia ha sido contundentemente derrotada en lo político, en lo diplomático y en lo informativo.
¿Qué persigue Colombia acusando a los países vecinos de colaborar con las FARC?
La política militarista de Uribe comenzó desde que llegó a la presidencia. Primero contradiciendo la estrategia de su antecesor, Andrés Pastrana, quien llegó a abrazarse con Manuel Marulanda. Pero llega Uribe con la línea dura y quiere que todos hagamos lo mismo. Es como un emperadorcito que sigue el dictado de su patrono. Es obvio que su poder político y económico se basa en esta lucha contra las FARC. A Uribe no le conviene la paz porque combatiendo a la guerrilla da una sensación de seguridad al electorado colombiano. Lo preocupante es que ese conflicto se está desbordando.
Uribe no quiere la paz y ni siquiera la liberación de rehenes porque Betancourt es una potencial candidata a la presidencia. Es cierto que teníamos conocimiento de que iba a producirse un contacto en un tercer país neutral para liberarlos luego en suelo ecuatoriano. El presidente Chávez también me preguntó si podíamos acoger rehenes en nuestro territorio porque la entrega en la frontera colombo-venezolana se ha vuelto muy peligrosa. Estábamos en ese proceso. Esos movimientos para liberar rehenes de la guerrilla lo encabezaba Reyes y es precisamente a Reyes a quien destrozan.
Ecuador acaba de denunciar a Colombia ante el Tribunal de La Haya por fumigaciones ilegales en su territorio.
La sentencia tardará aún muchos años pero esperamos que se dicte una pena cautelar que obligue a Bogotá a suspender las aspersiones aéreas con glifosato que ha realizado hasta 2006. Estas fumigaciones provocan que campesinos ecuatorianos de la frontera abandonen sus casas, pierdan sus cosechas, el ganado y provoque graves patologías, incluso la muerte. Sin embargo, ¿sabe usted cuál ha sido la reacción de Colombia a fecha de hoy? Pues decir que nuestra exigencia de que cesen las fumigaciones coincide con la petición de las FARC. Es infame.
La crisis ha revelado enormes grietas en el sistema de inteligencia ecuatoriano que he provocado el relevo de la cúpula militar. ¿Qué reformas deben acometer?
Algo grave pasa en nuestros servicios de inteligencia. Todavía no tenemos datos concretos pero sí podemos decir que sufrimos infiltraciones de la CIA y esta agencia trabaja para Colombia.
Hay quien le critica de ingenuidad por haber esperado tanto tiempo para cambiar a su cúpula militar, fiel al régimen anterior.
Probablemente tengan razón. Y también por haber confiado en Bogotá. Si usted quiere decirlo, subestimamos la amenaza de un ataque externo ya que con Perú las cosas se han solucionado y con Colombia teníamos buenas relaciones. Pero subestimamos que allá está Uribe.
Gorka Castillo
Público
18 de abril de 2008
En una entrevista con el diario español Público, el jefe de Estado ecuatoriano acusa al Gobierno colombiano de mentir y a su presidente, Álvaro Uribe, de tener vínculos con paramilitares.
El diario Público, de España, entrevista al presidente de Ecuador, Rafael Correa
El presidente de Ecuador no tiene pelos en la lengua. Durante una hora analiza la situación de la política latinoamericana y no esconde que la herida abierta por Colombia tardará en curarse.
El escritor británico Richard Gott considera que Colombia es el principal elemento de inestabilidad en la región. ¿Comparte su opinión?No es de ahora, sino de mucho antes. Colombia es el único el país que tiene paramilitares, tiene guerrilla, tiene narcotráfico, tiene extensos cultivos de coca y tiene amplias zonas del país que no controla el Estado. El paramilitarismo y la narcopolítica no existe en Ecuador. Tampoco cultivamos coca. Esos son términos exclusivamente colombianos. Lo digo con pesar porque es un pueblo hermano, pero Colombia es hoy el foco de inestabilidad más grande que existe en América Latina y nos perjudica a todos.
¿Quiere decir que la imagen del Gobierno colombiano en Latinoamérica no es buena?
El Gobierno de Uribe está totalmente desprestigiado. Ya hemos demostrado sus mentiras, ya nadie le cree.
En Europa no piensan así.
Es cierto que tanto en la UE como en EEUU el respaldo de algunos poderes mediáticos a sus falacias nos ha hecho daño y por eso, próximamente, emprenderé una gira por Europa para dar a conocer el Ecuador y demostrar que somos un Gobierno decente y un territorio de paz. Que el problema está en el otro lado de la frontera. Que nosotros somos víctimas del conflicto colombiano. No somos ni autores ni cómplices.
Da la sensación de que se ha desatado una guerra mediática.
No es que da la sensación sino que es un hecho real. Sabemos con quien nos enfrentamos. Con un país militarista, con un presidente con un pasado imperfecto, con un enorme respaldo de agencias de inteligencia extraregionales y con una maquinaria propagandística impresionante. Tenemos fe en que la verdad y la justicia triunfarán. Ya lo hemos logrado en América Latina donde Colombia ha sido contundentemente derrotada en lo político, en lo diplomático y en lo informativo.
¿Qué persigue Colombia acusando a los países vecinos de colaborar con las FARC?
La política militarista de Uribe comenzó desde que llegó a la presidencia. Primero contradiciendo la estrategia de su antecesor, Andrés Pastrana, quien llegó a abrazarse con Manuel Marulanda. Pero llega Uribe con la línea dura y quiere que todos hagamos lo mismo. Es como un emperadorcito que sigue el dictado de su patrono. Es obvio que su poder político y económico se basa en esta lucha contra las FARC. A Uribe no le conviene la paz porque combatiendo a la guerrilla da una sensación de seguridad al electorado colombiano. Lo preocupante es que ese conflicto se está desbordando.
Pero antes del bombardeo del 1 de marzo el respeto presidía las relaciones entre los dos países.
Uribe siempre ha mostrado falta de respeto por Ecuador. Esto es así hasta el punto de que sigue fumigando con glifosato nuestro territorio y hasta el punto de que sus aviones violan frecuentemente nuestro espacio aéreo. De todas formas, sobre el bombardeo del 1 de marzo existe una pregunta sin respuesta.
¿Cuál?
Al grupo de Raúl Reyes lo tenían controlado cuando aún se encontraba en suelo colombiano. ¿Por qué esperan a que pase a Ecuador para masacrarlo?
¿Por qué?
¿Acaso no lo hicieron para involucrar al Ecuador en un conflicto que no es suyo? ¿Acaso no lo hicieron para amedrentarlos? ¿Acaso no lo hicieron para forzarnos a participar en el Plan Colombia? Lo que no contaba Uribe era con nuestra respuesta ni con la condena que recibió de los países de la OEA. Le falló el plan porque no caímos en su trampa.
Durante la cumbre del Grupo de Río, en Santo Domingo, usted le muestra sus manos a Uribe y le dice que las mire bien porque están limpias y sin sangre. ¿A qué se refería?
Uribe ha intentado involucrarnos, no sólo a mi Gobierno sino también a las Fuerzas Armadas, de apoyar a las FARC. Luego sacó que mi campaña presidencial había sido financiada por la guerrilla. Es que es indigno. Que venga este señor, después de haber violado todo el derecho internacional acusándonos de apoyar a los grupos guerrilleros cuyas acciones hemos dicho unas mil veces que rechazamos, es indigno. Por eso dije lo de los manos. Precisamente para resaltar la contradicción con la posición de Uribe que ha tenido tantos escándalos por su relación con el narcotráfico. Hay muchos libros que lo explican. Hay videos en los que aparece reunido con paramilitares. Su política guerrerista no va acabar con el conflicto sino que lo va exacerbar y va a dejar como saldo miles de muertos. Mis manos están limpias y sin sangre. Eso no lo puede decir el presidente Uribe.
Sin embargo siguen denunciando que usted conocía las actividades de las FARC en su territorio. Aseguran que hasta en 16 ocasiones le advirtieron de la presencia de bases guerrilleras en su territorio y que hizo caso omiso. ¿Es cierto?
Es una infamia increíble. Todas mis órdenes están registradas. Es todo tan burdo y ridículo que hemos decidido no contestarle. Es que no sabemos bien por qué lo hace. Cuando mejor están las relaciones con él, ocurre algo extraño y te mete por la espalda. Hay algo que no funciona bien en su cabeza.
¿Cómo es posible que se haya alcanzado este clima de tensión si al final de la Cumbre de Río acabaron estrechándose la mano?
Ése es Álvaro Uribe Vélez. Algo le falla. Tiene un comportamiento psicótico terrible.
Uribe no quiere la paz y ni siquiera la liberación de rehenes porque Betancourt es una potencial candidata a la presidencia. Es cierto que teníamos conocimiento de que iba a producirse un contacto en un tercer país neutral para liberarlos luego en suelo ecuatoriano. El presidente Chávez también me preguntó si podíamos acoger rehenes en nuestro territorio porque la entrega en la frontera colombo-venezolana se ha vuelto muy peligrosa. Estábamos en ese proceso. Esos movimientos para liberar rehenes de la guerrilla lo encabezaba Reyes y es precisamente a Reyes a quien destrozan.
Ecuador acaba de denunciar a Colombia ante el Tribunal de La Haya por fumigaciones ilegales en su territorio.La sentencia tardará aún muchos años pero esperamos que se dicte una pena cautelar que obligue a Bogotá a suspender las aspersiones aéreas con glifosato que ha realizado hasta 2006. Estas fumigaciones provocan que campesinos ecuatorianos de la frontera abandonen sus casas, pierdan sus cosechas, el ganado y provoque graves patologías, incluso la muerte. Sin embargo, ¿sabe usted cuál ha sido la reacción de Colombia a fecha de hoy? Pues decir que nuestra exigencia de que cesen las fumigaciones coincide con la petición de las FARC. Es infame.
La crisis ha revelado enormes grietas en el sistema de inteligencia ecuatoriano que he provocado el relevo de la cúpula militar. ¿Qué reformas deben acometer?
Algo grave pasa en nuestros servicios de inteligencia. Todavía no tenemos datos concretos pero sí podemos decir que sufrimos infiltraciones de la CIA y esta agencia trabaja para Colombia.
Hay quien le critica de ingenuidad por haber esperado tanto tiempo para cambiar a su cúpula militar, fiel al régimen anterior.
Probablemente tengan razón. Y también por haber confiado en Bogotá. Si usted quiere decirlo, subestimamos la amenaza de un ataque externo ya que con Perú las cosas se han solucionado y con Colombia teníamos buenas relaciones. Pero subestimamos que allá está Uribe.
FRONTERA
¿Es cierto que Ecuador limita con territorio de las FARC y no con Colombia?
Tenemos una frontera selvática donde hay 13 destacamentos. Colombia só
lo tiene dos cuando el conflicto guerrillero es suyo. ¿Por qué? Porque espera que nosotros pongamos los muertos. Pese a todo mantenemos desplegados a 11.000 hombres que cuesta a las
arcas del Estado cerca de 100 millones de dólares anuales. El pasado año murieron 13 soldad
os en una guerra que no es nuestra y encima tenemos que tragar la insolencia de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá tiene cerca de 170.000 kilómetros cuadrados donde no puede entrar su Ejército. Ante esta situación reitero que nosotros no limitamos con Colombia, limitamos con las FARC.
ESPAÑA
Cuál ha sido la respuesta del Gobierno socialista a la crisis política?
Un poco ambigua. Yo aprecio mucho al Gobierno socialista y al presidente Zapatero pero su declaración fue tremendamente imprecisa, intentando contentar a los dos lados cuando los agredidos éramos nosotros. La explicación que dimos era que estaba en la recta final de la campaña electoral. Lo entendemos pero esperamos algo más del gobierno de España. Ójala que no estén presionando las ciento y pico empresas transnacionales que funcionan en Colombia porque en este tipo de cosas es más importante los principios y las convicciones que compartimos con el presidente Zapatero. Estamos de acuerdo en que siempre debe prevalecer el derecho internacional.
REHENES
¿Está dispuesto a mediar ante las FARC para lograr el canje humanitario?
Se lo he dicho una y mil veces al presidente Álvaro Uribe: el pueblo colombiano puede contar con Ecuador para resolver esa guerra civil que lo desangra desde hace tantas décadas. Eso es lo que intentábamos hacer antes del ataque. Sin embargo, ellos no quieren solucionarlo. La campaña de Bogotá contra el Gobierno de Ecuador así lo indica. No rechazamos la hipótesis de quieran desestabilizarnos por no seguir la política de Washington. Tampoco descartamos que sea una estrategia para poner en Quito un gobierno títere que acepte el Plan Colombia y que permita a la Base estadounidense de Manta continuar operando más allá de 2009, que es cuando vence su contrato.
INVERSIONES
¿Piensa eliminar concesiones de explotación de recursos a las grandes empresas?
La nueva Constitución que ahora está debatiéndose en la Asamblea Constituyente parte de un nuevo marco jurídico en esta cuestión. Variaremos la ley que hicieron los inefables burócratas del Banco Mundial, que fue un desastre. Se llegaron a dar más de 4.000 concesiones, de las que el 70% ni siquiera llegó a iniciar explotación alguna. Los contratos serán renegociados. Hace poco nos reunimos con Repsol. El interés es mutuo. Mientras se respete la ética del trabajador, del medio ambiente y paguen al Estado los impuestos que deben, no habrá problemas y será un proyecto rentable. El petróleo es del Estado y queremos que los contratos se firmen por prestación de servicio.
INMIGRACIÓN
¿Qué mecanismos manejan para que los inmigrantes no sientan el desarraigo?
Nuestro Gobierno creó nada más llegar a la presidencia un ministerio para la inmigración. Estamos en un periodo de fortalecimiento de nuestras embajadas y consulados, especialmente en España, porque creemos que la migración ecuatoriana es ya la quinta región del país. Acabamos de aprobar una partida de 9 millones de dólares para el Plan Retorno, (un programa de exención de impuestos para aquellos que regresen al país con sus bienes y subvenciones para la vivienda). También estamos creando el Banco del Migrante. A nivel político diré que en la Asamblea Constituyente hay seis representantes de la inmigración por primera vez en la historia.
lunes, abril 21, 2008
¿Quién secuestró al Congreso?
Ricardo Monreal Ávila*
Milenio
16 de abril de 2008
Al fijar en 50 días el plazo para debatir la reforma energética e iniciar inmediatamente el proceso de dictamen y votación de la misma, la Junta de Coordinación Política del Senado demerita voluntaria o involuntariamente la importancia de una de las reformas más importantes de las últimas décadas.
¿Por qué a la reforma del Estado se le asignaron 365 días de consulta, confección y diseño de la iniciativa correspondiente, además de una ley especial, un presupuesto ad hoc y un órgano de gobierno; mientras que a la reforma Energética sólo se le asigna 14% del tiempo de la primera? ¿Es acaso 86% más importante la reforma del Estado que la reforma petrolera?
La reforma de Seguridad y Justicia ingresó al Legislativo el 9 de marzo de 2007 y un año después aún sigue su curso de aprobación constitucional. ¿La reforma de Pemex tiene acaso una sexta parte del peso, importancia y trascendencia del combate al crimen organizado?
La preparación, cocción y condimento de la reforma Electoral constitucional, la de mayor consenso en la presente legislatura (¿será porque la presentó el Legislativo y no el Ejecutivo?) llevó más de seis meses. ¿Es que salvar a Pemex de la quiebra es tres veces menos importante que restaurar la credibilidad electoral?
En cambio, las reformas que han salido fast track en esta legislatura, con un periodo cercano o menor a los 50 días ofertados al FAP, se han traducido en verdaderos atracos a la ciudadanía, a grado tal que han generado los amparos más numerosos o las protestas callejeras más estruendosas de los últimos años. Me refiero a la reforma fiscal del IETU y a la reforma de pensiones del ISSSTE. La primera consumió 35 días y la segunda mantiene el récord de 14 días.
El manejo de los tiempos en esta legislatura no es, entonces, un dato menor y tiene claras repercusiones extraparlamentarias: a menor tiempo de debate y consulta, mayor agravio a sectores amplios de la población. Por ello, los 50 días para la reforma energética están más cerca de la arbitrariedad que del consenso. Son más una señal ominosa que un gesto generoso.
Los cuatro meses de debate y consulta propuestos por el FAP (mayo-agosto, el período de receso) se acercan a la media aritmética y política con que ha trabajado esta legislatura. Se ubica razonablemente entre los generosísimos 365 días de la reforma del Estado concedidos por el PAN al PRI y los implacables 14 días de las reformas del ISSSTE con que el gobierno en calidad de patrón despojó de los derechos históricos de pensión a sus propios trabajadores.
La propuesta del FAP es también políticamente razonable: no se ubica en las calendas griegas de la eternidad, pero tampoco se somete a los espolones y apremios de Los Pinos, que tiene prisa por acreditarse como un "gobierno reformador", sin importar la calidad ni los alcances de lo aprobado.
En suma, constreñir a 50 días la reforma que puede marcar el destino económico del país en los próximos 50 años es expropiar a la ciudadanía la oportunidad de intervenir en esta decisión y es secuestrar el proceso legislativo.
A propósito de secuestros, es importante precisar la naturaleza del recurso de protesta parlamentaria utilizado por el FAP al tomar la tribuna de ambas cámaras legislativas. La tribuna del Congreso de la Unión no es el Congreso de la Unión. Por lo tanto, tomar la tribuna no es secuestrar el Poder Legislativo. Si algún secuestro padece la actual legislatura es por otros actores y factores muy distintos al FAP.
En efecto, la institución del Congreso está secuestrada. ¿Por quién? Es rehén de una consigna del Ejecutivo: "Reformas a cualquier costo y al precio que sea". Está esposada a un apremio: sacar el mayor número de iniciativas en el menor tiempo posible. Está vendada con el viejo dogma del partido de Estado: perder el debate, ganar la votación. Es prisionera de una "mayoría" prefabricada, excluyente y simuladora, el PRIANAL (suma de PRI, PAN y Panal).
El Congreso está secuestrado por una mayoría ficticia: lo que ella acuerda no se corresponde con lo que piensa y expresa una sociedad dividida y desigual. Por su forma de operar, también es una mayoría facciosa: hace como que dialoga, pero no escucha; hace como que consulta a la sociedad, pero no acepta el referéndum de sus frutos legislativos ni el plebiscito de sus decisiones de gobierno; hace como que representa a la ciudadanía, pero termina imponiéndole sus particulares intereses.
De este secuestro real que padece el Congreso por parte de los poderes fácticos, nadie habla. En cambio, de la toma de tribuna para protestar precisamente por esa condición de plagio estructural y funcional, todos quieren ser ahora rescatistas y socorristas.
* Senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática.
Milenio
16 de abril de 2008
Al fijar en 50 días el plazo para debatir la reforma energética e iniciar inmediatamente el proceso de dictamen y votación de la misma, la Junta de Coordinación Política del Senado demerita voluntaria o involuntariamente la importancia de una de las reformas más importantes de las últimas décadas.
¿Por qué a la reforma del Estado se le asignaron 365 días de consulta, confección y diseño de la iniciativa correspondiente, además de una ley especial, un presupuesto ad hoc y un órgano de gobierno; mientras que a la reforma Energética sólo se le asigna 14% del tiempo de la primera? ¿Es acaso 86% más importante la reforma del Estado que la reforma petrolera?
La reforma de Seguridad y Justicia ingresó al Legislativo el 9 de marzo de 2007 y un año después aún sigue su curso de aprobación constitucional. ¿La reforma de Pemex tiene acaso una sexta parte del peso, importancia y trascendencia del combate al crimen organizado?
La preparación, cocción y condimento de la reforma Electoral constitucional, la de mayor consenso en la presente legislatura (¿será porque la presentó el Legislativo y no el Ejecutivo?) llevó más de seis meses. ¿Es que salvar a Pemex de la quiebra es tres veces menos importante que restaurar la credibilidad electoral?
En cambio, las reformas que han salido fast track en esta legislatura, con un periodo cercano o menor a los 50 días ofertados al FAP, se han traducido en verdaderos atracos a la ciudadanía, a grado tal que han generado los amparos más numerosos o las protestas callejeras más estruendosas de los últimos años. Me refiero a la reforma fiscal del IETU y a la reforma de pensiones del ISSSTE. La primera consumió 35 días y la segunda mantiene el récord de 14 días.
El manejo de los tiempos en esta legislatura no es, entonces, un dato menor y tiene claras repercusiones extraparlamentarias: a menor tiempo de debate y consulta, mayor agravio a sectores amplios de la población. Por ello, los 50 días para la reforma energética están más cerca de la arbitrariedad que del consenso. Son más una señal ominosa que un gesto generoso.
Los cuatro meses de debate y consulta propuestos por el FAP (mayo-agosto, el período de receso) se acercan a la media aritmética y política con que ha trabajado esta legislatura. Se ubica razonablemente entre los generosísimos 365 días de la reforma del Estado concedidos por el PAN al PRI y los implacables 14 días de las reformas del ISSSTE con que el gobierno en calidad de patrón despojó de los derechos históricos de pensión a sus propios trabajadores.
La propuesta del FAP es también políticamente razonable: no se ubica en las calendas griegas de la eternidad, pero tampoco se somete a los espolones y apremios de Los Pinos, que tiene prisa por acreditarse como un "gobierno reformador", sin importar la calidad ni los alcances de lo aprobado.
En suma, constreñir a 50 días la reforma que puede marcar el destino económico del país en los próximos 50 años es expropiar a la ciudadanía la oportunidad de intervenir en esta decisión y es secuestrar el proceso legislativo.
A propósito de secuestros, es importante precisar la naturaleza del recurso de protesta parlamentaria utilizado por el FAP al tomar la tribuna de ambas cámaras legislativas. La tribuna del Congreso de la Unión no es el Congreso de la Unión. Por lo tanto, tomar la tribuna no es secuestrar el Poder Legislativo. Si algún secuestro padece la actual legislatura es por otros actores y factores muy distintos al FAP.
En efecto, la institución del Congreso está secuestrada. ¿Por quién? Es rehén de una consigna del Ejecutivo: "Reformas a cualquier costo y al precio que sea". Está esposada a un apremio: sacar el mayor número de iniciativas en el menor tiempo posible. Está vendada con el viejo dogma del partido de Estado: perder el debate, ganar la votación. Es prisionera de una "mayoría" prefabricada, excluyente y simuladora, el PRIANAL (suma de PRI, PAN y Panal).
El Congreso está secuestrado por una mayoría ficticia: lo que ella acuerda no se corresponde con lo que piensa y expresa una sociedad dividida y desigual. Por su forma de operar, también es una mayoría facciosa: hace como que dialoga, pero no escucha; hace como que consulta a la sociedad, pero no acepta el referéndum de sus frutos legislativos ni el plebiscito de sus decisiones de gobierno; hace como que representa a la ciudadanía, pero termina imponiéndole sus particulares intereses.
De este secuestro real que padece el Congreso por parte de los poderes fácticos, nadie habla. En cambio, de la toma de tribuna para protestar precisamente por esa condición de plagio estructural y funcional, todos quieren ser ahora rescatistas y socorristas.
* Senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática.
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